Área de estudio

El modelo de forestería comunitaria en Colombia se ha venido implementando en ocho departamentos (Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo) a partir del liderazgo de Minambiente y el apoyo técnico de la FAO y la UE. Estos núcleos se caracterizan por presentar altas tasas de deforestación histórica, según el IDEAM (Tabla 1) (^{Minambiente & IDEAM, 2018}). Los resultados presentados se concentran en cuatro de los núcleos con mayores avances en la articulación y trabajo conjunto entre las CAR y las comunidades locales durante la implementación del MFC: Antioquia, Bolívar, Cauca y Valle del Cauca.

Tabla 1 Tasas de deforestación histórica 2014-2018 suministradas por el IDEAM para cada uno de los núcleos de manejo forestal del proceso Forestería Comunitaria FAO-Minambiente 

Fuente: IDEAM (2020, sin publicar)

Las comunidades campesinas y afrocolombianas que integran estos núcleos poseen características específicas como resultado de las condiciones ambientales, económicas, políticas y sociales. Las comunidades campesinas están localizadas en Antioquia, con 26 familias beneficiarias; en Bolívar, con 82 socios (70 comunitarios y 12 comerciantes); y en Cauca, con 8 familias beneficiarias. En estos tres núcleos, ninguna comunidad es dueña formalmente de la tierra, dado que esta hace parte de áreas definidas como Reservas Forestales de la Ley segunda de 1959 (^{MADS, 2016}). Estos grupos se asentaron en los territorios hace alrededor de 50 años, producto de desplazamientos desde otras regiones como consecuencia de la violencia, y dependen de la oferta ambiental local, la cual les permite el aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables y de cultivos de ciclo corto, caficultura, apicultura y/o plantaciones forestales en algunos casos. El núcleo del Valle del Cauca está conformado por una comunidad afrodescendiente que posee un título colectivo de propiedad de la tierra, en la que se dedican al aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables, principalmente para la subsistencia, para la construcción de viviendas y canoas para transporte fluvial local, y la elaboración de artesanías con productos del bosque para uso doméstico local.

Fuentes de información y análisis de datos

El modelo forestal sostenible para la explotación de madera considera tres etapas: 1) el aprovechamiento forestal; 2) el cierre de actividades forestales (lo cual incluye el incluye transporte menor); y 3) el transporte mayor (transporte a la planta de transformación). Los datos para el análisis de costos y sondeo de mercados se tomaron de fuentes primarias y secundarias. La información primaria se obtuvo mediante la aplicación de cuestionarios, entrevistas con actores claves en cada territorio y validación a través de la observación en campo. En total se aplicaron 89 encuestas, 56 a empresas forestales y 33 a comunitarios, y se realizaron 40 entrevistas a intermediarios, transportadores, líderes de los núcleos y personal de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). En el caso del Valle del Cauca, se verificaron los costos a través de un piloto de comercialización, el cual permitió comparar un proceso sin asistencia técnica ni encadenamiento productivo con uno que lo considera.

En cada núcleo se realizó un sondeo de mercados (oferta y demanda) en los centros de consumo y transformación de madera más cercanos al territorio, con empresas forestales dedicadas al aserrado y cepillado, comercialización sin transformación, carpinterías y ebanisterías. Se indagó sobre las condiciones del mercado de la madera en bloque (primer grado de transformación) y se determinó el volumen de compra, las especies maderables más demandadas, los precios y el modelo de negocio bajo el cual se da la relación comercial. También se pudo identificar la generación de empleo por núcleo forestal. Toda la información fue recolectada y procesada en una hoja de cálculo.

Los indicadores de rentabilidad se calcularon aplicando las ecuaciones genéricas para ello y se elaboró una plantilla financiera. Para efectos de comparabilidad con otros países de la región, los costos se convirtieron a dólares americanos (un dólar americano actualmente corresponde a 3632.92 pesos colombianos, COP) (Banco de la República, 2020).

