Introducción

Durante las últimas décadas se produjeron transformaciones sociales radicales en el ámbito del parentesco en general y en la forma en que las personas significan y conforman sus familias (Cadoret 2003; Gonzálvez Torralbo 2013; Rivas 2009). En el terreno de la adopción, múltiples factores han influido en la heterogeneidad actual de las familias adoptivas (D’ Andrea 2009), en la que el fenómeno de las adopciones monoparentales¹ ha ganado mayor presencia y visibilización en Estados Unidos y Europa (Jociles, Rivas, Moncó, Villaamil y Díaz 2008; Jociles y Medina 2013; Mannis 2008). Más recientemente, en Latinoamérica, en aquellos países cuya legislación lo posibilita, siendo previsible que se produzca un aumento leve pero sostenido de dichas solicitudes (Rosser Limiñana y Moya Mira 2001; Salvo Agoglia 2016). Para Rivas (2009), esta configuración implicaría la disociación entre pareja conyugal, pareja parental y pareja progenitora, como consecuencia de separar lo que hasta ahora iba unido: sexualidad, procreación, alianza y filiación. Por lo tanto, interpela el modelo binario de padre-madre.

La revisión y el análisis de la producción científica muestran la escasez de estudios sobre adopciones monoparentales, en comparación con la abundante investigación dirigida a estudiar los procesos adoptivos en configuraciones biparentales. No obstante, es posible sistematizar un cuerpo de conocimientos sobre el tópico disponible desde las décadas de los setenta y ochenta en el medio anglosajón y europeo, cuando surgieron las primeras inquietudes sociales y profesionales respecto del impacto que esta emergente configuración familiar tendría en los niños que la conformaban. Casi de manera unánime, los estudios clínicos disponibles desestiman que las familias adoptivas monoparentales representen un mayor factor de riesgo para el proceso adoptivo, y, por el contrario, sus hallazgos evidencian que estas adoptantes viven experiencias de crianza sustancialmente similares a las de parejas de adoptantes (Feigelman y Silverman 1977; Shireman y Johnson 1985), sus problemáticas no difieren de lo que pueda presentarse en una adopción matrimonial (Argemí Renom 2005; Tan y Baggerly 2009), y tienden a tener el mismo éxito que las parejas en su desempeño parental (Feigelman y Silverman 1977; Groze 1991; Pakizegi 2007). Incluso, algunos estudios muestran que pueden ser más capaces de enfrentar adopciones de niños con necesidades especiales (Groze y Rosenthal 1991; Haugaard, Palmer y Wojslawowicz 1999; Shireman 1994). Asimismo, se ha mostrado que cuentan con amplias redes de apoyo social en sus comunidades, familias y amistades -más amplias incluso que las familias biparentales-, sintiéndose altamente satisfechas con la calidad de la respuesta hacia sus necesidades (Díez, Morgado y González 2016; Shireman 1994) y manifestando sentir elevados niveles de satisfacción con su vida en general y con su maternidad en particular (Díez, Morgado y González 2016). Otro estudio realizado con hijos adolescentes de adoptantes monoparentales concluye que no existen complejidades adicionales ni elementos psicopatológicos en este tipo de adopciones y que, incluso, existen mayores oportunidades de desarrollo positivo y creatividad para ellos (Pakizegi 2012).

Por ende, no existe evidencia científica contundente que permita considerar a priori algún riesgo en las configuraciones adoptivas monoparentales. En este sentido, se debieran evitar actuaciones discriminatorias en función de cuestiones ideológicas que sin fundamentación científica o técnica las sitúen en desventaja frente a otros solicitantes (Rosser Limiñana y Moya Mira 2001). Pese a la contundencia de estos hallazgos y conclusiones, a que estas mujeres se autodefinan como empoderadas y autónomas y gocen de un mayor estatus en relación con otras mujeres de su generación, en su paso por los dispositivos del sistema adoptivo quedan situadas en una doble posición de empoderamiento y vulnerabilidad (Rivas, Jociles y Moncó 2011). Así, son consideradas ciudadanas de segunda clase (Pakizegi 2007), o se ubican en un doble estatus como ciudadanas de primera y madres de segunda (Rivas, Jociles y Moncó 2011).

Diversas autoras han planteado cómo a través de la adopción, el Estado contribuye activamente a la creación de familias (Lind y Lindgren 2016; Pena 2013; Tarducci 2008; Villalta 2012). Dadas la profesionalización y especialización progresivas de los procesos adoptivos, diversos agentes e instituciones estatales diseñan y ejecutan múltiples acciones tendientes a transmitir una determinada moralidad familiar, que coadyuvan al objetivo de sanitarizar el proceso adoptivo y “hacer padres” a determinados sujetos, con base en narrativas hegemónicas entramadas en valores y significados locales que se constituyen en límites conceptuales que impiden imaginar otras alternativas de cuidado infantil y de construcción de lazos de parentesco (Villalta 2012).

Dentro del tema que nos ocupa, aquellas mujeres que deciden emprender este camino deben atravesar una red de dispositivos sociales, jurídicos, disciplinarios e institucionales orientados a reproducir el orden de género y de parentesco dominante, desde los cuales aún se liga maternidad con emparejamiento y se considera la presencia de la figura paterna como un elemento imprescindible para asegurar el bienestar y salud mental infantiles. La producción científica feminista sobre adopción busca interpelar y deconstruir aquellos principios que rigen las políticas sobre dicho fenómeno, vistas como dispositivos de preservación de las normas dominantes que moldean subjetividades y moralidades acerca de femineidad, maternidad, sexualidad, reproducción, vida familiar y cuidado infantil (Jociles y Charro 2008; Pena 2013; Poveda et al. 2013; Tarducci 2008; Villalta 2012; Wegar 1997; 2000).

La noción foucaultiana de dispositivo (Deleuze 1990) resulta decisiva para identificar y analizar las articulaciones y los impactos de un conjunto múltiple y heterogéneo de ideologías, leyes, discursos, instituciones, prácticas, herramientas teóricas y técnicas, y todo otro elemento que pueda ayudar a comprender el acoplamiento entre relaciones de poder y formas de subjetivación. Siguiendo a Foucault (1999), los dispositivos constituyen formas de gubernamentalidad para gestionar mediante un conjunto de técnicas disciplinamiento, control y normativización. Estos efectos de los dispositivos tienen fisuras y grietas por las cuales emergen modos heterogéneos de puntos de resistencia, que no se enfrentan a modo de oposiciones binarias, sino en un campo de relaciones de fuerza en tensión constante, que cuestionan las circunstancias y condiciones impuestas por los dispositivos.

