Debates sobre violencia, violación sexual y cuerpo

Reconociendo la dificultad de definir conceptualmente la violencia (Ferrándiz y Feixa, 2004; Blair, 2009;), resulta útil recordar las palabras de Jacques Sémelin al referirse a la inflación del concepto y a la inexistencia de una teoría capaz de explicar todas las formas de violencia: “a quien habla de violencia hay que preguntarle siempre qué entiende por ella” (Sémelin, 1983, p. 17, citado en Blair, 2009, p. 10). Mi discusión y aproximación a la violación sexual se inscribe en la prolífica producción teórica sobre violencia que se ha desarrollado en el campo de la antropología en las últimas décadas (^{Feldman, 1991}; ^{Das, 1995}; ^{Malkki, 1995}; ^{Nordstrom y Robben, 1995}; Das y Kleinman, 2000; ^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}; Blair, 2005; Riaño, 2006).

Frente a las teorías teleológicas, esencialistas, instrumentales y funcionales con las cuales la antropología y otras ciencias sociales se han aproximado al tema de la violencia, varios trabajos, iluminados por el interaccionismo simbólico y la antropología constructivista, proponen un abordaje que privilegia su construcción social y cultural, mientras revelan su carácter relacional, intersubjetivo y expresivo (^{Feldman, 1991}; ^{Das, 1995}; ^{Malkki, 1995}; ^{Nordstrom y Robben, 1995}; Das y Kleinman, 2000; ^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}). El énfasis en la experiencia de la gente que vive en medio de múltiples violencias subraya no solo su carácter destructivo sino también la agencia de los sujetos en el proceso de definición de los sentidos que les asignan a las violencias en sus vidas y su papel en la reconstrucción de las relaciones sociales (Feldman, 1991; Das, 1995; Riaño, 2006).

Varios de los estudios que han desarrollado teorizaciones sobre la violencia en contextos de conflicto armado coinciden en la importancia de entender las formas de “violencia en tiempos de paz” y de “violencia en tiempos de guerra”. Unos pocos han articulado a sus análisis los difusos y problemáticos límites de esta clasificación analítica llamando la atención en que introduce una noción de temporalidad que, a simple vista, parece situar ambas violencias en un plano aislado, fragmentado y discontinuo. Encuentro problemático y me distancio del uso del sistema de clasificación “violencia en tiempos de paz” y “violencia en tiempos de guerra”, porque en un país como Colombia esta resulta inadecuada, no solo por la continuidad del conflicto armado que ha caracterizado su historia contemporánea, sino porque los otros tipos de violencia que tienen lugar en el país están situados en y signados por dicho conflicto armado y viceversa, aun cuando los autores de dichas violencias no sean actores armados. También por este motivo me abstengo de usar la expresión “violencia sexual en el marco del conflicto armado”, pues su acepción hegemónica remite únicamente a la práctica de los actores armados. Propongo, en contraste, recuperar la expresión continuum de violencias, acuñada por la feminista Liz ^{Kelly (1988}). Este concepto señala las distinciones borrosas entre “violencia en tiempos de guerra” y “violencia en tiempos de paz”, resaltando de manera contundente los vínculos entre ambas y la manera como se producen, reproducen y refuerzan mutuamente (^{Cockburn, 2004}; ^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}).

Teniendo en cuenta que todas las formas de violencia están atravesadas por el género -entendido como elemento primario de las relaciones sociales y elemento constitutivo de las relaciones significantes de poder (^{Scott, 1990})-, atiendo a una forma extrema de violencia que está explícitamente basada en el género: la violación sexual (^{Day, 1994}; ^{Winkler, 1995}; ^{Segato, 2003}; ^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}). En tensión constante con el enfoque que entiende la violación como un impulso sexual natural usado como estrategia de adaptación-reproducción (^{Palmer, 1989}a, 1989b), las ciencias sociales proponen que esta es social y cultural. Para ello, se han inspirado en nuevos paradigmas de la investigación social promovidos por la lucha a favor de los derechos civiles y políticos en diferentes partes del mundo, por la emergencia de los movimientos de liberación nacional en Asia y África y por las reivindicaciones adelantadas por los feminismos durante las décadas del sesenta y del setenta.

Los primeros estudios feministas redefinieron la violación sexual como un acto de violencia: una forma de poder, dominación, opresión y control social; como una expresión de la dominación masculina anclada en el patriarcado y no solo como un acto motivado sexualmente (Millet, 1969/1995; ^{Griffin, 1971}; Brownmiller, 1975/1981). A partir de la objeción hacia la separación de la sexualidad y el poder, otros análisis feministas han insistido en la importancia de entender la relación entre la sexualidad y la violencia, ampliando así su comprensión (Dworkin, 1987/2007; ^{MacKinnon, 1989}). La mayoría de las teóricas estadounidenses del feminismo de la segunda ola hablaron de la “cultura de la violación” en los Estados Unidos, escribieron manuales educativos informando sobre la prevalencia de la violación, así como sobre las causas, consecuencias y formas de prevención (^{Connell y Wilson, 1974}). También definieron la violación sexual como un crimen, promoviendo importantes transformaciones en el campo jurídico (Brownmiller, 1975/1981; MacKinnon, 1989), pero limitaron su abordaje al marco del derecho; y hablaron sobre la política de la violación, situándola como producto de la sociedad patriarcal, alejándose de la comprensión de esta como un acto desviado y patológico (Russell, 1975/1984). Al situar el poder en el centro del análisis, las teóricas feministas abrieron importantes caminos para comprender las relaciones de poder que estructuran la familia, la sexualidad y el cuerpo, así como para analizar y entender las diversas y desiguales posiciones que ocupan los sujetos en los órdenes sociales.

