Introducción
América Latina es la región más violenta del mundo, con las tasas más altas en crímenes y homicidios. Por ejemplo, respecto a crímenes patrimoniales, 9.5% de la población de México ha sido víctima, mientras que en Ecuador esta proporción llega a 13.8%, y en Bolivia a 17%, junto a una baja frecuencia de denuncia de 12%, 16% y 12%, respectivamente (UNODC, 2016). Sin embargo, un caso particular es el de Perú. De cada 100 personas, 24 han sido víctimas de algún hecho delictivo en los últimos doce meses y solo cuatro decidieron denunciar (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016b).
Estos datos, que configuran una prevalência de denuncias de 17% a nivel nacional, hacen del Perú el país con mayor victimización y el segundo con la menor proporción de denuncias en la región latinoamericana. Es decir, la alta tasa de crimen se contrapone con la baja frecuencia con que se le denuncia.
La decisión de denunciar el delito sufrido es más que un acto con implicancias individuales (sobre las víctimas). La toma de conocimiento de denuncias nutre las estadísticas con base en las cuales luego se elaboran las políticas en la materia, además de que reflejan la confianza ciudadana depositada en el Estado (Tarling y Morris, 2010). En un contexto de alto crimen, bajas tasas de denuncias dejan de producir estadísticas fiables sobre dónde, cuándo y cómo son cometidos los delitos. A su vez, las autoridades que usan esos datos pueden estar tomando decisiones con información errada, incompleta o sesgada, obteniendo resultados limitados en sus estrategias de prevención y control del crimen. Incluso, la proporción de personas que denuncian es considerada como un indicador de confianza en el Estado y de expectativas en la policía (Baumer y Lauritsen, 2010). En ese sentido, denunciar es una conducta relevante que contribuye con la reducción del crimen, dado que las víctimas son la base del sistema de justicia penal (Hindelang y Gottfredson, 1976).
En este contexto, resulta paradójico que existan pocos trabajos en América Latina que hayan indagado sobre los factores que hacen que una persona decida acudir a la policía a denunciar el delito patrimonial sufrido. Destaca el estudio de Benavente y Cortés (2006) para Chile, quienes hallaron que la probabilidad de mayor denuncia se asocia a la edad, escolaridad e ingreso económico. En otros contextos se han estudiado las cantidades y características de las denuncias como una manera de entender la criminalidad (Aboal, Campanella y Lanzilotta, 2013; Colomer, 2018; de Ávila y Mejía, 2019; García, 2013; Levitt y Rubio, 2002; Mancera, 2010; Ortega, Mejía y Ortiz, 2015), pero no examinan los factores determinantes de la denuncia misma en la población.
A fin de contribuir con el conocimiento de por qué las personas denuncian delitos, este trabajo se concentra en el Perú y estudia los factores que hacen que las personas decidan denunciar cuatro delitos patrimoniales distintos: robo de hogares, de auto, de autopartes y de moto. Los factores explicativos fueron reunidos en dos grupos: características del crimen (el uso de arma de parte del delincuente y la victimización reiterada) y características individuales (confianza en la policía, nivel socioeconómico, edad, sexo y educación), controlado por un conjunto de características ambientales (propias del distrito). Se emplearon siete años de data disponible de una encuesta de hogares (corte transversal, 2010-2016) que tiene un módulo exclusivo sobre seguridad ciudadana.
Los resultados buscan presentar evidencia nueva sobre un tema poco estudiado a fin que pueda servir como referencia para entender el fenómeno en el Perú y sugerir pistas para su estudio en otros países latinoamericanos. Los resultados también buscan alimentar la información que se necesita para mejores políticas de seguridad ciudadana desde la policía. Al margen de que el control policial sea reactivo o proactivo, la evidencia señala que las políticas públicas de seguridad ciudadana que abordan el crimen dependen íntegramente de la decisión de acudir a la policía frente a la victimización (Khondaker, Wu, y Lambert, 2017; Tolsma, Blaauw y te Grotenhuis, 2012). Esto enfatiza la necesidad de políticas basadas en evidencia y no solo un énfasis en control policial rutinario, algo que es importante puesto que el 40% de la población piensa que la inseguridad ciudadana es el mayor problema que enfrentan los Estados (Latinobarómetro, 2016).
Estado del arte
Los enfoques centrales para entender la decisión de denunciar se han centrado en la teoría de la elección racional, las teorías de la legitimidad, y un tercer grupo que ha recogido mucho de lo planteado por Black (1973) en su teoría de estratificación social.