Para estimar el costo total (CT) se consideraron los costos directos de aprovechamiento por m³ y los costos indirectos relacionados con el desarrollo de la actividad productiva en condiciones de legalidad, así:

Donde:

Costos del aprovechamiento forestal maderable

El costo promedio del aprovechamiento forestal, calculado hasta el centro de consumo y transformación más cercano en los cuatro núcleos considerados, fue de USD 114.7.m^-3, con variaciones de +/- USD 57.8.m^-3. En la Tabla 2 se presenta el detalle de los costos agrupados según actividad o concepto relacionado con el aprovechamiento forestal de bosque natural por núcleo.

¹incluye tala, troceo y transformación primaria de la madera in situ; ² incluye pagos por retención en la fuente, matrícula mercantil e IVA.

Los resultados de los costos evidencian la heterogeneidad de los valores porcentuales obtenidos para cada núcleo. De acuerdo con las variables consideradas, la transformación primaria tiene un efecto importante en el núcleo forestal del Valle del Cauca, el transporte menor en Antioquia y Bolívar, el transporte mayor en Antioquia y Cauca y la TCAFM en Bolívar y Cauca.

Con respecto a la TCAFM, si bien es porcentualmente más alta en Bolívar y Cauca, una vez los planes de manejo forestal estén aprobados, y según lo estipulado por el Decreto 1390 de 2018, el núcleo donde se registraría el mayor pago sería en Antioquia (Figura 1).

Figura 1 Comportamiento de la TCAFM por núcleo (dólares.m-3) 

De acuerdo con la Figura 1, la variación porcentual registrada por núcleo depende del momento en que se otorgó el aprovechamiento. Por ejemplo, el cobro de la tasa en Valle del Cauca fue del 75 %, menos que en los otros núcleos porque el aprovechamiento se autorizó en 2017, momento en el cual regía la tarifa establecida en la Resolución 0100 de la Corporación Autónoma del Valle. Mientras tanto, para los otros núcleos, el cobro se estimó considerando el Decreto 1390 de 2018, vigente y emitido por el Minambiente. De igual manera, la clasificación de las especies en cada núcleo también incidió en estos resultados.

Sondeo de mercados

De acuerdo con los datos consolidados de la oferta maderable de los núcleos, el volumen aproximado es de 12 000 m³ de madera en pie por Unidad de Corta Anual (UCA) para los cuatro núcleos analizados. El 17 % de las especies registradas son clasificadas por las CAR como muy especiales, 15 % como especiales y el 68 % como ordinarias. En todos los núcleos, y como parte de las actividades tradicionales, se realiza un primer dimensionado de la madera en bloque dentro del bosque, como estrategia para disminuir el costo de transporte menor. Solo en el Valle del Cauca se realiza la transformación primaria en un aserradero de la zona, razón por la cual el costo de aprovechamiento fue mayor comparado con los otros núcleos.

En la Tabla 3 se presentan las principales características de las empresas encuestadas en el marco del sondeo de mercados. Si bien la mayoría de las empresas están registradas en la Cámara de Comercio correspondiente a cada departamento, solo el 36 % de ellas, la mayoría ubicadas en el Valle del Cauca, tiene algún reconocimiento de la procedencia de la madera legal por parte de las CAR. En los otros departamentos apenas se está iniciando con el proceso de reconocimiento. También se destaca que la mayoría de estas empresas ejerce actividades de agregación de valor (a excepción de Bolívar) mediante el aserrado y cepillado de la madera. En Valle del Cauca se registraron las empresas con mayor número de empleados y agregación de valor a través del ensamble de empaques industriales.

En la Tabla 4 se presentan los principales indicadores financieros para los cuatro núcleos analizados. A excepción de Antioquia, se evidencia un resultado económico positivo, reflejado en la TIR y el VPN. Los resultados muestran que la venta de madera en bloque no es financieramente viable en el núcleo de Antioquia, principalmente por el transporte menor, el cual abarca el 51 % del costo variable bajo el esquema de negocio actual.

El precio de venta promedio depende del mercado y de las especies a aprovechar por núcleo, lo cual influye en la rentabilidad del modelo de negocio. Sin embargo, la inviabilidad financiera encontrada en Antioquia no es explicada en su totalidad por el precio de venta del mercado, pues este fue más alto en comparación con los núcleos de Cauca y Valle (Figura 2). El resultado, entonces, lo explican los costos de extracción y aprovechamiento.

