Na favela o policial está o tempo todo no terreno do inimigo
(Comandante UPP de Santa Marta, 2015)
A partir de 2007 (con los XV Juegos Panamericanos) y hasta 2016 (con la XXXI edición de los juegos Olímpicos), Río de Janeiro fue anfitriona de megaeventos1 (Roche 2000). Estos eventos fueron precedidos por importantes procesos de renovación y transformación urbana (Miagusko 2012; Penalva Santos y Sant'Anna 2014) que buscaban la consolidación de una Río moderna, bien organizada, racional y funcional (Magalhães 2013).
En este escenario, la intervención sobre la violencia urbana (Cano y Ricotta 2016) fue prioritaria. Vale la pena recordar que en esa ciudad, la violencia se relaciona con los siguientes fenómenos: i) la acción de grupos criminales o "facciones" dedicados al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes; ii) la adquisición ilegal de armas de fuego (muchas veces con el apoyo de sectores corruptos de la Policía) por parte de las facciones (Misse 1997; ALERJ 2011); iii) el modus operandi reactivo, violento y represivo con el que la Policía Militar de Río de Janeiro (PMERJ) ha enfrentado este fenómeno, y iv) el modo en el que el tráfico ilegal de sustancias se adaptó de manera funcional a la subdivisión de la ciudad en espacios urbanizados (el así llamado asfalto) y a los centenares de asentamientos informales llamados favelas (o comunidades)2.
Detengámonos ahora en la forma en la que estos aspectos se interconectan y construyen una estructura que alimenta los fenómenos de violencia urbana. Las favelas se desarrollaron en modo heterogéneo a lo largo del siglo XX, sobre todo por iniciativa de trabajadores pobres, migrantes y exesclavos que necesitaban residir en las cercanías de las zonas en las que trabajaban al servicio de las clases medias y altas (Vaz 1994).
La segregación urbana en Río no puede ser interpretada, entonces, a través del modelo centro/periferia: las favelas -en las que hay carencias de vías, de servicios básicos sanitarios y de instrucción pública- se instalan también en las cercanías del centro de negocios político y comercial de la ciudad y en las cercanías de las famosas playas y de los lujosos barrios de las zonas adyacentes (Zona Sul), renombradas metas del turismo nacional e internacional.
Desde su formación, las favelas fueron percibidas como lugares insalubres y refugio para criminales (Zaluar y Alvito 2006). Sin embargo, los problemas relacionados con la violencia urbana cobraron especial importancia desde los años ochenta, después de la intensificación del control armado sobre territorios de las favelas por parte de las facciones que controlan el tráfico3; proceso favorecido por la ausencia de las instituciones estatales y por la ubicación geográfica de las favelas (ubicadas, en la mayoría de los casos, en las colinas de la ciudad, los morros). Las facciones del tráfico se organizaron militarmente (con dotaciones de armas pesadas: fusiles de asalto, ametralladoras, bazucas, granadas) para defender a los territorios en los que controlan la distribución de droga (bocas de fumo) de los posibles ataques de bandas rivales y de las incursiones de la PMERJ. El control armado del territorio ha dado a las facciones que controlan el tráfico de droga un poder paralelo al del Gobierno sobre la población residente en las favelas.
La PMERJ se ha enfrentado a los problemas de distribución de droga en las favelas valiéndose de estrategias de guerrilla urbana, es decir, de métodos brutales y violentos, favorecidos por la ineficacia de los mecanismos de controles de la actuación policial (Costa 2011).
La militarización de la seguridad pública es una de las herencias más importantes de la dictadura militar (1964-1985) (Zaverucha 2008): después de la reforma de seguridad efectuada en 1967 por el gobierno militar golpista, la Policía Militar se constituyó como la principal fuerza del orden brasilera4. Sin embargo, la violencia policial no puede explicarse únicamente como una herencia de la dictadura.
