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Introducción
Este trabajo persigue como objetivo analizar, a la luz de los planteamientos de la justicia socioespacial, los procesos geohistóricos recientes que han motivado la producción de espacios del miedo en la ciudad de Bogotá, de manera especial en la zona centro, a partir de la transición entre el emblemático sector del Cartucho -década de los ochenta- y el Bronx después de 2010. Ello surge bajo la necesidad de reflexionar acerca de las recientes transformaciones espaciales que han tenido sectores del centro tradicional de la capital colombiana, especialmente aquellas que, soportadas bajo el discurso de la necesidad de "eliminar" los lugares del miedo -nichos históricos de la delincuencia-, han terminado por producir, según Avendaño (2016), lugares caracterizados por la pauperización, la estigmatización, la intervención policiaca, el desplazamiento intraurbano, la desterritorialización, que luego generan propuestas de renovación urbana selladas por las alianzas del Estado y la intervención del músculo inversionista del sector privado. Las expresiones de injusticias socioespaciales son, entonces, el resultado de aquellas nuevas formas de caracterización espacial (Musset 2009).
La perspectiva geohistórica, como marco de la interpretación de la geografía del crimen y la construcción de imaginarios, permite generar un trazo de los procesos que han estado en las motivaciones para tipificar "lugares del miedo", específicamente en el caso de estudio del centro de Bogotá. Es un camino de comprensión sobre la instrumentalización dada a expresiones sociales, como fundamento de intervención de los hacedores de las políticas públicas, que en últimas se constituyen en autores de configuraciones de injusticias socioespaciales. Ello quiere decir que, si bien allí se congregan denuncias sobre hechos relacionados con el delito -la violencia y la inseguridad urbana-, las evidencias llevan a argumentar que la victimización en sí misma no adjunta los únicos causantes de la estigmatización hacia estos lugares (Avendaño 2017; Carbonell 2013), pues, por el contrario, la masificación de imaginarios y representaciones toman un enorme peso a la hora de delimitar espacios del miedo, es decir, su cualificación o valoración en forma de "toporepresentaciones" (Avendaño 2016).5
Si bien este caso de estudio abarca la necesidad de incluir a una pluralidad de actores tipificados como habitantes de calle, estructuras de crimen organizado, autoridades civiles y policiales e instituciones gubernamentales, es de aclarar que acá se mimetiza su identidad, dada la sensibilidad que despierta la problemática. La siguiente reflexión se construye entonces con el análisis de la revisión bibliográfica (libros académicos, capítulos de libro, informes de instituciones oficiales, acuerdos y decretos de órganos distritales, artículos de revista, prensa local y trabajos de grado), en conjunto con una mirada crítica de los hechos que se presentan en los medios masivos, así como también de las acciones e intervenciones públicas de los gobernantes locales.
A fin de cumplir los objetivos trazados, el documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se plantean los principales aspectos teóricos y conceptuales relativos a la geografía de la criminalidad y los espacios del miedo, así como de la justicia socioespacial; seguidamente, considerando el bagaje teórico plasmado, se procede a elaborar una breve geohistoria de la Calle del Cartucho y la Calle del Bronx como espacios del miedo en Bogotá; en tercer lugar, a partir del elemento geohistórico y su importancia en la elaboración de un análisis completo, se construye una reflexión sobre las políticas de renovación urbana aplicada en la Calle del Bronx y sus implicaciones socioespaciales. Finalmente, se dedica un apartado para las conclusiones.
Aspectos teóricos
Según Hernando Sanz los aportes geográficos al análisis del crimen, la delincuencia y, sobre todo, la violencia, citando a David Herbert (1982), se encuentran en dos vertientes centrales:
Aquellas proclives a analizar de una forma minuciosa las regularidades que han conducido a las descripciones de las variaciones regionales de los índices de delincuencia; y aquellas otras orientaciones que han procurado aplicar sofisticadas técnicas analíticas a las estadísticas oficiales del crimen en escala urbana. (Hernando Sanz 1999, 10)
La Escuela Cartográfica de Criminología es la que sienta las bases teóricas y metodológicas para el desarrollo de la geografía de la violencia urbana, cuyo objetivo "fue el establecimiento de las variaciones en el espacio y en el tiempo de los comportamientos violentos, identificando sus principales variaciones espaciales" (Hernando Sanz 1999, 13). Para Avendaño (2016), la investigación sobre modelos regionales y urbanos de crimen, violencia urbana y delincuencia se potenciaron entre 1825 y 1880, con mayor desarrollo en Francia y Reino Unido. Luego, la Escuela de Ecología Humana de Chicago se orienta al estudio de "análisis espaciales de los medios locales en donde residen los delincuentes, estudios de los lugares en donde se producen los delitos, análisis especiales de las áreas problemas y trabajos relacionados con las oportunidades de delinquir" (Hernando Sanz 1999, 11).
Ahora bien, siendo clara la preocupación geográfica por los temas de la violencia y la inseguridad, surgen planteamientos que cuestionan los análisis netamente espaciales o criminológicos. En este sentido, Musset plantea:
Cuando muchos estudios geográficos analizan la ciudad real como un objeto casi virtual, que no se mide sino en términos de datos estadísticos y píxeles, puede ser saludable tratar una ciudad imaginaria como si fuera real. Y por qué no, estudiar los imaginarios, las representaciones, los sentidos y los significados tanto de esta ciudad real como la simbólica. (Musset 2009, 96)
De esta forma, se reivindican las otras dimensiones de la seguridad, pues, sin desconocer el valor de los análisis cuantitativos, es posible ampliar el espectro interpretativo de estos fenómenos, si se incluyen las dimensiones subjetivas, sociológicas, históricas y de las toporrepre-sentaciones definidas por Avendaño como:
Ese conjunto de valores, idealizados, materiales y/o simbólicos, asignados relacionalmente a los lugares y espacios, donde operan como mecanismos de construcción tanto la experiencia vivida, las generalizaciones, las simplificaciones y el rol de las estructuras hegemónicas, tanto como los intereses de control y poder, a partir de los marcos culturales y geo-históricos, para lograr niveles comprensivos e interpretativos de la manera como vivimos y configuramos los espacios, desde los vínculos individuales hasta los de los sujetos sociales y colectivos. (Avendaño 2016, 307)
Si bien el horizonte de esta reflexión no pretende anclarse en la discusión epistemológica sobre lo que incluye o no la noción de seguridad, se parte de la afirmación de que esta es una condición de bienestar fundamental, individual y social, constituida por expresiones objetivas y subjetivas (Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá y Centro de Estudios y Análisis en Conviviencia y Seguridad Ciudadana s.f.), materiales y simbólicas, que, como condicionante de ciertas dinámicas y circunstancias sociales, influyen en las prácticas, los referentes y las valoraciones multiescalares de los espacios.
