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En este trabajo reflexionamos sobre el territorio costero de Rosario, el segundo puerto de la República Argentina y que históricamente fue ocupada por comunidades discontinuas de pescadores artesanales. La pesca convivió en armonía con las infraestructuras portuarias, sin embargo, a partir de la década de 1990, con el traslado del puerto al sur de la ciudad y la reformulación del frente fluvial (Destor, et al., 2010) mediante una nueva interface de espacios públicos (Roldán, Pascual y Vera, 2015), el territorio socio pesquero quedó sensiblemente reducido y comenzaron a producirse procesos de desplazamiento.
INTRODUCCIÓN
Poco antes de mayo del 68, el filósofo Henri Lefebvre (1971) publicó El derecho a la ciudad. Desde esa primera formulación hasta sus actuales derivas y apropiaciones ha transcurrido medio siglo. La desarticulación del socialismo real, la financiarización del capitalismo, el desmantela-miento delos Estados de Bienestar, la descentralización política y la gubernamentalidad neoliberal han metamorfoseado el mundo que Lefebvre (1997) calificara como una sociedad burocrática de consumo dirigido.
El derecho a la ciudad fue un trabajo breve y urgente y la primera de un conjunto de cuatro obras que Lefebvre ensayaba para expandir la reflexión del marxismo sobre el espacio (Schmid, 2005). En esta serie de trabajos, el filósofo observó que el espacio que producía el avance planetario del capitalismo postindustrial era homogéneo, fragmentado y jerárquico, la superficie ideal para disminuir la fricción de las circulaciones capitalistas. En ese contexto, el derecho a la ciudad podía frenar el avance de la urbanización del capital. Lefebvre lo caracterizaba como el derecho al uso, apropiación, intercambio y producción por parte de sus habitantes. Así, el derecho a la ciudad se oponía al diktat (imperativo) del capital, el cual ensaya convertir todo espacio en una mercancía.
Actualmente, tres corrientes evocan esa idea. La primera nuclea un conjunto de académicos y activistas que continúan en la línea de reflexión lefebvriana y que actualizan la potencia teórico política del derecho a la ciudad (Garnier, 2014). Allí, sobresale la traducción y recombinación anglosajona de los escritos de Lefebvre, con los problemas de la justicia socioespacial (Mitchell, 2003; Soja, 2014). La segunda es un ensamblaje heterogéneo de movimientos sociales de alcance global y especificaciones locales que han hecho del espacio y el territorio el núcleo de su experiencia de lucha y reflexión política (Mayer, 2012). Finalmente, debe subrayarse que diversos poderes políticos y asociaciones incorporan el derecho a la ciudad a instancias normativas y desiderativas. En manos de algunas ONG y organismos multinacionales, el derecho a la ciudad se convierte en un eslogan sin contenido y un significante vacío. Sin embargo, esta cualidad de significante vacío también establece una potencia para la producción de un sentido colectivo (Benitez, 2018).
David Harvey (2012) inscribió el derecho a la ciudad no tanto en el plano jurídico normativo del acceso a la vivienda, como en el horizonte de la producción de una ciudad acorde con el deseo de sus habitantes. Ese desplazamiento señalaba que el derecho a la ciudad se ejerce en el presente, pero para la construcción del futuro. En dicho marco, Harvey desestructura la dicotomía posible-imposible y reinscribe lo posible en el campo de lo probable, manteniendo una dimensión utópica e imaginaria.
Peter Marcuse (2012) afirmó que en el derecho a la ciudad se intersectan dos tipos de demandas: las urgentes, que son impulsadas por los desposeídos y las aspiracionales, que son promovidas por los disconformes. En el Sur Global este tipo de agendas se intersectan y yuxtaponen en un conjunto heterogéneo de movimientos sociales y peticiones políticas (Pírez y Cosacov, 2016). En esas áreas del planeta, la acumulación por desposesión se ha acelerado e incrementado, provocando simultáneamente un avance y un retroceso de derechos, tanto civiles como sociales, económicos, políticos. Algunas áreas de las ciudades se han transformado en comunidades cerradas, donde los ricos y los pobres se ubican en zonas cada vez más desiguales (de Virgilio y Perelman, 2019). El acceso a las infraestructuras se ha vuelto crecientemente diferencial, mientras prospera la construcción de nuevos espacios públicos que rentabilizan áreas abandonadas y se reconoce selectivamente la vulnerabilidad de las poblaciones.