Considerando la habilitación legal para la adopción monoparental y la escasa producción científica en Latinoamérica y Chile que aborda el estudio de este tipo de adopciones desde un enfoque interdisciplinario, crítico y feminista, se piensa que las historias analizadas pueden colaborar a cuestionar los estereotipos generalizados proporcionando contranarrativas sociales que ayuden a repensar este fenómeno, más allá del contexto local donde se realizó el trabajo de campo. En atención a ello, este artículo presenta una parte de los resultados de una investigación más amplia, en la que se exploran las narrativas de mujeres chilenas que adoptaron monoparentalmente, respecto de su paso por el dispositivo del sistema de adopciones. En el primer acápite se desarrollan elementos del estado del arte y la matriz conceptual del estudio. A continuación se describen brevemente la metodología utilizada y la forma de aproximación al análisis del material producido. Luego, se desarrollan cuatro ejes narrativos principales, en los que es posible identificar tanto los efectos del dispositivo como las prácticas de resistencia de las entrevistadas: narrativas sobre el dispositivo jurídico, narrativas sobre el dispositivo institucional, narrativas sobre el dispositivo técnico de evaluación de idoneidad y narrativas sobre el rol del dispositivo del sistema de adopciones. Por último, se ofrecen algunas consideraciones sobre el material analizado.

Dispositivo jurídico y orden de prelación legal: ¿Interés Superior del Niño o supremacía del modelo de familia hegemónico?

La ratificación por parte del Estado chileno de instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos -como la Convención Internacional de Derechos del Niño (CDN) y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional- ha transformado, de manera progresiva, la normativa jurídica, los discursos y las prácticas en el terreno de la adopción. Desde 1999 hasta la actualidad, la adopción se encuentra regulada por la Ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores y su reglamento, intentando armonizar la legislación nacional con los principios consagrados por la CDN. Esta legislación otorga importantes atribuciones al Servicio Nacional de Menores (SENAME);² constituyéndose en el órgano rector en materia de políticas públicas sobre adopción y autoridad central para efectos de los procesos de adopción internacional. Con la incorporación de múltiples facultades, el SENAME asumió un proceso de fortalecimiento institucional y técnico mediante la creación en todas las Direcciones Regionales de Unidades de Adopción (UADOP), encargadas de la ejecución del Programa General de Adopción (PAG), al igual que otros cuatro Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS),³ autorizados por el SENAME para ejecutar dicho programa considerando la incorporación de técnicos especializados en la temática.

Aun cuando existen innegables avances en distintos ámbitos, pese a la fuerza de las transformaciones de la vida familiar latinoamericana, el modelo de familia nuclear matrimonial y heterosexual, en cuyo espacio se legitima la procreación de hijos, continúa siendo el referente normativo de las políticas públicas y de las actuaciones institucionales y profesionales en materia de adopción. Ello se ve claramente reflejado en el orden de prelación legal plasmado en el artículo 21 de la Ley Nº 19.620 (1999), donde se establece que pueden solicitar la adopción de un niño, niña o adolescente, aquellas personas que se indican en el orden de prelación siguiente: a) los cónyuges chilenos o extranjeros con residencia permanente en el país, b) los cónyuges chilenos o extranjeros residentes fuera de Chile y c) las personas solteras, divorciadas o viudas, con residencia permanente en Chile. Tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo se dejó constancia de que, en consideración del principio del Interés Superior del Niño, debía privilegiarse la adopción matrimonial (Corral 2001; 2002). De esta forma, la legislación chilena admite la adopción por una persona individual, siempre que no esté actualmente casada, exigiéndole los siguientes requisitos: 1) que sea una persona (no se admite la adopción por parejas de convivientes), 2) que sea de nacionalidad chilena, 3) que tenga residencia permanente en el país, 4) que haya sido evaluada como idónea por el SENAME o algún organismo colaborador acreditado (OCA) y, por último, 5) que haya participado en un programa de adopción (Corral 2001).

De este modo, las legislaciones que establecen el estatus adoptivo y fijan procedimientos para crear una familia legal actúan como instrumentos que operan una serie de principios hegemónicos (Cadoret 2003). El análisis del orden de prelación evidencia cómo la legislación adoptiva vigente en Chile contribuye a reforzar una determinada ideología de parentesco generando un juego de inclusión/exclusión al normar este tipo de adopción y, al mismo tiempo, al situarla con una prioridad inferior respecto de los matrimonios nacionales o extranjeros. Bajo dicha jerarquización también puede subyacer la lógica de desmonoparentalizar y regularizar el origen de aquellos niños que en el imaginario social provienen en su mayoría de familias monoparentales o disfuncionales (Herrera y Spaventa 2003).

Vergara (2011) plantea que una reforma a la actual legislación adoptiva chilena debiera resguardar y establecer que la adopción por parte de personas que no residen en el país de origen, sólo procederá cuando se hayan constatado adecuadamente las posibilidades de colocación infantil en su propio territorio. El autor enfatiza la necesaria modificación del orden de prelación para que las personas solteras, viudas y divorciadas interesadas en adoptar, y que cumplan los requisitos establecidos jurídica y técnicamente, al menos puedan tener preferencia por sobre los matrimonios residentes en el extranjero, con el objeto de cumplir a cabalidad con el principio de subsidiariedad de la adopción internacional (Vergara 2011).

