La región del Bajo Cauca y el municipio de Buriticá

El Bajo Cauca es una de las subdivisiones territoriales del departamento de Antioquia. Consta de los municipios de Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Nechí, El Bagre y Tarazá. Está atravesada por el río Cauca y el río Nechí, cuyas orillas y lechos contienen grandes depósitos auríferos, lo que ha convertido la extracción tipo aluvión en la principal actividad económica de la región. La ganadería y la agricultura aparecen en renglones un poco más relegados, y el comercio, incentivado por la circulación de capital, lleva la mejor parte (^{Cámara de Comercio de Medellín, 2019}). La región aporta casi el 60 % del total del oro extraído en Antioquia y el 40 % del país. El Bagre se ha convertido en el principal productor, seguido de Tarazá y Caucasia, que han tenido una producción constante desde hace más de quince años (^{Sistema de Información Minero Colombiano, 2021}).

A pesar de sus riquezas, esta región tiene índices de pobreza que rondan el 60 % y de miseria alrededor del 30 %. Asimismo, las tazas de analfabetismo son de casi 20 %, mientras que el promedio departamental es de 8 %. Otros indicadores sociales, como la cobertura educativa, de vivienda y de saneamiento, siguen siendo los más bajos de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2019). Además, sus índices de criminalidad son superiores a los nacionales. En el 2020, por ejemplo, Cáceres y Tarazá tuvieron tasas de 227 y 220 muertos por cada cien mil habitantes respectivamente, estadísticas que fueron similares en toda la región (^{Policía Nacional de Colombia, 2021}).

Por su parte, Buriticá había sido un municipio relativamente tranquilo, pero esto se ha ido deteriorando con los años. En el 2021 tuvo una tasa de 42 homicidios por cien mil habitantes. Sus indicadores sociales, al igual que los de la región, han sido bajos. Comenzó a figurar en el mapa minero del país en los años 2000 con la explotación de la mina Yaragua, y unos años más tarde con el hallazgo de un gigantesco yacimiento de oro y plata, considerado el más importante de todo el continente. Esta noticia atrajo a miles de mineros de todo el país y hasta de Perú y Brasil, que entre 2010 y 2011 hicieron triplicar la población del municipio. Este fenómeno se conoció como el apogeo, para el cual ni su institucionalidad, ni la infraestructura, estaban preparados (^{Delgado, 2018}; ^{Norton Rose Fulbright, 2016}).

El proyecto tiene un volumen estimado de 5,6 millones de onzas de oro y más de 10 millones de onzas de plata. Su etapa productiva está estimada para catorce años, prorrogables. A inicios del 2020 fue adquirida en su totalidad por Zijin Mining Group Co Ltd, la minera más importante de China y una de las más grandes del mundo (^{Semana, 2 de diciembre de 2019}).

Análisis de los actores

Después de los años noventa, una vez terminada la Guerra Fría, se aceleró la consolidación de los sistemas democráticos, al tiempo que la globalización económica y cultural traía nuevos desafíos. La globalización ha promovido la desregularización en los campos político, económico y social, lo que ha permitido que nuevos actores no estatales surjan y se consoliden, con crecientes capacidades de impacto en la sociedad. Esto implica desde gremios empresariales y organizaciones que buscan canalizar ayudas humanitarias hasta grupos armados con capacidad de regular la vida diaria de comunidades enteras (^{Edwards, 2011}; ^{Guzmán-Miranda & Caballero-Rodríguez, 2016}; ^{Josselin & Wallace, 2001}; ^{Leander, 2004}).

Por ello, el análisis de dichos actores se ha vuelto fundamental a la hora de abordar fenómenos sociales, con el ánimo de comprender su comportamiento, caracterización e interacción. En este sentido, el fenómeno puede ser considerado el resultado de las acciones del actor, que pueden modificar sus condiciones y las estructuras que lo enmarcan. Así, aproximarse a estas unidades de análisis responde a la necesidad de desagregar el objeto de estudio, en lugar de aproximarse a él como una unidad completa con diferentes aristas (^{Bourdieu, 2019}).

Un actor es una entidad que dispone de los medios para decidir y actuar conforme a sus decisiones, y a la cual se le puede atribuir responsabilidad por los resultados de sus acciones; pero además cuenta con las capacidades de acción e influencia (^{Castells, 2009}; ^{Flint, 2016}; ^{García, 2007}). Un actor siempre actúa con ciertas restricciones y creencias, dentro de las cuales ejecuta sus acciones en busca de alcanzar sus metas o satisfacer sus deseos (^{Elster, 2013}). Dichas acciones surgen por la interacción con otros, lo que refuerza la estructura existente o genera una nueva, a la cual se van adhiriendo o separando otros participantes. Es decir, muta, no es estática, aunque puede ser más o menos predecible. Dicha característica la facilita un referente institucional claro en el cual se desenvuelve; de otra manera no podría analizarse como tal (^{Hindess, 2015}).