Es entendido que la seguridad está constituida por la dupla objetiva-subjetiva y, asumiendo la invitación de Musset (2009) y Avendaño (2016), es quizá la sensación de inseguridad a los espacios la que delimita la presente reflexión, bajo la premisa de que esta puede estar asociada a diferentes motivos. Es significativo el hecho que las personas no necesariamente experimentan temor o miedo por haber sido víctimas directas de violencia; en efecto, en ciertas ocasiones, la percepción llega a ser mucho mayor en relación con la probabilidad real de ser víctima de un delito (Bello 2008), lo cual configura en esta divergencia una de las acepciones de las representaciones de inseguridad.
Esta reflexión abre el camino de la indagación sobre qué se representa como inseguridad. El "miedo" es quizá uno de esos factores que más inciden en las geografías del crimen y la violencia, en el sentido que los estudios evidencian como la coincidencia en la repetición de la acepción: "miedo a [...] ser víctima, a ser hurtado, a ser intimidado [...]" (Niño 1988, 14). Soledad Niño (1988) cita a Manonni (1984) para definir el miedo como ese sentimiento de amenaza frente a un peligro real o imaginado, que va más allá de la condición instintiva-biológica, entendido mejor como una construcción social, en un contexto cultural dado, diferente para las sociedades en el tiempo y en el espacio. De allí que para cada sujeto este posea un significado distinto, pero un nivel de referencia medianamente común en su ámbito cultural y con vínculos hacia los espacios y territorios.
Existen diversos factores por los que determinado lugar es "estigmatizado" como un espacio de miedo: autores como Mape y Avendaño (2017) relacionan la estigmatización del espacio con la actividad delincuencial que en él se presenta; para su caso de estudio en Argentina, Pyszczek toma esta variable como factor fundamental para la generación del espacio del miedo6:
Si bien son diversos los condicionantes que intervienen en la valoración de los espacios inseguros, sí es posible destacar la estrecha relación con la actividad delictiva de la ciudad (hechos concretos y tangibles), lo que desnuda las emociones de temor ciudadano. La ocurrencia de hechos delictuales y su mayor frecuencia son disparadores de una conciencia de vulnerabilidad social que pone en tela de juicio la idoneidad y la eficacia de los organismos responsables de estas áreas, y que a su vez retroalimenta y maximiza dicha sensación de vulnerabilidad primaria, lo que genera un ciclo de temor, pues la ausencia de los medios de control público agudiza la situación. (Pyszczeck 2012, 52)
Ahora bien, el soporte geohistórico se toma a partir de su característica como una aproximación más allá de la relación inherente entre geografía e historia, como lo afirma Páez citando a Orella (2010, 240):
La geografía forma parte del proceso histórico y necesita de la historia para ser explicada socialmente, es decir, constituyen la geohistoria que se ocupa de la relación entre una sociedad y la geografía en la que se desarrolló y con ello se explica los comportamientos sociales de larga duración en los ámbitos de la economía, demografía y comportamientos sociales. (Páez 2017, 40)
Por otra parte, la categoría de justicia y sus aristas han adquirido posicionamiento reciente tanto en el imaginario público como en el político, sin que ello implique menospreciar que sus discusiones poseen raíces años atrás. En la base, sobresalen los aportes de John Rawls y sus trabajos de Teoría de la justicia (1971) y Liberalismo político (1993), marco al que se le atribuye el desarrollo de la perspectiva de la "justicia distributiva", al definir que "[l]a cuestión fundamental de la justicia es, encontrar 'los principios más adecuados' para realizar la libertad y la igualdad una vez que la sociedad es concebida como un sistema de cooperación entre personas libres e iguales" ([1971] 1995, 36). Es decir, según Rawls, es un camino conceptual para que las instituciones sociales -estatales, podría ser- dispongan de herramientas y mecanismos para reducir las inequidades en la perspectiva de alcanzar la igualdad de condiciones.
Pese a la amplia influencia de esta postura, los planteamientos de Rawls son cuestionados por la idealización de las condiciones sociales en que se podría "alcanzar lo justo", en la medida en que desconocen la pluralidad de las dinámicas sociológicas, culturales y obviamente territoriales (Musset 2009; Young 2000). Así mismo, para Leibler (2010) la contradicción fundamental de John Rawls consiste en la perversa optimización que hace de las inequidades, que, siendo "atractivas" como fin del quehacer estatal, por ejemplo, las ubica en el costado del utilitarismo al entender la justicia como un bien que es susceptible de transar para obtener ganancia y aprovechamiento. Esto lo hace al "ofrecer" las garantías máximas para quienes tienen lo mínimo: la maximización de lo mínimo como principio rawlsiano o, en palabras de Garnier (1976), garantizar a cada quien lo que le es merecido.