Figura 2 Precios de venta de la madera por núcleo (dólares.m-3), año 2020 

La estructura de costos depende de la clasificación de la madera para las CAR y su respectivo cobro por concepto de la TCAFM. Esto significa que una madera puede ser considerada de bajo valor comercial en el mercado y, por tanto, tener un precio bajo de venta. No obstante, al mismo tiempo, esta puede ser considerada como especial o muy especial por la CAR en términos ecológicos y de disponibilidad en el bosque, lo cual resulta en cobros más altos por concepto de TCAFM. Esta situación se presenta con el chingalé (Jacaranda caucana Pittier.) en Bolívar, considerado especial para la Corporación del Sur de Bolívar (CSB) y pagada en el mercado de Magangué como ordinaria, así como el perillo (Couma macrocarpa Barb. Rodr.) en Antioquia, considerado como muy especial para Corantioquia y pagado como revoltura, i.e., en esta clasificación se agrupan a todas las especies maderables sin valor diferencial en el mercado y que comúnmente se usan para vaciado de planchas y formaletas, para construcción de huacales y estibas o para apoyo en carpinterías y ebanisterías.

El impacto de la TCAFM en la estructura de costos en el Valle del Cauca es diferente, dado que la CAR aplica la Resolución 0100 para el cobro de la TCAFM, que es significativamente más bajo con respecto a los demás núcleos, donde se aplica el Decreto 1390 (Figura 1). Esta situación influye en el comportamiento financiero del núcleo, mostrando una rentabilidad positiva. No obstante, en el momento en que se apliquen los costos de la TCAFM según el decreto 1390 y bajo las condiciones de mercado actuales, los indicadores financieros serán negativos.

Generación de empleo

En los cuatro núcleos forestales se encontró que la forma de contratación de la mano de obra es por jornal. Para los núcleos de Bolívar, Cauca y Valle del Cauca, el costo del jornal se estimó en USD 11/día y en USD 13.8/día para Antioquia. La diferencia se debe a que, en Antioquia, al ser una zona minera, el costo de vida es mayor con respecto al de los otros núcleos.

Para el cálculo de los jornales por m³ de madera en bloque procesada, se estimó la necesidad de personal durante las diferentes etapas del proceso de aprovechamiento en el que participó la comunidad. En Antioquia se estimó la mano de obra requerida en el apeo y transformación primaria y transporte menor, que es hasta donde participa actualmente la comunidad. En Bolívar, Cauca y Valle del Cauca se consideró hasta el transporte mayor, que es la etapa en la que participan los llamados lancheros y balseros. En promedio se generan 2.98 jornales.m^-3, con una variación entre 2.7 (Antioquia) y 3.2 (Bolívar y Valle).

Adicionalmente, y de acuerdo con los jornales generados por núcleo, se estimó la cantidad de puestos de trabajo que se generarían durante el aprovechamiento de la primera Unidad de Corta Anual (UCA) en cada caso y bajo un modelo legal de MFC. De esta manera, se generarían 66 puestos de trabajo en total (pagados por jornal, según la forma de contratación de las comunidades), por seis días semanales de trabajo durante todo el año, con un promedio de 17 empleos por núcleo (mínimo 7 en Bolívar y máximo 28 en Cauca). Es decir que, a medida que se vaya formalizando la actividad desde el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, paulatinamente se podrían formalizar 66 puestos de trabajo y, en el mediano y largo plazo, se podría aumentar este número con la expansión de mayores áreas de manejo forestal, el aprovechamiento de desperdicios y la incorporación de otras actividades productivas complementarias al modelo, avanzando así hacia sistemas de contratación más estables.

Costos del aprovechamiento forestal maderable

De acuerdo con los resultados, se observó que los costos de aprovechamiento dependen de las condiciones particulares de cada núcleo; resultados similares han sido reportados en Perú en diferentes sitios de la Amazonía, donde los costos de transporte hacia las plantas de transformación resultan ser los más significativos del modelo y exigen pensar en estrategias de aprovechamiento in situ de la madera para eliminar el falso flete que genera el transporte de agua y desperdicios (^{PCM et al., 2021}). En el Valle del Cauca, la transformación primaria tiene un costo alto por la cantidad de jornales que se requieren (corte y troceo) y el tipo de transporte (vía fluvial) desde el punto de aprovechamiento hasta el aserradero. A causa la carencia de energía eléctrica en el aserradero aumentan los costos de operación generados por el consumo de combustible y la intensidad de mano de obra requerida.

