Introducción

Este artículo se propone responder la siguiente pregunta: ¿cuales son los aportes de los militares en retiro para comprender la violencia tras el acuerdo de paz con las FARC-EP? Dado que las Fuerzas Militares tienen la prohibición de pronunciarse públicamente sobre asuntos políticos, el trabajo se centra en analizar la percepción de militares en retiro sobre el conflicto armado, el acuerdo de paz con las FARC-EP y su posterior implementación. De este modo, y a tenor de los acontecimientos de continuidad y redefinición de la violencia armada, con los discursos obtenidos se busca comprender la visión de los militares en retiro respecto a la realidad del país, tras más de seis años de la firma del Acuerdo de Paz.

Suscrito en noviembre de 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos, el Acuerdo cerraba medio siglo de confrontación con las FARC-EP, en el marco del que ha sido, y sigue siendo, el conflicto armado interno más longevo y violento del continente (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013}; ^{Kruijt et al., 2020}). Asimismo, se generaron importantes expectativas porque, como ha sostenido el ^{Instituto Kroc (2017}), la amplitud, complejidad y transversalidad del Acuerdo lo convertían en uno de los instrumentos de construcción de paz más ambiciosos de las últimas décadas. No obstante, durante los últimos años de la negociación, su firma y consulta plebiscitaria, hubo un clima de gran polaridad social y encono político, que llegó a su clímax a finales de 2016. Aunque la reelección de Juan Manuel Santos como presidente en 2014 se puede entender como un respaldo al proceso negociador, la posterior derrota del plebiscito en 2016 y la llegada a la presidencia del partido de oposición al Acuerdo con Iván Duque en 2018 (en unos comicios en que los representantes del gobierno anterior obtuvieron pésimos resultados) terminaron por cuestionar el apoyo social y político del Acuerdo de Paz.

Desde el comienzo de las conversaciones formales, en 2012, hubo un esfuerzo por proyectar una imagen de integridad en el equipo negociador. De ahí que para el gobierno era muy importante que la voz de las Fuerzas Militares estuviera representada allí de algún modo (si bien, según la Constitución, los miembros activos de las Fuerzas Armadas no pueden participar en política, para garantizar su neutralidad e imparcialidad). Por esta razón, en el equipo negociador se encontraban el General (R) Jorge Enrique Mora Rangel (que había sido Comandante General de las Fuerzas Militares) y el General (R) Óscar Naranjo Trujillo (exdirector de la Policía Nacional de Colombia). Igualmente, mucho antes de la firma del Acuerdo, ya se habían impulsado reformas institucionales dentro del Ejército y la Policía Nacional a efectos de adaptar estas instituciones al nuevo escenario de posconflicto previsto. De esto da buena cuenta la creación del Comando Estratégico de Transición en 2014 o la Unidad Policial para la Edificación de la Paz en 2016.

Así, en términos formales, el alto mando militar bajo el gobierno de Juan Manuel Santos parecía interiorizar la necesidad de adaptar y reformar la institucionalidad a un nuevo contexto¹. En todo caso, desde el comienzo hubo retos en la transformación de elementos simbólicos y culturales que habían estado vigentes durante décadas (^{Castillo & Niño, 2020}), así como continuidades en el derrotero de la violencia armada a las que no fueron ajenas las Fuerzas Militares y, especialmente, las asociaciones de miembros en retiro. Como era de esperarse, y tal como se manifestó en las entrevistas en profundidad realizadas para este trabajo, hubo aspectos como el sometimiento a la justicia, el esclarecimiento de responsabilidades por hechos de violencia, la proliferación de disidencias de las FARC-EP o la participación política de comandantes exguerrilleros que alimentaban importantes recelos entre quienes habían conformado hasta hace poco el alto mando militar.

Con base en lo expuesto, este trabajo explora y analiza el marco discursivo de reconocidos generales de las Fuerzas Militares de Colombia respecto a factores asociados a la violencia armada que han tenido lugar después de la firma del Acuerdo de Paz. Inicialmente se presenta un marco teórico y una revisión de la literatura más relevante sobre los factores que explican el fracaso o éxito de un acuerdo de paz, su relación con la continuidad de la violencia armada y el papel que pueden desempeñar las Fuerzas Militares. Luego se expone la metodología del trabajo, en especial la selección de los entrevistados, la orientación de las entrevistas y las categorías discursivas objeto de análisis. Tras ello se analiza el discurso de los generales entrevistados con respecto a dos elementos fundamentales: 1) el fin del conflicto y la entrega de armas por parte de las FARC-EP, y su relación con la emergencia de grupos disidentes; y 2) el problema del narcotráfico en la gestión de seguridad y la transformación de la violencia, que adolece de carencias en la presencia territorial y en el diseño de una estrategia que optimice los nuevos roles de la Policía Nacional y el Ejército, de cara a la gestión de la violencia y su transformación pacífica. Finalmente, se plantea una discusión y unas conclusiones que, además de recoger las principales contribuciones de este trabajo, reconocen futuras líneas de trabajo para la comprensión de un objeto de estudio tan vigente como necesitado de mayores y renovadas aportaciones académicas.

Marco teórico y estado de la cuestión

Las posibilidades de éxito o fracaso de un acuerdo de paz y su posterior implementación dependen de un sinnúmero de factores y variables que, durante décadas, han sido objeto de investigación para la paz y la resolución de conflictos. Un punto de partida, como señalaron hace décadas ^{Touval y Zartman (1985}), es un particular momento de madurez (ripemoment) en el que las partes coincidan en concebir la situación de violencia como mutuamente desfavorable (mutually hurting stalemate), pues solo así se impulsa la búsqueda de nuevas formas pacíficas que desactiven la violencia política (^{Przeworski, 1991}; ^{Kalyvas & Kocher, 2007}; ^{Ríos et al., 2021}).

Que un acuerdo de paz disponga de legitimidad, viabilidad y capacidad transformadora depende de diferentes aspectos estructurales, institucionales y simbólico-culturales. ^{Geddes (1999}), ^{Hendrix (2010}), ^{Hegre y Nygárd (2015}) y ^{Walter (2015}) destacan la importancia de las capacidades institucionales del Estado, a lo que debe sumarse un despliegue de recursos económicos que cambien las condiciones que soportan la violencia (^{Collier, 2009}), como también otros aspectos de poder compartido (power-sharing,), que integren en la institucionalidad a las diferentes partes involucradas en la confrontación armada (^{Hartzell & Hoddie, 2007}).

