Introducción

En la última década del siglo XX, Colombia vivió grandes transformaciones institucionales debido a la historia de conflictos sociopolíticos y militares, una transición de la guerra, el fenómeno del paramilitarismo y el fenómeno de la guerrilla buscando la desvinculación y reintegración social, “un origen histórico que se amalgama y actualiza por las condiciones estructurales sociopolíticas que se han sostenido por las características de las relaciones excluyentes que las élites han establecido con el resto de la sociedad y la insurgencia” (^{Del Río, García, Silva & López-López, 2012}).

Al igual que otros países de América del Sur, a través de diferentes luchas sociales, movimientos y guerras establecieron un nuevo orden político, cambiando así las reglas del juego en la economía, lo cual generó que los empresarios debieran enfrentar un nuevo escenario nacional y mundial. ^{Martínez (2001)} explica que el crecimiento económico fue menos dinámico que en las décadas anteriores, pero se mantuvo positivo hasta finales del decenio, los indicadores sociales mejoraron durante los primeros ocho años y sufrieron un brusco deterioro en los últimos dos años, de tal manera que hubo un regreso de una década en los indicadores de desarrollo humano.

Esto ha ocurrido durante los últimos 10 años de guerra en Colombia y es así como la desaceleración económica de las últimas décadas se atribuye a múltiples causas, algunos opinan que se debe al necesario ajuste después de una burbuja de consumo privado y público a lo largo de la década; otros, a las fuerzas de carácter exógeno a la economía. Inclusive, hay quienes afirman que los éxitos en el desmembramiento de los grandes carteles de la droga en la segunda mitad de los años noventa pudieron influir en la reducción del crecimiento de la demanda agregada en la economía (^{Guzmán, Fals & Umaña, 2010}, pp.39-40).

El grave deterioro de otros indicadores del comportamiento político y social en el país, como la falta de gobernabilidad y de aciertos para los manejos de la cambiante sociedad política, la existencia de esta situación era lo que los economistas no se habían detenido a analizar, la violencia y los crímenes de guerra en Colombia, así como el análisis de los actores involucrados en el proceso y el establecimiento de nuevas concepciones paradigmáticas como formas para la construcción consistente del pensamiento económico desde lo que ha sido el gasto militar y el gasto social.

Las teorías del paradigma neo-institucional presentan una concepción en sus bases primarias de una sociedad que se debate entre sus propias dinámicas, en un conflicto social y económico durante estos más de 10 años, donde las repercusiones en la estabilidad en el país a nivel de inversión, de crecimiento, de expansión económica han tenido puntos álgidos de inflexiones que en diversas ocasiones lo han colocado en un profundo subdesarrollo. Las instituciones como instrumentos de acción han intentado sostener a la sociedad a través de reinvenciones sociales, como instituciones formales, se han buscado desde la Constitución, los códigos, las leyes, los contratos y demás elementos jurídicos para establecer leyes como la ^{Ley 975} de Justicia y Paz, ^{Ley 1448} de Víctimas y Restitución de Tierras; la Justicia Transicional, propuestas de mitigación, reparación y no repetición del conflicto y como instituciones informales se ha comprendido desde la interpretación y modificaciones de las reglas formales, normas de comportamiento, acuerdos, códigos de conducta o convenciones y todos aquellos aspectos que están relacionados con la cultura.

En el siguiente análisis se brindará explicación a la relación entre instituciones y desarrollo en Colombia, en el marco del posconflicto. A partir del enfoque vebleniano inspirado en la teoría de Portes, desde la que se analiza que los arreglos institucionales por ser actores individuales, diagnostican la causa de los fracasos que se generan a través de los ajustes institucionales debido a que la sociedad siempre está resolviendo problemas, atribuyéndolos a la brecha entre instituciones de movimiento lento y rápido.