Por su parte, los núcleos de Bolívar y Antioquia son territorios de difícil acceso por su topografía y, por ende, tienen mayores costos de transporte menor, pues se emplea comúnmente la tracción animal. El costo del transporte mayor tiene una relación directa con el estado de las vías de acceso hacia los principales mercados y las condiciones de movilidad particulares de cada núcleo. En Antioquia, por ejemplo, por disposición de la misma comunidad, solo se puede sacar madera a través de camiones conocidos como ‘sencillos’, con capacidad para movilizar máximo 50 rastras de madera por viaje (7 m³ aproximadamente), encareciendo el costo por m³. En Bolívar, en cambio, el transporte mayor es fluvial, y el alto costo se debe a que los comerciantes deben pagar un ‘impuesto local’ a los grupos armados ilegales que controlan el movimiento de madera en la región. Esto representa el 18 % del costo del transporte mayor.

Al clasificar los costos según su destinación (operativos y pago de impuestos) (Tabla 2), el rubro de impuestos y otros tributos varió entre 12.7 y 31.2 % de los costos totales del aprovechamiento forestal. Este valor es considerablemente alto si se tiene en cuenta que el objetivo del MFC es pasar de un escenario de aprovechamiento basado en la ilegalidad a uno de legalidad que incluya criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social, lo que representa un reto para las comunidades y las entidades de apoyo que hacen parte del proceso, así como un llamado a los agentes gubernamentales nacionales y regionales para la generación de políticas e instrumentos que coadyuven e incentiven estos procesos, que contribuyen a la reducción de la deforestación. De acuerdo con FAO y CATIE (2016), el factor legalidad tiene un peso importante en los modelos de forestería comunitaria porque no se cuenta los con elementos normativos adecuados para la situación de las comunidades que sustentan sus estilos de vida en los recursos del bosque, obligándolos a optar por aprovechamientos basados en la ilegalidad. En estos esquemas, además, pesan las asimetrías de información, haciendo que los costos de acceso a la legalidad sean más altos para los pequeños productores (^{PCM et al., 2021}).

En particular, el pago de la TCAFM y la obtención del Salvoconducto Nacional Único en Línea (SUNL) para la movilización de madera hacen parte de las buenas prácticas asociadas a la legalidad del aprovechamiento forestal. No obstante, su aporte en la estructura de costos es significativo, especialmente en los núcleos de Bolívar, Cauca y Antioquia (22.1, 17.3 y 7.5 % respectivamente), lo cual desincentiva a las organizaciones comunitarias, puesto que no cuentan con el capital necesario anticipado, ni tampoco con estructuras administrativas, sociales y técnicas sólidas que faciliten dichos procesos. Esto contrasta con el papel del intermediario, que usualmente aprovecha estas condiciones para comprar la madera a precios bajos, pagando de contado y por adelantado, generando así un ciclo donde no hay ni una ganancia marginal para los habitantes que viven de la venta de la madera (^{Gómez & Méndez, 2007}). Esto también implica la necesidad de evaluar críticamente el papel de este actor en la cadena, pues se ha encontrado que también puede contribuir a la estabilidad del modelo cuando se consideran opción es que beneficien a todas las partes (^{Enke et al., 2016}).

Sondeo de mercados y generación de empleo

La mayor parte de la madera que se comercializa en los mercados locales más próximos a los núcleos forestales es madera de bosque natural, que se compra como revoltura. Esto se debe a que, a causa de la extracción selectiva de los bosques, es difícil conseguir madera de una sola especie y ofrecer un volumen atractivo para el mercado. Pero, además de abastecerse de madera de la región, también es común que a estos mercados llegue madera de otras partes del país. Los resultados del sondeo de mercados mostraron que los mercados locales generalmente tienen la capacidad de absorción de toda la madera que se oferta en los núcleos. Sin embargo, la mayoría es pagada como revoltura, a bajo precio y en condiciones de competencia en el mismo mercado con madera que ingresa de manera ilegal, de la misma región o de otras partes del país. En tal sentido, los resultados negativos encontrados en Antioquia obligan a pensar en otras alternativas que permitan aumentar del precio de venta y consolidar el proceso de forestería comunitaria existente, lo cual se debe basar en el uso sostenible de los recursos de los bosques (^{Yepes, Buszko-Biggs et al., 2020}).

