Tipo de artículo: de investigación

La masacre del Palacio de Justicia
Ejemplo emblemático del Terrorismo de Estado en Colombia (6-7 de noviembre de 1985)²

The massacre of the courthouse.
An Emblematic example of state terrorism in Colombia (November 6^th and 7^th, 1985)

Por: Renán Vega Cantor¹

¹ Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Editor Revista CEPA. Galardonado en América latina con el Premio Libertador (2008). Contacto: rvega@upedagogia.edu.co; colombiacarajo@hotmail.com.
² En memoria de Cristina Guarín, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y quien fue secuestrada, torturada, asesinada y desaparecida durante largos 30 años por los "paladines" (nunca fue tan literal ese nombre, por los apodos de los militares que dirigieron la "operación Rastrillo" en 1985) del Terrorismo de Estado.

Recibido: julio de 2015 Revisado: octubre de 2015 Aceptado: noviembre 20 de 2015

Resumen

El presente texto presenta un estudio sobre la conocida Toma del palacio de Justicia de Colombia por parte de la insurgencia del M-19 y la posterior retoma del Ejercito Nacional; allí se configuró una masacre que es necesario no solo recordar sino analizar luego de 30 años de haber ocurrido el hecho (6 y 7 de noviembre de 1985), que marcó la historia de Colombia. Este sangriento episodio, se constituyen en un laboratorio para entender los mecanismos que caracterizan el terrorismo de Estado a la colombiana ¿qué ocurrió realmente?

Palabras clave: Terrorismo de Estado, masacre, derechos humanos, derecho internacional humanitario.

Abstract

This paper presents a study on the known Storming of the Palace of Justice of Colombia by the insurgency of the M-19 and the subsequent retake of the National Army. There a massacre was set up, which is necessary to not only remember, but to analyze the fact, after 30 years of its occurrence (November 6^th and 7^th, 1985), which marked the history of Colombia. This bloody episode becomes a laboratory for understanding the mechanisms that characterize the Colombian state terrorism. What was it that really happened?

Key words: State terrorism; Massacre; Human rights; International Humanitarian Law.

Introducción

El 6 de noviembre de 1985 a las 11:30 de la mañana, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, con la pretensión de efectuarle un juicio público al gobierno de Belisario Betancur por su incumplimiento de los acuerdos de paz, firmados un año antes. La reacción de las fuerzas represivas del Estado colombiano fue brutal y después de 28 horas retomaron el Palacio, tras haberle prendido fuego a la edificación, y dejar un centenar de muertos, luego de lo cual procedieron a secuestrar a doce personas, que inicialmente fueron trasladadas a la Casa del Florero, y de allí fueron conducidas a instalaciones militares, en donde se les sometió a torturas y luego se les desapareció, como en la noche de niebla del nazismo.

La trampa

La toma del Palacio de Justicia el miércoles 6 de noviembre sorprendió a muchos colombianos, menos a la cúpula de las Fuerzas Armadas, que sabían de esa acción, pero habían facilitado las cosas para que el M-19 cayera en la trampa, o en la "ratonera" como la calificaron algunos. No se está hablando de suposiciones o conjeturas, puesto que existen documentos que prueban que con antelación se sabía de lo que pensaba hacer el M-19, como lo confirma la información de prensa en las semanas previas. Por ejemplo, el día 18 de octubre al unísono los periódicos El Siglo, El Tiempo, El Bogotano y Diario 5 PM informaron que se había descubierto un plan del M-19 para ocupar el Palacio de Justicia (Diario 5 PM, 1985) (El Bogotano, 1985) (El Tiempo, 1985) (El siglo, 1985).

Aún más, el propio Ministro de Defensa, el General Miguel Vega Uribe, leyó en su intervención en el Senado en diciembre de 1985 un texto anónimo que había recibido el Comando General de las Fuerzas Armadas y que decía: "El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre, cuando los magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo; harán fuertes Exigencias al gobierno, entre ellas el tratado de extradición" (General Miguel Vega Uribe, 1986)

Incluso, desde agosto ya los organismos de inteligencia del Estado sabían de la incursión del M-19, como lo ha confirmado la Fiscalía (Revista Semana, 2007).

Adicionalmente, en el año 2010 se descubrió un documento secreto del Ejército, que fue redactado ocho días después de la masacre del Palacio de Justicia, el 15 de noviembre de 1985, en donde se informa que "los antecedentes relacionados y las comunicaciones enviadas por los comandos superiores permitieron alertar a la Decimatercera (SIC) Brigada y mantener unidades de reacción con capacidad de operar rápidamente" (Laverde Palma, 2013).

Esto comprueba que las Fuerzas Armadas sabían lo que iban a suceder y se habían preparado para enfrentarlo, de la forma brutal como lo hicieron y por eso pusieron en marcha la "Operación Rastrillo", como denominaron la recuperación del Palacio de Justicia, por lo que se entendía en la acción cotidiana del Ejército ir "de puerta en puerta, de casa en casa, disparando primero y averiguando después" (Carrigan, 2009, p. 221).

Ante esos anuncios, en lugar de reforzarse la vigilancia del Palacio a este se le quitó la protección policial antes del 6 de noviembre. Es decir, que en forma premeditada las Fuerzas Armadas dejaron abierto el camino para que entrara el M-19, porque ese era precisamente el objetivo, tenderle una trampa con el fin de aniquilarlo militarmente, como en efecto lo hicieron. Era encerrarlos en una ratonera, porque el Palacio estaba diseñado de tal manera que, con solo dos puertas de entrada, quien se lo tomara luego no podría salir fácilmente y podía ser acorralado y exterminado, sin vías de escape. Una comisión tan poco seria como la mal llamada Comisión de la Verdad reconoce como muy plausible la hipótesis de la "ratonera" (Gómez, Herrera, & Pinilla, 2010, p. 104-105.).

Esto se entiende si se recuerda que desde 1980 el Ejército había puesto en marcha el Plan Tricolor, que tenía como finalidad explicita liquidar militarmente al M-19, que lo había humillado con el robo de armas al Cantón Norte a fines de 1978 y en otras acciones audaces en varios lugares del país. Según el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien dirigió las operaciones en el Palacio de Justicia, ese Plan Tricolor "no preveía el rescate de rehenes, tenía los lineamientos para actuar sin demora y con resultados decisivos"(Calle, 2015).

Pero, además, el M-19 se equivocó, calculó muy mal la situación a finales de 1985. Pensaba en forma ingenua que a la luz pública podría ser juzgado el gobierno de Belisario y eso no iba a generar mayores reacciones, porque suponía que el régimen negociaría de buenas a primeras.

Tampoco entendió que la historia no se repite y no podía replicarse lo de la Embajada de la República Dominicana, cuando luego de dos meses salieron triunfantes hacia Cuba. Así mismo, olvidaron que no todos los rehenes tienen la misma importancia para el Estado. Una cosa es tener en su poder a Embajadores como el de Estados Unidos, Israel o Suiza y otra distinta a magistrados, que no tienen mayor interés para el Estado colombiano y menos para las Fuerzas Armadas.

Como no entendió esos asuntos, el M-19 se dejó arrastrar a la trampa que se le había tendido e incursionó en el Palacio de Justicia, el lugar donde menos seguros podían estar, porque allí se encontraba la sede, entre otras instancias judiciales, del Consejo de Estado, una entidad que a comienzos de 1985 había recibido amenazas, que seguro procedían del Ejército, en las que se aseguraba:

Después que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan mentado caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el Consejo de Estado es una corte llena de títeres extranjeros, títeres estos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado -fallo- no es en buena parte debido a la intervención y a la manipulación comunista que se ha dado al caso. (Maya, 2010).

Con estos antecedentes y sabiendo que el Ejercito estaba preparado para la toma, no sorprende que apenas se produjo haya actuado en forma inmediata con un gran poder de juego, ya que se emplearon tanques cascabel, rockets, helicópteros, granadas, bombas, y se usaron para atacar el palacio unos tres mil soldados, policías y personal de los servicios secretos del Estado e incluso se trajo tropa de Villavicencio, como lo comprueba un documento secreto del Ejército. (Laverde Palma, 2013).

Se bombardeó literalmente el Palacio, como quedó registrado visualmente en la grabación de TV, en donde se dispara un rocket en las horas de la noche del 6 de noviembre, desde el centro de la Plaza de Bolívar. Ese rocket produjo un boquete en una pared fortificada. Según afirmó el magistrado Humberto Murcia Ballen: "Ya era más de media noche y el ataque de afuera hacia adentro era cada vez más fuerte. Un impacto, tal vez de un cohete o de un rocket, prácticamente tumbo la pared del baño. Ahí quedaron todos al descubierto, por lo menos los que conservamos la vida, porque el golpe fue tan tremendo que muchos de los 60 rehenes que allí estaban quedaron muertos" (El Tiempo, 1985).

Como los planes de los altos mandos militares eran claros, se trataba de arrasar el Palacio y matar a los que estaban adentro, impidieron que se entablara algún tipo de dialogo, demoraron la entrada de un delegado de la Cruz Roja, no dejaron ingresar un carro de bombero para sofocar el incendio y bloquearon cualquier interferencia "civil" que pudiera obstaculizar sus planes. Al respecto, el General Rafael Samudio, que respondía al alias de Paladín 6, ordenaba a través de sus comunicaciones por radio teléfono: "Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente estamos en toda la libertad de acción y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar a consolidar y acabar con todo". (El Espectador, 1986).