Aunque la aparición de estructuras armadas disidentes tras un acuerdo de paz es un fenómeno usual (^{Collier et al., 2003}), un aspecto básico para minimizarlo es crear capacidades socioeconómicas favorables para los excombatientes desmovilizados. Esto implica formación educativa y laboral (^{Hill et al., 2008}; ^{Nussio, 2018}), pero también infraestructura y capacidades en los entornos donde la violencia tuvo un mayor impacto (^{Saleyhan, 2009}). Así, al tiempo que deben emprenderse acciones contra las fuentes de financiación ilícita (^{Mashike, 2007}), también debe implementarse políticas redistributivas para, por ejemplo, favorecer el acceso a la tierra (^{Collier, 1994}).

Junto con estos aspectos estructurales e institucionales, deben considerarse otros elementos de naturaleza política y simbólico-cultural. Es importante propiciar un marco electoral que ofrezca posibilidades políticas a quienes antes detentaron las armas (^{Allison, 2006}; ^{Walter, 2015}; ^{Keels, 2017}). También debe haber actores y garantes internacionales (^{Page, 2004}), y el mantenimiento de compromisos y ciertos niveles de cohesión interna entre quienes afrontan un proceso de reincorporación (^{Pearlman & Cunningham, 2012}). Otros aspectos para tener en cuenta son los posibles enemigos del acuerdo, que podrían actuar como saboteadores (^{Stedman, 1997}), y el nivel de compromiso de quienes se encuentran al frente de la institucionalidad y la toma de decisiones (^{Ríos & Hidalgo, 2022}). Finalmente, es importante que existan unos mínimos niveles de reconocimiento y liderazgo favorable a este proceso (^{Conolly & Doyle, 2018}), además de un mínimo de satisfacción de las motivaciones y expectativas de quienes dejan las armas (^{Ríos et al., 2020}), sin olvidar la importancia de garantizar los derechos a la vida y la seguridad, a efectos de evitar que los excombatientes retornen a la violencia para buscar, fuera de la institucionalidad, mayor seguridad (security dilemma) (^{Kalyvas &: Kocher, 2007}).

Para buena parte de estos aspectos, un papel muy importante reposa, como es de esperar, en las Fuerzas Militares, especialmente en lo que concierne a las capacidades institucionales para reducir la violencia, consolidar la presencia institucional en los territorios o intervenir los factores que soportan la criminalidad y su financiación. Igualmente importante es su papel para proteger la vida de los excombatientes y generar un escenario de confianza que coadyuve, positivamente, el proceso de reincorporación plena a la vida civil.

En el caso particular de Colombia, en los últimos años han proliferado trabajos centrados en la relación de las Fuerzas Militares con el Acuerdo de Paz, si bien, en su mayoría, desde la perspectiva de su necesaria reforma para adaptarse al escenario de posconflicto. Algunos trabajos parten de la premisa de revisar el gasto militar y reorientar las capacidades militares hacia otras cuestiones, como la construcción de infraestructura (^{Martínez-Becerra, 2014}) o la participación en operaciones internacionales de mantenimiento de paz (^{Guerrero-López, 2019}; ^{Álvarez & Duque, 2020}).

Otros trabajos más bien abogan por transformaciones cualitativas, en favor de la gobernanza, la profesionalización y el compromiso con los derechos humanos (^{Schultze-Kraft, 2012}), en especial ante la concurrencia de amenazas no resueltas y terceros actores de la violencia (^{Leal-Buitrago, 2018}; ^{Pizarro, 2018}; ^{Niño & Castillo, 2022}) relacionados con el narcotráfico, la debilidad fronteriza y la falta de control territorial en buena parte de la geografía de la violencia que persiste en el país (^{Ríos, 2021b}).

Finalmente, un último grupo de publicaciones se ha centrado en la relación de las Fuerzas Militares con la dimensión jurídica del Acuerdo de Paz (^{Cubides et al., 2018}; ^{Sierra-Zamora & Bermúdez, 2020}). Sin embargo, quedan por desarrollarse investigaciones que, desde el interior de las Fuerzas Militares, analicen su relación con el proceso de transformación de la violencia o de la propia institucionalidad castrense, además de su particular modo de problematizar y analizar dicho fenómeno, aun cuando investigar esto se ve limitado en muchas ocasiones por la complejidad de acceder a fuentes orales o de documentación disponible (^{Ortiz-Ayala (2021a}; ^2021b).

Metodología

Este trabajo pretende analizar la percepción proveniente de antiguos oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en relación con la violencia delictiva surgida tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Se recogen testimonios únicamente de generales en retiro, habida cuenta de las limitaciones legales para que militares activos puedan pronunciarse públicamente sobre el tema. No obstante, todos los entrevistados ocuparon cargos de responsabilidad bajo los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). En total, se entrevistaron cuatro brigadieres generales y once mayores generales, escogidos por criterios de pluralidad y saturación. Se ha intentado, por ende, recoger testimonios de altos mandos que ocuparon cargos al frente de divisiones y estructuras más próximas a la confrontación armada durante la presidencia de Uribe y, por otro lado, altos mandos con responsabilidades durante el periodo de negociación del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Santos. Esta diferencia, sea como fuere, no se tiene en consideración como variable para el desarrollo del análisis, por cuanto, como se verá, la mayor parte de los entrevistados comparten un universo semántico muy similar respecto al fenómeno de las disidencias, la falta de presencia del Estado en parte del territorio o las respuestas integrales frente al narcotráfico -tan carentes como necesitadas de una redefinición-.

Todas las entrevistas tuvieron una duración entre 60 y 90 minutos, y transcurrieron en la ciudad de Bogotá a partir de un trabajo de campo durante los meses de octubre y noviembre de 2021. Aun cuando varios generales dieron su permiso expreso para publicar su testimonio, otros prefirieron mantener el anonimato, razón por la cual, finalmente, se decidió extender esta condición a todos los testimonios recibidos.