En 2013, el Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley sobre Reforma Integral al Sistema de Adopción,⁴ el cual propuso la modificación del orden de prelación de los solicitantes, manteniendo la preferencia por los matrimonios nacionales, pero igualando en preferencia a los matrimonios extranjeros con las personas solteras, viudas o divorciadas. Asimismo, se planteó que, en caso de que el Interés Superior del Niño lo justifique, dicho orden de prelación podría ser modificado. Posteriormente, en 2014 el Ejecutivo propuso modificar el orden de prelación, dejando de priorizar a los matrimonios, e igualándolos en preferencia con las personas solteras, divorciadas o viudas, quedando en segundo orden aquellos matrimonios residentes en el extranjero. Esta propuesta ha sido debatida por diversos sectores, como Comunidad y Justicia, quienes defienden la continuidad del actual orden de prelación argumentando la necesaria preferencia por la estructura matrimonial como la más idónea, con miras a proteger el Interés Superior del Niño, por cuanto se considera al matrimonio la base de la familia y la evidencia de una familia estable, que puede sustituir y asemejar a la familia de origen del niño.⁵ En este sentido, se esgrime como argumento que determina apriorísticamente una mayor jerarquía y funcionalidad de la estructura biparental por sobre la monoparental, en consideración de la “desestructuración” familiar de origen del niño y su supuesto deseo universal de siempre ser parte de una familia de estructura biparental. La vaga interpretación y la dificultad de operación de este principio jurídico quedan sujetas al criterio técnico que, desde una perspectiva adultocéntrica, continúa situando la niñez como objeto de protección (Marre y San Román 2012). De esta forma, quienes tienen a su cargo la elegibilidad de los postulantes, “no sólo se erigen en garantes del interés del menor, sino que también, guiados por el conocimiento experto, definen en qué consiste ese ‘interés’, que en el campo familiar se confunde con la familia biparental frente a la monoparental” (Jociles, Rivas y Poveda 2012, 555).

La tramitación del mencionado Proyecto quedó detenida durante años, a la espera de la sanción de una Ley de Garantías de Derechos de la Infancia, requerida como marco jurídico de protección integral. No obstante, en mayo de 2017 se reactivó el debate parlamentario al respecto, produciéndose un momento muy propicio para el análisis de este tópico.

Adopciones monoparentales y dispositivos técnicos: el proceso de valoración de idoneidad

Todo Estado asume mediante sus normativas el rol de garante del Interés Superior del Niño en los procesos adoptivos, para lo cual establece procedimientos que permiten valorar la idoneidad de potenciales madres y padres adoptivos (Jociles y Charro 2008; Lind 2017). En Chile, el actual Subprograma de evaluación técnica de postulantes y su preparación como familia adoptiva contempla entre sus objetivos fundamentales acreditar la idoneidad de los postulantes para la adopción, desde el punto de vista social, económico, moral y de su salud física y mental, según criterios legales y técnicos establecidos para ello. Con base en la valoración de sus competencias y habilidades se determina favorablemente su idoneidad, si deben prepararse mejor en un contexto terapéutico, o definitivamente se desestima su idoneidad para afrontar un proceso adoptivo.

En dicho contexto, la psicología, en cuanto disciplina y discurso experto, se entrama con el dispositivo jurídico e institucional, situándose en una posición privilegiada en la que se evidencia la existencia de un saber compartido psi como referente autorizado a la hora de legitimar o deslegitimar diversas prácticas y representaciones (Pena 2013). Si bien los lineamientos técnicos no incurren en discriminaciones explícitas, es sabido que, en el proceso de valoración de idoneidad, se agudiza el ojo evaluador sobre estas solicitantes, en virtud de una mirada deficitaria que las pone “bajo sospecha” (Jociles, Rivas y Poveda 2012; Tarducci 2008). Debiendo pronunciarse respecto de su aptitud para ejercer la maternidad de los niños declarados adoptables, se interrogan: “¿con qué derecho privo a este niño de una familia normal?” (Giberti 2010, 240). En muchas ocasiones se aprecian más desventajas que ventajas, principalmente considerando la doble condición de soltería y monoparentalidad desde una perspectiva psicopatológica, como indicador de inmadurez, aislamiento social, sobredependencia de sus propias figuras maternas o incapacidad para establecer relaciones afectivas estables (Jociles y Rivas 2010; Medina 2013; Poveda et al. 2013):

La opción por un proyecto familiar diferente se interpreta como el efecto de una experiencia personal y familiar disfuncional, en la que hay que indagar para descubrir los posibles factores que han incidido en esta “desviación” de la norma. Esto justifica el interés especial que muestran los profesionales y técnicos responsables del estudio psicosocial por la trayectoria afectiva y emocional de las aspirantes a adoptar, sobre todo por las relaciones de pareja. Es como si tener y vivir en pareja fuera por sí solo garantía suficiente para el desarrollo psíquico y social del niño(a). (Jociles, Rivas y Poveda 2012, 548)

La mirada deficitaria y anómala sustenta políticas y prácticas de diversos operadores del sistema adoptivo que los lleva a considerar en muchas ocasiones esta alternativa como ilegítima, y a estas adoptantes, como egoístas y potencialmente patológicas y, por tanto, dignas de sospecha (Medina 2013; Tarducci 2008). De este modo, las representaciones de los operadores sobre estas solicitantes impactarán de múltiples formas las prácticas, yendo desde posturas disuasivas que intentan convencer a estas postulantes de desistir de su solicitud, al plantear de entrada las bajas probabilidades que tienen de adoptar. Otros se manifiestan preocupados y temerosos ante la dificultad que puede entrañar el ejercicio de la monoparentalidad, insistiendo en la necesidad de contar con una imagen masculina o paterna, enfatizando la importancia de que en el entorno de la adoptante exista alguna persona que sea un referente masculino a modo sustitutivo (Jociles y Rivas 2010; Poveda et al. 2013). El motivo de la ausencia paterna y la idea de que estas mujeres no desean un hijo en sí mismo, sino un medio para poner fin a su soledad, son algunos de los argumentos más comunes en la denegación de estas solicitudes (Cadoret 2003). Ello pone nuevamente de manifiesto la ideología y el discurso profesional experto que consideran a priori que una configuración biparental asegura el desarrollo y bienestar integral infantil, lo cual incurre en el error metodológico de asociar personas reales con funciones psíquicas que pueden ser ejercidas por diversas figuras.

