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Introducción
A nivel regional y en el marco del incremento de la desigualdad social y disparidad económica derivada de los efectos de la globalización neoliberal (Robinson y Xantos, 2014; Gregory et al., 2009; Brettell y Hollifield, 2015), las migraciones, "irregularizadas" (por parte de los Estados nacionales de origen, tránsito y destino) (De Genova, 2017) y de carácter forzado, son producidas por el deterioro económico, social y político de los países, y sus causas estructurales se expresan en carencias como el acceso a empleo, salarios suficientemente remunerados, garantías de seguridad e integridad física, entre otros (Castillo Ramírez, 2020). Las movilidades transfronterizas, no solo son uno de los rostros más visibles de los procesos de exclusión del capitalismo neoliberal (Márquez y Delgado, 2011; Delgado et al., 2009), sino que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), involucran a cientos de millones de personas en todo el mundo (Conapo, 2020, 2019 y 2018; De Haas et al., 2020; Acnur, 2016), además, son una expresión clara de las acciones, discursos y estrategias de los migrantes, para remontar sus situaciones de existencia y llevar a cabo sus proyectos de vida (Mezzadra y Nielson, 2013; De Genova et al., 2020).
Particularmente en las Américas, las migraciones, originadas en el extremo norte de Centroamérica (principalmente en Honduras, Guatemala y El Salvador) y que se dirigen mediante su paso por México a Estados Unidos (EE. UU.) (como destino final), han tomado gran visibilidad mediática. Como lo han documentado la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) y la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH), dichas migraciones están asociadas a diversas dinámicas de violencia (estatales, crimen organizado, pandillas) (Redodem, 2020, 2019 y 2018), así como a una acentuada criminalización (MODH, 2020). Asimismo, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y del Conapo involucran a miles de personas anualmente (Conapo, 2021 y 2020; UPM, 2021).
Desde hace más de una década, como resultado de dinámicas nacionales y de la presión política de EE. UU., como parte de los procesos de contención de las movilidades transfronterizas del Norte de Centroamérica (NC)1, se han presentado procesos de reforzamiento y cierre de las fronteras en distintos países de Norte y Centroamérica (EE. UU., México, Guatemala, Hondura, entre otros) (París y Díaz, 2020; Castillo Ramírez, 2020). Este complejo escenario solo se ha visto exacerbado por los impactos de la pandemia del covid-19 (Proyecto Covid-19 e Inmovilidad en las Américas, 2021).
En este contexto y desde abordajes críticos de las migraciones (la autonomía de las migraciones) (De Genova, 2017; Mezzadra y Nielson, 2013; Mezzadra, 2012), este texto, con base en la revisión de diversos informes de derechos humanos sobre migrantes (MODH, 2020; Redodem, 2020, 2019 y 2018; Médicos Sin Fronteras, 2017) y de estudios e investigaciones académicas (Proyecto Covid-19 e Inmovilidad en las Américas, 2021) y periodísticas sobre el tema, tiene el objetivo general de abordar -particularmente para el caso de México y en el contexto de la emergencia sanitaria de la pandemia (con especial énfasis en el año 2020)-, los procesos de contención territorial estatales que vivieron las personas del NC, en condición migratoria irregular y en tránsito por México2.
En este orden de ideas, la pregunta que guía este trabajo es la siguiente: en el contexto de la emergencia sanitaria de la pandemia (2020), y en un marco nacional y regional de securitización de fronteras y de agendas oficiales anti inmigración ¿cuáles fueron los cambios que acontecieron en las migraciones irregularizadas del NC, especialmente en las dinámicas de contención territorial de los migrantes en el marco de las políticas de facto de movilidad e inmovilidad en México? De este modo, el trabajo aborda dinámicas relacionadas con la contención territorial de las movilidades. 1) Por una parte, muestra los cambios en los procesos de producción de las fronteras como filtros y territorios de contención. 2) Y, también, se da cuenta de los procesos de respuesta social frente a estos procesos de contención migratoria.
Este artículo tiene la siguiente estructura. Abre con una introducción, donde se encuadra el propósito del texto y la pregunta que lo guía. Después, se da cuenta del andamiaje conceptual a partir del cual se están pensando los procesos migratorios y las políticas de movilidad e inmovilidad en las que acontecen. Asimismo, en dicha sección se describe qué tipo de fuentes e información se utilizaron. Posteriormente, en el siguiente apartado se describe el contexto y los antecedentes de las movilidades transfronterizas abordadas. Con base en eso, en la sección eje del texto se abordan las dinámicas de securitización fronteriza y procesos de migración irregularizados en su tránsito por México durante la pandemia covid-19. El texto concluye con algunas reflexiones provisionales.