Los cuestionamientos han alimentado una línea, si se puede denominar así, que reflexiona sobre la justicia procedural, en calidad de alternativa con base en planteamientos críticos, que se enfoca en mostrar las limitaciones del concepto de justicia "tradicional" o distributiva. Al respecto, Harvey afirma que:
Las necesidades no son constantes, ya que son categorías de la conciencia humana y al cambiar la sociedad se transforma la conciencia de la necesidad. El problema está en definir exactamente a que es relativa esta necesidad y en llegar a comprender cómo surgen las necesidades, por ello lo procedural supera lo distributivo. (Harvey 2007, 103)
Así, tomando como base esta síntesis, quienes se acercan a la justicia procedural consideran que la tendencia generalizadora y universalizante de la justicia distributiva olvida las construcciones sociales y culturales de las relaciones sociales y, por ende, la posibilidad de poder responder a problemáticas concretas y situadas.
Tomando como base los planteamientos de Iris Marion Young (2000) 7, entre otros, la geografía radical reanima la categoría de justicia socioespacial que, distante de los planteamientos de Rawls, sienta sus argumentos en la necesidad de comprender los procesos sociales, conflictivos, tensionantes; estos están marcados por intereses de diversos autores que, producto de sus interacciones, generan dinámicas desiguales, inequitativas y, por ende, espacios socialmente construidos con la impronta y la expresión de tal desequilibrio. Lo anterior está muy lejano a lo planteado por lo distributivo, que en realidad persigue legitimar las desigualdades a través de la masificación de conceptos como equidad; estos últimos están muy de moda y son incidentes, por ejemplo, en los planes de gobierno de los agentes neoliberales (Musset 2009).
La discusión sobre la justicia socioespacial, sus alcances, expresiones y análisis, realmente ha sido nutrida en Europa y Norteamérica, orientada recientemente a comprender los impactos del neoliberalismo en la relación sociedad-naturaleza. Para los fines de este escrito, evitando desbordar la discusión, se parte de la idea de Alain Reynaud, quien considera que:
[...] hablar de justicia socio-espacial obliga a evocar el ordenamiento del territorio [...] la intervención de los poderes públicos en la vida de una estructura social, para modificar más o menos profundamente, la repartición en el espacio de los equipamientos y de las actividades. (Reynaud 1981, 92-94, traducción de los autores)
Muchos de los trabajos geográficos al respecto parten de la afirmación de que la justicia y la injusticia están inscritas en la espacialidad de manera indisoluble, multiescalar y multitemporal, con expresiones tanto en lo urbano como en lo rural, y muchas veces acentuando las relaciones con los elementos de la biosfera. En sí, indistintamente del espacio a analizar, las expresiones de justicia e injusticia coinciden en la manera como los recursos son valorados y explotados socialmente, representaciones que terminan por configurar discriminaciones en relación con la localización, el uso, el aprovechamiento y el acceso de los mismos.
Sumado a esto, los planteamientos de Bret et ál. permiten entender la importancia de contemplar los imaginarios del miedo relacionados con el accionar de las autoridades locales bogotanas en los escenarios del Cartucho y del Bronx:
Las cuestiones sobre las distribuciones espaciales (de bienes, de servicios, de personas, [...]) han sido vistas cortamente desde la definición redistributiva de la justicia, ignorando aspectos como los de las representaciones del espacio, la identidad (territorial o no), las prácticas. Por ello, el camino ha de ser el asumir la reflexión de la dimensión procedural de la justicia, para comprender por ejemplo la influencia de las decisiones políticas y de los hacedores de políticas, en la configuración de expresiones de injusticia socio-espacial. (Bret et ál. 2010, 15)
Geohistoria de los espacios del miedo: el Cartucho y el Bronx
Si bien la antigua Calle del Cartucho y la ya extinta Calle del Bronx se encontraban en dos contextos espacio-temporales diferenciados, las dinámicas de esta dupla de territorios toporrepresentados con miedo presentan similitudes tanto por sus contextos históricos, como por el entrelazamiento de la herencia del uno hacia otro. La Calle del Cartucho, hacia la década de los setenta, inicialmente se encontraba en el eje de la emblemática Avenida Caracas entre las calles 10 y 9, desde donde se extendió progresivamente a todo el antiguo barrio Santa Inés, de la localidad de Santa Fe. Posteriormente, ocurre su destrucción, producto de la masificación del discurso institucional, policial y vecinal de la necesidad de "eliminarlo" física y simbólicamente, por ser el nicho generador de gran parte de la inseguridad urbana de Bogotá, como lo documenta Cardeño (2007). Luego, se configura la Calle del Bronx entre las mismas calles 9 y 10, pero un par de manzanas al occidente, entre las carreras 15 y 15 A, en el barrio Voto Nacional, ubicado en la localidad de Los Mártires, hacia la primera década del siglo XXI (Figura 1).
La ubicación de estos sectores podría tipificarse en la primera aureola sur-occidental del centro tradicional de Bogotá, que hacia el siglo XIX aún se encontraba en las periferias de Bogotá con "preponderancia del uso rural del suelo, cuyo dominio sobre la propiedad se hacía de modo latifundista" (Cardeño 2007, 34). Durante la primera mitad del siglo XIX se presentaron algunas intervenciones y desarrollos como el cementerio El Elíptico en 1840 -que se convertiría en el cementerio central- y la plaza de Los Mártires en 1850 que, junto con la construcción del edificio de la antigua facultad de medicina de la Universidad Nacional, quizá fueron los factores dinamizadores del sector, empezando así la transformación del ámbito rural hacia las futuras dinámicas urbanas de los siglos XX y XXI.
Aun cuando los espacios del barrio Santa Inés -el Cartucho luego- y el Voto Nacional -El Bronx- poco a poco pareciese que tuvieron consolidaciones simultáneas, hubo vocaciones que diferenciaron su desenlace. En el primer caso, Santa Inés fue un sector con arquitectura republicana de uso residencial densificado en grandes viviendas de solares internos y de dos plantas, salvo algunos comercios locales -pequeñas tiendas y talleres de oficio-, que harían de este un dinámico lugar habitacional para la naciente clase media de Bogotá, de políticos y personajes de la vida local. En sí, al ser uno de los pocos barrios planificados estatalmente, asumió las consecuencias del aumento poblacional de los primeros decenios republicanos (Carbonell 2013; Cardeño 2007).