En este trabajo reflexionamos sobre el territorio costero de Rosario, el segundo puerto de la República Argentina y que históricamente fue ocupada por comunidades discontinuas de pescadores artesanales. La pesca convivió en armonía con las infraestructuras portuarias, sin embargo, a partir de la década de 1990, con el traslado del puerto al sur de la ciudad y la reformulación del frente fluvial (Destor, et al., 2010) mediante una nueva interface de espacios públicos (Roldán, Pascual y Vera, 2015), el territorio sociopesquero quedó sensiblemente reducido y comenzaron a producirse procesos de desplazamiento.
La pesca artesanal supone recursos de gestión comunitaria (Ferrero, 2012). Los pescadores desarrollan sus labores en una escala acotada, cuentan con las herramientas indispensables (canoa, motor, redes, entre otros), su trabajo se desenvuelve en unidades domésticas y su mayor capital son los conocimientos ecológicos y territoriales. Durante décadas, la barranca de la ciudad y las islas configuraron una parte relevante del territorio socio pesquero de Rosario: espacio de trabajo, lugar de habitación y construcción de relaciones sociales, económicas y culturales. Pero, entre 2005 y 2007, varios pescadores fueron desplazados por las autoridades locales. La conflictividad de los desalojos se inscribió en proyectos vinculados a la producción de espacios públicos y las lógicas históricas de uso productivo-comunitario del territorio sociopesquero.
Para pensar estos procesos de disputa territorial y de relocalización de los pescadores empleamos, fundamentalmente, dos conceptos. El primero, la acumulación por desposesión como la forma primordial con la que el capitalismo intensifica sus lógicas de destrucción creativa en espacios marginales, que son revalorizados de manera intensiva por el mercado inmobiliario a partir de la disposición de nuevos usos del suelo, operaciones de recualificación y grandes proyectos urbanos (Harvey, 2009). El segundo, el proceso de desterritorialización que afecta el derecho a la ciudad, en tanto restringe el acceso a la costa de las comunidades tradicionales de pescadores artesanales. La desterritorialización posee una doble dimensión. Por una parte, es físico material y se enlaza con los usos de lo que Lefebvre (2013) llamó el espacio percibido y, por otra, es subjetivo simbólica y está asociada a los modos de vida y articulaciones culturales (el espacio vivido según Lefebvre), que atribuyen sentido a la existencia de una comunidad en un territorio.
En el caso bajo estudio, estas dos perspectivas se intersectan y complementan con otras tres nociones: el derecho a la ciudad, el espacio público y el riesgo ambiental. Los pescadores artesanales son objeto de una acumulación por desposesión legitimada a través de las figuras y los imaginarios de un espacio público homologado al derecho a la ciudad (concepto que completa la tríada), en tanto mantra ideológico político de las gestiones locales (Delgado, 2000; Roldán, Pascual y Vera, 2015). Por otro, son sujetos definidos por el gobierno local a partir de una vulnerabilidad múltiple que es dominada por las situaciones de riesgo socioambiental que genera las condiciones simbólico técnicas para la deslocalización (Ascelard, 2015; Merlinsky, 2013; Carman, 2019). Son sujetos desterritoria-lizados que, además de enfrentar las relocalizaciones como dificultades para reproducir sus condiciones materiales de existencia, necesitan sobreponerse a la destrucción de las formas simbólicas con las que otorgan sentido a su vida comunitaria, con correlación a la apropiación espacial específica e insustituible del área ribereña.
Para reflexionar sobre la recualificación urbana y sus efectos hemos recurrido a un trabajo de reconstrucción histórica a partir de documentación periodística y oficial. Asimismo, hemos trabajado etnográficamente con los pescadores mediante observaciones participativas y entrevistas en profundidad. Especialmente, nos hemos enfocado en los momentos en los que la construcción del espacio público y el territorio de los pescadores artesanales se vuelven lugares disputados (Haesbaert, 2010). En esas relaciones cobran centralidad las definiciones de inestabilidad territorial e inseguridad ambiental brindadas por las entidades públicas y las intervenciones políticas y económicas de relocalización de las comunidades pesqueras.
