Prevenir y mitigar el riesgo de propagación de la CO-VID-19 en prisión se convierte en un desafío para la salud pública 1. En efecto, los detenidos tienen un riesgo mayor de contagio, transmisión y mortalidad asociada a la COVID-19 debido al uso compartido de dormitorios y celdas 2,3, al hacinamiento, al movimiento congestionado a través de las instalaciones intramurales y las altas tasas de enfermedades crónicas. Por lo tanto, el distanciamiento físico y el aislamiento social no son estrategias de mitigación viables 4,5. De hecho, el aislamiento social intramural se vuelve difícil de llevar a cabo; cuando es necesario, impone un sobreaislamiento con efectos adversos sobre la salud mental de los detenidos 6. Incluso, las intervenciones pueden resultar ineficaces por el ambiente congestionado, el uso compartido de celdas, baños, patios y áreas de alimentación, la falta de materiales de protección e higiene, las malas condiciones sanitarias básicas y las dificultades para acceder a los servicios de salud 6,7. Todo ello sitúa a la prisión como un escenario extremadamente susceptible y vulnerable a brotes virales, como la COVID-19 3,8.
En Colombia, el primer caso confirmado (por el Ministerio de Salud y Protección Social) fue reportado el 6 de marzo de 2020. Se trató de un caso importado, diagnosticado en una paciente de 19 años, proveniente de Milán, Italia 9. Luego de este primer caso, la tensión social se incrementó a causa de la amenaza para la salud y la vida que generaba la propagación del virus.
En medio de este escenario, el 21 de marzo de 2020, se presentaron desordenes y amotinamientos en 12 prisiones del país. Los reclusos reclamaban mejores condiciones de reclusión y la implementación de medidas tendientes a evitar el ingreso y propagación del coronavirus SARS-Cov-2. Como resultado de este suceso, 23 reclusos perdieron la vida y 83 resultaron heridos. Además, 7 oficiales de custodia presentaron lesiones y se contabilizaron daños en la infraestructura carcelaria 10.
Luego de controlar la situación, el Gobierno nacional calificó la situación como un intento masivo y criminal de fuga y negó, de paso, la existencia de problemas sanitarios que originaran el levantamiento 11. A fin de intervenir en esta situación, la Dirección Regional Central del INPEC procedió, sin salvaguardar las medidas de precaución, a trasladar varios internos señalados de liderar los motines. Esta situación originó una emergencia sanitaria debida a la propagación de la COVID-19 en varios centros de reclusión que colocó en riesgo la salud y la vida de toda la comunidad penitenciaria 12. Sin duda, esta cadena de errores evidenció nuevamente las graves carencias de salud pública que afronta el sistema penitenciario colombiano.
Derivado de este hecho, a inicios de abril de 2020 se confirmaron tres casos en un centro de reclusión de la ciudad Villavicencio (Meta), con la posterior muerte de un recluso de 78 años 13. A partir de este brote, paulatinamente se incrementaron los casos confirmados y las muertes relacionadas. Sin embargo, a hoy se desconoce con certeza el escenario epidemiológico que afrontan los centros de reclusión del país.
Por ello, es necesario realizar una aproximación a la situación epidemiológica de la COVID-19 en las prisiones colombianas, a fin de analizar su tendencia respecto a la situación epidemiológica del país.
MATERIALES Y MÉTODOS
Fuentes de datos
De conformidad con un derecho de petición, los datos de morbilidad y mortalidad fueron suministrados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) con corte a 31 de octubre, 2020. Asimismo, se emplearon datos demográficos oficiales publicados en la página web del INPEC.
Para precisar la situación epidemiológica del país, se emplearon los reportes de la situación de la COVID-19 correspondientes a los meses de agosto y octubre de 2020, divulgados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Análisis estadístico y epidemiológico
Se realiza un análisis transversal y descriptivo de los datos. El procesamiento de datos se realiza mediante los softwares MS-Excel y R.