La aproximación a la represión de la policía militar hacia los sectores más pobres de la población puede ser puesta en estrecha conexión con la función originaria de los cuerpos de seguridad en las épocas coloniales e imperiales: la defensa de los intereses de los propietarios de las tierras en contra de amenazas potenciales, de "enemigos internos o públicos" (pobres, esclavos, indígenas) (Zaluar 2007). El rol de enemigo público hoy lo cumple el habitante de la favela (favelado) -negro, pobre y criminal (Alves y Evanson 2013; Machado da Silva 2008; Misse 2006; Pinheiro 2000)-, a quien la policía militar reprime y/o elimina, en aras de la seguridad de los ciudadanos respetables (cidadão de bem) y de un Brasil moderno.
El así llamado modelo de la guerra en contra del crimen, es decir, en contra de las facciones que controlan la distribución de la droga, fue definido como reactivo, militar, y basado en la represión (Cano 2006). Este consiste en operaciones de incursión dentro de las favelas para arrestar sospechosos previamente identificados y un repliegue inmediato a los cuarteles situados en el asfalto, por lo que muchas veces colindan con el territorio enemigo. Para las operaciones de incursión fueron empleadas las fuerzas especiales -PMERJ, el BOPE, y el BPCh5-, dotadas de fusiles, ametralladoras y caveirão (vehículo armado que puede transportar hasta trece policías, y que fue proyectado para operar dentro de las favelas).
Los encuentros armados entre facciones y entre una facción y la PMERJ son parte de la vida cotidiana de los residentes de las favelas y traen trágicas consecuencias en términos de víctimas y heridos. Las consecuencias mortales de los enfrentamientos con armas de fuego no caen sólo sobre los así llamados soldados del tráfico, sino que involucran a los residentes comunes que se encuentran en medio de fuegos cruzados. Entre el 2005 y el 2014, más de cinco mil personas fueron asesinadas por la PMERJ. En el 2014, el 15,6% de los homicidios fueron cometidos por la Policía Militar (Amnesty International 2015).
Así las cosas, para los residentes de las favelas, las incursiones de la PMERJ representan un elemento de inseguridad: el carácter de imprevisibilidad da las incursiones hace que estas sean percibidas como amenazas mayores que las impuestas por las mismas facciones, cuya presencia es habitual y "regulada" (Machado da Silva y Pereira Leite 2007).
Es importante mencionar que desde el 2000 hasta la fecha, más de cien policías han muerto cada año. Quienes pertenecen al PMERJ, de hecho, no son sólo victimarios, también son víctimas: mal pagados, provenientes muchas veces de las mismas favelas, expuestos a las amenazas constantes del fuego enemigo proveniente del tráfico y del fuego "amigo" disparado por los colegas corruptos (Alves y Evanson 2013; Spera 2016).
Los eventos continuos de sangre, debidos a la droga y a los enfrentamientos entre facciones rivales, junto con la visibilidad de las prácticas criminales dentro de las favelas, han reforzado las preocupaciones de la opinión pública carioca y brasilera (Zaluar y Alvito 2006), haciendo que el tema de la criminalidad sea una verdadera obsesión en las conversaciones de los habitantes de la ciudad (Machado da Silva 2010b). Estas preocupaciones vigorizaron el debate público y político en el alba del decenio de los megaeventos, cuando los reflectores de todo el planeta iluminaban a la ciudad (Machado da Silva 2004; 2010a; Magalhães 2013).
Poco antes de que iniciaran los Juegos Panamericanos, las unidades especiales de la PMERJ realizaron una serie de incursiones en las favelas y siguieron el tradicional modelo de la guerra al tráfico. Particularmente impresionante fue la operación llevada a cabo el 27 de junio del 2007 en el Complexo do Alemão, tristemente conocida como "masacro del Complexo do Alemão", en la que la incursión de más de mil agentes del Estado (entre policías civiles y militares, soldados de la Fuerza Nacional) dejó numerosas víctimas.
