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Introducción
En el estudio de la crisis humanitaria actual en Venezuela se observan cambios en los perfiles y dinámicas migratorias. Así, modelos económicos irregulares, aunque tradicionalmente presentes en la frontera colombo-venezolana, ahora se han expandido y consolidado dentro de ambos países. Esta expansión ha modificado las dinámicas sociales y ha generado problemas de gobernabilidad. Esto se caracteriza por la convergencia de diversos espacios jurídicos y fallas diplomáticas que impactan la seguridad estatal. En este contexto, la reciente experiencia en migraciones se enfoca en la subjetividad de los derechos de los involucrados, convirtiendo la migración en un factor de conflicto para las relaciones bilaterales. Además, los desafíos políticos, económicos y sociales han condicionado la actividad comercial entre ambos países y han reducido la presencia del Estado y sus instituciones, lo que deviene en una falta de garantías jurídicas y el surgimiento de nuevos grupos irregulares, en medio de una crisis humanitaria.
Para entender los procesos migratorios, se debe conocer la dinámica social y política entre los Estados involucrados. Allí, las relaciones internacionales, entendidas como una disciplina científica relativamente reciente, contemplan el análisis de modelos políticos y económicos que hacen viable el desarrollo de un país (Serrano, 2021). Su metodología se basa en la interpretación histórica y social de la relación entre naciones en concordancia con sus intereses (Cox, 2013), lo que requiere una reflexión centrada en la naturaleza de las instituciones y el Estado moderno (Cremades-Guisado, 2021).
La multipolaridad económica y los efectos de la globalización han transformado la realidad de las relaciones entre los Estados. Por ello, resulta complejo encontrar un punto de equilibrio entre el orden internacional y la ideología de los gobernantes respecto a la configuración de sus alianzas o del mismo eje de poder. En este sentido, las formas y conceptos tradicionales de la diplomacia han cambiado (Murillo, 2015), hasta el punto de encontrar teorías relacionadas con formas de inmiscuirse en organizaciones internacionales y obtener beneficio de estas.
Venezuela, uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con las reservas petrolíferas confirmadas más grandes del mundo (Lajous, 2011) y con influencia en el orden económico mundial, se encuentra sumergido en una crisis económica, política y humanitaria sin precedentes. El panorama social lo define como el país más desigual de la región, con una tasa inflacionaria de 1 000 000 % y un 62 % de su población en condición de pobreza extrema (Torrealba, 2019). Ante este escenario, resulta difícil caracterizar o identificar aliados estratégicos que puedan compartir sus intereses, o estudiar al menos sus relaciones diplomáticas, cuando estas se subordinan a la ubicación geográfica y los intereses comunes entre aliados comerciales. En las primeras dos décadas del siglo XXI, Venezuela se ha visto inmerso en una serie de problemas de orden económico, político y social que han provocado un éxodo masivo de su población. Durante este éxodo, los perfiles migratorios han variado según el periodo de salida de los migrantes, por lo cual se define como un proceso heterogéneo. En este trabajo se identifican y detallan tres grandes periodos de migración. Según datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2021), más de seis millones de venezolanos se encuentran en condición de migrantes refugiados en el mundo, de los cuales cerca del 80 % reside en América Latina y el Caribe y el 32 % de éstos reside en Colombia.
Colombia, por su parte, mantiene esfuerzos destinados a la explotación de sus capacidades económicas, su proyección internacional, la lucha contra los tradicionales conflictos de orden interno y la protección de la diplomacia (Barbieri et al., 2020), pero es el principal destino de los migrantes venezolanos. Este fenómeno ocurre en el peor momento de las relaciones diplomáticas, dada la dificultad estructural del Estado colombiano para ejercer un control efectivo sobre estos migrantes y la negación de la existencia de una crisis humanitaria por el Gobierno venezolano (Chávez, 2020), lo que deteriora aún más las relaciones en medio de una polémica situación de respaldo a grupos armados irregulares colombianos por parte de Venezuela, que se han expandido y reforzado en ambos lados de la frontera apalancados en la migración irregular venezolana (Barbieri et al., 2020).
Marco teórico-metodológico
Los movimientos migratorios contemporáneos son influidos por los aspectos económicos, políticos o culturales de las sociedades de acogida, pero también por las actividades ilícitas de carácter internacional, que se apoyan en el anonimato de la migración irregular y la carencia de instrumentos de identificación. Al respecto, existe un vacío en las políticas migratorias frente a la dificultad de regular el estatus migratorio de los solicitantes; el imperativo funcional de la norma aparentemente es mantener alejado al migrante del país, cuando lo que ocurre es lo contrario, pues permanecerá allí. Cuando este hecho es masivo, se eleva la posibilidad de un conflicto social por presiones del Estado hacia quienes buscan apegarse a la regulación. Si bien el problema puede residir en la ausencia de medios y recursos para mitigar la migración, también es posible que simplemente se trate de un colectivo sin interés para la regulación del estatus migratorio. Por ello, la migración es un tema de interés político en los Estados modernos, que involucra factores como la pobreza, la gobernanza, recursos y medio ambiente (Brown, 2018). Además, el desplazamiento de población entre países también representa la movilidad de capitales financieros (Cornejo, 2019).
