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Introducción
Los conflictos socioambientales constituyen una expresión de las tensiones entre las comunidades, como en este documento se evidencia con las comunidades de Santander, las industrias, el sector privado y el Estado como regulador y gestor de las relaciones entre la comunidad y las empresas. En un país como Colombia, marcado por la existencia de recursos naturales que constituyen una fuente relevante de ingresos en las actividades económicas nacionales, sumado a la presencia de comunidades en el ámbito rural y los bordes urbanos en disputa por los usos de suelo frente al sector privado, más la complejidad de los procesos de intervención y regulación estatal y el uso de la violencia como recurso por parte de diversos actores, son factores que llevan a dar un lugar preponderante a estas dinámicas conflictivas para comprender los usos de los territorios, las alternativas de gestión de los conflictos y los posibles escenarios de escalada de la violencia.
Tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, se convierte en tarea urgente el mapeo y caracterización de los factores que puedan generar escalonamientos de episodios conflictivos en nuevos escenarios de violencia y disputa. En este marco, la comprensión de estos cambios pasa por una apuesta en el primer plano de las situaciones conflictivas derivadas de las disputas antes mencionadas. La conflictividad socioambiental es un factor que puede incidir en la generación y escalonamiento de violencias, pero también es un escenario para comprender dinámicas organizativas comunitarias, propuestas alternativas de desarrollo, construcción de gobernanza local y territorial y caminos de gestión pacífica de los conflictos.
El objetivo de este documento es la reconstrucción a partir de la investigación documental y revisión de bases de datos organizadas de las situaciones de conflictividad socioambiental en el departamento de Santander, con el fin de apoyar la labor que organizaciones sociales, entes académicos e instituciones públicas llevan a cabo para darle relevancia a estos fenómenos.
Con base en lo anterior, el presente documento está dividido en tres secciones. En la primera sección, hará una discusión teórica sobre qué entender por conflictividad socioambiental, qué diferencias existen entre este concepto y otras formas de conflictividad social, y cuáles son sus principales dimensiones y tipologías. En la segunda sección, a partir de la revisión de literatura, se caracterizará el escenario general del país en cuanto a conflictos socioambientales y, en particular, las disputas existentes en Santander, con especial énfasis en la relación entre conflictos y escalonamiento de la violencia. Por último, en un tercer momento, se presentarán unas conclusiones.
Uno de los principales hallazgos de esta revisión documental es la concentración de las disputas en el departamento relacionadas con los proyectos minero-energéticos. Asimismo, destaca la continuidad de la incertidumbre frente a la posible explotación de los recursos auríferos del departamento, las victorias en la limitación de las actividades carboníferas y las disputas en torno a la generación de hidroeléctricas de gran o pequeño impacto. También se evidencia la existencia de conflictos relacionados con los procesos de expansión de la frontera urbana, que conllevan la transformación de los usos del suelo y la explotación intensiva de los recursos madereros. La continuidad de las disputas en torno a las obras de infraestructura vial, cuyo impacto se mantiene en el tiempo más allá del momento de la construcción de las vías. Por último, se evidencia en los registros el riesgo de escalada de los conflictos relacionados con los experimentos o pruebas de extracción de recursos petroleros por vía de la técnica del fracking, situación particular que obliga a poner especial atención a los riesgos asociados a la injerencia de actores armados en estos escenarios de disputa.
La expectativa de este documento es la de generar una síntesis de la situación contemporánea del departamento que sea de utilidad, tanto para la academia como para la sociedad civil y los tomadores de decisión. Es necesario prestar atención a los conflictos existentes, pero sobre todo a los riesgos de escalada que puedan existir y que amenazan con transformar estos conflictos y disputas en violencias territoriales.
Mínimos conceptuales
Los problemas ambientales forman parte de las preocupaciones contemporáneas de la sociedad. Las antiguas formas de plantear el crecimiento y desarrollo económico basadas en la noción del acceso a recursos ilimitados no se sostienen en el tiempo (Beck et al., 2003, p. 7). En el contexto latinoamericano, en particular la convivencia entre los proyectos políticos neoliberales o críticos al neoliberalismo con la dependencia económica de los recursos provenientes de actividades basadas en “un modelo neocolonial, basado en la apropiación y destrucción de los recursos naturales” (Svampa, 2011, p. 103).