En este contexto era evidente que la brutalidad de las operaciones de policía contrastaba con la imagen que se quería construir para de la comunidad internacional, cuya presión hacía cada vez más difícil recurrir a operaciones sangrientas, con las consecuentes ejecuciones extrajudiciales que violaban abiertamente el respeto a los derechos civiles6. El modelo de la guerra contra el crimen (Machado da Silva 2010a) como método de lucha en contra del "enemigo interno" no seguía los lineamientos de una ciudad que se mostraba segura, moderna y democrática. Para construir un city branding, eficaz a nivel global, se hacía indispensable cuidar la imagen internacional de la ciudad, también en lo que tenía que ver con el manejo de la violencia urbana (Moncada 2013). La centralidad de la tutela de los derechos humanos implicaba la planeación de intervenciones policiales que garantizaran la seguridad dentro de los lineamientos de un Estado de Derecho que a la postre beneficiaría a la audience asistente a los eventos y a los inversionistas internacionales.
El proyecto UPP en Río de Janeiro
Es en este contexto en el que adquiere vida, en el 2008, el proyecto Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que en mayo de 2014 contaba ya con 38 contingentes de soldados, distribuidos en al menos doscientas favelas de Río (Cano, Borges y Ribeiro 2012; Rojido Fiori 2014; Saborio 2013; Spera 2016). Su objetivo principal era controlar militarmente las áreas administradas por los grupos criminales que ejercían un poder paralelo al estatal.
El comando local de la UPP estuvo subordinado directamente al Comando de la Policía de Pacificación, situado dentro del Comando de la PMERJ. Las operaciones de conquista e instalación por parte de la UPP siguieron este esquema: 1) invasión armada de las favelas con arresto y con incautación de armas por parte de las fuerzas especiales de la PMERJ, con el apoyo, en caso de ser necesario, de las Fuerzas Armadas; 2) primera instalación de la UPP con patrullas e intervenciones para acordonar el área y favorecer la seguridad de los soldados; 3) la instalación de la UPP, que incluye actividades sociales; 4) evaluación y monitoreo de las actividades de policía.
Las UPP seguirían un modelo de policía definido como "comunitario" o de "proximidad". De hecho, lo que la operación UPP proponía era una ocupación permanente de la favela, con la promesa de una mayor atención a los derechos de los residentes.
La operación UPP recibió de inmediato el consenso por parte de organismos internacionales: las Naciones Unidas citan la operación en el último informe UN-Habitat (United Nations 2015, 63); lo hacen en un recuadro que lleva el título "Rio de Janeiro: From Coercion to Trust - UPP Social Program". Por su parte, el Banco Mundial produjo un informe sobre la UPP, titulado "Bringing the State Back into the Favelas of Rio de Janeiro" (The World Bank 2012).
El proyecto UPP tuvo gran resonancia en los medios de comunicación masivos; basta observar los cubrimientos efectuados por O Globo que cubren en primera línea las operaciones de invasión y de instalación de los cuarteles generales de la UPP.
Después de la pacificación debían llegar a las favelas la expansión de las empresas privadas y de las instituciones públicas, la prestación y regularización de los servicios7, y debía verificarse una mayor integración entre los territorios de asfalto y las favelas8. Debido a su magnitud, la operación jamás habría visto la luz sin los megaeventos9. En consecuencia, la elección de las favelas sobre las que se instalaron las UPP siguió los intereses conectados a estos (Cano y Ribeiro 2014; Cano y Ricotta 2016). Las UPP llegaron a zonas turísticas y comerciales de la Zona Sul y al centro de la ciudad y a los distritos influenciados por los megaeventos (por ejemplo, a los alrededores del estadio de Maracanã).
Después de un consenso inicial, debido a unas mejorías tangibles tras las operaciones (sobre todo, la disminución de los homicidios y del dominio armado de las facciones), desde el 2013 se hicieron evidentes distintos problemas que afectaron la legitimidad del proyecto UPP (Cano y Ricotta 2016): a) Un aumento de los enfrentamientos entre civiles y militares de la UPP en las favelas que causaron víctimas, especialmente en el Complexo do Alemão; b) un aumento en las denuncias de abusos cometidos por la UPP, entre estos, el caso de Amarildo, un residente de la favela de Rocinha, quien fue torturado, asesinado y desaparecido por miembros de la UPP local, episodio de gran visibilidad mediática; c) la menor inversión en el proyecto, debido a la crisis financiera del estado de Río de Janeiro.
Dos pruebas de la crisis sufrida desde el 2014 es que no se han inaugurado nuevas UPP y se clausuró el proyecto de la UPP social10.