Los pescadores en la costa central
Los pescadores se refieren al río como algo profundamente enraizado a su existencia, como el centro de su identidad. Su territorialidad es múltiple, una parte está en la costa, en su vivienda donde guardan la canoa y las redes, y la otra se encuentra en el agua, en las "canchas" donde lanzan y recogen sus mallas. A diferencia de los habitantes de la ciudad, los pescadores desarrollan una simbiosis con el río. Algunos afirman que su existencia completa consiste en salir a él, donde hallan libertad e independencia. Ellos prefieren una jornada de mala pesca a que un empleador les fije horarios o les baje el salario. Se conciben a sí mismos como individuos aislados, sin embargo, el oficio siempre se aprende de un pescador más experimentado. El trabajo de preparación y tejido de redes, en general, se desarrolla en el ámbito doméstico y con la familia. Acaso, sobre la embarcación la faena puede parecer más solitaria, pero también existe la compañía de algún ayudante. En el lugar de amarrado de las canoas y descarga del pescado, se genera el mayor intercambio comunitario y económico. Allí, se delimitan los turnos de los lances y de la venta del pescado. Aparentemente el territorio primordial de los pescadores es el río, pero también las orillas, los lugares de desembarco y residencia juegan un rol cardinal en la producción de sus labores e identidades. Los pescadores aseguran que su presencia en la ribera es muy antigua, relato que procura afianzar sus derechos a ocupar y apropiarse del territorio costero.
A la luz de los últimos años, los pescadores se conciben a sí mismos como uno de los sujetos desplazados en el contexto de producción de nueva ribera urbanizada. Los usos recreativos del río, configurados alrededor de una variedad de deportes náuticos, la pesca deportiva, las embarcaciones particulares y las residencias de fin de semana reducen el territorio de navegación y los puntos de amarrado de los pescadores artesanales. La mayoría de los clubes los rechazan, los cuales, se han convertido en círculos para la pesca deportiva y privilegian los usos recreativos y rentables del río. No existen guarderías para pescadores o, sus costos, son inaccesibles (Ramiro, pescador artesanal. Entrevista 7/6/2016).
Tampoco existe una buena predisposición para que los pescadores formen parte de los clubes. La manera en que trabajan los primeros contrasta con los estilos de vida que promueven los segundos. El trabajo mismo es un componente que interrumpe el tiempo libre de los socios, pues muchos concurren a los clubes buscando descanso, relajación y un paisaje armonioso. Denis Cosgrove (1985) afirmó que un paisaje solo puede ser considerado como objeto de contemplación estética si primero ha quedado libre del trabajo. Además, los pescadores artesanales no son cualquier tipo de trabajador, su oficio no ha atravesado por completo los rigores del capitalismo industrial. Su tiempo de trabajo está determinado por los marcos culturales dentro de los que definen el momento de salida y regreso, los turnos para los lances, entre otros. En este sentido, puede pensárselos como artesanos o campesinos que aún consiguen evadirse del tiempo de trabajo disciplinario. Su vida cotidiana, hasta cierto punto, puede sustraerse de las urgencias de los ritmos del capital.
El doble proceso de acumulación por desposesión y de desarticulación de los derechos de los pescadores a ocupar la ribera comporta dos fases: la primera, se centra en la pérdida de los lugares de amarrado, bajada y venta de pescado y, la segunda, avanza y restringe las áreas de residencia. Esta lógica de producción del espacio parece intensificarse con la recualificación de la antigua costa ferroportuaria. Anteriormente, el territorio sociopesquero de pequeña escala y el mundo del puerto de gran escala parecen haber convivido sin grandes conflictos ni desajustes, posiblemente, esta diferencia de escalas de emplazamiento y uso permitieron esa coexistencia casi complementaria. La recualificación de la costa cambió el contraste de escalas y el régimen de prácticas. El proceso de remodelación se desarrolló a través de tres fases sucesivas, aunque discontinuas. La primera fue iniciada con el Parque de España en 1992, prosiguió más tímidamente con el Parque Scalabrini Ortiz en 1996 y recobró vigor con la producción de la última fase desarrollada del Museo de Arte Contemporáneo Rosario (MACRO) a la zona residencial de Puerto Norte a partir de 2005. Cada vez más, esa recualificación se inclinó hacia la producción de una ribera con capacidades para generar plusvalías paisajísticas, inmobiliarias y recreativas. La patrimonialización de la ciudad ferro-portuaria limita las condiciones de posibilidad de radicación de los pescadores en la costa central y la restricción del acceso a ella les reduce las posibilidades de reproducción simbólica y material a largo plazo. La narrativa hegemónica de la planificación urbana acerca de la recuperación de la costa plantea un profundo disenso con la narrativa alternativa construida por los pescadores alrededor de una pérdida sostenida del territorio. A continuación, indagaremos algunos de esos contrapuntos en la percepción de las transformaciones urbanas.