La mayoría de los estudios sobre denuncias se basan en la presunción de que la decisión de denunciar es racional (Bowles, Garcia Reyes y Garoupa, 2009; Carr, Napolitano y Keating, 2007; Kirk y Matsuda, 2011; Kury, Teske y Würger, 1999; Skogan, 1984). Como tal, es el resultado de la evaluación de los costos y beneficios de acudir a la policía (Gingerich y Oliveros, 2018; Greenberg y Beach, 2004; Skogan, 2009; Soares, 2004). Desde esta perspectiva, ha sido recurrente encontrar que las variables más importantes son aquellas vinculadas con las características del crimen. Así, los delitos más violentos han mostrado tener una mayor probabilidad de ser denunciados (Baumer y Lauritsen, 2010; Felson, Messner, Hoskin y Dean, 2002; M. R. Gottfredson y D. M. Gottfredson, 1988; Landau, 2006; Tarling y Morris, 2010), porque reflejan costos mayores que requieren mayor atención para ser compensados, pero también porque pueden recoger una mayor preocupación subjetiva sobre la amenaza de muerte o daño severo.
Otros trabajos han recurrido a las teorías de la legitimidad para argumentar que el contacto individual con la policía está esencialmente relacionado con las evaluaciones que los ciudadanos hagan de estos agentes (Bennett y Wiegand, 1994; Boateng, 2016; Kááriáinen y Sirén, 2011; Tankebe, 2010; Tyler y Jackson, 2014). La teoría de la legitimidad sugiere que la confianza en la policía incrementa la percepción individual de que se recibirán beneficios al denunciar un delito (Jackson, Bradford, Hough y Murray, 2012), mientras que aquellos que evalúan negativamente a la policía tendrán una menor probabilidad de hacerlo.
Finalmente, una tercera rama explicativa de estudios ha sugerido que las características ambientales también tienen un impacto en la decisión de denunciar, particularmente aquellas que reflejan desigualdades y estratificación social como la desventaja social (Baumer y Lauritsen, 2010; Goudriaan, Wittebrood y Nieuwbeerta, 2006; Zhang, Messner y Liu, 2007), las tasas locales del crimen (Warner, 1992) o los recursos policiales (Soares, 2004). De ahí que algunos de estos trabajos hayan recurrido a la teoría de estratificación social de Black (Baumer, 2002; Bennett y Wiegand, 1994; Goudriaan et al., 2006; Kuo, Cuvelier, Sheu y Chang, 2012).
La mayoría de la literatura sobre la decisión de denunciar generalmente usa muestras agregadas que combinan distintas categorías de delitos a fin de ganar poder estadístico (Greenberg y Beach, 2004; Kochel, Parks y Mastrofski, 2013; Tarling y Morris, 2010). La mayor parte de estos trabajos analizan las particularidades de la denuncia de uno o dos delitos (Baumer, 2002; Finkelhor y Ormrod, 1999; Greenberg y Beach, 2004; Kochel et al., 2013; Kuo et al., 2012; Zhang et al., 2007). Incluso, algunos comparan grupos de delitos como los delitos contra la propiedad y delitos sexuales (Boateng, 2016; D. M. Gottfredson y Hindelang, 1979). Otros trabajos estiman las variables en función de índices agregados del crimen (Benavente y Cortés, 2006; Kochel et al., 2013; Posick, 2014; Reyns y Randa, 2017; Watkins, 2005).
El tipo de delito y cómo es operacionalizado empíricamente influye en la relevancia en la predicción de la decisión de denunciar. A pesar de que existe muy poca evidencia empírica que ha comparado indicadores entre distintos delitos, hay una base teórica importante que señala la existencia de diferencias en la conducta de denuncia para distintos tipos. Por ejemplo, los delitos contra la propiedad ocurridos cerca del hogar de las víctimas tienen una mayor probabilidad de ser denunciados debido a que la proximidad residencial incrementa la sensación de vulnerabilidad. Delitos que implican importantes pérdidas financieras, como el robo de un carro, también tienen una mayor probabilidad de ser denunciados debido al impacto que esa pérdida puede generar y a la posibilidad de mitigarla denunciando el hecho y tramitando el cobro del seguro (Tarling y Morris, 2010; Ungar, 2011; Zweig y Yahner, 2013).