Para la gestión de los problemas migratorios, la presencia de migrantes en condición irregular se considera un problema mundial que conlleva múltiples riesgos, lo que convierte en estratégica su prevención y combate (Domenech, 2017). Por su parte, Magliano y Clavijo (2011), Reigada (2012), Santi y Clavijo (2020) y Santi (2020a, 2020b) plantean que las migraciones representan problemas para la gobernabilidad de los países emisores y receptores.
Por otro lado, la relación entre migración y problemas de seguridad, objetivamente, se relaciona con el impacto de esta en la sensación de seguridad por parte de la ciudadanía. Un migrante en condiciones migratorias reguladas se encuentra controlado por el Estado, tiene obligaciones tributarias y económicas con el país receptor, diversifica el mercado laboral, influye en los indicadores estadísticos de crecimiento económico y puede contribuir al proceso general de globalización, mientras que un migrante irregular no se encuentra sujeto a las condiciones ni obligaciones de la ciudadanía de acogida, contribuye a mantener la economía sumergida (diferente a la informal) y carece de elementos de identificación, lo que incluso puede impedir el desarrollo de un proceso judicial. Por ello, los riesgos de la migración para la seguridad se enfocan en el estatus jurídico del migrante y sus actividades en el marco de la irregularidad. Allí cobra relevancia el análisis de los perfiles migratorios.
Respecto a estos riesgos, las políticas de puertas abiertas, que provocan flexibilidad o relajación en los procesos de identificación y seguridad, abren un margen de riesgo por las posibles dificultades de control del destino final, la actividad económica y el sentido del desplazamiento del migrante, producto de la ausencia de mecanismos de control por parte de los Estados. Esto convierte el problema migratorio en tensiones y obstáculos asociados a la seguridad interior. Cuando el problema es el control del flujo migratorio, la falla está en las políticas fronterizas (Thayer, 2016); pero si el problema es la falta de control del migrante en la sociedad receptora, la falla está en el régimen migratorio existente.
Independientemente del periodo migratorio de salida, un proceso de regulación del estatus migratorio, desde la óptica de la seguridad de Estado, reduce las posibilidades de que el migrante se vincule con actividades irregulares; de lo contrario, su permanencia en condición irregular implica perder la oportunidad de su control. Esta relación entre la necesidad de proteger a la ciudadanía y su vinculación con la regulación migratoria asocia nuevos fenómenos y factores con la seguridad que antes no formaban parte de su agenda (Abad, 2015).
En un espacio en el que convergen el conflicto armado entre grupos irregulares, la presencia del Estado y ciudadanos -participantes y no participantes- en medio, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional del año 1977 ofrece un marco sujeto al derecho internacional humanitario. En este contexto, sus residentes han asimilado la existencia de conflictos como parte de su cotidianidad, conflictos que hoy se benefician de la crisis migratoria de la región.
Las migraciones se relacionan con factores demográficos, socioeconómicos, de gobernanza y medioambientales (Brown, 2018), y pueden descomponerse en gran variedad de tipologías jurídicas -como refugiados, asilados, visitantes, familiares, inversionistas, estudiantes, etc.- según las cuales varían los requisitos y condiciones para ingresar, permanecer o transitar por diferentes países. Por otra parte, dado que la movilidad humana contemporánea implica la circulación del capital financiero y económico (Cornejo, 2019) y la rentabilidad del conflicto armado se basa en la irregularidad de sus actividades económicas (Mantilla, 2012), se ha perdido de vista que el objetivo de regular el estatus migratorio del solicitante es también una necesidad del Estado.
A partir de los elementos teórico-conceptuales expuestos, este artículo recurre a una metodología cualitativa basada en la revisión de la bibliografía disponible, con el propósito de caracterizar las transformaciones fundamentales del fenómeno migratorio en la frontera colombo-venezolana a lo largo del tiempo, así como identificar las diferentes aproximaciones empleadas para analizar este fenómeno.
Resultados
Un panorama migratorio con limitadas garantías jurídicas
La política exterior de Venezuela ha cambiado como la definición de sus socios (Bolton, 2016). Así, ha pasado de actividades diplomáticas pragmáticas a las arriesgadas posiciones de naturaleza ideológica autoritaria contrarias al orden internacional (Corrales, 2015). Con ello, ha definido posturas que pueden calificarse como desafiantes, que le han cerrado el paso en el mercado internacional, mientras que los países de la región alertan sobre el estado de su democracia en los discursos ante la Organización de Estados Americanos (Dávila, 2017).