El espacio público: riesgo, vulnerabilidad y desterritorialización
El número de viviendas de pescadores se redujo drásticamente en 2007: de dieciocho quedaron solo cuatro. El proceso de erradicación tuvo dos episodios claves, en 2005 y 2007, vinculados a la construcción del riesgo y la vulnerabilidad socioambiental de la comunidad pesquera. Pero también con la redefinición de la costa como el área para la construcción de centros culturales para exhibiciones globales, como el MACRO y espacios residenciales de alta gama, como Puerto Norte.
Con la inauguración del MACRO en noviembre de 2005, se materializó una nueva modalidad de apropiación de la costa. Utilizando como base los cilindros y la torre de los silos Davis, construidos en 1930, el Museo aprovechaba una estructura patrimonial portuaria para dar vida una espacialidad de exhibición museográfica, cuya mayor innovación radica en la disposición vertical. La estructura dialoga con el entorno ferroportuario del que ha sido extraída para insertarse en un nuevo contexto cultural y artístico. A pesar de su carácter público, el MACRO y su bar procuran formar parte de ese conjunto de dispositivos de exposición que establecen ensambles entre la vanguardia, el arte conceptual y el minimalismo. El Museo configura estrategias arquitectónicas que privilegian los flujos del mercado de arte contemporáneo, tendientes a la globalización de sus productos y productores y, por consiguiente, a la desterritorialización de sus espacios de exhibición. Así, el MACRO resulta una estructura que contrasta con la precariedad de las viviendas de los pescadores que se emplazan a menos de cincuenta metros.
La inauguración del MACRO y la construcción de Puerto Norte alteraron el espacio circundante a las viviendas de los pescadores artesanales. Si antes habían sido casi invisibles para la ciudad, la producción de espacios públicos y la ocupación de los terrenos aledaños por agentes con mayores capitales sociales y culturales les dieron una posición problemática.
Nota: 1. Rancho de pescadores visto desde la barranca. 2. Rancho de pescadores visto desde el río Paraná. 3. y 4. Museo de Arte Contemporáneo (MACRO) desde la costa y desde el río. 5. Parque de España visto desde el río. 6. Club de Pescadores bajada España. Fotografías de los autores.
Figura 2 Fotos de la costa de Rosario
Una nueva valoración sobre la visibilidad de los pescadores comenzó a delinearse en un artículo periodístico intitulado "Viven colgados de la barranca, con techos de chapa y la vista más cara de Rosario". En el apartado anterior, recogimos el testimonio de los pescadores sobre los clubes deportivos que cada vez son más renuentes a aceptar su presencia. Algo similar comienza a ocurrir en la costa recualificada.
Desde sus casas con techos de chapa gozan de la misma vista al río que los dueños de muchos departamentos de la zona tasados en miles de dólares el metro cuadrado [...] como nadie ven el puente Rosario Victoria y los espectáculos de fuegos artificiales [...] que el resto de los rosarinos descubre ahora que se hermoseó la costa (Vilche, 2005).
El artículo no presuponía un derecho igualitario a la panorámica del paisaje tanto para el habitante de las nuevas torres countries como para los pescadores artesanales. Especialmente, cuando entre el costo de esos departamentos y esas viviendas existían abismos. Sin embargo, la vista era una excusa, los pescadores no tenían un lugar asegurado en la nueva costa de Rosario.
