Introducción

El extraordinario dinamismo que adquirieron los vínculos comerciales con la República Popular China es una de las particularidades de América Latina en el siglo XXI. Ello fue seguido hacia 2009 por un abrupto desembarco de inversiones extranjeras directas (IED) chinas, que se dirigieron principalmente hacia actividades primario-extractivas (Ellis 2014).

China acompañó esta aproximación con un énfasis en la noción de cooperación Sur-Sur, modalidad que difiere del tradicional esquema vertical de asistencia Norte-Sur. De manera simultánea, las asociaciones estratégicas se tornaron una categoría central de su discurso hacia diversos países de la región.¹ No obstante esos conceptos, la presencia de la potencia en Latinoamérica es indisociable del desmesurado incremento en la demanda de alimentos, energía y minerales, provocado por su acelerado crecimiento económico (Svampa y Slipak 2015).

En este marco, el fortalecimiento de los lazos con China ha convergido con el neoextractivismo latinoamericano, caracterizado por la vertiginosa expansión de las fronteras extractivas hacia nuevos territorios (Machado Aráoz 2015; Svampa 2013). Entre ambos llegó a establecerse una simbiosis, en la que el aprovisionamiento de commodities del gigante asiático es facilitado por la explotación de recursos naturales exportables, y a su vez la intensifica. De todos modos, mientras que los gobiernos coinciden en los beneficios económicos de la nueva relación con China, la sociedad está desempeñando un papel cada vez más activo en su cuestionamiento.

Los riesgos del vínculo chino-latinoamericano han sido ampliamente discutidos. Entre ellos fueron señalados la reprimarización de las exportaciones (OCDE/CEPAL/CAF 2016), la profundización del extractivismo (Nacht 2013), la ampliación de la asimetría entre ambos Estados y la consolidación de esquemas de dependencia y subordinación con base en la lógica centro-periferia (Bolinaga y Slipak 2015; Laufer 2017; Oviedo 2015). Sin embargo, se ha dirigido escasa atención a la potencialidad de las percepciones y reacciones de la sociedad en defensa del ambiente y los bienes comunes, para comprender otras implicaciones de estas iniciativas. Esto ocurre a pesar del ciclo de conflictividad socioambiental que se extiende a lo largo de toda América Latina.

Este artículo se interesa por comprender la naturaleza y los efectos de la cooperación Sur-Sur de China a partir de una mirada desde abajo, es decir, desde las resistencias sociales. Para ello estudia el conflicto socioambiental en torno a la construcción del Complejo Hidroeléctrico Presidente Néstor Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic, en Argentina. Esta representa la mayor inversión externa realizada por China en el mundo, lo que es consistente con la prioridad que posee la infraestructura dentro de la cooperación con la región (Gransow 2015). En contraposición al sólido respaldo de los gobiernos nacional, provincial y local, la obra generó un rotundo rechazo en sectores de la comunidad local, movimientos y organizaciones sociales y pueblos originarios, asociado a su impacto ambiental. De esa forma, surge el interrogante respecto a las características y los impactos socioambientales de la cooperación china que son puestos de manifiesto a través de las ideas y acciones de resistencia social.

Con ese fin, en el presente artículo se adoptan el enfoque neogramsciano de Robert Cox y las categorías de la ecología política latinoamericana. Con base en estos se argumenta que mediante su resistencia, los movimientos y organizaciones sociales evidencian que el proyecto de las represas Kirchner-Cepernic está atravesado por (y expresa) un conjunto de relaciones de poder material, discursivo e institucional. De ese modo, lo que China presenta como cooperación, en términos materiales e institucionales replica los patrones de explotación de la naturaleza propios del Norte, caracterizados por la desigualdad ambiental.

Los datos del caso propuesto fueron recolectados mediante el análisis de documentos, consistentes en comunicados, informes y declaraciones emitidos por actores gubernamentales y organizaciones sociales, lo que fue complementado con información de prensa. Asimismo se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave que participaron en la resistencia. El estudio de los acontecimientos se circunscribe temporalmente al período que se inicia en 2014, con la firma del acuerdo entre Argentina y China para el financiamiento de la obra, y finaliza en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena su suspensión.

En el primer apartado se expone la perspectiva teórica que orienta este trabajo. Posteriormente se describe el proyecto de las represas Kirchner-Cepernic. Tras ello se procede al análisis del conflicto socioambiental en sus dimensiones materiales, ideológicas e institucionales. Por último se señalan algunas conclusiones.

1. Hegemonía, extractivismo y resistencias sociales

Los problemas ambientales se originan en las formas de comprender la naturaleza y en los significados otorgados a esta. Al respecto, ^{Escobar (1999)} explica que las formas de conocimiento moderno no han sido capaces de encontrar maneras de relacionarnos con la naturaleza sin destruirla. Esa afirmación nos remite a la noción de hegemonía, que, de acuerdo con ^{Cox (1992a)}, refiere a la estructura de valores y entendimientos que permean la sociedad. En un orden hegemónico, esos valores aparecen relativamente estables e incuestionables y se presentan como el estado natural de las cosas para la mayoría de los actores. Ello no significa que esos significados intersubjetivos no estén apuntalados por una estructura de poder, pero el dominio no es suficiente para crear hegemonía (^{Cox 1992a}).

Desde esta perspectiva neogramsciana,² un orden mundial hegemónico se fundamenta no sólo en los Estados, sino también en una sociedad civil concebida globalmente, es decir, un modelo de producción global que genera vínculos entre las clases sociales de los países incluidos en él (^{Cox 1993}). Por esa razón, la hegemonía es simultáneamente una estructura social, económica y política, que se expresa en normas universales, instituciones y mecanismos de comportamiento que recaen sobre Estados y fuerzas sociales (Cox 1993). Esas reglas sostienen el modo de producción dominante, caracterizado por la organización transnacional de la producción y las finanzas, con empresas que promueven distintas fases de sus actividades en diversos territorios. Este incremento del poder estructural del capital transnacional es lo que particulariza a la globalización (Bieler y Morton 2004).