La categoría de actor no es monolítica; puede disgregarse, pero nunca separarse de las relaciones que la configuran. Por ello, es importante diferenciar entre agente y actor. El primero es quien realiza la acción para que el rol del actor sea relevante. Un agente puede hacer parte, al tiempo, de otras entidades o presentar diferencias en sus capacidades dependiendo del contexto. Para diferenciarlos, se debe analizar las divisiones espacio-temporales de sus acciones, así como la naturaleza de sus interacciones. Si bien las acciones son ejecutadas por individuos, los trascienden, lo que lleva a analizarlas como unidad social. Este ejercicio ayuda a conocer un poco más sobre las normas y reglas de la estructura que los enmarca, sus limitaciones, aproximaciones, relaciones, vínculos o acciones integradas con otros actores y agentes de otras categorías (^{Bourdieu, 2019}; ^{Haythornthwaite, 1996}; ^{Latour, 2005}).

Las razones por las cuales los actores actúan dentro de un contexto o estructura son las mismas que les permiten generar interacciones entre sí, esto es, su tendencia a enmarcar sus relaciones e interacciones en reglas, normas, costumbres y prácticas, de modo que les permitan prever los resultados aquellas. Esto genera una dicotomía entre la posibilidad y la restricción, entre la voluntad de conservar lo establecido y de transformarlo de acuerdo con los propios intereses. Una de las materializaciones más comunes de este concepto puede ser el marco normativo de una actividad económica determinada, que regula las relaciones entre quienes la ejercen y el Estado. Sin embargo, un marco jurídico resulta insuficiente para analizar un mercado determinado; es necesario descubrir las formas y las prácticas que se presentan en el contexto, donde se pueden hallar otras estructuras que confluyen o se solapan en la medida que individuos, actores y agentes intervienen (^{Elster, 2013}; ^{Latour, 1996}).

Por lo tanto, clasificar o agrupar los agentes en ciertas categorías y nombrarlos actores busca hacerlos visibles por aquellas acciones que, aunque puedan considerarse individuales, en realidad los trascienden y tienen un impacto en su entorno inmediato y ampliado. Por ejemplo, un alcalde que también es minero y cuenta con influencia en la junta de padres de familia del colegio de su hijo puede jugar un rol diferente en cada una de esas entidades, bajo unas reglas y normas que en ocasiones pueden rivalizar, complementarse o interconectarse. Así mismo, un agente estatal, aunque represente el Estado colombiano, tiene capacidades diferenciadas en Bogotá, en Caucasia o Washington, debido a que la estructura en la cual se desenvuelve se transforma en la medida que interactúa con otras (^{Bolos, 1999}).

Identificación de actores

En las conversaciones con los entrevistados, se les pidió nombrar a quienes ellos consideraran que tenían influencia o interés en la minería en sus territorios. El resultado global puede verse en la Tabla 1. Fueron agrupados en cuatro categorías que obedecen a los hallazgos iniciales en la literatura consultada: 1) quienes se dedican a diferentes actividades de la cadena de valor del oro; 2) el Estado y sus diferentes agencias y agentes; 3) los grupos armados, y 4) las comunidades y sus diferentes organizaciones no estatales. Para la construcción de esta tabla, se tabuló la información suministrada por los entrevistados utilizando el software AtlasTi-9. Esto arrojó una nube de palabras que luego se ubicaron y agruparon manualmente en las diferentes celdas, asegurando conservar las categorías expresadas durante las conversaciones.

En la columna de actividades mineras, se relacionaron cuatro categorías de mineros, más un listado de funciones ejercidas dentro de las actividades extractivas. Los entrevistados vinculados directamente a ellas evidenciaron interés por identificar a todos aquellos que desempeñan funciones o labores que pueden considerarse críticas en la operación. Por ejemplo, en la minería de aluvión toman especial importancia los operadores de la maquinaria amarrilla y los motobomberos, chorreros o corteros; en la extracción tipo veta, se destacan los gasteros, explosivistas, machineros y el personal técnico.