La acción del Ejército fue demencial, no hubo ninguna planeación, ni intención de preservar la vida de los rehenes. Se disparó a diestra y siniestra, sin medir las consecuencias, porque justamente de lo que se trataba era de aniquilar físicamente al M-19, sin importar que se viniera la edificación abajo o que se incendiara -como en efecto sucedió- y que murieran todos los que estaban adentro. Eso lo confirmó días después, el Comandante en Jefe del Ejército de Colombia, Rafael Samudio, desde Chile, orgulloso por la actuación de las Fuerzas Armadas, porque "se pudieron salvar las instituciones y darle un ejemplo al mundo de cómo se debe actuar en la lucha antiterrorista" (El Espectador, 1985).

El ataque a los magistrados tampoco era improvisado, puesto que muchos de ellos habían sido acusados de ser enemigos de las Fuerzas Armadas por sus investigaciones contra miembros involucrados en violaciones por torturas hasta el punto que a Manuel Gaona Cruz lo consideraban como subversivo y había soportado seguimientos por parte de agentes de inteligencia del Estado, debido a que era un defensor de derechos humanos.

A la larga, el Ejército pudo liquidar al mismo tiempo tres obstáculos incomodos: a los magistrados que llevaban casos de violaciones de derechos humanos realizados por las Fuerzas Armadas, al comando del M-19, con altos dirigentes a bordo, y a los testigos directos de la masacre. En forma franca, y sin eufemismos castrenses, el general Arias Cabrales, al responder a un coronel que le había informado sobre la cantidad de gente que había en un baño del Palacio, a donde por el incendio y el acoso de la tropa se habían tenido que congregar algunos guerrilleros, magistrados y otros rehenes, dijo: "No puede ser que haya tanta gente en el baño, y si la hay, no importa, les hacemos un monumento después. ¡Vuélenlo!" (Maya, 2010).

Esta frase lapidaria resume en forma sintética el irrespeto por la vida humana que desplegaron las Fuerzas Armadas de Colombia, violando los más elementales principios del derecho de gentes, como lo manifestó el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez: La ofensiva demostrada por el ejército no podía tener como objeto la protección de los rehenes, sino, por el contrario, afianzar la capacidad de ataque de las Fuerzas Armadas. [...] El derecho de gentes tiene carácter consuetudinario, no escrito, y se basa en los valores jurídicos y sentimientos humanitarios de los pueblos civilizados y en la práctica que ellos han ido generando a lo largo de la historia. Todos estos comparten el deber de respeto a la vida e integridad personal de los presos políticos de guerra y de los heridos tanto de las Fuerzas Armadas, como de los rehenes enemigos en poder propio. El artículo 121 de la Constitución Política establece que bajo el estado de sitio, que entonces y desde antes de los hechos de la toma del Palacio de Justicia vivimos por obra del Decreto número 1038 de 1984 (mayo 1º), el gobierno tiene, además de las facultades legales, las del Derecho de Gentes (Su defensor, 1995).

Metodología

Cuando se cumplen 30 años de esta masacre, es necesario recordar y analizar este sangriento episodio, porque los acontecimientos de los días 6 y 7 de noviembre -y todo lo que allí se desencadenó- se constituyen en un laboratorio para entender los mecanismos que caracterizan el terrorismo de Estado a la colombiana. Además, la masacre del Palacio y la impunidad oficial que la ha acompañado durante estas tres décadas abrió el camino a que se generalizara el terrorismo de Estado en Colombia, con las masacres, exterminio de la Unión Patriótica, desapariciones, "falsos positivos", alianzas entre las fuerzas armadas y los paramilitares, y un interminable registro de hechos macabros, que hoy gravitan sobre todos nosotros.

Para desarrollar el presente texto, se desarrollaron cuatro momentos metodológicos: uno: el análisis de bibliografía especializada que permitirá identificar referentes temáticos que permitan mejor comprende el contexto y los hechos a analizar y recordar; dos: el análisis de los registros oficiales y extraoficiales de prensa, archivos, expedientes, procesos, estadísticos de fuentes institucionales que dan cuenta de los detalles de este hecho, para identificar vínculos con diversos sectores de la sociedad, actores amados e institucionales, fuerzas políticas, entre otros; tres: rastreo de prensa local, regional y nacional que permitieron obtener y sistematizar información sobre límites y dinámicas de los poderes locales y nacionales, así como la responsabilidad de la fuerza pública, actores que intervienen en el desarrollo de esta realidad; cuatro: testimonios.

Resultados

Censura de prensa y futbol o "Circo y Plomo"

Desde el mismo momento en que el comando del M-19 ingreso a las instalaciones del Palacio de Justicia, las cadenas radiales iniciaron la transmisión en vivo y en directo de lo que allí sucedía.

Entre los hechos más memorables de esa transmisión se encuentran las declaraciones que, vía telefónica, concedió el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandia, en donde con voz dramática dijo:

Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan... Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo... Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes... He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él no está. No he podido hablar con él (Revista Semana, 2015).

Ese mensaje se repitió gran cantidad de veces. En lugar de escuchar el llamado angustioso del magistrado, la Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada, procedió a prohibir que las emisoras transmitieran en directo entrevistas, comunicados o cualquier información relacionada con los operativos militares que se adelantaban en el Palacio de Justicia y se dejó de escuchar la voz de Reyes Echandia. De manera inmediata se impuso la censura y la autocensura. Al respecto vale recordar lo que sucedió en RCN, donde su flamante director, Juan Gossain, censuró a un joven redactor económico, de nombre Tony Pombo, quien al mediodía le comentó que un familiar suyo, un militar, le había dicho que el Ejército se iba a tomar el Palacio por el techo y le preguntó si esa noticia se iba a transmitir. Al respecto Gossain afirma: "Déjenme pensar cinco minutos, le contesté. Ese fue el momento más terrible. Decidí que la noticia no iba. Primero porque podíamos hacer un daño monstruoso, si dejaba de contarlo, no le estaba negado ninguna información al país. [... ] Tony Pombo, con la inocencia de los pelaos vino y me dijo, ¿Se da cuenta? No me dejó echar la noticia y lo mismo hubo 200 muertos. "!Sí, Pero no por cuenta suya pendejo¡. Esa es la diferencia" (Salamanca, 2013).

¡Un nítido ejemplo de ética periodística y de defensa de la libertad de expresión!

Hasta la "Comisión de la Verdad" sostiene con respecto a la Censura de Prensa que, a las seis de la tarde del 6 de noviembre, "Yamid Amat recibió la llamada de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aun cuando no había resolución, era una orden. Él contestó que lo haría si los demás medios lo hacían. La ministra le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al Ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores" (Gómez, Herrera, & Pinilla, 2010, p. 140).

Apenas se suspendió la transmisión de lo que sucedía en El Palacio de Justicia, se dio paso a este trascendental anunció: "¡Atención, colombianos! ¡Tenemos noticias de la mayor importancia para toda la Nación! Los partidos de fútbol programados entre Millonarios y Unión Magdalena, aquí en la capital, y entre América y Nacional en Medellín sí tendrán lugar, según lo programado" (Carrigan, 2009, p. 161).

El futbol pasaba a usarse para distraer a la gente de los crímenes que el Ejército llevaba a cabo en el Palacio de Justicia. En este caso, parodiando la máxima romana, no hubo Pan y Circo, sino Circo y Plomo.

Las transmisiones de los locutores de ese partido tuvieron un tono muy acorde con lo que sucedía en el Palacio de Justicia, cuando arreciaban los bombardeos del Ejército, desde afuera y desde adentro. Vale la pena recordarlas:

"Fue necesario un violento taponazo de Juan Carlos Díaz a los ocho minutos del complemento, para entregarle otra fisonomía a un partido que iba camino a la desesperación albiazul. Millonarios ganó 2-0 al Unión Magdalena anoche en El Campin al abrirse el octogonal final por el título, pero antes tuvo que soportar la desidia de un equipo que vino con el único deseo de defenderse, de especular, en busca de un empate sin goles... Por eso, aquel "riflazo" de Díaz fue un premio justo para el conjunto que mostraba inmensos deseos de gol... Siempre se dirá que jugar al empate es un riesgo demasiado costoso. Porque entregarle todo el peso del partido al rival conlleva arriesgar la vida en cada avance..." (Peña, 1986, p. 296).

En forma cínica, a los pocos días Belisario Betancur felicitó a los medios por haberse dejado censurar, sin ofrecer mucha resistencia: "Sea este el momento de agradecer a los medios de comunicación la forma ponderada, tranquila y patriota como han venido llevando a la nación y al mundo el detalle de los acontecimientos" (Ospina, 2012) Por supuesto, el diario El Tiempo, no se podía quedar atrás en impulsar tres días después de la masacre el silencio y la impunidad, cuando se empezaban a escuchar las primeras denuncias de los familiares de las personas que habían salido vivas y no aparecían: "Lo que sí es absurdo es tomar abierta posición contra el gobierno, contra el Ejército, contra todo y proclamar a grito herido que dichos desaparecidos fueron víctimas de las autoridades" (Peña, 1986, p. 206).