Sin embargo, el actual modo de producción capitalista “no es sólo una forma de organizar la economía […] también ha sido un sistema distinto de valores, patrones de consumo, estructura social y forma de Estado” (Cox 1992b, 4). Precisamente, el capitalismo se enraíza en una representación y forma de relacionarse con la naturaleza propias de la racionalidad moderna. Uno de los aspectos definitorios de esta es la escisión total entre hombre y naturaleza, lo que fue acompañado con la certidumbre de que la ciencia permitiría develar los misterios del mundo natural, a fin de dominarlo. De acuerdo con ^{Leff (2004)}, ello significó la desnaturalización de la naturaleza, que es convertida en recursos naturales o materias primas que sirven de insumos al proceso de producción. Así, el hombre ya no se concibió a sí mismo como parte de la naturaleza, sino como su señor y poseedor.³

Por consiguiente, la forma hegemónica de percibir la naturaleza e interactuar con ella desde la modernidad fue impregnada de una visión antropocéntrica y de presupuestos utilitaristas, economicistas y cientificistas. Esta representación cristalizó la apropiación y explotación de la naturaleza como objeto. Ello contribuyó asimismo a que ciertos problemas, por ejemplo, la escasez de agua, fuesen relegados a la esfera de la naturaleza como estrategia para despolitizar la cuestión y sustraerla del debate público (Zwarteveen y Boelens 2014). Esto es consistente con la interpretación de la gestión del agua como un asunto técnico, sin considerar los ríos como sistemas socioecológicos complejos donde se interconectan procesos sociales, ambientales y geomorfológicos (Saguier 2017). De esa forma, se desconoce que el agua es simultánea e inseparablemente natural y social (Perreault 2014). Esto es, que existe al margen de la influencia humana, pero al mismo tiempo es un producto de acciones sociales, instituciones, disputas y discursos. Como naturaleza socialmente producida, el agua no es políticamente neutral, sino que reproduce y refleja las relaciones sociales de poder.

Es dentro de esta concepción hegemónica de la naturaleza que debe comprenderse la emergencia del extractivismo. Esa noción central de la ecología política latinoamericana se difundió ampliamente para designar el patrón de acumulación instaurado por diversos gobiernos latinoamericanos, basado en la explotación intensiva de grandes volúmenes de recursos naturales (Gudynas 2012; Svampa 2013). Sin embargo, ese modo de definir al fenómeno no da cuenta de la influencia que ejerce el orden mundial. En este sentido, ^{Machado Aráoz (2015)} sostiene que el extractivismo es un fenómeno estructural e indisociable del capitalismo moderno, que a su vez se halla intrínsecamente asociado al colonialismo. La causa de esto reside en el sociometabolismo del capital, caracterizado por la dinámica constante de producción y consumo.

Desde su nacimiento, la economía moderna se liga a la expoliación, bajo el signo de la conquista y el saqueo. Por ello, lejos de representar una novedad, las raíces del extractivismo se remontan al surgimiento del capitalismo, que “nace de y se expande con y a través del extractivismo. Éste resume y sintetiza la lógica práctica del capital, en cuanto sistema histórico-geográfico expresamente concebido como orden colonial mundial” (Machado Aráoz 2015, 3).

Por lo tanto, el extractivismo se extiende con diversos grados de intensidad a lo largo de América Latina desde hace quinientos años (Composto y Navarro 2014). Su inicio es la violenta incorporación de la región al mercado mundial como zona de mera extracción, en la que el poder colonial organizó, expropió y alteró la naturaleza (Alimonda 2011). De esa manera se estableció el ordenamiento territorial del orden mundial moderno, escindido en una zona de saqueo y una de acumulación. Desde la perspectiva de Machado Aráoz (2015, 3), “el extractivismo es la práctica económico-política y cultural que ‘une’ ambas zonas”.

En cambio, lo distintivo del actual ciclo extractivista o “neoextractivismo”, exacerbado en la primera década del siglo XXI, es que representa la consolidación de la avanzada del neoliberalismo que se inició en respuesta a la crisis económica y ecológica de 1970. Esta nueva fase de acumulación global produjo una recolonización de la naturaleza americana por el capital transnacional. Las estrategias de privatización y liberalización iniciadas en esa década, junto a la reconfiguración del rol estatal, posibilitaron la mercantilización de bienes comunes, servicios públicos y relaciones sociales hasta entonces no integrados a la lógica del capital (Composto y Navarro 2014).

Así, el neoextractivismo puede verse como el resultado de un proceso global de redefinición de las jerarquías geopolíticas y geoeconómicas del capital (Machado Aráoz 2013). Ese escenario propició la competencia entre los Estados del Sur por la radicación de capitales en sus territorios. Como resultado, las empresas transnacionales expandieron aceleradamente sus negocios en la región, se incrementaron las tasas de extracción de hidrocarburos y de minerales y la construcción de megaobras de infraestructura.

Tras la crisis económico-financiera de 2008, el neoextractivismo asume un nuevo matiz en Latinoamérica. El peso que adquiere China dentro de esta dinámica, como consecuencia de su inusitado incremento en el consumo de productos básicos, provocó que la región transite del “Consenso de Washington” al “Consenso de Beijing” (Bolinaga y Slipak 2015). El rasgo definitorio de este es la subordinación latinoamericana a la demanda de materias primas de China, lo que se evidencia en la prioridad otorgada por las políticas exteriores latinoamericanas a la intensificación del comercio y las inversiones con el país asiático.⁴

El Consenso de Beijing consiste, entonces, en “la idea de que el sendero inevitable para el desarrollo de la región es la profundización de los vínculos con la República Popular China” (Slipak 2014, 113). Ello demuestra que la nueva influencia de la potencia en América Latina es la contracara del extractivismo dominante (Svampa y Slipak 2015).

Desde otro ángulo, la profundización del extractivismo ha tenido como consecuencia la multiplicación a lo largo del continente de las resistencias socioambientales (Svampa 2013; Composto y Navarro 2014). Esta categoría hace referencia a la gama de luchas y acciones de individuos y grupos sociales que desafían la ideología neoliberal y su fe en el mercado, así como a la articulación discursiva de nuevas formas de ver los retos actuales que sintetizan ideas sobre la defensa del ambiente, la crítica a la mercantilización de la naturaleza y la deuda ecológica provocada por los países industrializados (Saguier 2012).

Las resistencias conducen a la emergencia de conflictos ambientales, que “representan focos de disputa de carácter político que generan tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales en cada comunidad o región” (Merlinsky 2013, 40). Estos no deben ser interpretados como un episodio dramático, sino como medios de expresión y toma de la palabra que permiten la inscripción de las prácticas sociales en la esfera pública. Por consiguiente, ponen en cuestión no sólo los efectos ambientales, sino las relaciones de poder que facilitan el acceso a los recursos naturales. Simultáneamente, colocan en primer plano la noción de justicia ambiental, que excede las demandas de distribución económica y material, para incorporar el reconocimiento cultural y la participación política en un contexto de integridad socioecológica (Zwarteveen y Boelens 2014).

