Español (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Citado por Google 
Similares en
SciELO 
Similares en Google 
Permalink
La crisis del siglo XXI y los factores que determinan la pobreza en América Latina
El siglo XXI se destaca por el crecimiento y desarrollo de los procesos de digitalización y por el control de la información a nivel global. El tercer milenio se caracteriza por ser la era de la información (cuyo control y acceso condiciona las oportunidades), una era lineal y poco cambiante, un tiempo mediado por la interactividad y la conectividad que al parecer distancia a las personas y fomenta el individualismo social.
Adicionalmente, enfrentamos un cambio socioeconómico y cultural con un enorme impacto ambiental en detrimento de los derechos humanos (Cortés, 2021a), fenómeno que ha conducido a una pérdida masiva de empleos, a la explotación del ser humano, a un incremento en la corrupción, en la violencia y en desplazamientos masivos de pueblos enteros por el hambre y el despojo violento de la propiedad. Frente a esto, la sociedad retorna a movimientos que traen de vuelta al debate acerca del fenómeno del cambio climático debido a las alertas ambientales por alta contaminación, la tala indiscriminada y la explotación minero-energética con grave costo ambiental. De este modo, el tercer milenio está marcado por una crisis económica de alcance global que continúa hasta hoy y que está marcada por el preponderante crecimiento económico de China, por la inestabilidad en el mundo árabe en el marco de conflictos e intervenciones militares, por el control mundial de los recursos energéticos en los países de Oriente Medio y por la persistencia de la pobreza extrema en países en vía de desarrollo, especialmente en América Latina.
A pesar de esto, se han identificado algunos hechos que impiden el desarrollo social de la región latinoamericana (ONU, 2006) y que van desde la pobreza generalizada a la desigualdad grave, situación que lleva progresivamente a las comunidades a la miseria, en parte no solo por la dinámica del consumo, sino también debido a la falta de inversión en el tejido social y en programas de mitigación de los impactos del cambio climático. La gran apuesta para superar esta crisis creciente se centra en políticas públicas basadas en los derechos humanos y la igualdad.
Dentro de los hechos a los que se hace referencia encontramos, de un lado, la persistencia de la pobreza. Pese a las diferencias que se observan de país a país, la pobreza presenta rasgos comunes en toda América Latina: mayor incidencia entre las mujeres, los menores, las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas con discapacidad.
De otro lado, las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio que, como hecho creciente, impacta el desarrollo y supone un gran obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, para la supresión de la pobreza, para la garantía del principio de dignidad humana, para la convivencia pacífica y para el ejercicio de los derechos como ciudadanos. América Latina continúa siendo el continente más desigual del mundo. Esta desigualdad se profundiza gracias a la cultura del privilegio, que establece y naturaliza las jerarquías sociales y las diferencias en las formas de acceso a las utilidades y a los bienes generados por el progreso, el trabajo y el desarrollo económico.
Otro aspecto relevante se refiere al acceso a la educación, a la salud y a servicios básicos. América Latina ha experimentado, en las últimas décadas, importantes avances en estos ámbitos. Sin embargo, persisten los problemas de cobertura y de inclusión. Tal problemática exige fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar. Lo propio ocurre con la salud, donde, pese a los avances, América Latina aún enfrenta grandes desafíos; en algunos países la mortalidad infantil entre los afrodescendientes llega a ser mayor que la registrada en no afrodescendientes, mientras que la tasa de mortalidad entre los niños indígenas casi duplica la de los no indígenas, lo cual requiere políticas priorizadas.
La imposibilidad de acceder a un trabajo y la incertidumbre del mercado laboral son, sin duda, factores preponderantes que se deben abordar para avanzar en procesos de igualdad, de desarrollo personal y de crecimiento económico, y dependen directamente del modelo, de la estructura y de las dinámicas de los mercados.