Los conflictos socioambientales no son nuevos, se inscriben en la tensión práctica por el uso instrumental de los recursos naturales; la novedad radica en el aumento de la presión sobre los recursos naturales en la etapa contemporánea de la producción capitalista (Sabatini, 1997b, p. 53). Pero también en la disputa por los sentidos del territorio y la naturaleza, lo cual atraviesa, además, disputas por los valores culturales de los espacios y sus recursos.
Este tipo de conflictos suelen involucrar tres actores en disputa: un actor privado, interesado en la realización de una actividad económica en un territorio particular; la comunidad habitante del territorio, y las instituciones públicas locales o nacionales como ente regulador (Villarroel Venturini, 2020, p. 83). Son conflictos que involucran desigualdades en las relaciones de poder y la discusión sobre modelos de desarrollo (Sabatini & Sepúlveda, 1997, p. 15) y en donde la negociación o solución concertada dependerá del equilibrio de fuerzas entre los actores involucrados (Sabatini, 1997a, p. 28).
Además, se implanta en la región latinoamericana una compleja postura geopolítica que relega al continente a la concentración de sus actividades económicas a la extracción de recursos naturales no renovables (Svampa, 2011, pp. 103, 104). Trampa que parece establecer un determinismo geográfico sobre los caminos del desarrollo para la región (Acosta, 2010, p. 45).
No obstante, es de resaltar que para que exista un conflicto socioambiental es necesaria la presencia de organizaciones sociales, de movilizaciones o de expresiones colectivas capaces de contraponerse y denunciar la situación percibida como injusta.
conflictos se dividen en cuatro categorías:
Conflictos producto de políticas ambientales: discusiones sobre la distribución de beneficios públicos, modelos de desarrollo y valores sociales (Sabatini, 1997a, p. 25).
Conflictos en sitio o territorio: disputas donde se confrontan intereses sobre el uso de los territorios y la explotación de los recursos, especialmente la percepción y realidad de los impactos ambientales diferenciales (Sabatini, 1997a, p. 25).
Conflictividad ambiental: conflictos por externalidades ambientales (Sabatini, 1997b, p. 52).
Conflictividad socioambiental: conflictos por el control de recursos (Sabatini, 1997b, p. 52).
En contextos democráticos existe mayor probabilidad de que los conflictos socioambientales se tramiten de forma pacífica (Sabatini, 1997a, p. 31), pero eso depende también de que la participación social sea formal; es decir, tramitable por canales institucionalizados y reglados y que tenga capacidad de incidencia en los resultados (Sabatini et al., 1997, p. 39).
Las resoluciones propuestas por Sabatini (1997a) a los conflictos son la salida judicial, siendo determinante la decisión de la autoridad judicial para cerrar los alegatos de las partes. La cooptación cuando los reclamos sociales son fraccionados por las empresas y, por último, la radicalidad o fundamentalismo, en caso de no poder llegar a acuerdos (Sabatini, 1997a, pp. 32-36).
No existe consensos sobre los tipos o categorías de conflictos socioambientales; así, la organización Indepaz clasifica para el contexto nacional de Colombia diez tipos: turismo, petróleo, monocultivo agroindustrial, minería, infraestructura, industrial, hidroeléctricas, energía eólica, deforestación y cría intensiva de animales (Indepaz, 2022, p. 8). El Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional ubica como tipologías a la biodiversidad, gestión territorial, minería y energía, gestión del agua, infraestructura, agropecuarios y tierras (OCA, s.f.). Por otra parte, los datos de la Fundación CORE identifican cinco tipos de conflictos: hidrocarburos, mineros, deforestación, cultivos de uso ilícito y ganadería, monocultivo y humedales (Sampayo et al., 2022, p. 5).