La potencialidad de las resistencias sociales se torna visible al considerar que para ^{Cox (2002)}, las relaciones sociales de producción son el punto de partida para analizar los mecanismos de hegemonía. Más aún, desde su perspectiva, la sociedad civil posee una dialéctica inherente. Por un lado, es el terreno en el que se construye el orden social existente y donde las agencias ideológicas del Estado moldean la moral y la cultura. Por el otro, es el espacio para el surgimiento de un nuevo orden y en el que se puede construir la contrahegemonía (^{Cox 1993}). En consecuencia, este trabajo supone la existencia de una relación de codeterminación entre las inversiones de China en infraestructura y las prácticas e ideas de los movimientos sociales, de manera que la naturaleza de las primeras se explica a partir de los conflictos entre fuerzas subalternas y fuerzas dominantes en torno a la construcción de distintas institucionalidades (Saguier 2010).

Acorde a lo anterior, el análisis de la disputa en torno a las represas es realizado con base en las tres categorías de fuerzas que interactúan en una estructura histórica: capacidades materiales, ideas e instituciones (Cox 2013). Las primeras son definidas como potenciales productivos y destructivos. Las ideas comprenden, por un lado, los pensamientos intersubjetivos o nociones compartidas que perpetúan los comportamientos en una estructura histórica; por el otro, las diversas imágenes colectivas del orden social que poseen los diferentes grupos. Las instituciones, por su parte, son particulares amalgamas de ideas y poder material que influyen en el desarrollo de ideas y capacidades materiales. Aunque en sus inicios reflejan las relaciones de poder, luego las instituciones “toman vida propia; se vuelven un campo de batalla de tendencias opuestas, o estimulan la creación de instituciones rivales que reflejan tendencias diferentes” (Cox 2013, 142).

Es preciso destacar, por otra parte, que las resistencias a las represas se proyectan a múltiples escalas, atravesadas por relaciones de poder. En esta línea, el establecimiento de alianzas y compromisos con actores y redes de diferentes escalas adquiere centralidad como estrategia de los actores locales en la defensa de sus intereses (Hoogesteger y Verzijl 2015). Así, los actores se mueven entre centros de poder social con potencial de ayudarlos a materializar sus demandas e incrementar su voz en la toma de decisiones.

A modo de síntesis, en este enfoque “la sociedad civil es en sí misma un campo de relaciones de poder” (Cox 2002, 114), que es moldeada de arriba-abajo por el Estado y los intereses corporativos para estabilizar el statu quo político y económico, pero en la que, simultáneamente, en un sentido de abajo a arriba, los desfavorecidos pueden protestar y buscar alternativas.

2. El proyecto de construcción de las represas Kirchner-Cepernic

La construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica se encuentra dentro de una visión productivista que prioriza los emprendimientos a gran escala, el avance sobre territorios con una lógica destructiva y la sobreexplotación de los bienes comunes (Svampa 2013). Las represas son consideradas por gobiernos y empresas como la tecnología más eficiente para la generación de energía, desconociendo sus vínculos con la pérdida de biodiversidad y las condiciones de subsistencia de las comunidades que deben ser reasentadas de las tierras que serán inundadas, así como los problemas de salud asociados a cambios en los ecosistemas acuáticos (Saguier 2017).

En este contexto, las represas hidroeléctricas presidente Néstor Kirchner-gobernador Jorge Cepernic son inescindibles de la expansión acelerada de los vínculos entre Argentina y China que se inicia en el nuevo milenio. Como resultado, el gigante asiático se consolidó como segundo socio comercial del país sudamericano, fuente de financiamiento de primera importancia y tercer origen de los flujos de inversión, después de Estados Unidos y España. En paralelo, el extractivismo se profundizó. Más del 70% de las exportaciones argentinas a la potencia consisten en poroto y aceite de soja (Laufer 2017). De modo similar, las inversiones de China se concentraron en sectores extractivos, como petróleo y minerales, la infraestructura que facilite las exportaciones y las finanzas (Bolinaga y Slipak 2015; Oviedo 2015).

La aproximación entre Argentina y China alcanzó un hito en el 2014, cuando los presidentes Xi Jinping y Cristina Fernández de Kirchner suscribieron la “Declaración conjunta sobre el Establecimiento de la Asociación Estratégica Integral”. Esta elevó de nivel la asociación estratégica bilateral establecida en 2004 por los jefes de Estado de Argentina y China, Néstor Kirchner y Hu Jintao. Esa noción, central en el discurso chino hacia la región, le permite encubrir su presencia de forma diferente a la de otros grandes poderes y al mismo tiempo obtener el consenso de las clases dominantes (Oviedo 2016).

En esa ocasión se suscribieron diversos acuerdos bilaterales, pero entre ellos se destaca el convenio por el que el gigante asiático se comprometió al financiamiento de las represas Kirchner-Cepernic. Esto se debe a que esa obra fue calificada por la presidenta argentina como un disparador emblemático de la nueva etapa de la alianza con China. Es de notar que otro proyecto que alcanzó similar estatus fue el mejoramiento integral del ferrocarril Belgrano Cargas (Casa Rosada 2015).

El complejo Kirchner-Cepernic es un emprendimiento para el aprovechamiento hidroeléctrico del más importante de los ríos de la Patagonia argentina, el Santa Cruz, ubicado en la homónima provincia (ver la imagen 1). Este prevé la construcción de dos represas: la represa Presidente Néstor Kirchner, ubicada a 130 kilómetros de la localidad de El Calafate; y la represa Gobernador Jorge Cepernic, a 170 kilómetros de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena. Ambas centrales se vincularían con el Sistema Argentino de Interconexión (Represas Patagónicas 2015).

Fuente: Ministeriode Energía y Minería (2017)

Imagen 1 Ubicación geográfica de las represas Kirchner-Cepernic).  

El compromiso asumido por los mandatarios consistió en el otorgamiento de un préstamo por parte de China al Gobierno argentino para la construcción de esa obra de infraestructura. Este fue canalizado a través de tres bancos estatales chinos: China Development Bank (CDB), el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China Limited (BOC).⁶ Por otra parte, esta modalidad de financiamiento tiene como condición que la obra sea ejecutada por una empresa china (CEPAL 2013). Esto se había realizado en 2013, cuando el proyecto fue adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE), denominada Represas Patagónicas, conformada por las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo y la china Gezhouba Group.

Los proyectos financiados y ejecutados por China deben ser saldados en el futuro por los gobiernos latinoamericanos (Ellis 2014). Por último, es de notar que aunque el financiamiento por infraestructura puede ser escindido entre inversiones y cooperación al desarrollo en la forma de préstamos preferenciales, entre ambas existe cierta superposición que no es fácil de discernir (Gransow 2015).