En las entrevistas se intenta analizar, problematizar y recoger las narrativas relacionadas con el fenómeno de la violencia armada tras el Acuerdo de Paz. Esto implica considerar aspectos del propio acuerdo, especialmente los puntos tercero (“Fin del conflicto”) y cuarto (“Solución al problema de las drogas ilícitas”), dos dimensiones íntimamente relacionadas con este fenómeno, y también con otros aspectos como las disidencias o la dinámica de las agendas de transformación dentro del Ejército y la Policía Nacional.

El Acuerdo de Paz y las dinámicas de continuidad de la violencia

El Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP ponía fin, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, a un conflicto armado vigente durante cinco décadas. Al respecto, la agenda de contenidos quedó organizada en torno a seis puntos vertebradores: 1) reforma rural integral; 2) participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución al problema de las drogas ilícitas; 5) víctimas; y, por último, 6) implementación, verificación y refrendación.

En relación con el primer punto, por ejemplo, se comprometieron un total de diez millones de hectáreas en favor de la titulación y explotación de tierras para quienes sufrieron con mayor agudeza la violencia armada. Para ello, se promueven diferentes instrumentos de inversión sobre recursos económicos, tejido productivo e infraestructura, en aras del desarrollo rural, para mitigar eficazmente las condiciones de violencia en los territorios (^{Cairo et al., 2018}). Este punto bien puede entenderse como un reclamo tradicional de las FARC-EP, aunque cobra significado como una deuda del Estado colombiano que es necesario saldar para promover la transformación territorial y generar capacidades y oportunidades que reduzcan la violencia en su dimensión más estructural (^{Grasa, 2020}).

El segundo punto establece los mecanismos para dotar a las extintas FARC-EP de las herramientas necesarias para conformar un partido político que se aleje de la reivindicación armada. Unido con aspectos del tercer punto, se trata de garantizar su presencia en el Congreso durante al menos dos mandatos presidenciales, hasta 2026, además de fijar los instrumentos de financiación y visibilidad mediática, así como las reformas institucionales para otorgar mayores posibilidades a los territorios más golpeados por la violencia.

Por su parte, el punto sobre el fin del conflicto fija los instrumentos para concluir el proceso de dejación de armas y cese definitivo de la violencia de los algo más de 7100 combatientes que en agosto de 2016 conformaban las filas de las FARC-EP, instrumentos de los cuales finalmente se han beneficiado más de 13000 personas. Según los últimos datos publicados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (^{ARN, 2022}), a pesar de la proliferación de estructuras armadas que, de un modo u otro, se autodefinen como continuadoras de las FARC-EP, más del 90 % de los exguerrilleros continúa, a enero de 2023, comprometido con el proceso de paz. De igual manera, el punto cuarto, relativo al problema de las drogas ilícitas, exige a las extintas FARC-EP su colaboración para conocer las rutas cocaleras que durante años fueron fuente de recursos para su financiación. Además, intenta diseñar una hoja de ruta para promover la sustitución paulatina y voluntaria de los cultivos ilícitos, sin renunciar, en última instancia, a la erradicación forzada.

En el punto sobre víctimas, el Acuerdo se compromete a proteger los derechos de las víctimas en cuanto a justicia, verdad, reparación y no repetición. Se compromete con la creación de una Comisión de la Verdad (CV), una Unidad de Búsqueda para Personas Desparecidas por el Conflicto y una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta última se encarga de las condiciones procesales y judiciales de los excombatientes de las FARC-EP (sin transgredir el derecho internacional humanitario) y de las demás personas -agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública o políticos, entre otros- que estuvieron involucradas directa o indirectamente en el conflicto armado.

Por último, el sexto punto del Acuerdo recoge lo relativo a los esquemas de seguimiento de la implementación, además de los actores de la comunidad internacional que deben acompañar dicha labor. Esta tarea, a nivel interno, recae en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVT), mientras que a nivel externo involucra a actores como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Iberoamericanos. Igualmente, incorpora el apoyo en la búsqueda y sistematización de experiencias exitosas y la disposición de recursos provenientes de la cooperación internacional, en aras de lograr una correcta implementación del Acuerdo.

Sobre las circunstancias descritas, si bien el Acuerdo ha conseguido después de seis años de su firma desmovilizar a las FARC-EP en más de un 90 %, se ha experimentado un proceso de reaparición de estructuras herederas de la vieja guerrilla, toda vez que no se han superado los diversos escenarios de confrontación con otros actores de la violencia que lastran la construcción de paz en el país (^{Aguilera & Perea, 2020}; ^{Ríos, 2022}). Así, como se desarrolla en el siguiente epígrafe, desde finales de 2016 han surgido tres expresiones violentas en Colombia, heterogéneas entre sí, pero que reclaman de un modo u otro el legado revolucionario de las FARC-EP, aun cuando reproducen idénticas pautas violentas, concurren en espacios fundamentalmente fronterizos y cocaleros, y dependen completamente de las economías ilícitas y las actividades criminales.

Tal es el caso de la disidencia inicialmente comandada por alias Gentil Duarte, la disidencia “Segunda Marquetalia” y el elenco tan plural como polisémico de las mal llamadas estructuras residuales. Estas últimas están presentes sobre todo en la región del Pacífico y en el sur del país, donde han proliferado a modo de pequeñas organizaciones locales, vinculadas en su mayoría al narcotráfico, que operan como agentes locales y dinámicos, a la par que colaboran o se enfrentan con estructuras armadas de mayor calado (^{Ríos, 2021b}).

Además, se debe mencionar la presencia del ELN, que entre 2016 y 2022 ha duplicado su estructura y fortalecido su presencia en la región fronteriza con Venezuela, especialmente en Arauca y Norte de Santander, como lo han hecho en el Chocó y en departamentos del Pacífico sur como Cauca o Nariño (Llórente & Garzón, 2020). También se destaca el Clan del Golfo, especialmente consolidado en la región Caribe y en Antioquia, pero que funciona como una estructura cuyas siglas se encuentran en muchos otros lugares del país, funcionando como una suerte de cártel descentralizado. A estos dos actores habría que añadir otro grupo de estructuras armadas como Los Pachenca, Los Pelusos, Los Puntilleros, Los Caparros o Los Rastrojos, entre otras, que disfrutan de una alta implantación local, muy diferenciada, haciendo las veces de terceros actores que mantienen alianzas o enfrentamientos según la coyuntura o lugar (^{Trejos, 2020}; Gómez & ^{Ríos, 2022}).

