Introducción

La coyuntura generada por los diálogos de paz de La Habana, permitió una descentralización en los actores involucrados respecto a la construcción de la paz, así como el reconocimiento de unas agencias territoriales en términos de cómo debe llevarse a cabo este proceso. Sin embargo, al momento de reconocer la capacidad de agencia del campesinado, en cuanto a sus apuestas territoriales, estas resultaron descuidadas en el Acuerdo Final de Paz de La Habana (AFP) en términos de metodología e implementación de sus disposiciones (^{Ramírez, 2021}). Esta situación se asocia a una estigmatización histórica hacia el campesinado por parte de algunos sectores sociales, quienes, de manera histórica, han gobernado este país. Desde su posición, estos sectores han vinculado al campesinado con la pobreza, el atraso y lo premoderno, razón por la cual terminan siendo “instrumentalizados” por las guerrillas y el narcotráfico (^{Ciro, 2020}).

Esta visión gubernamental desconoce el lugar del campesinado en la configuración de estructuras productivas a nivel nacional relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola (^{LeGrand, 2016}; ^{Ramírez, 2001}) y a su capacidad de dinamismo en entornos variados, como lo son la “tecnificación de la producción, las transformaciones de las relaciones económicas y de poder, las reconfiguraciones territoriales y la presencia de diferentes actores en el campo” (^{Duarte, 2015}, p, 82). De la misma forma, el campesinado en Colombia se ha caracterizado por protagonizar un entramado de luchas y resistencias frente a la expansión del latifundio y la profundización de la “cuestión agraria” en una disputa histórica, no solo por acceso a la tierra y al territorio, sino también a su reconocimiento como un actor político y sujeto de derechos (^{Gutiérrez, 2016}).

De ahí que se pueda partir del reconocimiento de las capacidades que tiene este sector para aportar a la construcción de paz en el contexto del posacuerdo. Uno de los aportes que nos puede brindar, a partir de los procesos de colonización que han sido protagonistas, tiene que ver con la disputa por el territorio y las apuestas que sobre él se tienen en el marco de la implementación del AFP (^{Zuluaga, 2021}). Esta es una discusión que nace desde los diálogos de La Habana, con la irrupción del discurso institucional de la “paz territorial” en el gobierno de Juan Manuel Santos, modificado por Iván Duque y su propuesta de “paz con legalidad”.

Es por esto que, el presente escrito explora las formas como el campesinado configura unos horizontes de sentido sobre el territorio que resultan distintos al proyecto territorial pensado por el Estado colombiano en el marco de la implementación del AFP. De esta forma, se comprende que conceptos como territorio, paz y campesinado no son explicativos, sino que se encuentran en constante disputa, en su contenido, extensión y alcance práctico (^{Devine et al., 2020}).

En este sentido, se reconocen dos experiencias organizativas ubicadas en el suroccidente colombiano, como son: la Asociación de Trabajadoras/Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca - Subdirectiva Pradera (ASTRACAVA) y la Asociación Campesina de Trabajadoras/Trabajadores de Argelia (Cauca) (ASCAMTA). La necesidad de ubicar dichas experiencias radica en la manera en que estas organizaciones han sido protagónicas en las movilizaciones a nivel local por generar legitimidad del AFP y, sobre todo, por la forma como, a partir de este Acuerdo, se pueden solventar la deuda histórica pendiente en la Constitución de 1991 y su reconocimiento recientemente a nivel local y global como sujeto de derechos. Así pues, este artículo se direcciona en la vía de aportar al estudio sobre las dinámicas de movilización social protagonizada por las comunidades campesinas en el posacuerdo, entendiéndolas como un actor protagónico en la implementación del AFP y, por ende, en la construcción de paz territorial.

