Introducción

“Comercio ilegal de armas de fuego: una amenaza latente para la seguridad pública”.

En este estudio se examina el comercio ilegal de armas de fuego en América Latina, destacando su contribución negativa en el incremento de la violencia delictiva. Asimismo, se mencionan las deficiencias que existen respecto al control y regulación de armas de fuego, con el objetivo de prevenir su desvío hacia el crimen organizado. De igual manera, se analizan casos donde las armas de fuego adquiridas legalmente terminan en manos de la delincuencia. Por otro lado, esta investigación destaca el alto porcentaje de armas de fuego incautadas, que provienen de fuentes legales e irregulares, y enfatiza la necesidad de medidas efectivas para combatir este comercio ilegal dado su impacto en la seguridad ciudadana. El comercio ilegal de armas de fuego representa un desafío significativo para los organismos de seguridad del país; implica la adquisición y distribución de armamento y municiones sin cumplir con las regulaciones pertinentes, lo que posibilita su desvío hacia la delincuencia (^{Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020}). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga fenómeno contribuye al incremento de la violencia delictiva con consecuencias negativas en la seguridad pública; por ello, es crucial estudiar este problema para comprender su complejidad y diseñar medidas efectivas para combatirla.

Los hallazgos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (^{Sucamec, 2022}), señalan que existe una preocupante situación de abastecimiento de armas de fuego a la delincuencia en la que participarían en algunos casos miembros de las fuerzas de seguridad de manera directa o indirecta. Esto se evidencia en el análisis de casos en los que las armas son adquiridas legalmente, pero después son reportadas como robadas o perdidas y sus titulares compran nuevas armas. Además, se ha constatado que un alto porcentaje de armas incautadas en operativos policiales son de procedencia legal y otras en situación irregular (actualmente ilegal); es decir, con licencias vencidas o canceladas (^{Policía Nacional del Perú, 2021}). Ello advierte una posible modalidad de abastecimiento (principal) a las bandas criminales, lo que genera una seria preocupación en cuanto a la seguridad pública y plantea la necesidad de tomar medidas efectivas para prevenir y combatir su tráfico.

En este marco, el presente artículo examina el comercio ilegal de armas de fuego en Lima, abordando las condiciones legales y de seguridad que facilitan el acceso a las armas por parte de los delincuentes. Además, destaca cómo la securitización y los riesgos personales generan una demanda desproporcionada en la compra de armas.

Según la investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal de armas de fuego es un problema grave en Europa, donde un gran número de armas incautadas provienen de fuentes ilegales. En dicha región, este hecho constituye un gran desafío para limitar el suministro a grupos terroristas, organizaciones criminales y pandillas, responsables de gran parte de la violencia en la región. La situación es aún más preocupante, cuando se considera que este comercio ilegal de armas ha sido responsable del 50 % de las muertes ocurridas entre el 2010 y 2015 (^{Pérez y Lindsay-Poland, 2019}). La investigación también identifica que la falta de control y la administración estatal deficiente son las principales causas del comercio ilegal de armas, junto con la desviación en la cadena de suministro. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de tomar medidas efectivas para combatir el comercio ilegal de armas y mejorar el control y la regulación del suministro de estas en Europa (^{Nakamitsu, 2020}).

Los datos de la UNODC (en español, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) del 2019, muestran que más del 50 % de los homicidios en todo el mundo estuvieron relacionados con armas de fuego empleadas por la actividad criminal, lo que representó 464 000 víctimas, superando las muertes ocasionadas por el terrorismo o conflictos armados. Además, los datos revelan que hay mayor letalidad cuando las armas de fuego se encuentran en poder de grupos criminales, lo que se refleja en las tasas de homicidios por región. En América Latina y el Caribe, el 52 % de las armas incautadas corresponden a pistolas, el 24 % a revólveres y el porcentaje restante a escopetas, fusiles y ametralladoras, todas ellas ilegales y utilizadas en diferentes delitos violentos (^{Gaceta del Congreso de Colombia, 2022}). Colombia y Chile son países que destacan en la región por la cantidad de armas ilegales incautadas. Colombia reportó que el 75.9 % y 69.8 % de sus armas incautadas corresponden a pistolas y revólveres, respectivamente (^{Policía Nacional de Colombia, 2022}); mientras que Chile registró un aumento del 32.2 % en la cantidad de armas ilegales incautadas entre el 2020 y 2021 (^{Policía de Investigaciones de Chile, 2022}). En Perú, durante el 2018 se registraron 2452 muertes asociadas a homicidio calificado, sicariato, robo agravado y lesiones graves, seguidas de muerte, y la mayoría de ellas ocasionadas por armas ilegales (^{Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2020}). El Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Armas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), también registró durante el 2021 la recuperación de 5460 armas de fuego, la mayoría de ellas utilizadas en diferentes delitos y producto del comercio ilegal de armas (^{Departamento de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, 2021}). Por su parte, los entrevistados de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN), indican que en el 2021 se registró la incautación de 1141 armas de fuego en Lima y 122 en El Callao. Además, la Sucamec, en el mismo año, registra más de 3600 armas perdidas y robadas a nivel nacional, la gran mayoría de ellas utilizadas en delitos violentos. Estos datos evidencian que las acciones realizadas para mitigar la inseguridad ciudadana en Perú son insuficientes y que el comercio ilegal de armas de fuego es un problema que tiene un gran impacto en la seguridad de la población.