3. Los aspectos materiales del conflicto por las represas

Las expectativas gubernamentales en torno al acuerdo por la construcción de las represas entraron en colisión con las opiniones de diversos actores sociales respecto a su dimensión socioambiental. Esto catalizó la emergencia de resistencias sociales al proyecto Kirchner-Cepernic que, desde un plano estrictamente material, se articularon en dos ejes. Por un lado, la degradación y destrucción del ecosistema local que provocarían las represas hidroeléctricas. Por el otro, el daño a las actividades productivas que resultaría de las expropiaciones.

Es imposible comprender las resistencias sin tener en cuenta un elemento estructural que condiciona su alcance: las capacidades materiales de China. En forma paralela al robustecimiento de los lazos se profundizó la asimetría entre Argentina y China. Así, en 1991 la economía argentina equivalía a la mitad de la china, pero hacia 2012 sólo representaba el 5,7%. Ese año China se convirtió en la segunda economía mundial, mientras que Argentina se posicionó en el puesto 25. De esa forma, al tiempo que China emergió como gran potencia económica, Argentina se mantuvo en la periferia (Oviedo 2015).

La primera disputa se originó en la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a la aprobación de una obra sobre el último río de origen glacial que corre libre desde la cordillera de los Andes hacia el mar y el ecosistema circundante. Esto, junto a la falta de celebración de una audiencia pública, movilizó a organizaciones sociales y ambientales, pobladores y comunidades originarias por los efectos de la obra sobre la naturaleza.

Aunque la temática ambiental tiene un rol protagónico a lo largo de la controversia, a esta se superpone otra fuente de disputas que involucra a propietarios de campos ribereños al río Santa Cruz. La construcción de las obras exigía la expropiación de las tierras linderas al cauce del río. Por ello, con el acuerdo de los dueños de esas superficies, se sancionó en el 2010 una ley⁷ que garantizaba su condición de ribereños, lo que posibilitaba la actividad agropecuaria. Sin embargo en 2014, a instancias del Poder Ejecutivo provincial, la legislatura anexó al área a expropiar una franja de 200 metros de costa a lo largo del río. La medida se fundamentó en la necesidad de proteger a las personas y a la producción de los grandes oleajes que se generarían en el perilago de las represas (“Propietarios ribereños siguen resistiendo” 2015).

Por el contrario, los propietarios argumentan que, sin haber sido consultados previamente, la expropiación de esa porción les ocasionará grandes perjuicios económicos. Esto se debe a que perderán el acceso al agua indispensable para la ganadería ovina, principal actividad de la zona. Además de afectar su condición de productores, señalan que recibieron un escaso monto por el concepto de indemnización y que fue anulada su posibilidad de vender áridos, que había sido contemplada anteriormente.⁸ Su cuestionamiento a las represas se basa no sólo en que la cantidad de tierra expropiada fue superior a la prevista, sino también en la inexistencia de una justificación técnica de ese proceso.

Lo que subyace al reclamo de ambos actores son tanto la falta de transparencia como la ausencia de consultas y participación ciudadana en la fase de diseño y evaluación de la obra. Por eso, sus principales acciones se dirigieron a instalar la problemática en la agenda pública y, a partir de ello, ejercer presión sobre los impulsores de la iniciativa. Los medios empleados para ello incluyeron la elaboración y difusión de estudios y gacetillas de prensa; la redacción de cartas dirigidas a las autoridades y la publicación de comunicados en los diarios nacionales. A ello se añaden la celebración de reuniones y la realización de denuncias judiciales.

A pesar de que inicialmente las organizaciones ambientales actuaron de manera dispersa, con el trascurrir del tiempo comenzaron a articular sus esfuerzos. A modo de ejemplo, cabe citar un comunicado de quince ONG ambientalistas⁹ que alerta sobre la destrucción del río Santa Cruz y las dudas respecto al impacto del embalse de las represas en los glaciares (Salvemos el Río Santa Cruz 2015). No obstante, la movilización en contra de las represas encontró un obstáculo difícil de sortear en los intereses de las élites políticas y de las empresas y los bancos chinos.

Argentina atraviesa una crisis energética provocada por la imposibilidad de responder al incremento de la demanda de energía. Por ello, a nivel gubernamental, la hidroelectricidad empezó a ser considerada una alternativa prometedora para sustituir las importaciones de combustible. De hecho, el Plan Nacional de Obras Hidráulicas la presenta como la única fuente capaz de suministrar a gran a escala “una energía renovable, limpia, estable, flexible, económica en su explotación y cuyos costos, además de ser sumamente bajos por unidad de energía generada, no están sujetos a variabilidad de precios internacionales” (Ministerio de Planificación Federal 2012, 2).

Asimismo, la construcción de las represas es alentada por la potencialidad hidroenergética del río Santa Cruz. Este se extiende a lo largo de 385 km, en los que atraviesa la provincia, y posee el tercer mayor caudal del país (Represas Patagónicas 2015). En esa línea, el Gobierno Nacional argentino enfatiza que el complejo Kirchner-Cepernic proveerá de “1.740 megavatios de energía absolutamente renovable, limpia y lo que es importante remarcar, constante durante todo el año porque […] el caudal del río es permanente durante los 365 días del año independientemente del régimen de lluvias” (Casa Rosada 2013).

En consecuencia, el Gobierno Nacional está interesado en el aporte a la matriz energética nacional que se obtendrá con las represas, lo que contribuirá al autoabastecimiento energético. Esta meta es compartida por el gobierno provincial, que además insiste en la transformación de la matriz socioeconómica, productiva y política que experimentará Santa Cruz a causa de los puestos de trabajo y puesta en valor del río que ocasionaría la obra (“Peralta reiteró que las represas” 2015).

Ahora bien, para el Gobierno argentino, el financiamiento chino en proyectos energéticos reviste relevancia por dos razones. Primero, se presenta como una solución a las restricciones que enfrenta Argentina en los mercados financieros internacionales por la situación de default. Esto acrecentó la dependencia argentina del capital chino (Oviedo 2015). Asimismo, desde la década de 1980, el sector de infraestructura es afectado por las dificultades de acceso a capitales y la falta de experiencia, lo que aumenta el atractivo de las inversiones chinas (Ellis 2014; Gransow 2015). Esto ocurrió en Santa Cruz, ya que si bien la idea de las represas se remonta a 1950, es recién en 2007 que los gobiernos nacional y provincial acordaron su ejecución, que nunca comenzó.

Segundo, es un correlato del fuerte flujo de inversiones de empresas estatales y privadas chinas a Argentina que prosiguió a la intensificación del intercambio comercial. De ese modo, confirma la coincidencia que se expresa a lo largo del arco político argentino sobre los beneficios de promover la complementariedad económica con China como medio para desarrollar la producción primaria, diversificar las relaciones exteriores y atraer capitales (Laufer 2017). Asociado a ello, las represas representan un pilar de la alianza estratégica integral chino-argentina, dado que es una obra clave para los lazos comerciales y los compromisos de inversión y financiamiento del gigante asiático en Argentina.