La teoría instrumental del valor nos presenta que se debe conocer el valor de las cosas, desde la institución se comprende que a medida que se adquiere el valor por las cosas el ser humano tendrá una acción para un fin y la sociedad resolverá sus problemas. Se sustentará en tres ejes temáticos el análisis del texto: “Reintegración en Colombia”, haremos una enunciación sobre los actores armados en el escenario del conflicto interno. “Definición y caracterización del papel de las instituciones políticas desde lo que define Coase como Coste Social”, en donde, tomaremos los diferentes hechos violentos para mostrar el accionar de las fuerzas irregulares, Grupos Armados Ilegales (GAIL) y al mismo tiempo analizaremos las estrategias diferenciadas que el Estado ha utilizado disminuyendo el gasto público (educación y salud) y redireccionándolo al gasto militar; hay una alta comprensión de la importancia que tiene la economía en las instituciones por la reducción de los costes de transacción que ha generado el sostenimiento de la guerra, los cambios de regímenes de políticos, los parámetros económicos en la sociedad civil así como las normas y las costumbres, que han contribuido al detrimento del desempeño económico en Colombia (^{Eggertsson, 1990}), y “El estudio del conflicto armado, las causas que lo generan y los aspectos que lo caracterizan, el papel de las instituciones públicas”. Con el fin de responder a una propuesta de la superación del conflicto social y armado a través de la reintegración de sus actores, así mismo, analizar las estrategias que se utilizan para la defensa y garantía de los principios y obligaciones fundamentales planteadas desde los principios de la economía.

Instituciones estatales y ciudadanía en el posconflicto

Según ^{Nussio (2009)}, citado por ^{Mago, 2011}, Colombia es un país que asume la totalidad de la responsabilidad institucional y además de esto garantiza la propiedad nacional del desarme, desmovilización y reintegración e involucra organizaciones internacionales en tareas de evaluación, monitoreo, ejecución de proyectos en pro de estos procesos y acompañamiento a los sujetos desmovilizados.

Sin embargo, en este análisis la hipótesis que se plantea es que en Colombia el desarrollo ha sido insuficiente porque no hay instituciones estatales adecuadas y sostenibles, reflejo de la estructura social (infraestructura social, capital social y política). Las instituciones como “hábitos de pensamiento” presentan un intento por interpretar y explorar las relaciones políticas con el desarrollo de los eventos que se han presentado a raíz de la violencia sociopolítica en Colombia, intentan responder a una necesidad de una sociedad civil reintegrada como medida de disminución de la violencia. Las instituciones que son resilientes y que cambian frecuentemente traen consigo inestabilidad política, debido a que se genera inseguridad en la prevalencia de la garantía de los derechos y las oportunidades en la sociedad civil. Un estado judicial débil en la introducción del reconocimiento de ciudadanía implicó que en las zonas rurales de Colombia el conflicto se agudizara y perpetuara a las zonas urbanas, factores estructurales que hoy enmarcan la depredación social y violenta.

Ahora bien, la ciudadanía se puede definir como el locus en el que tanto el sujeto político como el sujeto ético despliegan su acción colectiva e individual, respectivamente. De esta manera “se construye comunidad, pero al mismo tiempo se persigue alcanzar la realización de los propios proyectos individuales. La ciudadanía es, entonces, el lugar en el que convergen, en la práctica, y se complementan, el ethos y la polis como concreción de la experiencia y del proyecto humano” (^{Universidad La Salle, s.f.}).

Asimismo, la reintegración social es vista como una salida, una oportunidad, un proceso de suma importancia en el retorno de los desmovilizados, víctimas y otros actores que surjan en el panorama de la guerra, ya que los habilita y protege, brindándoles las herramientas necesarias para su reinserción en la sociedad, al tiempo que contribuyen a la sostenibilidad. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 publicado en el año 2007 y bajo el mandato del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, se mostró por primera vez la importancia de “reintegrar a cambio de reinsertar”, lo cual evidenció un cambio, no solo semántico sino además de visión y objetivo con respecto al tratamiento de los desmovilizados y la forma de lograr su inclusión en la sociedad colombiana. El proceso de reintegración en la actualidad está enmarcado en la enseñanza de habilidades sociales, competencias ciudadanas, corresponsabilidad, reconciliación, etc.