En este momento clave de interacción con los dispositivos institucionales y técnicos, el tratamiento ambiguo y oscilante que las ubica como madres “atípicas” se entrecruza con la percepción que tienen de sí mismas como mujeres empoderadas y autónomas que les ha permitido explorar una maternidad alternativa (Jociles, Rivas y Poveda 2012). Esto podría explicar el hecho de que muchas de ellas utilicen de forma recurrente en sus discursos elementos de la ideología familiar convencional, entre la que se cuenta una imagen naturalizada y esencialista de la maternidad como algo consustancial a la identidad femenina, representada simbólicamente en la expresión “siempre quise ser madre”. Dicho estímulo suele ser considerado una de las motivaciones más funcionales desde el discurso experto durante la valoración de idoneidad. Por contraposición, la denominada motivación por la solidaridad, como argumento para explicar el haberse decantado por la adopción, suele considerarse insuficiente o disfuncional por parte de los profesionales, incluso pudiendo representar una causa de denegación de la idoneidad (Jociles 2013; Marre 2009). De esta forma, las interferencias y contradicciones entre un discurso de empoderamiento personal y el apego a un ideal de familia arraigado en la tradición impactan la subjetividad de estas mujeres. Esto las lleva a poner en marcha múltiples prácticas orientadas a evitar que su decisión de adoptar sea percibida como fruto de alguna carencia, implementando “estrategias de camuflaje encaminadas a que lo nuevo pueda imponerse sin ser cuestionado” (Rivas, Jociles y Moncó 2011, 136).

Metodología

La matriz metodológica del estudio se sitúa desde un enfoque cualitativo (Vasilachis de Gialdino 2009), narrativo (Josselson, Lieblich y McAdams 2003; Riessman 2008; Riessman y Quinney 2005) y feminista (Castañeda 2008; Haraway 1991; Harding 1987; 1998; Reinharz 1992). El enfoque narrativo (Riessman 2008) entiende las historias personales como unidades narrativas constructoras de sentido e identidad, entrelazadas con narrativas sociales y relaciones de poder, que no permanecen fijas a través del tiempo. La narratividad da cabida a giros biográficos inesperados, permitiendo a los participantes un proceso permanente de resignificación que promueve la capacidad de agencia recuperando historias invisibilizadas y periféricas (Riessman 2008). Por otra parte, el enfoque feminista supone un desafío epistémico a la negación positivista de la relación entre el conocimiento, sus prácticas de producción y los dispositivos de poder, desempeñando un papel clave en la conceptualización y reconstrucción de la investigación como un proceso relacional, responsable y reflexivo (Haraway 1991; Harding 1987; 1998). Diversas autoras enfatizan la necesidad de considerar la investigación feminista como una propuesta política que critica las nociones dominantes del conocimiento, resaltando la necesidad de que este tipo de investigaciones no permanezcan sólo en el ámbito de la academia, sino que la trasciendan y constituyan un factor decisivo en la formulación de políticas públicas orientadas a erradicar la subalternización de las mujeres (Castañeda 2008; Harding 1998). Siguiendo a Reinharz (1992), la investigación con perspectiva feminista busca el compromiso de la investigadora, de participantes y lectores, requiriendo una aproximación interdisciplinaria para contribuir a ampliar las perspectivas sobre los fenómenos analizados.

l grupo de participantes estuvo conformado por diez mujeres heterosexuales que adoptaron monoparentalmente en Chile durante el período comprendido entre 1999 y 2012, con un rango de edad entre 38 y 55 años en el momento de ser entrevistadas, que pertenecen a sectores de clase media y media alta y residen en las ciudades de Santiago (Región Metropolitana) y Viña del Mar (Quinta Región). Respecto de su estado civil, ocho de ellas eran solteras, dos divorciadas, y sólo una de ellas convivía con una pareja heterosexual. Todas manifestaron ser económicamente autónomas, y nueve de ellas poseían estudios universitarios, siendo esto coincidente con el perfil mayoritario identificado en la producción científica internacional.

En coherencia con el enfoque metodológico, la cantidad de participantes no se determinó por un criterio de saturación, sino por la viabilidad de acceso a las participantes. El acceso a las entrevistadas se realizó vía institucional y estrategia de bola de nieve, resultando dificultosa -dada la desactualización de los datos de contacto en algunos casos- la negativa a participar aduciendo razones como que “ya habían pasado por procesos muy difíciles que necesitaban dejar atrás y alejarse del tema de la adopción”, lo que podría considerarse un signo del efecto del dispositivo de intervención, o como el ejercicio de un derecho legítimo a no participar de un estudio y a resguardar su vida privada. En otros casos, la disponibilidad.

La herramienta de producción de información consistió en una entrevista narrativa con cada participante (Josselson, Lieblich y McAdams 2003), usando una pauta-guía flexible de preguntas con los temas y subtemas por explorar a partir de los objetivos de la investigación, a modo de esquema abierto y flexible que permitiera dar fluidez y espacio para desarrollar un diálogo en una narrativa significativa, procurando historias, ejemplos concretos, episodios o recuerdos (Josselson, Lieblich y McAdams 2003). Se utilizó un método de análisis narrativo (Riessman 2008), el cual incluyó el desarrollo de transcripciones detalladas que examinaron el lenguaje, prestando atención a los contextos micro y macro de su producción. Además, se identificaron similitudes y diferencias entre historias, atendiendo a cómo las narrativas de cada entrevistada reflejaban, tensionaban o resistían las narrativas dominantes (Riessman y Quinney 2005).

Las consideraciones éticas fueron cuidadas transversalmente a lo largo del proceso investigativo y mediante el uso de un protocolo y consentimiento ético informado previamente revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Alberto Hurtado. Asimismo, se explicitó a las participantes que, si bien el estudio temporalmente se realizaba en una fase postadoptiva, en ningún caso constituía una instancia de seguimiento o supervisión, por cuanto esto es función de las instituciones responsables, y, en el proceso previo de evaluación de idoneidad -particularmente exhaustivo con estas solicitantes-, se había establecido con creces que disponían de las capacidades requeridas para adoptar. Los hallazgos del estudio que a continuación se presentan no pretenden ser generalizables, ni tampoco buscan caracterizar estos procesos adoptivos y los desafíos que enfrentaron como una verdad totalizable, sino que se asume la posibilidad de una aproximación solamente fragmentaria, provisional y ampliable del fenómeno estudiado.