La escala del proyecto da cuenta de su significado material tanto para Argentina como para China. En su diseño original, las represas involucrarían dos embalses con una superficie de 47.000 hectáreas y la instalación de once turbinas y de una nueva línea de alta tensión para transportar la energía. En conjunto, generarían 1.740 megavatios, lo que las ubica como las más importantes del país luego de las represas de Yacyretá y Salto Grande (Represas Patagónicas 2015). Por otra parte, con un monto de 4.714.350.000 dólares¹⁰ y un plazo de ejecución de cinco años y medio, constituye la mayor inversión de China fuera de su territorio, así como la mayor obra pública licitada por el Estado argentino en los últimos veinticinco años (^{Uriburu Quintana 2017}).

No obstante, las organizaciones sociales cuestionaron la viabilidad y rentabilidad de las megarrepresas para responder a la crisis energética. Por comenzar, subrayaron su alto impacto ambiental y su escasa vida útil a causa de la acumulación de sedimentos. Esos aspectos negativos no sólo impiden considerarlas como energías renovables, sino que tampoco concuerdan con su productividad, ya que sólo el 43% de la energía generada podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos existentes (Río Santa Cruz sin represas 2016).

Para respaldar esa afirmación, las ONG difundieron una evaluación de treinta proyectos hidroeléctricos realizada por la Secretaría de Energía de la Nación. Ese estudio ubicó a la represa Kirchner en 11° lugar en términos de prioridad y viabilidad técnica, mientras que la represa Cepernic quedó en 21° lugar. Considerando la prioridad económica, se ubicaron en los puestos 23° y 25°, respectivamente. Ello demuestra que la megaobra en Santa Cruz no es la mejor alternativa económica y técnica para responder a la demanda energética. Incluso, el Instituto Argentino de la Energía, promotor de la hidroelectricidad, confirmó que el sistema de transmisión de la energía generada por las represas implica una alta inversión y que la construcción de un tendido eléctrico encarece en un 45% la obra (FARN 2016).

El proyecto tampoco se presenta como la mejor opción desde el plano ambiental. El citado estudio identificó tres restricciones a la obra: la existencia de áreas naturales protegidas, sitios arqueológicos y comunidades indígenas registradas. Esto torna indispensable la realización de evaluaciones ambientales antes de iniciar la construcción.

De cualquier modo, el cuestionamiento a la energía hidroeléctrica no logró impedir el avance del proyecto. En 2015, los bancos chinos realizaron los dos primeros desembolsos del préstamo, por un total de 287 millones, y 150 millones de dólares para comenzar los trabajos iniciales y la fabricación de los equipos de generación en China (“Bancos chinos giran” 2015).

En este punto hay que destacar que el involucramiento de China en la construcción de las represas es coherente con la estrategia de Going Out, que promueve las inversiones de sus empresas en el exterior. Para el Gobierno y las empresas del gigante asiático, la iniciativa en Santa Cruz representa la oportunidad de diversificar sus capacidades y experiencias, así como de proveer maquinarias y know-how. Eso coincide con el interés de los bancos chinos en encontrar opciones productivas seguras para canalizar sus capitales (Ellis 2014).

Otro motivo que impulsa las inversiones chinas alrededor del globo es el aseguramiento de fuentes de recursos naturales o de la infraestructura vinculada a su extracción. Aunque en el caso de las represas Kirchner-Cepernic aún no es del todo claro que China pretenda abastecerse de bienes naturales, lo cierto es que estas se hallan estrechamente vinculadas al proyecto del complejo Belgrano Cargas, en el que este objetivo es más visible. Ese ferrocarril, que atraviesa catorce provincias, es vital para el transporte de soja y sus derivados hacia los puertos para la exportación hacia China. La obra, financiada en un 85% por el Banco Chino de Desarrollo, comprende la reparación o el reemplazo de 1.500 kilómetros de vías, 100 locomotoras y 5.000 vagones (Laufer 2017).

Al margen de la amplitud de intereses en torno al proyecto, las protestas sociales ponen de relieve un elemento que atraviesa las múltiples aristas del conflicto: el reparto de los beneficios y costos socioambientales de la iniciativa. En otros términos, la desigualdad ambiental, que deriva, por un lado, en la asimetría en torno al acceso y control de los bienes naturales necesarios para la vida; y por el otro, en la asimetría en la distribución de la degradación ambiental (Sabatella 2010). Esto se agrava por la exclusión de la sociedad de la toma de decisiones sobre el uso de sus bienes naturales, que pasó a estar concentrada en los responsables del diseño y ejecución de la obra. Dado el control que adquieren esos actores sobre el territorio, disminuye la capacidad de la sociedad para administrarlo.

Esta situación va más allá de la pérdida del acceso y uso de los recursos, lo que es manifiesto en el reclamo de los propietarios afectados por las expropiaciones. Representa una expropiación ecopolítica (Machado Aráoz 2013), debido a que la población no sólo sufre el deterioro y despojo de sus territorios, sino que es devaluada económica y políticamente, al ser ignoradas sus visiones, formas de organización y tradiciones.

La desigualdad ambiental se acentúa al considerar el peso que detentan los actores involucrados por la parte china, cuyos esfuerzos se vinculan intrínsecamente con los del Estado chino (Ellis 2014). Estos incluyen una de principales empresas privadas de la construcción, Gezhouba Group, ejecutora de la represa Tres Gargantas en China, la mayor del mundo.

A ella se suman tres grandes bancos chinos: el CDB, que es el mayor banco para la inversión extranjera y la cooperación financiera. Este es un banco político, es decir, sus préstamos apoyan explícitamente los objetivos políticos del Gobierno (Gallagher, Irwin y Koleski 2013). Los dos restantes son bancos comerciales. Por un lado, el ICBC, la mayor entidad del mundo por capitalización de mercado y administración de depósitos (Laufer 2017). Por el otro, el BOC es el banco de mayor internacionalización y diversificación de China.

Es notoria la asimetría en la capacidad económica y política entre los actores de China, el Gobierno argentino y los sectores sociales que encabezan la lucha contra las represas. Esta es la causa de que los argumentos ambientales esbozados por la sociedad sean subestimados por las autoridades y, en cambio, se prioricen los beneficios económicos de la megaobra y su importancia para la asociación estratégica integral. Esto es ilustrado por la polémica alrededor del comportamiento de Gezhouba Group. El Gobierno chino reconoció que la represa de Tres Gargantas provocó la contaminación del agua, incrementa el peligro de terremotos y corrimientos de tierra, y que aún se deben mejorar las condiciones de las 1,4 millones de personas desplazadas (Aldama 2011).

