Los/as actores que intervienen, los discursos y la asimetría del conocimiento

En Chile le ley n.° 19 300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LGBMA) define el concepto de Evaluación de Impacto Ambiental, como: "el procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes" (Ley 19 300/1994 art. 2°, literal j).

Es importante señalar que esta definición de EIA es meramente jurídica y administrativa, dado que todo el proceso evaluativo tiene un procedimiento de seguimiento que sociológicamente es muy relevante por cuanto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) establece que el proyecto, en su fase de construcción y luego de operación, debe cumplir con los estándares aprobados para evitar o mitigar impactos ambientales. La modificación de la Ley en 2010 estableció que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) supervisa, inspecciona, fiscaliza y sanciona el incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental (RCA). Se incluye la posibilidad de que organismos ciudadanos establezcan reclamaciones y hagan observaciones, llegando incluso a solicitar la revisión de la RCA.

La empresa sancionada tiene la facultad de elaborar un Programa de Cumplimiento (PDC) (Art. 42) que posibilita la corrección, mitigación, adaptación, seguimiento y monitoreo del proyecto. Si este PDC es aprobado, la SMA levanta las sanciones, como ha sucedido en el caso que hemos investigado.

El procedimiento decisional de la EIA incluye instancias político-administrativas de primera relevancia, pero deja en segundo plano a la ciudadanía involucrada. Las decisiones, en última instancia, si bien contienen argumentos técnicos, dependen de las presiones de inversionistas y grandes empresas, así como de la relación de fuerzas de las diversas corrientes políticas que intervienen en las altas instancias gubernamentales (^{Avendaño Pavez et al. 2022}). Todo proceso de EIA es un proceso de construcción social donde el grado de intervención es diferencial y relativo a su peso en el proceso decisional.

En la perspectiva de la sociología ambiental (^{King y McCarthy, 2014}), se puede afirmar que todo actor social es socioambiental. Cualquiera que sea la posición u orientación del actor hacia la naturaleza, su vida y su acción dependen de ella -directa o indirectamente- y tiene impacto sobre ella, a su vez que la naturaleza incide en el actor. La capacidad de agencia del actor no está limitada por la naturaleza como si esta fuese un factor externo (^{Sztompka, 1993}). La naturaleza humana es corporal y biológica, vive gracias a su inmersión en los ecosistemas y produce y reproduce la biomasa por medio de innumerables relaciones metabólicas, simbióticas o tecnológicas.

Todo actor social tiene una cosmovisión que orienta y justifica su actuar de determinada manera respecto a la naturaleza y el medioambiente, lo que define orientaciones específicas respecto a procesos económicos, de desarrollo y socioculturales. Esas orientaciones se plasman en los discursos ambientales (^{Hannigan, 2006}).

El acceso a la dilucidación de los contenidos significativos de tales orientaciones estará dado por recurrir al discurso de los/as actores en escena y su posterior análisis. La visión acerca de las relaciones entre naturaleza y sociedad contenidas en dichos discursos permiten dilucidar el conocimiento y significado social de los temas ambientales, así como de las prácticas sociales e institucionales asociadas a estos discursos relativos a la evaluación ambiental (^{Parker, Baigorrotegui y Estenssoro, 2016}).

Ahora bien, se ha estudiado cómo la construcción social de lo que se considera "medioambiente" deriva de modelos culturales construidos en el lenguaje. Las diferencias de los/as actores acerca de temas ambientales se plasman en diferentes discursos (^{Herndl y Brown, 1996}). La retórica de los discursos ambientales toma la forma de tres círculos en un triángulo (figura 1): en la cima está el discurso regulatorio que establecen las instancias institucionales y de política ambiental; abajo a la izquierda se halla el discurso científico que ve a la naturaleza como objeto de conocimiento metódico y, finalmente, abajo a la derecha está el modelo retórico poético que considera la naturaleza baj o la narrativa de lo estético, lo espiritual y lo emocional. Los tres polos discursivos interactúan y a veces se entremezclan, pero lo que hay que estudiar es cuál de ellos predomina (^{Hannigan, 2006}; ^{Herndl y Brown, 1996}).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Polos de la Retórica de los Discursos Ambientales 

Estos modelos discursivos se desarrollan sobre la base de las diversas orientaciones socioculturales de actores que se ubican en posiciones diferenciales y generalmente asimétricas, en la estructura social y de poder (^{Hannigan, 2006}). En efecto, sostenemos que las "asimetrías en el manejo del conocimiento sociotécnico y en el empleo de formas locales de conocimiento derivan de una asimetría de poder" (^{Parker y Pérez, 2019}) y ellas pueden ser factores detonantes de conflictos socioambientales.

Las preguntas que hemos procurado responder, en el contexto de la problemática planteada, son: ¿existe, en efecto, en contextos empíricos, una diversidad de discursos en los cuales los conocimientos ambientales son diferenciados, no sólo por la forma cómo conciben el ambiente y la naturaleza sino también por cómo se construyen semióticamente? Y ¿hasta qué punto esas formas discursivas, que tienen incidencia en la evaluación ambiental misma, nos revelan características de la participación ciudadana en ella?

A fin de responder a las preguntas planteadas hemos diseñado una metodología cualitativa, que se expone más adelante, desde el enfoque general de la sociología del conocimiento con énfasis en el análisis del discurso.

Las hipótesis que orientan la investigación en su fase empírica son dos. Primero, que los conocimientos ambientales, vehiculizados por los discursos de los/as actores, en el contexto de procesos de evaluación ambiental, deben ser comprendidos como el despliegue simultáneo y articulado de estructuras semióticas complejas que construyen formas diferenciadas y asimétricas de concepción del ambiente. Segundo, dada la predominancia de códigos regulatorios por sobre los códigos de lenguajes de conocimientos tácitos y holísticos acerca del ambiente, en los procesos de evaluación ambiental, se generan sesgos que limitan la evaluación ambiental misma y la participación ciudadana en ella.