Narrativas sobre el dispositivo jurídico-judicial

Las participantes analizan el dispositivo jurídico y, en particular, la prelación legal vigente expresando que desde el inicio del procedimiento tenían plena consciencia de que serían las “últimas de la lista”. El conocimiento del estatus social y legal de la adopción monoparental, y la información y el panorama brindados por diversos operadores del sistema en el momento de postular, les clarifican o “advierten” desde un comienzo sus bajas probabilidades en relación con los matrimonios solicitantes. Ante ello, las entrevistadas refieren ajustar sus expectativas desde un inicio y se preparan para enfrentar grandes desafíos y altas exigencias que requieren su esfuerzo y perseverancia constantes:

“Te queda claro desde un inicio que la adopción para mujeres solteras es casi imposible”. (E2)

“Pueden haber muchas mujeres que lo piensen y digan: ‘me encantaría’, pero, ¿de ahí a concretarlo? De verdad hay que ser ‘cuero de chancho’, insistente o tener mucha fe porque es duro, súper duro el proceso”. (E9)

Asimismo, esta jerarquización legal las inserta dentro de una lógica competitiva en la que la adopción se torna una carrera con otras/os solicitantes, matrimonios u otras personas que postulan sin pareja:

“Me dijeron: ‘Si tú quieres nosotros te ingresamos, pero te informo que tenemos cuarenta postulantes más, mujeres solas y todas postulantes top’. O sea, mujeres con las que iba a competir fuertemente y las posibilidades concretas son súper bajas”. (E8)

Algunas entrevistadas se manifiestan en desacuerdo sobre que, a priori, su condición de monoparentalidad sea relegada por la legislación a una opción de “segunda categoría”, validando y legitimando tener un estatus a la par de la biparentalidad.

“No debiera haber adopciones de segunda ni de primera categoría. A lo mejor hace quince años puedo entender que se haya establecido la Ley de esa forma, pero al día de hoy me parece que claramente ya está caducada”. (E6)

Asimismo, identifican la inconsistencia entre ideologías, discursos y realidades, por cuanto son principalmente mujeres de hogares monoparentales o biparentales las principales cuidadoras de los hijos en la sociedad chilena y latinoamericana. En atención a ello, se muestran a favor de una actualización legislativa que establezca condiciones más equitativas entre solicitantes de adopción, de manera que no se continúe poniendo barreras y desincentivos para las adopciones monoparentales:

“¿Tú entiendes que la segunda prioridad la tenga un matrimonio extranjero para un niño que ha pasado por tres hogares y no sea una soltera de su propio país?... Es necesario que nos abran más las puertas, que nos acojan más y que no necesariamente las que somos perseverantes podamos adoptar porque hay otras que quedaron en el camino que hubieran sido muy buenas madres”. (E2)

“Este es un país en que las mujeres solteras o separadas, o viudas debemos ser, no sé, ¿60%? Entonces de qué estamos hablando... cuando somos esas mujeres las que nos llevamos la carga de la familia. Encuentro ridícula esta cosa de estar después que las parejas, yo creo que deberíamos estar a la misma altura”. (E4)

A diferencia de las posiciones anteriores, una de las entrevistadas se muestra más dubitativa respecto de su condición monoparental, lo cual denota representaciones más convencionales, o bien, puede ser interpretado como una forma de internalización del trato diferencial recibido en su posición subordinada:

“En algún sentido, a veces uno también entiende. Yo también hago el ejercicio de razonamiento y digo: ‘está bien, debe ser mejor experiencia para una criatura tener padre y madre’”. (E8)

Narrativas sobre el dispositivo institucional

Según Rose (1996), las formas de gubernamentalidad actúan de forma sutil a través de los dispositivos, situación de la que dan cuenta las propias narrativas de las entrevistadas. Desde el comienzo del procedimiento institucional, perciben diversas microprácticas muy sutiles, que incluso pueden pasar desapercibidas, pero que claramente denotan para ellas la prioridad por las parejas y la invisibilidad de su condición específica dentro del dispositivo: el primer formulario que deben completar para manifestar su interés por iniciar el proceso les solicita completar los datos del padre y la madre, o bien, las charlas de información y acompañamiento en que el único punto de referencia son los matrimonios, lo que se constata con el tipo de contenidos abordados, ligados a procesos que viven parejas con problemas de fertilidad. Según las participantes en el estudio, la atención, los contenidos y el tipo de lenguaje generalmente aluden a situaciones que atañen a procesos de pareja:

“Desde el primer paso en adelante tú te das cuenta que nada está hecho para incluirnos… imagínate que en la ficha piden datos de padre y madre […] Yo puse en los dos lados mi nombre”. (E2)

“Fue la primera vez que fui y había muchas parejas, y yo era la única sola. De repente, cómo que dije: ‘¿Qué hago yo aquí?’… ni me pescan”. (E1)

“A mí me dio la sensación de que nada estaba enfocado a las madres solas y que todo era para las parejas. Todo el rato hablaban de temas de pareja”. (E6)

Por otra parte, las entrevistadas expresan desacuerdo respecto de la discrecionalidad que tendrían los OCAS por el SENAME para decidir no tramitar procesos adoptivos monoparentales, señalando que, si bien ello puede resultar coherente con la ideología de dicho organismo, contribuye a avalar la existencia de trabas adicionales que determinan nuevas discriminaciones y fijan menos opciones:

“Cuando llevaba dos meses de reuniones y entrevistas, me dijo la persona que entrevistaba en la Fundación X: ‘¿Sabes qué? No vengas más’, y yo: ‘¿Por qué?’… ‘Porque en realidad te estamos haciendo perder el tiempo porque no te vamos a dar un niño, porque nosotros no le damos niños a mujeres solteras nunca, bajo ningún punto de vista’”. (E7)

En particular, identifican una fundación específica que, dado su carácter canónico, no recibe ni gestiona actualmente este tipo de adopciones:

“La Fundación X te discrimina también por credo. Yo soy súper católica pero no puede ser que porque sea soltera u otras personas no sean católicas queden fuera… digamos, ahí se pone la primera traba”. (E2)

Narrativas sobre el dispositivo técnico de evaluación de idoneidad

Las narrativas sobre el proceso de evaluación de idoneidad resultan heterogéneas. La totalidad de las entrevistadas considera la realización de un proceso evaluativo como condición necesaria y fundamental para garantizar la mejor alternativa para un niño en particular. En algunos casos, la misma aspereza del proceso les ofrece la oportunidad de fortalecer sus proyectos de adopción, así como conocer los desafíos específicos a los que se verán enfrentadas:

“Va a parecer contradictorio pero creo que la evaluación técnica tiene que ser muy exigente y muy bien hecha para que realmente mida perfiles psicológicos o perfiles psiquiátricos relativamente estables”. (E2)

“Yo encuentro que ese proceso es fundamental, aunque una termine agotada”. (E10)