De modo similar, en 2015 el Banco Mundial anunció la inhabilitación de Gezhouba Group y sus subsidiarias por dieciocho meses, debido a acusaciones de fraude y corrupción en proyectos vinculados a la conservación del agua, recuperación tras terremotos y gestión de inundaciones (FARN 2016). Sin embargo, el Gobierno no ponderó esos antecedentes de la empresa en el momento de otorgar la licitación de la obra.

4. La dimensión ideológica de la disputa socioambiental

El rechazo a las represas también se desplegó en el plano de las visiones y representaciones de la naturaleza y el ambiente. Las organizaciones sociales desarrollaron argumentos y conceptos inspirados en concepciones del territorio y el ambiente alternativas al discurso dominante con las que respaldaron sus acciones.

La nueva potencia respaldó su influencia en el Sur Global con un posicionamiento discursivo anclado en historias, identidades y experiencias diferentes a las del Norte. Conforme a ello, China proclama que en su política exterior, regida por los cinco principios de la coexistencia pacífica, la cooperación Sur-Sur es indispensable para que los países en desarrollo defiendan sus intereses y enfrenten los desafíos de la globalización. En la misma línea, aboga activamente por el fortalecimiento del multilateralismo, la democratización de las relaciones internacionales y la implementación de un enfoque del desarrollo centrado en la igualdad y los beneficios mutuos para todas las naciones.

Ese conjunto de ideas vinculadas a la cooperación Sur-Sur, la horizontalidad y relaciones ganar-ganar permea el discurso sobre las represas Kirchner-Cepernic. Más aún, estas son presentadas como símbolo de la alianza estratégica integral. Mediante esa categoría, con alta recepción en los países latinoamericanos, la potencia hace énfasis en el carácter pacífico de su expansión (Oviedo 2016).

En consecuencia, las represas se enmarcan ideológicamente dentro de los principios y objetivos de la política china condensados en el Libro Blanco hacia América Latina. En ese documento, China, autodefiniéndose a sí misma como país en desarrollo, expresa que la relación con la región es percibida “desde un plano estratégico y busca construir y desarrollar una asociación comprensiva y cooperativa basada en la equidad, el beneficio mutuo y el desarrollo conjunto” (Government of the People’s Republic of China 2008, 3; traducción propia). De esa forma, la potencia demuestra discursivamente que su cooperación no se estructura desde una posición de dominio.

Antes bien, China reiteró en el Documento de la Política hacia América Latina que la premisa fundamental en sus relaciones con el subcontinente es el trato de igualdad y asistencia recíproca con sinceridad (Gobierno de la República Popular China 2016). Por otra parte, China explicita su adhesión a los principios de respeto mutuo, soberanía nacional, no interferencia en los asuntos internos y la ausencia de condicionalidades económicas y políticas. No obstante, demanda que sus contrapartes sigan el principio de “una China”, lo que implica el rechazo a las relaciones oficiales con Taiwán y el apoyo a la reunificación china.

Ese conjunto de ideas ampliamente aceptado sobre la cooperación china condiciona las formas de percibir e interpretar los aspectos materiales de las represas en Santa Cruz. Asimismo, debido a que la infraestructura fue un pilar del crecimiento durante 1990, China expresa que la inversión en el sector es un modo de transferir su experiencia de desarrollo a otros países (Gransow 2015). Para el Gobierno argentino, que sostiene que la electricidad está en la base del desarrollo de cualquier país del mundo, ese es un argumento de peso (Ministerio de Planificación Federal 2012). Esto se inscribe en un discurso de Estado desarrollista, en el que la autosuficiencia energética es la meta de un poder estatal autónomo y de la soberanía nacional, por lo que el río es valorizado en términos de su productividad energética (Saguier 2017).

Es necesario mencionar que la importancia de las represas para el gobierno de Fernández de Kirchner se debe a su alta connotación simbólica. Como explica ^{Uriburu Quintana (2017)}, esta es producto de una combinación de factores políticos, geográficos e históricos: las represas se construyen en la provincia de Santa Cruz, donde nació Néstor Kirchner, presidente bajo el cual la relación con China fue calificada como estratégica y en cuyo honor bautizaron a la mayor de las represas. Además fue su viuda y sucesora la que alcanzó la asociación estratégica integral con China y logró avanzar en la construcción de la obra.

Las resistencias sociales manifiestan la existencia de diferentes percepciones y lenguajes de valoración (Martínez Allier 2008) sobre la naturaleza, que entran en pugna con las conceptualizaciones dominantes. Ejemplo de ello es el énfasis en la dimensión geosimbólica de la zona del proyecto. Un geosímbolo se define como “un lugar, un itinerario, una extensión, que, por razones religiosas, políticas o culturales, a los ojos de ciertas personas o grupos étnicos, asume una dimensión simbólica que fortalece su identidad” (Bonnemaison 2012, 292). En este sentido, las ONG se refieren al río Santa Cruz como “último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar” (Río Santa Cruz sin Represas 2016). Esto se debe a que el río nace en el lago Argentino, alimenta su cauce con el deshielo del Parque Nacional Los Glaciares y desemboca en el Atlántico. Por ello, también destacaron que “el Parque Nacional Los Glaciares es un ícono global de la conservación y nuestra mayor joya natural junto con las cataratas del Iguazú” (Salvemos el Río Santa Cruz 2015).

Las organizaciones y los pobladores que rechazan la iniciativa insisten en la carga afectiva y los significados asociados a esos espacios, percibidos como territorios-santuarios que definen su pertenencia e identidad (Bonnemaison 2012). De este modo, su discurso recalca que las represas se ubican en un ecosistema irremplazable como lo es el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además, la desembocadura del río Santa Cruz, declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves, tiene un alto valor en biodiversidad. Alberga pingüinos de Magallanes y otras especies amenazadas, como el flamenco austral y el macá tobiano, el ave acuática en mayor peligro de extinción. Junto al valor ambiental del área, apuntan a su riqueza cultural, ya que es un área histórica, cuyos paisajes fueron explorados por Charles Darwin, Fitz Roy y Francisco Pascasio Moreno.

Al mismo tiempo, el diálogo entre los distintos actores involucrados en la lucha propició el surgimiento de un saber contra-experto al margen del discurso hegemónico (Svampa 2013). Esto permitió la toma de conciencia pública sobre los riesgos ambientales que supone la megaobra. Las ONG afirmaron que el complejo hidroeléctrico alterará el curso del río Santa Cruz y lo convertirá en más del 50% en espejos de agua superficiales. Ello tendría un impacto no estimado en el flujo de las aguas, que podría cambiar el vertido de los sedimentos característicos de un río glaciario, con impactos en las comunidades costero-marinas. Del mismo modo, alertaron sobre la pérdida de diversidad, flora, comunidades limnológicas, así como valores, información arqueológica y patrimonio paleontológico.