Golpe de Estado exprés

Durante las 28 horas que transcurrieron entre el momento en que se inició la toma del M-19, hasta la recuperación total por parte de las Fuerzas Armadas, se presentó un auténtico golpe de Estado, pues el poder real y el manejo de la represión corrió por cuenta de los militares. Realizaron la operación en forma independiente, sin atender los balbuceos de Belisario Betancur -que en realidad fueron pocos, pues este permaneció en silencio y prácticamente secuestrado en el otro

Palacio, en el presidencial

Las pruebas históricas que confirman el golpe de Estado son contundentes, entre las que se pueden mencionar las comunicaciones internas de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que procedieron a arrasar el Palacio, sin preocuparse por lo que se podía decir desde el Palacio Presidencial. Por ejemplo, en una de esas comunicaciones decía un militar que se camuflaba bajo el alias de Ariete 6: "La idea es localizar a los chusmeros esos y en la oficina inmediatamente de encima, si es posible, colocar la carga para abrir un roto, y por ese roto aventar granadas y fumíguelos y lo que sea" (El Espectador, 1986).

La otra evidencia la proporcionan las actas del Consejo de Ministros del 6 de noviembre y los días subsiguientes, en donde Belisario Betancur y sus ministros se plegaron a las acciones de los militares y en forma cobarde y sumisa el propio Belisario decidió asumir la responsabilidad de lo que había sucedido. Es decir, el presidente en persona aceptó los hechos cumplidos que llevaron a cabo los militares, dando la impresión ante la opinión pública que él había sido el amo y maestro de la situación, cuando eso no fue así. En la reunión del 7, en las horas de la mañana, Enrique Parejo González, Ministro de Justicia, manifestó que tenía "la sensación de que el Consejo de Ministros no fue suficientemente informado sobre el desarrollo de los operativos militares" (Durán & Medellín, 2015).

Como una muestra de cinismo extremo, Belisario Betancur dijo, como para dejar una constancia absolutamente mentirosa para la historia: "Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República, que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar" (Barrios Mendivil, 2015).

Esta declaración burocrática no puede ocultar, como lo dice el tribunal de Bogotá en el fallo que ratificó la condena contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, que se realizó "un golpe de Estado transitorio por parte del Ejército, cuyos principales agentes [...] no permitieron que el presidente (Belisario) Betancur escuchara ningún pedimento del grupo ilegal [...]. Detrás del control absoluto del mandatario se observa un manejo irregular dado por la institución castrense al operativo, al ocultar información que hubiera podido disminuir graves consecuencias" (El Tiempo, 2015).

Por su parte, Belisario Betancur recurriendo a un argumentó sofistico sostuvo: "El Gobierno no puede negociar lo que no es negociable: la respetabilidad de nuestras instituciones" (Pulzo, 204) Como quien dice, para defender la democracia, maestro (el lema del famoso coronel Plazas Vega), era necesario facilitar que la cúpula del Poder Judicial fuera masacrada y que se asesinara, torturara o desapareciera en total a más de cien colombianos. Pero al mismo tiempo, Belisario sostuvo, que durante el tiempo de la toma del Palacio tuvo "una permanente ilusión obsesiva: que la Providencia nos permitiera rescatar con vida a todos los rehenes" (Jimeno, 1989, p. 123).

Difícil creer que Dios le iba a hacer el favor de proteger la vida de los cautivos del Palacio de Justicia, cuando los militares actuaban a sus anchas sin ningún tipo de control. ¡Al fin y al cabo, Dios no hace milagros! Después de la masacre del Palacio, lo que no es un detalle menor, Belisario afirmó que "para ser buen estadista hay que ser buen carnicero", lo cual en el caso de él no se reduce a esos acontecimientos, puesto que también estuvo involucrado en la masacre de doce trabajadores en Santa Bárbara, Antioquia, el 23 de febrero de 1963, cuando se desempeñaba como Ministro de Trabajo, y antes en el incendio de la población liberal de Ríonegro en 1953 participando en los grupos fascistas que se hacían llamar "camisas negras" y antes en el incendio de las casas de la familia López y Lleras en Bogotá en 1952. Como quien dice, Belisario ha sido un pirómano y un carnicero de larga duración, desde su temprana juventud, cuando ya se preparaba para ser "estadista", desde las toldas laureanistas de la extrema derecha.

Torturas, asesinatos y desapariciones

Recientemente se ha difundido la noticia que se abrió un nuevo frente judicial sobre el caso del Palacio de Justicia, que corresponde a las torturas, que se une a otros dos delitos de lesa humanidad, a las desapariciones y a los asesinatos fuera de combate. Es diciente de la "velocidad" de la justicia colombiana que eso suceda tres décadas después de los acontecimientos, cuando desde 1985 ya se conocían testimonios de personas que fueron torturadas y quedaron vivas para contarlo, como de militares que desde el anonimato llamaron a familiares de los desaparecidos y les relataron con detalles los tormentos que habían soportado sus seres queridos antes de ser borrados de la faz de la tierra.

Al respecto valga recordar que a lo largo de estos treinta años dos testimonios se han mantenido inmodificables en lo atinente a las torturas, porque esas personas las sufrieron en carne propia.

Esos testimonios corresponden a los estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo. En repetidas ocasiones ellos han descrito la forma como fueron torturados. Hace poco Eduardo Matson volvió a recordar esas torturas:

"Un grupo de hombres vestidos de civil lo jalaban del pelo para verle la cara, le gritaban que era un guerrillero. Lo molieron a patadas y puños. Tirado en el piso de un cuarto frío, después de la paliza, Eduardo Matson escuchaba gritos que provenían de una habitación contigua: "Ay, no me peguen", suplicaba una voz femenina que Matson reconoció como la de Yolanda Santodomingo". "Todo el que iba entrando nos pegaba patadas y nos cogía del pelo y nos decían 'guerrilleros hijueputas'", afirmó Eduardo Matson (El Espectador, 2015)

Por su parte, Yolanda Santodomingo recuerda el "trato especial" que le dieron en la Casa del Florero el 7 de noviembre de 1985:

"Me sacaron agarrada del pelo, con la pistola en la nuca. Ahí empezaron los "cariñitos": "Corre perra hijueputa que hay un francotirador que te va a disparar. Corre, que si no te dispara él, te disparo yo".

El capitán que está en la foto me acompañó siempre. Él nos entregó en la entrada de la Casa del Florero. Había mucha gente allí que yo acababa de ver en la cafetería y en la oficina. No había visto mucha gente más en el Palacio. Después, en una declaración, me preguntaron que cómo los reconocí. Y les dije: "Sencillo, por las ropas".

Me subieron al segundo piso y me dejaron en una esquina contra la pared y sentada. En las mismas condiciones estaba Eduardo. Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían "perra hijueputa, guerrillera". Todas las botas negras pegaban durísimo y se ensañaron con mi riñón derecho. Me preguntaban que en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada Dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas. Estando ahí me vendaron y me llevaron para donde alguien para que me reconociera. Luego me dijeron que habían encontrado la cabeza de Rafael Urrego, mi profesor, y que él era de la guerrilla. Después dijeron que lo habían encontrado y que había dicho que no me conocía. [...] Me sacaron de la Casa del Florero y me montaron en una camioneta. Al lado iban unos muchachos con uniforme de colegio militar y con fusiles.

Y subieron a Eduardo. Adelante iba el capitán que me había entregado en la Casa del Florero. Nos llevaron para una dependencia de la Policía en la Caracas con segunda sur.

Había unos ocho policías. Era de noche y teníamos que andar con la cabeza abajo. Nos pegaron culatazos y nos putearon. Allí nos hicieron la prueba del guantelete (para detectar pólvora) y al capitán le dijeron que había salido negativa. Pero él les respondió: "No importa".

De nuevo nos subieron a la camioneta y fuimos por carretera destapada más hacia el sur. A Eduardo lo acostaron en la silla y a mí me tiraron al piso. Llegamos a lo que después supe que era el Charry Solano (batallón de inteligencia).

Nos vendaron los ojos y nos bajaron de la camioneta. Hasta ahí todo el tiempo me decían que me iban a matar. Donde estábamos se oían gritos. "Lo que estás escuchando son personas que no han querido colaborar", me dijeron". (Millan, 2008.)