Todo lo anterior, a la vez que representa un importante cambio en las dinámicas de la violencia armada, transforma los ejes de identificación y caracterización de la amenaza, en un contexto en el que la desaparición de las FARC-EP supone una reestructuración de relaciones y representaciones violentas. Sin un actor hegemónico local, como lo eran las FARC-EP en buena parte de la geografía de la violencia colombiana, se impulsa un incremento sustancial de diferentes expresiones de violencia, que van desde acciones de carácter político-electoral hasta el asesinato selectivo de excombatientes o líderes sociales (^{Indepaz, 2021}).

Percepciones de oficiales en retiro sobre el fin del conflicto

El fin del conflicto, en sentido estricto, representaba una doble responsabilidad. Para las FARC-EP, su responsabilidad era movilizarse hacia unas zonas y puntos transicionales desde los cuales desarrollar las primeras acciones de concentración, desarme y transición orientadas a la plena reincorporación a la vida civil. Por su parte, las Fuerzas Militares, aparte de acompañar y garantizar dicho proceso, tenían el especial compromiso de preservar la vida de los excombatientes que, especialmente en sus comienzos, asumían un proceso de retorno a la vida civil como colectividad.

En la actualidad, transcurridos más de seis años de la firma del Acuerdo, las cifras oficiales de la ARN (2022) señalan que más de un 90 % de la población excombatiente de las FARC-EP, ya sea de forma individual o colectiva, continúa en el proceso de reincorporación plena a la vida civil. Cabe reseñar, por ejemplo, que este punto era el más avanzado en su cumplimiento para finales de 2021, respecto de todas las 140 disposiciones del Acuerdo. De estas, para entonces, más de la mitad se hallaban completadas y apenas un 10 % estaban por comenzar. Así, en aspectos fundamentales como la entrega de armas se había cumplido la práctica totalidad de las acciones dispuestas en el Acuerdo (^{Instituto Kroc, 2021}).

Sin embargo, este avance tiene varios lunares, en especial los retrasos y dificultades de las garantías mismas de seguridad para la población excombatiente, por parte de las Fuerzas Militares y los esquemas de protección. Esto se ha traducido en más de 350 excombatientes asesinados desde noviembre de 2016. A pesar de que, para algunos sectores, la responsabilidad recae en las Fuerzas Militares, lo que adolece de fallos, en todo caso, son los criterios de asignación de los esquemas de protección, aparte de la falta de recursos, especialmente en los entornos periféricos donde ocurre este tipo de violencia dirigida contra los excombatientes. Así lo expresa, por ejemplo, un general entrevistado:

Cada vez que se utiliza esa cifra de 200 y tantos desmovilizados asesinados yo volteo el argumento y le digo, con toda la dificultad existente, el Estado colombiano le ha garantizado la vida a 12 700 desmovilizados. Claro que son vidas que nos duelen y más en un escenario de negociación de paz, pero se les está tratando de cumplir por medio de la Unidad Nacional de Protección. (MG1, comunicación personal, 29 de octubre de 2021)

Por otra parte, un factor que, inexorablemente, ha generado críticas al proceso de desmovilización es la proliferación de estructuras disidentes tras la firma del Acuerdo de Paz. Como se ha dicho, existen al menos tres grupos armados surgidos de este fenómeno disidente, que, como es de esperar, alimentan sobremanera el descrédito de los entrevistados respecto de la desmovilización guerrillera.

La primera disidencia que mostró inconformidad con el Acuerdo de Paz estuvo conformada por tres nombres en particular: ‘Iván Mordisco’, ‘Jhon 40’ y, por encima de ambos, ‘Gentil Duarte’. El primero en mostrar públicamente su distanciamiento con el Acuerdo, al ni siquiera participar en la X Conferencia Guerrillera, que debía aprobar lo comprometido con el Gobierno, fue ‘Iván Mordisco’. De hecho, llegó a dirigir acciones armadas contra un puesto de votación en su área de influencia el día en que se celebró el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz. Ya el 10 de junio de 2016, casi seis meses antes de la firma definitiva, era el responsable de la emisión de un comunicado que rezaba lo siguiente:

Hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo. Independientemente de la decisión que tome el resto de los integrantes de la organización guerrillera. Respetamos la decisión de quienes desistan de la lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos nuestros enemigos, (citado en ^{Verdad Abierta, 15 de abril de 2018})

Asimismo, desde el Frente 7, ‘Gentil Duarte’ desdecía cualquier atisbo de compromiso con el Acuerdo de Paz y anunciaba públicamente su alianza con el Frente 1, a lo que no tardaron en sumarse otras estructuras de las FARC-EP altamente relacionadas con el narcotráfico, como las dirigidas por ^£Euclides Mora, el mismo ‘Jhon 40’ o ‘Julián Chollo’, pertenecientes a los frentes 1,7, 16 y 44. Esto provocaría que, a finales de 2016, el mismo Estado Mayor del Bloque Oriental primero, y el secretariado de las FARC-EP después, desautorizasen por insubordinación a los correligionarios de ‘Duarte’, arguyendo que “esta decisión está motivada en su conducta reciente que los ha llevado a entrar en contradicción con nuestra línea político-militar” (^{Reuters, 2016}). Este argumento fue ratificado por Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’ (comunicación personal, diciembre de 2021).

Desde 2017, esta ha sido la disidencia de las FARC-EP que más ha crecido y mayor notoriedad ha cobrado, tanto por activismo como por presencia territorial, en buena parte gracias a las ingentes fuentes de financiación provenientes de la explotación ilícita cocalera, aurífera y maderera (^{Indepaz, 2020}). Antes de ser abatido en mayo de 2021, ‘Gentil Duarte’ logró cooptar para su propósito diferentes estructuras que, desde 2017, fueron proliferando sobre escenarios cocaleros y fronterizos donde las FARC-EP habían mantenido un particular arraigo, con los otrora frentes 33 (Norte de Santander), 28 (Casanare) y 10 (Arauca). Además, con el paso de los años, su activismo terminó concentrando mayores capacidades operativas, tanto en los departamentos de Meta y Guaviare como en otros escenarios de la Orinoquia y la Amazonia (^{Fundación Ideas para la Paz, 2018}).