Esta diversidad dio paso al establecimiento de un barrio de matices contrastados hasta mediados del siglo XX. Santa Inés alojó por igual a familias pudientes y a personas de escasos recursos -por lo general dedicadas al oficio del reciclaje-, creando así progresivamente un germen para los distintos procesos posteriores de estigmatización y fragmentación social tanto del barrio, como del centro de Bogotá (Morris y Garzón 2010)8. A la evolución de la marginalización en Santa Inés se sumó la intensificación de la actividad comercial y migratoria a partir del segundo decenio del siglo XX, al impulsarse el establecimiento de vías de comunicación, siendo clave la construcción de la Estación de la Sabana en 1917 (Suárez 2010).
Estos elementos fueron embrionarios al comprender una primera concentración relevante de población marginalizada -generalmente personas que emigraron del campo en búsqueda de oportunidades-. Bogotá fue incapaz de adaptarse completamente a los importantes aumentos poblacionales en la primera mitad del siglo XX, por lo que muchos migrantes no lograron establecerse de manera digna:
La guerra en los campos desplazó a muchas personas, viudas, huérfanos y soldados [...] las mujeres en su mayoría llegarían a Bogotá sólo con la posibilidad inmediata de ejercer la prostitución, mientras que los hombres, en su mayoría soldados lesionados y desempleados entre guerras, se hallaban viviendo en la indigencia. La calle, en parte, se desarrolla económicamente desde actividades marginales y de abril delictivas, donde la mendicidad y el robo se constituyen en fuentes de ingreso para muchas personas. (Melo 1998, citado en Cardeño 2007, 26)
De esta manera, se consolidó el aumento de la percepción de inseguridad, algo que traduce Suárez (2010) al relatar el éxodo de las familias prestantes hacia lo que hoy en día es la localidad de Chapinero. La configuración espacial de estos sectores se ve marcada por el intento de las clases altas de separarse de las clases bajas. Así, se tendría una primera evidencia de configuración de toporrepresentación del miedo, mediada por la autose-gregación de las élites capitalinas.
Se debe incorporar de igual forma a este análisis el papel de los primeros planes e instituciones para la urbanización moderna de Bogotá en los años veinte y treinta. Los ejes de estos planes incluyeron el elemento estético de la ciudad y el trazado de nuevas vías como parte de la visión moderna de la sociedad y su papel en la planificación para el crecimiento económico desde la ciudad (Alba Castro 2013; Martin y Ceballos 2004). Las nuevas políticas urbanas guiadas bajo el discurso moderno concibieron por primera vez una importante reestructuración del centro de la ciudad -incluyendo al barrio Santa Inés y Voto Nacional-, lo cual motivó una serie de fragmentaciones determinantes en años posteriores, imprescindibles a la hora de pensar la creación de los futuros espacios del miedo en el Cartucho y el Bronx (Avendaño 2016).
Posteriormente al Bogotazo, consecuente a la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, convergieron diversos fenómenos que a la postre cambiarían la estructura social y espacial de los dos barrios9: la nueva morfología urbana a partir de la remodelación del centro histórico -marcada por el reemplazo de las casonas de clase alta que se encontraban intactas desde el siglo XIX, por construcciones en las que se carece de espacios verdes y uso colectivo- (Cardeño 2007); la transformación urbana en el tránsito a la ciudad capitalista (Carbonell 2011); la nueva fase del proceso modernizador de la ciudad con la implantación de las ideas del arquitecto francés Le Corbusier y del alcalde Fernando Mazuera (Morris y Garzón 2010; Salazar 2008); la consolidación del centro de Bogotá como el principal receptor de los enormes flujos de inmigrantes y desplazados por la violencia provenientes del campo y otras ciudades (Avendaño 2014; Carbonell 2011; Morris y Garzón 2010); el abandono definitivo de Santa Inés por parte de las clases más adineradas (Suárez 2010), y el aumento de las economías informales, producto de la poca capacidad de la ciudad a mediados del siglo XX de acaparar la enorme -y casi súbita- demanda laboral existente (Alvarez-Correa et ál. 2014; Carbonell 2011).
La accesibilidad de personas con escasos recursos se amplió de tal forma que estos actores pudieron hacer presencia total en gran parte del centro de Bogotá, apañadas por las nuevas casas de paso y de arriendo a bajo costo. Este acaparamiento dio inicio a una nueva forma de percibir ciertos espacios de la ciudad y, por lo tanto, a un nuevo proceso de estigmatización de estos -toporrepresentación de un sector degradado y marginal-, del cual se vería preso tanto Santa Inés como Voto Nacional, con una mayor carga en el primero. Se configuraron, así, espacios periféricos en respuesta a la no capacidad instalada de la ciudad para atender la movilidad demográfica y, por ende, una tácita producción de injusticia socioespacial a nivel urbano.
Esta estigmatización del espacio, o "toporrepresentación" en palabras de Avendaño (2016), se reforzó con la degradación y el abandono de las viejas edificaciones del centro por parte de las autoridades, lo que dio paso el ascenso de la pobreza y la delincuencia (Carbonell 2011; Martin y Ceballos 2004; Suárez 2010). El desarrollo económico que experimentó Bogotá desde mediados del siglo XX dio pie a la renovación del transporte, al construirse varias avenidas importantes como la Av. Caracas -construida en la década de los cuarenta- y la Carrera Décima -en la década de los cincuenta-. La construcción de nuevas vías necesitó a su vez de la demolición de ciertos elementos arquitectónicos en el centro de Bogotá, siendo Santa Inés uno de los barrios más afectados al sufrir una importante separación de otros sectores del centro por cuenta del trazo sur-norte de la Carrera Décima (Carbonell 2011; Morris y Garzón 2010).