En cuanto a los asesinatos fuera de combate, existen numerosos testimonios de testigos directos, menciones en los programas radiales de la época, videos que demuestran que hubo personas que salieron vivas del Palacio, fueron asesinadas y luego fueron nuevamente introducidos en las instalaciones del humeante edificio. Al respecto están los casos de los guerrilleros que salieron con vida, como Andrés Almarales y Luis Otero, según las comunicaciones internas de los comandantes militares de la Operación Rastrillo. En esas comunicaciones, el Ministro de Defensa en persona, General Miguel Vega Uribe, camuflado con el Alias de Coraje 6 decía: "a ver, que entre los que salen de retenidos, no se nos vayan a mezclar", a lo que Paladín 6, el general Rafael Samudio, contestaba: "Si porque inclusive tenemos una información de que Otero se nos salió con la cedula de muerto, pero, pero, bueno... y Almarales está herido y que lo llevaron a una unidad de P.M" (Peña, 1986, P.172)

Sobre este mismo hecho, en el Senado de la República el senador José Ignacio Vives denunció que a "Almarales lo sacaron mal herido del Palacio y lo introdujeron a un furgón y mientras le daban la vuelta a la manzana, lo asesinaron a sangre fría, para luego por la carrera 8a. introducir su cadáver por la puerta del parqueadero y sacarlo nuevamente por la puerta principal en una camilla como si lo hubieran dado de baja en el combate" (El Espectador, 1985)

También está el caso del magistrado Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio, para más señas cojeando, como quedó registrado en imágenes de televisión, pero luego apareció muerto en el interior del Palacio, con un tiro de gracia en la sien. En el 2007, en los archivos del B-2 de la Brigada 13, fue hallada la billetera de Urán, con sus papeles de identificación, atravesada por un disparo, junto con una lista marillenta y envejecida con el título de "Guerrilleros del M-19 dados de baja en combate", en donde aparecían los nombres de los magistrados Manuel Gaona Cruz y Carlos Urán, que habían sido agregados a mano (Coronel, 2007) (El Tiempo, 2007)

En lo que respecta a los desaparecidos, están las 8 personas que trabajaban en la cafetería, 3 visitantes circunstanciales del Palacio, más la guerrillera Irma Franco. De ellos, nos han quedado sus nombres: Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la Cafetería; Cristina Guarin Cortes, cajera de la cafetería y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional; David Suspes Celis, chef; Bernardo Beltrán, barman y mesero; Luz Mary Portela León, que reemplazaba ese día a su madre, que estaba enferma; Héctor Jaime Beltrán, mesero; Gloria Stella Lizarazo, manejaba el autoservicio; Ana Rosa Castiblanco, de 38 años y con embarazo de 8 meses, ha sido la única cuyos restos fueron identificados en una fosa común de Bogotá, el 7 de julio de 2001. Junto con estos trabajadores de la cafetería, desaparecieron además Norma Constanza Esguerra, proveedora de Pastelería; Gloria Anzola de Lanao, una abogada que solía estacionar su automóvil en el parqueadero del Palacio de Justicia; y Lucy Amparo Oviedo de Arias, que esa mañana tenía concertada una cita con Alfonso Reyes Echandía, y lo esperaba en la Cafetería. En el curso de estos treinta años se han encontrado los restos de Ana Rosa Castiblanco y recientemente los de Cristina Guarin, Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, pero al mismo tiempo, con esos hallazgos han desaparecido otras dos personas, María Isabel Ferrer y Libia Rincón Mora, por procedimientos errados en cuanto a la identificación.

Todos salieron con vida y fueron conducidas a la Casa del Florero, donde eran clasificados como "especiales", es decir, sospechosos de ser del M-19 o cómplices, y de allí fueron remitidos a instalaciones militares para ser torturados y luego desaparecidos. Existen numerosos testimonios sobre el trato cruel e inhumano a que fueron sometidos, hasta conducirlos a la muerte. Al respecto, son contundentes las declaraciones de Edgar Villamizar Rendón, cabo del Ejército, ante la Fiscalía General:

"Alguien le pregunta al coronel Alfonso Plazas:

-¿Qué hacemos con la gente? Y es donde manifestó abiertamente:
-Cuelguen a esos hijueputas
Para la Escuela de Caballería los traen en un Nissan azul. Eso es claro que después ese carro estuvo en la PM con techo de color crema o beige. Traen a una señora con falda a cuadros, a un señor de buzo, no recuerdo si era blanco o era beige, tal vez eso que llaman cuello de tortuga. Nos vinimos y en el primer viaje nos meten allí a las pesebreras [...] Achury el sargento viceprimero, ya fallecido, me manifiesta que:
-A esos perros, ni agua.
Se van con los que yo había venido y pasadas como las cuatro y media de la tarde, cuando regresan otra vez a la Escuela de Caballería, ya traían otros tres. Creo que era otra señora y dos hombres y los metieron aislados. Los metieron en pesebreras diferentes: cada uno en una. [...]

Pude oír y darme cuenta de la tortura, vejámenes, no sé qué palabra colocar ahí, que estaban efectuándoles a las personas que habían traído:

Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las mujeres. [...] A la primera que se trajo le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie. A uno de los detenidos, Achury le amarró las manos atrás con una cabuya, lo acostó boca arriba, le envolvió una toalla verde sobre la cara, creo que el tipo se iba a volar, y lo cogieron y e pusieron la toalla de color verde con las letras negras que decían Ejercito Nacional y le empezaron a echar agua a la altura de las fosas nasales. [...]
Como a los diez o quince minutos sale Achury y comenta con Gamboa:
-Curso, curso, se me fue ese hijueputa.

Fue cuando me di cuenta de que se había muerto. Le quedó la cara morada, como color remolacha y la expresión era de dolor (Castro Caycedo, 2008, p. 194-196)

Otro aspecto relacionado con los desaparecidos es el de una fosa común en el Cementerio del Sur.

Allí, en enero de 1986, fueron enterrados a plena luz del día, sin ningún protocolo técnico, sin el menor respeto por los cadáveres, varios cuerpos por personal que no portaba ninguna identificación y en una fosa que no fue registrada oficialmente, como si no existiera.

Eso fue captado por los reporteros holandeses Jan Thielen y Harry Van der Aart, que por casualidad se encontraban en ese lugar. Como para que no quedaran dudas de sus afirmaciones ellos tomaron seis fotografías. Según los describió la revista Semana en el 2008:

En la mañana del miércoles 22 de enero -ambos creen que esa es la fecha-, llegaron al Cementerio del Sur. A los pocos minutos, vieron ingresar dos "pequeños carros o camiones", según recuerda Van der Aart. En los vehículos había más de ocho cadáveres que fueron removidos y lanzados a una fosa.

No fue lo único que arrojaron. De unos baldes, comenta Van der Aart, salieron huesos calcinados, "negros como el carbón" y pedazos de cuerpos. El olor de la muerte estaba en todos lados. Era sofocante, coinciden los dos. Algunos de los cadáveres estaban hinchados, incluso uno tenía una apariencia verdosa. Otros estaban en muy buen estado; "cuerpos frescos" y con moretones. Según ambos holandeses, parecían haber muerto recientemente, como se observa en algunas de las fotografías. La mayoría eran hombres, pero había por lo menos una mujer. [...] Uno los hombres que participaban en la operación le dijo a Thielen: "Son los hijueputas del Palacio".

Para el periodista holandés, eso explicaría la presencia de los huesos calcinados, lo que llevaba a suponer que eran de personas que habrían muerto en el incendio del Palacio de Justicia. A ambos les llamó la atención la falta de cuidado con que se manejaban los cuerpos, que "no fueron tratados con el respeto que merece un ser humano".

El informe de Semana termina con estas elocuentes palabras: "Si algunos de los restos eran de Palacio, ¿por qué no se enterraron en la fosa oficial? En cualquier lado del mundo, la escena que se ve en las fotografías motivaría una investigación. Son más propias de los campos de concentración de la Alemania nazi. Parafraseando a Hamlet: Algo huele mal"(Revista Semana, 2008)

Destrucción de pruebas y archivos

Cuando finalizó la retoma por parte del Ejército, sus altos mandos dieron la orden de borrar las pruebas de la masacre que acababan de realizar, para que fuera difícil reconstruirla. Ordenaron recoger, sin ningún peritaje técnico, las armas y los cuerpos de los muertos. Sin el más mínimo cuidado mezclaron en forma indiscriminada restos humanos, sin preocuparse por las labores de identificación.

Para borrar huellas y pistas, las autoridades militares impidieron el ingreso de los jueces que había enviado la Directora Seccional de Instrucción Criminal, quienes debían realizar esa tarea. Mientras tanto, ordenaron que se vertiera agua dentro del Palacio y se barrieran los escombros. Movieron los cuerpos de los muertos de los sitios en que habían fallecido y los concentraron en el primer piso, al tiempo que reunían las armas y el material de guerra en ese mismo piso. Procedieron a lavar los cuerpos de los muertos, a los que además les quitaron sus pertenencias y sus prendas de vestir.

En las actas de levantamiento de cadáveres proporcionaron información imprecisa, con el fin de desorientar a los futuros investigadores, y no se registró la causa del deceso, para saber si los fallecidos habían muerto de disparos a corta distancia o habían sido torturados. ¡Es decir, actuaron como cuando un elefante entra a una joyería!

Como una clara muestra del proceder de la tropa luego de la retoma resulta aleccionador el testimonio de la señora Amelia Mantilla, la esposa del inmolado magistrado Emiro Sandoval, quien el día viernes 8 logró ingresar a lo que quedada del Palacio y contempló como unos soldados echaban gasolina a los restos humanos que allí se encontraban, incluyendo a los de Alfonso Reyes Echandía. La desdichada mujer solo atinó a gritarles: "Miserables, no contentos con lo que hicieron quieren destruir lo que queda del doctor Reyes" (Sarralde, 2015)

Miembros de las Fuerzas Armadas trasladaron los cuerpos a la sede de Medicina Legal, ocuparon sus instalaciones e impartían órdenes a los funcionarios civiles de esa institución. Se procedieron a identificar en forma apresurada los fallecidos, y una gran cantidad de ellos fueron catalogados como NN (Sin Nombre), para acelerar su envío a una fosa común, ubicada en el Cementerio del Sur. Los mandos del Ejército adujeron que se debía proceder con celeridad, de manera arbitraria y antitécnica, para evitar una posible acción del M-19 con el fin de recuperar los cadáveres de sus compañeros masacrados. Después del exterminio en el Palacio eso era un invento sin el más mínimo sentido. La mezcla de cadáveres en la fosa común implicó que las victimas del Palacio se mezclaran con cuerpos de personas que habían muerto en otras circunstancias, incluyendo en la tragedia de Armero, que se presentó ocho días después de los acontecimientos del Palacio.