Durante las décadas del setenta y del ochenta, el debate sobre las diferencias entre las mujeres ocupó un lugar fundamental en el feminismo que, finalmente, devino en feminismos. Los cuestionamientos de las otras, es decir, de mujeres que reivindicaban el reconocimiento de sus experiencias históricas y culturales particulares frente al sujeto mujer del universalismo feminista hegemó- nico blanco, no se hicieron esperar. Al denunciar la complicidad del feminismo abanderado por las mujeres blancas, occidentales, universitarias y de clase media con otras ideologías racistas, clasistas, sexistas y heteronormativas, los llamados “feminismos de color” (bell hooks, Patricia Hill Collins, Angela Davis, entre otras representantes del Black Feminism), “feminismos del Tercer Mundo” (Chandra Mohanty, Gloria Anzaldúa, entre otras), y “feminismos decoloniales” (María Lugones, Breny Mendoza, Yuderkys Espinosa, Julieta Paredes, Silvia Rivera-Cusicanqui, Ochy Curiel, Rita Segato y Rosalva Aida Hernández, entre otras) apuntaron a visibilizar las maneras diferenciales en las que operaban (y lo siguen haciendo) las distintas formas de opresión de las que son objeto las mujeres, cuestionaron el régimen heterosexual y mostraron la articulación entre conquista, sexualidad y racismo. Aun cuando hablan desde lugares de enunciación disímiles y desde trayectorias disciplinarias y políticas diferentes, coinciden en la importancia de contextualizar e historizar sus experiencias de subordinación, signadas por la clase, la raza, el género y la sexualidad.

En el campo de la antropología, las discusiones sobre la universalidad de la subordinación de la mujer que tuvieron lugar en la década del setenta, motivaron nuevas aproximaciones al género, la sexualidad y la reproducción. Siguiendo la perspectiva desarrollada en los años treinta por Margaret Mead, el “hombre” y la “mujer” empezaron a ser entendidos como construcciones culturales (^{Rosaldo, Lamphere y Bamberger, 1974}; ^{Ortner y Whitehead, 1981}), mostrando que no pueden ser comprendidas como categorías universales (^{Moore, 1991}). En esa vía, algunos de estos estudios examinaron el papel de la violación individual y la violación grupal como forma de sanción social para las mujeres que desafiaban el control masculino en las llamadas “sociedades simples” (^{Collier y Rosaldo, 1981}; Ortner y Whitehead, 1981; ^{Jackson, 1991}). Debatieron, a la vez, la idea de que todas las sociedades en diferentes épocas hayan definido la violación sexual como un crimen. Otros, a través de una perspectiva comparativa entre sociedades preestatales y sociedades estatales, se preguntaron si el tema de la pureza sexual femenina se relacionaba o no con el surgimiento de las sociedades estatales, profundizando en las ideas de honor, virginidad y castidad (Ortner, 1978). Ya desde las décadas del cincuenta y el sesenta, los estudios sobre el honor en las sociedades mediterráneas habían enfatizado en el uso de la violencia como forma de defensa del mismo, destacando el papel de la mujer y la clasificación de su conducta como honrosa o deshonrosa en relación con el honor del grupo (Pitt-Rivers, 1954/1989; véase también ^{Abu-Lughod, 1986}).

Influenciados por estas tendencias, así como por el interaccionismo simbólico y las corrientes posestructuralistas, otros análisis más recientes, realizados desde la historia, la antropología y los estudios culturales, han profundizado en la construcción de subjetividades en eventos de violencia y han examinado las representaciones e imágenes sobre la violación sexual, la “mujer violada” y el “violador” en los discursos sociales y culturales dentro de un repertorio que va desde la mitología griega, la biblia judeocristiana, la iconografía medieval, la literatura renacentista y las teorías sociobiológicas y psicológicas de finales del siglo XIX y XX, hasta el discurso jurídico moderno y contemporáneo (^{Bal, 1991}; ^{Das, 1995}; ^{Vigarello, 1999}; ^{Segato, 2003}; ^{Koulianou-Manolopoulou y Fernández, 2008}).

Aun cuando uno de los trabajos pioneros sobre violación sexual la examinó también en el contexto de la guerra (Brownmiller, 1975/1981), fue durante la primera mitad de la década del noventa que este tema empezó a adquirir mayor visibilidad, cuando surgieron nuevos conflictos armados alrededor del mundo (^{Feldman, 1991}, 1995; ^{Aretxaga, 1995}: ^{Basch, 1995}; ^{Das, 1995}; ^{Enloe, 1995}; ^{Nordstrom, 1995}; Nordstrom y Robben, 1995; ^{Ong, 1995}; ^{Sutton, 1995}; ^{Hague, 1997}; ^{Olujic, 1998}; Das y Kleinman, 2000; ^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}; ^{Theidon, 2004}; ^{Stanley, 2007}; ^{Franco, 2008}; ^{Wood, 2009}).

Desde diversas perspectivas y campos disciplinares, estos estudios perfilan, sugieren e hilan cuatro de los nudos y debates que han articulado la discusión sobre la violación sexual, aun cuando no los aborden explícitamente o se sitúen de diversas maneras frente a ellos: el primero oscila entre la construcción de una subjetividad basada en el sujeto “víctima” y el sujeto como “agente”; el segundo es la pregunta por la destrucción o no de la persona y la subjetividad a raíz de la violación sexual; el tercero es el debate entre la posibilidad de comunicar y narrar la experiencia de la violación sexual o enfrentarse a lo inenarrable; y el cuarto, vinculado con la pregunta por la profundidad histórica del patriarcado, lleva también a cuestionarse por la profundidad histórica de la violación sexual. Este último nudo es central en la discusión sobre violación sexual en pueblos indígenas, como mostraré más adelante.