Pese a ello, la región latinoamericana continúa caracterizándose por su incapacidad para generar empleos productivos o trabajos que construyan sociedad, situación que contribuye a las arraigadas desigualdades de género, raza y edad, y a que la sociedad sea proclive a desarrollar actividades económicas ilegales, siendo el trabajo infantil una de las realidades más dolorosas que enfrenta la región. Aunado a ello, el acceso parcial y desigual a la protección social, que constituye un derecho clave para contrarrestar la pobreza, y que evita la marginación, es una de las grandes limitaciones. A este respecto, la protección social representa una de las funciones más relevantes del gasto público. Sin embargo, persisten las brechas de cobertura, sobre todo entre los trabajadores pertenecientes a los estratos de ingresos más bajos, entre aquellos que viven en zonas rurales y en las mujeres.
Una inversión insuficiente, a la par de una institucionalización de política social aún en construcción, son una realidad latente y en proceso de construcción en América latina. En la mayoría de los casos, la inversión y la protección social descansan sobre las bases de institucionales frágiles y están sujetas a cambios constantes debido a las dinámicas políticas y a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales nacionales y territoriales. La financiación para el logro del desarrollo social inclusivo, así como la transformación de la idea de gasto corriente en la de inversión social y la orientación de la carga tributaria, deben ser orientados en la política territorial, pero siguen siendo afectados por fenómenos de burocratización y corrupción.
Otros obstáculos que surgen en este panorama tienen que ver con la violencia. América Latina es la región más violenta del mundo, algo difícil de creer dado su nivel de desarrollo económico, político y social. Sin embargo, la tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial. La violencia no solo se refiere a homicidios, sino también a otros actos de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual, desapariciones forzadas, desplazamientos y migraciones forzadas, reclutamiento de menores a las bandas criminales, minas antipersonales, etc. Todo esto unido a los desastres naturales, a las consecuencias nefastas del consumo, al cambio climático y a los cambios tecnológicos que están teniendo notables efectos en la educación y la formación no tradicional, como los que tienen que ver con conocimientos tradicionales culturales, ancestrales, étnicos o de manejo artesanal de semillas por ejemplo.
Función del modelo económico neoliberal y la necesidad de valorarlo desde la perspectiva de la economía social
Uno de los argumentos más convincentes de la teoría liberal se remite a los resultados del libre mercado. Esta tesis sostiene que el libre mercado acaba creando mayor riqueza para todos y mejor distribuida en comparación con cualquier otro modelo económico. Sin embargo, lo que queda abiertamente probado es que nos enfrentamos a un modelo que genera una mayor desigualdad y que ha ido quebrando el dinamismo que impulsa el desarrollo sostenible de los pueblos.
En relación con lo anterior, podríamos decir que en las últimas décadas el capitalismo se ha degenerado en su peor versión, porque, si bien en una época este modelo creaba desigualdad, no era menos cierto que se generaba igualmente dinamismo productivo y empresarial. Hoy por hoy, incluso en los países ricos, el modelo económico ha llevado a importantes grupos sociales a la miseria. Adicionalmente, los países aún en vía de desarrollo, como Colombia, asumen el costo de manera más inhumana.
Sumado a esto, la desregulación del neoliberalismo de la década de los ochenta, la crisis del petróleo y la falta de una respuesta adecuada permiten pensar en que el responsable es el modelo social demócrata, que no solo fomenta la creación de empresas, sino incluso la innovación. Cabe resaltar que quien tiene el poder no tiene el deber de esgrimir razones, y así es como el poder neoliberal se impone.
En concordancia con lo anterior, se establecen los sofismas del neoliberalismo (Sebastian, 2021), que si realmente se revisan desde la perspectiva de los avances de la teoría económica, no tienen mucha justificación incluso frente a los datos. Hay síntomas importantes que indican que esto va a cambiar, ya que el modelo es insostenible.
El informe sobre las competencias del Congreso de Estados Unidos (2020), centrado en las tecnológicas, y el movimiento del ámbito empresarial proponen cambiar las normas de medición del resultado de las empresas que no son estrictamente financieras, frente a la posibilidad de que se mida su impacto medio ambiental, su impacto sobre las comunidades, su impacto sobre los empleados y se ha pensado incluso en desarrollar una nueva métrica, lo cual es definitivo y de gran importancia, además de articularse a lo expuesto por las teorías de Mayer (2019).