Al margen de la teoría empleada y el delito estudiado, los factores que predicen la decisión de denunciar han sido agrupados en tres categorías: características del crimen (uso de arma, tipo de crimen, victimización reiterada), características individuales de las propias personas que lo sufrieron (confianza en la policía, nivel socioeconómico, sexo, edad, educación, etc.) y las características del ambiente (recursos policiales, tasa de crimen, desventaja social, etc.).
La evidencia señala que algunas variables son predictores comunes a distintos delitos. Básicamente, se trata de aquellas variables vinculadas a las características del crimen y específicamente al uso o amenaza de violencia (Baumer, 2002; Finkelhor y Ormrod, 1999; Kááriáinen y Sirén, 2011). Por el contrario, el efecto de la victimización reiterada (haber sido víctima de algún delito en más de una ocasión durante los últimos doce meses) no es concluyente. Algunos estudios han identificado que la victimización reiterada aumenta la probabilidad de denunciar (Posick, 2014), pero otros han hallado el efecto contrario (Zhang et al., 2007). La evidencia mixta también atañe a otras características individuales. Los trabajos sobre la hipótesis de la legitimidad son un buen ejemplo. Algunos estudios han identificado que una mayor confianza en la policía conlleva a una mayor probabilidad de denuncia (Kochel et al., 2013; Posick, 2014), aunque esto depende del tipo de delito (Boateng, 2016). Otros, sin embargo, no han hallado ningún tipo de relación estadística significativa entre legitimidad y denuncia (Goudriaan et al., 2006; Kääriäinen, 2007; Tarling y Morris, 2010).
Respecto del sexo de la víctima, en algunos estudios las mujeres tienen menor probabilidad de denunciar delitos patrimoniales frente a los hombres (Benavente y Cortés, 2006). Otros trabajos han hallado el efecto opuesto (Baumer, 2002; Greenberg y Beach, 2004; Gutiérrez y Kirk, 2017). La educación como factor explicativo de las denuncias también carece de robustez. Algunos han identificado que sí tiene un efecto positivo sobre la decisión de denunciar (Benavente y Cortés, 2006; Gutiérrez y Kirk, 2017), pero otros no (Baumer, 2002). Los trabajos que señalan que los individuos de "mayor estatus social" tienen una mayor probabilidad de denunciar (Finkelhor y Ormrod, 1999; Warner, 1992) sostienen la noción de estratificación de la ley (Black, 1973), en la cual la movilización legal está vinculada con el estatus social (Baumer, 2002; Kuo et al., 2012; Posick, 2014). Pero esta evidencia tampoco es concluyente, pues algunos estudios han concluido que los individuos de bajo estatus son los que tienen una mayor probabilidad de denunciar (Baumer, 2002; Kuo et al., 2012; Posick, 2014).
En breve, junto con la claridad del efecto de ciertos factores predictores de la decisión de denunciar (delitos violentos, por ejemplo), otros necesitan de más evidencia para poder comprender su relación con la denuncia. A la luz de esta información, este trabajo evalúa el efecto de las características del crimen y de las características individuales (de las personas víctimas del delito) sobre la decisión de denunciar cuatro delitos patrimoniales distintos en el contexto peruano.
Metodología
Data
La única encuesta de victimización continua en el Perú es la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016b). Es una encuesta de hogares de corte transversal que es aplicada en el ámbito urbano (70% del país). La encuesta es realizada por la entidad estatal encargada a nivel nacional de la aplicación de encuestas y censos nacionales. La ENAPRES tiene representatividad regional y nacional. Cada ronda anual de la ENAPRES tiene una muestra de aproximadamente 45.000 personas, lo cual otorga un acercamiento importante a la realidad de la seguridad en el país. La muestra es probabilística, estratificada, bietápica e independiente al nivel departamental.
La ENAPRES incluye un módulo de victimización, cuya estructura es similar a la que posee la International Crime Victims Survey. Está diseñada para indagar por once hechos delictivos distintos, siendo seis de ellos patrimoniales. En concreto, se pregunta si "¿En los últimos doce meses, usted ha sido víctima de [hecho delictivo]?". Luego, se investiga en respecto de si se denunció el hecho ante la policía.