Una UPP exitosa: la investigación en la favela de Santa Marta
Para comprender mejor los alcances del proyecto UPP, realicé un estudio de caso en la favela de Santa Marta (entre diciembre de 2015 y febrero de 2016), lugar en el que se instaló la primera UPP de Río de Janeiro (un contingente de 123 soldados en la PEMRJ), en diciembre del 200811. Santa Marta me fue propuesta como escenario de investigación durante una entrevista en el cuartel general de la UPP (Coordenadoria de Polícia Pacificadora)12, ya que era definida como una experiencia exitosa. En la clasificación de peligrosidad de las favelas pacificadas, producida por la PMERJ, Santa Marta era evaluada como zona "verde", una favela de bajo riesgo en la que el proceso de pacificación se había logrado y se había sido estabilizado13.
Mi objetivo fue, entonces, analizar una UPP definida por los mismos parámetros de la PMERJ "exitosa", en una fase en la que el proyecto UPP atravesaba una fuerte crisis. Otras investigaciones académicas realizadas en Santa Marta, que tenían en cuenta el punto de vista de los residentes (Ost y Fleury 2013; Valle Menezes 2014; Vieira da Cunha y da Silva Mello 2011), mostraban diferentes problemas: i) los conflictos generados por los procesos de regularización que se relacionaban con la sustitución de prácticas informales de acceso a los servicios, y que tenían como consecuencia el aumento de los costos de luz, gas, televisión por cable, etcétera; ii) el proceso de mercificación14 del espacio social y la especulación inmobiliaria, que causaron un proceso tanto de gentrificación como de "remoção branca"15; iii) la ocupación militar h24, que irrumpe en la vida diaria de los residentes que viven bajo las normas establecidas, teniendo que limitar sus libertades.
El objetivo de la investigación en Santa Marta fue dar cuenta de las representaciones compartidas por los soldados de la misión (Santa Marta) pacificadora y de sus relaciones con los residentes. La investigación se realizó a través de entrevistas focalizadas (a la Comandante de la UPP local, a los soldados que estuvieron dispuestos, al Presidente de la Asociación de Residentes) y de charlas informales con soldados y observación16.
Breve descripción del campo: la favela de postal
La favela de Santa Marta, en la que viven 1177 unidades familiares (en una población estimada de 3.913 habitantes, según los datos del IBGE del 2010) está situada en la colina de Dona Marta, entre los barrios "bien" de la Zona Sul de Botafogo, Laranjeiras y Cosme Velho. La comunidade tiene una entrada principal, en la que inicia la subida de la colina a Botafogo. El otro ingreso queda en la cima, y es el lugar en el que se instaló la estación de la UPP que domina el morro; esta se habilitó después de la llegada de los soldados.
A la cima se puede llegar recorriendo, en automóviles, la calle asfaltada del barrio Laranjeiras. Al llegar a la favela, ya sea por la parte baja (Botafogo) o por la cima (Laranjeiras), es posible seguir adelante sólo a pie o, desde mayo del 2008, a través del plano inclinado, un funicular que sale de Botafogo y llega a la favela. La particularidad morfológica y las reducidas dimensiones hicieron de Santa Marta un contexto ideal para la implementación del piloto del proyecto UPP17.
Después de la instalación de la UPP, gracias a un mejoramiento parcial de las infraestructuras básicas, Santa Marta asumió la imagen de una favela de postal (de hecho, hoy en día, la visita a Santa Marta es parte de muchos de los tours de la ciudad), en particular por el colorido de las casas y los murales (financiados por una tienda de pinturas).
Desde este punto de vista, Santa Marta se abre como una tarjeta de presentación de Río de Janeiro, ya que, al menos en la retórica de las administraciones, fue un ejemplo a seguir, a la hora de hacer frente a la violencia durante el desarrollo de los megaeventos. La llegada de la UPP "transformó" esta favela peligrosa y amenazante y la hizo un lugar atractivo para los turistas, un escenario percibido como seguro. Una "postal" que comunicaba la eficacia del proyecto UPP y el cambio positivo de la ciudad carioca.