Por ese motivo, la dificultad para superar las diferencias políticas y económicas entre Venezuela y Colombia por la vía diplomática es cada vez mayor. La relación entre ambos Estados ha estado definida por acciones imprecisas y discursos impetuosos desde Venezuela que endilgan la responsabilidad del flujo migratorio a otros actores indeterminados, mientras incrementa la tensión internacional. Esto genera la impresión de que las instituciones reguladoras carecen de voluntad para resolver las disputas, y los árbitros o mediadores tienden a la parcialización política. Así se configura un conflicto de zona gris, en el espectro que separa la paz (blanco) de la guerra (negro) (Jordán, 2018), con los efectos esperados de un conflicto de esas características. Se trata de un espacio de conflicto vacío, con medios y objetivos indeterminados. Este concepto de zona gris fue inicialmente concebido en relación con los ataques informáticos que debilitan las potencialidades militares o deterioran los servicios básicos de poblaciones civiles por la dificultad de su resolución inmediata (Sohr, 2019).
Por otra parte, es necesario definir el tipo de migración que se desea estudiar y los problemas asociados a su estatus migratorio. La transición de Venezuela como país receptor a emisor de migrantes con diversas características socioeconómicas se encuentra en el análisis de los tres periodos de mayor flujo migratorio de salida de Venezuela:
Primer periodo (1999-2003): Se caracteriza por una población altamente cualificada, empresarios y filiales relacionadas con la actividad petrolera de Venezuela. En palabras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fue considerada como una migración ordenada, con motivaciones económicas y movilidad preferencial hacia Estados Unidos, Colombia y España.
Segundo periodo (2004-2013): Se caracteriza por una migración documentada por la OIM como ordenada y calificada, pero con un incremento en las solicitudes de protección internacional en los casos de Colombia, Estados Unidos, España, Panamá, Perú y Ecuador.
Tercer periodo (2014-2018): Se caracteriza por una migración que es consecuencia de la contractura económica y social de Venezuela, sin incentivos económicos ni poder adquisitivo.
Las estructuras sociales en la porosa frontera colombo-venezolana tienen sus raíces en las actividades económicas y la concentración demográfica. Desde la existencia del Estatuto de Régimen Fronterizo entre Venezuela y Colombia del 5 de agosto de 1942, que permitía la libre circulación entre ambos países sin necesidad de pasaporte y la exoneración de impuestos, no ha habido mayor presencia de políticas centrales de ambos Estados al respecto. Así, hoy en día ambos países tienen dificultades por la ausencia de infraestructuras oficiales que efectivamente garanticen al menos la prestación de servicios básicos en la región fronteriza. Cuando el Estado trata de hacer presencia en estos espacios para hacer ejercicio de soberanía, es inevitable la coexistencia de este ejercicio y la lucha contra grupos irregulares alzados en armas que se han hecho con el control de la región.
Esta es la razón por la cual se incluye el conflicto armado interno de Colombia y su expansión al territorio venezolano como objeto de estudio en las relaciones internacionales. Estos grupos han encontrado en la debilidad institucional de ambos países la oportunidad de expandir las actividades de narcotráfico hacia el territorio de Venezuela y constituir estos espacios como retaguardia estratégica ante las acciones del Gobierno colombiano (Patiño & Almario, 2020).
Estudios de García y Trejos (2021), Patiño y Almario (2020), González y Galeano (2014), Carreño (2014) y Alegría y Arroyo (2010) ya han alertado sobre la conformación de nuevos grupos armados irregulares desde el territorio venezolano y la posibilidad de ser empleados coordinadamente o consentidos por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La legitimidad y protección de estos grupos irregulares parece hacer parte de la defensa de los intereses territoriales, económicos e ideológicos por parte del actual Gobierno de Venezuela.
La conocida inestabilidad social, política y económica de Venezuela es especialmente tangible en Colombia con mayor profundidad, lo que ha devenido en una crisis diplomática con implicaciones nacionales, regionales e internacionales. Esto afecta las dinámicas sociales, imposibilita el cruce de fronteras, paraliza el histórico intercambio comercial en la región y promueve el surgimiento de nuevos grupos armados apoyados en la migración irregular.
Ante esto, las políticas de seguridad y defensa de Colombia van de la mano con la diplomacia y la proyección y análisis de capacidades militares y posibles objetivos de los países vecinos. En el caso de Venezuela, el posible vínculo entre sus Fuerzas Militares con las guerrillas colombianas y otros grupos irregulares es objeto de estudio en las agendas de inteligencia, por la inestabilidad con que se definen estas relaciones (Alegría & Arroyo, 2010).