De antemano, este artículo posiciona al campesinado, de acuerdo con la Comisión de Expertos encargada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, como un

Sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo. (^{Saade, 2020}, p. 19)

Para ello, los/las campesinos/as se ubican en una territorialidad predominantemente rural, en la cual establecen procesos de apropiación y relacionamiento, lo que condiciona las maneras como estos sujetos se relacionan con la naturaleza y con el Estado, en relación con otras dimensiones reconocidas por diversos autores como la productiva, cultural y organizativa (^{Saade, 2020}).

Con base en lo anterior, el presente trabajo se ubica desde una perspectiva crítico-social, dada la necesidad de explicar y comprender críticamente una dinámica social específica -la implementación del AFP- para transformarse desde un criterio emancipatorio a favor del campesinado. Ello implica un reconocimiento, no solo de acercamiento al contexto de la investigación, sino también de un compromiso político por parte del investigador por aportar significativamente al reconocimiento de las diversas apuestas campesinas en la configuración de un proyecto afirmativo de sociedad.

En términos metodológicos, se llevó a cabo un estudio de caso que abordó las experiencias de ASTRACAVA-Pradera y ASCAMTA con el fin de reconocer, desde la perspectiva de sus integrantes, sus horizontes de sentido sobre el territorio y cómo este incide en la construcción de paz territorial a nivel local. Para ello, se realizó un trabajo de campo entre los años 2020 y 2021 en los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y Argelia (Cauca), compuesto por una serie de visitas breves a los territorios donde el investigador adelantó doce entrevistas a integrantes de ambas organizaciones, con trayectoria en procesos de movilización social y apuestas de construcción de paz a nivel local. La información recolectada fue triangulada con la revisión de documentación académica, de prensa e institucional, para comprender a profundidad la dinámica de conflicto armado, territorialidad campesina y construcción de paz en los municipios analizados.

A continuación, se realizarán algunas claridades conceptuales respecto a las categorías centrales de análisis: territorio, sentido común y horizontes de sentido. Luego, se realizará una aproximación al contexto de la investigación, ligado a las dinámicas de conflicto político, social y armado, contrainsurgencia y cultivos de coca en el suroccidente colombiano y los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y Argelia (Cauca). Posteriormente, se expondrán las visiones de territorio detrás de las apuestas de paz territorial existentes, tanto por parte de la institucionalidad estatal como por las organizaciones campesinas.

Territorio, sentido común y horizontes de sentido

La primera pregunta a responder aquí es ¿Qué se entiende por territorio? Inevitablemente, sus primeras referencias se acercarán a un conjunto de componentes bióticos y abióticos que hacen parte de todo espacio geográfico, como son el suelo y sus elementos químicos, el relieve y sus accidentes, las aguas, el clima, la flora y la fauna (^{Fajardo, 2022}). Asimismo, se puede referenciar al territorio como la organización política sobre una estructura gubernamental, es decir, el sistema político que se desarrolla dentro de un Estado nacional (^{Jaramillo et al., 2020}). Sin embargo, el territorio no puede ser reducido a una configuración física o estatal, sino que debe reconocerse en dimensiones más amplias, cargadas de una noción de integral donde las relaciones sociales que en él se construye, se produce y se apropia. En ese sentido, se reconoce el territorio a través del ejercicio de mecanismos de poder y dominación, lo cual, a su vez, desata la configuración de resistencias a dicha dominación (^{Raffestin, 1993}).

Para ^{Mançano (2013)}, el territorio posee dos características importantes: una, es su multidimensionalidad, en tanto este puede ser estudiado y comprendido desde su dimensión física, social, política, económica o cultural; y la otra, es su multiescalaridad, en tanto el territorio puede ser abordado de forma nacional, regional, municipal o a menor escala. Ignorar estos aspectos es un error recurrente que comenten las instancias gubernamentales al momento de establecer planes y estrategias de construcción de paz. Lo anterior implica desconocer las conflictividades y alianzas internas que se pueden tejer en ellos, las capacidades gestoras, organizativas y de movilización de las comunidades campesinas asentadas en dichos territorios. Se debe, por ende, reconocer sus repertorios de acción y prácticas que configuran escenarios alternativos a la guerra, que entretejen escenarios de construcción de paz y de reconocimiento como actor político y sujeto de derechos.