Con el ánimo de tener más claridad acerca de quiénes son los mineros, se les preguntó al respecto, pero las respuestas fueron más ambiguas. Algunos de los entrevistados los identifican como quienes rascan la tierra en búsqueda del mineral; otros identifican así a los propietarios de los frentes de trabajo; para otros, son quienes conservan la tradición de extraer oro de los ríos y la tierra sin uso extensivo de tecnología. Otros afirmaron que "es todo aquel que trabaje la tierra para sacar oro; al fin y al cabo, es un regalo que nos pertenece a todos"; es decir, independientemente de la técnica, el modo y el lugar, deberían ser llamados mineros todos aquellos que obtienen su sustento de las labores directas en los procesos de extracción del metal. Por otra parte, para los agentes estatales, hay toda una clasificación desde la legislación, que los diferencia según la escala y el factor tecnológico de sus operaciones.

Barequero es quizás el nombre más representativo en minería. Se trata de un adjetivo acuñado siglos atrás para referirse a aquellas personas que con una batea separan los pequeños granos amarillos de las arenas al borde de los ríos. Por esta razón, son fácilmente identificados por todos los entrevistados; no ha sido así para la distinción y caracterización de los mineros de subsistencia. En esta categoría también son incluidos los chatarreros o recicladores. Todos estos tienen el derecho de registrarse como tales ante la alcaldía y transar las cantidades que por ley les corresponde. Su presencia en Buriticá es notable, aunque no por su número, sino porque evidencian la profundidad de los problemas sociales, que obligan a los más necesitados a ejercer una labor tan incierta como insegura. Ambos son generalmente los más excluidos y dominados; no reconocen en su entorno los eslabones comerciales de gran escala ni ciertas autoridades regulatorias, como tampoco a los propietarios de títulos o terrenos. Es por ello que las fundidoras o las comercializadoras internacionales no se encuentran en su panorama.

Quienes ejercen funciones específicas en los yacimientos son considerados trabajadores o jornaleros, función que pueden desempeñar en cualquier otro sector. Una visión parecida a la expresada por los individuos pertenecientes a los grupos armados que fueron consultados. Dicha identificación varía, entonces, según la función o la agencia dentro del mercado al cual pertenece, lo que abre una perspectiva sobre la división del trabajo en las regiones y, en sí, la materialización de una jerarquía social que se ve reflejada en otras dimensiones sociales.

Un último actor en esta categoría son las asociaciones mineras, que se consideran a sí mismas como el vínculo entre los mineros y el Estado. En Buriticá aún no existe una organización que agrupe los trabajadores del sector; ha habido intentos de consolidación, pero sin resultados claros hasta la fecha. En el Bajo Cauca, por otro lado, existen más de doce, con conexiones nacionales e internacionales.

En el eslabón de la comercialización del oro en los territorios, el actor predominante son las compraventas y joyerías. Estas fueron identificadas por todos los entrevistados, mientras que las comercializadoras internacionales y las fundidoras solo fueron identificadas por algunos, especialmente los actores armados y los alcaldes, que pueden llegar a tener una visión más global del negocio y su contacto con los centros de poder es más frecuente.

En cuanto a las autoridades estatales, fueron identificados, casi unívocamente, los alcaldes, la Secretaría Departamental de Minas, Corantioquia, la Policía y el Ejército. Estos dos últimos hacen presencia en el territorio y regulan el ejercicio de la actividad minera de manera coercitiva y selectiva. Los primeros, por su parte, administran las autorizaciones necesarias para ejercer la labor de manera más libre y poner legalmente en circulación el mineral. Otras autoridades, como los personeros o inspectores, cuya función es la vigilancia y el control, son ignorados por pobladores y mineros. Estas instituciones se perciben como jerárquicas, distantes y ajenas a la realidad.

Los grupos armados fueron identificados, con una recurrencia absoluta, como parte interesada, excepto por los representantes de las grandes mineras, quienes no los nombraron. Su interés en el sector se debe especialmente a la relevancia que la minería tiene como fuente de financiación y campo susceptible de regulación. En la identificación de grupos armados, desde 2016 existe una clasificación oficial surgida con la Directiva 015 del Ministerio de Defensa Nacional: grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO). Esta diferenciación depende de la cantidad de integrantes y el alcance de sus acciones. Teniendo en cuenta la información obtenida en fuentes de inteligencia militar, policial, periodística y de integrantes de los mismos grupos, en el Bajo Cauca actúan el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y Los Caparrapos, Caparros o Frente Virgilio Peralta Arenas, además de las llamadas disidencias de las FARC-EP y otros grupos residuales que no cuentan con una estructura muy definida. En Buriticá, por su parte, actúan solo los dos primeros y aún no se identifican pequeñas agrupaciones, bandas delincuenciales, disidencias o grupos residuales.