El caso en estudio: la EIA, su contexto y el proyecto de Alto Maipo (en Chile)

La problemática planteada ha sido abordada a partir del estudio de caso de un proyecto de inversión en una central hidroeléctrica en Chile y en el contexto de la institucionalidad ambiental y su historia. La trayectoria de la institucionalidad ambiental y del sistema de evaluación ambiental chileno ha sido ampliamente estudiada (^{Barandiaran, 2016}; ^{Fuentes, 2019}; Petts, 1999; ^{Schaeffer, 2017}).

Hubo reformas al sistema ambiental inicial (^{Osorio, 2022}) y se estimuló la participación ciudadana, aunque no tardaron en surgir conflictos socioambientales (^{Delamaza et al., 2017}). La ventaja de las empresas, por sobre las comunidades, a la hora de la aprobación de los proyectos, se enmarcaba en una legislación ambiental que se sometía a la lógica del modelo neoliberal (^{Tecklin et al., 2011}).

Las movilizaciones sociales recientes, en parte motivadas por temas ambientales, como las "zonas de sacrificio" ambiental (^{Sánchez, 2019}; ^{Schaeffer y Smits, 2015}) cambiaron radicalmente el panorama sociopolítico chileno (^{Morales Quiroga, 2020}). Ellas se dieron en el marco de un proceso de búsqueda de reforma de la ley ambiental que había sido cuestionada (^{Piña y Jeldes, 2018}; ^{Aedo y Parker, 2020}). Aunque estos últimos años la reforma a la legislación ambiental quedó estancada.

En el presente estudio nos hemos enfocado en el caso del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, situado en un valle cordillerano en el sureste de la Región Metropolitana de Santiago en la comuna de San José de Maipo. Hemos venido haciendo un seguimiento a la trayectoria del caso desde 2010 (^{Guerén, 2018}; ^{Aedo y Parker, 2020} y ^{Parker 2020}). El proyecto de la empresa norteamericana AES Gener (actualmente AES Andes) contemplaba la construcción de dos centrales hidroeléctricas de paso en el sector alto del Río Maipo, extrayendo las aguas de cursos cercanos y retornándolas a las cuencas correspondientes, buscando, como afirma el proponente, evitar cualquier contaminación o alteración de la calidad de las aguas (^{Aes Gener, 2020})¹. La primera fase formal de la EIA se desarrolló entre 2007 y 2009 y concluyó con una resolución ambiental favorable (RCA 256 de 2009). Se iniciaron los trabajos en 2013. Durante más de una década el proyecto ha tenido variadas dificultades y se ha convertido en uno de los más conflictivos por la oposición de los habitantes de la región Metropolitana, de comunidades locales, organizaciones ambientalistas y de parlamentarios (^{Folchi y Godoy, 2016}; ^{Leblanc, 2021}). Estas centrales han causado controversias debido a la magnitud de la intervención en una zona poco poblada y de alta afluencia turísticajunto con las posibles consecuencias negativas de su implementación, que van desde el uso y contaminación en las aguas, hasta alteración en la flora y fauna de la cuenca del Maipo (^{Rytkönen, 2017}).

El proyecto ha estado siendo sometido a constantes revisiones y reevaluaciones. Entre 2014 y 2018 se desarrolla una segunda fase evaluativa en torno al no cumplimiento de compromisos contraídos por Alto Maipo SPA que arriesgan sanciones por parte de la SMA. En 2018 se inicia una tercera fase evaluativa, que involucra formalmente la revisión de la RCA 256 de 2009 y culmina con la Resolución del Segundo Tribunal Ambiental en noviembre de 2021 (^{Segundo Tribunal Ambiental, 2021}), aprobando el programa de cumplimiento (PDC) refundido presentado por Alto Maipo SPA.

El proyecto comenzó a generar electricidad comercialmente en marzo de 2022, pero ha tenido problemas financieros y no se ha sacudido de la polémica, manteniéndose en tela de juicio hasta el presente².

Un enfoque metodológico cualitativo y semántico

El enfoque general de este estudio fue cualitativo sobre la base de un estudio de caso específico involucrando a actores que participaron en los procesos evaluativos. El marco teórico proviene desde la sociología del conocimiento y la semiótica, con énfasis en análisis del discurso. No se trata de una investigación que se base en marcos metodológicos evaluativos (^{Viloria Villegas et al., 2018}), dado que tales metodologías no las consideramos pertinentes para el análisis de las formas discursivas y su incidencia en los procesos de participación ciudadana. Por ello no debe entenderse como un estudio acerca del proceso mismo de EIA, sino sobre cómo se configuran los discursos a partir de una investigación ex post, en el contexto de los procesos evaluativos vinculados a la EIA.

En todo proceso de EIA existen representaciones sociotécnicas -con su lenguaje racional y regulatorio, con sus intermediaciones burocráticas insalvables (^{Latta, 2007}; ^{Lostarnau et al., 2011})-. No solo ese tipo de conocimiento se produce y reproduce en contextos de evaluación ambiental: también están enjuego distintas formas de conocimiento acerca de la naturaleza y la ecología (^{Dryzek, 2005}; ^{Hannigan, 2006}), en donde subyacen cosmovisiones sobre el medio ambiente, que además tienen estructuras discursivas y lingüísticas diferenciadoras. El "desafío del lenguaje" que queremos estudiar está dado por el hecho de que más allá de categorías distintas, existen formas de construcción de conocimientos -mediados lingüísticamente- cuya divergencia se torna patente y que se plasman en discursos.