El punto de vista de los soldados: la favela es un campo de batalla
La favela de Santa Marta me fue presentada en una visita guiada llevada a cabo por el grupo de vigilancia del GPP Social (Grupamento de Polícia de Proximidade Social). Este es un grupo compuesto por tres soldados que, como se me explicó, hacen rondas "únicamente" con pistolas y sin chaleco antibalas. Con esta aclaración, los soldados querían enfatizar en su identidad de policía de proximidad, y en la diferencia con respecto a la ya mencionada disposición de guerrilla urbana. De hecho, el GPP Social tiene la tarea de aproximarse a la población local, de escuchar sus necesidades y de distribuir entre quienes tienen derecho una canasta con alimentos y artículos de primera necesidad. El GPP Social es lo que queda de la dimensión social del proyecto UPP Social, ya cerrado en el momento de la investigación.
El énfasis en la identidad de proximidad contrastaba, sin embargo, con el andar prudente de los soldados en Santa Marta, que, según decían, era una de las favelas más seguras.
La tensión que viví en el transcurso de esta primera visita me sorprendió. Después de las visitas realizadas en meses precedentes en la favela de Nova Hollanda, en donde el control armado por parte de los jóvenes soldados del tráfico dificultaba el acceso al campo, esperaba encontrar en Santa Marta un contexto más tranquilo en el que pudiera moverme con desenvoltura (estas, además, habían sido las indicaciones de algunos colegas y de los parámetros de la PMERJ).
Me sorprendieron y me alarmaron las miradas de los residentes que encontrábamos, y el constante estado de alerta de los tres soldados. Como prueba de ello, el imprevisto acto de la soldado R, quien desenfundó la pistola y cubrió nuestras espaldas por algunos minutos después de haber oído el ruido de una piedra que rodaba18.
Los soldados quisieron llamar mi atención sobre algunos elementos de la favela: i) un punto en el que, antes de la instalación de la UPP, los soldados del tráfico (siempre definidos como vagabundos por los militares) se posicionaban para disparar en contra de los policías que intentaban subir a la colina por la entrada de Botafogo (un muro de cemento con sitios para introducir las armas en caso de ser necesario defender la cima); ii) los grafitis que celebraban al Comando Vermelho (con el tag CV), ampliamente difundidos en los muros de las casas. Este último aspecto se me mostraba con evidentes señales de rabia y preocupación.
Santa Marta, ya lo he mencionado, me era presentada sin embargo como una favela relativamente privilegiada para prestar servicio militar (más segura que las otras), y en la que el trabajo produce buenos resultados. Éxito que para los soldados de la UPP consistía esencialmente en la eficacia del control armado del territorio.
La Comandante, por ejemplo, identificó en Santa Marta el factor que permitió y permite a los militares un control rápido de los accesos y de las vías de escape:
ENT#091;Santa MartaENT#093; tiene una geografía favorable, residentes y policías pueden subir solo a pie. Hay una única entrada principal. La otra queda en la cima. No hay posibilidad de entrar o salir armados o con droga. Los bandidos tienen que subir a pie. Eso facilita la seguridad. (Diciembre de 2015)
Es este el aspecto militar sobre el que más llaman la atención los soldados. Sobre todo aquellos que han sido parte del Grupamento tático de polícia de proximidade (GTPP), grupo que tiene como tarea encontrar y capturar a los miembros del tráfico todavía presentes en la favela, moviéndose en formación de guerra. Como me explicó durante una entrevista el soldado S:
Vamos a lugares de la favela a los que otros no van. Difíciles de alcanzar. Ellos ENT#091;los criminalesENT#093; tienen centinelas (olheiros). Jóvenes que señalan nuestra presencia. Es difícil. A veces los residentes advierten ENT#091;a los criminalesENT#093;. Por amistad, por relaciones familiares, por relaciones sentimentales. Y ya son cinco años que trabajo acá. (Febrero de 2016)
En Santa Marta, entonces, las charlas con los soldados de la UPP y las observaciones corroboraban la sensación de la favela como un campo de batalla. Los soldados entran a ella con prudencia, como se hace en un territorio amenazante, en un territorio "enemigo". Ya en una investigación llevada a cabo por el Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC 2011; Cano, Borges y Ribeiro 2012), en un grupo de soldados de la UPP se había encontrado que más del 70% de los entrevistados hubiera preferido trabajar en los batallones ubicados en el asfalto, y no dentro de las favelas. Le pregunté a la comandante de la UPP de Santa Marta cómo interpretaba este dato. Su explicación hizo referencia a la percepción de seguridad por parte de los soldados:
En la favela, el policía está todo el tiempo en el territorio del enemigo. En la UPP, todo el tiempo está en el territorio del enemigo, que es la favela, en la que el traficante está escondido en un algún lugar, armado con la pistola. Esto es lo que asusta al policía. (Diciembre de 2015)
Uno de mis principales objetivos era comprender la coexistencia o integración, en un nuevo modelo de policía, de la ocupación militar y la propuesta de un nuevo modo de representar la relación entre soldados y residentes, más atenta a los derechos humanos.