Se considera que el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (PIMLC) (^{Minambiente, 2018b}) y sus plataformas (e.g., Elija Madera Legal) son claves para promover encadenamientos productivos más justos. Asimismo, estos podrían ser garantes de la legalidad del recurso, especialmente de aquel que proviene del bosque natural (^{PROFOR, 2017a}). No obstante, las empresas del Pacto, al apostarle a la legalidad, prefieren cubrir sus demandas con madera de bosque plantado y de procedencia conocida (^{Minambiente & ONFA, 2015}; ^{PROFOR, 2017b}), dado que es más fácil garantizar la trazabilidad de la materia prima procedente de estas fuentes. En el mercado formal, las empresas forestales insertas en esquemas de legalidad y trazabilidad pueden jugar un papel importante como consumidoras en la consolidación del MFC en el país al exigir y apoyar la producción de madera de bosque natural bajo condiciones de sostenibilidad y legalidad (^{Hanrahan & Grimes, 1997}), principios que son fundamentales para la forestería comunitaria (^{Santos et al., 2018}; ^{Yepes et al., 2019}).

En general, los resultados de este estudio complementan las conclusiones obtenidas por ^{ONFA et al. (2019)}, donde se evidenció que, con las condiciones actuales de aprovechamiento y mercado, el modelo de forestería comunitaria en Colombia, basado únicamente en la venta de madera en bloque, no es competitivo, lo cual se debe a los altos costos de extracción y aprovechamiento de la madera de bosque natural, que no se compensan con los bajos precios de la madera en el mercado. La realidad de la operación forestal y las condiciones del mercado hacen que tanto las comunidades como las entidades de apoyo se enfrenten al reto de implementar un modelo de MFC que, basado únicamente en madera, no daría resultados económicos positivos en los mercados forestales convencionales. Estas condiciones también exigen la consideración de estrategias direccionadas hacia la diversificación productiva y la búsqueda de mercados específicos donde se valore la legalidad del recurso forestal (^{Gutiérrez et al., 2018}; FAO, 2010). La diversificación productiva es clave como complemento del ingreso, donde, para lograr la viabilidad del modelo, es necesario garantizar que los otros productos o servicios (especies maderables ordinarias o productos no maderables) tengan un espacio en el mercado. De lo contrario, no habría certeza de que las comunidades rurales solicitaran los permisos de aprovechamiento para esas especies y asumieran los costos. Lo anterior también implica incluir en el modelo otros productos agroecológicos para la venta en circuitos cortos de comercialización y retomar modelos de subsistencia para garantizar la seguridad alimentaria que amortigüen los costos de vida de las comunidades y rescaten conocimientos tradicionales, especialmente los de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Es importante resaltar que los indicadores de rentabilidad de las iniciativas forestales están directamente relacionados con los costos del aprovechamiento, el área, el volumen y las especies finalmente autorizadas por las CAR. Estos aspectos marcan la diferencia con la madera proveniente de plantaciones forestales, dado que la madera de bosque natural abarca áreas mucho mayores, las cuales contienen una gran diversidad de especies, no todas con el potencial para ser comercializadas. De dichas áreas se beneficia un gran número de familias que viven del bosque (^{Yepes, Buszko-Briggs et al., 2020}; ^{Yepes, Ruíz et al., 2020}). Lo anterior es fundamental si se tiene en cuenta que el modelo de negocio forestal debe ser sostenible y tener capacidad para cambiar la percepción sobre el bajo valor económico de los bosques naturales (^{Santos et al., 2018}), tanto así que, en la estimación de costos, no se suele considerar el valor de la madera como materia prima (^{Hanrahan & Grimes, 1997}). A la fecha no se conocen metodologías o estándares para estimar dicho valor, debido en parte a la diversidad de especies que existen en los bosques y al desconocimiento que se tiene de la mayoría de estas en términos de sus propiedades físicas y mecánicas porque no son de alto valor comercial. En tal sentido, la rentabilidad económica es fundamental para garantizar la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el ambiental y el social. De este modo, la revalorización de los bosques como contenedores de productos y servicios se constituye como la vía más indicada para lograrlo (CATIE, 2018).