El tráfico ilícito de armas se refiere a la adquisición, venta, traslado, importación, exportación, transferencia de armas de fuego, piezas, municiones, partes o armas sin registrar dentro de un espacio geográfico o de un país a otro (^{Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2022}). Este comercio ilegal se abastece mediante diferentes modalidades: (a) el mercado blanco, que se entiende como la venta y compra de armas por parte de la empresa privada o estatal autorizada, en donde su destino es legal y conforme a la ley; (b) el mercado gris, referido a la distribución de armas por la empresa pública o privada, pero el destino final puede ser una organización delictiva o ilegal; (c) mercado negro, en donde toda actividad del comercio de armas es ilegal; es decir, se adquiere y distribuye para ser utilizada en la delincuencia organizada o delincuencia común, siendo este mercado su principal proveedor (^{Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020}).

El mercado negro es el que abastece principalmente a grupos criminales, a través de la fabricación ilícita de armas u obtenidas por medio del hurto a personas particulares o personal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), exportaciones simuladas o su desvío, entre otras prácticas (^{Acuña, 2021}). Si bien se han identificado los tipos de mercado de donde procede el comercio ilegal de armas, existe un número desconocido de fuentes de procedencia, lo que limita la capacidad de investigadores y profesionales para determinar la magnitud del problema (^{Mujica, 2012}). A nivel local, las tragedias personales detrás de cada estadística tienen repercusiones que van desde las emocionales hasta las financieras, no solo para las víctimas, sino también para sus familiares. En algunos casos, las lesiones causadas por armas de fuego pueden cambiar la vida de las personas de manera irreversible (^{Departamento de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, 2021}). Es necesario tomar medidas efectivas para combatir el comercio ilegal de armas y prevenir su uso en actividades delictivas, a fin de reducir el impacto negativo que tiene en la sociedad.

Respecto a la normatividad, las armas de fuego son consideradas cuerpos del delito, según lo establecido en el Acuerdo Plenario No. 6-2012/CJ-116 del 2013. Asimismo, el ^{Código Procesal Penal (2004)} establece en su artículo 68 que la Policía en el ejercicio de sus atribuciones recoge y conserva los instrumentos vinculados al delito (arma de fuego) bajo la conducción del fiscal, y el artículo 199 hace referencia a la relación entre las lesiones corporales y el arma o instrumento utilizado para causarlas. Además, el artículo 316 del mismo código considera las armas de fuego como objetos de incautación por parte de la Policía Nacional del Perú o del ministerio público en el contexto de los hechos delictivos.

En resumen, las armas de fuego son consideradas objeto o cuerpo del delito (elemento fundamental) dentro de los procesos de investigación y persecución del delito en el Perú (^{Decreto Legislativo No. 957, Código Penal peruano, 2004}). Respecto a la jurisprudencia vinculante sobre el porte y uso de armas de fuego con licencia vencida, la ^{Casación No. 211-2014, Ica (2015)}, lo cataloga como una situación irregular, considerada como una falta administrativa: “La posesión del arma con licencia vencida correspondía a una irregularidad administrativa, no pasible de sanción penal” (^{Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 2014}). En contraste, el criterio jurisprudencial establecido en la Casación No. 712-2016, La Libertad (2019), determina responsabilidad penal para el que sin estar debidamente autorizado (licencia vencida, cancelada o inexistente) porte un arma operativa, sin que sea necesario tener un propósito específico, concordante con lo establecido en la RN No. 357-2018, ^{Áncash (2019)}, se debe confirmar necesariamente que el arma esté operativa para que represente un riesgo potencial para la seguridad de los ciudadanos (^{Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 2016}). Es decir, para configurarse el tipo penal de tenencia ilegal de arma de fuego (delito de peligro abstracto, mas no residual).