Sobre estos procedimientos ilegales que adelantaron las Fuerzas Armadas, el Tribunal Especial de Instrucción Criminal que investigó los hechos en la década de 1980 señaló: "Inexplicablemente, las autoridades militares no esperaron a que los competentes funcionarios de la investigación hicieran lo que legalmente les correspondía hacer. Primero, ordenaron la incautación de armas, provisiones y material de guerra, después la concentración de cadáveres en el primer piso, previo el despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias. Algunos de estos cadáveres, no se sabe por qué, se sometieron a cuidadoso lavado. Con tal proceder se privó a los funcionarios encargados de las diligencias de levantamiento de importantes detalles que a la postre dificultaron la identificación de los cadáveres y crearon el desorden y el caos" (Querian que enterraramos a un hijo de magistrado del palacio, 2015)

Valga subrayar que en la reunión del Consejo de Ministros del día 9 de noviembre, el Ministro de Gobierno, Jaime Castro, avaló los procedimientos de los militares y en consonancia con ellos propuso que se debía enterrar rápido a los guerrilleros, se debían evitar manifestaciones y "lo ideal sería inhumarlos en fosa común, previa al cumplimiento de los requisitos que ordena la ley" (Durán & Medellín, 2015)

En síntesis, la actuación de las Fuerzas Armadas tras la retoma tuvo como objetivo ocultar y destruir cualquier evidencia o huella que los pudiera afectar y para eso procedieron a manipular a su antojo lo que encontraban a su paso. Como parte de esa eliminación de pruebas vale destacar la quema de archivos, dentro del Palacio y fuera de él, puesto que se incineraron miles de documentos que reposaban en esas instalaciones e inculpaban a miembros de las Fuerzas Armadas por violación de derechos humanos, como casos de tortura, realizados durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Posteriormente, fueron destruidos los archivos internos del Ejército correspondientes al año de 1985, como lo comprobó la fiscal Ángela María Buitrago (El Tiempo, 2008) Otra forma de ocultamiento de la masacre de Estado ante las futuras generaciones de colombianos, consistió en destruir lo que quedaba de la edificación, para erigir en su lugar otro diferente, porque era imprescindible borrar esa estructura carbonizada y bombardeada, para que en el futuro nadie se preguntara que había sucedido allí y el hecho sangriento fuera borrado por la bruma del tiempo y del olvido.

Obstrucción a las investigaciones, amenazas y asesinatos de jueces y abogados

A pesar de sus denodados esfuerzos por borrar hasta la última huella del Palacio de Justicia y sus horrores, las Fuerzas Armadas no lo pudieron hacer, por aquello de que no hay crimen perfecto y el criminal deja algún rastro. En efecto, desde el día 8 de noviembre de 1985, cuando todavía salía humo del Palacio de Justicia, aparecieron los familiares de los desaparecidos, que empezaron a averiguar y a realizar preguntas incomodas. De inmediato sufrieron el acoso, los chantajes, amenazas, interceptaciones telefónicas y seguimientos de agentes secretos para que dejaran de preguntar por sus allegados.

No se abrieron procesos judiciales ni investigaciones serias, sino hasta cuando Eduardo Umaña Mendoza, en la década de 1990 se convirtió en el apoderado de los familiares de los desaparecidos y empezó a averiguar sobre la responsabilidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas. Quería demostrar que los empleados de la cafetería no habían muerto en el incendio, sino que habían salido vivos y luego desaparecidos. Para probarlo se basó en las grabaciones de varias horas, con las comunicaciones de los militares responsables de la retoma y solicito la exhumación de los cuerpos que se encontraban en la fosa común del Cementerio del Sur. Cuando avanzaba en esa investigación fue asesinado en abril de 1998.

En el 2010, a la jueza María Stella Jara se le adjudicó el proceso contra el coronel Plazas Vega. Inmediatamente se enfrentó a toda clase de dilaciones, porque el coronel siempre decía que estaba enfermo, cuando lo citaban a indagatoria. Luego llegaron las amenazas de muerte, con sufragios en los que se anunciaba "sentido pésame por su próxima desaparición y el de toda su querida familia". Ante el acoso y las amenazas, la jueza le dijo a uno de sus auxiliares: "saquemos esa sentencia rápido porque me van a matar". En ese ambiente de intimidación y zozobra, la jueza se atrevió a emitir la primera condena a un militar involucrado en los sucesos del Palacio de Justicia, Alfonso Plazas Vega, a quien condenó por su responsabilidad en la desaparición de los trabajadores de la cafetería, tres visitantes y de Irma Franco. Ocho días después la jueza se vio obligado a irse del país, acompañada de su hijo. En el exilio duró cuatro meses y retornó a Colombia porque padecía de depresión, ansiedad y estrés. Regreso para seguir trabajando como Jueza, encargada de cientos de proceso. Las recomendaciones médicas de reducir su carga laboral no fueron atendidas, ní se le pagaba su salario a tiempo, ni se le reconocen las incapacidades médicas. Su actuación en el caso de Plazas Vega ha llevado a que, según sus propias palabras, "En los pasillos de la Corte dicen que quizá yo me merecía esas amenazas. El desprestigio ha sido enorme. Total, me quieren sacar" (Calle, 2015).

En cuanto a la fiscal Ángela María Buitrago, las intimidaciones llegaban desde las altas cumbres del poder, porque, por ejemplo, en la "página oficial del Ministerio de Defensa colgaron una fotografía suya con su nombre a la que la apuntaba un francotirador. Cuando la fiscal replicó, el Ministerio le respondió que era un espacio abierto al público y que el autor pudo haber sido cualquiera". Así mismo, "la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) le hacía ataques permanentes en lo político, lo mediático y lo académico. Además, recuerda los calificativos de 'guerrillera' y de 'ficha de la guerrilla infiltrada en la Fiscalía' que aparecían en grandes titulares puestos por el ex ministro de Uribe Fernando Londoño, Plinio Apuleyo, José Obdulio Gaviria y el vinculado con los paramilitares Ernesto Yamhure" (Calle, 2015).

Aparte de las amenazas, la fiscal Ángela María Buitrago, la encargada de reabrir la investigación sobre el Palacio de Justicia, de hacerla avanzar como nadie, y que se atrevió, con valentía digna de admiración, de acusar a miembros del Ejército como responsables de crímenes, fue retirada de su cargo por altos funcionarios de la Fiscalía. Con razón ella sostiene, tras los avatares del proceso sobre el Palacio que "queda la sensación de que hay personas que no se pueden investigar" (Castro, 2014).

En síntesis, "en los 30 años de la investigación sobre qué pasó en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 las cuentas son macabras: un abogado asesinado, una juez exiliada y decenas de amenazas. Además, la fiscal que movió todo el caso fue separada de su cargo después de cinco años de trabajo" (Calle, 2015).

Se imponen el silencio, la impunidad y las mentiras oficiales

Era obvio que tras los rescoldos aun humeantes del Palacio de Justicia y su cortejo de muerte y desolación, desde los diferentes órganos del poder se impusiera un manto de olvido, cubierto de mentiras y falsedades, con el fin de ocultar las responsabilidades de los que tras bambalinas, muchos de los cuales siguen con vida, habían producido esa espantosa tragedia. Porque es bueno recordar que la indiferencia y el olvido son el soporte de la impunidad. Lo primero que se hizo fue dar la sensación que no había pasado nada, que un centenar de muertos, incluyendo a los magistrados de las altas cortes, era poca cosa y un precio mínimo por preservar las instituciones, que fue el estribillo que desde ese momento empezaron a repetir desde el Presidente de la Republica hacia abajo y que reprodujeron los medios de comunicación. En ese sentido, es sintomático lo que sucedió la noche del seis de noviembre, cuando la ciudad funcionaba normalmente e incluso se jugó un partido de futbol, transmitido por televisión para todo el país. Y desde ese momento también se inventó la especie para justificar la masacre que la toma del Palacio de Justicia había sido financiada por el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, quien le habría entregado dos millones de dólares al M-19. Los inventores de esta especie, que no aportan ninguna prueba seria, fueron el gobierno de Belisario, el Ejército, y la embajada de los Estados Unidos en Colombia. Desde allí se regó la noticia, para que los escribanos oficiales la difundieran, como hoy lo siguen haciendo.

El gobierno de los Estados Unidos está directamente relacionado con la invención de esa mentira - que se ha impuesto como si fuera verdad. En efecto, el 8 de noviembre, al día siguiente de consumada la masacre, The Washington Post informaba desde Bogotá que "altos funcionarios del Gobierno indicaron hoy que el objetivo de los rebeldes era destruir las solicitudes de extradición hechas por los EE.UU. contra aproximadamente ochenta narcotraficantes que pueden haber financiado las guerrillas". Según el mismo periódico dicha "especulación" salió directamente de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Carrigan, 2009, p. 325).