Entendemos por discurso una estructura semántica (^{Greimas, 1966}; ^{Ricoeur, 1986}; ^{Van Dijk, 2008}) que opera sobre la base del encadenamiento progresivo de significantes/significados, que van desde los fonemas y semantemas hasta los lexemas y sintagmas, luego estructuras lexemáticas y paradigmáticas y, finalmente, las estructuras semióticas cosmovisionales³. A nivel de las estructuras manifiestas, encontramos que los significantes del discurso son las estructuras sintagmáticas de una parte, cuyos significados pueden ser comprendidos -en un enfoque sociolingüístico- como los códigos restringidos y elaborados de los que nos habla ^{Berstein (2003)}. En cuanto a las estructuras paradigmáticas del discurso distinguimos las formas de conocimiento de aquellas que podemos llamar contenidos o categorías sustantivas, como las que analizan, por ejemplo, ^{Dryzek (2005)} y ^{Hannigan (2006)}. El aporte de ^{Polanyi (1966)} acerca del conocimiento tácito, y las consideraciones de ^{Knorr-Cetina (2003)} sobre el enfoque liminal, nos posibilitarán comprender mejor aquello que aquí estamos llamando "formas" paradigmáticas, orientándonos hacia interpretaciones extratextuales.

De esta manera, tenemos una configuración especifica que clasifica tipológicamente esferas de conocimientos distintos. Hemos tomado para este esquema una propuesta elaborada por nosotros anteriormente (^{Parker y Pérez, 2019}) y la hemos adaptado a los resultados de nuestra investigación empírica dando como resultado la tabla 1.

Tabla 1 Categorías clasificatorias y tipológicas del conocimiento sociotécnico de los/as actores sociales en contextos de evaluación 

Fuente: elaboración propia.

Una temática que hemos verificado en terreno, la cual revela esta diversidad de categorías formales del discurso sociotécnico, es el referido al ámbito jurídico y normativo. Muchas veces el manejo que tienen funcionarios de los protocolos, normas, formularios, entre otros, del orden normativo y que tiene incidencia práctica, pero que encierra un conocimiento intelectual plasmado por medio de códigos restringidos, involucra un tipo de lenguaje jurídico-normativo regulatorio, al cual sencillamente no tienen acceso los/as miembros de las comunidades locales y frente al cual se evidencian totalmente en desventaja. Estas distancias profundizan un conjunto de deficiencias en la participación ciudadana ambiental, las cuales la propia reforma de la institucionalidad ambiental no ha podido subsanar (^{Mirosevic, 2011}).

Esta investigación es de carácter sociológico, con aportes interdisciplinarios y un enfoque metodológico general cualitativo (^{Yin, 2011}) en el que se combinan la investigación en terreno -focalizada en un caso emblemático-, con el análisis de discursos ambientales relativos a procesos de evaluación ambiental y enfoques de política. Se ha empleado además un conjunto de técnicas de apoyo incluyendo la observación sistemática, focus group, el análisis documental y entrevistas a actores claves.

En los procesos de evaluación ambiental participan diversos actores sociales, entre quienes es posible identificar a autoridades gubernamentales y políticas (hacedores de políticas), administradores y funcionarios (implementadores de políticas), promotores de proyectos (empresas y organismos), expertos y técnicos, consultores, comunidades científicas, y comunidades y organismos locales, entre otros. Para este caso se han escogido aquellos actores que tuvieron algún tipo de participación en los procesos de EIA, privilegiándose especialmente actores protagónicos de la segunda y tercera fase evaluativa (entre 2016 y 2019).

Para ello, la metodología del mapeo de actores fue clave. Esta herramienta implica la construcción de un listado de actores inmersos en un proceso o territorio, a fin de conocer sus acciones, objetivos y perspectivas en un futuro inmediato (^{Klijn, 1998}).

Sobre la base del muestro teórico inicial y con la metodología de bola de nieve, finalmente se entrevistó a 32 personas durante el primer y segundo semestre de 2019 (tabla 2).

Tabla 2 Muestra de entrevistados^{4 5}  

Fuente: Elaboración propia.

Un 44 % de los entrevistados eran hombres. Del total, 23 personas fueron sometidas a entrevistas en profundidad y nueve a entrevistas ejecutivas. Además, se realizó un focus group con nueve personas, en su mayoría funcionarios de servicios ambientales a nivel nacional, regional o comunal, durante el segundo semestre de 2018.

Se empleó el análisis del discurso desde su enfoque socio-semiótico, basado en el análisis estructuralista y posestructuralista. El análisis estructural se configura como un método que estudia el "funcionamiento" del discurso. Así, un relato o discurso trasciende la simple oración gramatical. Con ^{Greimas (1966)} vislumbramos un plano de la manifestación de un plano inmanente, siendo este analíticamente distinguible en el plano de las estructuras narrativas de aquellas estructuras paradigmáticas.

A través del modelo actancial de ^{Greimas (1966)} se intenta visualizar las fuerzas presentes en un relato y su rol en la acción. El modelo aplicado a un relato establece la existencia de un sujeto que desea un objeto/objetivo, que en el proceso es ayudado por un ayudante y obstaculizado por un oponente; todas las acciones del sujeto arrancan desde un destinador y van en directo beneficio (mediato o inmediato) de un destinatario.

Fuente: formato del esquema elaboración propia sobre base de ^{Greimas (1966)}.

Figura 2 Modelo actancial de Greimas 

Se desarrollan ahora los principales resultados de la investigación, entregando primero un análisis del discurso normativo-institucional, centrado en el Reglamento del SEIA (RSEIA), el cual permite orientar reguladamente la implementación de la Lgbma. Luego analizaremos los discursos de los entrevistados que han sido agrupados en modelos discursivos. Finalmente, se esboza un análisis de los formatos discursivos que nos permiten sugerir el tipo de códigos comunicativos que vehiculizan formas de conocimiento socioambiental de los/ as actores en el escenario de la evaluación ambiental.