Se evidencia la falta de cooperación en las políticas transfronterizas debido a que el Estado venezolano se niega a reconocer su problemática interna, lo que ha impulsado las actividades del narcotráfico y ha elevado los índices de conflictividad social en la zona. Las acciones del Gobierno de Venezuela han sido implementar limitaciones al tránsito de bienes y personas entre los países (Idler, 2019), lo que resulta en una oportunidad de explotación del flujo migratorio por parte de los grupos irregulares, que controlan los desplazamientos masivos en la zona.
En efecto, las contracciones económicas y la dificultad de acceder a bienes y servicios básicos en la frontera común entre ambos países han sido el motor de las actividades irregulares, no por los productos comercializados, sino por la materialización de una actividad económica a través de estructuras logísticas no regladas. Se ha establecido, entonces, una nueva forma de negocio: grupos irregulares hacen uso de agencias turísticas como fachada para captar potenciales víctimas en el área contigua al Puente Internacional “Simón Bolívar”, que conecta a ambos países (Bonilla, 2019). Este es el punto en el que el tráfico de sustancias ilícitas, contrabando, desaparición forzada, explotación infantil y otras prácticas ilegales encuentran la posibilidad de apalancarse en las limitaciones de los cuerpos de seguridad de uno de los países para actuar frente a los hechos ocurridos en el otro país, y en sentido contrario cuando sea necesario.
Si se detalla la génesis de estos procesos comerciales ilícitos y de sus autores, se comprende que los grupos armados organizados han mutado a un carácter transnacional, mediante actores con intereses económicos que van más allá del usual contrabando fronterizo. Las oportunidades de este nuevo modelo socioeconómico se mantienen por los medios que sean necesarios; en un espacio de limitado acceso del Estado, no resulta difícil convencer a los habitantes, siempre que de alguna manera se vean beneficiados.
Estos nuevos grupos han encontrado un gran apoyo en la migración irregular por la misma carencia de elementos de identificación. De ahí la tendencia a que las acciones del Estado para identificar y controlar a los migrantes irregulares sean tildadas de acciones racistas, xenófobas e intolerantes por parte de quienes no han considerado la necesidad de su vigilancia o de quienes posiblemente no tienen interés en que dicho control se produzca.
El panorama de Venezuela es complejo. El escenario social, económico y político actual se ha caracterizado como la implosión de un modelo democrático (Fisher & Taub, 2017), seguido por la vulneración de derechos humanos, el cierre de pasos internacionales, y el surgimiento y desarrollo de nuevos grupos irregulares que antes operaban solo en zonas fronterizas y ahora se han expandido hacia el interior del territorio venezolano. Los usuales espacios de intercambio comercial se han convertido en rutas migratorias sin garantías, dada la inseguridad jurídica que conlleva el paso por vías irregulares para salir del territorio venezolano, sin acompañamiento de las instituciones y la exposición progresiva a riesgos asociados con la dinámica social del puerto de salida empleado.
Migración Colombia es la Agencia colombiana, responsable de monitorear y controlar los datos migratorios. Dispone de un portal llamado Hazte Visible, en el que se pueden registrar e iniciar procesos migratorios de venezolanos que se encuentren en Colombia. Según esta fuente, al 30 de agosto de 2021 habían ingresado 1 842 390 venezolanos, de los cuales 344 688 se encuentran en condición regular, 1 182 059 están en proceso de regulación con la figura del Estatuto Temporal de Protección y los 315 643 restantes se encuentran en condición irregular.
Por otra parte, el portal de ACNUR (2021) señala que existen 5,9 millones de venezolanos en condición de migrantes y refugiados en el mundo. Dicho esto, cabe la posibilidad de inferir que el 32 % de la población migrante de origen venezolano reside en Colombia, siempre que los migrantes venezolanos se hayan registrado en el portal de Migración Colombia.
Para analizar e interpretar la evolución de estas cifras de migración venezolana en Colombia, es necesario comprender la contraposición de cuatro enfoques actuales.
Primer enfoque: integración económica y social de ambos países
Venezuela es conocida por su potencial energético (Pardo, 2017) y su subsecuente seguridad energética, definida como el suministro suficiente y continuo de la energía necesaria para sostener el desarrollo de la vida y las actividades individuales y colectivas de la nación (Berenguer, 2014).
Los índices de prosperidad de la economía venezolana alcanzaron un momento óptimo a partir del año 1980, fecha conocida como la etapa dorada del petróleo y la expansión financiera. Ese fue el periodo de mayor consolidación de la migración colombiana en Venezuela con una rápida integración, gracias a que coincidió con uno de los mejores momentos económicos de la sociedad venezolana, con un ingreso per cápita en dólares 1,4 veces mayor que el colombiano (Martínez, 2008). Para esa época, la apuesta era escoger entre una Colombia sumergida en el conflicto armado interno y una Venezuela próspera, así que la tendencia era clara y el mercado permitía este proceso migratorio (Robayo, 2018).