Según el ^{Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG) (2015)}, la política estatal de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) en Colombia concibe el tránsito de los excombatientes de grupos armados ilegales a la ciudadanía como un proceso de adaptación al orden urbano y legal. Lo plantea como un proceso de construcción de un individuo productivo que respeta las normas, los comportamientos de la civilidad y que está en proceso de tener un manejo correcto de las emociones. De manera antagónica con la definición estatal, algunos excombatientes asocian la ciudadanía con la garantía de sus derechos.

Es así como el Instituto expone lo siguiente: los desmovilizados son personas que están en tránsito a la civilidad dado que vienen de un orden ilegal de vuelta a un orden legal. Por ello la relación que aquí se ejemplifica no es entre ciudadanos civiles y el Estado, es entre excombatientes en proceso de ser ciudadanos y las instituciones estatales. Así mismo, la noción estatal de ciudadanía está asociada con la construcción de un individuo pacificado y del aprendizaje de un “correcto manejo de las emociones, factores que definen la construcción de ciudadanos en las sociedades modernas. (Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG), 2015, p.55).

Ahora bien, para explicar el conflicto a partir del análisis de los desajustes estructurales de la sociedad y de la macroeconomía, el desempleo, la desigual distribución de ingreso y la inflación generan penuria económica (Sneyder, 1975, citado en ^{Martínez, 2001}). También influye la incapacidad política de los gobiernos para satisfacer las demandas de la población y las variables sociosicológicas, relacionadas con la frustración de los individuos generada por el entorno, se han utilizado para explicar en forma holística otras causas del conflicto. ^{Veblen (1899)} explica que el fundamento en que se basa habitualmente cualquier discriminación entre hechos cambia con el interés que determina el modo de considerar esos hechos. Una sociedad con un poder económico más concentrado y que practica la exclusión política-social. Generando una agenda de cambios institucionales sobresalientes y sustanciales de hechos iluminados por el interés dominante del medio.

El punto de vista particular o la especial característica que se toma como definitiva en la clasificación de los hechos de la vida depende del interés en consideración al cual se trata de hacer la discriminación de los hechos. Por consiguiente, los fundamentos de la discriminación y las formas de procedimiento para hacer la clasificación cambian según avanza el desarrollo de la cultura.

La transformación material de la sociedad debe ser a partir de la educación, desde la concepción de un desarrollo social. En ^{Veblen (1899)} la postura económica institucional presenta una explicación de cómo es el individuo, el cual se caracteriza por su instinto, se reconoce que de manera instintiva reacciona ante la toma de una decisión, y se materializa en la acción de su comportamiento, siendo así, que las situaciones materiales constituyen el factor más significativo de propensiones y preconcepciones acerca del mundo.

Si las instituciones son hábitos de pensamiento, deberían no reducirse a instituciones formales, como la Constitución, la justicia, las leyes o los derechos de propiedad. Es una digresión entre los elementos de la economía institucional original y sus desarrollos frente a lo que hemos conocido en América Latina como tendencias estructurales formuladas. Las variables tradicionales que los economistas usan para explicar el crecimiento y el desarrollo tenían un referente poco explicativo en una región afectada por el rezago relativo en comparación con el promedio nacional; en el caso Colombia, por ejemplo, se maneja un modelo económico de centro, el cual no brinda una respuesta de desarrollo favorable debido a la diversidad cultural que se presenta como en la costa Caribe o el Pacífico. El rol de la cultura y de los valores en el desarrollo surge de gran interés para la teoría económica de los valores, ya que las valoraciones dadas por el pragmatismo racional revelan un factor interesante de análisis si se observa como economía regional sobre las cuales permite el análisis desde la realidad y desde los diferentes sistemas, cómo se construyen las diferentes estructuras que dan origen a las instituciones, destacando la cultura como un elemento de análisis de estas construcciones sociales.