Se empezó así a concretar, entre las décadas de los cincuenta y sesenta10, una separación sin precedentes del centro, al quedar, por un lado, el nicho único de poder en torno de la Plaza de Bolívar (carreras 7 y 8, entre calles 6 y 10) y, por otro, una periferia marginal pauperizada, en oposición el sector histórico estetizado, excluida de las lógicas del resto de la ciudad, ahora presa de las dinámicas, los imaginarios y las simbolizaciones regidas por la informalidad, la delincuencia y la pobreza (Avendaño 2014). Carbonell (2011) resalta que esta exclusión incidió en la concentración de la población marginalizada en ciertos núcleos11, permitiendo el nacimiento de algunas formas particulares de territorialidad, muchas de ellas focos posteriores de violencias y actividades delictivas.
El barrio Santa Inés opacó ostensiblemente los procesos de creación de un espacio del miedo en Voto Nacional durante la década de los setenta, a partir de una brusca recepción de fenómenos definitivos. Estos se pueden explicar desde la crisis en la administración urbana en Bogotá, caracterizada por la pobre gestión en medio del desarrollo económico de la capital, lo cual hizo que se incurriera en el aumento vertiginoso de la degradación arquitectónica y la violencia -sobre todo la ligada al narcotráfico- (Carbonell 2011; Góngora 2012; Góngora y Suárez 2008; Martin y Ceballos 2004; Morris y Garzón 2010; Salazar 2008; Suárez 2010). A partir de esta época, el reciclaje y las economías informales, características en Santa Inés desde mediados del siglo XX, se articularon decisivamente con el narcotráfico, estableciendo la génesis de una nueva realidad mediada por las drogas en el nuevo espacio del miedo que surgía: la Calle del Cartucho, con todas las toporrepresentaciones asociadas.
Esta situación incentivó un nuevo abandono en Santa Inés, esta vez por parte de la clase media (Góngora y Suárez 2008; Morris y Garzón 2010), evidenciándose la confluencia de este conjunto de hechos para profundizar la tendencia de segregación, marginalización y, por ende, afianzamiento de expresiones de injusticia socioespacial; el barrio Santa Inés, con el beneplácito estatal, esta vez por su inoperancia y función de mero espectador, propició un lugar que en el imaginario recibiría todas esas actividades que ningún otro ciudadano estaría en disposición de tener como vecinas.
El nuevo orden establecido por el narcotráfico dio vía libre para la confluencia de ciertas actividades y "oficios": drogadicción, prostitución, pillaje, sicariato y tráfico de armas y drogas (Avendaño 2016). Estas, así como sus diversas formas de presencia, relación y configuración so-cioterritorial, establecieron a la Calle del Cartucho como uno de los principales espacios del miedo en Bogotá entre la década de los ochenta y principios de la década de los noventa (Góngora 2012).
La existencia de aquel espacio bastante particular implicó profundas transformaciones espaciales: el adecua-miento de las antiguas casas coloniales en favor de espacios dispuestos al narcotráfico y consumo de drogas (Góngora y Suárez 2008; Morris y Garzón 2010)12, el espacio factual e imaginado se vio sujeto a las nuevas lógicas de territorialización soportadas en la cadena de necesidades de los habitantes de la calle (Góngora y Suárez 2008; Moreno 2016; Morris y Garzón 2010), y la delimitación de ciertos territorios por medio de la violencia expresada en asesinatos y formas específicas de tratamiento de los cuerpos de las víctimas (Góngora y Suárez 2008; Suárez 2017) 13.
Las dinámicas espaciales en el Cartucho incluyeron un conjunto de acciones que transgredieron la normalidad, expresando las ya existentes contradicciones territoriales en Bogotá durante buena parte del siglo XX (Carbonell 2013). Frente a esto, Góngora y Suárez (2008) explican cómo estas acciones se erigieron como elementos principales de la estructura basada en los códigos particulares, los cuales eran ejercidos por los grupos jerárquicamente más poderosos en el Cartucho a fin de mantener un "orden".
Suárez (2017) propone una visión de lo que fue el Cartucho desde los postulados del antropólogo británico Victor Turner con el reconocimiento de una antiestructura, alejada de cualquier lógica imperante en otras partes de la ciudad. Estos autores coinciden en que las prácticas -ya sean asesinatos, drogadicción, extorsión, "limpieza social", prostitución o narcotráfico- ejercen una función reguladora. De hecho, desde aquellas lógicas se incluyó al sistema institucional y policial como agentes al servicio -directo o indirecto— del narcotráfico, impidiendo cualquier desmantelamiento de aquel espacio del miedo.
En suma, la ocurrencia de este tipo de acciones potencializó un imaginario colectivo entre los habitantes del centro de la ciudad, pero también, de manera muy rápida, del resto de bogotanos/as, quienes ejerciendo la función de espectadores pasivos vieron cómo el Cartucho logró el reconocimiento, el simbolismo y la identificación en la escala nacional, e incluso internacional: expresión plena de una toporrepresentación de rasgos peyorativos.
A pesar de lo que se puede entender como una serie de lógicas únicas que rigieron la Calle del Cartucho durante casi tres décadas, la opinión colectiva se guio por un imaginario de un espacio en el que reinaba el caos, en términos de Bret (2010), algo fuera de toda lógica cotidiana. El Cartucho como espacio del miedo tuvo un importante impulso a partir del persistente rechazo de las actividades que contenía, al ser percibidas como un conjunto de ocupaciones que infringen el conglomerado de normas morales y civiles establecidas (Góngora y Suárez, 2008); la articulación de estas y su posterior relación -explícita e implícita- con la violencia incidieron en el miedo colectivo, a partir de la mirada de estereotipos hacia los actores de ese espacio y de cómo han de persuadirlos para evitar cualquier contacto, debido al riesgo potencial que representan (Barbero 2003; Martin y Ceballos 2004; Niño 1988). La persistencia de estos imaginarios es considerada por Avendaño (2016) como el resultado de una construcción tácita de "toporrepresentaciones" o sistemas de significados para relacionar y definir los espacios.