Es preciso observar que la pandemia del coronavirus es un síntoma de lo que está pasando en el planeta con los seres humanos, con su dignidad, con el medio ambiente y con el cambio climático, y parece ser que una de las consecuencias que trae consigo el coronavirus es precisamente el replanteamiento del modelo económico. Lo que conduce a la necesidad de replantear cuestiones básicas, pero surge la pregunta: ¿quién va a tener el capital político para impulsar las reformas necesarias?
Para abordar esta pregunta vale la pena analizar la función del mercado. El mercado es una institución fundamental que ha contribuido al avance económico de las sociedades, lo que es innegable, pero es falsa la idea de que los mercados se autorregulan y siempre tienden a la competencia. Dicha idea es contraria a la evidencia y a la teoría. Frente a esto, la linea neoliberal afirma que la existencia de los monopolios beneficia la eficiencia de los mercados, pero en realidad se enriquecen unos pocos, aumentan los precios y se distribuye inequitativamente la renta. A este respecto, es falso que las rentas o tributos desincentiven el dinamismo económico, justificado en que el mercado presta un servicio público de generación de empleo.
En este contexto también hay que preguntarse: ¿qué pasa con los regímenes comunistas?, ¿o con los países que tienen un capitalismo de Estado? ¿Cuál es su comportamiento en relación con las democracias liberales? Aquí vale la pena mirar la experiencia de China (Cortés, 2013). Desde la década de los ochenta, China ha estructurado todo un modelo económico que incluso los más liberales no lo ven con malos ojos. En este país no hay Estado de derecho, sino que se ha diseñado una ingeniería de administración del Estado relativamente eficiente.
Algunos liberales son tan radicales que desconocen los derechos individuales. Piketty (2019) señala que el mal radica en la distribución inequitativa de la riqueza y de la propiedad, lo cual es cierto, pero no se ahonda en cómo se ha llegado a esto. Frente a lo anterior, al no preguntarse cuál es el papel del poder sobre el mercado que poseen determinadas empresas, y al no identificarse como causa fundamental, cualquier medida propuesta será inocua. Stiglitz (2016), por su parte, pone el acento en el cambio de reglas que han conducido a una estructura salvajemente monopolística, y la solución que este autor propone es regular con más rigor y estructurar medidas fiscales más eficientes.
Las políticas públicas como medidas de cambio
Debe prestarse especial atención al diseño de las políticas públicas, a su ejecución y a su evaluación. Esto teniendo en cuenta que el Estado hoy carece de poder para enfrentar nuevos retos y eso es una dificultad importante. Por esta razón, las políticas públicas son las que pueden dirigir los cambios necesarios, por ello se insiste en que uno de los más grandes problemas radica en la desigualdad social que está acompañada de una administración pública incompetente.
A este respecto, hoy prima la necesidad de planificar políticas públicas con enfoque en derechos humanos, ya que el objeto de toda política pública es la consagración del Estado de derecho, de la democracia y la extensión del goce de los derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Un enfoque para las políticas públicas, basado en los derechos humanos, desarrolla la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones y estimula y exhorta a los titulares de derechos a reivindicarlos (Cortés, 2021b). Por esta razón, el Estado, a través del ejercicio de gobierno, debe garantizar, respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho.
Es importante señalar que las políticas públicas se orientan a garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios. Además, planifica las estrategias, acciones y reglas que tienen como objetivo resolver y dar respuesta a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad (OACNUDH, 2006). La forma de incorporar un enfoque en derechos humanos en las políticas públicas consiste en establecer un marco conceptual para el proceso del desarrollo humano que, desde el punto de vista normativo, se fundamenta en la reglamentación internacional de derechos humanos y se orienta a la promoción y protección de estos. El propósito es entonces identificar desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y establecer estrategias para corregir las prácticas y actos discriminatorios que tienen lugar en el ejercicio del poder y que dificultan el progreso en materia de desarrollo.