El discurso institucional sobre evaluación de impacto ambiental

El Rseia, vigente desde diciembre de 2013, que actualiza y modifica reglamentos anteriores, establece las disposiciones por las cuales se rige la EIA, sus fases subsecuentes y la participación de las comunidades. Define lo que es Declaración y Estudio de Impacto Ambiental, los/as actores sociales e institucionales que intervienen, los procedimientos y las normas ambientales que rigen y las fases de seguimiento. Define detalladamente los impactos ambientales a evaluar, como efectos o circunstancias de un proyecto en diversos ámbitos que, por lo demás, define el artículo 11 de la Ley 19 300 sobre Bases del Medio Ambiente.

El reglamento ha sido considerado, para efectos de esta investigación, no solo como un texto normativo sino como un discurso jurídico-regulatorio que obedece al lenguaje jurídico (^{Coaguila, 2005}). La semiótica del derecho (^{Broekman y Cata Backer, 2013}) desentraña el sentido del derecho a partir de sus contenidos profundos, en términos de interpretación y consumación lingüística. Toda norma es un discurso con pretensiones comunicativas que define ámbitos de la realidad (campos semánticos), por medio de expresiones lingüísticas jurídicas precisas (formas sintácticas) y con pretensiones de incidir en la acción humana extratextual (pragmática discursiva) (^{López, 1992}).

Hemos centrado nuestro análisis en los campos semánticos y las formas sintácticas del discurso sobre EIA que es el reglamento.

El esquema actancial 1 del Rseia (figura 3) es autorreferente en el espacio normativo jurídico en que se desenvuelve el texto. Este análisis deja en evidencia la paradoja del principio de juridicidad propio del derecho público, es decir, que las actuaciones de los actores del Estado solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer, de modo que muchas veces no pueden resolver problemas significativos más allá de la norma, cuando esta no los contempla. Es decir que el impacto ambiental queda definido normativamente y no sustantivamente: basta con que se cumplan las normas ambientales y sus parámetros definidos por los documentos pertinentes más allá de que en la práctica efectiva se esté cumpliendo con ellas en la realidad referenciada. El relato acerca de la participación de los proponentes, comunidades y demás actores en el procedimiento es una isotopía del discurso subordinada y secundaria. No debe extrañar que este discurso jurídico-normativo contraste, en tanto lenguaje normativo regulatorio, con el que encontramos en los discursos de los/as actores en la escena de los procesos de EIA, los cuales vamos a analizar ahora.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Esquema actancial 1: Cumplimiento de la ley ambiental 

Los discursos de los/as actores contrastados

Análisis actancial: plano de las narraciones inmanentes

Discurso empresarial: un proyecto que busca el desarrollo socioeconómico El discurso es ante todo un mensaje que se articula en torno a elementos de significación fundamentales que tienen un nivel de manifestación y un nivel de estructuración inmanente. En el nivel de la manifestación, el desciframiento del discurso se logra mediante su reducción a las isotopías fundamentales que, más allá de las manifestaciones lexemáticas y de la complejidad gramatical, nos indican núcleos de sentido en torno a los cuales los elementos discursivos organizan su coherencia principal.

En el caso del discurso de los/as ejecutivos de empresas analizados, se ha procedido a una normalización de la manifestación discursiva que ha posibilitado, por homogeneidad de la descripción y la reducción textual, la detección de isotopías fundamentales centrada en la justificación del Proyecto de Hidroeléctrica de Pasada en el Alto Maipo.

En este caso (figura 4) el análisis nos indica que el destinador es el concepto de progreso como principal motor de todas las acciones. La categoría semántica de progreso es destinadora, ya que es el mitema fundante de todo el relato empresarial. El lexema progreso está situado en un campo semántico que incluye al lexema crecimiento económico. Por lo mismo, el objeto/objetivo de la búsqueda del sujeto es "desarrollo socioeconómico", cuyo destinador es nada menos que el hábitat en el cual se pretender desarrollar el proyecto: la comuna de San José de Maipo.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Esquema actancial 2: desarrollo socioeconómico por el proyecto hidroeléctrico 

A través del proyecto se logrará el desarrollo de la comuna de San José de Maipo (destinatario). La empresa (AES-Gener) es el sujeto que pone en movimiento todo este relato y por medio del proyecto Alto Maipo (acción) contribuye a la comuna, como una herramienta de progreso, ya que su objetivo es generar energía a partir de la innovación: "[...] garantizar el desarrollo socioeconómico de la comuna de SanJosé de Maipo [...]" (E2-E3)⁶.

El sujeto-empresa que en este modelo discursivo ha promovido el proyecto -mediante diálogos cercanos con la comunidad, e incluso, a través de la tramitación de un Convenio Social en conjunto con la municipalidad en cuestión- ha obtenido, de parte de la comunidad organizada en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y del propio Municipio, una aceptación y un apoyo para el proyecto. Sin duda son estos los ayudantes. Ello ha garantizado un clima favorable para la inversión y el gran capital humano que incluso requirió una modernización en el interior de la empresa:

Esta estrategia generó la apertura de una ventana de oportunidad para la empresa, que fue el crecimiento con la comunidad. Justamente por la inversión no solo de recursos, sino de tiempo, de escuchar a la ciudadanía y ayudar a su crecimiento es que en el Cajón del Maipo no hay oposición a este proyecto. (E3)

Sin embargo, en el trascurso de la prospección e implementación, y del propio proceso de evaluación ambiental, el sujeto-empresa se ha topado con diversos actantes oponentes: representados en las expectativas de la ciudadanía y sobre todo por aquellos profesionales "irresponsables" y opositores que distorsionan la información acerca de lo que la empresa realmente desea hacer.