Nuestra muestra estuvo conformada por todas las personas que fueron víctima de algún hecho delictivo patrimonial (robo de hogar, de auto, de autopartes, o de moto), al margen de que hayan denunciado o no. Se eligieron los cuatro delitos de mayor frecuencia en la ENAPRES. La muestra incluyó a personas de 14 a 90 años de edad, 49% fueron mujeres y 50% pertenecía al nivel socioeconómico del tercil inferior, 27% al tercil medio y el 23% al tercil superior. Como algunos delitos tienen baja frecuencia, se trabajó con el pool de datos disponibles de la ENAPRES (2010-2016), lo que permitió obtener tamaños de muestra importantes para las observaciones individuales. El tamaño muestral total fue de 5.414 observaciones para el robo de hogares, 1.498 para el robo de auto, 4.926 para el robo de autopartes y 2.953 para el robo de moto.
El 20% de peruanos fue víctima de alguno de esos delitos en el 2016. Un 17,8% fue víctima de robo de hogar. El resto de delitos tiene menos frecuencia y afectó a menos del 3% de la población. Aun así, la distribución de la percepción de inseguridad es bastante alta entre todos esos delitos. El 73,6% cree que será víctima de robo de hogar en los próximos doce meses. Entre los delitos restantes, pese a su baja frecuencia, un 37,8% considera que le robarán el auto, un 40% considera que le robarán las autopartes y un 38,4% considera que sufrirá el robo de su moto en los siguientes doce meses.
Variables e hipótesis
La variable dependiente es la decisión de denunciar luego de haber sido víctima del hecho delictivo. Toma el valor de 1 si la persona denunció el delito i, y 0 en el caso contrario. Se construyeron cuatro variables dependientes distintas, una para cada delito trabajado: robo de hogares, robo de auto, robo de autopartes y robo de moto. Para cada uno de estos cuatro modelos, se empleó el mismo grupo de variables independientes.
Como se aprecia en la Ecuación 1, las variables independientes fueron agrupadas en torno a las características del crimen y características del individuo. Adicionalmente, se controló por características del ambiente (distrito del encuestado). Todas estas variables están descritas en la Tabla 1.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016b).
Dentro de las características del crimen, nos concentramos en evaluar el efecto de la victimización reiterada y el uso de armas (durante el delito sufrido). En nuestros datos, la victimización reiterada fue construida con base en el número de hechos delictivos sufridos (de cualquier tipo de delito) en los doce meses anteriores. Aunque la evidencia al respecto es escasa (Posick, 2014; Zhang et al., 2007), nuestra hipótesis I es que la victimización reiterada general tiene un peso importante, pues mide una especie de agotamiento amplio frente al crimen que, en una segunda instancia, cataliza la denuncia.
Además, el efecto del uso de armas sobre la decisión de denunciar cuenta con amplia evidencia (Finkelhor y Ormrod, 1999; Tarling y Morris, 2010; Zhang et al., 2007). En esa línea, nuestra hipótesis II es que las víctimas de delitos violentos (con arma), al margen de cuál se trate, son más propensas a denunciar el hecho ante la policía. La medición recayó en una variable dicotómica que señaló si el delito fue cometido por un delincuente con arma (palo, pistola u otra).
Dentro de las características individuales, se incluyeron cinco variables: confianza en la policía (escala del 1 al 4, donde 1 es confía poco y 4 mucho), nivel socioeconómico (terciles), género (1 mujer; 0 hombre), edad y nivel educativo (secundaria o más). Debido a que las dos primeras son teóricamente más relevantes, en torno a ellas formulamos igual número de hipótesis. El resto de variables se tomaron como controles.
De un lado, según la literatura previa, uno de los principales indicadores de las denuncias es la confianza en la policía. En el caso peruano, los altos índices de criminalidad van de la mano con una alta percepción de desconfianza en la policía. Solo un 7% confía mucho en esta institución (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016b). Suponemos que la confianza en la policía influye en la decisión de denunciar los delitos. Por ende, nuestra hipótesis III es que quienes confían menos en la policía son menos propensos a denunciar.
Por otro lado, respecto al nivel socioeconómico, creemos que en la medida que este sea mayor se brindarán mayores oportunidades, recursos y conocimiento para activar el sistema de justicia, por lo que nuestra hipótesis IV es que son los terciles de mayores ingresos los que denunciarán con mayor probabilidad. Para evaluar esta hipótesis, se incluyeron los terciles de nivel socioeconómico (construidos mediante Análisis de Componentes Principales y en base a los activos y servicios en el hogar).