Para analizar la evolución demográfica de la población reclusa se realizan tres cortes temporales concordantes con las etapas pandémicas correspondientes a los meses de febrero (antes), junio (durante) y octubre (durante). A partir del análisis, se presenta la distribución demográfica por modalidad de reclusión, sexo, edad y condición excepcional declarada. Además, se presenta la evolución de la tasa de hacinamiento.
Los datos de morbilidad y mortalidad se emplearon para calcular los indicadores de incidencia de casos por 100 000 reclusos, proporción de hospitalización en UCI, proporción de positividad, proporción de letalidad y la mortalidad cruda por 100 000 y 1 000 000 de reclusos.
Limitaciones
Los datos presentados se basan en datos oficiales de la población recluida en los centros de reclusión del orden nacional. No obstante, resultan parciales y no permiten dimensionar el real impacto de la pandemia, ya que no tiene en cuenta la frecuencia de infecciones y muertes en otras poblaciones vinculadas a estos centros, es decir, oficiales de custodia y el personal administrativo. Asimismo, no se incluye la situación epidemiológica registrada en los centros de reclusión del orden territorial y para la fuerza pública.
De igual forma, la información presentada puede estar afectada por una subestimación de casos relacionada con la falta de oportunidad en la aplicación de pruebas diagnósticas, fallas en la identificación de asintomáticos o deficiencias en el seguimiento y atención de los sintomáticos.
RESULTADOS
Evolución sociodemográfica
A febrero, 2020, antes de iniciar la crisis de la pandemia, la población reclusa total ascendía a 191 383 personas, de las cuales, el 64,8% (124 105) estaba en reclusión intramural, el 32,7% en reclusión domiciliaria (62 532), mientras que, el 2,5% (4 746) se encontraba con vigilancia electrónica. Al finalizar octubre de 2020, la población reclusa se contabilizaba en 174083 personas; de esta cifra, el 56,4% (98 172) estaba en reclusión intramural; el 40,7%, en reclusión domiciliaria (70 931), y el 2,9% (4 980), con vigilancia electrónica 14.
La crisis pandémica tuvo una influencia significativa en el decrecimiento de la población total, en especial, de la cantidad de personas bajo reclusión intramural. Al analizar la evolución demográfica desde febrero hasta octubre de 2020, la población total disminuyó un 9% (17 300 personas menos). Por modalidad de reclusión, la población intramural disminuyó un 20,9% (25 933 personas menos), mientras que se registró un incremento del 13,4% (8399 personas más) bajo reclusión domiciliaria y del 4,9 % (234 personas más) bajo vigilancia electrónica. En la Figura 1 se presenta la evolución demográfica decreciente de la población privada de la libertad desde el mes de febrero a hasta el mes de octubre: se observa un efecto positivo de las medidas de excarcelamiento sobre la tasa de hacinamiento intramural.
Al realizar un análisis transversal de la población reclusa bajo detención intramural (Tabla 1), se observa, en la distribución por sexo, que antes y durante la pandemia la población de mujeres descendió un 23,8%: la cifra pasó de 8 697 mujeres en febrero a 6 626 mujeres en octubre (2 071 mujeres menos). Respecto al comportamiento de la población de hombres, se registró un decrecimiento del 20,7%: se pasó de 115 408 hombres en febrero a 91 546 hombres en octubre (23 862 hombres menos).