El diferencial cambiario entre los dos países promovía que las actividades comerciales se ubicaran del lado donde fuera favorable, de modo que se alternaba el domicilio central del negocio cuando era necesario. Merece la pena señalar que grandes empresas familiares se han constituido bajo este modelo.
Segundo enfoque: diversidad cultural
Si se atiende a la recepción migratoria tras la primera y segunda guerra mundial; la existencia del Estatuto de Régimen Fronterizo de 1942 entre Venezuela y Colombia; la promoción del Programa de Recursos Humanos (PRH) puesto en marcha en el año 1970 y la adhesión de Venezuela al Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, se puede considerar que hay una gran diversidad de culturas extranjeras en Venezuela. Sin embargo, ha sido especialmente para los migrantes colombianos el destino principal de preferencia, dadas las similares características socioeconómicas, culturales y el rápido acoplamiento de ambos gentilicios (García & Restrepo, 2019). La migración en sentido contrario solo representaba una cuestión de lógica social.
Tercer enfoque: diplomacia y conflictos internacionales
El nuevo modelo de relacionamiento exterior está basado en la necesidad de diplomacia para la seguridad desde la defensa. Así pues, se circunscribe a la inteligencia estratégica, para entender las relaciones de diferentes actores en un contexto determinado (Abella, 2020; Cremades-Guisado, 2021; Cremades-Guisado & Díaz-Matey, 2020; Cremades- Guisado & Cancelado-Franco, 2021).
Por otro lado, los conflictos internacionales tienen gran influencia en el mapa migratorio global, ejemplos de lo cual son las crisis migratorias en las relaciones entre China y Hong Kong; las del Sahara Occidental, Mauritania y Argelia en el conflicto con Marruecos y España; e inclusive hoy la guerra entre Rusia y Ucrania, que añade un nuevo perfil migratorio hacia Europa derivado de un conflicto internacional.
Las relaciones internacionales entre Colombia y Estados Unidos se han fortalecido en las últimas décadas, al tiempo que Hugo Chávez Frías instalaba la corriente política del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, que cimienta un discurso antinorteamericano en la región (González & Galeano, 2014). En estos términos, las relaciones internacionales se encuentran en un terreno movedizo, donde los cánones clásicos para analizarlas se están agotando (Grasa, 2016). Pareciera ser el mismo modelo del “Éxodo de Mariel”, donde los migrantes que lograban salir de Cuba eran señalados como “indeseables”, mientras que al llegar a Estados Unidos eran admitidos como “exiliados, refugiados o disidentes”, lo que deterioraba las relaciones diplomáticas entre los Estados (Clot & Martínez, 2018) y conllevaba una estigmatización al migrante antes de su llegada al país de acogida.
Cuarto enfoque: el Estado moderno
La construcción del Estado moderno se basa en su capacidad para ofrecer bienes y servicios, garantizar la seguridad a sus habitantes por medio de un sistema jurídico sólido de libertades políticas y generar riquezas por medio de la industrialización (Sánchez, 2011). El modelo venezolano avanza en sentido contrario, pues ha pasado de ser un ejemplo de sistema democrático en auge petrolero para afianzarse en problemas de corrupción política y el estancamiento económico del modelo rentista petrolero (Echarte-Fernández et al., 2018). El país con las reservas confirmadas más grandes del mundo e importante actor en el equilibrio económico mundial ha demostrado ser un gigante con pies de barro (Pardo, 2017).
Las políticas del Gobierno de Venezuela se enfocaron en la intervención de las empresas por parte del Estado y, por ende, la paralización del sistema productivo. La mano de obra técnica altamente calificada de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), junto a sus filiales y empresarios con experiencia en producción de hidrocarburos, constituyeron la primera oleada migratoria de venezolanos hacia el extranjero, lo que hace muy difícil concebir una recuperación económica sin personal capacitado a corto plazo.
Rentabilidad de la crisis migratoria
Autores como Gilman y Goldhammer (2013) señalan que los efectos de la globalización son de carácter transversal. Así, en el ámbito del crimen organizado, se presenta como un fenómeno llamado “globalización desviada”, donde el mercado irregular satisface la demanda de bienes y servicios por vías ilícitas, donde la ley es difícil de aplicar.
Desde este punto de vista, el bloqueo de los pasos fronterizos por parte del Gobierno venezolano y su control de facto por grupos irregulares hacen rentable la crisis migratoria. Cruzar la frontera entre ambos países cuando se encuentra cerrada significa pagar un costo impuesto por estos grupos para garantizar la protección individual frente a “otros” posibles grupos irregulares. De este modo, las amenazas a la seguridad de frontera se producen cuando se prohíben o restringen las actividades sociales y comerciales históricamente existentes.