Finalmente, antes de cerrar esta sección introductoria, se destaca que el principal aporte del texto reside en abordar inicialmente cuáles fueron las transformaciones acontecidas en las movilidades transfronterizas e irregularizadas de grupos de migrantes originarios del triángulo norte de Centroamérica y que se dirigen principal y preferentemente a EE. UU., en el contexto de la pandemia. Y cómo dichos cambios se tratan particularmente en relación a dos grupos de dinámicas: (1) las poblaciones migrantes en movilidad e inmovilidad; (2) las políticas de movilidad y control migratorio por parte del Estado mexicano.
Andamiaje conceptual, producciones sociopolíticas y jurídicas de fronteras
Los estudios sobre procesos migratorios internacionales e irregularizados han tenido un desarrollo importante desde hace varias décadas (Gregory et al., 2009), y han sido abordados por diferentes disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades (Pérez-Campuzano et al., 2018; Brettell y Hollifield, 2015). A partir de la economía, se han abordado, entre muchos otros temas, desde las relaciones entre las migraciones y el deterioro de las estructuras productivas en los países de origen, hasta su vinculación con dinámicas de demanda de fuerza de trabajo en mercados laborales transnacionales en los países de destino, en marcos de integración económica regional y de desarrollo del capitalismo neoliberal (Robinson y Xantos, 2014; Márquez y Delgado, 2011; Delgado et al., 2009).
La historia ha dado cuenta del desarrollo, cambios y consolidación de los procesos migratorios en diversos contextos. Por su parte, desde ciertas escuelas de antropología y sociología, se ha explorado la relación entre procesos migratorios transnacionales (basados en diversas redes) y las dinámicas de reconfiguración étnico cultural en las sociedades de destino (y en menor medida de origen) (Brettell y Holliefield, 2015).
Sin embargo, particularmente para el estudio de las vinculaciones entre migraciones irregularizadas transfronterizas y procesos estatales de securitización3 y cierre de fronteras, es pertinente recurrir a abordajes conceptuales multidisciplinares que, sin dejar de lado el ámbito de análisis del Estado nacional y los marcos migratorios, contemplen también una dimensión política más amplia e incluyente que incorpore deliberadamente a otros actores clave (como los migrantes mismos en tránsito irregularizado).
Por ello, en este trabajo se recurre a los planteamientos de la autonomía de las migraciones (Mezzadra, 2012; De Genova, 2017; Mezzadra y Nielson, 2013; De Genova et al., 2020).
Desde las propuestas de la autonomía de las migraciones, y a partir de una lectura distinta del carácter político de las migraciones y las mutuas determinaciones/conformaciones entre estas y las políticas migratorias, las fronteras son concebidas como producciones sociopolíticas y conjuntos cambiantes de diferentes relaciones (Mezzadra y Nielson, 2013); lejos de un abordaje clásico de las fronteras como límites físicos entre dos países y con expresiones materiales frecuentes como vallas metálicas y alambradas (tabla 1) (De Genova et al., 2020).
Tabla 1 Esquema conceptual de la autonomía de las migraciones
Fuente: elaboración propia con base en Mezzadra y Nielson (2013); De Genova (2017).
Desde abordajes clásicos de las ciencias políticas y la geografía política, las fronteras fueron concebidas primordialmente como formas de límites de carácter jurídico y político administrativo relacionadas con el surgimiento de los Estados nacionales modernos, y en el marco del orden geopolítico entre países (Gregory et al., 2009). Las fronteras se pensaban en relación con tres procesos: la soberanía, la territorialidad y las relaciones internacionales4.
No obstante, en oposición a los planteamientos previos, y como han señalado varios de los autores que han desarrollado la perspectiva crítica de la autonomía de las migraciones (y en su relación con las políticas de movilidad) (Mezzadra, 2012; De Genova, 2017; Mezzadra y Nielson, 2013; De Genova et al., 2020), las fronteras son mucho más que líneas y límites (fijos y rígidos) (Mezzadra, 2012 ), y tampoco se agotan en determinados muros y cercas (De Genova et al., 2020). Por el contrario, tienen una dimensión más amplia en términos de expresarse, tanto en formas de infraestructuras materiales específicas, pero también como prácticas, políticas y estrategias diversas (De Genova, 2017; Mezzadra y Nielson, 2013).
En virtud de lo anterior, se reconoce que las fronteras son construcciones diacrónicas con diversos órdenes de intervención (políticos, jurídicos, administrativos) y que tienen una condición cambiante (espacial y temporalmente) (Mezzadra y Nielson, 2013). De este modo, son históricas y dinámicas territorialmente, y construidas de acuerdo con diversas finalidades e intenciones políticas e ideológicas. Se reconoce que se expresan y materializan en diversos órdenes escalares (micro, meso y macro) (Gregory et al., 2009).