El artículo evidencia una concepción restringida del río: su función primordial sería la vista ornamentada por infraestructuras de conectividad como el puente Rosario-Victoria. Desde el punto de vista del mercado inmobiliario, asumido por los articulistas como propio, todo su valor se resumiría en dos palabras: entorno paisajístico. En el caso de los pescadores artesanales, ese valor es más bien secundario, para ellos el río es una fuente de trabajo, un recurso socioambiental y un territorio cultural. Observamos aquí cómo el derecho a estas nuevas centralidades, en los términos de Lefebvre (1971), es borrado en pos de los espacios homogéneos, fragmentados y jerárquicos que privilegian la urbanización capitalista.
Mientras la costa permaneció cerrada a la ciudad y dominada por la interfaz ferroportuaria, la presencia de los pescadores resultaba imperceptible y poco conflictiva. En la medida en que la recualificación inició su camino, no solo cambió el régimen de visibilidad, sino que la presencia de los pescadores se convirtió en un hecho indeseable. Al ubicarse en el borde inferior de la barranca, casi sobre las aguas, las viviendas son invisibles para los que las observan desde los nuevos espacios públicos.
Los puntos ciegos de la mirada cenital del Estado y sus dificultades para lidiar con informaciones no homogéneas, no unívocas y no sinópticas han sido abordados por James Scott (1998) en una obra clásica de la antropología política. Habitualmente se tiende a pensar que la visibilidad de los sujetos subalternos permite el desarrollo de políticas públicas para mejorar su calidad de vida, su situación socioeconómica y sus derechos ciudadanos. Pero esto no siempre opera de forma unívoca. Las definiciones de vulnerabilidad y riesgo pueden ser empleadas, también, para establecer estrategias de asistencia humanitaria capaces de incluir procesos de desterritorialización y desposesión.
La invisibilidad de los pescadores artesanales frente al municipio comenzó a revertirse al revelarse los desperfectos del asegurado de la barranca. El acceso a parte de la costanera fue restringido a mediados de 2005, debido al hundimiento de una porción de la estructura baja del Parque de España. Las autoridades municipales firmaron un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para efectuar una evaluación de la resistencia de los muelles, el estado de los pilotes, su hormigoneado, el avance de la erosión por el incremento del tráfico fluvial y las cargas adicionales generadas por los nuevos usos de la costa. Hubo una serie de visitas oculares a bordo de embarcaciones. El municipio comenzó a observar la costa desde el río y allí aparecieron los ranchos de los pescadores.
El concepto de vulnerabilidad estableció una nueva perspectiva sobre las comunidades pesqueras. El riesgo se definió de manera múltiple. Sobre los pescadores pesaba una vulnerabilidad socioeconómica, porque los habitantes de la barranca contaban con bajísimos ingresos; sanitaria, debido a que los servicios básicos en la zona no estaban regularizados: y territorio ambiental, ya que los residentes estaban expuestos a los efectos de las crecientes, la erosión y, en definitiva, a los potenciales desmoronamientos de la barranca. Poco después de haberse certificado esta situación, se cursó una orden de desalojo que comprometió la residencia de varias familias que vivían del río (Ameriso, 2005).
Como consecuencia de este avance, los pescadores acamparon en el predio de los nuevos espacios públicos. No se opusieron tajantemente a ser trasladados, en cambio, reclamaron que su relocalización tuviera como condición irrenunciable la proximidad a la costa. Argumentaron que el río era la fuente de su subsistencia y cultura material. El municipio insistió en la erradicación, porque la zona no era apta para la construcción de viviendas adecuadas. Además, edificar viviendas aseguradas contra las crecientes y la erosión hidráulica implicaba costos elevados. Del asunto tomó parte el Servicio Público de la Vivienda (SPV) que, desconociendo las peculiaridades de las comunidades pesqueras, acordó con algunas familias subsidios eventuales y el cese del acampe. El dinero desembolsado por el SPV astilló el incipiente movimiento de resistencia. Según nuestros informantes, las sumas eran suficientes para tentar a una familia con bajos recursos, pero no alcanzaban para comprar una vivienda digna. "Te daban guita como para que te compraras una casilla en alguna villita" (Ramiro, pescador artesanal. Entrevista 7/6/2016). El acampe se extendió por casi sesenta días, pero la monetización del conflicto por parte del SPV y la aceptación del dinero por algunas familias sentenciaron la resistencia. Gran parte de los habitantes se fueron para no regresar (La Capital, 2005). Los lazos sociales y territoriales de la comunidad organizada por la residencia y fortalecida por el conflicto se debilitaron. Sin embargo, pronto, la visibilidad de los pescadores disminuyó y la barranca volvió a poblarse.