Mis reflexiones parten de ubicar la violación sexual en el campo social y cultural, es decir, como un producto cultural, histórica y geográficamente situado, que debe ser analizado en cuanto tal. Considero que el trabajo de la antropóloga argentina Rita Segato resulta útil y fructífero porque desarrolla un modelo teórico de comprensión de la violencia, partiendo de la violación sexual como objeto de investigación. Siguiendo las propuestas del interaccionismo simbólico y del psicoanálisis, Segato define la violación sexual como “un acto comunicativo que no es consecuencia de patologías sociales ni tampoco un resultado automático de la dominación masculina, sino que, por el contrario, es un mandato necesario para la reproducción de las relaciones jerárquicas de género ancladas en el sistema de estatus” (Segato, 2003, p. 13). Su propuesta resulta útil en varios sentidos. En primer lugar, no utiliza la noción de “violación” en ninguna de sus acepciones legales sino en el sentido más corriente (y para ella más adecuado) de cualquier forma de sexo forzado impuesto por un individuo o grupo con poder de intimidación sobre otro. En segundo lugar, entiende el acto en dos ejes interconectados: uno definido por la relación entre “el agresor” y la “agredida” y el otro signado por la relación entre “el agresor” y sus pares. En tercer lugar, sugiere que este acto en tanto violencia expresiva sobre el cuerpo de las mujeres no tiene como motivación la sexualidad sino el ejercicio del poder y la dominación. En cuarto lugar, siguiendo a Georges ^{Vigarello (1999}), insiste en que el discurso jurídico “occidental” contiene la experiencia normativa y el sistema moral en el cual se inscribe la violación y se define como un crimen, enfatizando en el carácter moderno y occidental de dicha definición (Segato, 2003). En quinto lugar, como mostraré más adelante, provee claves interesantes para la comprensión de la relación entre colonialidad y patriarcado en América Latina, así como de lo que de allí se desprende: el patriarcado colonial/moderno y la colonialidad de género (Segato, 2010).⁴ No obstante, en el esfuerzo por construir un campo de investigación en Colombia, valdría la pena preguntarse por, dialogar con y/o interpelar a través de material empírico el sistema de clasificación que construye Segato para distinguir y caracterizar los tipos de patriarcado existentes en la “sociedad occidental” y en los pueblos indígenas: el patriarcado de “alto impacto” identificaría a la primera mientras el patriarcado de “bajo impacto” definiría a los segundos. ¿No será que esta clasificación mantiene y reafirma el espíritu de idealización de los pueblos indígenas y sus relaciones de género?

Tanto el acto de la violación sexual como el sujeto sobre el que esta recae, se articulan y expresan en el cuerpo como un esquema básico para todo simbolismo de la sociedad y cuyos orificios simbolizan puntos vulnerables (cf. Douglas, 1966/1973). Varios estudios antropológicos han mostrado que el cuerpo, como escenario para las representaciones y producciones sociales (Douglas, 1966/1973; ^{Mauss, 1973}; ^{Bourdieu, 2000}), es el lugar y objeto de la violencia (^{Feldman, 1991}; ^{Malkki, 1995}). Michel Foucault se ocupó de mostrar el proceso de constitución histórica de los sujetos mediante el poder disciplinario del estado y de sus técnicas y saberes expertos. Sus estudios sobre la corporalidad de los sujetos y los mecanismos de control y subversión resultan útiles para entender el acto de la violación, el sujeto sobre el que esta recae y su relación con la política del cuerpo y la sexualidad (Foucault, 1991, 2003, 2008). Como espacio creado y recreado social, cultural e históricamente, el cuerpo es también un espacio político y politizado que crea y contiene una gramática que reproduce ciertos órdenes.

Apoyada en las teorías antropológicas sobre las clasificaciones sociales y la contaminación, considero necesario iluminar qué pasa cuando este orden es desafiado o subvertido y cuál es el papel de la violación en el proceso de restauración de ese orden (cf. Douglas, 1966/1973; ^{Turner, 1999}). La violación y la mujer violada, a la vez que ponen en tela de juicio la incapacidad de los hombres para proteger a “sus” mujeres y controlar su sexualidad y su capacidad de reproducción, vulnerando la integridad de una estructura social (cf. Douglas, 1966/1973) basada en las relaciones jerárquicas de género, también se convierten en restauradoras de ese orden. El hecho de que la mujer en general, y la mujer violada en particular, sean miradas con sospecha, acusadas de haber transgredido su posición de sumisión y subordinación, y culpadas de su propia violación por haberlo hecho, revela el carácter paradójico y ambiguo de la violación: como un crimen y como un acto punitivo y moralizante usado para volver a poner en su lugar a quienes estaban fuera de él (^{Olujic, 1998}; ^{Segato, 2003}), por una parte, y como un acto comunicativo con otros hombres bajo la forma no solo de agresión y desafío de su poder sino como reafirmación de su virilidad, del ser hombre, por otra (^{Das, 1995}; Segato, 2003).