Como para no quedarse atrás en la acogida de ese infundio, en el documento elaborado por el Ejército el 15 de noviembre de 1985, titulado "Asalto al Palacio de Justicia por el grupo subversivo M-19", se sostiene esa versión de los dineros del cartel de Medellín, cuando se dice que por las armas con las que resistió el comando del M-19 se podía deducir "una vinculación estrecha entre narcotraficantes y guerrilleros, con capacidad logística para mantenerse a pesar de los golpes de la Fuerza Pública". Por eso concluye que "a pesar del éxito rotundo de las tropas, es necesario reconocer que la alianza 'narcoguerrillera' logró uno de sus objetivos: destruir los archivos en donde reposaban los expedientes por narcotráfico" (Laverde Palma, 2013) Esta es la misma mentira que es avalada por la pretendida Comisión de la Verdad en 2010, sin ninguna prueba sustancial. Para armar esa visión oficial se quiso contar con el concurso de algunos de los guerrilleros que fueron sacados vivos del Palacio, como lo recuerda un militar, al referirse al chantaje a que el coronel Plazas Vega quiso someter a un insurgente:

Dentro de las preguntas que nosotros presenciamos, por orden directa de mi Coronel Plazas Vega, a uno de los tres subversivos se le quiso hacer firmar un acta, una carta donde decía que habían recibido tres millones de pesos del narcotráfico para comprar parte del material de guerra que se usó en el operativo y para financiar la operación. El subversivo que no quiso suministrar datos, respondió con un madrazo, ... aunque ya estaba en estado delicado de salud por las torturas que se le habían hecho; fue sacado, golpeado y ahogado en los bebederos de las caballos en todo el centro de las caballerizas, que son las mismas celdas donde llevan a los retenidos; este individuo se movió algunos segundos, pero con los golpes que se le dieron en la parte baja de los riñones quedó ahí tirado; nosotros pensamos que fue el primer muerto de esas personas (Maya, 2010).

Para apreciar los entretelones de la construcción de esta mentira, valga mencionar el memorial secreto que encontró la Fiscalía, en donde el coronel Plazas Vega presenta un informe detallado a su superior jerárquico, Armado Arias Cabral, con el título de "Estrategia política", en donde recomienda sin titubeos que se le dijera a la opinión pública que existían nexos entre el M-19 y el narcotráfico (Revista Semana, 2007).

Esa versión oficial que afirma que el M-19 recibió dos millones de dólares para organizar la toma, no atina a explicar -desde luego no le interesa- por qué si se contaba con ese dinero, el M-19 entró tan mal armado, no compró armamento sofisticado para repeler el ataque de los tanques, por ejemplo, y los miembros del comando que ingresaron al Palacio tuvieron que robar unos destartalados carros para llevar a cabo la operación. Esa versión oficial tampoco se detiene en constatar que los expedientes de los capos no se encontraban en la Corte y de esos documentos existían otras copias y cualquier persona los podía conseguir sin mucho esfuerzo. Tampoco dice que en la conflagración se quemaron miles de folios en el que se culpaba a los militares de graves violaciones a los derechos humanos.

Hasta un político que fue del M-19 y que hoy forma parte del establecimiento, como Antonio Navarro Wolff, acepta esa versión oficial, cuando sostiene: "Se ha mencionado con insistencia también la entrega de dinero de Pablo Escobar para ayudar a financiar la operación. No puedo decir si fue así o no lo fue" ( Navarro Wolff, 2015, p. 7). Si no puede afirmar ni lo uno ni lo otro, es que no tiene pruebas de nada y no debería decir tantas sandeces, para mancillar la memoria de sus propios compañeros de lucha, que equivocados o no, dieron la vida dentro del Palacio, enfrentándose a una criminal máquina de guerra. Pero de eso nada quiere saber Navarro Wolff que ahora demanda perdón para los militares que asesinaron a sus camaradas de lucha: "Con la firma de los acuerdos de paz del M- 19 con el Gobierno Nacional, se archivó el proceso penal que cursaba contra los guerrilleros. Pero los militares implicados en actividades violatorias del DIH en la retoma del Palacio, no recibieron ningún tipo de beneficio jurídico y algunos de ellos están hoy presos. He repetido que eso es inconveniente para la estabilidad de un acuerdo de paz. La solución judicial debe ser para todos" ( Navarro Wolff, 2015).

Como quien dice, olvidemos de lo que paso, aceptemos la versión oficial y asumamos que se debe mantener la impunidad de los criminales que barrieron con el Palacio de Justicia y con las personas que allí se encontraban, empezando por los miembros del M-19, los antiguos compañeros de armas de Navarro Wolff, cuya memoria es mancillada y ultrajada por este converso. Como para que no queden dudas a donde conduce la impunidad, se puede hacer un rastreo rápido por la carrera posterior de algunos de los implicados, civiles y militares, en los sucesos del Palacio de Justicia. A Belisario Betancur, quien hoy a sus 92 años todavía presume de ser intelectual y poeta, nunca se le abrió una investigación judicial por su actuación o pasividad en noviembre de 1985, a pesar de reconocerse como el único responsable de esos hechos. Noemí Sanín Posada, la Ministra censora de comunicaciones, después tuvo una meteórica carrera política, llegando a ser embajadora y funcionaria de diversos gobiernos, eterna candidata presidencial, y presidenta del club de futbol Millonarios, el mismo que jugó en la noche del 6 de noviembre de 1985. Jaime Castro, Ministro de Gobierno, y quien fue uno de los más activos en lavar la imagen de Belisario y del Ejercito y de imponer la verdad oficial y patrocinar la impunidad, después fue Alcalde de Bogotá, donde realizó una desastrosa gestión, y hoy figura como politólogo y consultor en temas urbanos. Este mismo individuo había difundido con ahínco la mentira oficial sobre los sucesos del Palacio desde el mismo 7 de noviembre y un poco después llegó a afirmar: "... que nadie nos critique. Fuimos todos líderes civiles y militares de la Patria, leales con el Presidente de la República, con la Constitución y las leyes" (Carrigan, 2009, p. 178).

En lo que respecta a la cúpula militar que dirigió la masacre, "empezó a ser premiada con cargos diplomáticos en el exterior o con cargos de responsabilidad en altas esferas de la vida pública del país; de modo que [...] sus carreras militares iban en ascenso por asesinar, torturar y desaparecer civiles". Mientras tanto, como parte de la impunidad que se impuso, "los familiares de las víctimas, además de ser amenazados, fueron silenciados y relegados de todo proceso de reparación o participación social". O en otras palabras, "fueron beneficiados los victimarios y las victimas excluidas de la memoria nacional" (Maya M., 2006).

En el colmo del cinismo, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos se ha llegado al extremo de pedirle perdón a Belisario -léase bien-, porque su nombre habría sido mancillado al relacionarlo con las acciones criminales del Palacio. Durante el gobierno de Uribe Vélez como una clara intromisión en las decisiones de la justicia se acosó a la fiscal Ángela María Buitrago. Cuando se conoció la sentencia contra Plazas Vega, Uribe Vélez sostuvo: La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestimulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos [...] Respaldamos al expresidente Belisario Betancur, que siempre ha procedido con el patriotismo y la transparencia que rechazan cualquier asomo de delito. Respaldamos al Alto Mando Militar y Policial de la época, acusados injustamente de haber conocido con anticipación el plan criminal contra el Palacio de Justicia, y de haberlo permitido para justificar el ingreso al interior de la edificación y asesinar personas (Calle, 2015).

Y Juan Manuel Santos no se quedó atrás. Cuando en el 2012, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena a Plazas Vega y exigió al Ejército que le debía ofrecer perdón público a las víctimas del Palacio de Justicia, Santos balbució este disparate: "yo más bien le pido perdón al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente [...] más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire" ("Le pido perdón al Presidente Betancur a nombre de los colombianos": Santos, 2012).

Esto demuestra que las mentiras oficiales y la impunidad, a pesar de los pocos avances en términos de justicia, se mantienen como una estructura inmodificable y de larga duración en la vida colombiana, defendida desde las altas esferas del poder, por aquellos que han continuado con las mismas prácticas criminales de noviembre de 1985, y por lo que tienen un gran rabo de paja.

Conclusiones

Verdad histórica, verdad judicial y "verdad mediática"

Los medios de comunicación dominantes en Colombia -en prensa escrita, radio y televisión- sostienen que los aspectos centrales relacionados con el Palacio de Justicia en 1985 siguen en la bruma y sobre ellos no se ha establecido ningún tipo de verdad. Mencionemos a dos medios impresos, que han dedicado informes especiales a raíz del treinta aniversario de los sucesos de noviembre de 1985. Los titulares ya son indicativos de lo que se quiere dar a entender: "Los 4 heridas abiertas de la tragedia del Palacio de Justicia. Han pasado 3 décadas del sangriento asalto del M-19 y la cuestionada retoma militar, y la verdad completa de los hechos sigue sin aparecer", titula El Tiempo y Semana titula así: "Las heridas abiertas del Palacio de Justicia. Reflexiones sobre la tragedia que partió en dos la historia del país. La Verdad Ha Sido La Otra Gran Victima Del Palacio, Despues De Tanto Tiempo No Hay Ni Verdad Judicial, Ni Verdad Politica, Ni Verdad Historica" (El Tiempo, 2015) (Revista Semana, 2015).