En no se ha logrado terminar con las malas prácticas que deforman la información. En este contexto, ser opositor al proyecto es fácil, es muy fácil [...] La deformación de la información implica para la empresa múltiples gastos técnicos y de factor tiempo, que muchas veces ponen en riesgo el proyecto. Nuestra oposición está muy bien articulada y financiada; son profesionales que saben cómo hacer daño y meter ruido (E2)

a) Los/as funcionarios ambientales: evaluar y fiscalizar

El discurso de funcionarios está centrado en un conjunto de significados que giran en torno a los ejes semánticos "proteger" el medioambiente y "fiscalizar". En una primera lectura sintagmática pareciera que el discurso se apegaba a la isotopía fundamental del discurso institucional, es decir, que el objeto de búsqueda del relato estaba en el "cumplimiento" de la ley Lgbma. Sin embargo, la detección de una iteración de lexemas vinculados al propio sujeto emisor del discurso, autocalificados como "profesionales", nos da la clave para comprender sobre todo a los ayudantes en el discurso: es decir al propio funcionario en su funcionalidad de conocimiento "profesional que sabe".

El objeto principal del sujeto profesional, en el esquema actancial 3 (figura 5), es "proteger" y "fiscalizar" pero dicho objeto surge de un destinador fundamental: el medio ambiente. El destinatario son las "futuras generaciones". La ética de sustentabilidad intergeneracional está aquí presente con gran claridad. "Significa poder entregar hoy día a las futuras generaciones un medioambiente en el cual ellos puedan a futuro disfrutar, gozar, entiendo la protección del medioambiente como algo que permita la sustentabilidad en el tiempo" (13).

Fuente: elaboración propia

Figura 5 Esquema actancial 3: fiscalización en beneficio de la sustentabilidad 

El principal oponente de este relato actancial es el propio proyecto de inversión al convertirse en un "proyecto que divide". Para la labor primordial de protección hay un ayudante adicional: la información y el conocimiento de la gente y personas involucradas. Por ello el ayudante es "capacitación". El relato actancial está consciente de que un oponente para el logro del objetivo es la deficiente capacidad y conocimiento que tienen las observaciones ciudadanas en el proceso evaluativo. El discurso emplea el lexema "ignorancia" de la gente, de las comunidades. Precisamente el sujeto-profesional "que sabe" (ayudante) es el actante, al cual se debe recurrir para subsanar este obstáculo en el relato, por medio de su aporte a la capacitación y a la participación ciudadana.

La isotopía secundaria, asociada a fiscalizar, nos da la pista para detectar un segundo actancial diferente pero muy conectado (no graficado aquí): el cumplimiento correcto de la norma en el proceso de evaluación ambiental.

El destinador en este discurso es el Estado, específicamente representado en el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)⁷; se busca, mediante el sujeto (funcionarios del SEA y del Ministerio) aplicar y garantizar de la mejor forma posible todo lo relativo a la legislación medioambiental (objeto), a fin de beneficiar a las comunidades, cuidar la relación existente entre la humanidad y la naturaleza y preservar el ecosistema para las futuras generaciones (destinatarios). Lo anterior se logra mediante la aplicación de la Lgbma, formularios y otras normativas, reformas, los propios funcionarios y asesorías a las comunidades (ayudante); sin embargo, se reconocen varios oponentes, entre los cuales se cuentan una mala aplicación de la normativa, la falta de información y participación de las comunidades en relación con los proyectos, así como la poca voluntad de las autoridades para cambiar esta situación. Este modelo discursivo tiene un énfasis en una retórica institucional y normativa que determina su cualidad legalista, lo cual es reconocido por los emisores.

b) Expertos-científicos: proteger la salud y el medio ambiente

El modelo discursivo de los expertos y científicos está centrado en sus isotopías: salud humana y medio ambiente. El objeto del relato, de acuerdo con el análisis actancial, gira claramente en torno al lexema salud. El sujeto de la búsqueda es definido por el discurso en términos del rol en la producción de conocimiento: es el científico. Un conjunto de lexemas refieren a aspectos relacionados con estudios, investigación, muestras, de modo que se evidencia que el objetivo no es solamente la "salud" en abstracto, sino principalmente su cualificación dada por el lexema protección.

Este discurso se ubica en un registro semántico vinculado al ámbito científico, sin embargo, su óptica estratégica no es técnica sino humanista. En el esquema actancial 4 (figura 6) el destinador es el principio existencial fundamental: el hecho de que todos somos seres humanos. La existencia humana merece desarrollarse en condiciones de buena salud, lo cual incluye, por cierto, un medioambiente adecuado, descontaminado. Por esta razón, el destinador, en el lenguaje de los textos, es "la gente" sana y el medio ambiente sano y no contaminado. "Bueno, el objetivo es encontrar problemas que afecten la salud humana y la información me llega o porque la gente lo comunica, me pide que yo por ejemplo vaya a hacer un estudio [...]" (cs3).

Fuente: elaboración propia

Figura 6 Esquema actancial 4: proteger la salud y el medio ambiente 

El principal oponente es la contaminación: los textos asocian contaminación/contaminantes de las aguas y todos aquellos metales que dañan la salud humana.

[...] tenía que seguir demostrando [...] entonces la hipótesis que di por los primeros resultados es que, si ya el agua potable de Los Aucayes se contaminó, es muy posible que el [río] Maipo también se contamine, entonces si el Maipo se contamina puede llegar a Santiago, eso es gravísimo. (CS1)

Por ello el principal ayudante para proteger la salud de la población afectada por el proyecto es precisamente la verificación científica de la contaminación provocada (actual o previsible) por la implementación del proyecto en el territorio. Los lexemas empleados reiterativamente por los textos son "conocimiento", "estudios", "muestras".

Entre los oponentes junto con el hecho de la contaminación, está la forma en que esta se representa por parte de los/as diversos actores. La "información sesgada" es un oponente, que muchas veces, dice el relato, proviene de la deshonestidad de los/as empresarios. Pero también incide la falta de ética, así como los conflictos de interés en la autoridad y entre algunos profesionales técnicos y la falta de conocimiento de la comunidad, que muchas veces deriva en irresponsabilidad con su entorno. En este orden de ideas, un gran ayudante en la persecución del objetivo por parte de los/as científicos es la "conciencia ética", tanto en el ejercicio responsable de la labor investigativa del científico que no debe manipular información, como en los/as demás actores, comunidades, funcionarios y empresas que deben atenerse a los hechos, para lo cual es necesario realizar estudios independientes y no manipulados o "comprados".