Un arma de fuego se define como un objeto que tiene al menos un cañón a través del cual se puede disparar una bala, y que tiene la capacidad de aumentar la agresividad y reducir la resistencia de la víctima. Además, cualquier elemento que pueda intimidar a una víctima para hacer actividades en contra de su voluntad, con temor o miedo, también se considera un arma (^{Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 2016}). Por otro lado, un arma de fuego ilegal es un instrumento que tiene capacidad de fuego y está destinado para atacar o defenderse, pero que carece de un documento público vigente emitido por la Sucamec, la PNP o las FF. AA. que acredite su propiedad, porte y uso. Por lo general, este tipo de arma es empleada en diversos tipos de violencia, ya sea interpersonal o intrafamiliar, y suele estar relacionada con la comisión de ilícitos penales (^{Congreso de la República del Perú, 2015}).

En la ciudad de Lima, la ausencia de una empresa que fabrique armas, ha llevado a las empresas interesadas en comercializarlas a importarlas desde otros países; las que pueden inscribirse en los registros públicos para obtener su registro único de contribuyente, les permite comercializar libremente las armas importadas (^{Acuña, 2021}). Si bien esta medida puede generar cierta controversia en cuanto al acceso a las armas, es importante destacar que la regulación y supervisión de la venta de armas importadas es clave para mantener la seguridad pública. De esta manera, se busca evitar que las armas caigan en manos equivocadas y se utilicen de manera irresponsable o delictiva.

Así también, la autorización y renovación de las licencias para importar y comercializar armas de fuego están bajo la responsabilidad de la Sucamec, en cumplimiento de la Ley No. 30299 y su reglamento D. S. No. 010-2017-IN. Además, todas las actividades relacionadas con el uso de armas, como el internamiento, almacenamiento, traslado, posesión y uso, están sujetas a la supervisión y control de la Sucamec debido al peligro potencial que conllevan. Con relación a las municiones, existe una regulación que establece un límite mensual para adquirir por cada arma en la modalidad de defensa personal, de 600 municiones mensuales (no acumulables) y 70 para uso inmediato (porte); sin embargo, este límite no está sujeto a un control riguroso por las empresas comercializadoras ni de la Sucamec, lo que plantea ciertos desafíos en términos de fiscalización. Es importante destacar que las municiones son un elemento clave en la operatividad de las armas de fuego, y su control y fiscalización son fundamentales para garantizar que se utilicen de manera responsable y segura. Asimismo, el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés), que sirve para el control y registro de armas, no se encuentra plenamente implementado en todos los casos, lo que dificulta la tarea de registrar las huellas balísticas de todas las armas que están registradas legalmente y las que han sido utilizadas en actos delictivos.

El contrabando de armas de fuego es un problema latente definido como el acto de eludir, sustraer o burlar los controles aduaneros. Consiste en ingresar productos del extranjero de manera ilícita, teniendo en cuenta que el valor debe ser superior a 4 Unidades Impositivas Tributarias (^{Ley No. 28008 - Ley de Delitos Aduaneros, 2003}). Ello se traduce en actos delictivos como hurto, robo, comercialización, tráfico, uso y porte ilegal de armas de fuego, así como sicariato y homicidios (^{Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 2016}).

En muchos casos, estos delitos son perpetrados con armas de fuego ilegales, en especial los delitos de homicidio, que consiste en matar a otra persona dolosamente en sus modalidades de sicariato, conspiración, homicidio calificado y el ofrecimiento para el sicariato, cuyas estadísticas ascienden a 4038 víctimas durante el 2021 (^{Policía Nacional del Perú, 2021}). Aunque se han implementado diversas estrategias para combatir el tráfico ilegal de armas, como la aprobación de la Ley No. 31324 del 2021 para la entrega voluntaria de armas sin ningún tipo de responsabilidad, Ley No. 31694 del 2023 para el empadronamiento de armas en situación ilegal y amnistía, y la cancelación de licencias, que la Sucamec a través de la Resolución de Superintendencia 826 del 2018 dispuso el decomiso de más de 108 000 armas con licencias canceladas, se evidencia que la efectividad de estas medidas no ha impactado positivamente. Esta situación presume que existe un mercado negro de armas de fuego itinerante y difícil de detectar, así como la posibilidad de que existan armas de contrabando que sean utilizadas en acciones delictivas, aunque no existen estadísticas oficiales que lo confirmen.

Respecto al tema, se han realizado diversos estudios sobre el impacto de las armas de fuego ilegales en la delincuencia y la seguridad ciudadana. ^{De León (2019)} investigó la influencia de las armas de fuego ilegales en los delitos violentos en Veraguas, Panamá; los resultados revelaron que el 70 % afirmó que los delitos se cometen con armas de fuego, mientras que el 85.71 % estuvo a favor de tener armas en casa para garantizar la seguridad.