Sin embargo, su carácter plenamente ambiguo solo lo adquiere al poner en relación lo mencionado anteriormente con el hecho de que aun cuando la violación constituye un “mal” que hay que castigar, la sociedad (y los otros hombres) induce al hombre a que quebrante la regla de la violación haciendo que obedezca otras reglas enseñadas desde su niñez: demostrar su virilidad ante otros hombres, competir con ellos por el acceso a las mujeres, defender y controlar lo que le pertenece, proteger a quien está bajo su tutela, entre otras (cf. Douglas, 1966/1973; ^{Ortner, 1978}; ^{Bourdieu, 2000}).

Ahora bien, me concentraré a continuación en examinar la manera como ha sido abordada o no la violación sexual en Colombia, tanto por las organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres como por la academia. Mostraré las oscilaciones conflictivas entre la “invisibilidad estructural”, la visibilidad selectiva de lo que ha sido denominado como “violencia sexual en el marco del conflicto armado” y los efectos de universalización y deshistori- zación de la violación sexual hacia las mujeres, en general, y hacia las mujeres indígenas, en particular, propiciados por su anclaje en el marco del derecho.

Violación sexual en Colombia: entre la invisibilidad estructural, la visibilidad selectiva y la universalización

La intensificación del conflicto armado y las continuidades históricas entre expresiones de violencia presentes y pasadas (^{Roldán, 1998}) han despertado preocupaciones y motivado reflexiones que se expresan en la prolífica producción académica en torno al tema de la violencia, definida hegemónicamente bajo la acepción de violencia sociopolítica, y cuyas características remiten al enfrentamiento armado entre fuerzas estatales, contraestatales y paraestatales. Este ha sido uno de los ejes más importantes sobre el cual ha girado la investigación social en el país.⁵ Sin embargo, esta profusa producción ha silenciado otras formas de violencia, como la violencia sexual. Por ejemplo, María Victoria ^{Uribe (2004}) señaló que no existían todavía estudios sobre las prácticas de violencia ejercidas contra las mujeres durante la Violencia.⁶ Con esto en mente, fue la misma investigadora quien hace un par de años presentó un análisis sobre las experiencias de mujeres de clase alta bogotana y campesinas del Departamento del Tolima durante la Violencia, aunque su objeto de investigación no son las violencias hacia las mujeres durante este periodo (Uribe, 2015).

Recientemente, en su esfuerzo por interpelar la borradura y el silenciamiento histórico de lo que ha sido una práctica constante en Colombia, las organizaciones locales, regionales y nacionales de mujeres, así como las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y los organismos supranacionales, han empezado a documentar, caracterizar y denunciar la alarmante situación de violencia sexual contra las mujeres ejercida por los actores armados en Colombia (^{Coomaraswamy, 2001}; Mesa “Mujer y Conflicto Armado”, 2001, 2009, 2015; Amnistía ^{Internacional, 2004}; CIDH, 2006; CLADEM, 2007; Corporación Sisma Mujer, 2007; Defensoría del Pueblo, 2008; ^{Caicedo, Buenahora y Benjumea, 2009}; ^{Galvis, 2009}; Oxfam, 2009; Organizaciones e iniciativas de mujeres indígenas de Colombia, 2013; Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). A grandes rasgos, podemos señalar que el punto de partida de estas aproximaciones son los avances en el derecho penal del derecho internacional, particularmente los tribunales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda así como el Estatuto de Roma, que reconocen las violencias de género como constitutivas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los temas que predominan en esta literatura oscilan entre el marco jurídico nacional e internacional de protección de las mujeres frente a la violencia sexual; las luchas por el ejercicio del derecho de las mujeres a la verdad, la justicia y la reparación; el desconocimiento sobre la magnitud y el subregistro en las cifras de denuncia; los obstáculos que enfrentan las mujeres para el acceso a la justicia; las deficiencias institucionales y el incumplimiento de las obligaciones legales, médicas y psicológicas de atención, entre otros.

Aun cuando estos informes han acuñado y difundido la categoría de continuum de violencias y han señalado las formas en que la violencia afecta a las mujeres “en tiempos de paz” y en “tiempos de guerra”, sus afirmaciones ignoran la perspectiva de los actores involucrados y no cuentan con sustento empírico suficiente para mostrar las especificidades del continuum de violencias.

Así, el proceso de visibilidad de la violencia sexual (y de la violación sexual) propiciada por los actores armados está atado a su inserción en el marco del derecho (y las leyes asociadas a este) que las crea y las define. Uno de los efectos más resonantes de esto emerge de la mayoría de informes de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones internacionales: la universalización y deshistorización de la violencia sexual y de la violación sexual. Alejadas de la “invisibilidad estructural” y convertidas en objeto de preocupación y conocimiento, la violencia sexual y la violación sexual producidas por los actores armados hilan uno de los nudos de la política humanitaria a escala nacional e internacional. Esta, a su vez, crea un objeto de intervención: “las víctimas de violencia sexual”, quienes, en su mayoría, son mujeres.

Solo existen tres informes que privilegian la perspectiva de las mujeres sobre la violencia sexual ejercida por actores armados en Colombia y que ofrecen material empírico importante, lo cual indica que este proceso de visibilidad selectiva tampoco ha ido acompañado de investigación empírica. Estos fueron producidos en el marco de la promulgación de la Ley 975 de 2005, ampliamente conocida como “Ley de Justicia y Paz”, cuando se creó el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que a finales de diciembre de 2011 se convirtió en el Centro de Memoria Histórica tras la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Conformado por un equipo interdisciplinario del que hacen parte algunas y algunos “violentólogos”, el Centro se propuso examinar y reconstruir la memoria histórica del conflicto armado colombiano desde una perspectiva de género y produjo los informes “La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira” (2010), “Mujeres que hacen historia. Tierra cuerpo y política en el Caribe colombiano” (2011) y “El Placer. Mujeres, guerra y coca en el bajo Putumayo” (2012). En sintonía con los esfuerzos que desde hace varios años han realizado las organizaciones de mujeres para hacer visible la violencia sexual ejercida por los actores armados en Colombia, los informes reconstruyen el impacto que tuvieron las disputas armadas entre las guerrillas y los paramilitares sobre la vida de las mujeres en dos regiones de Colombia, profundizan en los significados que adquieren las violencias y las resistencias, así como en las formas en las que distintos actores disputan las representaciones sobre la masculinidad y la feminidad para imponer nuevos órdenes sociales en la vida cotidiana. Algunos de sus capítulos están dedicados a describir diferentes formas de violencia sexual desplegadas por los actores armados.