Por último, a fin de captar adecuadamente los efectos de las características individuales y del crimen, se incluyó un grupo de controles con características ambientales al nivel distrital. Se consideró al número de comisarías y policías por cada 100.000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016a), así como una proxy de tasa de crimen distrital (varía del 1 al 8 y contabiliza si los siguientes delitos son problema en el distrito a opinión de cada municipio: robos de casa, robos en la calle, pandillas o violencia juvenil, consumo de drogas en la calle, alcoholismo, prostitución, micro-comercialización y tráfico de drogas) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016c) y un indicador de desventaja social (construido mediante Análisis de Correspondencias Múltiples, con base a las siguientes variables a nivel distrital: mujeres sin seguro, pobreza, población mayor a 18 años, personas que hablan español -indicador aproximado de etnia en el Perú-, estabilidad de residencia -vive 5 años o más en el distrito-, desempleo y jefaturas de hogar que recaen en mujeres) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007).
Estrategia empírica
La decisión de denunciar es binaria (denunció o no denunció), lo que hace que el modelo de regresión logística sea el modelo más apropiado. Sus resultados pueden ser presentados como ratios de probabilidades, lo que facilita mucho la interpretación pues produce estimaciones acerca de cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de denunciar cuando las características individuales y del crimen varían.
El reconocimiento de la influencia de variables ambientales en la decisión de denunciar impone un reto empírico adicional. Si las características del ambiente, como el número de comisarías, influyen en la decisión de denunciar, entonces la decisión de denunciar de los individuos de un mismo distrito estará influenciada por las características comunes a su unidad geográfica. Esta dependencia espacial causa la aparición de correlación entre el error y las observaciones al nivel de cada distrito, causando problemas en la partición de la varianza (Woltman, Feldstain, MacKay y Rocchi, 2012) y la obtención de estimadores sesgados y no eficientes (Goldstein, 2010).
La solución está en recurrir a modelos que tomen en cuenta esta dependencia espacial. Para lidiar con ello, las estimaciones se realizaron mediante métodos multinivel (regresión logística multinivel de efectos mixtos). Estos métodos toman dicha dependencia espacial para estimar la variabilidad de la decisión de denunciar entre distritos. De ahí que en la Ecuación 1, el intercepto y el error aleatorio incorporen el subíndice j (distrito), permitiendo la variabilidad de los estimadores a ese nivel geográfico. Además, el modelo admite que existan dos errores aleatorios en la Ecuación 1 (uno que da cuenta del error estándar entre individuos de diferentes distritos, y otro entre distritos) y que el propio intercepto pueda variar entre distritos (subíndice j).
Otro de los retos empíricos estuvo en afrontar la posibilidad de doble causalidad entre la decisión de denunciar y la confianza en la policía. Una persona puede denunciar porque confía más en la policía, pero también es posible que su confianza en esta institución sea producto de su interacción al denunciar. De los cuatro delitos evaluados, tanto las denuncias de robo de hogares como de robo de autopartes mostraron problemas de endogeneidad con la confianza en la policía. Este problema fue resuelto mediante el uso de variables instrumentales para la confianza (porcentaje de hogares sin agua, porcentaje de hogares en los que el hombre es jefe de hogar y número de licencias de apertura de establecimientos). Pruebas ex post descartaron la presencia de endogeneidad (test de exogeneidad de Wald > 0,05).
Resultados
Características del crimen
Los resultados se presentan en la Tabla 2 (en odds ratio). Los predictores más importantes están en las características del crimen. El predictor más fuerte y siempre significativo a lo largo de todas las estimaciones fue el uso de arma de parte del delincuente. El efecto no siempre tuvo el mismo tamaño. El registro más fuerte estuvo en los robos de hogares. Elevó en 15 veces la probabilidad de denunciar cuando el crimen fue violento. La probabilidad se triplicó respecto al robo de auto y autopartes, en tanto que aumentó en 80% la probabilidad de denuncia del robo de moto. Estos resultados confirman nuestra primera hipótesis: se denuncian los delitos violentos al margen del tipo de delito del que se trate, lo que probablemente sugiera que el miedo o la amenaza a la vida por haber sido confrontado con arma motiva la reacción de comunicar el hecho a la policía y esperar solucionarlo.
* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
Fuente: Elaboración propia
Por el contrario, la hipótesis II de la victimización reiterada se cumplió solo parcialmente. En solo dos delitos se confirmó que la decisión de denunciar está asociada significativa y positivamente al mayor número de veces que una persona fue víctima en los doce últimos meses. Es el caso del robo de hogares, frente al cual la victimización reiterada aumenta en 29% la probabilidad de denuncia; y el robo de autopartes, con un efecto similar de 24.3%.