Por otro lado, ^{Velásquez (2018)} afirma que el delito de porte y uso de armas de fuego en Bogotá se ha reducido, en concordancia con informes de la Policía Nacional y autoridades locales, gracias a campañas de desarme voluntario e intervenciones. Pues, se tiene que el 78 % de los homicidios en Bogotá son cometidos con armas de fuego ilegales y no registradas, y que la sanción por el delito de uso y porte de armas de fuego suele aplicarse como pena subsidiaria o no imputada, debido a la comisión de otros delitos más graves.

En el Perú, ^{Vásquez (2019)} examinó la tenencia de armas de fuego y su impacto en la seguridad de los ciudadanos en Lima durante el 2015 y 2016, con el propósito de restringir las armas en manos de particulares a lo estrictamente necesario y permitido por el Estado. El 85 % de las personas confirmó que los delitos han aumentado en la ciudad de Lima y que la Policía y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas y Municiones y Explosivos de Uso Civil aplican medidas de control insuficientes, no fiscalizan adecuadamente la tenencia de armas de fuego, ya sea legal o ilegal, entre los ciudadanos.

Método

En este sentido, el propósito de este artículo es analizar la dinámica del comercio ilegal de armas de fuego en Lima, Perú. La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo con la finalidad de estudiar la realidad en su contexto, con el propósito de interpretar los hechos de acuerdo con los significados que tienen para las personas (^{Díaz, 2018}); y el diseño de investigación utilizado es el fenomenológico hermenéutico, pues se basa en contrastar y comparar las experiencias vividas y percepciones de los participantes de la muestra, proporcionando valor pedagógico a la experiencia (^{Fuster, 2019}). La muestra incluye veinte funcionarios: diez de la Policía Nacional del Perú (PNP), oficiales y suboficiales que hayan laborado por lo menos cinco años en el Departamento de Análisis Criminal de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN de la PNP), Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Armas (Depitiame) de la Dirincri, y diez funcionarios de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), profesionales civiles que hayan laborado como mínimo cinco años en dicha entidad y haber tenido el puesto de jefe o superintendente en dicha entidad. El muestreo se hizo con expertos, pues era necesaria la experiencia y opinión de especialistas en el tema de estudio (^{Díaz-Ferrer et al., 2020}). Las entrevistas se llevaron a cabo de marzo a mayo de 2023.

Para recolectar los datos se utilizó la guía de entrevista semiestructurada, con la finalidad de profundizar en las respuestas de los participantes haciendo repreguntas (^{Ríos, 2019}), validada por juicio de expertos. Constituida por 15 preguntas, subdivididas en cinco preguntas para la procedencia ilegal de armas de fuego utilizadas como instrumentos de delitos, cinco preguntas sobre constitución del mercado ilegal de armas de fuego de procedencia ilícita y cinco preguntas sobre la ejecución de la transacción ilegal de armas de fuego de procedencia ilícita.

En el proceso de recolección de datos de la investigación, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: primero, se determinó el tamaño de la muestra y se informó a los participantes acerca del objetivo del estudio, solicitando su consentimiento informado mediante la firma correspondiente. A continuación, se programaron las entrevistas presenciales con cada uno de los participantes. Tras la realización de estas, se procedió a transcribir las entrevistas para luego categorizarlas utilizando la técnica del coloreo. Finalmente, se analizaron y evaluaron los datos obtenidos para presentarlos en el informe de investigación y extraer las conclusiones relevantes. Este enfoque sistemático y riguroso permitió abordar de manera eficiente el análisis de la información y generar resultados sólidos y confiables.

Resultados

Conforme a las respuestas de los participantes de la muestra, el mercado ilegal de armas en Lima revela cómo la delincuencia común y organizada se beneficia del acceso a las armas de fuego para facilitar sus actividades delictivas. La efectividad del crimen se ve fortalecida debido a factores como el miedo, la inquietud y la incapacidad de resistir que las armas generan en las víctimas. Se identificaron tres fuentes principales de armas que se filtran al mercado negro en Lima: la primera fuente es el comercio transfronterizo ilegal, que utiliza diversos medios de transporte y pasos fronterizos no autorizados para introducir armas en el país. La segunda fuente está relacionada con la posesión, hurto, robo, pérdidas y venta de armas sin cumplir con los requisitos legales, tanto en el mercado legal como las procedentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La última es la fabricación artesanal de armas por armeros especializados en armas y tornería. Lo anterior se sustenta en lo manifestado por los encuestados, tal y como se detalla a continuación:

Las armas ingresan al país de forma ilegal a través de las zonas amplias de frontera no controladas de nuestro territorio favorecido por la geografía y puestos de control insuficientes; es decir, el ingreso de armas se concreta al menudeo, no en grandes cantidades. La otra forma son armas que los titulares ya no las usan o sus familiares las venden ilegalmente porque falleció el titular sin seguir el procedimiento legal establecido (E1).