Con base en el andamiaje conceptual descrito y en el marco histórico específico de la emergencia sanitaria del primer año de la pandemia del covid-19 (2020), en el presente trabajo los procesos de securitización5 se conciben como la acentuación de las producciones de fronteras cerradas, con abiertas dinámicas de exclusión, control y contención hacia ciertas poblaciones (irregularizadas y de determinados países de origen) en procesos de movilidad transfronteriza (entre diferentes países). Esto ocurre mediante diversas acciones, dispositivos y despliegues de infraestructura material. Tal grupo de medidas puede incluir, desde la utilización de muros y cercas permanentes o temporales, hasta operativos de vigilancia de instituciones oficiales, así como el despliegue y acciones de fuerzas de seguridad oficiales, entre otros.
La manera de rastrear en términos analíticos lo acontecido en 2020 será dar cuenta de los cambios en los procesos de producción de las fronteras estatales (reforzamiento, cierre, endurecimiento y principalmente en relación con las poblaciones migrantes irregularizadas del NC), así como las acciones oficiales vinculadas y derivadas (como las detenciones, deportaciones, etc.).
Estrategia metodológica y fuentes utilizadas
En relación con el abordaje metodológico, este trabajo, debido a las dificultades por los contextos de la contingencia sanitaria del covid-19 (especialmente durante 2020), recurrió principalmente a la consulta de fuentes de datos estadísticos del gobierno de México, así como a la revisión de bibliografía y documentos especializados en procesos migratorios irregularizados contemporáneos, fundamentalmente relativos a tres tipos de información.
Por una parte, la consulta de trabajos académicos de corte socio-demográfico, históricos y económicos referentes a las dinámicas de origen, desarrollo e historia de las migraciones forzadas e irregularizadas originarias del NC, durante el presente siglo y con especial énfasis en la segunda mitad de la década de 2010 (Anguiano y Villafuerte, 2015; García y Villafuerte, 2014; Villafuerte y García, 2008; Casillas, 2008; Castillo, 2005 y 2000).
También se revisaron fuentes y estadísticas oficiales (Conapo, 2020 y 2019; UPM, 2021, 2020 y 2019), así como trabajos de periodismo de investigación (García, 2021) y diversos documentos de centros de derechos humanos y organizaciones pro migrantes (Redodem, 2020 y 2019; MODH, 2020). Las primeras con el propósito de delinear algunas características sociodemográficas de estas movilidades transfronterizas, principalmente en lo relativo a las detenciones y deportaciones de migrantes irregularizados del NC. Y los segundos con el cometido de tener claro algunos de los procesos de violencia, exclusión y criminalización hacia los migrantes en su tránsito por México.
Finalmente, también se recurrió a información de proyectos emergentes y especializados en temáticas de migración, como el caso del "Proyecto Covid-19 e Inmovilidad en las Américas", el cual permitió tener un panorama amplio y una compresión integral de la migración irregularizada originaria del triángulo norte de Centroamérica en el marco histórico del primer año del covid-19. Particularmente, con énfasis en tres procesos interrelacionados de la producción de estas migraciones: medidas y acciones estatales, migrantes y sus movilidades e inmovilidades, y las acciones de las organizaciones pro migrantes ("Proyecto Covid-19 e Inmovilidad en las Américas, 2021")6.
Este texto tiene cortes temporales y espaciales muy definidos. Respecto a la dimensión diacrónica, se ubica en el año 2020, y esto en razón de que ese año la pandemia, y posteriormente la contingencia sanitaria, tuvieron dimensiones globales, y particularmente fueron muy drásticos sus impactos en México y sobre las poblaciones migrantes en tránsito por este país bisagra /conexión entre el triángulo norte de Centroamérica y EE. UU. En lo concerniente a la dimensión espacial, la mirada se centrará específicamente en el territorio de México, pero sin perder las relaciones y articulaciones regionales con Centroamérica y EE. UU.
Particularmente, y dentro del eje central del abordaje de los cambios en la migración irregularizada del NC durante la contingencia del covid-19, se puso especial énfasis en las complejas relaciones entre las migraciones irregularizadas, el Estado (con los respectivos procesos de producción socio histórica de políticas migratorias y fronterizas) y los grupos y organizaciones pro migrantes (Redodem, 2020 y 2019; MODH, 2020). En el marco de lo previamente señalado, particularmente se puso especial énfasis en dos dinámicas relacionadas entre sí.
a) En primer término, lo relativo al cierre y securitización de las fronteras, como expresiones fácticas de las políticas de movilidad e inmovilidad de las poblaciones irregularizadas en movimiento por parte de los Estados nacionales, y sus consecuentes efectos en las dinámicas de precarización e incremento de vulnerabilidad de las condiciones de movilidad transfronteriza de los migrantes.
b) En una clara relación de vinculación con el punto previamente señalado, en el abordaje de las respuestas de los grupos y organizaciones pro migrantes, y en menor medida de estos migrantes,7 frente a dichas políticas de contención y control de las movilidades espaciales humanas transfronterizas.