Una acción prohibitiva en un mercado crea incentivos para que actores diversos se beneficien mediante la creación y el desarrollo de redes y mercados ilícitos que permean la frontera, con el fin de cubrir las demandas. No es casualidad que este concepto coincida con la definición de “crimen organizado trasnacional” establecida por la Convención de la ONU sobre este tema en Palermo, Italia (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000).
El intercambio comercial y la dinámica social en la frontera colombo-venezolana son históricos, por lo cual la permeabilidad de esta frontera permite a los actores del crimen organizado influir en diversas áreas como el tráfico de drogas, de armas, la minería criminal, el contrabando, la trata de personas, la violación de medidas de salubridad, la afectación del medio ambiente, la violación de derechos fundamentales y la migración irregular, entre otras. Con la migración irregular también se impulsa el traslado de productos, bienes y recursos, lo que afecta críticamente los intereses nacionales. En últimas, se trata de la fusión de distintas formas de conflicto que erosionan al Estado: el crimen organizado, la guerra estatal y la violación de los derechos humanos (Carnevali, 2015).
Estos espacios están lejos de retornar a una zona de libre comercio binacional. En lugar de ello, la violencia e inseguridad son el resultado de un conflicto prolongado donde confluyen, interactúan y se retroalimentan tres fenómenos: guerra irregular colombiana, violencia criminal y crisis migratoria y humanitaria de Venezuela (García & Trejos, 2021).
Se ha señalado que el anonimato es indispensable para los actores irregulares fronterizos, pues posibilita cualquier actividad por parte de organizaciones irregulares de la mano de actores desconocidos o no identificables. Esto potencia las amenazas y promueve la creación en ambos lados de la frontera de nuevos grupos armados ilegales, incluso compuestos por disidencias del acuerdo de paz de 2016 en Colombia.
También se han encontrado nuevas formas de lavado de dinero producto del narcotráfico, así como la obtención de tierras con medios de coerción, bajos precios, complicidad de instituciones estatales simpatizantes del régimen político de Venezuela, el uso de testaferros o intermediarios con documentación falsa caracteriza estas operaciones.
Los grupos irregulares en la zona son reconocidos por su avanzado impacto en la frontera. Tienen control territorial y ejercen ciertas formas de poder institucional, inclusive proporcionan servicios básicos a sus habitantes (Pérez, 2016). Esto evidencia una progresiva pérdida de la ideología inicial, a cambio de un incremento en la economía irregular, que genera mayor liquidez monetaria y aumenta la capacidad de influencia de estos grupos en las zonas ocupadas por otros (Mantilla, 2012).
En este contexto, los importantes avances logrados con la firma del acuerdo de paz en 2016 se han estancado e incluso retrocedido, ya que hay factores estructurales que atentan contra la consolidación de la paz (Ahumada, 2020) y dificultan la reinserción de estos grupos a la sociedad.
Estas dinámicas en la frontera han alterado la ideología y la organización de estos grupos armados, que explicaba su origen, su contexto y sus limitaciones político-militares (Aguilera, 2013). Es imposible unificar todo un grupo insurgente ya fragmentado y dividido, mientras que otros continúan ejerciendo violencia tanto en Colombia como en la frontera colombo-venezolana, con la particularidad de que han expandido sus acciones y sedes principales en el territorio venezolano. En este sentido, el conflicto ha pasado de ser una lucha del Estado contra grupos irregulares a una forma más compleja, la lucha aislada de un Estado contra organizaciones irregulares transnacionales conectadas entre sí.
Las disputas territoriales se han hecho sentir al igual que sus actores. En 2019, Iván Márquez, uno de los líderes de grupos disidentes, demostró que se encontraba con hombres armados en diversas actividades irregulares en Venezuela (Mansilla, 2021). Asimismo, se han reconocido cada vez más facciones disidentes que dispersan su organización a ambos lados de la frontera en labores de captación de nuevos miembros y aliados institucionales (Uribe et al., 2021).
Estas formas de violencia responden al interés de algunos sectores por mantener la irregularidad de este modelo económico, lo que permite planificar acciones contra el Estado colombiano e imposibilitan cualquier acuerdo con Venezuela. Esto aleja la posibilidad de una paz próxima y genera otras formas de violencia y usufructo. Ante la necesidad de operar con cierta holgura y evitar ataques de la fuerza pública en Colombia, estos grupos han encontrado en Venezuela un salvavidas económico y un gobierno aliado que les puede brindar el apoyo requerido.
Esta problemática social de origen político con impacto económico hoy es una fuente de ingresos común que ha reconfigurado la actividad comercial en un lugar de escasa presencia del Estado. Esto genera “espacios vacíos” en los que convergen diversas formas de economía irregular contrarias al Estado de derecho y a la seguridad del Estado. De igual modo, el migrante irregular encuentra eventualmente en su participación activa dentro de estos espacios una nueva fuente de recursos económicos, por lo cual no le resulta necesaria ni conveniente la regulación de su estatus migratorio.