Etapa pandémica Característica demográfica | Antes 1 | Durante 2 | Durante 3 | Variación 1-3 (%) |
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29/02/2020 | 30/06/2020 | 31/10/2020 | ||
PPL a cargo INPEC | ||||
Total de la población reclusa | 191383 | 181 304 | 174 083 | -9,0 |
Domiciliaria | 62 532 | 68 290 | 70 931 | 13,4 |
Vigilancia electrónica | 4 746 | 4 960 | 4980 | 4,9 |
Intramural (ERON) | 124 105 | 108 054 | 98 172 | -20,9 |
Capacidad de reclusión | ||||
Capacidad ERON (Cupos) | 80 763 | 80 928 | 80 669 | -0,1 |
Hacinamiento ERON (%) | 53,7 | 33,5 | 21,7 | -32,0 |
Sexo PPL ERON | ||||
Mujeres | 8 697 | 7 296 | 6 626 | -23,8 |
Hombres | 115 408 | 100 758 | 91 546 | -20,7 |
Edad PPL ERON (grupo etáreo) | ||||
18-24 | 18 023 | 13 681 | 12 670 | -29,7 |
25-49 | 89 221 | 79 134 | 71 768 | -19,6 |
50-59 | 11 049 | 10 026 | 9 038 | -18,2 |
> 60 | 5 812 | 5 213 | 4 696 | -19,2 |
Condiciones excepcionales en los ERON | ||||
Total de condiciones excepcionales declaradas | 8677 | 7330 | 7334 | -15,5 |
Indígenas | 851 | 759 | 689 | -19,0 |
Afrocolombianos | 3062 | 2717 | 2492 | -18,6 |
Extranjeros | 2045 | 1399 | 1935 | -5,4 |
Adulto mayor | 1802 | 1624 | 1466 | -18,6 |
Mujeres lactantes | 11 | 11 | 11 | 0,0 |
Mujeres gestantes | 58 | 50 | 52 | -10,3 |
Con discapacidad | 848 | 770 | 689 | -18,8 |
PPL: Población Privada de la Libertad; ERON: Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional; INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Respecto a la distribución por edad, se aprecia un descenso de la población en todos los grupos de edad. El mayor descenso relativo poblacional se registra en la población situada entre los 18 a 24 años, que disminuyó un 29,7%: pasó de 18 023 personas en febrero a 12 670 personas en octubre (5 353 personas menos). Sin embargo, el mayor descenso absoluto se da en el grupo de 25 a 49 años, que pasó de 89 221 personas en febrero a 71 768 personas en octubre (17 453 personas menos). Finalmente, para el grupo de 60 años y más, el decrecimiento fue del 19,2%: pasó de 5 812 personas en febrero a 4 696 personas en octubre (1 116 personas menos).
En cuanto a las condiciones excepcionales, el mayor descenso relativo se registró en la población declarada como indígena, que disminuyó en un 19%: pasó de 851 indígenas recluidos en febrero a 689 indígenas recluidos en octubre (162 indígenas menos). Mientras que el mayor descenso absoluto se localizó en la población declarada como afrocolombiana: pasó de 3 062 personas en febrero a 2 492 personas en octubre (570 personas menos).
Tendencia epidemiológica
Al finalizar octubre de 2020, en los centros de reclusión a cargo del INPEC se habían reportado 16 804 casos positivos de COVID 19 con 80 reclusos en UCI y 136 muertes relacionadas 15. En los meses de julio y agosto hubo una situación crítica: se alcanzó el mayor número de casos confirmados, de hospitalizados en UCI y de fallecidos. En las Tablas 2 y 3, se puede apreciar la situación de los principales indicadores epidemiológicos y la distribución por sexo y edad.