Aunque la verdad plena no ha sido establecido, durante estos treinta años si se han hecho avances en el terreno de la verdad histórica, menos en el de la verdad judicial y muy pocos en el ámbito de la "verdad mediática", por lo que las afirmaciones que hacen los dos medios citados son muy discutibles. Veamos por qué.

Verdad Judicial: Pese a toda la oposición de los presidentes de la República (ocho se han sucedido desde 1985), de las Fuerzas Armadas, de la gran prensa en mantener la impunidad esta se ha ido rompiendo poco a poco, en medio de terribles dificultades para los pocos jueces, abogados y funcionarios del poder judicial que han querido dar muestras de independencia y responsabilizar penalmente a los altos mandos militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia.

Entre los avances que se han presentado en este terreno, pocos en verdad para todos los crímenes cometidos, cabe destacar que fueron condenados el coronel Alfonso Plazas Vega, el primer militar en uniforme que entró al Palacio, a 30 años de prisión por el delito de desaparición, y el General Jesús Armando Arias Cabrales, el Comandante de la Brigada 13, sentenciado a 35 años de cárcel por no cumplir su deber de proteger a los rehenes en el Palacio. En términos de verdad judicial el hecho más notable no se dio en el país sino afuera, con la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió contra el Estado colombiano el 14 de noviembre de 2014, "mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en la ciudad de Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985".

Se indica que "el Estado fue responsable de las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas". Así mismo, "el Estado fue declarado internacionalmente responsable por haber violado su deber de garantizar el derecho a la vida por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por dieciséis años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad. Además, los hechos del caso se relacionan con la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano, así como con la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, ocurridos en el marco de los mismos hechos". De la misma forma, "el Estado fue declarado responsable por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos y por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas, así como por el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia".

En ese documento aparecen otras indicaciones importantes que constituyen un avance en el establecimiento de la verdad judicial, tales como indicar que aunque el Estado estaba enterado de los planes del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia "no adoptó las medidas efectivas y necesarias para prevenir su vulneración, teniendo conocimiento del riesgo real e inmediato en el que se encontraba el Palacio de Justicia en ese momento" para proteger a Magistrados y a las personas que se estaban dentro del edificio el 6 de noviembre de 1985. Asimismo, "la Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía" (El Espectador, 2014, p. 5).

Con esto hemos querido mostrar que si ha habido algunos avances en la verdad judicial, pero no por gracia del Estado, ni de las Fuerzas Armadas, ni de los grandes medios de comunicación, ni del mismo poder judicial, sino precisamente contra ellos, por la paciencia de los familiares de los desaparecidos, que han persistido tenazmente en la búsqueda de sus seres queridos.

Desde luego, repetimos, para la magnitud de los crímenes de Estado cometidos los días 6 y 7 de noviembre por parte de las Fuerzas Militares es muy poco lo que se ha avanzado en términos de verdad judicial, pues han sido absueltos personajes directamente involucrados, como Belisario Betancur y el Ministro de Defensa de la Época, Miguel Vega Uribe, por parte de la Comisión de Acusaciones [o de "Absoluciones"] de la Cámara de Representantes el 17 de octubre de 1986. Eso mismo acontece con la mayor parte de los altos mandos militares, los que ya murieron, de muerte natural, y los que aún siguen vivos.

A pesar de estos hechos, ha habido algunos mínimos avances, pero, ¿por qué se niegan o se desconocen estos avances en materia de verdad judicial? Creemos que eso se debe a que aflora claramente el Terrorismo de Estado, un término que les produce urticaria a los "escribanos de la versión oficial de los acontecimientos", como los llama con toda razón Ana Carrigan. Poner en duda las decisiones judiciales sobre el Palacio de Justicia por poderosos grupos de presión de las Fuerzas Armadas, de la Presidencia de la República, de conglomerados mediáticos simplemente es una forma de negarse a reconocer el Terrorismo de Estado, que existe en Colombia desde hace medio siglo.

Eso se evidencia, incluso, en la pluma de columnistas de opinión que no son propiamente encubridores del Estado colombiano. Para dar solo un ejemplo, mencionemos que la escritora Piedad Bonnet publicó su artículo dominical en el Espectador con el título "Excesos de Estado". Casualmente, este mismo término es el que utiliza El Tiempo en esa misma fecha cuando al hablar del general Arias Cabrales indica que es el militar que ha recibido la condena más alta por los "excesos cometidos durante la retoma" (Bonnet, 2015, p. 40) Llamar excesos a los crímenes cometidos, entre los que se cuentan un centenar de muertos, una docena de desaparecidos, torturas... es, claramente, un eufemismo, ya que a eso que se llaman excesos, simplemente es Terrorismo de Estado. Porque hay que llamar pan al pan y vino al vino, sin tanto abuso del lenguaje Desde luego, al hablar de verdad judicial en Colombia no puede olvidarse que aquí reina la impunidad casi absoluta, cuya consecuencia evidente se expresa en que el 97 por ciento de los delitos quedan sin castigo. Tampoco se puede desconocer que la justicia tiene un claro sello y sesgo de clase, pues las cárceles se encuentran abarrotadas de pobres, humiles e inocentes, mientras los pocos poderosos que están en la prisión lo hacen en confortables condiciones, como si disfrutaran de hoteles cinco estrellas. Por ese sello de clase, en general la justicia absuelve a individuos de las clases dominantes y condena a los desvalidos y rebeldes. Esto implica que las decisiones judiciales (la "verdad" judicial) está seriamente contaminada y no pueden admitirse de buenas a primeras como ciertas esas decisiones, debido a que el aparato judicial en su conjunto es un dispositivo al servicio de las clases dominantes. De tal manera, son frecuentes las absoluciones de tipo judicial para criminales de "cuello blanco" o de "cuello verde", máxime cuando han ocupado altos cargos del Estado y formado parte de sus aparatos represivos o pertenecen a alguna de las fracciones de las clases dominantes. Esto no quiere decir, por supuesto, que cuando esos individuos son absueltos por el poder judicial es porque son inocentes, como se comprueba con la impunidad de que gozan ex presidentes de la República que son responsables de crímenes de guerra, masacres y paramilitarismo.

En lo que respecta al Palacio de Justicia incluso puede darse el caso de que la "verdad judicial" tenga un efecto simbólico o efímero. Efímero si mañana, una última instancia jurídica, absuelve a Alfonso Plazas Vega y a Armando Arias Cabrales, una posibilidad que no puede descartarse, por el sesgo de clase señalado antes. Simbólica porque esos dos individuos pagan su condena en las instalaciones militares, con un amplio confort, comodidades y privilegios especiales -como salir cuando quieran o dar declaraciones a la prensa cuando a bien lo tengan-, una condición que contrasta con la miseria, el hacinamiento y el carácter sórdido de una prisión común. Todo esto debería recordarse a la hora de hablar de "verdad judicial", y del castigo que de allí se debía derivar, en Colombia, porque debe recordarse que Plazas Vega, según lo denunció el abogado Germán Romero, uno de los apoderados de los familiares de los desaparecidos, "cuenta con 100 mil metros cuadrados para su libre movilidad, ostenta los mismos beneficios de cualquier oficial activo, es decir, que cuenta con un apartamento y recibe la misma alimentación de los oficiales que actualmente están en servicio. Incluso, [...] le han otorgado reiterados permisos para salir a celebraciones y fiestas, como [la] del matrimonio de uno de sus hijos.". Ese día "lo dejaron salir desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada bajo vigilancia del Ejército" (El Universal, 2012).

¡Con ese tipo de prisión, no hay verdad judicial que valga!

Verdad histórica: Afortunadamente, la verdad histórica no es sinónimo de verdad judicial, lo que tiene muchas ventajas para desentrañar un determinado proceso o acontecimiento histórico. En ese sentido, en términos de verdad histórica los avances han sido más notables que los pasos dados por la paquidérmica justicia colombiana. Al respecto cabe señalar que en estos treinta años, desde el mismo 8 de noviembre de 1985 se empezaron acopiar, pese al esfuerzo de las Fuerzas Armadas por borrar sus huellas, documentos, datos, registros, indicios de diversa índole (documentos escritos, testimonios orales, restos de diversos objetos, material visual televisivo, fotografías, y en fin todo aquello que se constituye en una potencial fuente histórica), que ya representan un valioso acervo informativo, que ha ayudado a esclarecer muchos aspectos de lo que aconteció en el Palacio de Justicia.

Toda esa documentación ha ido aclarando el panorama, hasta llegar a establecer algunas verdades históricas, siempre negadas por la "verdad oficial" y la mediática, entre las que cabe destacar algunas de las que hemos presentado en este ensayo. Es una verdad histórica incuestionable que las Fuerzas Armadas destruyeron evidencias, llevaron a personas al "Museo de la Independencia" (Casa del Florero), los golpearon y los tildaban de "guerrilleros hp" y que de allí los condujeron a instalaciones militares. Es una verdad histórica, probada con las comunicaciones internas que se lograron recuperar y conservar, que los altos mandos militares le apostaron a una recuperación del Palacio que no dejara vivos a los guerrilleros del M-19, así se tuviera que matar a los magistrados. Es una verdad histórica que hubo personas que salieron vivas del Palacio, incluyendo guerrilleros, que luego fueron asesinados, unos regresados a la edificación, y una guerrillera desaparecida, Irma Franco, como lo reconoce hasta el propio Estado y el coronel Plazas Vega. Es una verdad histórica que existe una alta responsabilidad de Belisario Betancur, por omisión y por haber respaldado a los militares que actuaron por su propia cuenta durante los días 6 y 7 de noviembre, como lo prueban las actas del consejo de ministros. Es un hecho verídico que un reporte confidencial de la Embajada de los Estados Unidos, fechado en 1999, afirma sin titubeos: "Los soldados asesinaron fuera de combate a un número de miembros del M-19 y a supuestos colaboradores, incluyendo el personal de la cafetería" (Carrigan, 2009).

