La investigación ha sido considerada como una actividad de búsqueda del conocimiento. Es una acción inherente al proceso de descubrimiento de diversos fenómenos que se presentan en la naturaleza, y a través de la cual el hombre se relaciona con el mundo. También, constituye una forma en la que se fundamenta, se aprehende y se transmite el conocimiento a otros. Se trata de una actividad natural y propia del ser humano, en la que el motor de la curiosidad le ha permitido, a través de la observación de la realidad que le rodea, dar respuesta a millones de problemas y dificultades. Y, contrario a lo que tradicionalmente podría pensarse, la investigación hace parte de nuestro día a día. Actividades como aprender a cocinar, reparar algún artefacto doméstico, desarrollar una tarea, o alguna actividad similar, exigen un proceso o método que, para ser perfeccionado, requiere de ejercicios variados, de ensayo y error. Es la reiteración la que pule el método y permite arribar a un conocimiento.

Sin embargo, para llegar al conocimiento de algo, debe emplearse un conjunto de saberes que lo justifican. Esto porque se procura no solo a dar solución a esa inquietud que ha despertado curiosidad, sino porque se aspira a fundamentar por qué esa solución es idónea para ese caso, y es aquí cuando estamos frente a lo que se conoce como investigación científica.

Es justamente este tipo de investigación de la que se ocuparán estas líneas. Al ser un ejercicio cotidiano, que permite dar respuestas a problemas y preguntas, constituye una estrategia y metodología pertinente para la aproximación, análisis y solución de problemáticas jurídicas. Los diferentes programas de derecho de las universidades del país, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, incluyen la asignatura de Metodología de la Investigación. Reconocen en ella un recurso para, de manera ordenada y sistemática, crear conocimiento científico, proponer nuevas soluciones y generar teorías diversas que enriquecen y contemporizan la actividad jurídica. La enseñanza del diseño metodológico, con precisión en los métodos, enfoques, fuentes, instrumentos, recursos, marcos (teórico, conceptual, histórico, estado del arte), y otros, ocupan 16 semanas de estudio (un semestre académico), en ocasiones incluso más, y pretenden que el estudiante desarrolle herramientas suficientes para comprender cómo estructurar lógicamente un problema de investigación en perspectiva jurídica o socio jurídica.

En el pregrado, la cuestión, sin embargo, no es sencilla para el docente encargado de impartir esta materia. Los estudiantes ven con desdén este espacio académico. Parten quizás de la idea errónea de que la investigación es un asunto reservado para científicos, encerrados en un laboratorio, con lentes grandes, gafas y cabello desordenado (la clásica visión que muestran los cómics). Pensar en plantear un problema, una pregunta, una hipótesis, objetivos (general y específicos), justificación, metodología, etc., resulta complejo. La cuestión entonces exige del docente un trabajo arduo para mostrar al estudiante las incuestionables ventajas de contar con un método para aproximarse a problemas con miras a encontrar soluciones. Es preciso hacer práctica esta materia, mostrar al estudiante que, en el derecho, la metodología de la investigación puede ser aplicada a diario en pequeños ejercicios académicos que no deben restringirse a la materia en cuestión, sino que deben ser transversales a las demás materias.

Los problemas en la enseñanza de la materia pueden deberse a una noción que, desde los primeros semestres, se transmite a los estudiantes respecto al derecho. Una noción vetusta que restringe este campo de conocimiento a un simple conjunto de normas jurídicas (mayoritariamente estructuradas como reglas: supuestos de hecho y consecuencia jurídica, mandatos de realización). Una mirada centrada en la norma, en la ley que emana del legislador, siempre escrita y concentrada en algunos textos. En el marco de esta visión, pensar en metodología de la investigación no parece tener relación alguna con el derecho. Sin embargo, cuando indagamos en la norma, por lo general nos cuestionamos respecto a su existencia, validez, eficacia, vigencia, aplicación e implementación. Todas estas cuestiones pueden ser resueltas a través de un adecuado ejercicio investigativo. El derecho, que pretendemos incluir en el campo jurídico, es en realidad un producto social. Se trata entonces de una práctica específica, compleja, que requiere para su aproximación un ejercicio coherente y riguroso.

La formación de abogados exige generar sabe res (saber, saber hacer y saber ser) en juristas, legisladores, consultores, docentes, litigantes o asesores que tengan la posibilidad de conocer la norma, pero no detrás de un sillón, rodeado de libros y a la espera de “clientes” atiborrados de problemas. El ejercicio de la profesión jurídica requiere acudir a respuestas que no siempre se encuentran en un viejo y anquilosado libro. Hoy, la actividad judicial exige ambientarse en diversos contextos, con sujetos variados y con problemáticas múltiples (en ocasiones novedosas, jamás analizadas por otra autoridad). Cuestiones como problemas ambientales, derechos de nuevos colectivos, derechos humanos en conflicto en todo el mundo y con efectos transnacionales, legislaciones con vocación global, la necesidad de permitir y facilitar el tránsito de mercancías sin mayores dificultades normativas, los procesos de judicialización de las decisiones políticas y las nuevas configuraciones familiares exigen una mirada diversa del derecho. La metodología de la investigación constituye una herramienta esencial para que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades básicas que permitan superar la visión clásica del derecho y ser agentes creadores, críticos y propositivos.