Por último, en la categoría de comunidades locales, se buscaba que los entrevistados identificaran diferentes agentes que son impactados por las actividades mineras desarrolladas en los territorios, sin vínculos directos con las demás categorías. Así, se identificaron sin mayor precisión distintas asociaciones de campesinos o ganaderos y comerciantes, además de las Juntas de Acción Comunal y las ONG con presencia en las zonas de influencia, así como los pobladores de las zonas rurales y urbanas. Los campesinos o ganaderos y comerciantes se identificaron como agentes económicos afectados directa o indirectamente por las actividades auríferas y las dinámicas sociales que estas estimulan.

Descripción de actores

A continuación, se presenta una descripción y caracterización de los actores analizados.

Comunidades locales (CL)

Las CL corresponden a habitantes y grupos sociales pertenecientes a los territorios donde se realizan actividades mineras que son impactados por las dinámicas económicas, sociales y políticas derivadas de dichas actividades. Sus objetivos o reivindicaciones se conjugan en el derecho a realizar sus actividades cotidianas, incluyendo el derecho al trabajo y la subsistencia de manera pacífica y segura, así como participar de la riqueza de los recursos naturales del territorio que habitan.

Debido a la heterogeneidad de sus individuos y agentes, se hace difícil enmarcar a las CL como un actor de una categoría más uniforme. En las entrevistas realizadas, se puede concluir que existen tres propósitos predominantes que los movilizan en conjunto: 1) conseguir más atención de los gobiernos locales, regionales y nacional para solucionar sus problemas básicos; 3) reclamar el cese de las acciones de los grupos armados en su contra, y 3) reivindicar el derecho al trabajo. Como se observa más adelante, sus movilizaciones se mezclan con las de los actores productivos y regulatorios. Según cifras del ^{DANE (2019)} y del Ministerio de Minas y Energía (^{MinMinas, 2020}), en el Bajo Cauca, en promedio, un 13 % de la población está ejerciendo la minería de subsistencia; Zaragoza, como excepción, contabiliza el 28 %. En Buriticá la cifra es mucho más baja, solo el 4 %. Esto puede explicar, en parte, que en este municipio no haya prosperado la consolidación de movimientos sociales, ni siquiera una asociación de mineros estructurada como en el Bajo Cauca.

Actores regulatorios (AR) T3

Como AR se comprende a las organizaciones, estatales o no, que tienen dentro de sus objetivos regular diversas dimensiones de la vida diaria de los AP y las CL. Dentro de esta categoría pueden considerarse los grupos armados ilegales y las distintas agencias estatales con capacidad regulatoria en estos territorios.

Actores regulatorios no estatales (ARNE)

Aunque los ARNE pueden ser violentos o no violentos, para el propósito de esta investigación se identificaron como tales exclusivamente los grupos criminales al margen de la ley y por fuera del control consistente del Estado (^{Aydinli, 2016}, p. 8). Así estos ARNE utilizan la violencia como medio de coerción para lograr legitimidad en las comunidades de los territorios controlados. Algunos pueden actuar en connivencia con diferentes agentes estatales, pero su autonomía y anarquía son características generales. Tienen un sistema regulatorio más o menos consistente y perdurable en el tiempo, que incluye sus propios miembros y otras agrupaciones (^{Risse et al., 2018}). Frecuentemente, la solidez de su estructura reposa en sus cabecillas antes que en sus bases institucionales. En los territorios analizados se identificaron tres actores que cumplen con dichas características: Los Caparros, las AGC y el ELN, cuyas características se describen en la Tabla 2.

Actores regulatorios estatales (ARE)

Una de las funciones del Estado y razón de su constitución es el control de los recursos que existen en el territorio, la acumulación de capital y el control de la violencia (^{Tilly, 2021}; ^{Weber, 1919}). Así, los ARE tienen como uno de sus objetivos regular las actividades mineras, pues se trata de recursos no renovables e importantes fuentes de capital. Por esta razón, en Colombia se ha estructurado un conjunto de instituciones, con el Ministerio de Minas y Energía como entidad rectora (Figura 1). Constituido en 1952 con funciones técnicas y administrativas, esta entidad "es la encargada de formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros" (^{Fierro, 2012}, p. 39). Por el carácter centralista de este ministerio, en las regiones tienen una jurisdicción inmediata los alcaldes, inspectores, personeros, jueces, la Fiscalía, las corporaciones autónomas regionales y, de manera especial en Antioquia, las secretarías de minas.

Fuente: ^{MinMinas (2020)}.