Indicadores epidemiológicos | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Acumulado |
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Población de referencia | ||||||||
Total PPL a cargo INPEC | 187 982 | 184 465 | 181 304 | 178 697 | 176 989 | 175 244 | 174 083 | |
PPL Intramural en ERON | 117 336 | 112 039 | 108 054 | 104 315 | 101 864 | 99 474 | 98 172 | |
Morbilidad | ||||||||
Casos positivos COVID-19 | 483 | 700 | 1 704 | 3 425 | 4 836 | 2 651 | 3 005 | 16 804 |
Distribución de casos (%) | 2,9 | 4,2 | 10,1 | 20,4 | 28,8 | 15,8 | 17, 9 | 100 |
Incidencia de casos por 100 000 reclusos (respecto a la PPL total INPEC) | 257 | 379 | 940 | 1917 | 2732 | 1513 | 1726 | |
Incidencia de casos por 100 000 reclusos (respecto a PPL intramural ERON) | 412 | 625 | 1 577 | 3 283 | 4 748 | 2 665 | 3 061 | |
Reclusos hospitalizados en UCI | 2 | 0 | 9 | 19 | 37 | 11 | 2 | 80 |
Proporción hospitalización en UCI (%) | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
Pruebas de diagnóstico | ||||||||
Pruebas aplicadas RT-PCR SARS-COV2 | 1 189 | 2 315 | 5 592 | 7 112 | 9 113 | 8 494 | 7 939 | 41 754 |
Proporción de Positividad (%) | 40,6 | 30,2 | 30,5 | 48,2 | 53,1 | 31,2 | 37,9 | 40,2 |
Mortalidad | ||||||||
Muertes por COVID-19 | 3 | 3 | 7 | 29 | 53 | 26 | 15 | 136 |
Distribución de muertes (%) | 2,2 | 2,2 | 5,1 | 21,3 | 39,0 | 19,1 | 11,0 | 100 |
Proporción de letalidad (%) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
Tasa cruda de mortalidad por 100 000 reclusos (respecto a PPL total INPEC) | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 16,2 | 29,9 | 14,8 | 8,6 | |
Tasa cruda de mortalidad por 100 000 reclusos (respecto a PPL intramural) | 2,6 | 2,7 | 6,5 | 27,8 | 52,0 | 26,1 | 15,3 | |
Tasa cruda de mortalidad por 1 000 000 reclusos (respecto a PPL intramural) | 25,6 | 26,8 | 64,8 | 278 | 520,3 | 261,4 | 152,8 |
PPL: Población Privada de la Libertad; ERON: Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional; INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Característica | Mujeres | Hombres | Total | % sobre grupo etáreo |
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Pruebas aplicadas RT-PCR | ||||
Total pruebas | 3 542 | 38 846 | 42 388 | 100 |
< 3 años | 2 | 17 | 19 | 0,0 |
18-26 años | 884 | 8 100 | 8 984 | 21,2 |
27-59 años | 2 447 | 27 390 | 29 837 | 70,4 |
> 60 años | 209 | 3 339 | 3 548 | 8,4 |
Casos confirmados | ||||
Total casos | 1 703 | 15 101 | 16 804 | 100 |
< 3 años | 2 | 11 | 13 | 0,1 |
18-26 años | 431 | 3 040 | 3 471 | 20,7 |
27-59 años | 1 201 | 10 513 | 11 714 | 69,7 |
> 60 años | 69 | 1 537 | 1 606 | 9,6 |
Hospitalización UCI | ||||
Total fallecidos | 3 | 77 | 80 | 100 |
18-26 años | 0 | 1 | 1 | 1,2 |
27-59 años | 3 | 29 | 32 | 40 |
> 60 años | 0 | 47 | 47 | 58,8 |
Mortalidad | ||||
Total fallecidos | 7 | 129 | 136 | 100 |
18-26 años | 0 | 1 | 1 | 0,7 |
27-59 años | 4 | 45 | 49 | 36 |
> 60 años | 3 | 83 | 86 | 63,3 |
Distribución espacial-temporal de casos
Respecto a los casos positivos, el 2,9% fueron confirmados en abril (483 casos); el 4,2%, en mayo (700 casos); el 10,1%, en junio (1 704 casos); el 20,4% en julio (3 425 casos); el 28,8%, en agosto (4 836 casos); el 15,8%, en septiembre (2 651 casos); y 17,9% en octubre (3 005 casos).