El territorio, entonces, será entendido como producto de un proceso histórico-social, donde confluyen elementos físicos y tramas relacionales entre seres humanos y naturaleza, las cuales se enlazan mediante mecanismos de poder, dominación y resistencia. Para el caso del campesinado, dicho vínculo se teje en una relación de uso y tenencia de la tierra, pero también sobre la base de abrir espacios políticos y materiales, de los cuales surgen procesos de producción de espacios, experiencias y relaciones afectivas (^{Devine et al., 2020}).

Con respecto a dicha apropiación, esta se enfrenta a los procesos de valorización -monetaria- del territorio, promovida desde la colonización y expresada mediante los diferentes mecanismos de acumulación de capital, procesos en los cuales se altera la relación ser humano-espacio, mediante dinámicas de privatización y mercantilización de la tierra, que es usada para la extracción de recursos, la producción de energías o como base para la reproducción continuada de capital, mediante la tecnificación de la agroindustria o la construcción de obras para el goce humano (^{Harvey, 1990}). También es clave tener presente que los Estados, a través de una implementación hegemónica de estrategias de “desarrollo rural” para pequeños y medianos productores, logran establecer una organización espacial de la producción campesina, de tal forma que esta fluye dentro de dicha reproducción (^{Sañudo y Aguilar, 2018}).

Así pues, dentro de los territorios se construyen identidades y marcos de apropiación que expresan una confrontación de, al menos, dos racionalidades antagónicas: una que asume el territorio como recurso económico y fuente de riqueza, y la otra que lo asume desde el encuentro y la solidaridad comunitaria (^{Jiménez y Novoa, 2014}). De ahí que el territorio, como espacio donde se implementa el AFP, es y será un escenario de disputa, en especial en lo que refiere el ordenamiento, uso y carácter simbólico por parte de los diferentes actores involucrados (^{Jiménez, 2016}).

Para poder llevar a cabo esta disputa por el territorio, los grupos humanos involucrados en ella construyen horizontes de sentido sobre la realidad y los fenómenos que los rodean. Dichos horizontes giran en contravía del “sentido común”, el cual será entendido desde una óptica gramsciana como una acumulación de conocimientos dados por sentados y que son encontrados en todas las comunidades humanas. De acuerdo con ^{Crehan (2016)}, esta acumulación de conocimientos brinda un manejo heterogéneo de certezas asumidas, que estructuran marcos básicos dentro de los cuales los individuos son socializados y trazan sus cursos individuales de vida.

Derivado de lo anterior, el sentido común responde a ciertos problemas planteados por la realidad que son predeterminados y “originales” en su actualidad. De ahí que, para ^{Gramsci (2003)}, el sentido común no es un saber universal sino, más bien, un saber disgregado, que puede ser un saber colectivo. Tampoco es un saber sistemático, pues los conocimientos adquiridos por los individuos podrán tener elementos en común, pero a la hora de construirlo como un todo, se identifica que es tan múltiple y diverso, que no es posible hallarle coherencia entre las ideas puestas.

Aun así, para este autor, el sentido común es un nudo entrelazado de visiones claras -lo que llamará en los Cuadernos de la cárcel, el buen sentido- que no se engaña de tramas sofisticadas y visiones miopes aferradas defensivamente a lo cómodo y familiar, razón por la cual, el sentido común puede ser un pensamiento conservador, pero también puede ser reconocido como un “espíritu creativo del pueblo” (^{Crehan, 2016}). Partiendo de este presupuesto teórico, del conocimiento del sentido común, Gramsci se pregunta: ¿Es posible “pensar” sin conocimiento crítico o elaborar la propia concepción del mundo de forma crítica? En ese sentido, criticar la propia concepción del mundo -la concepción del sentido común- consiste en tomar este mundo de forma consciente y elevarlo hasta nuevos horizontes, hacia un conocimiento de sí mismo como producto de procesos sociales e históricos (^{Gramsci, 2003}).