Contexto histórico de la migración forzada del nc
La migración originada en el NC tiene una historia de décadas (Conapo, 2020; Casillas, 2008; Castillo, 2005), que se remonta a finales del siglo xx y en la que en particular las movilidades transfronterizas en Guatemala eran especialmente numerosas (Castillo, 2000). Es una migración principalmente irregularizada y de carácter forzado por sus causas histórico estructurales de corte económico, sociopolítico y medioambiental (González Sánchez, 2022). El destino principal es EE. UU. y, desde los últimos dos quinquenios, el proceso de migración involucra a miles de personas (Conapo, 2020, 2019 y 2018; Acnur, 2017), en un contexto en el que el grupo más numeroso son hombres jóvenes (UPM, 2020, 2019, 2018 y 2017). Pero, desde hace años, tienen cada vez más presencia las mujeres, los niños y adolescentes (acompañados y no acompañados), las familias, grupos LGTBQ, entre otros (París y Montes, 2020; Redodem, 2020 y 2019).
Dicha migración acontece en contextos de movilidad transfronteriza muy adversas y relacionadas con diversos procesos de exclusiones y violencias (en el origen, tránsito y destino) (Castillo Ramírez, 2019; Winton, 2018; Izcara-Palacios, 2015; Izcara-Palacios y Andrade, 2015; Acnur, 2014), donde las fronteras han jugado un papel importante en la conformación de las rutas migratorias, así como en términos de los procesos de transgresión de derechos humanos (Robert Strauss Center, 2019; International Crisis Group, 2018; Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte, 2016; Anguiano y Villafuerte, 2015; García y Villafuerte, 2014;Villafuerte y García, 2008) y, como lo ha documentado el Missing Migrant Project (MMP), también como espacios de muerte y desaparición de cientos de migrantes en la segunda mitad de la década de 2010 (MMP, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015).
Asimismo, desde hace varios años, diversos trabajos han documentado que, si bien hay un escenario de cierre parcial de fronteras, en ciertas coyunturas específicas y muy acotadas se acentúa y vuelve mucho más radical la securitización de la frontera sur de México, como el caso del Programa Sur en 2014 y 2015, o el envío de la guardia nacional en 2019 en el contexto de las caravanas migrantes, y, más recientemente, con el uso político de la pandemia del covid-19 (Redodem, 2020 y 2019; MODH, 2020; Castillo Ramírez, 2020 y 2018).
Las caravanas migrantes: movilidades colectivas, visibles y organizadas
En el contexto de lo previamente señalado, hubo una coyuntura drástica que marcó una diferencia en términos de nuevas características de estas migraciones. Se trató de las caravanas migrantes de finales de 2018 y durante 2019, en su vertiente masiva, abiertamente visible, y principalmente del triángulo norte de Centroamérica, originadas principalmente en Honduras (Redodem, 2020; París y Díaz, 2020; Ruíz y Varela, 2020). Si bien estas migraciones se componían de decenas de miles de migrantes, durante el periodo de las caravanas, y de acuerdo con los registros oficiales de las autoridades mexicanas, se incrementó de manera notoria el volumen demográfico de dichas movilidades transfronterizas e irregularizadas (UPM, 2021, 2020 y 2018)8. De los 80 599 migrantes centroamericanos (la gran mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador) detenidos por las autoridades mexicanas en el 2017, para 2018 subió el registro a 117 141 migrantes, y en 2019 (justo el año pico de las caravanas) se llegó a la elevadísima cifra de 155 302 (UPM, 2020, 2019 y 2018).
Como han señalado algunas autoras (París y Montes, 2020; Frank y Núñez, 2020), ya desde inicios de la década de 2010 las caravanas migrantes, de forma mucho menos numerosa, eran llevadas a cabo como una forma de protesta y acción política por familiares (entre otros madres) de migrantes desaparecidos y diversos grupos de defensa de los derechos humanos, a través de variados territorios (sobre todo México); estos eran y son los casos de las Caravanas de Madres de Migrantes Desaparecidos y el Viacrucis Migrante (París y Montes, 2020, p. 11).
No obstante, las caravanas de 2018 y 2019 presentaron formas novedosas en términos de: (1) los grupos que los integraban (perfiles demográficos poco presentes antes, como mujeres, adolescentes acompañados y no acompañados, madres con hijos, grupos LGTBQ); (2) el gran número de migrantes que las caracterizó; (3) y las temporales dinámicas organizativas para realizar las movilidades transfronterizas en el tránsito por México y (París y Montes, 2020, pp. 9-10).
Las caravanas iniciaron en octubre de 2018 y continuaron durante buena parte del siguiente año, cuando fueron contenidas y desarticuladas por el envío de la guardia nacional del gobierno mexicano a mediados de 2019 (con la acentuación de las dinámicas de securitización fronteriza y criminalización) (Redodem, 2020). Particularmente, el envío de la guardia nacional se dio en el marco de la presión geopolítica de la administración de Trump sobre el gobierno mexicano. El entonces presidente de EE. UU. amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se contenían las migraciones desde la frontera sur con Guatemala (París y Díaz, 2020).