Las disputas socioambientales tienen que ver con la distribución y uso de los denominados bienes comunes, los cuales pueden ser definidos como recursos autogestionados, de provecho colectivo (Gutiérrez Espeleta & Mora Moraga, 2011, p. 129); estos bienes pueden ser tanto los recursos naturales, de los cuales depende la existencia humana, la cultura y el conocimiento, como la provisión de servicios relacionados con los derechos humanos (Gutiérrez Espeleta & Mora Moraga, 2011, p. 129).
Los bienes comunes pueden abordarse desde tres categorías: como recursos determinados, bienes tangibles, finitos y cuantificables; como el producto de una relación social compleja en la que los recursos interactúan con una comunidad, definiendo un territorio y unos usos culturales, unos procesos organizativos; y, por último, como la expresión de una alternativa de organización basada en el aprovechamiento colectivo y sustentable del entorno, lo que pasa por la construcción de mecanismos colectivos de administración y manejo de los recursos (Gutiérrez Espeleta & Mora Moraga, 2011, pp. 129-131).
En interacción con lo mencionado anteriormente sobre los actores involucrados en conflictos socioambientales, el debate respecto a la administración de los bienes comunes adquiere una dinámica particular en la contemporaneidad, debido a la presión por la desregulación del interés y la actividad del sector privado.
Esto traslada los costos de intervención sobre las externalidades a la responsabilidad exclusiva de las instituciones públicas, al tiempo que las comunidades, debido al retiro del Estado, tienen menores lazos con la estructura nacional y una mayor autonomía en sus procesos organizativos. Además, en este contexto, la acción del Estado es percibida como débil frente a las pretensiones del mercado (Gutiérrez Espeleta & Mora Moraga, 2011, p. 135), expresión de relaciones desiguales de poder.
Las desigualdades de poder presentes en las conflictividades socioambientales hacen de estas un espacio para la renovación de la democracia a nivel local, al permitir una renovación en lo local de los debates sobre las desigualdades sociales, los modelos de desarrollo y la distribución de la riqueza (Sabatini, 1997a, p. 332).
Las disputas en el terreno de lo local permiten la reactivación de la sociedad civil como actor político, en especial permiten reconstruir los debates sobre lo público en entornos en los que la distancia entre la ciudadanía y los problemas de la política institucionalizada parecen lejanos (Sabatini, 1997a, p. 338).
Panorama de la conflictividad en Colombia
Distintas son las causas de conflictividades socioambientales en Colombia, pero en ellas se reflejan las particularidades del contexto nacional. Munévar Quintero y Valencia Hernández (2020, pp. 44, 46) identifican, a partir de la revisión de literatura, como causas de estas disputas a las manifestaciones del cambio climático, los conflictos armados y los macroproyectos de desarrollo económico, de los cuales se desprenden los conflictos relacionados con las actividades extractivistas o producto de políticas de crecimiento económico. Escenarios en los que los responsables pueden tener carácter legal o ilegal.
A causa del crecimiento de la industria extractivista y de la explotación de recursos en muchos territorios, los conflictos socioambientales han aumentado, dando lugar a la consolidación de la investigación académica en estas áreas en las últimas décadas (Van Teijlingen & Dupuits, 2021). Sin embargo, la información estadística institucional que permita determinar la magnitud del fenómeno aún es precaria, dado que la mayoría de la información descriptiva sobre estos conflictos ha sido reportada por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación y ambientalistas y suelen ser solo los casos de mayor trascendencia nacional (Pérez-Rincón, 2016; Pinzón, 2021).
Pese a este panorama estadístico de subregistro, de acuerdo con el Mapa Mundial de Justicia Ambiental (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade, 2023), Colombia es el sexto país del mundo con mayor número de conflictos socioambientales identificados. Estas problemáticas son el reflejo, en parte, de diversos factores como la violencia estructural y el modelo predominante de desarrollo económico, fundamentado en la explotación de las riquezas naturales y minerales del país (Vera-Rodríguez, 2018).
Frente a las características y tipos de conflictos socioambientales reconocidos en Colombia, se encuentra que estos presentan diferencias en cuanto al tipo de actividad que los causó: las fases de esos proyectos; los impactos; las comunidades afectadas, y los actores causantes.