Dos años después del acampe, en el otoño de 2007, una vivienda enclavada en la barranca central se desplomó, cayó a las aguas del río y dos de sus ocupantes fallecieron. El acontecimiento fue interpretado a partir de la localización y la construcción improvisada de las viviendas y la situación de vulnerabilidad múltiple de los habitantes. En la argumentación del municipio, las condiciones económicas habrían hecho que esas personas decidieran vivir en un lugar en el que arriesgaban sus propias vidas. La Policía Provincial y los Bomberos Zapadores se apersonaron de la zona para desalojar la parte baja de la barranca. El hallazgo de un hombre con VIH que vivía en una de las casillas y no recibía tratamiento constituyó el argumento central para que la justicia expidiera los desahucios. Partiendo del diagnóstico de la vulnerabilidad económica, el riesgo sanitario y territorial, no fue posible discutir la definición que el municipio brindó de la situación. Como forma de protesta, los pescadores montaron nuevos campamentos y ensayaron algunas manifestaciones. Como consecuencia de estos hechos, se crearon otros ámbitos para la negociación entre los habitantes y los funcionarios. El SPV no intervino con las mismas herramientas que en el año 2005 y los pescadores tomaron consciencia de que aceptar los subsidios, lejos de solucionar la problemática, la agudizaba. Sin embargo, de un conjunto de dieciocho viviendas, solo cuatro volvieron a ser habilitadas. El resto fue demolido para evitar eventuales reocupaciones con riesgo de desmoronamiento (La Capital, 2007).
En el momento de los desalojos, la costa central contaba con quince años de recuperación. En ese proceso, pueden establecerse diferentes fases proyectuales, inversiones discontinuas y formulaciones urbanísticas de sentido diverso. En dicho marco, los terrenos de la costa quedaron preparados de forma desigual para acoger el proceso de recualificación. Para Ramiro, la mala conservación de la barranca depende de condiciones estructurales, su argumento no se enfoca en la responsabilidad de los sujetos que habitaban las casillas desmoronadas, sino en la falta de acciones por parte del gobierno en materia de infraestructura.
Acá nadie hace nada desde la época de los ferrocarriles. La barranca quedó en el olvido. Al formarse las plazas de arriba, los desagües se taparon, la lluvia se abrió paso como pudo. Andan un montón cargueros por la hidrovía, las olas que hacen castigan la barranca como latigazos. También llueve cada vez más fuerte y los desagotes son malos. Así, se erosiona la parte alta de la barranca y los barcos le dan a la parte de abajo. De a poco se va cayendo todo... no es culpa nuestra, es más bien culpa de los que no hicieron nada para que la casita y esa gente no se fueran al agua (Ramiro, pescador artesanal. Entrevista 7/6/2016).
Como todo fenómeno ambiental complejo y que compromete territorios hidrosociales con dinámicas múltiples y en proceso de reescalamiento (Salamanca Villamizar y Astudillo Pizarro, 2017), el desgaste de la costa no es un acontecimiento impulsado por una sola causa. El testimonio de los pescadores y sus argumentos críticos hacen eco de esa complejidad. La puesta en funcionamiento de la hidrovía, la creciente navegación de grandes cargueros y la formación de los espacios públicos convergieron en la sobrecarga de las estructuras de soporte y el desgaste del área de costas. Por añadidura, la recualificación de los silos Davis, la construcción del bar y la demolición de una estructura similar en dos etapas generaron movimientos adicionales en suelos ya golpeados por fuerzas erosivas.