Es un hecho probado, y no una simple opinión, que el magistrado Carlos Urán salió vivo del Palacio, se le ejecutó a sangre fría y después se reintrodujo su cadáver en las instalaciones del edificio, para dar la impresión de que había muerto en la conflagración o en el fuego cruzado...

Alcanzar la verdad histórica es un proceso que puede demorarse mucho tiempo, y a la cual se llega juntando fragmentos y trazos que nos han dejado los acontecimientos. Eso se ha ido dando en el caso del Palacio de Justicia, con los aportes de varios investigadores que en sus libros contribuyen al esclarecimiento de los sucesos, a partir de un gran cumulo de fuentes, entre ellas las de las Fuerzas Armadas, que han ido aflorando poco a poco, a pesar de que se haya ordenado la destrucción de los archivos militares de 1985.

Como la verdad histórica no coincide con la verdad judicial, porque esta última puede legitimar la mentira o el crimen -de lo que hay miles de ejemplos en la historia de Colombia y del mundo-, la investigación histórica no se conforma con lo que determinan las decisiones judiciales, sino que va más allá de ellas. En el caso del Palacio de Justicia, eso significa que los historiadores que abordan el asunto no se resignan a considerar como ciertas las "absoluciones" de personajes como Belisario Betancur, o de los miembros de las Fuerzas Armadas que dirigieron el operativo. Los procesos jurídicos se mantienen hasta cuando las personas están vivas. Por eso, muchos de esos procesos se han cerrado, porque ya murieron individuos como Miguel Vega Uribe. Hasta ahí llega la búsqueda de la verdad judicial, búsqueda que termina cuando muere el implicado. La investigación histórica, y por consiguiente la búsqueda de la verdad histórica, prosigue a pesar de que muera este o aquel personaje, porque no está circunscrita a los parámetros, limitados temporalmente, del sector judicial, ni a decisiones circunstanciales.

Entre líneas, los familiares de los desaparecidos quieren que se sepa la verdad histórica, es decir, lo qué les paso a sus seres queridos y dónde se encuentran sus restos mortales, como una forma de descansar, de cerrar la pena y de hacer el duelo correspondiente, a que tiene derecho todo ser humano. Claro que ellos también desearían que esas verdades vinieran acompañadas de los correspondientes castigos a los criminales que son responsables de la muerte y desaparición de sus deudos, pero en muchos casos eso no es posible porque esos criminales ya murieron.

Por momentos, puede darse el caso que los investigadores judiciales, cuando son serios y responsables acudan a procedimientos propios de la investigación histórica para tratar de establecer la verdad de lo sucedido, como lo han hecho para el tema que nos ocupa, el abogado Eduardo Umaña Mendoza y la fiscal Ángela María Buitrago, quien buscó papeles en archivos desvencijados y escondidos, como lo hace cualquier historiador. Pero lo más significativo del trabajo de esta fiscal es que para fundamentar sus acusaciones contra algunos militares escribió una providencia que la revista Semana calificó como "explosiva", porque habla de ejecuciones extrajudiciales y torturas, y pone en tela de juicio la historia oficial de esos dos días que estremecieron a Colombia. Cuenta cómo desde antes la Fuerza Pública sabía de la toma.

Cómo se inició el incendio que arrasó el edificio. Presenta su propia interpretación de por qué la retoma se hizo de una manera tan avasalladora. Cuestiona con documentos y otras evidencias la afirmación del gobierno y de los militares de que se hizo todo lo posible para proteger las vidas de los rehenes. Fue, según la Fiscalía, más una acción de aniquilamiento que una operación de rescate. Explica en blanco y negro cómo era el manejo de los detenidos y no deja dudas sobre las desapariciones (Revista Semana, 2007).

Si eso no es contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica, entonces cómo se pueden catalogar esos hallazgos. Y si así son las cosas, ¿por qué se afirma de manera despectiva que no se ha avanzado en el esclarecimiento de la verdad histórica? Nuevamente, porque no se quiere reconocer los duros datos que demuestran el carácter criminal y genocida del Estado colombiano, algo evidente en las sangrientas jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985. "Verdad mediática": Un último aspecto que vale la pena considerar es el relativo a la "verdad mediática", que cobra fuerza debido al indudable poder comunicativo que tienen los grandes medios de información, y en el día de hoy principalmente la televisión, pero que también involucra a la prensa escrita. En sentido estricto, la verdad mediática por lo común está constituida por mentiras, que replican los intereses de las clases dominantes, del Estado y de las "verdades oficiales". Tal es lo que ha sucedido con la historia del Palacio de Justicia, pues desde un primer momento se establecieron unas "verdades" que se presentaban como indiscutibles y se solicitaba que no se hablara más del asunto, ya que este debía caer en el olvido absoluto. A la difusión de las mentiras oficiales contribuyen, como nadie, los grandes conglomerados y monopolios de la información, con sus tergiversaciones, sus silencios sobre aquello que no les interesa o no les conviene, con la exaltación de hechos que desvían el curso de las investigaciones y con la negación de acontecimientos que muestran el carácter criminal del Estado colombiano.

La "verdad mediática" es la negación, en sentido estricto, de la verdad, es la perpetuación de la mentira, del engaño y del fraude, y por eso se contrapone a la verdad histórica y en gran medida a la verdad judicial, sobre todo cuando esta última establece la responsabilidad y culpabilidad de sectores poderosos, como lo son las Fuerzas Armadas en Colombia.

Que exista la "verdad mediática" hace referencia al comportamiento de los conglomerados de la información, lo cual no niega que periodistas individuales, obrando con seriedad y responsabilidad y, a pesar del poder de los dueños de los medios, hayan contribuido a develar lo que aconteció en el Palacio de Justicia. De ahí que algunos periodistas hayan ayudado a clarificar y a reconstruir la verdad histórica de ese acontecimiento, entre los que vale nombrar a Manuel Vicente Peña, Ramón Jimeno, Olga Behar, Ana Carrigan, Germán Castro Caycedo... Estos autores han publicado libros de investigación desde 1986, libros a los que los dueños de los medios de desinformación masiva nunca les prestaron la debida atención. Como lo dice Ana Carrigan "...desde el fondo del palimpsesto de la invención y la distorsión impuesta sobre los hechos por los promotores institucionales, han venido saliendo a la luz pedacitos de la historia no contada: rasgados, desconectados, petrificados, como los fragmentos de una pesadilla viva y caótica [...]" (Carrigan, 2009, p. 19)

Con esta perspectiva, no tiene mucho sentido el reclamo de Alejandro Santos, el Director de Semana, cuando dice: "Han pasado 30 años y se han hecho todo tipo de investigaciones judiciales, se han publicado libros, reportajes, documentales -hasta hubo una Comisión de la Verdad-, pero aun así todavía no sabemos qué pasó realmente. La verdad ha sido la otra gran víctima del palacio. Después de tanto tiempo no hay ni verdad judicial, ni verdad política, ni verdad histórica. Y ese vacío ha impedido cicatrizar esa herida en el alma del país" (Santos Rubino, 2015, p. 49)

¡Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que lo alumbre! Habría que decir que si bien no se ha establecido la verdad plena, si hay elementos que permiten generar aproximaciones a lo que paso, incluyendo responsabilidades. El problema es que los responsables, que gozan de toda la impunidad que les confiere su poder y el respaldo de grandes medios de desinformación, nunca van a reconocer sus crímenes como, entre otras cosas, lo acaban de insinuar los empresarios con respecto a los diálogos de La Habana, cuando han pegado el grito en el cielo, ante el temor de que tengan que confesar sus crímenes, (el fomento del paramilitarismo, la expropiación de campesinos, el asesinato de sindicalistas, el uso de la motosierra para ejecutar a sus víctimas....).

Tal vez, por eso, es que Alejandro Santos en el artículo mencionado pregunte con toda razón, y parece que en forma autocritica por su procedencia de clase, "¿Seremos capaces de enfrentar la verdad en el posconflicto, siendo esta mucho más compleja y más extendida? El palacio nos enseñó que la verdad es el elemento esencial de la reconciliación".

Uno duda mucho que los dueños de los grandes medios (los mismos dueños del país, llámense Ardila Lulle, Santodomingo, Sarmiento Angulo, Santos...) sean capaces de abandonar el monopolio comunicativo, los privilegios que les confiere el controlar una poderosa máquina de desinformación y que renuncien al predominio de su "verdad mediática", para aceptar las verdades históricas y judiciales, lo cual es indispensable si se piensa en construir un país decente, en el que no impere el Terrorismo de Estado.

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