Características individuales
Tanto en el robo de hogares como de moto, la confianza policial aumenta la denuncia. Por el contrario, la confianza reduce la probabilidad de denunciar el robo de auto y autopartes. Sin embargo, el tamaño de estos efectos sobre la probabilidad de denunciar es pequeño (<1%) y en ningún caso significativo. En forma opuesta a nuestra hipótesis III, la confianza en la policía no tiene efecto significativo en ninguna de las probabilidades de denunciar.
Los resultados por tercil de nivel socioeconómico muestran una progresividad relativa (hipótesis IV). A mayor nivel socioeconómico, la probabilidad de denunciar es mayor en casi todos los delitos (la excepción es el robo de hogares). Sin embargo, esta relación es relativa porque, si bien casi siempre la probabilidad de denuncia es mayor en el tercil medio y mayor aún en el tercil alto, el efecto es significativo solo para el robo de autopartes. En este caso, las personas del tercil medio tienen un 28,4% más probabilidades de denunciar frente a las del tercil más bajo, mientras que las del tercil superior tienen un 37,4% más probabilidades de hacerlo.
Interacción entre características del crimen
Debido a que tanto las características individuales como del crimen influencian en forma importante la decisión de denunciar la mayoría de los delitos evaluados, se incluyó la interacción entre uso de arma de parte del delincuente y la victimización reiterada. Los resultados se presentan en la Tabla 3. Mientras que las características individuales varían muy poco y las mismas variables mantienen su significancia, las características del crimen muestran dos cambios interesantes.
* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
Fuente: Elaboración propia
Primero, la interacción tiene efecto significativo solo para el robo de hogares. Aumenta en 55,8% la probabilidad de denunciarlo. Al mismo tiempo, el uso de arma aumenta en 8 veces la probabilidad de denuncia y la victimización reiterada pierde significancia. Esto sugiere que la concurrencia de violencia o amenaza durante el crimen y la historia reciente como víctima inhibe la propensión a denunciar aunque no la elimina.
Ambos factores, probablemente se refieran a una mayor sensación de vulnerabilidad ante el crimen que paraliza la intención de denuncia.
Segundo, la interacción del uso de arma y victimización reiterada no es significativa en el resto de las situaciones de denuncia, pero su inclusión incrementa el efecto del uso de arma sobre esta probabilidad. El aumento es pequeño y marginalmente no es tan importante. Estas diferencias sugieren que la vulnerabilidad ante el crimen parece depender de un locus (hogar) para poder materializar la denuncia.
Discusión
Mientras que la victimización es un fenómeno bastante común en el Perú -una de cada cuatro personas ha sido víctima de algún delito en el último año-, acudir a la policía para denunciar no lo es. Si la policía no toma conocimiento de la ocurrencia de ciertos delitos y si la población no está dispuesta a acudir a ellos, la ocurrencia frecuente de crímenes y la baja denuncia difícilmente cambiarán. Este artículo buscó develar las características del crimen y las características individuales que determinan la decisión de denunciar para el caso de cuatro delitos patrimoniales distintos (robo de hogares, robo de auto, robo de autopartes y robo de motocicleta), bajo la esperanza de contribuir a la mejora del diseño de las políticas que a su vez influyen directa o indirectamente en la proporción de personas que denuncian ante la policía.
Para un mejor desarrollo de políticas públicas que puedan reducir la criminalidad, las autoridades también deben disponer de un panorama más amplio respecto a las variables que influyen en los individuos que motivan o frenan su intención de denunciar. El conocimiento de los factores vinculados a las denuncias de diferentes tipos de delitos patrimoniales facilitaría identificar cuándo un delito tiene una probabilidad alta de ser sub-reportado a las autoridades correspondientes, además de promover políticas públicas que podrían facilitar la denuncia de ciertos delitos.
En línea con la mayor parte de la literatura, mejorar la confianza en la policía como medio para incentivar las denuncias es una política con pocas probabilidades de éxito. Nuevas hipótesis deben ser formuladas. Consideramos que la confianza en la policía peruana es tan baja que se ha convertido en un rasgo estructural que difícilmente cambiará en el corto plazo. Es más, en el periodo analizado (2010-2016), el porcentaje de personas que señalaron confiar mucho en la policía fluctuó entre 4,5% y 7,5%. Como tal, esta poca variabilidad está influenciada por percepciones previas que necesitan de muy poca información para validarse, pero mucho tiempo para ser variadas en tanto forman parte de posicionamientos centrales en los ciudadanos.