Uno de los pensadores de la escuela institucionalista, Commons, se concentra en el estudio de la ley, los derechos de propiedad y las organizaciones, su evolución e impacto sobre el poder económico y legal, las transacciones económicas y la distribución de ingreso. A partir de allí, Commons, a diferencia de Veblen, concluye que la instauración de instituciones es el resultado de un proceso formal e informal de resolución de conflictos. EI éxito de la institución va a depender de la generación de un valor razonable acordado al cese del conflicto (^{Martínez, 2001}). Estos lazos con agentes del Estado, unidos a aquellos establecidos con las élites terratenientes regionales y con el narcotráfico, permitieron que los grupos paramilitares construyeran unas estructuras de poder político y económico mucho más fuertes e importantes que su poder militar.

Por ende, a pesar de que en el año 2002 estos actores iniciaron negociaciones con el gobierno colombiano, es dudoso que esos procesos de negociación y desmovilización puedan conducir por sí solos al efectivo desmonte de las estructuras de poder paramilitar y, por esa vía, a la garantía de no repetición de las atrocidades. En efecto, es posible que estas estructuras de poder permanezcan intactas, e incluso que salgan fortalecidas en virtud de un proceso de legalización (^{Guzmán, Sánchez & Uprimny, 2010}).

En un país como Colombia, donde el conflicto armado se ha extendido por más de cuarenta años, el desarme es fundamental, no solo para superar la confrontación armada sino para minimizar los riesgos de un posible relapso, así como los brotes de nuevos tipos de violencia en el periodo que le siga al fin de la guerra. El desarme no suele pensarse ni es un componente particular y aislado dentro de un proceso u operación de paz, va incluido con los programas del Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR). Desde la década de los ochenta, los programas del DDR han venido cogiendo fuerza en el ámbito global. Después de la Guerra Fría, los enfrentamientos interestatales dieron lugar a los conflictos internos, como aquellas guerras que, con mayor frecuencia, se desataron en diferentes partes del mundo. En estas, el Estado se enfrentaba a uno o más grupos armados no estatales y/o había choques entre dos o más de estos, quienes se valían de armas para el desarrollo de su lucha (^{Joya, 2015}).

Desde un enfoque que brinda una anatomía del conflicto, la escuela neo-institucionalista, cuyo pensador más destacado es Douglas North, comienza a adquirir la forma de un cuerpo teórico, estructurado alrededor de aportes diversos. Entre ellos se destacan los trabajos sobre derechos de propiedad y ley común (^{Demsetz & Alchian, 1972}), que analizan el proceso de elección pública; la búsqueda de rentas públicas y las coaliciones distributivas, los estudios de las organizaciones, los costos de las transacciones (^{Coase, 1996}; ^{Williamson, 1985}) y la teoría de la agenda (^{Jensen y Mecklin, 1976}, citados por ^{Martínez, 2001}).

Desarrollo económico en el marco del pos-conflicto

Para ^{Ibáñez y Jaramillo (2006)} las consecuencias del conflicto pueden ser sustanciales, ya que el conflicto armado genera la reasignación, destrucción y erosión del capital, generando así un gran deterioro del crecimiento económico de un país. Para estos mismos autores este impacto se profundiza debido a las presiones fiscales generadas por las necesidades inherentes a financiar una guerra interna y al declive en las tasas de ahorro e inversión. En segundo lugar, el conflicto obliga a los agentes económicos, tanto a las firmas como a los hogares, a modificar su comportamiento y escoger alternativas con retornos económicos menores y con menor riesgo, para así proteger su capital (Ibáñez & Jaramillo, 2006, p.94).

Asimismo, el coste social examina la influencia de la ley sobre el funcionamiento del sistema económico, si los derechos de realizar algunas actividades. Objetivos a identificar las fuentes de los costos de transacción (aquellas características o dimensiones de una transacción que hacen el intercambio problemático o sumamente costoso) y especificar el mecanismo de gobierno que puede coordinar de la manera más eficiente la transacción, de tal forma que se logren economizar dichos costos.