Sin embargo, con diferentes matices, estos informes definen la violación como un arma y una estrategia de guerra, y a las mujeres como “víctimas” de violencia sexual, al tiempo que apelan a metáforas de guerra para describir sus cuerpos: “el cuerpo de las mujeres es el escenario en el que se libran las batallas”, “el cuerpo se convierte en el territorio a conquistar” y “el cuerpo de las mujeres es un botín de guerra”. El uso reiterado de estas metáforas, más que desplegar análisis argumentados y reflexiones críticas, fomenta la repetición de lugares comunes que no ayudan a comprender las especificidades de los contextos ni las dimensiones étnicas, generacionales, de género y de clase de las violencias hacia las mujeres. Por lo general, las aproximaciones que presentan están construidas en términos morales. Además, la mayoría de los informes sitúan la violencia sexual como algo externo y extraordinario, ejercida únicamente por los actores armados en conflicto: fuerzas estatales, guerrillas y paramilitares, lo cual supone la borradura no solo de lo que sucede en los hogares y comunidades con los maridos y/o padres, amigos y demás familiares (cf.^{Segato, 2010}), sino también de los modos en los que se retroalimentan estas formas de violencias. Así, paradójicamente, la reciente visibilidad trae consigo una persistente invisibilidad.

Los estudios de corte sociológico y antropológico acerca de la violencia sexual en Colombia son menores en proporción. Estos trabajos dan cuenta del componente de dominación sexual en la violencia y las formas diferenciales en las que hombres y mujeres viven las experiencias de violencias (^{Meertens, 1995}); otros abordan la relación entre cuerpo y violencia desde la idea foucaultiana de biopolítica, sugiriendo que la violación es una de las tecnologías corporales más silenciadas y mostrando que aun cuando su agudización ocurre en el marco de la guerra, no puede entenderse solo en relación con esta pues su despliegue está sustentado en un modelo cultural político patriarcal que precede a las formas físicas de la violencia en la guerra (^{Blair, 2010}); y uno más analiza la violación desde el enfoque de las prácticas de la memoria, profundizando no solo en la manera como el cuerpo se convierte en un objeto de humillación por medio de la violencia y de las estrategias de terror, sino también reflexionando sobre las formas, para construir una ética de la posibilidad⁷ en un contexto donde la violación es normalizada y legitimada por medio de actos narrativos y de prácticas de memoria (Riaño, 2006, p. 167). Si bien los trabajos etnográficos aluden al tema de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, en ninguno de los casos la abordan como objeto de investigación ni profundizan en los modos en los que se retroalimentan y constituyen mutuamente con otras violencias hacia las mujeres que no son ejercidas por los actores armados.

Sin perder de vista que esta aproximación no pretende ser exhaustiva y que mi esfuerzo por sintetizar algunos de los debates más relevantes sobre el tema responde a propósitos específicos, tal vez resulte provechoso situar a continuación los debates sobre la violación sexual y las relaciones de género en pueblos indígenas en Mesoamérica, los Andes y Colombia contra el telón de fondo de las discusiones sobre la profundidad histórica del patriarcado, pues ha sido uno de los nudos que ha emergido tanto en la revisión teórica que he realizado como en mi propio trabajo de campo. La reflexión apunta a subrayar la importancia de comprender la violación sexual desde una perspectiva histórica y culturalmente situada.

Violación sexual y relaciones de género en pueblos indígenas en Mesoamérica, los Andes y Colombia: debates sobre la profundidad histórica del patriarcado

Desde una perspectiva feminista y marxista, en la década del setenta emergieron los primeros análisis sobre la situación de las mujeres indígenas en América Latina anudados a la pregunta acerca de la universalidad de la subordinación de las mujeres. Desde entonces, la literatura sobre estos asuntos se ha concentrado principalmente en Mesoamérica y los Andes, y ha analizado una amplia gama de contextos históricos, desde el periodo prehispánico y colonial hasta los siglos XIX y XX. En los debates sobre el impacto de la colonización, las relaciones de género en pueblos indígenas en América Latina se han abordado a la luz de dos perspectivas que han dominado las discusiones en las últimas décadas, tanto en la antropología como en la historia y la sociología.