Un relato actancial, derivado de una isotopía secundaria, se centra en el trabajo con la comunidad. Se busca como objeto una comunidad informada, y el principal ayudante es la capacitación, mientras que el destinatario es la comunidad consciente. Apoyar a la ciudadanía en materia ambiental, ayudarlos a entender ciertos conceptos, involucrarlos y capacitarlos en estudios de impacto ambiental.

c) Discurso de comunidades locales: cuidar donde vivimos, por nuestros hijos

Los discursos de la comunidad local son varios. No puede decirse que existe un solo discurso de la comunidad local, porque están las posiciones de quienes se oponen al proyecto y quienes lo apoyan. Pero, más allá de la manifestación empírica discursiva, existe una lógica inmanente de los/as actores comunitarios: sus formas de conocimiento están siendo impactadas por igual por un megaproyecto eléctrico que se espera transforme su hábitat en los próximos años.

Para encontrar las isotopías fundamentales del discurso se tuvo que reducir la diversidad textual en una normalización que permitiera, sobre base de identificacion de campos lexematicos precisos, la identificacion de sujetos y objetos iterativos aglutinados en estructuras sintácticas de gran desarrollo (ver figura 7).

Fuente: elaboración propia.

Figura 7 Esquema actancial 5: cuidar donde vivimos 

Tal es así que el lexema "cuidar" apareció en todos los textos, de manera explicita o implicita, como una categoría objetual de primer orden. El sujeto invariablemente remitió al pronombre plural del emisor: "nosotros". Si embargo, la asociación semántica entre el "nosotros" y el hecho de situar un locus del emisor que es "donde vivimos" da la clave para desentrañar tanto el tipo de sujeto como el destinatario.

"Donde vivimos" es una formalización de lo que el discurso repite de variadas formas y que está designando la relación intrínseca entre seres humanos, habitantes locales emisores, y su medio ambiente específico, el Cajón del río Maipo. Es el territorio en que han vivido sus antepasados en armonia con la naturaleza. No hay un destinador universal: es una referencia a un espacio territorial delimitado, con todos sus ecosistemas.

En el esquema actancial 5, el destinatario del objeto "cuidar" son "los hijos", la generación siguiente. Cuidar el espacio nuestro, este medio ambiente, para que nuestros hijos vivan mejor en un ambiente sano, descontaminado y protegido.

Ciertamente, este sujeto se ve enfrentado a su oponente, que son las empresas que les "roban" el agua de sus territorios: contaminan ríos, vertientes y napas subterráneas. En esta modalidad discursiva el ayudante es: los/as ciudadanos y las organizaciones sociales que están conscientes y que se han formado para proteger y defender la naturaleza. Asimismo, en el polo opuesto del eje semántico contrario se enuncia a la misma ciudadanía -organizada o no- que sucumbe por su "pasividad" a conductas derrotistas y por ello fracasan en la defensa del medio ambiente en que "vivimos".

En la narrativa del discurso comunitario, se constata la presencia de un segundo esquema actancial, subordinado, cuya isotopía remite a los sectores organizados en defensa y protección activa del medio ambiente del Cajón del Maipo. En este caso, el sujeto es identificado como las organizaciones de participación activa y militante, cuyo objetivo es la preservación de la naturaleza, por medio del cuidado y protección del medio ambiente, haciendo énfasis en la importancia del agua en el ecosistema.

En la búsqueda del objeto, el sujeto "nosotros organizaciones activas", vuelca sus esfuerzos en evitar el avance de los megaproyectos, por la vía institucional y las manifestaciones públicas, precisamente porque el objeto es "cuidar" a la naturaleza y el medio ambiente del valle del río Maipo.

Si en el fondo yo como ser humano no me puedo disociar de mi entorno porque es parte de mí, pero progreso es: crezcamos todos con respeto, con todos nosotros, pero también con dónde vivimos, y un buen vivir. [...] en esta conexión que nosotros somos medioambiente también [...]Se trata de qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. (oc5)

[...] porque si yo estoy cuidando el medioambiente, no estoy solo contra la empresa, sino que estoy cuidando todo el entorno. (oc2)

Como se observa, los discursos comunitarios locales remiten a un código de profundidad discursiva que apunta hacia el cuidado y/o protección del medioambiente, precisamente porque se trata de habitantes que buscan cuidar su hábitat. Para los que se oponen al proyecto, el hábitat se protege luchando contra quienes lo proponen, contra la empresa y los apoyos que esta recibe de parte de las autoridades. Para quienes han aceptado compensaciones de la empresa, y por ende dan su visto bueno al proyecto, el argumento de fondo es que este ha aprobado acciones que protegen el hábitat en que viven. La defensa de un "modo de vida" de los/as habitantes del Cajón del Maipo conlleva una visión -un conocimiento tácito (^{Polanyi, 1966}) y liminal (^{Knorr Cetina, 2003})- de cuidado y protección del medio ambiente como ámbito que debe ser resguardado para las futuras generaciones.

El análisis paradigmático del discurso. campos semánticos y códigos lingüísticos

Es por medio de la detección de referencias lexemáticas intratextuales que podemos proceder a una decodificación -deconstruyendo los sintagmas-y luego a una reclasificación de esos lexemas en campos semánticos.