Además de integrar en su estructura diferentes grupos residuales de las FARC-EP (en particular de los antiguos frentes 14, 15, 17, 27, 40, 42 y 43), ‘Gentil Duarte’ consiguió alianzas puntuales con el ELN en Arauca y Norte de Santander, e incluso con grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo en el Guaviare. Sin embargo, la altísima fragmentación de la violencia en el plano local y la imposibilidad de alinear todas las estructuras armadas herederas de las FARC-EP desembocaron en importantes confrontaciones, principalmente con la Segunda Marquetalia -en Sucre, Bolívar, Antioquia y Putumayo- y grupos residuales de Nariño y Cauca, durante 2021 y 2022.

Por su parte, la aparición de la Segunda Marquetalia fue totalmente diferente a la de ‘Gentil Duarte’, al producirse con mucha posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. Fue promovida por quienes lideraron la negociación en La Habana: ‘Iván Márquez y ‘Jesús Santrich’. Su primera aparición pública tuvo lugar el 29 de agosto de 2019, cuando ‘Márquez’, en compañía de ‘Santrich’, ‘El Paisa (excomandante de la Columna Móvil Teófilo Forero), ‘Romaña’ (excomandante del Bloque Oriental), ‘Loco Iván’ (excomandante del Frente 26), ‘Walter Mendoza (excomandante de la Columna Móvil Libardo García) y ‘Zarco Aldinever’ (excomandante del Frente 53), leyó un comunicado con las figuras de Simón Bolívar y ‘Manuel Marulanda’ tras él. La Segunda Marquetalia se proclamaba como la disidencia heredera de las FARC-EP, por cuanto “surgía de los incumplimientos” a un Acuerdo “desnaturalizado” y al servicio de una “oligarquía colombiana” a la que corresponsabilizaban y tildaban de traidora, según dicho discurso (^{Segunda Marquetalia, s. f.}). En relación con las propias acciones de violencia dirigidas contra excombatientes, este fenómeno es analizado por un entrevistado del siguiente modo:

Toda la violencia contra líderes sociales y antiguos guerrilleros [viene] dada por la oportunidad del narcotráfico y por la fragmentación de las FARC-EP. Estas quedaron divididas en tres: las FARC-EP desmovilizadas, las FARC-EP partido político Comunes y las FARC-EP disidentes. La capacidad de estos últimos fue mal encasillada como violencia residual, pues en realidad han ido creciendo poco a poco y manteniendo capacidades que están detrás del deterioro de la violencia. Mi comprensión de este fenómeno lo llamaría algo así como “FARC-EP contra FARC-EP: una nueva violencia en Colombia”. No olvide que el porcentaje de homicidios a desmovilizados excombatientes de las FARC-EP por disidentes de las FARC-EP supera el 40% (BG1, comunicación personal, 21 de octubre de 2021)

Desde su comienzo, la Segunda Marquetalia exhortó la legitimación de la violencia, aunque recalcaba su rechazo a actuar sobre objetivos militares -más allá de la autodefensa- y la práctica del secuestro. En su primer comunicado reconocía también la necesidad de imponer el cobro de “aportaciones económicas” en sus áreas de acción, además de su compromiso por construir alianzas con grupos como el ELN. Si bien la colaboración con el ELN era prioritaria para ^£Iván Márquez, también es cierto que se planteaba desde una posición muy diferente a la del pasado, sobre todo porque el ELN es el grupo que más se ha consolidado tras la desmovilización de las FARC-EP, principalmente en el corredor colombo-venezolano (desde el que se proyecta también la Segunda Marquetalia), región donde es casi hegemónico. Además, dada la naturaleza descentralizada del ELN, cualquier eventual colaboración queda reducida al estricto plano local y coyuntural, donde en muchas ocasiones el factor de cohesión no es otro que contar con enemigos comunes, como el Clan del Golfo o, en algún momento, el Frente Oliver Sinisterra.

Por ello, entre los entrevistados, una posición mayoritaria, a excepción de aquellos generales que tuvieron mayor peso en la primera presidencia de Juan Manuel Santos, es que el fenómeno de las disidencias, en realidad, es una suerte de imbricación de un “brazo político” y un “brazo militar”. Esto pone de manifiesto el profundo sentimiento de desconfianza entre los militares hacia la antigua guerrilla, como muestran los siguientes relatos:

Las FARC-EP ganan siempre. A ellos les sirve estar sentados en el Congreso, con un brazo político, y disponer de unas disidencias que son su brazo armado, violento, que sigue lucrándose del negocio del narcotráfico y de otras economías ilegales. (MG1, comunicación personal, 29 de octubre de 2021)

Las PARC digamos que están legales. Los que están en su parte política, en el partido Comunes, no han sido contundentes en rechazar a estas disidencias. Los grupos organizados, por ejemplo, en el Pacífico, están mezclados con bandas criminales y pudiéramos pensar que más bien es narcotráfico puro. Aunque nos falta información, yo diría que lo de Segunda Marquetalia en cierta manera es algo que ellos mismos dejaron. Es un grupo bien organizado, bien financiado, que está como a la espera. Una reserva para ver cómo sigue el proceso. Con respecto a eso no hay claridad. Luego, además, estaría el grupo de Gentil Duarte y el resto de su gente, que está por el oriente y suroriente del país. Eso es todo zona gris que digamos. (MG4, comunicación personal, 24 de noviembre de 2021)