Por un lado, hay quienes defienden que el principio de la complementariedad habría caracterizado las relaciones de género en el mundo prehispánico. De manera general, es posible señalar que la perspectiva hegemónica sobre la complementariedad de género en Mesoamérica y el mundo andino fundamenta la existencia de la unión de la pareja heterosexual como el sujeto social central de la sociedad y de las fuerzas femeninas y masculinas como opuestas pero complementarias del cosmos. Su argumento ha sido que las relaciones de complementariedad se transformaron por la formación del estado y la consolidación del capitalismo (^{Isbell, 1976}; ^{Platt, 1976}; ^{Harris, 1978}, 1980; ^{Silverblatt, 1990}; Rostworowski, 1995; ^{Babb, 1999}, para el caso andino; ^{Quezada, 1996}; ^{Kellogg, 1997}, para el caso mesoamericano). Por otro lado, hay quienes postulan -a veces de manera explícita y otras de forma más tímida- la existencia de jerarquías de género ancladas en el sistema patriarcal antes y después de la invasión europea (^{Bourque y Warren, 1981}; ^{De la Cadena, 1992}; Rivera, 1997/2004; ^{Barrig, 2001}; ^{Fuller, 2001}; ^{Mannarelli, 2004}; ^{Canessa, 2006}; ^{Paredes, 2010}, para el caso andino; Nash, 1980; ^{Restall, 1995}; ^{Mallon, 1996}; ^{Hernández, 2003}; Hernández y Sierra, 2005, para el caso mesoamericano). Algunos estudios siguen el camino trazado por Olivia Harris, una de las primeras académicas que habló sobre la existencia de la complementariedad en las relaciones entre hombres y mujeres en Bolivia, pero enfatizó también en el papel del conflicto que muchas veces puede derivar en violencia. Otros trabajos, en contraste, caracterizan dichas relaciones como armónicas. De manera general concluyo que ambas perspectivas ponderan y valoran de formas disímiles las violencias hacia las mujeres indígenas y la violación sexual, y me suscribo principalmente en la posición que refiere a la existencia de jerarquías de género antes y después de la invasión europea.

Vale la pena mencionar que los estudios que esgrimen la comple- mentariedad como la relación fundante y primordial entre los sexos en los pueblos indígenas latinoamericanos tienden a caracterizar el colonialismo y el sistema patriarcal como factor “disgregado”, “destructor”, “contaminador’ y “ajeno” de los valores morales prehispánicos (^{Barrig, 2001}). Desde esta perspectiva, como lo ha mostrado Irene ^{Silverblatt (1990}) a partir de la crónica del siglo XVII de Guamán Poma de Ayala, el alcoholismo y la violencia contra las mujeres serían manifestaciones ajenas a las tradiciones indígenas, y producidas, en cambio, por un factor externo: la colonización (Silverblatt, 1990).

En contraste, las investigaciones que caracterizan como jerárquico el principio que ordena las relaciones de género en los pueblos indígenas, anclan el patriarcado en una profundidad histórica que precede en su temporalidad a la invasión ibérica. Los análisis que se refieren a la “consolidación del patriarcado prehispánico durante el proceso colonizador” (Nash, 1980), a la manera en que “las mujeres nativas pasaron de un sistema patriarcal a otro” (^{Mannarelli, 2004}), a la forma en la que “las instituciones españolas reinsertaron las inequidades de género características de la vida social y política maya” (^{Restall, 1995}), o al “entronque entre el patriarcado precolonial y el patriarcado occidental” (^{Paredes, 2010}), ilustran esta perspectiva. Algunos de estos estudios son enfáticos al señalar que el sistema patriarcal de los pueblos indígenas en la época prehispánica era diferente del patriarcado colonial/moderno, aunque no profundizan en el primero; añaden, además, que efectivamente el proceso colonizador, primero metropolitano y luego republicano, exacerbó, profundizó y transformó las jerarquías que existían en los órdenes de género antes de la invasión (^{Segato, 2010}).

Una tercera perspectiva se ha desarrollado en los últimos años, impulsada principalmente por las mujeres indígenas y co-construida en sus diálogos con pensadoras feministas, principalmente aquellas vinculadas al proceso de Chiapas: la reivindicación del concepto de complementariedad a través de dos apuestas fundamentales. Por un lado, cuestionar y enfrentar la manera en que los hombres indígenas están reproduciendo las relaciones de poder del colonizador y, por el otro, repensar las culturas desde la equidad de los géneros explorando el potencial emancipatorio de la cosmovisión indígena (^{Hernández, 2001}; Hernández y Canessa, 2012). Para ellas, “si se niega la existencia de problemas internos, no hay necesidad de enfrentarlos y buscar soluciones políticas a los mismos” (Hernández, 2001, p. 217). Sugieren, en esta vía, que la complementariedad existió, que ahora no existe y que es necesario construirla.

Las investigaciones antropológicas e históricas sobre violencias y violación sexual hacia las mujeres indígenas en Mesoamérica y los Andes llaman la atención sobre varios asuntos. En primer lugar, enfatizan en la importancia del análisis de género social y culturalmente situado, como tempranamente lo sugirió Olivia Harris para el caso boliviano; en segundo lugar, sostienen que “La violación no tiene una definición única y transhistórica, sino que se produce por medio de y es definida dentro de los contextos históricos específicos” (^{Weismantel, 2000}, p. 417, mi traducción); en tercer lugar, trazan una secuencia temporal que sugiere un paralelo histórico entre la violación sexual hacia las mujeres indígenas en la época colonial y republicana, llamando la atención sobre la importancia que tuvo el contexto colonial en la consolidación del peonaje y el sistema de hacienda para entender las prácticas contemporáneas; en cuarto lugar, y en relación con el anterior, la mayoría de estos estudios parten de definir la violación sexual como el acto fundacional del mestizaje, epítome de las emergentes naciones latinoamericanas, que ilumina la relación entre raza, etnicidad, género, sexualidad y violencia (^{Nelson, 1999}; Weismantel, 2000; ^{Theidon, 2004}; ^{Boesten, 2008}; ^{Canessa, 2008}).