Pese a que no existe una directriz universal para el enfoque basado en los derechos humanos, con respecto a la estructuración de políticas públicas, la Organización de las Naciones Unidas ha acordado un conjunto de atributos fundamentales:
Cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos.
Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los titulares de derechos, aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de deberes, las obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicarlos y hacer cumplir sus obligaciones.
Los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de planeación.
Por su parte, la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo rural han sido considerados sectores claves en las políticas para el desarrollo. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 800 millones de personas en el mundo padecen hambre y desnutrición. Actualmente, el reto es satisfacer la creciente demanda de alimentos de una población que alcanzará los 9000 millones en 2050. Además, existen nuevas y serias amenazas para la agricultura, como el cambio climático, la gestión irresponsable de los recursos naturales (agua, tierra, biodiversidad) o la volatilidad de los precios de los productos agroalimentarios.
En este orden de ideas, los retos medioambientales han adquirido hoy una gran importancia. La comunidad internacional ha alertado durante los últimos años que el cambio climático y el desarrollo sostenible son uno de los mayores retos al que nos enfrentamos en la actualidad. Así, el cambio climático, la acelerada pérdida de biodiversidad o la desertificación amenazan la seguridad alimentaria global, la salud humana e incluso la seguridad y la paz. La protección de la naturaleza es un reto al que un mundo globalizado tiene que responder con enfoques y estrategias comunes, inversiones crecientes y metodologías innovadoras.
En este contexto, el desarrollo humano sostenible se reivindica como la posible respuesta. Su idea esencial es que es imposible resolver los problemas si no se abordan conjuntamente los desequilibrios sociales, la desigualdad económica estructural o el sistema de instituciones políticas de índole ambiental.
A este respecto, la protección del medio ambiente es una de las áreas más estratégicas para multiplicar resultados. De hecho, ha sido una de las prioridades de la cooperación internacional desde sus inicios. Para ello, en este ámbito, las principales funciones de la Subdirección General de Planificación y de Coherencia de Políticas son:
Impulsar políticas para el posicionamiento de los Estados latinoamericanos en temas de sostenibilidad ambiental en la agenda internacional y en la planificación nacional de la política de cooperación. Por otro lado, es importante continuar unidos y cooperantes en la Cumbre de Río +20 y su seguimiento, junto a los distintos procesos y acuerdos internacionales sobre el cambio climático y desarrollo.
Teniendo en cuenta lo anterior, una política pública debe claramente partir de la necesidad de educar a la sociedad en derechos humanos, y con ella, responder a la necesidad de superar los fenómenos que niegan la realización plena de estos, así como la posibilidad de abordar los conflictos sociales.
La propiedad responsable, el deber del sector privado
La propiedad responsable es una alternativa a la propiedad convencional, cuyo planteamiento busca orientar la misión y la independencia de una empresa a través de su organización legal de manera permanente. Nuevos empresarios en el mundo han descubierto diversas formas de encausar las empresas en torno a principios como el lucro al servicio de un propósito y el autogobierno.
Encausar la misión de las empresas en este aspecto permite resguardar su independencia enfocando su objetivo a propósitos y valores a largo plazo.
Las empresas de propiedad responsable, como las fundaciones, logran tener en general éxito. No sólo logran superar el desempeño en comparación con los modelos tradicionales con fines de lucro en cuanto a sus márgenes de utilidades a largo plazo, sino que también son más resilientes frente a las crisis políticas o económicas, garantizando espacios mucho más estables con un talento humano constante y con mejores salarios.
Pensar en propiedad responsable hace necesario enfocarse en la economía promovida por valores, que establezca responsabilidades por las consecuencias o por la conducta empresarial. Debe existir un compromiso con la misión de la empresa. Por esta razón, este tipo de organizaciones no suele estar a la venta, sino más bien tiene sucesores que perpetúan el propósito organizacional.
La empresa pensada en torno al valor de la responsabilidad y el propósito piensan en la utilidad como medio para un fin, no un fin en sí mismo. El rédito generado se reinvierte en el negocio, se usa para reembolsar a los inversionistas e incluso suele ser donado a fundaciones de caridad. Las organizaciones empresariales de propiedad responsable han probado ser exitosas a largo plazo y actuar según los intereses de los inversores, los empleados, los consumidores y la sociedad en general.