La eficiencia se constituye en el criterio con el cual medir el desempeño, que se entiende como una forma de economizar costos y se atribuye a formas organizadas (mercados o jerarquías, en la terminología de Williamson). Una transacción es la transferencia de bienes y servicios a lo largo de una frontera organizacional o, como diría Williamson, “a lo largo de una interfase tecnológica separable” (^{Williamson, 1981}, p.552).

Es un concepto que incluye tanto la noción de intercambio como la de contrato. La de intercambio de derechos de propiedad por bienes y servicios no implica una promesa de responsabilidad futura y está típicamente ejemplificada por transacciones en el mercado spot. El contrato sí supone una promesa de desempeño futuro, esencialmente porque una parte ha hecho una inversión y su retorno depende del comportamiento de la otra parte en el futuro. Este tipo de transacciones, donde se intercambia una promesa de desempeño futuro (^{Alchian & Woodward, 1988}, p.66) y se establece un contrato. Si aplicamos los conceptos de North a la institución pública, tenemos que el incentivo de seguridad democrática, aumento del gasto militar y seguridad social trajeron una seguridad social que el país necesitaba pero condujo a un desequilibrio social y educativo. Presentando una nueva forma de institucionalidad política, la cual se estructuraba en los índices de violencia, en la guerra de las zonas rurales, que se extendían hasta las zonas urbanas con los secuestros.

Al introducir la dimensión temporal al análisis, se puede entender el cambio institucional entre la política de seguridad democrática del presidente Uribe (2002-2010) y la política de paz, equidad y educación del presidente Santos (2010, hasta la actualidad). La experiencia acumulada por una sociedad, su aprendizaje colectivo, determina la evolución histórica y su existencia quizas garantiza que resuelva sus problemas. No siempre los arreglos que persisten en una economía son los más eficientes. La pathdependance se manifiesta en la forma como ciertos ‘accidentes’ iniciales determinan la senda subóptima y excéntrica en que puede evolucionar una economía (^{Martínez, 2001}). Muy buena parte de la senda de desarrollo de una sociedad está condicionada, entonces, por su pasado. Para esta escuela, la violencia puede verse como parte del cambio institucional. ^{North (1981)} dice que los cambios violentos o discontinuos pueden aparecer cuando el contexto institucional hace imposible que los jugadores efectúen nuevos acuerdos y compromisos, de manera que se dé un nuevo arreglo institucional. En ese caso, la violencia puede ser la única salida. Un aspecto importante para rescatar de este enfoque es su insistencia en la especificidad de cada caso histórico y la imposibilidad de una teoría general.

Dentro de los cambios institucionales que logró la violencia esta el de la transición de ajustes entre el marco de la Ley de Justicia y Paz a la Ley de Justicia Transicional, evidenciando una vez más que cuando los cambios son discontinuos, se revisa cuidadosamente la obra de ^{Eggertsson (1990)} y ^{North (1981}, 1990), citados en ^{Parada (2003)} analizamos que el decaimiento de la ley de justicia y paz se interpreta como una asignación a un mayor papel a las instituciones informales en la determinación del comportamiento humano. ^{Williamson (1985)} postula al individuo que no maximiza la utilidad sino que es un ser racional limitado (los agentes humanos son intencionalmente racionales pero tienen limitaciones), presentando dos supuestos de comportamiento que son esenciales. Primero, toma de H. A. Simon la noción de racionalidad limitada en contraste con el supuesto neoclásico racionalista de la maximización de los beneficios. Para ^{Simon (1961}, p.24), los actores son intencionalmente racionales, pero solo limitadamente. Esta idea proviene de su visión de que la firma moderna está compuesta por un conjunto de agentes que toman decisiones en forma cooperativa y que deben tomar sus decisiones con base en capacidades limitadas, restringidos por información limitada y ligados al grupo por vínculos personales y sociales.

Las firmas individuales no se esfuerzan por maximizar los beneficios sino por encontrar soluciones a los problemas que enfrentan. En suma, las personas no saben todo y cometen errores; además, cada persona sabe cosas diferentes (^{Alchian & Woodwards, 1988}).