Por ejemplo, frente al tipo de actividad, estos conflictos han surgido a partir de sectores como “la minería, la deforestación, la construcción de hidroeléctricas, la contaminación industrial, la agroindustria, los monocultivos legales e ilegales y la privatización de tierra, agua y biodiversidad, entre otros” (Indepaz, 2022, p. 5). No obstante, la minería es la actividad económica que más conflictos socioambientales ha generado en los últimos años.
De los 136 casos de conflictividad socioambiental reportados por la organización Indepaz, la minería encabeza la lista de fuentes de conflicto con más de 60 casos reportados. Le sigue el monocultivo agroindustrial con más de 20 casos reportados, al igual que la infraestructura con 20 casos y las explotaciones petroleras con 18 casos reportados.
La producción académica sobre la conflictividad socioambiental en Colombia es extensa, aunque su impacto es relativamente bajo. Mediante el uso de la herramienta de rastreo cuantitativo de estados del arte “Publish or Perish”, solo se encuentra un artículo publicado en Scopus que se enfoca, en particular, en las variables del conflicto socioambiental, dedicado exclusivamente al análisis de los conflictos relacionados con las explotaciones petrolíferas en Colombia.
Al hacer una revisión exhaustiva utilizando otras fuentes de información, como Google Scholar, la herramienta “Publish or Perish” identifica alrededor de 110 publicaciones relacionadas con temas de conflictividad socioambiental en Colombia. En particular, se trata de estudios de caso centrados principalmente en la reconstrucción de conflictos relacionados con la industria minera, en especial la industria Santurbán en Santander, que es muy visible, así como la explotación de otros procesos mineros auríferos en Colombia que han conllevado la formación de organizaciones sociales en los territorios, que se oponen o exigen una mayor interlocución con los entes responsables de dichos procesos.
Con relación al departamento de Santander, Indepaz reporta solo seis casos de conflictos socioambientales, ubicándose en el duodécimo puesto a nivel nacional en cuanto a la cantidad de casos presentados. La Tabla 1 muestra los municipios y los tipos de conflictos del departamento.
Tabla 1 Lista de conflictos socioambientales
Nota. Lista de conflictos socioambientales en el departamento de Santander reportados por Indepaz (2022).
Por su parte, la Corporación Compromiso, a través del Observatorio de Conflictos Ambientales, ha analizado algunos de los casos de conflictos en el departamento en sus dos últimos informes, a partir del seguimiento e investigación hecha en la región (Corporación Compromiso, 2018, 2020). Entre los hallazgos, se presentan cuatro casos de conflictos socioambientales en Santander entre el 2017 y 2018, doce en el informe del 2019 y 2020 y ocho casos entre el 2021 y 2022 (Tabla 2).
Tabla 2 Consolidado de conflictos ambientales presentados en informes de la Corporación Compromiso
Fuente: Elaborada a partir de la revisión y análisis de informes de Corporación Compromiso (2018, 2020, 2023).
Finalmente, respecto a los conflictos socioambientales reportados por medio del mapa del Atlas de Justicia Ambiental en Santander, se encuentran los siguientes (véase Tabla 3).
Tabla 3 Descripción de conflictos ambientales reportados a través del mapa del Atlas de Justicia Ambiental en Santander
Los resultados de esta revisión evidencian que persiste una falta de reconocimiento de los conflictos ambientales en el territorio, puesto que solo aquellos de gran escala que han sido denunciados por movimientos activistas en la región, son los que forman parte de estas bases de datos. En este sentido, es indispensable que el Gobierno Nacional unifique los criterios de identificación de estos conflictos y los considere como parte de la agenda pública nacional, convirtiendo así la medición de estos en una necesidad prioritaria.
Ahora bien, ante los fenómenos derivados de estos conflictos, como los asesinatos de líderes sociales ambientales y las amenazas a estos, las organizaciones internacionales posicionan a Colombia en el 2020 como el primer país del mundo con más homicidios. Ello porque más de la mitad de todos los asesinatos reportados en el 2019 a nivel global, tuvieron lugar en el país (Global Witness, 2020).