Aun cuando la mayoría de estos estudios sugieren un paralelo histórico entre la violación sexual en el periodo colonial y el republicano, como señalé antes, en pocas ocasiones brindan indicios claros de la continuidad y transformación de sus significados en dichos contextos. Esto supone dos riesgos principales: por un lado, cubrir con un manto de ahistoricidad la violación sexual, en contravía de su llamado a situarla históricamente; y por el otro, ignorar a los sujetos contendientes en las luchas por la producción y legitimación de los significados sobre la violación sexual en diferentes contextos históricos. A esto se suma la producción de un enunciado que se convierte en un “lugar común” en la mayoría de estos estudios y que resuena con frecuencia en las investigaciones sobre violencia sexual en contextos de conflicto armado, así como en los informes de derechos humanos en dichos escenarios: [los españoles] tomaban a las mujeres indias como parte del botín de guerra, pero también como herramienta de conquista (^{Canessa, 2008}). Karen Powers ha sugerido que esta operación de calificar la conquista ibérica como una conquista de mujeres oscurece los diversos papeles de las mujeres en este proceso, a la vez que glorifica la dominación masculina (Powers, 2002, citada en ^{Zambrano, 2008}, p. 52), aunque la misma autora ha hecho caso omiso de las relaciones de poder (Zambrano, 2008). Resultan problemáticas también aquellas aproximaciones que parten del enfoque de “culturas de violencia” (^{Harvey, 1994}, 1999) para analizar la relación entre violencia, género y sexualidad en pueblos indígenas, en la medida en que socavan las elaboraciones culturales sobre la violencia y despojan a los sujetos de su potencial de acción.

A diferencia de la robustez y variedad de análisis sobre las relaciones de género en pueblos indígenas en Mesoamérica y los Andes (principalmente Perú y Bolivia), la situación es diferente en Colombia. Fragmentada y discontinua, la historia de Colombia, así como de otros países latinoamericanos, está signada por y anclada a la emergencia y persistencia de lo que Aníbal ^{Quijano (2000}b) llamó la “colonialidad del poder”, episteme que permea, atraviesa y ordena todas las dimensiones de la existencia y cuyo eje fundamental es la producción y clasificación de la población sobre la idea de raza; o por lo que denominó años antes como colonialismo interno Pablo González Casanova, cuya propuesta fue retomada por la socióloga boliviana Silvia ^{Rivera-Cusicanqui (2006}). Mientras que Quijano (2000a) puso en un segundo plano el papel del género y la sexualidad en su análisis de la colonialidad del poder (^{Curiel, 2007}; ^{Segato, 2010}), las vías de análisis crítico desarrolladas por los “feminismos del tercer mundo”, los “feminismos de las mujeres de color” y los “feminismos descoloniales”, proveen un marco que permite profundizar en los complejos entrecruzamientos entre la raza, el género, la etnicidad y la sexualidad en un contexto como el latinoamericano en el que los procesos y las ideas sobre el mestizaje como “ficción fundacional” juegan un papel fundamental (^{Stolcke, 1992}; ^{Boesten, 2008}; ^{Canessa, 2008}; ^{Wade, Urrea y Viveros, 2008}; ^{Zambrano, 2008}).

En el caso colombiano, como señalé antes, no se ha construido todavía una literatura específica sobre relaciones de género⁸ ni sobre violencia de género en pueblos indígenas. Algunos de los estudios que existen cubren lo que ha sido denominado como “tierras bajas”. En particular, desde una perspectiva antropológica, es importante señalar un artículo de Jean ^{Jackson (1991}) que analiza el significado y los mensajes de la violencia sexual simbólica en los rituales tukano del Yuruparí desde la perspectiva del “antagonismo sexual”, muy común en las etnografías y análisis sobre relaciones de género en pueblos indígenas de las “tierras bajas” desarrolladas en los años setenta y ochenta. En otro contexto geográfico e histórico, también un informe reciente del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR documenta los diferentes tipos de violencias (incluida la violencia sexual) que vivieron las mujeres wayuu del departamento de La Guajira por los paramilitares durante la “Masacre de Bahía Portete” (GMH, 2010). Por su parte, los análisis históricos y antropológicos sobre el pasado colonial hispanoamericano realizados por investigadoras feministas se han detenido a examinar la violencia sexual hacia las mujeres indígenas, específicamente, en contextos urbanos como la ciudad de Santafé de Bogotá (^{Ramírez, 2006}; ^{Zambrano, 2008}). Aun cuando ninguno de ellos la aborda como objeto de investigación, sus trabajos han cuestionado la ausencia de las mujeres en los análisis y han formulado contundentes interrogantes a la “ceguera” de la historiografía y la etnohistoria frente a la violencia en las relaciones de género como “elemento fundacional de las sociedades hispanoamericanas” (Ramírez, 2006).

Otros estudios examinan las relaciones sociales, históricas, políticas y económicas que potenciaron la participación política de las mujeres indígenas durante y después de la década del noventa, las tensiones que se generan en la lucha por la defensa de sus derechos individuales como mujeres y los derechos colectivos de los pueblos a los que pertenecen, así como su inserción en redes de mujeres a nivel nacional e internacional. Estos trabajos identifican la participación política y la lucha contra las violencias como algunas de las reivindicaciones más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas (^{Corrales, 2005}; ^{Méndez, 2006}, 2007; ^{Pancho, 2007}; ^{Ulloa, 2007}; ^{Guamá, Pancho y Rey, 2009}; ^{Amador Ospina, 2014}; Amador Ospina, Chilo, Granados y Velasco, 2014). Como he argumentado en otro lugar (Amador Ospina, 2016), esta lucha de las mujeres indígenas contra las violencias intradomésticas e intracomunitarias que viven, oblitera los recientes discursos organizativos de la complementariedad en el movimiento indígena del suroccidente colombiano, mostrando el abismo que muchas de ellas experimentan entre sus experiencias cotidianas y la “cultura imaginada” por la organización, en la que el género juega un papel fundamental.