La existencia de lugares como la Calle del Cartucho crearon la base ideal para los programas de renovación urbana propuestos a finales de la década de los noventa, es decir, la periferia pauperizada como justificación de intervenciones estatales urbanísticas, bajo el hipotético lema de desterrar las expresiones de injusticia socioespacial -así no lo mencionaran tácitamente-. El principal soporte de la renovación urbana de cara al inicio del siglo XXI en esta ciudad se encontró en el plan de desarrollo "Por la Bogotá que queremos" de Enrique Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá en el periodo 1998-2000.
El plan se caracterizó por sentar sus propias bases en los procesos de desmarginalización, en la recuperación del espacio público y en el fortalecimiento de la institucionalidad.
Martin y Ceballos (2004) resaltan que estas necesidades se encaminaron hacia el fortalecimiento de la economía mediante las inversiones, casi inexistentes por la presencia de ciertos focos de delincuencia, los cuales habían degradado los espacios al punto de hacerlos poco atractivos para los inversores. Frente a estos planeamientos, Carbonell (2011, 2013) describe la orientación de "Por la Bogotá que queremos" como parte de la inserción de las prácticas neoliberales en la ciudad y sus respectivas implicaciones espaciales. Igualmente, Góngora y Suárez (2008) hablan de cómo los fines meramente económicos capitalistas se hallaron maquillados con la aparente búsqueda del beneficio de la seguridad para la ciudadanía.
La masificación del imaginario del miedo, de la topo-rrepresentación de la Calle del Cartucho, alimentó el discurso de la necesidad de eliminar físicamente dicho foco. El proceso de renovación urbana proyectó la construcción de un nuevo espacio público que, bajo el discurso del gobernante Peñalosa, era necesario en el centro de la ciudad, dado que este adolecía de espacios de congregación; con ello, en la lógica neoliberal, su administración ejercería una acción de justicia socioespacial. El resultado de tal acción es el parque Tercer Milenio, algo que se concretó y gestionó mediante los decretos 880 de 1998 -que contiene las directrices para el proyecto de renovación urbana a llevarse a cabo- y 619 de 2000 -que erigió el Plan de Ordenamiento Territorial -en adelante, POT- como elemento estratégico para la gestión económica y urbana, que incluye la acción de renovación política como una política bien definida-. A propósito del POT, Góngora y Suárez (2008) lo describen como uno de los elementos utilizados para el control y manejo de las actitudes y acciones deplorables presentes en ciertos espacios geográficos, en este caso, el Cartucho. Ello lleva a preguntarse: ¿se lograron controlar o eliminar las lógicas de aquellos espacios mediante la destrucción de lo material?
Las toporrepresentaciones circunscritas al Cartucho -a partir de sus propias lógicas caracterizadas por ser expresadas mediante la brutalidad y degradación- mediaron para que primara la idea sobre la eliminación simplemente material de ese espacio del miedo mediante la ejecución del plan de renovación urbana, como lo apunta Suárez (2010). Este mismo autor hace referencia a la búsqueda de la destrucción del "patrimonio" material al ser considerado un elemento primordial de la esencia del Cartucho.
La destrucción material de la Calle del Cartucho, concretada entre el 2001 y 2003, no implicó la destrucción de sus lógicas por igual, al ser dispersados por la ciudad sus actores principales. Algunos pequeños espacios en Bogotá que ya presentaban lógicas -o eran antiestructuras-, desde el planteamiento de Suárez (2017), similares al Cartucho concentraron a buena parte de los actores dispersados (Góngora 2012). De estos espacios, uno de los que se hallaban en el barrio Voto Nacional logró acoger prácticamente a todo el conglomerado de actores y lógicas del Cartucho, al punto de ser su sucesor. Este espacio sería llamado la Calle del Bronx.
En ese sentido, la Calle del Bronx se constituyó como una combinación de las categorías mencionadas: estructuras urbanas en malas condiciones (Figura 2); terrenos invadidos por habitantes de calle; infraestructura construida con materiales precarios que se alzaba sobre las aceras con el fin de brindarle a los consumidores de droga un refugio temporal (Figuras 2 y 3); altas tasas de homicidios y robos a mano armada. Se consolidó el entrecruzamiento de fenómenos e historias, como si fuese una repetición del Cartucho, para generar de esta manera un espacio de miedo cuyo "reconocimiento" era de carácter colectivo, es decir, una toporrepresentación profundamente nefasta.
El nacimiento del Bronx: resultado socioespacial de la desaparición del Cartucho
Tal como se ha mencionado, con la destrucción física de la Calle del Cartucho muchos de sus habitantes migran manzanas abajo hacia lo que se conocería como la Calle del Bronx. Es decir que la intervención pública urbanística no produjo más que la expansión de la situación social y sus imaginarios a otros sectores, junto con el crimen y la configuración de la marginalidad y las expresiones de injusticias socioespaciales que se habían configurado en el nicho de los años ochenta. Vargas y Martínez (2013) afirman que para el estudio de la Calle del Bronx es posible aproximarse de dos formas: desde el microtráfico y la indigencia.
La primera forma hace cuenta de la relación con las estructuras de seguridad y distribución de drogas, pues generó un lugar en donde la ley era impuesta por los distribuidores que subyugaban a los cuerpos de seguridad oficiales. En este contexto se conocieron distintas violaciones a los derechos humanos -torturas, asesinatos, explotación sexual infantil, entre otros- llevadas a cabo por las organizaciones criminales. Estas actividades delincuenciales llamaron poderosamente la atención de los medios de comunicación, quienes jugaron un papel determinante al nombrar a la Calle del Bronx como "el infierno" o "la calle maldita", reforzando los imaginarios y con ello el miedo y el repudio que los bogotanos tuvieron con respecto a este lugar (Avendaño 2016).
La segunda forma de aproximarse al estudio del Bronx, la indigencia -habitabilidad en calle-, hace parte del problema al tener una estrecha relación con la degradación del espacio físico14 y con la creación del foco para la demanda latente de todo tipo de drogas, fortaleciendo las lógicas imperantes del narcotráfico. En ese sentido se puede entender al Bronx como el resultado de un proceso de guetización, en el que se determina un límite tanto objetivo (barricadas) como subjetivo (fronteras de miedo como construcción social) (Avendaño 2016).