A primera vista, la ausencia de relación estadística (significativa) entre confianza y denuncia puede ser desalentadora. Quizás los hacedores de política pueden encontrar en este resultado algo positivo, ya que los individuos están dispuestos a acudir a la policía pese a la mayoritaria desconfianza que le tienen.
El resultado más consistente entre los delitos evaluados fue el efecto del grado de violencia usado en el delito. Si el crimen fue cometido con arma, la probabilidad de denunciar el robo de hogares aumentó en l5 veces, la probabilidad de denunciar el robo de auto y el robo de autopartes aumentó más de 3 veces, mientras que la denuncia por robo de moto aumentó en 80,8%. Esto sugiere que la razón principal detrás de denunciar es la amenaza de daño o muerte entendida así por la víctima. Futuros estudios de corte cualitativo deberán explorar la relación entre victimización por arma, la carga emocional generada y la decisión de denunciar. En ese sentido, será importante comprender si dicha carga emocional se basa en el miedo, hartazgo o envalentonamiento, al mismo tiempo que se identifica cuál es el rol que cumplen las redes de soporte familiar o amical que justamente por presentarse como apoyo emocional o social pueden facilitar la decisión de denunciar. En términos de políticas públicas, es factible promover mediante campañas publicitarias la denuncia de delitos aun si no son violentos, para poder enfrentar con mayor información los elementos delictivos.
Es decir, la interacción entre el uso de arma (de parte del delincuente) y la victimización reiterada aumenta la probabilidad de denunciar. Esto fue cierto solo para el robo de hogares. Sin embargo, el efecto conjunto de estas variables fue menor que el efecto individual del uso de arma, lo cual señala que la victimización reiterada inhibe la probabilidad de denuncia, aunque no la elimina. Futuros estudios deberán evaluar si el robo de hogares reiterado crea una forma de vulnerabilidad particular (por localizarse en el espacio donde supuestamente hay más seguridad) que aleja, en lugar de acercar a la víctima a la policía. Al mismo tiempo, este resultado sugiere que la victimización reiterada, como forma de vulnerabilidad, merece en adelante más atención en el diseño de las políticas públicas de seguridad.
El hecho de que la interacción evaluada solo haya sido significativa para el robo de hogares y no para el resto de los delitos, sugiere que la decisión de denunciar está anclada a un locus. La motivación para denunciar y la vulnerabilidad ante el crimen se enraízan en un espacio inamovible sobre el cual el individuo tiene mucho control interno (puede tomar medidas de seguridad), pero muy poco control externo (características ambientales que recogen la tasa de crimen en la zona, por ejemplo). En esa línea, la policía puede dar énfasis tanto a las características del individuo como de su ambiente. Para lo primero, sería útil la construcción de mapas del delito sobre robos de hogares que al ser continuamente actualizados pueden brindar una idea de dónde se ubican las viviendas más vulnerables a fin de desplegar estrategias de patrullaje preventivo. Para lo segundo, la inversión en condiciones ambientales diversas (iluminación, espacios públicos, lotes vacíos, etc.) puede disuadir el crimen con el riesgo de que este se desplace, mas no se elimine. Nuevamente, dicha inversión podría estar más bien focalizada en los barrios de mayor victimización. Políticas de este tipo son importantes para América Latina en tanto promoverían una agenda de seguridad distinta que involucra la prevención del delito mediante diseño ambiental. Para que intervenciones de este tipo tengan mayor probabilidad de éxito, no es suficiente basarse en la evidencia. Requieren gestión local, mayor interacción y coordinación entre actores públicos.
La proporción de personas que denuncian delitos sigue siendo bastante baja en el Perú. La policía está recibiendo una proporción menor de denuncias y solo los crímenes violentos tienen una mayor oportunidad de llegar a la institución. Esto crea un problema adicional sobre los registros administrativos de denuncias (sesgo de selección) y causa una menor confianza en estas estadísticas.
Las diferencias entre los factores que llevan a denunciar los cuatro delitos evaluados no muestran grandes diferencias. La gran separación está en el robo de hogares y el resto (auto, autopartes y moto). Estas diferencias podrían estar evidenciando discrepancias cualitativas entre el bien afectado, el cual altera el balance entre costos y beneficios de acudir a la comisaría a denunciar (Kury et al., 1999; Tarling y Morris, 2010). De acuerdo a lo investigado, la mayor frecuencia de denuncia se da en los robos de hogares con uso de arma, por lo tanto, se deben fortalecer los planes de protección y atención del denunciante, al ser uno de los crímenes que genera mayor vulnerabilidad. En otras palabras, hay una necesidad de incentivar la denuncia de delitos no violentos. Uno de cada cuatro delitos no se denuncia porque se considera que hacerlo es una pérdida de tiempo (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016b). La negación a hacerlo probablemente esté relacionada con la eficiencia de la policía, un aspecto no abordado en este trabajo que debe ser retomado por futuros trabajos de investigación.