Un punto en que convergen todos los opositores a las represas es en la preocupación acerca de su impacto sobre los glaciares. Los expertos afirman que la cota máxima de la represa está al mismo nivel de altura del lago Argentino, lo que incrementaría el nivel de este y generaría mareas que podrían tener un efecto irreversible sobre los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini (FARN 2016; Río Santa Cruz sin Represas 2016).

En definitiva, las luchas sociales provocan la emergencia de un lenguaje común y subjetividades políticas (Svampa 2013). En este lenguaje se rescata lo común como alternativa a la visión hegemónica que percibe a la naturaleza como un simple insumo en el proceso productivo, y, en última instancia, se traslada al campo contencioso el significado mismo del desarrollo. Si bien ello no logra romper las ideas hegemónicas, lo importante es que esas lógicas son problematizadas o cuestionadas (Composto y Navarro 2014).

3. La dimensión institucional del conflicto

El recurso a los canales institucionales fue un instrumento privilegiado en la resistencia al megaproyecto. Las organizaciones sociales se valieron de las herramientas jurídicas existentes para hacer oír su voz e incidir en la continuidad de la iniciativa. Ello no significa que la arena judicial detenga el conflicto, sino que se resignifica en dichas herramientas (Merlinsky 2013). De ese modo, se expresan las relaciones de poder que lo atraviesan.

Esta modalidad de resistencia fue encabezada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAP), que, en diciembre de 2014, inició una acción de amparo ambiental contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta solicitó la suspensión inmediata de la obra hasta que se cumpla con el Estudio de Impacto ambiental (EIA) y la consulta vecinal exigidos para proyectos de esa escala.¹²

Desoyendo ese reclamo, en febrero del año siguiente los presidentes de Argentina y China firmaron el acta de inicio de obra (FARN 2016). En paralelo, comenzaron la realización de estudios técnicos, el traslado de máquinas y la construcción de caminos, puentes y villas para los obreros. Ante la falta de respuesta de las autoridades, se volvió a la vía judicial. En octubre de 2015, la Fundación Banco de Bosques interpuso una nueva acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que solicitó una medida cautelar que ordene detener las obras.

En un intento de disminuir las críticas, Represas Patagónicas anunció la finalización de un EIA y convocó a una audiencia pública para debatir el documento. No obstante, el proceso no hizo más que acrecentar los cuestionamientos de ambientalistas, comunidades originarias y hacendados expropiados. Pese a ello, a menos de veinticuatro horas del encuentro, la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz aprobó oficialmente el estudio.

Hasta ese momento, los instrumentos judiciales estuvieron alineados con los aspectos materiales y discursivos. Es necesario puntualizar tres hechos que exponen el modo en que las instituciones expresaron la hegemonía (Cox 2013) y, por consiguiente, cómo la ausencia o presencia de daño ambiental estuvo influida por el poder de los actores.

Primero, la Ley General del Ambiente (N° 25.675), la Ley de Protección de Glaciares (N° 26.639) y la Ley de Parques Nacionales (N° 22 351) exigen como prerrequisito para el inicio de una obra de esas características la realización de un EIA y una audiencia pública. La existencia de esa normativa, que es invocada por la sociedad para frenar el avance de la obra, fue deliberadamente ignorada por las autoridades durante la puesta en marcha del proyecto. Cabe subrayar que la provincia tampoco había finalizado el inventario de glaciares exigido por la ley, herramienta indispensable para determinar los posibles efectos de las represas. Esto se debe a la fragilidad de la norma en términos de implementación y apoyo político a largo plazo, lo que manifiesta que el tema no está en la agenda de las principales fuerzas políticas (Saguier y Peinado 2016).

Segundo, el EIA presentado a la sociedad no despejó la incertidumbre acerca del impacto sobre los glaciares y el río Santa Cruz. La Administración de Parques Nacionales observó como una falencia que el análisis se circunscribiera al área de afectación de la obra sin considerar su impacto sobre el área de influencia, de 200 km. En concreto, llamó la atención sobre la carencia de información respecto a la alteración del nivel del lago Argentino y su efecto sobre los glaciares y sitios arqueológicos. También señaló la dificultad para acceder a los datos de ciertos elementos del estudio y la ausencia de participación de organismos clave.

De hecho, el EIA sólo justifica la ausencia de impactos ambientales sobre el Parque Nacional Los Glaciares con base en la distancia de las obras y criterios de operación que prioricen la no afectación al sistema natural (FARN 2016). Si bien las represas no se emplazarán en zona glacial o periglacial, la sociedad estima que su dimensión torna necesario disponer de información para prevenir cualquier tipo de daño. Por el contrario, parecería que el EIA sólo pretendió legitimar la obra, sin realizar una evaluación en profundidad de su repercusión ambiental. Vale mencionar que las dudas respecto a la viabilidad ambiental del proyecto se acrecientan por el hecho de que el EIA fue elaborado por una consultora contratada por las empresas constructoras para ese fin.

Tercero, aunque el EIA abrió un espacio de participación social, la audiencia fue convocada con seis días hábiles de anticipación, lo que es un plazo insuficiente para la difusión pública y el análisis detallado del estudio. Desde otro ángulo, más de la mitad de los participantes de ese encuentro provenían de empresas u organismos vinculados a las represas (FARN 2016). Esto demuestra que no se buscó un debate abierto e informado sobre los beneficios y riesgos de la obra, sino cumplir con el requisito administrativo para acelerar el comienzo de la ejecución.

En diciembre de 2015 se produjo un cambio de gobierno en Argentina. Tras asumir, el presidente Mauricio Macri expresó su intención de revisar los acuerdos suscriptos con China y evaluar la suspensión de las obras. En parte, esto se justificó por la existencia de opciones más limpias, viables y económicas de conseguir energía. También se vinculó a supuestas irregularidades en el emprendimiento. Como resultado, el proyecto fue paralizado temporalmente.

No obstante, ante la probabilidad de un cambio de rumbo en la alianza estratégica, la asimetría de poder se hizo presente con virulencia a través de la presión de China para la reanudación de la obra. Su amenaza de aplicar la cláusula de incumplimiento cruzado (cross default) con la línea de crédito del ferrocarril Belgrano Cargas¹³ incluida en el acuerdo de préstamo de las represas fue determinante en la decisión del Gobierno de continuar con las obras, aunque introduciendo modificaciones en el plan original. En esa línea, se informó que las represas pasarán de tener once a ocho turbinas, lo que permitiría desacoplar su funcionamiento del lago Argentino y los glaciares. Además se redujo el costo de la obra a 4.000.000.000 de dólares y se aplazó el tiempo de construcción a ochenta meses (^{Uriburu Quintana 2017}).