En consonancia con lo anterior, para Taraznona et ál. (2017, 55), el Bronx se constituyó como "un escenario de convergencia de problemas de seguridad, como la venta y consumo de drogas, prostitución, el tráfico de armas, asesinatos, hurtos, adulteración de licor, entre otros". Estos autores analizan, de manera adicional, que su ubicación en el centro de la ciudad, a pocos metros de la Plaza de Bolívar15 y justamente continua a un batallón de reclutamiento del ejército colombiano, hizo que el problema fuera invisibilizado durante un buen tiempo.
Cuando la problemática logró ser reconocida por la ciudadanía y las autoridades locales, se empezaron a tomar distintas estrategias para acabarla, o, en su defecto, mitigarla. En función de estos propósitos, se pusieron sobre el papel dos enfoques diferenciados: el primero, enmarcado en la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015), y el segundo, en la actual alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019), quien asumió por segunda vez luego de ejercer el periodo 1998-2000.
Desde la alcaldía de Gustavo Petro se tomó un enfoque de desarrollo humano en el que se atendía el consumo de drogas en centros especializados para tal fin (CAMAD), entendiendo la drogodependencia de los habitantes de la calle16 como un elemento de salud pública, dada la "esclavitud" a la que son llevados tales ciudadanos por el consumo permanente de sustancias psicoactivas como el "bazuco" o el crack -como es denominado a nivel mundial-17. No obstante, estos programas no dieron soluciones de fondo en el tiempo de su implementación (Tarazona et ál. 2017)18, por lo que el descontento de la ciudadanía se hizo notar. En realidad, su fracaso no fue por el programa en sí mismo, sino por las limitaciones del conocimiento de drogodependencia, el manejo del síndrome de abstinencia de los consumidores y, por supuesto, la toporrepresentación negativa de la opinión pública de Bogotá. Adicionalmente, la información que se revelaba en los medios de comunicación sobre los delitos que allí se cometieron y el cambio de alcaldía en el 2015 significaron la estocada final a este enfoque, teniendo una transformación total de la mano de Enrique Peñalosa, ratificando la tesis de Avendaño (2016) en torno de la existencia de autores de las "toporrepresentaciones" o interesados en catalogar los espacios de una manera particular.
El fin del Bronx en perspectiva
La Calle del Bronx, y su concepción espacial, retuvo en los últimos años bastante interés por parte de los habitantes de Bogotá y los gobiernos distritales; el objetivo de brindar una solución eficaz y práctica al problema que representa este espacio del miedo adquirió demasiada importancia (Moreno 2014). No obstante, como se ha podido dilucidar, las estrategias planteadas en los gobiernos anteriores no tuvieron el impacto necesario para solucionar este problema (Avendaño 2016; Bravo 2015). A partir de ello, en el mes de mayo de 2016 -bajo la segunda administración de Enrique Peñalosa- se realizó un operativo policial de inmensas proporciones19 para el desalojo de sus habitantes, que tuvo una duración de entre 2 y 5 días (Alcaldía Mayor de Bogotá 2016a). Se dio fin a las dinámicas de violencia y microtráfico que allí se desarrollaban; ello desde la perspectiva estatal, de nuevo argumentando la necesidad de erradicar los vestigios de las expresiones de las injusticias socioespaciales en pro del bienestar colectivo.
Esta estrategia de desalojo y destrucción del Bronx ha generado polémica por múltiples factores, entre los cuales se destaca la poca atención que se le ha dado a los antiguos habitantes del sector en aspectos como la vivienda, el apoyo psicológico y la asistencia social. A ello se suma el surgimiento y/o reforzamiento de algunos espacios de miedo ubicados en distintas zonas de la ciudad, como es el caso del barrio El Amparo en la localidad occidental de Kennedy, u otros sectores del centro, como el barrio San Bernardo, la Estanzuela, Veraguas, 5 Huecos -ubicado en la carrera 20 con calle 12- (Publimetro 2016).20 Se repitió de alguna forma la misma historia sucedida con el Cartucho: se desplazó el problema de un lugar a otro sin lograr una mejora integral, dejando de lado las problemáticas sociales que son el trasfondo de este tipo de espacios y que no pueden ser totalmente solucionadas con la ejecución de proyectos de renovación urbana, que no van más allá de ser una construcción arquitectónica. Es decir, se ha dado una intervención urbanística como acción pública cuyo único resultado ha sido el de incentivar la configuración de nuevas expresiones de injusticia socioespacial.
Es aquí válido pensar: ¿cuál es el futuro de las y los antiguos habitantes del Bronx? ¿Es posible que el desalojo se vuelva una oportunidad para ellos? Estas no son preguntas sencillas de responder. Sin embargo, sí es posible acotar que, debido a la escasa atención por parte de las instituciones públicas encargadas -las cuales a pesar de su gestión no han logrado apoyar a la totalidad de los habitantes, bien por factores externos o limitaciones internas-, se evidencia en la práctica que los preceptos de la denominada justicia distributiva son limitados y problemáticos.21
La relación que como ciudadanas y ciudadanos se tiene con los habitantes de calle se encuentra mediada por un fuerte imaginario de peligro, lo que lleva consecuentemente a pautar relaciones con un alto tinte de segregación (Gutiérrez 2009), en donde las oportunidades para estas personas son escasas, dejándoles un panorama no muy favorable (Bret et ál. 2010).