Las armas ilegales tienen como fuente el mercado legal o adquiridas legalmente y con el devenir del tiempo sus propietarios las han ido desviando de manera dolosa o a través de pérdidas o hurtos de los que fueron víctimas (E4).

El Depitiame de la PNP realizó un estudio estadístico de la procedencia ilegal de las armas incautadas por las fuerzas del orden y se determinó que el 80 % de las armas con números de serie legibles eran de procedencia legal con registró en Perú, tanto en Sucamec como en el Departamento de Armamento y Munición de la PNP, un 15 % se podría presumir que provienen de la PNP y un porcentaje mínimo podría ser de las Fuerzas Armadas; otro porcentaje de armas no contaba con información o data de ellas (E9).

Por otro lado, manifestaron que otro tema relevante es la falta de control y fiscalización por parte de las entidades encargadas y la informalidad en las actividades comerciales, dado que permiten que el mercado negro de armas se abastezca de estas fuentes. La debilidad en la implementación del marco legal y la capacidad operativa reducida debido a la falta de personal y competencias en las entidades encargadas de controlar y fiscalizar la venta de armas, contribuyen al problema, tal y como lo señalan los entrevistados:

Yo pienso que uno de los principales aspectos es reforzar el tema normativo y otro la capacidad operativa y de gestión, porque actualmente no hay tanto personal que puede ejercer un control estricto de las armas, sobre todo en fronteras, son los dos aspectos más arraigados que podrían contribuir a que se pueda frenar o erradicar el comercio ilegal de armas (E16).

Policialmente, considero yo que tenemos un déficit de personal especializado en materia de la lucha contra el tráfico ilícito de armas todavía, en razón de que no todas las unidades y regiones policiales tienen conocimiento a fondo de lo que es el tráfico ilícito de armas propiamente dicho, por lo que considero que falta repotenciar el recurso humano dentro de la Institución (E12).

Asimismo, confirman que los actores implicados en este mercado ilegal incluyen compradores y vendedores finales, intermediarios y posiblemente armeros que fabrican armas hechizas (arma creada manualmente en talleres de torno o de metal-mecánica). Estos actores son en su mayoría jóvenes, hombres y de nivel socioeconómico medio a bajo, y están involucrados en actividades ilegales. En la transacción, las formas de contacto se dan a través de intermediarios o de manera directa en algunas circunstancias, y este mercado ilegal se desarrolla en diversos espacios geográficos, principalmente en lugares informales e itinerantes, aunque también se ha dado en espacios virtuales. Es un mercado limitado, difícil de ingresar y geográficamente inestable al que no todos tienen acceso. En cuanto a las modalidades más comunes de comercio ilegal de armas incluyen la venta uno a uno, el uso de terceros como correos humanos y envíos postales, y la compra de armas de propietarios cuyas licencias están vencidas o canceladas. Ello se puede reflejar cuando uno de los participantes señala que:

Considero que no se contactan directamente, toda vez que, al ser un acto ilegal y que ambas partes buscan un beneficio personal, el vendedor vela por el tema económico y el comprador lo hace por portar o contar con un arma de fuego, precisando que, en el mundo delictivo, no necesariamente el ofertante es el que hace la transacción directa con el comprador, sino que existen intermediarios, quienes sirven de nexo entre estos para garantizar su anonimato (E12).

Es importante destacar que la transacción ilegal de armas de fuego de procedencia ilícita se lleva a cabo de manera encubierta y anónima, con medidas de seguridad para evitar las intervenciones policiales. El modus operandi consiste en el contacto inicial para la venta de armas ilegales que se realiza con intermediarios a través de teléfonos desechables para evitar su identificación. Sin embargo, en algunos casos, los compradores y vendedores se conocen por haber socializado dentro del ámbito criminal. Las transacciones suelen ser muy cuidadosas, ya que cualquier información revelada puede poner en riesgo la identidad de los participantes y, por tanto, su libertad. Por esta razón, se utilizan diversas medidas de seguridad para mantener su identidad en el anonimato, como la realización de reuniones en lugares públicos, el uso de codificaciones y señas, y el intercambio de dinero en efectivo. Es aquí donde las actividades de inteligencia tienen un rol preponderante; según uno de los entrevistados señala que:

Como medida de seguridad emplean contactos, no buscan tener el encaramiento directo entre el vendedor y el comprador, sino a través de un contacto o el intermediario que asegura la transacción, es recién ahí que se concreta la venta, ya que sobre todo el comprador busca ocultarse o mantenerse en el anonimato de la obtención del arma (E9).