Discusión
Al muy estudiado conflicto armado en Colombia, el posconflicto y sus consecuencias sociales y económicas, ahora se ha sumado la inestabilidad social, política, geoestratégica y económica de Venezuela, que ha derivado en una crisis con implicaciones nacionales, regionales e internacionales. La falta de liquidez del Estado, la escasez de alimentos y el surgimiento de nuevos grupos irregulares como la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL), generalmente armados, se han comenzado a instaurar en zonas y barrios de Venezuela.
Esto ha incentivado los flujos migratorios en busca de mejores oportunidades, que se desplazan a los países de la región cercanos por la facilidad para transportarse, en especial Colombia. Esto ha facilitado la captación de nuevos miembros para formar parte de grupos armados irregulares, ante las adversidades económicas y las dificultades en la regulación del estatus migratorio en el país de destino. Se trata de dos problemas simultáneos: una crisis migratoria de impacto regional y el surgimiento de nuevos grupos irregulares en regiones capitales de Venezuela, apoyados por grupos armados organizados asentados en la frontera colombo-venezolana.
El conflicto armado colombiano y su afectación en la frontera con Venezuela es un claro ejemplo de conflicto armado prolongado al que se han sumado diversos actores, niveles políticos y motivaciones que transformaron la naturaleza del conflicto en dinámicas más complejas con características violentas (Delgado-Morán et al., 2020). En este contexto, se han desarrollado iniciativas para desmontar diferentes grupos irregulares, pero incluso tras el acuerdo de paz, a pesar de ser un hito importante para Colombia, el panorama real del conflicto colombiano no ha tenido las transformaciones positivas esperadas. Continúan los enfrentamientos, las disputas por el territorio y otros actos violentos que afectan a la sociedad civil.
Este viejo conflicto interno de Colombia se ha instalado ahora en las áreas urbanas de rezago socioeconómico en Venezuela y en tierras de gran productividad o fertilidad, que por su valor geoestratégico constituyen nuevos espacios para continuar la violencia indiscriminada y el desarrollo de actividades irregulares. Desde allí continúa la violación de derechos humanos a la población civil y a miembros de la fuerza pública, gracias a la ausencia institucional del Estado.
Al reconocer la frontera colombo-venezolana como un lugar para el desarrollo de economías criminales como el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas, se puede comprender que las condiciones sociales y económicas del desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos continuarán en detrimento. Grupos irregulares se han apropiado de grandes extensiones de tierra para producir cultivos ilícitos, crear nuevas bases de operación y fortalecer sus estructuras delictivas. Así, el migrante que busca salir de Venezuela por las condiciones económicas internas se enfrenta con la fusión de estos nuevos grupos con bandas criminales de Venezuela, y se debate sobre la posibilidad de integrarse a estas economías ilegales como una nueva fuente de ingresos. Este modelo económico de severas consecuencias en el tejido social de ambos países ya se encuentra arraigado en Venezuela. Se presentan actos violentos de forma tan continua que son socialmente aceptados y comunes; en últimas, se ha establecido un pacto social con la ilegalidad (Albornoz-Arias et al., 2019).
Detrás del control de estos espacios fronterizos por su interés geoestratégico, están actores armados irregulares como el ELN, grupos disidentes de las FARC-EP, el EPL, mafias colombianas, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y otros grupos de Venezuela. También se ha advertido la presencia de clanes mexicanos en la frontera, en zonas donde se pueden manejar y comercializar cultivos ilícitos (Estrada et al., 2016).
Una consecuencia de la crisis migratoria, agravada por la situación interna de cada país, es el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados y de la colaboración internacional entre las instituciones. Esto ha generado desconfianza entre los organismos de seguridad, poniendo en riesgo la institucionalidad y la estabilidad en la región.
Al respecto, se deben considerar los hechos ocurridos en junio y julio de 2021, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia publicó la Resolución 7300 de 2021, mediante la cual resuelve la anulación de registros civiles de nacimiento y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad, de acuerdo con los cinco supuestos del artículo 104 del Decreto 1260 de 1970 relacionados con supuestas irregularidades administrativas que puedan haber en la emisión de documentos de identidad colombiana. Esta situación permitió detectar una red criminal dedicada a la emisión de documentos de identidad por vías irregulares, simulaciones jurídicas y presentación de documentos que carecían de autenticidad legal.
A pesar de tratarse de documentos emitidos por la institución gubernamental con la debida competencia, fueron emitidos con el consentimiento de funcionarios públicos que tenían conocimiento de que los documentos de soporte no eran legítimos. Esto materializa el delito de falsedad documental tipificado en el código penal de cualquier país occidental. El problema tras la detección y anulación es la ubicación geográfica de beneficiados que hayan logrado salir del territorio nacional e ingresar a otros países como nacionales de Colombia.