Por si fuera poco, al escenario descrito hay que añadir un tercer elenco de actores herederos de las FARC-EP derivado del surgimiento de innumerables estructuras armadas, más o menos autónomas, que desde un plano local reclaman igualmente su conexión con la guerrilla. En la gran mayoría de los casos, estas estructuras tienen enclaves periféricos, con marcada impronta cocalera y en posiciones claramente fronterizas, como el corredor oriental, el litoral Pacífico o el sur del país (^{Ríos, 2021a}). Tal es el caso, desde 2016, de grupos como las Guerrillas Unidas del Pacífico, “Nueva Gente” o “Nuevo Orden”, activo en Nariño. Igualmente, está el Frente Oliver Sinisterra, continuador de la Columna Móvil Daniel Aldana, con grupúsculos herederos del Frente 6, activo en Cauca, y con estructuras herederas del Frente 48, presente en Tumaco. Desde 2017, también ha aparecido el Frente Estiven González en las inmediaciones del espacio transitorio del municipio nariñense de Policarpa, nutrido de las antiguas Columnas Móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre. La misma lógica han tenido otras estructuras herederas de los antiguos frentes 18 y 36 de las FARC-EP en Antioquia, del Frente 30 en Cauca, del Frente 33 en Norte de Santander, del Frente 28 en Casanare o del Frente 10 en Arauca, entre otros casos (^{Ríos, 2021a}). Al respecto, otro de los entrevistados señala lo siguiente:

Yo estoy convencido de que las FARC-EP no entregaron las armas. Hoy hablan de unos grupos como disidencias, pero para mí no son disidencias. Son reductos que las FARC-EP dejaron como reservas en caso de que no funcionara el proceso (político). (BG3, comunicación personal, 25 de noviembre de 2021)

Percepciones de oficiales en retiro frente al problema de las drogas ilícitas

En relación con lo anterior, hay dos aspectos que para los entrevistados pueden explicar las dificultades de las Fuerzas Militares a la hora de enfrentar las dinámicas de violencia producidas en el posconflicto. Por un lado, el impacto del narcotráfico en la continuidad e intensificación de un fenómeno violento que integra, además, otras estructuras armadas. Como se verá, existe una fuerte relación entre las muertes violentas de excombatientes y la presencia de disidencias y otros actores armados con la presencia de cultivos ilícitos. Por otro lado, están las dificultades asociadas a un Estado como Colombia, con más territorio que soberanía, donde la institucionalidad en muchos enclaves periféricos se reduce con frecuencia a la presencia policial o militar, sin estar acompañada de otros elementos de generación de oportunidades, recursos y unos mínimos de bienestar y gobernanza local.

A ello se suma, como indican otros testimonios, una profunda reforma, aún por emprender, que verdaderamente redefina los roles de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares tras la transformación del conflicto armado desde 2016. Esto conlleva reorientar el papel de la Policía hacia un paradigma de seguridad ciudadana, más próxima a los entornos locales, y un papel de las Fuerzas Militares volcado hacia los aspectos de defensa y misión multitarea, entre muchas otras atribuciones y responsabilidades.

Uno de los aspectos donde los entrevistados identifican mayores problemas de inseguridad y reproducción de la violencia criminal en Colombia se relaciona con lo comprometido, y apenas cumplido, del punto cuatro del Acuerdo de Paz, dedicado al tema de los cultivos ilícitos. Según lo acordado, se debía enfrentar y reducir el problema de la superficie cocalera cultivada, desincentivar su desarrollo y optimizar las respuestas estatales para ello, tanto preventivas como punitivas. Asimismo, se exigía la colaboración de las extintas FARC-EP para conocer las rutas cocaleras que durante años fueron usadas para su financiación.

En realidad, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se incrementó la superficie cocalera cultivada y también la producción de clorhidrato de cocaína. En la actualidad, además de superar, según ^{UNODC (2022}), las 200000 hectáreas cultivadas, las plantaciones son más eficaces e impulsan la proliferación de estructuras armadas. Los discursos de los entrevistados redundan en dos consideraciones claramente compartidas: 1) la falta de compromiso de las FARC-EP en identificar las rutas del narcotráfico y 2) la necesidad de una política más eficiente para un problema que, todavía hoy, es el principal motor de la violencia en Colombia:

Ellos se comprometieron a aportar las rutas, la identificación del negocio, a colaborar en la erradicación de cultivos y promover programas de sustitución. Ha sido todo lo contrario. Estas personas [las FARC-EP] han sabido manipular a que el campesinado vea que la única forma de seguir subsistiendo es cultivando coca. Con la política actual se pierden recursos, se pierde tiempo y no se logra la erradicación del cultivo de coca. (MG3, comunicación personal, 24 de noviembre de 2021)

El proceso de paz no afectó al narcotráfico absolutamente en nada. Fue un error estratégico haber incluido el narcotráfico en la agenda de negociación. Es el factor que explica la ampliación de oportunidades y capacidades en el ELN, pero también de unas disidencias en proceso de recomposición. (BG2, comunicación personal, 21 de octubre de 2021)

Así suene impopular, la única solución que veo es volver a la fumigación con glifosato. Es la única forma de reducir esto. Sin producción de cocaína no hay plata y sin plata no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. (MG2, comunicación personal, 26 de octubre de 2021)

Desarrollando el argumento anterior, si se observa el número de muertes violentas cuando se desarrolló el trabajo de campo y las entrevistas, los datos resultan reveladores. Entre noviembre de 2016 y junio de 2021, fueron asesinados 262 exguerrilleros de las FARC-EP, a la vez que ocurrieron 1182 muertes violentas de líderes y activistas sociales. Las 262 víctimas excombatientes se concentraron en los departamentos de Cauca (49), Nariño (33), Antioquia (31), Meta (28), Caquetá (23), Valle del Cauca (22), Putumayo (22), Norte de Santander (17) y Chocó (13). Es decir, más del 90% de los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP se cometieron en apenas 9 de los 32 departamentos que conforman el país.

Algo muy parecido sucedió con los líderes sociales asesinados en ese tiempo. Según las cifras que ofrece ^{Indepaz (2021}), entre la firma del Acuerdo con las FARC-EP y el 14 de junio de 2021 se contabilizaron en Colombia un total de 1182 asesinatos. La mayor parte de ellos coinciden en los mismos departamentos: Cauca (279), Antioquia (156), Nariño (122), Valle del Cauca (88), Putumayo (70), Norte de Santander (55), Chocó (45), Caquetá (42) y Meta (41). Es decir, nuevamente, como sucedió con la muerte de excombatientes de las FARC-EP, estos mismos escenarios concentran más de tres cuartas partes de los homicidios violentos.