De acuerdo con la Figura 2, a 31 de octubre de 2020, en la Regional Central, que tiene en su jurisdicción 41 centros de reclusión ubicados en Bogotá y en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y Casanare, se había reportado el 45% de los casos (en total, 7 561). De estos, en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá ("La Picota"), se confirmaron 1 583 casos, seguidos por los del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Villavicencio (Meta), con 874 casos; la Reclusión de Mujeres de Bogotá (RM) El Buen Pastor, con 821 casos; el Establecimiento Carcelario de Bogotá La Modelo, con 707 casos, y el EPMSC de Espinal (Tolima) con 630 casos.
En la Regional Viejo Caldas, que tiene a cargo 22 centros de reclusión situados en Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, se han reportado el 14,8% de los casos (2 484). De estos, 1 031 se han confirmado en el Complejo de Ibagué (Tolima) "Picaleña"; 451 casos en el EPMSC de Pereira (Risaralda) y 246 en el EPMSC de Calarcá (Quindío).
La Regional Occidente, que administra 21 centros de reclusión, localizados en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, ha reportado el 10,7% (1 803 casos). De estos, 692 casos se han notificado en el EPMSC de Cali (Valle del Cauca), 268 casos en el Complejo de Jamundí (Valle del Cauca) y 234 casos en el EPMSC de Pasto (Nariño).
En su respecto, la Regional Norte, con 15 centros de reclusión, localizados en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre, ha reportado el 10,1% de los casos (1 691). De estos, en el EPMSC de Cartagena (Bolívar) se han confirmado 645 casos; en el EPMSC de Valledupar (Cesar) 250 casos, y en el EPMSC de Santa Marta (Magdalena), 183 casos.
Por su parte, la Regional Noroeste, que tiene a cargo 20 centros de reclusión ubicados en Antioquia y Chocó, ha reportado el 9,8% (1 652 casos). De estos, 555 casos han sido notificados en la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad (CPAMS) de Itagüí (Antioquia) "La Paz"; 315 casos en el Complejo de Medellín (Antioquia) "El Pedregal", y 158 casos en el EPMSC de Medellín (Antioquia) "Bellavista".
Finalmente, en la Regional Oriente, que administra 14 centros de reclusión situados en Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander, se han reportado el 9,6% (1 613 casos). De estos, 451 casos fueron confirmados en la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad (CMPS) de Bucaramanga (Santander); 401 casos en el CPAMS de Girón (Santander) y 382 casos en el Complejo de Cúcuta (Norte de Santander).
Respecto a la distribución por sexo, se aprecia que el 89,9% se han diagnosticado en hombres (15 101 casos), mientras que el 10,1% en mujeres (1 703 casos). Al examinar la distribución por grupo etáreo, el 69,9% de los casos (11 714 casos) se han reportado en la población de 27 a 59 años. Seguido por la población entre los 18 y 26 años, con el 20,6% de los casos (3 471 casos). En menor medida, dentro de la población de 60 años, o mayor, se han reportado el 9,6% (1 606 casos).
Pruebas confirmatorias
La prueba de detección aplicada fue la RTPCR para SARS-Cov-2. En total, a 31 de octubre de 2020, se aplicaron 41 754 pruebas. El 46% se destinaron a la población de la Regional Central (19 222 pruebas); el 14,4%, ala Regional Viejo Caldas (6 006 pruebas); el 12,2%, a la regional Occidente (5 079 pruebas); el 9,8%, a la Regional Noroeste (4 106 pruebas); 9.2%, a la Regional Norte (3 822 pruebas), y el 8,4%, a la Regional Oriente (3519 pruebas).
A nivel de los centros de reclusión, el mayor número de pruebas se han realizado en el Complejo de Bogotá "La Picota" (4 218 pruebas), el Complejo de Ibagué (Tolima) "Picaleña" con 2 446 pruebas; el EPMSC Cali (Valle del Cauca) con 2 033 pruebas; el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad (EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), con 1 990 pruebas; el EPMSC de Acacias (Meta), con 1 843 pruebas; el EPMSC de Villavicencio (Meta), con 1 666 pruebas, y el EPMSC Cartagena (Bolívar) con 1 513 pruebas. Estos 7 centros de reclusión concentraron el 37,6% de las pruebas realizadas (15 709 pruebas).