El precio del arma de fuego ilegal en el mercado negro fluctúa entre 1500 y 6000 soles (entre 400 y 1700 dólares) y se establece en función de su marca, tipo y capacidad de fuego. En ocasiones se agregan costos por accesorios, como silenciadores para evitar ruidos al hacer uso de ellas y número de personas que intervienen en las transacciones. El pago se hace al contado y en forma directa, y se acuerda previamente entre el comprador y el vendedor.

La entrega del arma se pacta empleando tres formas: contra entrega, pago adelantado y previa verificación del arma. La forma de entrega se acuerda entre las partes, pero en la mayoría de las veces se realiza a través de una tercera persona ajena al comprador y vendedor para evitar ser detectado por las autoridades. En algunas ocasiones, se puede presentar la intervención de una cuarta persona en la entrega de las armas.

En Lima, se observa la participación de diversos actores, incluyendo compradores, vendedores, intermediarios y, en algunos casos, profesionales con conocimientos técnicos sobre armería y tornería. Estos actores se desenvuelven en la actividad delictiva en diversos espacios geográficos e itinerantes y utilizan las modalidades tipo hormiga y encomendería para llevar a cabo las transacciones.

Discusión

Es indudable que el origen de las armas destinadas al comercio ilegal proviene del desvío del mercado legal. Este fenómeno se atribuye a la facilidad en la adquisición de armas y municiones, la aplicación laxa y parcial de la Ley No. 30299 y el Decreto Supremo No. 10-2017-IN, la ausencia de estrategias efectivas por parte del Estado y la baja efectividad de las intervenciones policiales. El mercado legal se abastece principalmente de importaciones, con un promedio anual de 15 000 armas, de las cuales el 75 % son para defensa personal (^{Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2020}). Estas armas son vendidas por 39 de las 79 casas comerciales existentes en Lima (^{Ministerio del Interior, 2021}). Además, la autorización legal permite la compra mensual no acumulativa de 600 municiones y el uso inmediato de 70, según lo establecido en los artículos 21 y 25-26 de su reglamento vigente, lo que facilita aún más el desvío hacia el comercio ilegal.

Por otro lado, es evidente que hay ausencia de una estrategia efectiva de control y fiscalización en la renovación de licencias, que ha propiciado un alarmante índice de morosidad del 47 % entre civiles y del 5 % entre policías, de acuerdo con datos proporcionados por ^{SUCAMEC (2022)} y la Dirección Administrativa de la ^{Policía Nacional del Perú (2018)}, respectivamente. Esta situación ha generado un incremento potencial en la criminalidad, ya que se suma a ello la pérdida y desvío de armas debido a la corrupción y negligencia, así como la adquisición de armas por terceros para fines ilícitos. Además, la falta de implementación de mecanismos de marcación y el sistema IBIS de registro, que dificulta la recuperación de armas involucradas en casos de delitos, tal y como señalan ^{Huamán (2019)} y la Casación No. 712-2016, La Libertad. Este problema resalta la necesidad de abordar de manera más rigurosa y efectiva el control y regulación del uso y tenencia de armas.

Asimismo, otra dificultad se debe a la falta de eficacia en la formalización y recuperación de armas de fuego ilegales en Perú. Aunque, según ^{Sucamec (2018)}, las leyes Nos. 31324 y 31694 han implementado estrategias para la recuperación de armas, los resultados han sido limitados, pues se han recuperado solo 6223 de un total de 108 163 armas con orden de comiso. Mujica (2012) resalta que la formalización no implica automáticamente un mayor control, por lo que es necesario redireccionar y fortalecer las estrategias de enfrentamiento a este problema con un enfoque integral. Para lograrlo, es imprescindible llevar a cabo una autoevaluación, autocrítica, autocontrol y autorregulación en las instituciones involucradas, como la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la propia Sucamec, con el objetivo de mejorar la gestión y efectividad en la lucha contra el tráfico y uso ilegal de armas de fuego.

La falta de coordinación y compartimentación de información entre las entidades encargadas del control y fiscalización de las armas de fuego, debilita la eficacia de las operaciones policiales. A pesar de haber desarticulado bandas criminales, incautado y decomisado armas, la falta de validación de la información proporcionada por los adquirentes y el registro de datos heterogéneos dificultan el intercambio y análisis de la información. Es imperativo identificar las causas del problema y diseñar estrategias efectivas para enfrentarlo, dado que el uso de armas en delitos violentos sigue representando una amenaza significativa para la seguridad pública. Esta situación se correlaciona con lo expuesto por el ^{INEI (2022)} respecto al incremento sostenido de delitos cometidos con armas de fuego, y por ^{De León (2019)} en relación con el empleo de armas en delitos violentos como homicidios, robos y feminicidios.