El segundo supuesto que ^{Williamson (1985}, p.47) adopta en su obra teórica es que los agentes económicos son afectados por el oportunismo, al que caracteriza como búsqueda del interés propio con astucia. El oportunismo lleva a diseñar protecciones apropiadas para los contratos entre las partes. Además, el individuo sigue un comportamiento oportunista y astuto (Willianson, 1985, pp.388-389). Este supuesto a priori sobre el comportamiento humano aún se mantiene en la ontología individualista de la economía neoclásica, dando así una explicación a la revalidación de la ley y cambiando la institucionalidad en la creación de lo que hoy se define como Justicia Transicional en Colombia, donde el gran logro es la construcción del modelo PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas).

Para las personas que se desmovilizan se generan cambios sobre las dinámicas y grupos sociales que cumplen el papel de receptores de los excombatientes reconociendo así a dichas comunidades como entes que directa o indirectamente formaron parte del conflicto, la mayoría de las veces en condición de víctimas.

Las representaciones sociales, políticas y económicas surgidas de este proceso entre los distintos grupos humanos suelen conllevar al desarrollo de niveles variables de identificación frente al grupo social en cuanto a que redefine las reglas del juego y genera cambios en la estructura a través del proceso político. Razón por la que North afirmaba que la historia económica concebida como una teoría de la evolución de las restricciones no solo debe explicar el desempeño económico, sino que también debe proporcionar al científico social moderno el marco contextual evolutivo para explicar el desempeño actual del sistema político económico (North, 1981, p.20). Estos procesos dinámicos de la sociedad como lo ha sido la violencia, generan tensiones permanentes entre las ganancias de las actividades económicas así como el incremento de los costos que surgen en el proceso de especialización. Este incremento de los costos de transacción, costos de información, costos de agencia, costos de evasión y oportunismo, costos derivados de la incertidumbre, costos de medir la calidad de los bienes y de la producción, costos de observancia de los derechos de propiedad y costos de acatamiento y de detección de las violaciones redefine las reglas del juego y genera cambios en la estructura a través del proceso político.

El desmontaje de las estructuras paramilitares implica la devolución al medio social, económico y político de individuos con características personales y psicológicas moldeadas por la influencia de las condiciones de ilegalidad, la fiereza de la formación militar y el desarrollo de acciones bélicas que representan agresiones sistemáticas contra una sociedad, los cuales no solo desestabilizan un país sino que también influyen de manera directa en sus procesos económicos. El reconocimiento del impacto de tales acciones sobre la sociedad y el encuentro bajo la condición de miembro de dicha sociedad puede inducir al desarrollo de características particulares de sus redes de socialización, moldeando sus patrones de intercambio y apoyo social e influyendo en los indicadores de desarrollo humano y social de un país.

El acompañamiento que se debe brindar para lograr la disminución de la violencia política y el mejoramiento económico, en las víctimas y desmovilizados debe estar acompañado de un proceso social y económico donde todas las medidas de atención, asistencia, reparación integral y demás intervenciones sean dirigidas y realizadas a las víctimas, con el objetivo de reducir y solventar los impactos ocasionados por las infracciones al DIH o las violaciones graves y manifiestas a los DDHH. Según este enfoque, de acuerdo con los que lo agentes crean sobre la duración del conflicto. Si creen que es permanente, sus decisiones intertemporales se afectarán y habrá un impacto sobre el tipo y ritmo de crecimiento de la economía. Así como sobre la acumulación de capital, bajo las formas de capital físico, humano y social.