En el plano de las orientaciones semánticas inmanentes hemos reclasi-ficado el discurso reconstruido en cuatro campos semánticos relativos a la evaluación ambiental: actantes relacionados con la gestión administrativa, jurídica; actantes relacionados con el medio ambiente, la naturaleza, el mundo objetual; y actantes que son los agentes involucrados de alguna manera en la evaluación ambiental: actores sociales. El cuarto campo incluye lexemas presentes en la estructura sintagmática, principalmente morfemas sin mayor contenido léxico, que hemos llamado aquí los conectores sintácticos (pronombres, adverbios, preposiciones e interjecciones) que no aportan mayormente al análisis semántico de fondo.

El resultado del análisis se puede observar en la tabla 3.

Tabla 3 Campos semánticos de los discursos analizados 

Fuente: elaboración propia sobre base del empleo del Software para el Análisis de Datos Cualitativos, MAXQDA.

Como se puede observar, el discurso del Reglamento (RSEIA), en su enunciación, por el énfasis en los actantes regulatorios (49 %), reitera e insiste en lexemas que afirman una relación con el ámbito de la gestión, de la norma jurídica y de lo administrativo en los procedimientos de evaluación ambiental. En segundo lugar (23 %) refiere a lexemas que denotan a la naturaleza, el medio ambiente y el mundo de los objetos. Solo se refiere a los actores sociales de manera marginal (5,6 %).

El discurso de los/as funcionarios se refiere enunciativamente a actores sociales involucrados en la evaluación (8,1 %) luego a actantes regulatorios (7,7 %) y en último término al medio ambiente (6,7 %). Analizaremos aparte la relevancia relativa de los conectivos sintácticos. El discurso empresarial privilegia cuestiones del campo jurídico-administrativo (25 %) y en seguida al medio ambiente (8,6 %) y a los/as actores sociales (7,1 %). El discurso experto-científico tiene una configuración semántico-paradigmática distinta: toma en cuenta aspectos del ámbito jurídico-normativo (18,6 %) pero no descuida el medio ambiente (18 %), y es el que más refiere a actores sociales (10 %). Finalmente, la enunciación del discurso comunitario y de los agentes de la sociedad civil refiere principalmente a los/as actores sociales (8,7 %); en seguida al medio ambiente (6,3 %) y menos a los aspectos regulatorios (3,2 %). Como se puede observar, en algunos casos los discursos enuncian de manera preponderante conectivos discursivos. El análisis nos indica que existe un cierto orden de prelación (figura 8).

Fuente: elaboración propia sobre datos clasificados por MAXQDA.

Figura 8 Códigos: empleo de los conectivos sintácticos en el discurso 

Claramente se observa que el discurso de la comunidad y de dirigentes de la sociedad civil local es el que más emplea en su estructura sintagmática los lexemas y morfemas que hemos llamado conectivos sintácticos, los cuales tienen valor sintáctico pero escaso valor semántico. Podría argumentarse que el discurso del reglamento presenta una enunciación sobria con menor número de conectivos sintácticos, porque es texto escrito, cuya morfología y gramática son muy distintas de las del discurso oral del entrevistado comunitario, que se enunció en un contexto de interacción cara a cara y que estuvo sometido a los sociolectos propios de una interacción cotidiana (de allí el empleo masivo de interjecciones y conectivos sintácticos). Sin embargo, es posible sostener a modo analítico e interpretativo que, precisamente, la diferencia entre un código amplio y uno restringido -al cual hemos aludido en nuestro marco teórico-metodológico- desde el punto de vista sociolingüístico, residiría en que el primero se formaliza generalmente por medio del texto escrito, en cambio el código restringido se emplea usualmente en el habla, de modo que se halla socioculturalmente mucho más condicionada. Pero, además, podemos afirmar que el código restringido del discurso comunitario se construiría sobre la base del saber de sentido común ambiental en su sentido cognitivo, o bien del saber hacer comunitario y/o tradicional en su sentido pragmático. En cambio, el discurso del reglamento -texto eminentemente jurídico-se estructura con base en códigos elaborados, intelectualmente tributarios del corpus del saber jurídico-administrativo-ambiental (^{Carrasco, Benítez y Sas, 2021}) con aportes de conocimientos prácticos de las ciencias y la práctica de la gestión administrativa.

Es muy importante anotar que todo el lenguaje empleado en los documentos oficiales de la EIA que se encuentran digitalizados en el archivo del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (^{SEA, 2021}), que incluye el Informe del EIA, su expediente y los documentos de participación ciudadana, es un lenguaje preferentemente técnico. Son escasas las observaciones redactadas en lenguaje coloquial y escritas a mano (^{SEA, 2020b}).

El discurso científico de los/as expertos, por su parte es, de los cuatro discursos orales analizados, el que menos conectivos sintácticos emplea, denotando un manejo de códigos elaborados y el uso de los conocimientos científicos y técnicos ambientales de manera preponderante. El discurso de los/as empresarios tiene cierta semejanza con este último, pero en su empleo de códigos más elaborados remite a conocimientos de las ciencias y en especial de la gestión y la ingeniería ambiental.

Finalmente, hay que hacer un comentario analítico relevante con respecto al discurso de los/as funcionarios. Estamos hablando de un discurso de funcionarios cuya práctica habitual es trabajar en las oficinas y combinar dichas labores con la labor en terreno (combinando el conocimiento intelectual y el práctico) en contacto directo con las comunidades, actores locales e interlocutores de las empresas. Su discurso, si bien toma elementos de códigos elaborados, los combina con elementos de códigos restringidos del saber hacer propiamente administrativo.

Ahora bien, el análisis de los campos semánticos de los discursos analizados nos arroja otros antecedentes que posibilitan hacerse un cuadro más completo, y de paso, verifican algunos elementos de la interpretación que acabamos de esbozar.