En síntesis, y marcando una notoria diferencia en relación con el volumen demográfico respecto al primer año de la pandemia, en 2019 hubo un fuerte incremento de las migraciones del NC (principalmente con respecto a los años previos a 2017 y 2018). Sin embargo, ese año de las caravanas (2019) y previo a la contingencia sanitaria del covid-19, también hubo medidas estatales para tratar de contener y desarticular a dichas poblaciones en migraciones transfronterizas. El control migratorio estatal, con diferentes intensidades y expresiones, ha sido una constante en los últimos años.
Securitización fronteriza y migración durante la pandemia covid-19
Durante 2020, en el contexto de la contingencia de la pandemia, múltiples actores e instituciones desempeñaron un papel importante en la configuración de los cambios en las migraciones irregularizadas. Por un lado, el Estado mexicano, en el marco de la producción de fronteras cerradas y el incremento de la criminalización de los migrantes, en buena parte debido a la presión de la administración Trump. Por otro lado, los diversos grupos de migrantes y las organizaciones sociales pro migrantes. A continuación, se destacan en una compacta genealogía las principales acciones en relación con los actores e instituciones previamente señalados.
Genealogía de expresiones materiales y discursivas de cambios en las migraciones9
Si bien la pandemia tuvo un desarrollo vertiginoso y pronto presentó una dimensión global, en México los cambios drásticos de la vida económica y el orden social se notaron con mayor presencia hasta marzo de 2020. Cerca de mediados de dicho mes y a nivel estatal, el gobierno mexicano dejó de realizar trámites administrativos presenciales, lo que implicó también a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Por su parte, a fines de marzo, y en lo que respecta a actores sociales no gubernamentales, diversas organizaciones sociales demandaron al Instituto Nacional de Migración (INM) llevar a cabo protocolos sanitarios para disminuir el riesgo de contagios de los migrantes (detenidos) y de los solicitantes de refugio. Asimismo, ciertos albergues pro migrantes de la sociedad civil cancelaron provisionalmente el ingreso de nuevos migrantes con el propósito de evitar contagios. Para finales de marzo, tanto en la estación migratoria Siglo xxi de Tapachula (Chiapas) como en la de Tenosique (Tabasco), diferentes grupos migrantes protestaron para ser liberados y reducir riesgos de contagio. Resultado de la represión de dichas protestas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, murió un migrante guatemalteco en Tenosique, Tabasco.
En abril y en lo correspondiente a las medidas estatales, se consolidó el cierre de diversas fronteras en Centro y Norteamérica, lo que propició que cerca de 21 500 personas permanecieran estancadas en México. En lo concerniente a las organizaciones sociales, previamente, a inicios de abril comenzaron la campaña Libertad No Detención para demandar la libertad inmediata de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en detención migratoria, y, posteriormente, más de 150 organizaciones elaboraron y presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la salud de las personas migrantes. Como resultado, un Juez federal ordenó liberar a los migrantes vulnerables a covid-19 en estaciones migratorias. Relacionado con esto, para fines de mes el INM había deportado a sus países a más de 3600 personas, para vaciar las estaciones migratorias; además, las solicitudes de refugio en México se redujeron 90 %. Previamente y a inicios de mes, los migrantes detenidos en las estaciones migratorias de Hermosillo (Sonora) y Piedras Negras (Coahuila), protestaron para exigir su libertad.
En mayo, el INM continuó sacando migrantes de las estaciones migratorias, pero sin brindar opciones de derechos humanos fundamentales, como la vivienda, la salud, ni la alimentación, para estas poblaciones. Asimismo, según datos de la misma institución, las migraciones por el sur de México se redujeron cerca del 90 % (respecto al año anterior) y para fines de ese mes se habían deportado aproximadamente cinco mil migrantes (durante los meses de abril y mayo). Por su parte, la Comar retomó las solicitudes de asilo, por tratarse de una actividad esencial. En lo concerniente a las organizaciones sociales pro migrantes, el Centro Integrador para personas migrantes Leona Vicario de Ciudad Juárez registró un brote de covid-19. Mientras que, en el extremo opuesto y en la frontera sur, los migrantes se encontraron en situación de calle en la ciudad de Tapachula, esto debido a la pérdida de trabajo y fuentes de ingreso resultado de la contingencia del covid-19.