La situación de seguridad de los líderes y lideresas ambientales tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia es bastante compleja, pues desde septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2022, se reportaron 712 asesinatos de personas defensoras del medioambiente en Colombia (Indepaz, 2022). Tan solo de enero de 2022 a mayo de este mismo año, se registraron 42 agresiones a los derechos humanos contra lideresas y defensores de la Naturaleza en Colombia, lo que incluye situaciones como amenazas, asesinatos, atentados y desplazamientos (Sampayo et al., 2022).
El departamento de Santander es el que más violaciones a los derechos humanos ha reportado contra líderes ambientales, habiéndose registrado 23 situaciones de vulneración, especialmente en el territorio del Magdalena Medio, en donde fenómenos como el fracturamiento hidráulico han aumentado las tensiones sociales en la región.
Al igual que con los reportes de conflictos socioambientales, no existe una cifra o reporte del Gobierno Nacional que categorice de manera independiente los casos de asesinatos de líderes sociales ambientales. Razón que invisibiliza aún más estos conflictos sociales y genera una mayor impunidad frente a estas vulneraciones a los derechos humanos.
Conclusiones
Los conflictos socioambientales se inscriben en las tensiones existentes entre las comunidades, las empresas y el Estado, en la definición de los usos de los territorios, el valor otorgado a la dimensión ambiental como componente de la construcción cultural y de los lazos comunitarios, los modelos de desarrollo en disputa en la práctica y el rol asignado al Estado como regulador, pero sobre todo como garante de formas organizativas particulares.
En Colombia, el conflicto armado interno había priorizado el análisis de la victimización de la sociedad civil. La vorágine de la violencia había vuelto invisible otras disputas que estaban presentes y que complejizan la realidad sociopolítica del país, sobre todo al resaltar las distintas expresiones de conflicto y violencia, lo que dificulta aún más la posibilidad de lograr transformaciones mediante disputas pacíficas.
Los acuerdos de paz del 2016 permiten cambiar las narrativas respecto a la conflictividad y dar relevancia a estas formas no visibles de los conflictos, ya que en ellas residen tensiones sobre los procesos de participación y democratización, así como sobre el modelo de organización territorial.
En el caso de Santander, se evidencia una doble atención. Por un lado, existe un conflicto muy visible relacionado con la delimitación de los páramos, la tensión entre el uso del subsuelo para la extracción de recursos auríferos o la conservación de los recursos hídricos; escenario en el cual, aunque ha habido escalamientos de la violencia, estos no han trascendido a niveles de violencia generalizada, más allá de algunos hechos concretos.
Por otro lado, se observa la existencia de otras disputas relacionadas con las industrias petroleras, conflictos de interés que, al ocurrir en zonas marcadas por la violencia, escalan a expresiones de amenaza a la vida e integridad de los liderazgos sociales encargados de denunciar las situaciones conflictivas. Así, es posible esperar una interacción entre violencias previas y nuevas conflictividades que explica o parece explicar los escalamientos de la violencia.
Estas interacciones, entre las condiciones previas y el desarrollo de los conflictos, invitan a una reflexión profunda a nivel nacional sobre los riesgos y las amenazas que enfrentan las comunidades debido a las tensiones ambientales. Las disputas entre la industria y la comunidad no deben ser vistas como temas ajenos o locales, sino que deben abordarse de forma integral, considerando los riesgos de escalamiento y la necesidad de un abordaje que incluya la variable de resolución de conflictos.
En futuras investigaciones, se vuelve crucial entrelazar las experiencias territoriales de conflictividad con los esfuerzos organizativos de prevención y transformación de conflictos para explorar las alternativas gestadas a nivel local. También es fundamental aprovechar la oportunidad, mediante un estudio cualitativo exhaustivo, de reconstruir los escenarios de violencia. Ello permitirá comprender de manera más precisa las dinámicas de violencia y el proceso de escalada de los conflictos.
Por último, es imperativo tener en cuenta los conflictos pasados y las experiencias previas en los territorios para comprender las dinámicas y la evolución de las conflictividades actuales. Este enfoque histórico proporcionará una perspectiva más completa y contextualizada que enriquecerá la comprensión de los desafíos presentes en estas comunidades.