Nuestros informantes todavía habitan en la zona, pero su situación no es generalizable. Las condiciones de posibilidad de esa persistencia radican en los estrechos lazos que establecieron con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Las abogadas de esa ONG fueron las asesoras de los pescadores frente a las exhortaciones de la justicia para que desalojaran la barranca. Mientras tanto, otros grupos fueron erradicados y sus casillas desmanteladas y, a cambio, la mayor parte de los afectados recibieron indemnizaciones monetarias. Quienes permanecen en el área afirman que los terrenos se volvieron más inhóspitos y menos amables. Las relaciones sociales y políticas de nuestros informantes, aliados con la APDH, permitieron su permanencia en la barranca. Sin embargo, saben que forman parte de una excepción.
La lucha se ganó, pero hasta ahí. Tenemos este lugar, pero mis pibes crecieron acá y no va haber más pibes que crezcan en esta parte del río, que vayan a pescar de chiquitos en las canoas. Esto que ves es todo lo que nos va quedando. Falta poco tiempo para que vuelvan a corrernos, ya sabemos que no nos quieren acá, cómo nos van a querer acá con esas torres inmensas de fondo, nosotros les molestamos (Ramiro, pescador artesanal. Entrevista 7/6/2016).
La historia de la relación de los pescadores con la costa retoma el mismo hilo argumental marcado por la pérdida. Esa desposesión, en parte, obedece a las energías y rentabilidades que organizan la recualificación de la ribera y la enlazan con escalas globales y espacios de flujo como los frentes costeros escenográficos (Roldán, Pascual y Vera, 2015) y las grandes infraestructuras fluviales (Rausch, 2018; Ocantos, 2018). Pero esta reconfiguración no hubiera sido posible, al menos no de ese modo, a no ser por la ausencia de una estructuración asociativa y política capaz de representar los intereses de los pescadores artesanales y proteger su territorio. La pérdida del territorio a la que son expuestas las comunidades pesqueras comporta, además, una expropiación de sus subjetividades, ya que se trata de comunidades que existen en sinergia profunda con sus territorios. El proceso de desterritorialización consume el espacio y debilita ciertas formaciones logístico productivas (puertos y ferrocarriles), pero, además, en las zonas más bajas del espacio social, produce una dislocación entre las experiencias y las prácticas colectivas de las comunidades pesqueras. Los pescadores afirman que las formas de vida que dotaron de sentido a la ribera y fueron dotadas de sentido por ella están próximas a desaparecer. Como lo subrayó uno de nuestros informantes: "yo tengo miedo que sea un, como diríamos... una desaparición del oficio. Que el pescador vaya desapareciendo y que solo se pesque de manera industrial". Aquí, el derecho a la costa, el acceso a la ribera, no es solo un derecho a la apropiación de un espacio específico, sino es un derecho a la existencia de una forma de vida y organización de lo cotidiano específicas.
Conclusiones
Los pescadores aluden a la fase portuaria de la ciudad como un mundo complementario con el de la pesca, porque, al parecer, entre ambos tan solo hubo algunas fricciones menores. Esta relación se invirtió en la medida en que Rosario comenzó a desarrollar nuevos perfiles postferroportuarios que implicaron la recualificación de los espacios destinados al almacenamiento de productos movilizados a través de esos medios de transporte. A partir de los déficits constructivos de algunas de estas nuevas infraestructuras, las comunidades de pescadores artesanales de la barranca central se tornaron visibles para el municipio. Esa observación los cuadriculó a partir de una grilla de vulnerabilidades múltiples y al territorio de la barranca como un área habitacionalmente inhóspita e insegura. Las intervenciones territoriales del municipio inscribieron a los pescadores como parte de esas grandes infraestructuras y actividades residuales (ferrocarriles y puertos) y de unas formas de hábitat informal (asentamientos irregulares). Las protestas y los argumentos de los pescadores fueron apenas atendidos en su especificidad durante los desalojos de 2005. El derecho de acceso a la ribera central apenas fue interpretado por las autoridades. Dos años más tarde, el municipio debió negociar la relocalización con mayor cuidado, debido a la interposición de un recurso de amparo de los pescadores que auspició la APDH, sin embargo, el proceso de desalojo y demolición afectó a la mayor parte de la comunidad. En el caso de los asentamientos ribereños, el traslado resulta doblemente traumático. Al desarraigo inscrito en la lógica de todo proceso de relocalización más o menos forzada, se añade la pérdida del sustento material y la articulación simbólica que el río aporta a las comunidades pesqueras. Así, al trance del desalojo debe agregarse aquel motivado por una amputación específica del medio laboral, vital y cultural.