Este último corresponde a la noción institucionalista del proceso de construcción social, que permite ordenar las relaciones de poder y la economía en una sociedad. Cuando el conflicto vulnera la fortaleza de las instituciones resultantes de esos arreglos, se debilita el crecimiento de la economía. Con respecto al capital físico. El conflicto puede destruirlo a impedir su formación, mediante la reducción de la capacidad de la sociedad para absorber la tecnología, debido a la incertidumbre de los agentes. Como muestran ^{Echeverry, Salazar Navas (2001)}, citados en ^{Martínez, (2001)}, el conflicto puede alterar además la acumulación del capital físico, a través de su erosión, destrucción a reasignación a otros usos. Se puede deteriorar su valor, se puede destruir físicamente o se puede reasignar a otros usos no óptimos. Todo ello trae consigo debido al debilitamiento de las instituciones en Colombia un notable incremento del gasto militar.

Otra explicación del proceso de posconflicto y el costo de la institución política por reconstruir la sociedad, nos lo explica ^{North (1990}, p.86) desde lo que para él es “la necesidad de ir más allá del principio de economización para explicar el cambio institucional. Este es un avance con respecto a sus obras iniciales, donde aceptaba la teoría neoclásica de las instituciones basada en la eficiencia”. Un enfoque de negociación explica la estabilidad de la sociedad, alejándose de la tesis de la corriente principal acerca de la evolución de las instituciones. En cierta medida, North y más cerca de las ideas de Commons sobre el poder económico basado en los límites de la coerción que definen el conjunto de posibles resultados entre las partes involucradas en la transacción, aceptando que las restricciones informales son una fuente importante de estabilidad institucional a pesar de los cambios discontinuos causados por las revoluciones y los cambios radicales de las reglas formales, como descubrieron los científicos sociales en las economías de Europa Oriental después de la caída del socialismo. Es igual que los viejos institucionalistas antes que él, considera que las restricciones informales tienen gran tenacidad de supervivencia porque aún resuelven problemas básicos de intercambio entre los participantes, bien sean sociales, políticos o económicos (North, 1990, p.91).

Es así que las organizaciones mediante su interacción con las instituciones van a tejer el proceso de cambio institucional. La dicotomía económica permite esta variabilidad ya que aún estamos suspendidos en cómo debemos medir la economía, cómo debe crecer la economía, y a qué le apuntamos económicamente. Desde esas perspectivas las diversas agencias deben definir proyección del capital social, humano y económico.

Hay una realidad en Colombia, que la hace diferente de otros países. No basta decir que hay narcotráfico y grupos armados, que la eficiencia de la justicia es baja, que el pie de fuerza es precario, para tener las bases de la solución de la violencia en Colombia. De la misma manera, no basta con decir que las inequidades son grandes y que no ha habido inclusión política y social. La negociación de paz en curso revela la voluntad del Estado y de la sociedad colombiana, de darle una salida política a un conflicto cuya importancia se reconoce. Se acepta que el interlocutor no es un delincuente sino, en palabras de ^{Rubio (1998)}, un ‘bandido social’, un ‘individuo’ de extracción popular, que se rebela contra el soberano injusto”. EI resto de la cita, “y que cuenta con un amplio apoyo entre las clases campesinas”, podrá ser objeto de mayor discusión (Rubio 1998, p.121, citado por ^{Martínez, 2001}). La construcción de consensos y de análisis que rescaten lo que tienen de valioso las diferentes perspectivas puede contribuir a la búsqueda de la solución definitiva al conflicto.

La potenciación del capital social en su relación con el empoderamiento (^{Bourdieu, 1985}, citado en ^{Lorenzelli, 2004}), uno de los conceptos más utilizados, actualmente, en la formulación de las políticas sociales, es un medio para alcanzar un verdadero desarrollo humano, el que es citado por Rosa Helena ^{Stein (2003)} como un proceso a través del cual se amplían las oportunidades de los individuos, entre ellas, una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y a los recursos indispensables para un nivel de vida digno como el económico. Además, concede un gran valor a las libertades política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, el respeto a sí mismo y el disfrute de la garantía de los Derechos Humanos (p.10).

Es así entonces que los aspectos principales que se destacan, en esta definición, son la formación de capacidades y la utilización positiva que deben hacer de ellas los individuos para la construcción de una sociedad reintegrada a nivel rural y urbano en el marco de un posconflicto.