En junio se fueron agudizando algunos procesos. En lo que respecta a acciones estatales, siguió el proceso de vaciamiento de las estaciones migratorias, pero sin acceso a ayuda humanitaria y a derechos para los migrantes, lo que provocó que muchos estuvieran en condición de calle. Así, cerca de cinco mil migrantes africanos estaban estancados en entidades federativas fronterizas y en situaciones de alta vulnerabilidad. En lo concerniente a organizaciones pro migrantes, en ciudades mexicanas y fronterizas del norte continuaron abiertos varios albergues, y mantuvieron su trabajo de atención y cuidado de la salud. Asimismo, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) habilitó "hoteles filtro" en ciudades fronterizas para que los migrantes tuvieran procesos de cuarentena y, después, poder ingresar a albergues de forma segura. No obstante, se registraron contagios y brotes de covid-19 en albergues de las ciudades norteñas de Monterrey, Mexicali y Tijuana.
En julio, hubo un incremento notorio de detenciones en la frontera México- EE. UU., alrededor de un 40 % más respecto a los registros de mayo de ese mismo año. Para fines de mes y según un medio de comunicación hondureño, había aproximadamente 22 000 hondureños deportados desde México y EE. UU. También se registraron contagios de covid-19 en el campamento de personas solicitantes de asilo en Matamoros.
Para agosto, aumentaron los procesos de vigilancia y militarización de la frontera sur de México. Por otra parte, y con respecto a las organizaciones pro migrantes, Médicos Sin Fronteras apoyó en diversos albergues en México, y algunos albergues recibieron otra vez migrantes. En el caso del campamento de Matamoros, migrantes con síntomas de covid-19 no solicitaron atención médica por miedo a ser deportadas si acudían a las instituciones de salud.
Para septiembre, varios de los efectos de la pandemia eran notorios. Las solicitudes de refugio en México (entre enero y agosto de 2020) se habían reducido 50 % (en relación con el mismo periodo en 2019). Pero también empezaron a crecer las solicitudes de refugio de centroamericanos (respecto a meses previos). Asimismo, la CNDH denunció procesos de hacinamiento en la estación migratoria de Palenque y la falta de aplicación de pruebas covid-19 en las estaciones migratorias.
Octubre fue también un mes de cambios importantes. Otra caravana de migrantes partió de San Pedro Sula, Honduras, con dirección a la frontera sur de EE. UU. La caravana se componía inicialmente por cerca de mil personas (mujeres, niños y familias completas). En México y con el argumento falaz de preservar la salud pública, el INM pronto afirmó que habría sanciones legales penales para los migrantes de la caravana. Frente a este escenario, varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos de México y Centroamérica manifestaron de forma pública el rechazo a las acciones gubernamentales que criminalizan injustificadamente a las personas migrantes con el pretexto de la pandemia.
Asimismo, organizaciones en México hicieron público y denunciaron la carencia de acceso a servicios de salud para las mujeres migrantes, particularmente las embarazadas. Denunciaron que de las 35 estaciones migratorias que hay en México, únicamente dos de ellas tenían un registro diario de la temperatura de las personas detenidas y una deficiente vigilancia de contagios de covid-19. Por su parte, la CNDH denunció varias muertes de migrantes a causa de covid-19 y en la custodia del INM, y que, en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, se tenía registro de aproximadamente 19 migrantes hondureños contagiados. A finales de dicho mes hubo un motín y conato de fuga de migrantes de la estación migratoria de Villahermosa, el cual fue reprimido por agentes de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.
Para noviembre, los devastadores huracanes Eta e Iota, azotaron el norte de Centroamérica, afectando muchas localidades de Honduras y Guatemala, lo que produjo la acentuación de los contextos de expulsión y que más personas intentaran migrar. Ese mismo mes en México se denunció que el INM no tenía la disposición de mostrar datos sobre los migrantes contagiados de covid-19 en las estaciones migratorias.
En diciembre y relacionado con los efectos de los huracanes previamente mencionados, cientos de hondureños conformaron la que sería la cuarta caravana de 2020, la cual fue contenida y reprimida por fuerzas de policía hondureña en la zona fronteriza de Honduras con Guatemala. Particularmente en México, en el contexto del segundo pico (y peor momento) de la contingencia sanitaria en el país, fue crítica la situación de los procesos de contagios en los albergues de las organizaciones pro migrantes en México y en los centros de detención en Estados Unidos.
En enero de 2021, la situación de la pandemia en México empeoró y, en el contexto de los altos índices de contagio, algunos albergues suspendieron temporalmente nuevos ingresos de migrantes. A mediados de mes, partió de Honduras una caravana con cerca de nueve mil migrantes que pretendían llegar a la frontera de EE. UU. Una parte importante de la caravana, aproximadamente dos mil migrantes, fueron detenidos en diferentes lugares de la ruta Honduras-Guatemala.
Después, también haciendo un uso político de la pandemia, los restantes siete millares de personas fueron reprimidas de forma violenta y en abierta violación a sus derechos humanos en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala, a manos de la policía y militares de Guatemala, para después ser forzados a retornar a Honduras. Todo esto se dio en el marco de una declaración conjunta entre los gobiernos de EE. UU., México y Guatemala, quienes anunciaron que detendrían a las caravanas migrantes, con el argumento de que dicha decisión se basaba en intereses de seguridad nacional y sanitaria en el contexto de la pandemia del covid-19.