Siguiendo la línea anterior, otras entrevistadas concuerdan con que el proceso de evaluación de idoneidad debe ser altamente exigente e implicar la existencia de un esfuerzo, dado que está comprometido el cuidado infantil, y no la adquisición de un objeto. Una adoptante expresa haber experimentado una elevada gratificación al constatar que podía enfrentar y superar los desafíos que se le iban presentando, y argumentar las razones de su deseo de adoptar, lo cual puede reflejar la coexistencia entre la internalización de un paradigma más psicopatologizador y, al mismo tiempo, una forma de resistencia mediante la subversión de las lógicas competitivas que impone el dispositivo:

“A mí me gustaba tener que convencer, a pesar de lo duro, porque si fuera tan fácil como: ‘¿Usted es soltera?. Sí… Ah, ya… Postule aquí y allá… A ver… estos bebés están disponibles, ¿cuál quiere llevarse?’. No, no puede ser así. No puede ser fácil, y una persona con este deseo se las tiene que jugar un poco. A mí me da susto cuando las cosas se organizan de una forma tal que se convierten en un producto que está disponible en el mercado, porque la adopción es una cosa muy heavy como para que sea así”. (E7)

No obstante lo anterior, si bien la totalidad de las entrevistadas lograron adoptar, el momento de evaluación de idoneidad es percibido por ellas con una dificultad añadida por haberse sentido mucho más analizadas y “puestas a prueba”, e incluso consideran que probablemente se las citó a muchas más entrevistas que las que se citaría a las parejas:

“Yo me sentí muy analizada, para nada en igualdad de condiciones”. (E4)

“Recuerdo que me citaron muchas veces; yo pregunté, y a las parejas las citaban a pocas entrevistas”. (E7)

Algunas incluso mencionan que durante ese proceso emergieron diversos signos de malestar psíquico, tales como intensos sentimientos de ansiedad, soledad, impotencia y, en algunos casos, la sensación de haber sido víctimas de maltratos:

“No voy a decir nombres, pero el proceso es terriblemente maltratante. Hay que tener la capacidad de diferenciarse mucho de lo que piensan los otros y lo que uno realmente quiere, y quién es uno. Si no, yo creo que es imposible lograrlo porque te hacen pedazos en el camino”. (E9)

Por otra parte, coincidentemente con el planteamiento de Pena (2013), algunas adoptantes refieren que dentro del dispositivo de evaluación, el diagnóstico psicológico es determinante para obtener la idoneidad, descartar psicopatologías y contraindicaciones, y avalar sus potenciales competencias parentales:

“Lo que vale aquí es la entrevista psicológica, es la característica de personalidad”. (E4)

“Ellos quieren descartar que no seamos medio loquitas por el hecho de estar solteras siendo mayores”. (E10)

En relación con lo anterior, un grupo de entrevistadas no fueron declaradas idóneas en una primera instancia y fueron derivadas a tratamiento psicoterapéutico, luego del cual se realizó una revaluación y obtuvieron la declaración de idoneidad. En estos casos, se sintieron altamente frustradas por no obtener la idoneidad en un primer intento, pero refieren que luego intentaron “aprovechar” esta derivación coactiva a terapia para afianzar su decisión y prepararse mejor para la incorporación futura de un hijo, procurando sostener una perspectiva positiva ante las barreras que encontraban y la extensión temporal de los procesos. Algunas relatan haber abordado diversas temáticas en estos espacios terapéuticos, entre las cuales se cuentan: procesos de separación de parejas previas, elaboración de la soltería actual, elaboración de la elección o imposibilidad de no procrear hijos por la vía biológica, entre otros. En dichas narrativas, expresan una tensión entre el ajuste y la resistencia ante los discursos expertos del campo psi en torno a las pérdidas y los procesos de duelo que, se afirma muchas veces, subyacen a todo proyecto adoptivo, independientes de su especificidad.

Este juego de subordinación/resistencia se evidencia en la internalización más acrítica de los discursos expertos, o bien, en la interpelación que las entrevistadas realizan a dichos discursos desde posiciones más reflexivas:

“Fui a terapia porque todavía estaba presente en mí la cosa del divorcio… Me sirvió un montón para cerrar un ciclo […] de hecho, tuve que hablar con mi ex para poder preguntarle muchas cosas que necesitaba saber”. (E1)

“Hay algo que me hizo ruido en lo que me dijeron del duelo de infertilidad; en alguna parte tenían razón, aunque los duelos no se miden… ¿Qué hice mal?... ¿El duelo yo no lo he vivido?”. (E3)

Narrativas sobre el rol de los operadores del dispositivo del sistema de adopciones

En las narrativas de las participantes emergen recuerdos, imágenes y frases textuales enunciadas por profesionales del sistema adoptivo a lo largo de su proceso, en los cuales se evidencian prejuicios y prácticas discriminatorias:

“Para adoptar en forma soltera tú tienes que ser muy fuerte, porque en todos lados te dicen que no”. (E4)

“Yo siempre que iba a la Fundación X salía llorando porque me decían pesadeces”. (E5)

“Sentí a veces que me querían sacar del programa pero por una cosa de: ‘¿Tú eres sola?, un niño se merece un hombre y una mujer como papás, digamos, o una familia más grande’”. (E7)

Luego de atravesar por la valoración técnica de idoneidad, las entrevistadas identifican como agente clave en la determinación de sus casos y el tiempo de espera a la figura del Juez (habitualmente una Jueza) de Familia, quienes orientados por su respectivo criterio o ideología personal tienen un poder determinante, que muestra la discrecionalidad de la aplicación del marco legal vigente (Villalta 2012).