Figura 1 Estructura de las entidades mineras de Colombia. 

Debido al contexto sociopolítico, toman especial relevancia como instituciones re-gulatorias y de control del orden público la Policía y el Ejército Nacional, con sus diferentes divisiones y unidades, en ocasiones creadas exclusivamente para el control de esta actividad, como la Brigada contra la Minería Ilegal creada en 2016. Dichas instituciones están enmarcadas en la Constitución política y en el orden jurídico, que puede consultarse en la guía de Normatividadgeneral para el control a la explotación ilícita de minerales, documento que determina lo que se considera oficialmente como minería ilegal, así como los mecanismos para evitarla y perseguirla (^{MinMinas, 2017}). Allí se definen las funciones, alcances y límites que asigna el Gobierno central a cada una de las entidades centralizadas y descentralizadas, así como las acciones que pueden ejercer las diferentes autoridades en contra o a favor de quienes se dedican a actividades mineras.

Actores productivos (AP)

Los AP son aquellos individuos, empresas, asociaciones mineras, líderes, gremios y otras colectividades vinculadas a las actividades propias de la cadena de valor del metal y sus suministros. Como se evidenció en la Tabla 1, los entrevistados identificaron AP en las siguientes actividades: exploración; explotación y transformación, y comercialización. Naturalmente, su objetivo es asegurar la participación y permanencia en el negocio del oro o en la circulación del capital derivado que los beneficia a ellos y sus comunidades. Para esto reivindican su derecho a explotar los recursos del territorio en el que históricamente habitan.

Una de las características de cada eslabón de la cadena es la intensidad de los factores de producción, lo que puede determinar quién aporta qué y, en este sentido, cuál sería su participación en el mercado. Así, mientras que en la exploración el conocimiento y el factor tecnológico son más intensos, lo que implica el ingreso de capital inicial sin un retorno asegurado, en la explotación y transformación es la mano de obra la determinante. Por ello, en la primera son los gasteros o inversionistas quienes comienzan a establecer quiénes podrían participar en los eslabones subsiguientes.

Por otra parte, tanto la minería de aluvión como la de veta tienen grados de complejidad tecnológica en los montajes de sus entables. Solo basta pensar en un dragón o draga, esto es, una máquina capaz de procesar más de cuarenta toneladas de material al día, lo que puede equivaler a una compleja estructura subterránea que se extiende por varios kilómetros. Al no tratarse de minería de subsistencia, donde la poca tecnificación y el uso de herramientas básicas son el recurso más utilizado, la tecnología casera o innovadora es demandada en todas las formas de explotación. Así mismo, el monto de sus inversiones y la visión de corto y mediano plazo para la recuperación de la inversión son relevantes en todos los métodos.

El proceso de beneficio y transformación es quizás donde se conjugan los intereses de todos los actores, ya que es el momento en el que el codiciado mineral es obtenido. Generalmente se realiza en lugares distintos al de explotación, con el objetivo de reducir riesgos operacionales, como el robo o la incautación por parte de las autoridades. Así mismo, estos procesos también ocasionan grandes impactos en el medio ambiente, no solo por las técnicas utilizadas, que implican grandes desperdicios de agua y material mal destinado, sino por el uso de insumos altamente contaminantes como el azufre y el mercurio, cuyo uso está prohibido por la legislación colombiana.

Esta caracterización de los actores del proceso minero evidencia que la concentración en mano de obra más alta está en el proceso de extracción y transformación. Allí se emplea el mayor número de personas, lo cual es una de las razones por las que se convierte en un objetivo clave de regulación. Así mismo, quienes realizan estas actividades pertenecen a las clases sociales menos favorecidas, con menores niveles de educación y en contextos culturales que los alejan de otras oportunidades laborales. Esto los convierte en víctimas fáciles de la sobreexplotación laboral y económica. Como pasa en el narcotráfico, son estas personas quienes menos beneficios económicos reciben de esta lucrativa actividad (^{Salman et al., 2018}).

Como se evidencia, tanto Buriticá como el Bajo Cauca se han convertido en territorios donde se conjugan diferentes formas de criminalidad, como el narcotráfico, la explotación ilegal de minas, la corrupción y la presencia de grupos armados. Se trata de un escenario donde interactúan con actores productivos, comunidades y agentes estatales, y generan alianzas, relaciones de connivencia, de sometimiento o una conjugación de todas ellas. Así, la sociedad en su conjunto ha sido atravesada por un entramado criminal que disminuye las capacidades regulatorias del Estado y deja espacios que son cooptados por estructuras criminales (^{Duncan, 2018}).