Otro aspecto relevante es el desvío de armas del mercado legal al ilegal que se ve facilitado por un control y fiscalización insuficientes por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), en la emisión y renovación de certificados de armas de fuego (equivalente a licencia) de porte y uso de armas de propiedad particular de su personal en actividad y retiro. La falta de registro de tarjetas de propiedad en Sucamec también contribuye a este problema, ya que los hallazgos en la presente investigación revelan que existiría un gran número de armas sin tarjetas registradas pertenecientes a policías.

Autores como ^{Flores (2011)}, ^{De León-Escribano (2011)}, Mujica (2012) y ^{Pinto (2015)} señalan que las principales fuentes de abastecimiento del mercado ilegal incluyen armas robadas, perdidas o comercializadas en el mercado negro, desvíos dolosos de arsenales de las FF. AA. y PNP, vendedores con licencia corruptos, compras a través de prestanombres, vendedores sin licencia y robos-hurtos de armas.

De acuerdo con lo obtenido en los resultados, especialmente de la Dirección de Inteligencia (DIRIN de la PNP), las armas comercializadas ilegalmente en Lima se utilizan sobre todo en la comisión de delitos como homicidios, robos agravados, extorsiones, sicariato y minería ilegal, entre otros; además, se establece una relación directa entre la disponibilidad de armas en el mercado legal e ilegal y la perpetración de estos delitos de extrema violencia. ^{Sucamec (2015)} corrobora el empleo ilícito de armas incautadas durante el 2014, en su informe sobre el tema; la mayoría de los casos están relacionados con delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, actos de intimidación, extorsión y peligro común. En consecuencia, es posible afirmar que el mercado y el comercio ilegal de armas en Lima se abastece principalmente del comercio legal, con una estimación de 237 645 armas emitidas legalmente frente a un aproximado de 189 000 armas en situación ilegal, según datos de ^{Sucamec (2018}, ²⁰²²) y Unitic-Diradm PNP (2022)(Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Dirección de Administración de la Policía Nacional del Perú). Este stock y disponibilidad propician un mercado negro e irregular al que prácticamente cualquier persona puede acceder, potenciado por la informalidad y desarrollado tanto en espacios físicos itinerantes como en entornos virtuales bajo ciertos códigos de comunicación. De esta manera, se corrobora que el comercio ilegal de armas y el fenómeno del delito están estrechamente vinculados con la realidad que los rodea.

Para comprender el comercio ilegal de armas, es fundamental tener en cuenta el contexto espacio- temporal en el que se desarrolla, así como la interacción de diversos actores y factores de riesgo que posibilitan su existencia. De acuerdo con la información de los medios de comunicación como ^{Radio Programas del Perú (2019)}, ^{Panamericana (2019)}, entre otros, Las Malvinas y San Jacinto son zonas conocidas por la venta de objetos robados; sin embargo, los lugares donde se comercializan armas ilegales suelen ser espacios itinerantes y temporales en los que interactúan compradores finales, intermediarios, vendedores finales, armeros y prestanombres. El intermediario desempeña un papel clave en la determinación del costo final del arma, debido a la comisión que percibe por su intervención. Además, en este entramado también interactúan las autoridades encargadas de la fiscalización y control de las armas de fuego, así como los responsables de la prevención del delito. En relación con la entrega del arma ilegal, el intermediario, buscando asegurar su impunidad ante posibles intervenciones policiales y acciones de la justicia (proceso penal), suele entregar el arma sin uno de sus mecanismos sustanciales para su funcionamiento. Este componente se entrega en un segundo momento, ya que el tipo penal y los criterios jurisprudenciales, como los establecidos en la RN No. 357-2018, ^{Áncash (2019)}, definen que la tenencia ilegal de armas al ser un delito de peligro abstracto es necesario confirmar que el arma esté operativa o en buen estado de funcionamiento, de manera tal que represente un potencial peligro para la seguridad de los ciudadanos. Esta situación, además de dificultar la acción de las autoridades, puede incentivar la comisión de actos de corrupción, lo que complica aún más la lucha contra el tráfico y comercio ilegal de armas de fuego.

Las personas involucradas en el comercio ilegal de armas, usualmente las poseen bajo la modalidad de defensa personal (L1) y están vinculados a actividades ilegales. De acuerdo con ^{Sucamec (2014}, ²⁰¹⁵), el 98 % de los titulares de armas incautadas de origen legal son hombres con edades comprendidas entre 20 y 50 años, el 60 % se identifica como comerciantes o empleados, y el 58 % proviene de la región de Lima. Además, estos individuos suelen exhibir conductas negligentes y violentas, lo que los lleva a perder sus armas e incluso a utilizarlas en actividades ilícitas de forma directa o indirecta.