Conclusiones

Este artículo ha presentado un diálogo entre la aproximación académica de la antropología, los estudios feministas, la “violentología” y las organizaciones de derechos humanos de las mujeres sobre la violación sexual hacia las mujeres, en general, y las mujeres indígenas, en particular. He mostrado que luego de un largo tiempo de invisibilidad social, académica y política de la violación sexual hacia las mujeres, las reivindicaciones adelantadas por los feminismos durante las décadas del sesenta y del setenta lograron ubicarla en el centro de las discusiones y la redefinieron como una expresión de la dominación masculina sustentada en el patriarcado.

He insinuado que la década del noventa representó un punto de inflexión en el proceso de lo que he llamado la “visibilidad selectiva” de la violencia sexual, en general, y de la violación sexual, en particular. Las transformaciones en el escenario social y político global cristalizaron la definición de la violencia sexual como un asunto que atenta contra los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, así como un crimen de lesa humanidad. He señalado que la comprensión de este viraje brinda pistas clave para comprender las redes e interconexiones entre distintas escalas, así como la forma de producción, circulación y legitimación de los sentidos y discursos sobre la violencia sexual y la violación sexual como una de sus formas.

Al examinar esta producción en su conjunto y para desarrollar mi argumentación, he partido de mostrar la ausencia y la miopía en el análisis sobre la violación sexual hacia las mujeres en el amplio y desarrollado campo de investigación sobre violencia y conflicto en Colombia. He sugerido que esto hace parte de lo que llamo, usando una categoría desarrollada por Victor ^{Turner (1999}) para explicar otros fenómenos sociales, la “invisibilidad estructural” de la violación sexual hacia las mujeres en Colombia.

He señalado que, durante la década del noventa hasta la actualidad, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y recientes estudios en antropología social empezaron a confrontar estos silencios. A pesar del importante avance que ha significado este esfuerzo por interpelar el silenciamiento histórico de lo que ha sido una práctica constante en Colombia, me he referido a varios asuntos que considero problemáticos. En primer lugar, que estos esfuerzos han producido un proceso de “visibilidad selectiva” de lo que ha sido denominado erróneamente, según argumento, como “violencia sexual en el marco del conflicto armado”, una expresión devenida en marco interpretativo que enfatiza en la violación sexual ejercida por los actores armados en Colombia, en consonancia con la mirada hegemónica académica que ha acentuado la violencia sociopolítica. En segundo lugar, que dicho proceso de “visibilidad selectiva” de la “violencia sexual en el marco del conflicto armado” (y de la violación sexual como una de sus formas) está atado a su inserción en el marco del derecho, lo cual produce un efecto de universalización y deshistorización de la violencia sexual y de la violación sexual, así como una definición hegemónica sobre estas. En tercer lugar, que es necesario acompañar este proceso de visibilidad con investigación empírica que ayude a superar los lugares comunes que se han construido sobre el tema. De esta manera, he insinuado la urgencia de construir conceptos más acotados y adecuados que describan y analicen en detalle la multiplicidad de violencias contra las mujeres y los contextos en los que se producen y legitiman.

Con el propósito de interpelar esta perspectiva hegemónica, también he sugerido que la violación sexual intracomunitaria e in- tradoméstica hacia las mujeres, en general, y hacia las mujeres indígenas, en particular, en un contexto de conflicto armado, permanece silenciada. En esta vía, he señalado que este es un objeto de investigación y un campo de indagación inexplorado que ayudaría a proveer un nuevo marco de sentido para la comprensión de las violencias hacia las mujeres, en general, y las mujeres indígenas, en particular, y que debería propender por comprender la violación sexual desde una perspectiva histórica y culturalmente situada.

Con tal fin, me he aproximado a algunos de los estudios sobre relaciones de género en pueblos indígenas en América Latina (principalmente Mesoamérica y los Andes), así como en Colombia. He profundizado en los modos en los que definen la violación sexual de las mujeres indígenas, a partir del análisis de género culturalmente situado y de advertir la heterogeneidad de experiencias sociales, históricas, políticas, económicas y culturales que supone hablar de América Latina. La discusión presenta lo que considero el núcleo del debate sobre violación sexual y relaciones de género en pueblos indígenas en América Latina que, a su vez, retoma uno de los nudos y ejes de análisis en el campo de los estudios feministas, situándolo social y culturalmente: los debates sobre la profundidad histórica del patriarcado y, por ende, sobre la profundidad histórica de la violación sexual.

En esta vía, he presentado cuestionamientos antropológicos centrales a las visiones dominantes sobre la violación sexual hacia las mujeres, en general, y hacia las mujeres indígenas, en particular, construidas por las ciencias políticas, la historia y el derecho, informados a partir de una amplia investigación empírica y un itinerario de investigación que inicié en 2005. A través de esta aproximación y problematización espero contribuir con una perspectiva de análisis que ayude a visualizar los alcances, límites y desafíos del campo de investigación académico sobre este fenómeno, así como a ampliar las indagaciones al respecto para saldar una deuda que todavía tenemos pendiente. Colombia está atravesando por un momento histórico clave que debería obligarnos a repensar el tema de las violencias hacia las mujeres en contextos de violencia sociopolítica, así como a seguir apostando por el reconocimiento de que la construcción de un país en paz también pasa por garantizar una vida sin violencias para las mujeres.