Incluso, en el 2014, durante la campaña mundial denominada Jovem Negro Vivo, Amnesty International Brasil denunció la indiferencia de la agenda de la política nacional frente a las altas tasas de homicidios que cobran la vida de jóvenes negros19.
Los soldados de la UPP no se mostraron avergonzados o reticentes cuando se discutía el problema de la brutalidad atribuida a los modos de operar de la PMERJ en la favela. La comandante, por ejemplo, me explicó que la elección de incorporar en las UPP personas formadas específicamente para esta operación se hizo para constatar la cultura de la violencia y de la corrupción dentro de la PMERJ:
ENT#091;Tenemos en la UPPENT#093; policías con poca experiencia en las brigadas y con malas prácticas como la corrupción. Tenemos muchos casos de corrupción y de violencia en la Policía. Recibimos en la UPP policías recién formados ENT#091;...ENT#093; el comando de la corporación está trabajando en las reformas internas, estamos intentando llevar a cabo un cambio en los contenidos de formación y de impulsar una formación continua sobre derechos humanos, la Policía Comunitaria, y cada uno está revaluando su forma de pensar ENT#091;...ENT#093; Estas personas ancianas vivieron el periodo de la dictadura y ahora piensan de otra manera, también gracias a los progresos de la tecnología y de las investigaciones en contra de la corrupción y abusos del poder. (Diciembre de 2015)
No obstante las intenciones de cambio interno en la PMERJ, en la favela de Santa Marta pude encontrar residentes que sospechaban y eran cautelosos respecto a los soldados. El soldado S del GTPP reconoció esta dificultad, y la atribuyó a los jóvenes que aún están relacionados con los grupos criminales20:
Nosotros hacemos un tipo de trabajo represivo, allanamos las casas con personas sospechosas y arrestamos. Es por este trabajo, en su mayoría represivo, que nos miran con ojos diferentes. No la comunidad en general, sólo los jóvenes que se quedaron en el crimen. Nosotros los conocemos, en dónde viven; ya arrestamos muchos de ellos. Pero están de nuevo afuera, porque la justicia brasilera es el problema. (Febrero de 2016)
Una representación difusa entre los soldados con los que tuve contacto, que había emergido en otros estudios (Valle Menezes 2014), es la subdivisión de residentes en las favelas en buenos ciudadanos que trabajan duro y los criminales (y farmacodependientes) (Feltran 2007). Sin embargo, el mismo soldado S, hablándome de la relación con los residentes, insinuaba que hay una falta de confianza general de la comunidad hacia los soldados de la UPP y una ausencia de cooperación:
Desgraciadamente, los policías tienen muchos episodios de mala conducta y corrupción. No pudimos recuperar la fe. Ya que hacemos sobre todo un trabajo represivo, a muchos residentes les da miedo que los vean hablando con nosotros. Los habitantes te dicen "buenos días", "hola". Pero siempre a escondidas, sin hablarte directamente. Con la GPP Social son un poco más abiertos, pero lo hacen para obtener la cesta básica. Solo para tener, nunca para ayudar a la Policía. Todos los ciudadanos dicen que no saben. Pero todos saben. Todos están informados. (Febrero de 2016)
Por su parte, el soldado R me hablaba del "odio" hacia la UPP (por parte de quienes están inmersos en actividades relacionadas con el tráfico) y del "miedo" a cooperar con la UPP. Hay también quienes están de acuerdo pero temen represalias:
Estoy aquí desde hace un tiempo; hay personas que me odian; las personas que están inmiscuidas en el tráfico de la droga, sus familias, ellas me odian. Hay personas que me aprecian. Sin embargo, no tienen el coraje de hablar pero también te dan las gracias. (Marzo de 2016)
Según el soldado V, esta ausencia de cooperación con los residentes se relaciona con el sistema de intereses que se ha estructurado alrededor del tráfico en la favela. Y al referirse a los residentes de la comunidad, usó tonos de desconfianza y sospecha:
Ellos ENT#091;los residentes de Santa MartaENT#093; no nos ayudan porque no les conviene. El tráfico compra la fe de los residentes. Los residentes tienen necesidad de medicinas: el traficante va y las compra. El ciudadano va y pide. Nosotros damos la cesta básica y la gente compra cigarrillos y droga. Muchas veces trabajan pero también toman de la UPP. El tráfico sostiene a muchas personas acá. El muchacho que hace parte del tráfico va a la panadería y compra treinta sándwiches para sus muchachos, para pagarles el almuerzo. Hay un gran consumo de droga aquí, hay muchos trabajadores farmacodependientes. (Febrero de 2016)
Pude entonces hablar sobre la línea de marcación entre criminales y residentes trabajadores "de bien". Sin embargo, esta división no es así de clara: por lo que la población entera resulta sospechosa.
Así las cosas, la desconfianza en la posibilidad de obtener colaboración hace remota la posibilidad de poder cumplir un modelo de policía de proximidad o comunitario, favoreciendo el reposicionamiento de acercamientos y visiones consolidados dentro de la PM. Pude experimentar la complejidad de las relaciones entre residentes y UPP en febrero del 2016 porque fui visto en compañía de la Policía. El día que iba a acompañar al GTPP durante una misión de patrulla, tras haber entrevistado al Presidente de la Asociación de Residentes, caminaba hacia el Cuartel General de la UPP, cuando se me acercaron dos menores de edad; ellos me acusaron de ser parte de la Policía Civil (que se ocupa de las investigaciones) y amenazaron con dispararme si no abandonaba la favela en dirección de Botafogo. A mi llegada al Batallón (a través de Laranjeiras , sin atravesar la favela), los soldados del GTPP, tras haber confirmado que podía acompañarlos en su operación, me explicaron que la situación en Santa Marta estaba sufriendo un repentino empeoramiento. Según su opinión, si los hubiera acompañado, hubiera podido quedar atrapado en una confrontación con armas de fuego. Me quedé en el Batallón. Uno de los entrevistados de esa tarde (el soldado R) comentó lo que me había acabado de pasar: "Hoy Santa Marta es una de las comunidades más pacificadas. Sin embargo, ¡favela es favela! (porem comunidade é comunidade!)" (marzo de 2016).
Epílogo
Después de veinte días de haber culminado el trabajo de campo, en marzo del 2016, en Santa Marta se registró la primera víctima de un enfrentamiento con armas de fuego (entre policías y presuntos criminales) desde 2008. Este evento demostró la difícil sostenibilidad del proyecto UPP, que, además, hacía frente a la crisis financiera del estado de Río de Janeiro, que recortó un 32% del gasto en seguridad (también en el 2016).