Conforme a la ^{UNODC (2006}, ²⁰²⁰), ^{De León- Escribano (2011)} y los entrevistados de ^{DIRIN-PNP (2022)}, el comercio ilícito de armas en Lima se ejecuta principalmente mediante las modalidades de hormiga, encomendería y delivery. La limitada capacidad de las entidades responsables y la informalidad en las actividades comerciales legales hacen imprescindible la intervención proactiva de los organismos de inteligencia para desmantelar las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita. ^{Pinto (2015)} sostiene que las armas ilegales forman parte de un mercado ilegal complejo que involucra a diversos actores, espacios y tiempos; mientras que, según Mujica (2012), dicho mercado es cerrado, restringido, pequeño y costoso para la delincuencia común.

Los actores que participan en el comercio ilegal de armas emplean intermediarios para llevar a cabo las transacciones, centrándose en la compra y venta de pistolas y revólveres de bajo costo. La entrega y el pago son los momentos de mayor riesgo para los involucrados, por lo que se realizan en espacios itinerantes para eludir la intervención policial. Según Mujica (2012), el comercio ilegal de armas es una transacción compleja que involucra un proceso no regulado entre la demanda y la venta final y está sujeto a medidas de seguridad. Además, el comercio de municiones también debe ser objeto de estudio y análisis para reforzar los mecanismos de control, utilizando kárdex electrónicos vinculados al código de barras de cada tarjeta de propiedad o códigos QR.

Durante el análisis de las respuestas de los entrevistados, investigaciones y las fuentes documentales como la ^{UNODC (2006}, 2020), ^{De León- Escribano (2011)}, ^{Vásquez (2019)}, Sucamec, y ^{Veeduría Distrital de Bogotá, D. C. (2021)}, se observó que, para algunos, el comercio transnacional de armas ilegales sería la principal fuente de abastecimiento del mercado negro, lo que indica que “un gran número de armas incautadas a las organizaciones delictivas proceden del comercio transfronterizo”, por lo que se convertiría en el factor determinante; mientras que otros lo atribuyena la fabricación y comercio ilegal de armas hechizas, materializadas mediante modalidades hormiga (venta 1 a 1), encomendería, correos humanos (inmigrantes) y caleta (oculto en espacios acondicionados de medios de transporte). Sin embargo, las estadísticas evidencian que es una hipótesis aún en estudio, ello sustentado en la dificultad que tienen las unidades especializadas para identificar las armas recuperadas, dado que su serie está erradicada o no existe registro, situación que validamos desde nuestra experiencia profesional; además, que durante el proceso de investigación, los pesquisas utilizan como única fuente de consulta la data de registro de la Sucamec, y no requieren información de las armas al DAM-PNP (Departamento de Armamento y Munición de la Policía Nacional del Perú) y FF. AA. Se conoce que, en la práctica, las series de las armas legales son erradicadas para evitar su vinculación futura a hechos ilícitos precedentes a su poseedor actual, lo que se condice con lo sostenido por Mujica (2012), quien afirma que ni el TID (Tráfico ilícito de drogas), ni el contrabando transfronterizo, ni la importación son fuentes principales del comercio ilegal de armas.

Conclusiones

El comercio ilegal de armas de fuego es un fenómeno de gran complejidad que implica un proceso multifacético, por lo que es fundamental que las autoridades aborden el problema desde diferentes perspectivas: mejorar la regulación y fiscalización del mercado legal, desarticular las redes ilegales y fortalecer la prevención y persecución de los delitos relacionados con el uso de armas de fuego. De esta manera, se podrá reducir la proliferación de armas ilegales y contribuir a mejorar la seguridad pública.

El comercio ilegal de armas en Lima puede dividirse en tres fases clave. La primera fase consiste en el desvío de armas del mercado legal al ilegal, debido a la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades pertinentes. La segunda fase implica la creación de un mercado ilegal en espacios itinerantes, donde participan diversos actores, como vendedores, intermediarios y compradores. La tercera fase comprende la consumación del delito, incluyendo la entrega de armas y el pago bajo estrictas medidas de seguridad para asegurar la impunidad de los involucrados.

El comercio se abastece principalmente de la importación y comercialización legal de armas para civiles, policías y militares, situación que se ve facilitada por la negligencia y la falta de cumplimiento de las leyes. La regulación laxa y la débil coordinación entre las autoridades encargadas limitan la capacidad de abordar este problema de manera efectiva. Este problema representa un serio riesgo para la seguridad pública, especialmente en Lima, donde las armas de fuego se emplean comúnmente en delitos violentos, lo que incrementa la victimización y la percepción de inseguridad en la población.¹