Si bien el aval otorgado a la megaobra significó la continuación de la asociación estratégica integral chino-argentina, impulsó una rápida reacción social que catalizó la unión de seis ONG de alcance nacional¹⁴ en la coalición Río Santa Cruz sin Represas. A diferencia de la primera fase de la controversia, en la que demandaban la realización del EIA, establecieron como objetivo exigir al Gobierno que desestime la construcción del complejo hidroeléctrico (Río Santa Cruz sin Represas 2017). Esa posición se fundamenta en la débil justificación técnica y económica del emprendimiento, los déficits en la transparencia y su impacto socioambiental.

En medio de la firma de las adendas para la reanudación de los trabajos, la AAAP se presentó nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la suspensión del proyecto. En respuesta, la Corte Suprema dictó un fallo en el que reclamó al Estado nacional que informe si fueron realizados los estudios ambientales y las consultas públicas.¹⁵

De manera simultánea, el conflicto fue adquiriendo una dimensión transnacional. En el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, celebrado en 2016, 8.000 representantes respaldaron una moción presentada por la delegación argentina. Esta exhorta al país a suspender toda actividad relacionada con las represas hasta que se lleve a cabo la evaluación ambiental con la participación de todos los actores interesados (“El mundo le pide a Macri” 2016).

Por último, en diciembre de 2016, la Corte Suprema hizo lugar a la medida cautelar presentada por la AAAP y la Fundación Banco de Bosques, y por unanimidad ordenó la suspensión de la obra hasta que el Estado nacional implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública, previsto en la Ley Nacional de Obras Hidráulicas (N° 23.879).¹⁶

A pesar de que la suspensión no afectó las tareas preliminares del proyecto, el fallo evidencia un resquebrajamiento del consenso creado por China y el Gobierno en torno a las represas. Por esa razón aparece la coerción en primer plano. A través de una carta, la coalición expresó su preocupación respecto a la presión que podrían ejercer los acreedores chinos, mediante la posibilidad de activar la cláusula de cross default. Ello podría obstaculizar el acatamiento de lo dictado por la Corte (Río Santa Cruz sin Represas 2017).

Conclusiones

Este artículo se focalizó en la actuación de China en América Latina desde una arista poco investigada, la conflictividad socioambiental. Con ese fin, las resistencias sociales fueron consideradas como la clave para comprender el proyecto de construcción de las represas Kirchner-Cepernic.

Una primera cuestión por destacar del conflicto estudiado es su carácter multidimensional. Principalmente involucra el uso y la gestión de las aguas del río Santa Cruz, pero además incorpora la problemática de la propiedad de la tierra. También se presentan como elementos importantes en la disputa la biodiversidad, los glaciares y las áreas protegidas. A lo anterior lo subyacen la discusión energética y el futuro de las relaciones entre China y Argentina.

El financiamiento y construcción de las represas fueron enmarcados dentro del discurso de China en torno a la cooperación Sur-Sur. Más aún, fueron presentados como un pilar de la asociación estratégica integral chino-argentina. De todas formas, las resistencias sociales exponen claramente que las nociones de horizontalidad, beneficios mutuos y preocupaciones comunes de los países en desarrollo contrastan fuertemente con las relaciones de poder que atraviesan el proyecto.

Como se expuso antes, desde un plano material, la resonancia del conflicto en el espacio público estuvo signada por las capacidades de la gran potencia y los intereses convergentes de los gobiernos nacional y provincial en torno a la obra. La sociedad civil demostró el peso de ese poder material al objetar la ausencia de participación durante el diseño del proyecto, lo que no impidió el cuestionamiento a la inviabilidad técnica, económica y ambiental de las represas.

La asimetría de poder material se presentó de nuevo ante la imposibilidad de las resistencias sociales de hacer oír su interés en la defensa del ambiente y los medios de subsistencia. Esas consideraciones son subestimadas por el Gobierno frente a la prioridad otorgada a solucionar la crisis energética y fortalecer las relaciones con China.

Los aspectos materiales del conflicto socioambiental interactúan con su dimensión ideológica. Por una parte, las resistencias sociales colocan en primer plano las contradicciones existentes entre las prácticas y el discurso de China. De esa forma, dejan en claro que los conceptos empleados por la diplomacia del gigante asiático le permiten invisibilizar los intereses materiales que guían sus actividades en Argentina y, a la vez, obtener legitimidad.

Por otra, al rescatar el valor ambiental y cultural del área, las organizaciones sociales problematizan las ideas hegemónicas de la naturaleza. Así, esta deja de ser concebida como un mero recurso económico explotable y adquiere centralidad la noción de bienes comunes, que incluso coloca en debate el significado mismo del desarrollo.

Por último, en términos institucionales, es posible distinguir dos fases del conflicto. En la primera, las organizaciones sociales develan que las instituciones a las que acudieron para exigir la detención del proyecto reproducen las relaciones de poder material y discursivo. Prueba de ello es la imposibilidad de la sociedad de lograr el acatamiento de la normativa ambiental y la aprobación del estudio de impacto ambiental, a pesar de sus falencias. En cambio, la sentencia de la Corte Suprema que exige la suspensión de la obra simboliza un cambio en las ideas y las condiciones materiales. Esta medida fue paralela a la conformación de la Coalición Río Santa Cruz sin Represas, lo que exhibe la importancia de la articulación de las organizaciones para amplificar el conflicto y trasladarlo a la instancia judicial nacional.

Por consiguiente, las resistencias sociales tornan visible la injusticia ambiental que permea la megaobra. Esta se expresa en que los costos socioambientales deberán ser sufridos por la población local, cuyas opiniones y cuyos intereses y tradiciones fueron excluidos de la iniciativa. Esto cristaliza la pérdida de su capacidad para decidir sobre el acceso y uso del río, los glaciares, el ambiente y sus medios de subsistencia. Por el contrario, los beneficios recaen en el Gobierno y las grandes empresas y bancos chinos, que adquirieron el poder de controlar los bienes naturales de Santa Cruz.

A un nivel más profundo, el conflicto socioambiental pone de manifiesto que dentro las relaciones chino-latinoamericanas es posible la reproducción de relaciones de explotación de la naturaleza propias de la dinámica Norte-Sur. En este sentido, la asimetría de poder económica y política entre China y Argentina tiene su correlato en el plano ambiental, como lo demuestra la amenaza de la aplicación de la cláusula de cross default ante probables cambios en el proyecto que apunten a priorizar la dimensión ambiental. Ante ello, la sociedad continúa con su resistencia.