Ahora bien, en el espacio físico que ocupaba el Bronx, entendido como un anverso de la ciudad planificada (Gutiérrez 2009), se ha venido concretando un proyecto de renovación urbana, cuyo objetivo es convertir lo que anteriormente era un espacio evitado a toda costa en una centralidad de la dinámica urbana capitalina, dentro de la ciudad controlada y planificada, bajo la falacia de la ciudad justa (Musset 2010); esto, a través de la proyección de la primera línea del metro cercana a este sector, además de algunos otros espacios públicos y de comercio (Figura 4) (Alcaldía Mayor de Bogotá 2016b). Lo anterior teniendo en cuenta que:
[...] en el trasfondo, lo que prima con la renovación urbana es una "lógica espacial de la competitividad" de las ciudades, que conllevan generalmente, al aumento del valor del suelo y por consiguiente el valor de los impuestos y los servicios, efectos que terminan desplazando a las personas que originalmente habitaban formal o informalmente los territorios. Esto implica, que el fenómeno tiene que desplazarse eventualmente. (Secretaría Distrital de Integración Social 2015)
Bajo este marco de ideas, se puede decir que el objetivo económico detrás de lo sucedido en el Bronx se está logrando. Sin embargo, es importante preguntarse, ¿a qué costo lo está haciendo? Constantemente el desarrollo de este tipo de proyectos y planes de intervención en las ciudades deja de lado la ciudad entendida desde la experiencia: como algo que se vive, se camina, se siente, se observa y se piensa (Gutiérrez 2009).
Así, una planeación consciente y atenida a las experiencias de vida de las personas en las ciudades no solo busca beneficios económicos, también busca calidad de vida urbana (Díaz et ál. 2015). Esta es, según Jacobs, "un estándar que combina seguridad personal, comodidad y placer, para un peatón [...] en cualquier parte de la ciudad, en cualquier momento del día" (Díaz et ál. 2015, 29).22 Bajo este parámetro, la seguridad en la ciudad no solo se garantiza con rejas, cámaras de vigilancia y guardias privados (Avendaño 2016; Musset 2009). Se debe pensar en otras formas de garantizarla, tales como lo propuesto por Jane Jacobs y sus "ojos a la calle" a través de la mixtura de usos del suelo, el pequeño comercio, las calles chicas y concurridas (Jacobs 2011).
La planeación de la capital y la gestión que se le dé al Bronx después de su desalojo deberían contemplar estrategias de seguridad un poco más integrales, como la aquí mencionada, aunque esta no es la única alternativa. Lo que es claro es que se debe pensar en la ciudad más allá del emprendimiento -en términos del capital-; es pertinente contemplar opciones más conscientes de que la ciudad es un espacio de vivencias y experiencias (Musset 2009), haciendo una planeación que busque que estas últimas sean satisfactorias para todas y todos, es decir, la materialización de elementos cercanos a una ciudad justa, más cercana al marco procedural (Young 2000).
Fuente: Google Earth 2018. Nota: imagen superior, el barrio Santa Inés sector del Cartucho (1999), aún con edificaciones. Imagen inferior el Parque Tercer Milenio, ya "renovado" (2014); también se muestra la ubicación de la Casa de Nariño, lugar de ejercicio del Presidente de la República.
Figura 4 Comparativa en los círculos negros.
Conclusiones
El ejercicio analítico de los espacios del miedo desde el foco de la geohistoria permite afirmar un reconocimiento de la ciudad como hecho y representación dinámica (Páez 2016). Este está basado en la construcción subjetiva de sus espacios, en donde las personas -ciudadanos/ as- configuran, a partir de percepciones e imaginarios, ciertos tipos de espacios y territorios, los cuales exhiben dinámicas y lógicas notablemente distintas a las prácticas comunes (Avendaño 2016; Bret et ál. 2010; Musset 2009). Las construcciones subjetivas, en conjunto con los elementos que distinguen a los espacios del miedo, incluyen el papel de los medios de comunicación, las decisiones tomadas por los gobernantes y lo estético, en cuanto al carácter arquitectónico de los espacios del miedo (Pyszczek 2012), es decir que estos también son espacios socialmente construidos, en un híbrido de gestión pública y espacios sociales (Soja 2009).
Ahora, desde la construcción subjetiva de la ciudad, la renovación urbana en curso en la Calle del Bronx parece estar encaminada a repetir el fracaso que significó la eliminación del Cartucho (Avendaño 2016). El imaginario que contempla la transformación de los espacios desde lo material deja de lado el agente social de estos espacios del miedo, debido a la poca intervención y ayuda verdadera a la que es sujeto; es quizá una expresión de la limitada justicia distributiva que cimienta la gestión pública de estas medidas (Soja 2009).
La dispersión de los diversos actores a causa de la renovación urbana permite la recepción de estos por parte de otros espacios menores, quienes acaparan las estructuras, jerarquías y lógicas adheridas al conjunto social -con sus respectivas implicaciones en las representaciones e imaginarios colectivos-, dando paso a la reproducción de la inseguridad, y de los espacios del miedo en la ciudad (Musset 2010), que, más que ello, son expresiones de injusticias socioespaciales.
Igualmente, el carácter estratégico, histórico y dinámico de estos espacios da paso al temor latente de la población al percibir un problema con visos de no ser solucionado satisfactoriamente, atendiendo a lo acontecido en El Cartucho y la materialización del proyecto de renovación urbana que dio paso a la construcción del parque Tercer Milenio.
En sí, la instrumentalización de un sentimiento incrementado, cimentado a partir de hechos delictivos que no son atendidos de manera efectiva, se configura como pretexto de intervención de la ciudad, en el caso particular, de ejercicios de desterritorialización de uno de los eslabones de la cadena: los y las habitantes de la calle. En ese sentido, los agentes públicos se configuran como generadores diásporas por la ciudad, la misma que se convirtió en el espacio vital de los habitantes del Cartucho y del Bronx, pues, de lo contrario, ¿en dónde se esperaba que se ubicaran?
Nadie podría poner en duda la exigencia y el afán de intervenir el Cartucho y luego el Bronx; sin embargo, como quedó documentado, los procesos de planificación, en el contexto neoliberal actual, poco se interesan en atender las raíces de las tensiones socioterritoriales, pues se mantienen del lado de los planteamientos de Rawls sobre la justicia distributiva, anulando cualquier posibilidad de acercamiento a las discusiones sobre la justicia socioespacial con miradas procedurales.