La figura 9 nos muestra que el discurso de los/as actores comunitarios se refiera principalmente a comunidades-ciudadanos (54,4 %)⁸. Son los/as funcionarios los que más mencionan en segundo lugar a las comunidades en tanto que actores sociales (42,3 %), reafirmando así lo que hemos dicho acerca de esta relación práctica de mayor cercanía de los/as funcionarios (del SEIA del gobierno central o regional o del Municipio) con los/as actores locales. La tendencia a la autorreferencia está presente en el discurso comunitario (54,2 %) y también en el discurso del reglamento que ubica en primer lugar al actante "actores administrativos" (43 %) asimismo en el discurso de los/as empresarios que ubican privilegiadamente al actante "proponentes del proyecto" (38,6 %), es decir, a las empresas inversoras. Por su parte el discurso de los/as funcionarios es también autorreferente, enunciado actores administrativos (35,1 %), aun cuando es importante anotar que este discurso menciona a otros actantes -las comunidades-ciudadanos- en primer lugar (42,3 %).

Fuente: elaboración propia sobre datos clasificados por MXQDA.

Figura 9 Enunciación de actores en discurso 

Obsérvese que la mención a los actantes "técnicos y científicos" es en general menor, a pesar del papel relevante que ellos tienen muchas veces en el trámite de la evaluación.

Análisis crítico de las diferencias en discursos, conocimientos y sus asimetrías

Cabe destacar que se evidencian asimetrías de conocimiento que implican, en el campo de la producción social de conocimientos vigente, que el conocimiento experto (código científico o normativo) defina lo que es y no es medio ambiente y por ende lo que se define como "impacto" en el medio ambiente, dejando de lado la vivencia ambiental comunitaria y el conocimiento tácito de su hábitat. Los procesos de evaluación ambiental involucran un diagrama de flujo complejo con una elevada cantidad de instructivos y procedimientos que sólo son accesibles para los/as funcionarios y/o para los/as consultores. Esto significa que el conocimiento normativo-administrativo (rama práctica del conocimiento jurídico-normativo) tiende a predominar como mediación del proceso evaluativo ambiental. Cabe destacar, como afirma ^{Bourdieu (1986)}, que en el campo jurídico los especialistas ganan la lucha por las competencias simbólicas, dado que manejan el lenguaje jurídico y normativo que es inseparablemente técnico y social.

En el caso que hemos analizado, la última resolución de la tercera fase del proceso evaluativo de Alto Maipo (2018-2021) es demostrativa de lo que hemos planteado. A fines de 2021, el Segundo Tribunal Ambiental rechaza la reclamación en contra de la SMA, que dejó sin efecto las sanciones en contra de la empresa al aprobar el pdc de la misma. Esas 340 páginas del escrito le dan luz verde al proyecto.

En el marco de la mediación lingüística normativa y prescriptiva, las fundamentaciones de la narrativa se basan en conocimientos que provienen de la ciencia y las metodologías de la gestión, la planificación y la evaluación, buscando asegurar protocolos, indicadores y estándares. La EIA y sus fases siguientes -en sus procedimientos y resultados- emplean argumentos de las ciencias y técnicas (vértice B) como la física, la química, la biología, la geografía y la economía, se basa mucho menos en enfoques holístico-ecológicos, y bastante menos aún en las ciencias sociales y la antropología. Pero toda esa retórica discursiva "científica" de la superficie argumental no afecta la predominancia paradigmática profunda de la lógica administrativa.

Entonces observamos que, en las resoluciones, el conocimiento jurídico-normativo tiende a predominar en estos procesos de evaluación ambiental. En el triángulo retórico, el discurso regulatorio tiende a prevalecer por sobre los modelos de tipo científico o poético (^{Herndl y Brown, 1996}). Tal como hemos analizado, el discurso empresarial y el de las reglamentaciones y resoluciones es el que con mayor claridad recurre al campo semántico regulatorio; en cambio, la retórica de tipo poética, basada en visiones estéticas y emocionales de la naturaleza, está mucho más presente en el discurso comunitario.

El conjunto de nuestro análisis nos permite, ahora, responder las preguntas iniciales que planteamos y establecer la validez de nuestras hipótesis, al menos en su formulación general. Existen, como hemos visto en las configuraciones discursivas en contextos de evaluación ambiental, como el analizado, un conjunto de discursos que despliegan determinado tipo de conocimientos ambientales que difieren en sus contenidos paradigmáticos, en sus relatos y formas semióticas. Esas visiones, plasmadas en discursos distintos, suelen estar relacionadas con las posiciones sociales asimétricas de los emisores de los discursos. Con toda probabilidad, como incluso lo han planteado varios entrevistados, estas asimetrías afectan el diálogo entre actores y terminan afectando las diversas fases de la evaluación ambiental, de manera que pueden afectar los diversos grados de participación ciudadana que se da en esos procesos.

En particular hemos mostrado, a través del análisis discursivo, que los distintos relatos acerca del medio ambiente y del proyecto en evaluación se despliegan por medio de estructuras semióticas complejas que construyen formas diferenciadas y asimétricas, en forma y fondo, de concepción del ambiente. Estas diferencias discursivas ciertamente ameritan aproximaciones transdisciplinarias (^{Ortiz y Climent-Gil, 2020}).

La predominancia de los códigos regulatorios (sobre la base de lenguajes expertos, elaborados) por sobre los códigos de lenguajes de conocimientos prácticos y restringidos (tácitos) acerca del ambiente introducen distancias entre los actores y entorpecen el diálogo fructífero. El lenguaje normativo elaborado fracasa comunicativamente, porque expulsa de su seno al no iniciado y acaba por constituir una especie de jerga-arcano (^{de Miguel, 2000}) que impide o frena su uso eficiente. Esto puede limitar la propia evaluación ambiental en tanto restringe la participación ciudadana en ella y la priva del conocimiento local que se ha mostrado como factor positivo en la formulación de la gestión de recursos sustentables (^{Corburn, 2005}). Estas asimetrías resultan problemáticas y constituyen un gran desafío que es reconocido por el propio sistema de evaluación ambiental.