“Yo vi que funcionaba mucho al arbitrio del Juez o del Tribunal. No habían criterios compartidos, sino que una cuestión de si se era o no proclive a la adopción de mujeres solas. Ese tipo de cosas a mí me parecen espantosas”. (E8)

“Uno no sabe bien a qué atenerse, porque los jueces interpretan la ley un poco a su antojo. Y como son dueños de fundo, uno no tiene mucho que hacer tampoco. Es impresionante, impresionante”. (E9)

Para las entrevistadas, el peso de esta figura también impacta las prácticas institucionales y técnicas, en aquellos casos en que algunos operadores psicosociales, a pesar de no compartir el mismo posicionamiento, se someten a este marco y autoridad sin defender suficientemente con sus argumentos técnicos las determinaciones judiciales:

“El punto de quiebre es el criterio del Juez, principalmente, en la asignación […] Las instituciones a veces le tienen miedo a los jueces y te ponen en la cola por cumplir la Ley… pero la Ley está hecha para saber interpretarla”. (E2)

Como elemento adicional, las entrevistadas identifican que quienes gestionan y determinan los procesos son, en su mayoría, otras mujeres profesionales (juezas de familia, abogadas, psicólogas y/o trabajadoras sociales), situadas en lugares de poder dentro del dispositivo de adopciones, las cuales parecieran resguardar el cumplimiento de los cánones o modelos tradicionalmente instituidos en torno a la familia, la parentalidad y el rol de la mujer. En concordancia con Jociles, Rivas y Poveda (2012), algunas profesionales parecieran verse a sí mismas como “guardianas” del orden masculino dominante, lo cual se traduce en la necesidad de reforzar la existencia de la doble referencia madre-padre o mujer-varón. Al respecto, uno de los relatos adquiere carácter paradigmático, ya que la entrevistada esperó ocho largos años para poder adoptar, lo cual parece haber estado asociado a una grave irregularidad que se produjo en su caso. Según su relato, su expediente fue “cajoneado” intencionalmente por una operadora a cargo de gestionar su proceso, que se mostraba contraria a este tipo de adopciones. Esta situación expuso a la adoptante a una vivencia altamente dañina emocionalmente, frente a la cual decidió vehiculizar todos sus recursos y empoderarse en su calidad de ciudadana escribiendo una carta dirigida a un expresidente de la República, en la que denunciaba su situación discriminatoria y exigía una respuesta de parte del Estado chileno:

“Llamaba y mi carpeta no existía, mi legajo desapareció, lo escondieron. O sea, esta señora la escondió. Tuve la mala suerte que fuera una asistente social mayor, que no estaba de acuerdo con la adopción por parte de solteras, y ahí comenzaron los problemas […] Una amiga me dijo que mandara una carta al Presidente y la fui a dejar personalmente a La Moneda planteando mi situación de discriminación […] En principio me expresaron su molestia porque yo había mandado esta carta y les dije: ‘Ha pasado esto, esto, esto, no me parece correcto, no me parece justo’. Si a mí me dijeron que yo podía adoptar y que tenía todas las capacidades y estaba bien para adoptar, por qué entonces pasaban y pasaban los años… La verdad es que estaba con hartas ganas de ir a los medios porque encontraba que el nivel de discriminación fue tremendo”. (E5)

Sin embargo, otros agentes implicados en el dispositivo de adopciones operan de forma diferente. Aquellas adoptantes cuyos procesos fueron gestionados más recientemente destacan el encuentro con algunas profesionales ubicadas en espacios de influencia que intentan empoderarlas, legitiman y avalan sus proyectos de adopción, preocupándose por agilizar y disminuir los tiempos de espera:

“Yo te diría que fundamentalmente fue la Directora de la Fundación X la que me apoyó, porque en ese momento trabajaba de asistente social”. (E3)

“Los hitos importantes para que mi adopción fuera posible están asociados a personas y profesionales de buen criterio que te dan esperanza […] ella me dijo: ‘Quédate tranquila, tú vas a tener tu hijo’”. (E8)

Dichas experiencias de apoyo y legitimación asociadas a determinadas instituciones y/o profesionales no responden a una condición formalmente igualitaria (legal, institucional o técnica), sino que dependen de relaciones de contacto circunstanciales o de las ideologías personales de quienes azarosamente, gracias a la “buena suerte” o a su “buena voluntad”, se encuentran en los dispositivos institucionales y técnicos del sistema de adopciones:

“Me tocó una jueza que era pro adopción de solteras, y la suerte de que era súper religiosa, leyó mi autobiografía y quedó fascinada. Se fue un fin de semana con un grupo de amigos y en ese grupo había tres personas que me conocían […] Y decidió entregármelo a mí”. (E6)

De esta manera, la variabilidad y heterogeneidad de ideologías y criterios técnicos circulantes constituyen una traba adicional que vuelve poco equitativo el proceso, dejando a estas solicitantes a merced de una serie de factores inaccesibles de controlar, o bien, a la posibilidad (o no) de gestionar influencias en sus círculos sociales de pertenencia.

Pese a los obstáculos, trabas y exigencias del proceso, orientadas por su deseo y conscientes de estar contribuyendo a crear y validar un nuevo tipo de configuración familiar, las entrevistadas sostuvieron su decisión de adoptar y enfrentaron el trato diferencial y discriminatorio del dispositivo mediante diversas estrategias de resistencia (Jociles 2013; Rivas, Jociles y Moncó 2011) y “jugaron las reglas del juego”, para transformarlas sutilmente y abrir caminos para sí mismas y para otras mujeres. En palabras de una de las entrevistadas:

“Esta lucha no es sólo personal, sino que también le abre caminos a otras mujeres y sirve para pensar más ampliamente las familias, con menos prejuicios; por eso y por todo lo demás vale la pena y uno no se puede quedar con la duda, tiene que seguir adelante e intentar torcer la mano al destino”. (E8)

No obstante, a diferencia de otros países donde las madres adoptivas monoparentales son políticamente activas y se han comenzado a agrupar como colectivo a través de organizaciones, buscando visibilizar su experiencia, sus derechos y sus capacidades (Hertz, Rivas y Jociles 2016), en Chile estas prácticas de resistencia aún permanecen acotadas al campo de lo privado y personal.

Conclusiones

Tanto la normativa vigente en materia de adopciones como los dispositivos institucionales y técnicos restringen sustancialmente la probabilidad de adoptar de estas solicitantes e impactan su subjetividad y autodefinición. Los ejes narrativos analizados reflejan la tensión entre los dispositivos de intervención y las prácticas de resistencia expresadas de múltiples y heterogéneas formas, no siempre explícitas ni conscientes, pero que van posibilitando cambios de posiciones y estatus, mayores capacidades de agencia y empoderamiento (Mannis 2008; Rivas, Jociles y Moncó 2011; Salvo Agoglia 2016).