Antes de concluir este apartado, se resaltan dos procesos sociodemográficos de las migraciones irregularizadas en tránsito por México durante el primer año de la pandemia. Por un lado, y de acuerdo con cifras y estadísticas oficiales, para 2020 hubo una reducción en el número de migrantes detenidos y deportados procedentes del NC (UPM, 2021), con respecto a años previos (UPM, 2020 y 2019). Además, hubo una continuidad en lo referente a la fuerte presencia de grupos del NC en relación con los grupos de migrantes irregularizados más numerosos (UPM, 2021, 2020 y 2019).
Respecto al primero de estos procesos, se encontró el siguiente escenario. En el caso de las detenciones de hondureños, tenemos que para 2018 hubo 56 076. Para 2019, el año de las caravanas migrantes, se presentó un incremento que alcanzó la cifra de 78 232. Y para el 2020 hubo una drástica reducción con 38 995 detenidos (tabla 2) (UPM, 2021, 2020 y 2019). En lo que respecta a las deportaciones, hubo un proceso similar, con 53 571 para el 2018, un aumento para el 2019 con 72 125 y, en 2020, una disminución drástica con 25 542 (tabla 2) (UPM, 2021, 2020 y 2019).
En lo concerniente a las detenciones de migrantes guatemaltecos, para 2018 hubo 45 607. Para 2019 se registró un aumento con 52 412. Y en 2020 aconteció una fuerte disminución con 32 242 (UPM, 2021, 2020 y 2019) (tabla 3). En lo referente a deportaciones, hubo una dinámica parecida con 44 680 para 2018. En 2019 se elevó a 50 794. Y para 2020 hubo una significativa disminución a 22 166 (tabla 3) (UPM, 2021, 2020 y 2019).
En lo referente a los procesos de detenciones de salvadoreños, en 2018 hubo 13 325. En 2019 aconteció un incremento y se llegó a la cifra de 21 494. Y para 2020 se presentó una drástica reducción con 8 670 (tabla 4) (UPM, 2021, 2020 y 2019). En lo que respecta a las deportaciones, aconteció un proceso similar con 12 666 en 2018, para 2019 aumentó a 20 039, y en 2020 hubo una reducción muy importante con 3931 (tabla 4) (UPM, 2021, 2020 y 2019).
Producción de dinámicas de securitización fronterizas y control migratorio
Como se puede observar en la genealogía previa, el gobierno mexicano se desempeñó, tanto a nivel de Norte y Centroamérica, como un dispositivo de contención territorial en múltiples escalas: regional, nacional (en lo concerniente solo a México) y local (en la frontera sur con Guatemala), durante 2020 y en el contexto de la pandemia (García, 2021). Esto se expresó en un régimen fronterizo caracterizado por diversas políticas, prácticas y discursos del control de la movilidad, y fuertemente influenciado y determinado por la agenda de la política (anti) inmigrante de la administración estadounidense de Trump, en una clara dinámica de externalización de fronteras (de EE. UU. hacia México)10.
Esto se materializó en la producción de diferentes fronteras, concebidas no solo como obstáculos y/o barreras físicas (como muros, vallas, cercas), sino también como acciones y prácticas de la vigilancia y contención de poblaciones en movimiento (retenes temporales, despliegue de contingentes de fuerzas del orden público en puntos limítrofes entre un país y otro, operativos y acciones de persecución migrante, así como acciones casi exclusivas del contexto de la pandemia, como el vaciamiento de centros de detención y deportaciones exprés, ambos con argumentos sanitarios).
En este sentido, hay tres dimensiones para entender la producción de fronteras securitizadas en el caso de México, y en un contexto regional amplio (de Centro y Norteamérica):
Por un lado, las fronteras y las políticas migratorias no solo se definen en términos del interés de seguridad nacional, sino que están en juego otros asuntos/temas en la contención de la migración, como la relación geopolítica entre México/ EE. UU. y la agenda estadounidense migratoria. Para ello, es fundamental optar por una mirada deliberadamente política, en términos de la consideración de las complejas, diferenciadas y desiguales relaciones de poder entre los países involucrados; y teniendo en cuenta explícitamente diferentes escalas de análisis (local, nacional y regional).
La explícita consideración de la cambiante coyuntura del covid-19 y la emergencia sanitaria global, y los usos políticos de la pandemia (en EE. UU., México y Centroamérica), para facilitar la acentuación de las políticas de control de las movilidades humanas transfronterizas irregularizadas y la criminalización migratoria.
La cuestión de cómo se expresó en diferentes escalas, discursos, políticas y prácticas la securitización fronteriza y las dinámicas de contención/vigilancia migratoria (como se describió con relativo detalle en la sección previa).