Ahora bien, en los sucesivos reportes publicados entre 2017 y 2020 por la Policía Nacional, los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca han acumulado un total de 578 504 hectáreas de cultivos cocaleros, lo cual representa el 90% del total de 642735 hectáreas cultivadas para entonces en Colombia (Observatorio de Drogas, s.f.). Igualmente hay otros indicadores que denotan el arraigo de la actividad criminal en los territorios cocaleros. Por ejemplo, de los 1018049 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados entre enero de 2017 y diciembre de 2020, 756040, equivalentes a un 74,20%, han sido decomisados en estos mismos departamentos (Observatorio de Drogas, s.f.).

Así mismo, allí se han concentrado hasta 1072 laboratorios de cocaína del total de 1227 laboratorios destruidos en el transcurso de estos cuatro años (87,36 %) (Observatorio de Drogas, s.f.). Es tanta la correlación que, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Forense (2020), algunos de los departamentos más violentos del país son, precisamente, Valle del Cauca (51,18 muertes violentas por cada 100000 habitantes), Chocó (39,60), Cauca (39,23), Norte de Santander (38,35), Meta (30,83) y Putumayo (30,33). Todos ellos sobrepasan ampliamente el promedio nacional de 21,4 muertes violentas por cada 100000 habitantes.

Un trabajo de ^{Ríos (2022}), al correlacionar estadísticamente la presencia del negocio cocalero y el asesinato de excombatientes y líderes sociales, arroja como resultado una muy alta correlación, de 0,722 y 0,756, respectivamente. De igual manera, para la presencia de estructuras criminales, ya sean herederas de las FARC-EP o grupos posparamilitares, el negocio cocalero arroja unos valores de correlación muy significativos (0,712). Al ser analizado discursivamente, este aspecto muestra relación, además con dos cuestiones fundamentales de lo que se ha planteado hasta aquí: las dificultades para cooptar el territorio colombiano y la falta de una estrategia de redefinición de las funciones de la Policía Nacional y el Ejército en aquellos enclaves donde debía desaparecer la guerrilla de las FARC-EP. Algunos testimonios sobre la primera cuestión expresan lo siguiente:

No prestamos suficiente atención a un principio de la física elemental: todo espacio vacío tiende a ser ocupado. Hizo falta un planteamiento sólido de qué iba a hacer el Estado cuando las FARC-EP saliesen del territorio. Eso no sucedió y el espacio fue cooptado por otros actores armados. Faltó estrategia, compromiso y entender que el Estado es algo más que Policía y Ejército. (MG5, comunicación personal, 5 de noviembre de 2021)

Respecto de la segunda cuestión, indisociable de la primera, hay que añadir un elemento particular, vinculado con el modo de coordinación y acción de las Fuerzas Militares como garantes de control del territorio colombiano una vez las FARC-EP se retirasen de sus entornos de violencia. Lejos de que esto sucediera, varios trabajos han puesto de manifiesto cómo la geografía de la violencia previa al Acuerdo de Paz sigue siendo la misma hoy tras más de seis años de su firma (^{Salas et al., 2019}; ^{Ríos & González, 2021}).

Este es un aspecto sobre el que es posible encontrar autocrítica generalizada entre los entrevistados, pues, en un marco de posconflicto, parece necesario repensar los términos de seguridad y defensa. Es decir, si de promover la paz territorial se trata, tal vez la Policía Nacional, en aras de un tránsito de la seguridad pública hacia la seguridad ciudadana, debería ser el principal garante del entorno local, una vez desaparecidas las FARC-EP. No obstante, esto debe hacerse de forma transitoria, pues no se puede obviar que, durante décadas, el principal actor de disputa frente a las guerrillas fue el Ejército. Al respecto cabe destacar estos testimonios:

No hubo claridad con respecto a cómo cooptar el territorio. Pudiera decirse que hubo un proceso de militarización de la Policía y de politización del Ejército, alimentando un dilema que ha impedido controlar el territorio tras el Acuerdo de Paz. Es necesario pensar en fuerzas intermedias que cumplan con la defensa territorial y permitan a las Fuerzas Militares cumplir con su misión constitucional. Tal vez la solución sea una fuerza con miembros de la Policía y el Ejército que nos permita escapar de esa idea a superar del combate contra el enemigo interno. (MG6, comunicación personal, 4 de noviembre de 2021)

En el tema de roles se viene trabajando, pero lo que pasa es que venimos de un conflicto de más de cincuenta años en donde los colombianos se acostumbraron a ver de manera combinada a las FFMM y a la Policía Nacional actuando contra las insurgencias. Si hay un proceso de paz, y si esto sigue avanzando como esperamos, las FFMM tendrán que redefinir su acción y su actividad en lo que tiene que [ver] con la seguridad ciudadana. Y la Policía Nacional también. Cada una de sus actividades deberá ajustarse de forma gradual. Llegar a un momento donde haya una separación real de roles nos llevará un tiempo, pero estoy completamente seguro de que llegará. Puede que suene atrevido, pero la Policía ya no tendrá que estar patrullando con fusiles y utilizará su arma normal, su arma de defensa, la pistola y no el fusil. Esa es la idea que se busca. (MG7, comunicación personal, 7 de marzo de 2017)

Discusión

Es posible destacar como principal resultado la preocupación entre los oficiales en retiro entrevistados respecto al escenario de violencia y seguridad producido tras el Acuerdo de Paz de 2016. Hay dos posiciones predominantes en los testimonios obtenidos. Por un lado, se observa un relativo cuestionamiento con relación al fenómeno de las disidencias. Aunque es cierto que el Partido Comunes siempre ha mantenido una posición crítica frente a los grupos comandados por ‘Gentil Duarte’ y la Segunda Marquetalia, también es de esperar que el principal compromiso que las Fuerzas Militares demandan, en principio, con respecto a la superación de la violencia en Colombia pasa por la entrega total de armas y la contención de las disidencias. Aun cuando en todo proceso de dejación de armas es habitual el fenómeno de las disidencias, el hecho de que destacados dirigentes de la guerrilla (como ‘Iván Márquez, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa o ‘Romaña) retomasen las armas, a la vez que Comunes mantiene su representación parlamentaria en el Congreso, genera suspicacia en los oficiales en retiro de que este fenómeno responda a una suerte de combinación de todas las formas de lucha, donde el brazo armado se complementa con el brazo político.