Con respecto a la crisis del proyecto UPP, la comandante de Santa Marta afirmaba:
Estamos atravesando una gran crisis en Río de Janeiro y en Brasil. Una crisis política y financiera, también dentro de la Policía, como reflejo de la crisis del Gobierno; este mes no nos pagaron el salario completo, y esto influencia las motivaciones que se tengan en el trabajo. (Diciembre de 2015)
Siguiendo las afirmaciones de la Comandante, hubiera sido necesario proceder con una mayor gradualidad en la implementación del proyecto UPP. La velocidad del proceso de ocupación de las favelas fue, en su opinión, una de las principales causas de las dificultades en la sostenibilidad de todo el proyecto, cuestión que termina por poner en peligro la integridad de los soldados:
Tenemos 38 UPP; habría sido necesario proceder con más calma; si hoy tuviéramos 15 UPP, hubiera sido mejor para la Policía. Todos los ciudadanos de bien quieren a la UPP ENT#091;...ENT#093; sin embargo, con todo lo que está pasando en las favelas, no tiene sentido continuar. Tenemos que parar la inauguración de nuevas UPP y estabilizar lo que ya hay, llevar más policías y más equipo. Tú lo ves, no tenemos sillas decentes, todo está roto. Tienes que darnos material de apoyo y ponernos en condiciones para poder trabajar. No puedes, simplemente, ponernos en la colina y dejarnos aquí ENT#091;...ENT#093; las favelas son estos aglomerados; si ti no inviertes lo suficiente, vamos a tener policías muertos cada semana; en una semana fueron asesinados tres. (Diciembre de 2015)
En este contexto, tanto los recortes del presupuesto como la idea de "pacificación" propuesta por la PMERJ han contribuido a la crisis actual del modelo de policía de proximidad. El proyecto UPP, de hecho, ha planteado para las favelas una forma de intervención basada en la represión militar y en una prevención situacional que consiste en vigilancia y disuasión (Ricotta 2016).
Esta forma de acercarse a la seguridad ha producido resultados inmediatos en términos de reducción de los enfrentamientos y un aumento en la percepción de seguridad de los ciudadanos de Río en general. Sin embargo, este modelo no se ha ocupado de los aspectos estructurales de la violencia urbana en Río. La desatención a las causas (desde hace tiempo señaladas por la literatura científica y denunciadas en la arena pública brasilera) hace de la favela un lugar ideal para el anclaje de los grupos criminales. La ausencia de políticas sociales y urbanísticas que puedan reparar la fractura socioespacial existente entre asfalto y favelas termina por favorecer que estas últimas se consoliden como escenarios privilegiados para el tráfico. La promesa de superar esta segregación a través de operaciones de policía militar ha creado excesivas expectativas (Cano y Ricotta 2016). Los soldados, de hecho, fueron enviados a las favelas, y allá se quedaron representando el "regreso del Estado" en su faceta militar y armada, que no puede reemplazar las funciones civiles del Estado21. El proyecto UPP, embellecido por algunos proyectos "sociales" y retóricamente inspirado en el modelo de policía de proximidad, ha respondido con un modus operandi de tipo militar: una ocupación permanente las 24 horas del día, que continúa entrando a la favela como a un territorio peligroso y como un lugar de excepción.
La desconfianza percibida por parte de los residentes, además, hace indispensable repensar el trabajo de la Policía. Si los soldados, en sus relatos, distinguen al honesto trabajador que vive en la favela del criminal relacionado en actividades ilegales, en la vida cotidiana hay dificultades para diferenciar estos dos tipos de ciudadanos. Los residentes que no están directamente relacionados con el tráfico no colaboran con las fuerzas del orden, o bien para conservar un privilegio económico, o bien para cuidar de parientes y amigos, o sencillamente por miedo a represalias por parte de quienes, tradicionalmente, han controlado los territorios, llenando el vacío de los poderes públicos.
Proyectados en un territorio carente de servicios percibido como hostil, los soldados hacen referencia en las charlas a un saber sobre las favelas enraizado en la cultura bélica de la PMERJ que conoce los territorios urbanos "peligrosos". Allí, cada habitante de la favela puede ser una amenaza. Atravesando las callejuelas, el sentimiento que se me transmitió fue el de estar constantemente bajo el fuego enemigo. Y el enemigo no es sólo el soldado de tráfico, sino toda la zona y, potencialmente, cualquiera que la habita.
El fin de la era de los megaeventos en Río (que había promovido y sostenido el proyecto UPP) presagia malos tiempos en la sostenibilidad del proyecto. Una oportunidad perdida, si alguna vez fue oportunidad, para una real transformación de un mero acercamiento bélico de la PMERJ hacia las favelas y sus habitantes.