Principales recomendaciones

Todo lo expuesto en este documento pone de manifiesto que persisten varios retos, los cuales van emergiendo a medida que avanza la implementación del MFC en Colombia, como es el caso del cobro de la TCAFM, donde las clasificaciones dadas en las CAR se justifican porque buscan controlar el aprovechamiento en aras de que no se agoten las especies en los bosques. No obstante, mientras no se controle el aprovechamiento ilegal, la medida no será efectiva -bajo este esquema, la TCAFM no se paga.

Considerando los resultados, es necesario pensar en alternativas que mejoren las condiciones económicas de los núcleos forestales. Una de ellas debe considerar la implementación de un modelo bajo el enfoque de cadenas de valor que incluya la participación de todos los actores (^{FAO, 2010}; ^{Gilmour, 2016}; PROFOR, 2017a). Esto es significativo porque permite incorporar al mercado a aquellas especies que no son tan conocidas y, a su vez, mejorar cada eslabón en función de un modelo de negocio justo y equitativo, con una distribución más ecuánime de los excedentes económicos (^{Gutiérrez et al., 2018}; ^{Enke et al., 2016}).

La promoción de circuitos cortos de comercialización que conectan al productor con transformadores directos o más especializados se muestra como una alternativa a promover en el marco de los modelos de forestería comunitaria. Por ejemplo, en el piloto realizado en el Valle del Cauca, se logró establecer un encadenamiento productivo directo entre los productores primarios y el comprador final, que se reflejó en una utilidad bruta mayor que la del esquema de negocios actual (^{Yepes et al., 2021}).

El modelo de MFC considera el manejo forestal sostenible de una manera amplia para garantizar la sostenibilidad ambiental social y económica. De esta forma, se consideran opciones de manejo complementarias como el aprovechamiento de productos forestales no maderables, el pago por servicios ambientales para la conservación de ecosistemas estratégicos y la promoción de actividades como el ecoturismo y la agroforestería. En el caso particular de los núcleos analizados, se ha podido establecer que, en Antioquia, la implementación de actividades agropecuarias sostenibles asociadas a la ganadería sostenible de carne y los sistemas agroforestales de cacao podrían ser fuentes de ingresos adicionales. De hecho, estas son algunas de las acciones que se han planteado en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El mayor reto en este núcleo es también competir con los ingresos altos generados por la minería informal.

Algo similar ocurre para el núcleo de Cauca, donde las actividades agropecuarias y ganaderas sostenibles podrían ser complementarias a este modelo de negocio forestal; en este núcleo también existe la posibilidad de que la CAR otorgue derechos de uso a terrenos donde las comunidades que hacen parte del modelo de forestería comunitaria establezcan plantaciones de Simarouba amara Aubl., una especie nativa de rápido crecimiento que es comercializada en la región. En el núcleo de Bolívar se ha venido trabajando, especialmente con el colectivo de mujeres, en evaluar la posibilidad de comercializar harina producida de la semilla del choibá (Dipteryx oleífera Benth.) y explorar otros productos promisorios derivados de los árboles de la región, los cuales cuentan con un mercado potencial en las ciudades principales.

En el caso del Valle del Cauca, se ha venido explorando la posibilidad de incluir la fabricación y venta de artesanías en el modelo de negocios, así como otros productos forestales no maderables como el naidí (Euterpe oleracea Mart.), que son apetecidos en el mercado nacional, especialmente en restaurantes gourmet. Lo mismo sucede con las alternativas de aprovechamiento de desperdicios de madera que quedan de la transformación primaria para la elaboración de artesanías e instrumentos musicales pequeños, a lo cual se suma la posibilidad de explorar otros productos que se puedan fabricar a partir de estos residuos. Esto podría representar ingresos adicionales para las comunidades. Para ello, además de la mejora de capacidades en cursos que apalanquen estas posibilidades, se requiere la dotación de equipos y herramientas que permitan a las comunidades realizar las primeras pruebas.