No es la primera vez que, en el contexto de complejos marcos geopolíticos regionales (fuertemente determinados por los intereses del país vecino del norte), México funciona como un país dispositivo de externalización de fronteras (de EE. UU.) y de control de poblaciones en movilidad espacial transfronteriza irregularizada con dirección al territorio estadounidense. De este modo, procesos similares ya habían ocurrido con el caso del Programa Frontera Sur, como respuesta a la "crisis de los niños migrantes no acompañados" del verano de 2014 en la frontera México- EE. UU. (Robert Strauss Center, 2019; Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016). O más recientemente cuando, derivado de la presión económica de la probable alza de aranceles a las exportaciones mexicanas por parte de la administración de Trump, el gobierno mexicano envió a mediados de 2019 a la guardia nacional a la frontera sur con Guatemala para detener y desarticular las caravanas de migrantes (París y Díaz, 2020).
Conclusiones. Migración, contingencia sanitaria y securitización fronteriza
Una de las principales contribuciones de este trabajo es tratar inicialmente cuáles fueron los cambios ocurridos en las movilidades transfronterizas e irregularizadas de migrantes procedentes del Norte de Centroamérica, y que se dirigen en mayor medida y de forma preferente a EE. UU. Estas transformaciones se abordaron especialmente en relación a dos procesos: (a) las poblaciones migrantes en condiciones de movilidad e inmovilidad; (b) las políticas migratorias y de control migratorio por parte del Estado mexicano. En este orden de ideas y en concordancia con diversos autores (París y Díaz, 2020; París y Montes, 2020) y proyectos ("Proyecto Covid-19 e Inmovilidad en las Américas, 2021"), este trabajo se ubica en las recientes líneas de investigación con relación a cuáles son en la actualidad los rasgos y las reconfiguraciones de las migraciones irregularizadas, en contextos regionales y de clara securitización fronteriza y de criminalización migratoria.
En el contexto específico de la pandemia del covid-19, otro aporte es la comprensión y abordaje de las fronteras y los procesos de contención territorial desde marcos conceptuales que, no solo se limitan a la materialidad de la infraestructura (de muros y garitas) de las fronteras, sino que las entiende como dinámicas de control de las poblaciones en movilidad de una manera mucho más compleja e integral. De este modo, los ejercicios de vigilancia y contención incluyen una variedad de actividades y estrategias diversas, que van, desde operativos fronterizos y contingentes/dispositivos de fuerzas del orden estratégicamente localizados en los límites entre México y Guatemala (vallas humanas hechas de agentes de las fuerzas de seguridad), hasta otra serie de prácticas y acciones fuera de las fronteras y a lo largo del territorio mexicano (vaciamiento de las estaciones migratorias, deportaciones exprés, etc.). Lo cual se enmarca dentro del grupo de estudios con una compresión más integral, compleja y multidimensional de las fronteras (Mezzadra y Nielson, 2013; De Genova, Picozza y Castillo, 2020) y los procesos de exclusión y violencia que implican hacia poblaciones en movimiento (Robert Strauss Center, 2019; International Crisis Group, 2018; Castillo Ramírez, 2019; Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte, 2016; Anguiano y Villafuerte, 2015).
Aunque no fue un eje específico del presente trabajo, es necesario analizar con mayor detalle la agencia, demandas y luchas de los migrantes. Los migrantes no son solo resultados o víctimas de las causas histórico estructurales macro que producen los contextos de expulsión y fuerzan a las personas a dejar sus lugares de origen. Son también sujetos sociopolíticos con diferentes motivaciones y capacidades de acción, y que usan diversas estrategias y prácticas para conseguir sus propósitos.
En el contexto de la producción de fronteras y como se abordó en el presente artículo, las dinámicas de securitización fronteriza se muestran como procesos sociopolíticos y jurídicos que tienden a contener las migraciones irregularizadas, y que se expresan mediante diferentes estrategias, acciones y manifestaciones materiales.
Si bien el presente trabajo aborda parte de los cambios acontecidos durante la pandemia (principalmente para 2020 y en el territorio mexicano), son necesarios estudios más detallados sobre lo sucedido durante el segundo año de la contingencia sanitaria (2021), y con especial énfasis en el contexto del inicio de la administración Biden en EE. UU. 11 En esta misma línea, también sería pertinente apuntalar vetas de investigación sobre las diferentes acciones de diversos grupos, organizaciones y colectivos sociales pro migrantes frente a las medidas y acciones gubernamentales de control de las poblaciones en movilidad, en el contexto de la contingencia sanitaria.
Finalmente, la securitización fronteriza y la criminalización de los migrantes y de las diferentes organizaciones y grupos solidarios que trabajan con ellos, se contrapone y está en clara tensión con perspectivas que privilegien el respeto a los derechos humanos y reconozcan la dignidad de los migrantes en diferentes escalas y ámbitos.