¿Y qué pasa con la injusticia social?
La justicia es la autoridad moral central de nuestra vida. Su violación puede destruir relaciones entre personas, sociedades y países en un instante. Un ejemplo de injusticia son los ingresos. Los ingresos, generalmente, dependen de la formación profesional entre otros factores, sin embargo, en la mayoría de países, los hombres siguen ganando más que las mujeres pese a tener las mismas cualificaciones. Incluso existe un coeficiente para medir esa desigualdad en los ingresos entre diferentes clases sociales: el Gini. Esta es una medida de distribución que se remonta al estadístico italiano Corado Gini y nos aporta datos sobre cómo se distribuyen los ingresos en la sociedad.
El coeficiente Gini indica por tanto el grado de desigualdad en la distribución del ingreso: cuanto mayor sea el valor del índice Gini, mayor será la desigualdad. Así, por ejemplo, un índice de coeficiente Gini de 0,4 puede ser señal de una amenaza a la paz social. En una sociedad que se desgarra cada vez más hacia a arriba y hacia abajo, con una redistribución inequitativa de la riqueza que pone en peligro la cohesión. Las personas que viven con pocos ingresos, es decir en pobreza relativa, tienden a participar menos en procesos electorales y en la vida social en general. En América Latina, la diferencia entre ingresos netos es profunda, a diferencia de Europa, que se tiende a equilibrar por la redistribución estatal a través de los impuestos y beneficios sociales, sin embargo, la desigualdad en el viejo continente también va en aumento.
En los últimos veinte años, la décima parte más desfavorecida de la sociedad ha perdido un 10 % de los ingresos reales, mientras que la décima parte más privilegiada los ha incrementado en casi un 25 %. En otras palabras, en dos décadas la brecha se ha aumentado en más de un tercio y la gente percibe esos cambios. En los países latinoamericanos existe una grave tendencia normalizada de caer en la pobreza. Así, mientras que una pequeña parte puede permitirse casi cualquier cosa, la mayor parte de los ciudadanos tiene cada vez menos después de décadas de trabajo.
Si preguntamos a los gobiernos y a las clases privilegiadas cómo evalúan la desigualdad en la sociedad, la mayoría no ven ningún problema, mientras que quienes hacen parte de clases sociales trabajadoras consideran evidente la injusticia frente a esta desigualdad.
Esta realidad desata un sentimiento de rabia y frustración. Las constituciones consagran disposiciones que llaman a materializar los principios de igualdad y de justicia de todos los ciudadanos así como el derecho a participar de la redistribución equitativa de la riqueza. Sin duda, la educación determina la posición social, pero la educación depende enormemente de los ingresos, lo cual es un factor claramente discriminador. De la misma forma, la vivienda digna depende también de los ingresos.
El aumento de reformas políticas e institucionales, el desmantelamiento de estructuras sociales y el aumento de trabajos precarios, con alquileres en aumento y vivienda limitada, genera el dolor por el cruel sentimiento de injusticia social y ello empodera cada vez más a las extremas derecha e izquierda.
¿La renta básica un paso hacia el futuro?
El desarrollo tecnológico ha traído consigo una evolución histórica. Las empresas tecnológicas mueven decenas de millones de dólares con solo muy pocos empleados, trayendo consigo la escases de empleo. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas, por el contrario, aumenta año tras año su precariedad. Las políticas económicas de los Estados generan trabajadores pobres, con ansiedad, depresión y son los principales causantes de las enfermedades de este mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados ha llevado a las sociedades a unos niveles de desigualdad social nunca antes vistos, por lo que este modelo político-económico es insostenible.
La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza que es pagado por el Estado en forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad tiene como ventajas el ahorro en costos administrativos, evita que quienes están a la espera de un subsidio queden en la pobreza, libera a las personas que buscan los auxilios del Estado de la estigmatización social y ofrece garantía social de unos recursos mínimos, con lo que supone una base para que las personas tengan más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas.