En Rosario, este tipo de dificultades se han incrementado a partir de los procesos de urbanización, recreativización y valorización inmobiliaria de la ribera. Una serie de fuerzas impacta sobre los usos de la costa: la formación de ramblas de espacios públicos, el mayor desarrollo de la pesca deportiva, el auge de los deportes náuticos, la proliferación de embarcaciones, la ocupación y territorialización de los espacios ribereños por parte de los clubes y la creciente privatización y uso recreativo del área de islas. La intensificación de estos nuevos usos y usuarios del río y sus costas han tenido un efecto en la regulación tradicional y consuetudinaria de la pesca artesanal. El derecho de acceso a las costas en el área central, como el uso común y diversificado del espacio, ha tendido a una reconfiguración relativamente homogénea basada en la instalación de un espacio público. Se trata de un nuevo espacio público polifuncional que se relaciona mejor con la grilla urbana que con el territorio sociopesquero (Roldán y Arelovich, 2020)
La vida de los pescadores está caracterizada por un mayor individualismo que la de otro tipo de trabajadores, sus vínculos parentales y domésticos, a veces, resultan más fuertes que los establecidos con los colegas de oficio. Ellos mismos afirman ser desconfiados. Sin embargo, los vínculos con el territorio y el río resultan muy estrechos. La formulación de su identidad comunal emerge a través del conflicto, desde la diferencia los pescadores se posicionan críticamente con respecto a los poderes políticos y sus planes de ordenamiento territorial. En parte, la asociación civil El Espinillo, que nucleó a varios pescadores de la zona durante algunos años, comenzó a imaginarse a raíz de los desalojos de la costa central. Actualmente, las luchas de los pescadores por mantener el territorio, poder ejercer su oficio y sostener sus tradiciones culturales evidencian un declive paulatino frente a la diversidad de usos de la costa. Las territorializaciones y las prácticas productivas de estos sujetos, a través de sus entramados socioculturales, colocan en tensión las formas comunitarias de producción y apropiación del territorio con las modalidades de recualificación de la costa como un espacio público cultural y recreativo. El derecho a la costa central debería contemplar la construcción de un espacio heterogéneo, integrado e igualitario capaz de incluir tanto el mundo recreativo de una urbanización postportuaria como las actividades productivas y de comercialización tradicionales y de pequeña escala.
En síntesis, el objetivo de este trabajo ha sido mostrar cómo la representación y la materialidad del espacio público pueden funcionar en la lógica de los procesos de acumulación por desposesión y desterritorialización. Aun cuando muchos documentos derivados de la planificación estratégica tienden a asimilar al espacio público con el derecho a la ciudad, en el caso bajo análisis observamos cómo este también es capaz de enmascarar estrategias indirectas de valorización del suelo, tanto a través de la producción de paisajes como de la animación de espacios previamente marginales, al igual que de promover la deslocalización de comunidades asentadas en un conjunto de territorios que, con frecuencia, son definidos unilateralmente como vacíos urbanos (Marcús y Vázquez 2017).
De igual forma, el trabajo con los pescadores artesanales nos permitió constatar cómo ciertos discursos y definiciones alrededor de la situación de vulnerabilidad y precariedad múltiples que afectan a algunas fracciones de los sectores populares no solo producen condiciones para la estructuración de políticas sociales, sino que fundamentan estrategias de deslocalización y desterritorialización de esas comunidades. Ambos hallazgos han sido posibles gracias a la metodología etnográfica del estudio, basada en el trabajo de campo y las entrevistas en profundidad y a la reducción de la escala de análisis a través de la que hemos conseguido analizar las especificidades de un proceso de disputa territorial acotado, pero que pone entre paréntesis la validez de algunas definiciones generales: aquellas que asimilan de forma automática al espacio público con el derecho a la ciudad y las que proponen a la definición de condiciones de vulnerabilidad y visibilidad de los sectores populares como el punto de partida para el diseño de políticas sociales.