Esta lectura exhibe la continuación de imaginarios fuertemente arraigados durante un largo tiempo de confrontación, que necesitarán de muchos años para que las Fuerzas Militares asuman la nueva situación que demanda el Acuerdo en términos de construcción de paz y fortalecimiento democrático. Asimismo, en todos los testimonios recogidos, a pesar de lo anterior, existe claridad en cuanto a la diferente naturaleza e impacto de las trayectorias de quienes se hacen seguir llamando FARC-EP, lo que en cierta manera da cuenta de la necesidad de adaptar la política de seguridad del Estado a un escenario tan heterogéneo como cambiante.

Por otro lado, parece evidente en el discurso de los entrevistados el lugar central que ocupa el narcotráfico en la preservación y transformación de la violencia. En realidad, esto supone cuestionar tanto las medidas contempladas en el Acuerdo de Paz y su implementación -en varias ocasiones se reclaman respuestas aún más reactivas- como la política gubernamental desarrollada en los últimos años. En todo caso, sobre la relación del narcotráfico con las disidencias, se observa un constructivo elemento de autocrítica que se manifiesta en dos factores: las dificultades del Estado para cooptar un territorio cuyas demandas superan ampliamente las capacidades institucionales existentes, y -relacionado con lo anterior- la necesidad aún no atendida de optimizar y mejorar un marco de adaptación, problematización y respuesta en torno a la distinción de las funciones entre Policía Nacional y Ejército.

Por el momento, son muy pocos los trabajos que han tratado de abordar este tipo de cuestiones de forma académica, de manera que las posiciones y planteamientos más comunes se reducen a foros y congresos de estudios militares, posiciones en medios de comunicación y trabajos personales. Entre las publicaciones, puede mencionarse el libro publicado recientemente por el General retirado Jorge Enrique Mora Rangel, Los pecados de la paz (^{Mora, 2021}), así como la tesis doctoral de Coronel Rodrigo ^{Mezu Mina (2021}).

Para los estudios militares, un elemento de gran relevancia e interés, más allá de la documentación primaria de carácter doctrinal y oficial, pasa por disponer de la recolección y el análisis de discursos provenientes de estudios cualitativos que, como este, ofrezcan la posibilidad de enmarcar fenómenos que afecten la seguridad del país, tal y como es el caso de la violencia producida tras la firma del Acuerdo de Paz. Es posible que el escenario de profunda polarización política y social que ha experimentado Colombia durante las últimas dos décadas haya dificultado la posibilidad de desarrollar trabajos de esta naturaleza, aun cuando el testimonio directo de quienes fueron responsables de la política de seguridad y defensa del país es de un altísimo valor en términos analíticos.

Se trata, en todo caso, de una limitación metodológica que hay que aceptar y saber gestionar, no solo por el señalamiento y el alto nivel de polarización, sino porque es un objeto de estudio sensible, así como lo es la relación objeto/agente, factores que se suman a las limitaciones para el pronunciamiento público de militares en ejercicio. En todo caso, en un tema que siempre ha estado atravesado por la desconfianza, la opacidad y la tensión cívico-militar, de forma que trabajos de este tipo a la investigación social rigurosa.

Resta señalar que esto no es más que un punto de partida. El contraste, por ejemplo, entre diferentes grados y posiciones orgánicas en las Fuerzas Militares, o la selección de entrevistados en función de sus trayectorias, cargos y entornos en el marco de la confrontación armada o de los procesos de paz, pueden servir para recoger otras narrativas que iluminen nuevas tensiones, contradicciones o aspectos por considerar.

Conclusiones

En conclusión, si bien en esta investigación se plantean narrativas que problematizan y abordan de manera diferente otros aspectos del Acuerdo, que permitirían proponer resultados diferentes a los recogidos, en lo referente al fin del conflicto y el problema del narcotráfico existe una gran proximidad discursiva. El hecho de que sean militares en retiro puede contrastar con el discurso de quienes están activos. Como se ha señalado, esta sería una variable para explorar con mayor detenimiento, atendiendo las rupturas y continuidades con base en su relación con el conflicto armado. Sea como fuere, aun cuando se entrevistó de manera anonimizada a una decena de generales activos para el periodo 2017-2022, tales testimonios no fueron considerados para este trabajo.

Por otra parte, este análisis se basa en un trabajo de campo realizado en 2021. Desde entonces ha tenido lugar un cambio de gobierno, un importante viraje en la política de paz del ejecutivo y, asimismo, una notable transformación en diferentes escalas de poder del estamento policial y militar. Por ello, cualquier trabajo complementario debe considerar estas circunstancias. No obstante, se puede prever que las principales preocupaciones aquí planteadas, a saber: 1) violencia contra poblaciones vulnerables; 2) fenómeno de disidencias; 3) problema del narcotráfico, y 4) estrategia integral de cooptación del territorio, pueden identificarse actualmente en condiciones de urgencia y prioridad muy similares. Habrá que ver, no obstante, si los nuevos acontecimientos han determinado formas distintas de problematizar o de proveer respuestas a estos problemas, de acuerdo con la nueva política de paz. Hay que entender, sobre todo, que estos factores, en buena medida, son de largo aliento, difíciles de intervenir y resolver en el corto plazo, dado que son más estructurales que coyunturales.

Finalmente, es necesario seguir visibilizando y confiriendo protagonismo a las Fuerzas Militares en la gestión de la violencia y la construcción de paz en Colombia, habida cuenta de su aportación, en términos holísticos y de complejidad, a un fenómeno que se yuxtapone y relaciona con numerosos factores y circunstancias, que, a su vez, se combina con la heterogeneidad de los territorios. Se requieren investigaciones que analicen con rigor el rol de las Fuerzas Militares, su responsabilidad y la continuidad de su transformación, para contribuir efectivamente a la superación de una violencia, desde hace décadas, tan indómita como irresoluta.