La confianza y la eficiencia en la policía son conceptos semejantes, pero no equivalentes, por lo que importa tratarlos en forma separada, especialmente debido a que en este trabajo se demostró el nulo efecto estadístico que la confianza en la policía tiene sobre la decisión de denunciar cuatro delitos distintos. Un foco más importante es la eficiencia. Los aumentos de eficiencia de las comisarías en España han coincidido con una mejora en la inversión pública en estas y con la mejora de la opinión pública sobre esta institución (García-Sánchez, Rodríguez-Domínguez y Parra-Domínguez, 2011). El caso particular de las comisarías rurales de Australia también es un ejemplo pertinente. Cuando el gobierno decidió cerrarlas, varió la forma de interacción entre la policía y los ciudadanos, generando efectos concretos sobre el crimen y simbólicos sobre la imagen de la policía (Smith y Somerville, 2013). Durante la década del 90, las estaciones de policía en Estados Unidos tuvieron un gran cambio que favoreció la introducción del community policing, según Maguire et al. (2003). Redujeron la concentración administrativa, como consecuencia de la cual cada vez el sistema necesitaba de más policías en la parte administrativa y menos en la parte operativa (patrullaje, principalmente).
La victimización reiterada es un problema de mayor impacto. Sin embargo, son pocos los países que han dado atención a este aspecto como política. En Inglaterra, por ejemplo, la policía local ejecutó un programa exitoso exclusivamente dirigido a reducir la victimización reiterada de hogares y el robo reiterado de vehículos. Luego de la identificación (geolocalización) de las familias víctimas reiteradas del delito, se les otorgó en forma temporal alarmas, candados y hasta cámaras de video vigilancia, lo cual se complementó con patrullaje policial y vigilancia vecinal (Chenery, Holt y Pease, 1997).
El problema del subregistro administrativo de denuncias es otro tema pendiente, pero se trata de la consecuencia de la decisión de no denunciar. La tecnología ha sido vista como un medio de reducir los costos de transacción implícitos en denunciar. En Colombia, la creación de una web y aplicación para interponer denuncias y la integración de sistemas administrativos de la policía y fiscalía aumentó en más de 50% la cantidad de delitos de alto impacto (Rodríguez et al., 2018). Evaluar este tipo de medidas es importante. Pero también lo es analizar el problema desde una mirada más agregada para el contexto latinoamericano. En ocasiones, la decisión de no denunciar puede reflejar miedos mayores asociados a contextos de mucha violencia. Los altos niveles de inseguridad como los centroamericanos han producido soluciones de "escape" (intención de migrar o mudarse) y estrategias de sobrevivencia (Dammert, 2018) que terminan por aumentar el porcentaje de personas que no desean denunciar. Así, entre las soluciones tecnológicas y las limitaciones de los contextos violentos, las medidas pro denuncia deben considerar la heterogeneidad de los contextos y de las posibles motivaciones para no acudir a las comisarías.
Este estudio es el primero en el Perú y en América Latina que compara variables en la decisión de denunciar para distintos tipos de delitos. Sin embargo, no está libre de limitaciones. Nuestra data es de corte transversal, lo cual limita la examinación de cuestiones de causalidad. Si bien este trabajo examina la conducta de denunciar a lo largo de distintos delitos en un contexto como el peruano de alta violencia, al mismo tiempo estamos limitados en extrapolar las conclusiones hacia otros delitos y contextos. Aunque investigaciones futuras deberán validar nuestros resultados para otras realidades latinoamericanas, es probable que obtengan resultados parecidos debido a la similitud del Perú con otros países de la región que también tienen altas tasas de crimen, altas desigualdades e instituciones débiles.
La agenda de investigación sobre el tema es amplia. Futuros trabajos deberán también explorar la valoración y el sentido que hombres y mujeres de diferentes estratos sociales le dan a la decisión de denunciar y en qué medida esa decisión está influenciada por las redes de soporte familiares, amicales o institucionales.