Hospitalización en UCI
De los casos positivos, el 0,5% ha requerido hospitalización en uci. De estos pacientes, el 96,3% ha correspondido a hombres (77 reclusos) y el 3,7% a mujeres (3 reclusas). Dentro de la distribución por edad, el 58,8% de los hospitalizados tenían 60 o más años (47 personas) y el 40% entre 27 y 59 años (32 personas). Respecto al centro de reclusión de origen, 16 eran reclusos del Complejo de Bogotá "La Picota"; 14 del Complejo de Ibagué (Tolima) "Picaleña", y 10 del EPMSC de Cali (Valle del Cauca). Estos 3 centros de reclusión reportan el 50% de los hospitalizados en UCI (40 personas).
Mortalidad relacionada
En cuanto a la distribución temporal de las muertes relacionadas, en abril y mayo se reportaron el 2,2%, respectivamente (3 muertes en cada mes); en junio, el 5,1% (7 muertes); en julio, el 21,3% (29 muertes); en agosto, se reportaron el 39% de los fallecidos (53 muertes); en septiembre el 19,1% (26 muertes), y en octubre el 11% (15 muertes).
De estas muertes, el 94,9% se reportaron en hombres (129 fallecidos) y el 5,1%, en mujeres (7 fallecidas). Respecto a la distribución por edad, el 63,2% se presentaron en la población entre 60 y más años (86 muertes), el 36% entre los 27 y 59 años (49 muertes) y el 0,7% entre los 18 y 26 años). El recluso fallecido más joven tenía 23 años y fue reportado en el Complejo de Jamundí (Valle del Cauca), mientras que el más viejo tenía 87 años y fue notificado por el EPMSC de Montería (Córdoba). En cuanto a las mujeres, la reclusa fallecida más joven contaba con 32 años y se encontraba recluida en EPMSC Florencia (Caquetá). La fallecida de más edad tenía 68 años y fue reportada por el Complejo de Jamundí (Valle) del Cauca.
Al analizar la mortalidad por regionales, en la Central se han producido el 37,5% de las muertes (51 en total); en la Occidente, el 17,6% (24 muertes); en Viejo Caldas, el 15,4% (21 muertes); en la Oriente el 13,2% (18 muertes);en la Norte, el 11,8% (16 muertes), y en la Noroeste el 4,4% (6 muertes). Por su parte, en los Centros de reclusión con el mayor reporte de muertes, se encuentran el Complejo de Ibagué (Tolima) "Picaleña", con 18 muertes relacionadas; el Complejo de Bogotá "La Picota", con 17 muertes; el EPMSC de Cali (Valle de Cauca) con 10 muertes; el Complejo de Cúcuta (Norte de Santander), con 8 muertes; el EC de Bogotá "La Modelo", con 8 muertes; el Complejo de Jamundí (Valle) del Cauca con 6 muertes y la CPMS de Bucaramanga (Santander), con 6 muertes. En conjunto, estos 7 centros de reclusión concentran el 53,7% de las muertes relacionadas (73 muertes).
Respecto a la distribución de las muertes distribuidas por Regional, sexo y edad, en la Figura 3 se aprecian las muertes de los reclusos de las regionales Central y Norte; se presentan dos concentraciones por edad: una que oscila entre los 33 y 46 años, y otra mayor a los 50 años. Para las regionales Occidente, Oriente y Viejo Caldas, la concentración se da por encima de los 50 años.
DISCUSIÓN
Las cifras revelan una progresión de la pandemia con el incremento de casos positivos, hospitalizados en UCI y muertes relacionadas. Respecto a la incidencia de casos, la curva de casos confirmados ha tenido un comportamiento similar a la registrada en Colombia, es decir, un aumento progresivo entre abril y mayo, una aceleración en julio y un pico de casos en agosto. Luego, se registró un descenso en septiembre y posteriormente un aumento en octubre, 2020.