Para alcanzar esta libertad, se requiere tener recursos el primer día de cada mes y no estar limitados a ser asistidos si hay una caída económica y se requiere demostrar ante un burócrata que se está cualificado para probar que se requiere ayuda (Bertomeu y Raventós, 2006). Por otra parte, para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones, ya que, cuando una de las partes se encuentra necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos permite elegir empleos más dignos, que se adapten mejor a lo que somos. También facilita oportunidades para sacar adelante los proyectos propios y personales, y las personas que trabajan en sus casas sin recibir ningún dinero por ello tienen la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas, dándoles el espacio de pensar su vida con libertad. En general, la renta básica permitiría llevar vidas más propias, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo.
Contrario a lo que muchos piensan, la renta básica estimula al individuo a trabajar. La naturaleza del ser humano lo inclina a sentirse útil. Este ingreso es una palanca de activación de trabajos, remunerados o no, que realizan al individuo y que lo hacen más eficiente.
Los impuestos son los que sostienen esta renta básica, es precisamente el sistema fiscal el que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Por esta razón, con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada, produce una redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población.
Venimos de una realidad en la que el empleo garantizaba los ingresos, pero este ya no es el caso y se debe actuar para procurar proteger la dignidad humana, por lo que urge repartir la riqueza de manera que seamos todos un poco más libres.
Medio ambiente y seguridad alimentaria en América Latina
Las guerras, los fenómenos naturales o las pandemias originan grandes crisis, como la que enfrenta el mundo actualmente, y ello ha traído como consecuencia que aquellos temas que parecían no tener relevancia ahora son trascendentes y prioritarios. Tal es el caso de la relación consumo-medio ambiente-seguridad alimentaria, donde surge la necesidad apremiante de crear sistemas alimentarios sostenibles, que garanticen mayor suministro y acceso a dietas saludables y nutritivas para la población, de cara a la nueva realidad.
Ahora bien, la cuestión del cuidado del ambiente, más que una problemática ecológica, es una crisis intelectual, de comprensión de la persona y su dignidad, y de cómo la civilización Occidental ha comprendido el ser y su relación con las cosas y el medio ambiente. Debe considerarse que el derecho de toda persona es tener un nivel de vida adecuado, incluida una alimentación apropiada que le proporcione garantías al individuo para acceder a una mejor calidad de vida (Viteri-Robayo, 2020).
La iniciativa es fortalecer los sistemas agroalimentarios y el desarrollo sostenible en las zonas rurales. América Latina y el caribe, luchan por liderar proyectos para garantizar la alimentación, ya que genera el 13 % de la producción agrícola mundial y su sector agroalimentario contribuye en un 26 % a las exportaciones totales, convirtiendo a la región en un motor de crecimiento económico que contribuye a la creación de empleos (FAO, 2017).
Estos temas recobran importancia en medio de la crisis mundial por el Covid-19. Frente a los sistemas alimentarios y a la seguridad alimentaria en los países de la región, es deber de los Estados adoptar políticas agroindustriales complementarias para hacer frente a posibles circunstancias críticas. En general, los países latinoamericanos tienen en sus agendas el tema del medio ambiente y de la seguridad alimentaria, buscando proteger a los sectores más vulnerables, intentando reducir la desnutrición crónica infantil, la mortalidad materna, la mortalidad infantil y la pobreza extrema.
Sin duda, la preocupación por el medio ambiente sigue siendo sorprendentemente intensa, aunque se ha sido relegando a un segundo lugar respecto de las problemáticas de los consumidores globales en tiempos de pandemia. Sin embargo, todavía conserva una importancia capital sobre todo lo demás. Al respecto, existe sin duda una conciencia social creciente de la necesidad de cambio de los hábitos de consumo para contrarrestar el inminente impacto ambiental.
El Estado y su rol interventor debe involucrar a la industria, la cual debe avanzar hacia los objetivos simultáneos de proteger el ecosistema del planeta y satisfacer la creciente necesidad humana de alimentos. Solo entonces se podrá hablar de una construcción de futuro sustentable para la próxima generación.