Aun cuando la totalidad de las entrevistadas pudieron concretar su deseo de adoptar, puede apreciarse que diversas condiciones y prácticas del dispositivo adoptivo desincentivan y obstaculizan este tipo de adopciones, por cuanto las sitúan legal, ideológica y técnicamente en desventaja con relación a los postulantes matrimoniales, dejando sujetas sus posibilidades al encuentro afortunado con algunos profesionales que orientados por sus creencias faciliten dichos procesos, lo que revela la grieta de un sistema donde los aspectos ideológicos pueden ser críticos frente a lo técnico.

A su vez, los criterios técnicos están aún fraguados en modos de subjetivación patriarcal (Tajer 2012). La jerarquización establecida mediante el orden de prelación legal vehiculiza la ideología que sostiene que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de ejercer la parentalidad adoptiva, independientemente de que el resultado de las evaluaciones destinadas a acreditar su idoneidad sea positivo. La licitud particular de la normativa chilena vigente al respecto y la validación diferencial establecida desde los ordenamientos sociales y de género dominantes afectan el entorno social, familiar y la relación que estas mujeres establecen con las instituciones y los profesionales del campo jurídico y psicosocial, así como los impactos subjetivos que tiene el paso por estos dispositivos y la posición activa que asumen frente a estos.

Coincidiendo con las propias reflexiones de una de las entrevistadas, es posible hipotetizar que muchas solicitantes monoparentales quedan en el camino por resolución de los equipos técnicos, de los Jueces de Familia, o bien, porque no les es posible sostener la sobreexigencia, la presión y el trato diferencial y muchas veces discriminatorio a los que se ven enfrentadas en estos procesos. Quizás, un colectivo invisible de mujeres potencialmente interesadas en adoptar desestima de antemano este camino, ya sea anticipando los arduos obstáculos para alcanzar la realización de este deseo vía la adopción, o bien, porque desconoce que existe la posibilidad de adoptar, dado que todas las campañas comunicacionales de adopción de organismos públicos y privados muestran siempre imágenes de una tríada compuesta por madre, padre e hijos. Para futuros estudios resultaría interesante entrevistar a quienes han quedado fuera de las posibilidades de adoptar. Podría pensarse que un número mayor de mujeres decidirían adoptar monoparentalmente si tuvieran la certeza de que tendrán un trato más equitativo a lo largo del proceso.

Por otra parte, a partir del análisis de las narrativas de las participantes, se identifica cómo los dispositivos jurídico-judiciales, institucionales y psicotécnicos del sistema adoptivo continúan siendo garantes del paradigma moderno de familia tradicional. En los relatos de las entrevistadas aparecen en escena agentes que, esgrimiendo la garantía del Interés Superior del Niño, u orientados por prejuicios, estereotipos y dogmatismos, determinan la trayectoria adoptiva de estas mujeres, resguardando así representaciones convencionales que consideran a priori que una familia biparental constituye una mejor opción para aquellos niños susceptibles de adopción. De esta forma, aún se sostiene una imagen deficitaria o carencial de la monoparentalidad que regula el acceso a la monoparentalidad adoptiva, contribuyendo a aumentar la ambivalencia y la tensión subjetiva de estas mujeres, que terminan pagando elevados costos emocionales y atravesando experiencias desgastantes que las dejan al límite de sus fuerzas.

La “ceguera” ante el ordenamiento familiar y de género dominante puede ser contrarrestada mediante el ejercicio constante de una actitud de vigilancia epistemológica (Bourdieu, Chamboredon y Passeron 2002), que examine críticamente las condiciones y los límites de la validez de teorías, técnicas y conceptos, desmontando creencias y discursos dados. En el campo de la adopción, estamos asistiendo a un momento caracterizado por una mayor consciencia y sensibilidad, que requiere que el conocimiento salga de sus propios límites culturales e institucionales para ser confrontado y compartido por una realidad que está cambiando y que pone nuevas interrogantes (D’Andrea 2009). En este sentido, la especialización en materia de adopciones debe permitir vigilar las dudas e interrogantes, así como sus ausencias, llevando a cabo una reflexión sobre las nociones teóricas preexistentes, contrastándolas con saberes de otras disciplinas y estando dispuestos a sobrellevar la sorpresa y la incógnita de cada caso que se presenta (Giberti 2010).

El conocimiento y el discurso expertos -producidos especialmente desde el campo psi- sobre las formas familiares y las relaciones de filiación y cuidado debieran considerar las transformaciones más amplias de la familia, a fin de no forzar la psicopatologización de nuevos emergentes sociales, evitando establecer sospechas a priori respecto de la diversidad familiar contemporánea. Sin perder de vista que nos encontramos ante un proceso impreciso, deberían atender a la singularidad de cada caso en particular e, independiente de la estructura familiar de los solicitantes, determinar su idoneidad para hacer frente a una adopción valorando qué perfiles de niños podrían asumir con mayor éxito, incluso replanteándose que algunas características a priori consideradas menos deseables podrían satisfacer las necesidades de algunos en particular (Rosser Limiñana y Moya Mira 2001). Esto no implica que, aun cuando política e ideológicamente se pueda estar a favor de que una mujer adopte de manera individual, exista la responsabilidad ética y profesional de identificar lo psicopatológico que pueda presentarse en dicha situación, en caso de que aparezca, como en cualquier otra situación de parentalidad (Tajer 2012). Por ello, tampoco se podría afirmar de manera generalizada que todas aquellas postulantes monoparentales declaradas no idóneas fueron discriminadas con base en prejuicios y estereotipos de los técnicos, ni menos restar importancia a la necesidad de contar con procesos de evaluación de idoneidad rigurosos.

Respecto a las proyecciones del estudio, resultaría interesante entrevistar en futuros trabajos a aquellas entrevistadas que han quedado fuera de las posibilidades de adoptar, y realizar entrevistas en mayor profundidad a operadores del sistema judicial y técnico. Asimismo, se considera clave la diseminación de los resultados, no sólo en medios académicos y revistas científicas, sino también a través de la transferencia hacia instituciones públicas y privadas, operadores del sistema de adopciones, para servir como elemento disparador del análisis y la reflexión en torno a las ideologías, los prejuicios y teorizaciones propios que orientan las actuaciones institucionales y técnicas. Junto con ello, es fundamental su difusión entre actores de la sociedad en general, incluidas las propias adoptantes, a fin de impulsar a quienes lo decidan voluntariamente a agruparse y avanzar hacia una mayor organización y participación política.