En la Tabla 2, se puede apreciar que, con referencia a la población intramural, en agosto los indicadores epidemiológicos lograron sus máximos valores. La incidencia de casos se situó en 4 748 casos por 100 000 reclusos, con una tasa de positividad de 53,1%, una hospitalización en UCI del 0,8%, una tasa cruda de mortalidad de 52 muertes por cada 100 000 reclusos o de 5 20,3 muertes por cada 1 000 000 de reclusos y una letalidad del 1,1%. En el mes de octubre, se produjo un descenso en los indicadores: la incidencia de casos en los centros de reclusión del INPEC se situó en 3 061 casos por cada 100 000 reclusos, con una tasa de positividad del 37,9%, una hospitalización en UCI del 0,1%, una tasa cruda de mortalidad de 15,3 muertes por cada 100 000 reclusos (o de 152,8 muertes por cada 1 000 000) de reclusos y una letalidad del 0,5%.
Respecto a la situación del país, al 31 de agosto de 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su actualización de la situación de la COVID 19 para Colombia, reportó el seguimiento de los indicadores estratégicos. En su reporte, comunica una morbilidad de 1 221,2 casos por cada 100 000 habitantes, una positividad del 23,4%, una hospitalización en UCI del 0,3%, una mortalidad de 390,4 por 1 000 000 de habitantes y una letalidad del 3,2% 16. Mientras que, para el reporte correspondiente al 29 de octubre de 2020, la OPS informa una incidencia nacional de 2 090,7 casos por cada 100 000 habitantes, una positividad del 25,3%, una hospitalización en UCI del 2,8% y una mortalidad de 613,9 por 1 000 000 de habitantes 17.
Al contrastar las dos situaciones epidemiológicas, se aprecia que, para los meses de análisis, salvo la tasa de letalidad, los indicadores epidemiológicos aplicados a los centros de reclusión expresan una situación más desfavorable respecto a la situación del país. Por ello, en agosto de 2020, la incidencia de casos fue 3,9 veces mayor en la población reclusa que en la población general. Mientras que, en octubre de 2020, la incidencia en centros de reclusión fue 1,5 veces mayor. Este panorama era de esperarse. Estudios sugieren que la tasa de casos de COVID 19 para detenidos pueden ser, en algunos escenarios, entre 3 y 5,5 veces mayor que la registrada para la población en general 5,18.
Para controlar la infección, el Gobierno nacional expidió lineamientos para control, prevención y manejo de casos por COVID-19 para la población privada de la libertad (PPL) 19, que contemplan la aplicación de medidas físicas, de higiene y salubridad y el manejo del paciente con enfermedad por coronavirus. De igual forma, adoptó un marco normativo para sustituir la detención en centros de reclusión por la detención domiciliaria 20. Sin embargo, el nivel logrado con la sustitución de la detención intramural sigue siendo insuficiente porque el hacinamiento intramural se mantiene en un 21,7%. Estimaciones indican que las prisiones deberían operar a menos del 85% de su capacidad para minimizar la propagación y los riesgos de infección y muerte 21.
A pesar de su situación epidemiológica, es una incógnita si la población reclusa colombiana será priorizada dentro del plan de vacunación. Expertos consideran esencial incorporar a la población reclusa en una segunda fase de asignación de vacunas, debido a su marcada vulnerabilidad, las condiciones crónicas subyacentes, la edad y su entorno patógeno 22,23. De paso, se deberían priorizar a los oficiales de custodia y al personal administrativo de los centros de reclusión.
Finalmente, los datos sugieren que, sin medidas efectivas para el control de la infección, como un posible plan de vacunación o la disminución significativa de la densidad poblacional, es poco probable que se contenga la propagación de la COVID-19 en las prisiones. Por ello, esta crisis se convierte en una oportunidad para incorporar la salud en prisión en la salud pública más amplia. Con esto se lograría, de paso, una transformación de sus graves carencias ♦