La operación de seguridad llevada a cabo en Francia en octubre de 2022 sirve como evidencia de que esta práctica se enmarca dentro del concepto de organización criminal internacional. En dicho operativo, se detuvieron siete miembros de una red dedicada a la falsificación de documentos venezolanos. Entre ellos, dos ciudadanos árabes poseían identificaciones venezolanas, así como cédulas y pasaportes colombianos. Además, se identificaron ciudadanos de China, Cuba, Rusia y varios países europeos involucrados en la misma práctica, con documentación que les acreditaba falsamente como nacidos en Colombia.
Las tensiones y conflictos en América Latina son estructurales y recurrentes, marcados por la interacción entre la diversidad sociocultural y la evolución de los Estados hacia corrientes políticas extremistas, lo que choca con la economía regional (Bringel & Falero, 2016). Aunque redistribuir la crisis migratoria podría parecer una solución, es importante reconocer que las tensiones sociales, económicas y políticas en la región son similares y ofrecen pocas perspectivas de cambio. América Latina se caracteriza por enfrentar conflictos armados, narcotráfico, minería ilegal, inestabilidad política, distanciamiento social, desafíos económicos, radicalización de ideologías políticas (que ahora se presentan como nuevos modelos económicos y sociales), incapacidad para controlar el territorio, crisis humanitarias y corredores migratorios, entre otros problemas.
Conclusiones
Actualmente, ante la crisis migratoria, solo hay acciones institucionales por parte del Gobierno colombiano. Esto representará un reto mayor para Venezuela cuando su gobierno decida hacer frente a los diversos factores que esta crisis ha desatado. La complejidad del problema migratorio potencia la aparición de una nueva y económica mano de obra que puede ser empleada por cualquier organización criminal.
La migración irregular ya es un problema regional con efectos en la economía internacional, lo que representa un problema de gobernabilidad y múltiples riesgos para la seguridad de los países receptores. Por esto, los Estados deben centrar el esfuerzo en controlar la migración, regularla e introducirla a la sociedad, como parte de políticas de integración social y la existencia simultánea de mecanismos de control del Estado. De lo contrario, está la necesidad de establecer rutas humanitarias para atender a la población vulnerable víctima de la violación de derechos fundamentales y definir rutas judiciales para procesar a los actores de organizaciones criminales.
Frente a este problema, cobra relevancia el enfoque de la seguridad multidimensional, que requiere la integración de políticas regionales para garantizar su materialización. Actualizar este concepto de seguridad dependerá de los aspectos que influyan en la coexistencia cada vez más estrecha entre seguridad, migración y los vacíos jurídicos que con frecuencia se encuentran en los regímenes migratorios.
El histórico conflicto armado en Colombia se ha visto recrudecido con la participación de migrantes irregulares venezolanos captados como brazo ejecutor de las acciones terroristas de estos grupos no acogidos al proceso de paz. Por ello, uno de los riesgos de mayor preocupación es la reorganización y fortalecimiento de estas organizaciones internacionales apoyadas en la crisis humanitaria venezolana, lo que implica la internacionalización del conflicto armado con grandes posibilidades de interconexión con similares grupos irregulares en otros países del hemisferio.
Es crucial reconocer el papel de actores extrarregionales, particularmente de España, en la gestión de la crisis migratoria. España ha mostrado su compromiso y apoyo a Colombia frente al éxodo venezolano mediante la donación de recursos financieros y visitas diplomáticas regulares. Debido a la globalización, la similitud lingüística y la eficaz gestión migratoria colombiana, España probablemente continúe siendo el principal destino en la Unión Europea para estos flujos migratorios. Por tanto, se hace imprescindible una mayor coordinación entre los equipos de colaboración institucional de Colombia y España, con el fin de optimizar la detección de redes ilegales y la judicialización de víctimas y actores involucrados en posibles delitos transnacionales. Dada la magnitud de estos delitos, que a menudo implican la vulneración de derechos fundamentales, es esencial promover la internacionalización de los derechos humanos en todos los niveles de la sociedad.
Latinoamérica, con sus conflictos políticos, económicos y sociales de patrones similares, enfrenta la complejidad creciente en la definición de flujos migratorios. Ante esta situación, se sugiere desarrollar proyectos de apoyo estatal dirigidos a países más afectados por conflictos armados internos. Asimismo, se recomienda adaptar el modelo de seguridad internacional de la Unión Europea en espacios extraterritoriales, como una estrategia de seguridad. De no implementarse estas medidas, y ante la presión social, es probable que se observe un aumento en la migración de Latinoamérica hacia Europa. Considerando las barreras lingüísticas y las políticas migratorias norteamericanas, España, con su sociedad multicultural, emerge como una opción migratoria viable en estos escenarios.