Es a partir de este punto, donde Gramsci plantea la necesidad de configurar horizontes de sentido que superen el sentido común. Este se expresa mediante narrativas y acciones concretas que apuestan por comprender y valorar la situación concreta de los sectores y clases subalternas, a través de la unión entre teoría y práctica, una acción consciente y una “elaboración superior de la propia concepción de la realidad” (^{Gramsci, 2003}, p. 16). Para el caso concreto que ocupa a este artículo, se puede inferir que las organizaciones campesinas descritas, en el marco de su disputa por el territorio, seleccionan de la complejidad de hechos y experiencias vividas aquellas que les resultan significativas. De modo que, a través de ellas, producen nuevos sentidos de lo que, para ellas, debe ser el territorio en un contexto de construcción de paz, a partir del entrecruzamiento de lo que es vivido, lo que es posible y lo que es realizable (^{Tapia, 2008}).

Así, las comunidades campesinas -organizadas- se componen de fuerzas vivas que devienen en potencia transformadora frente a las acciones desarrolladas por las instituciones estatales en el escenario de disputa, no solamente frente a la implementación del AFP, sino también frente a otras demandas de orden reivindicativo. Partiendo de su estigmatización y desconocimiento en la implementación de políticas rurales, el campesinado interpelará este contexto a partir de iniciativas direccionadas hacia su reconocimiento como ciudadano y sujeto de derechos, motivados, entre otras cosas, por el reconocimiento a nivel internacional, de la Declaración de Derechos de los/las campesinos/as por parte de las Naciones Unidas (^{Saade, 2020}).

Mediante este proceso, señala ^{Tapia (2008)}, se origina una modificación en los propios conceptos de política y Estado, pues se reconocen nuevas prácticas políticas y nuevas dimensiones previamente despolitizadas y desconocidas por el sistema jurídico, como espacios de la política. De este modo, el sistema de dominación que desconoce y estigmatiza al campesinado será interpelado y, a su vez, se vislumbra un horizonte de emancipación, cuyo punto de partida será, precisamente, el territorio, configurando nuevas posibilidades de igualdad política en los diferentes sectores sociales (^{Ceceña, 2018}).

Entre contrainsurgencia y cultivos de coca: marco contextual de Pradera (Valle del Cauca) y Argelia (Cauca)

Los municipios de Pradera y Argelia se encuentran en el suroccidente colombiano. Sus territorios se han caracterizado por una inmensa diversidad en varios términos: físicamente, comprende una vasta llanura pacífica, una heterogénea zona andina y el valle del río Cauca; socialmente, el suroccidente colombiano comprende una diversidad étnica, donde se entremezclan poblaciones mestizas más integradas a las dinámicas nacionales y poblaciones afrodescendientes e indígenas, frecuentemente excluidas en términos étnicos y territoriales. Esto hace que en la región permanezcan algunas tradiciones ancestrales, las cuales conviven con lógicas culturales hipermodernizadas (^{Fernández, 2020}).

En términos de la dinámica centro-periferia, en el suroccidente colombiano convergen espacios profundamente integrados a la economía nacional, espacios intermedios con una importante producción agrícola, como también zonas de difícil acceso que les dificulta su integración, inclusive, con los principales polos socioeconómicos de la región. Esta diferencia da lugar, entre otros aspectos, a la presencia de diferentes actores armados ilegales y a la presencia de economías ilícitas vinculadas con el narcotráfico y con la minería ilegal. Esta situación ha conllevado a que, incluso después de la firma del AFP, porciones importantes de esta región permanezcan en un escenario de guerra implacable, lo cual ha conllevado a la continuidad de una estrategia contrainsurgente y a una crisis de derechos humanos, cuyas víctimas son la población civil, su tejido comunitario y el territorio.

Para continuar con este marco contextual, es preciso continuar por cada uno de los territorios indagados en este artículo: iniciando con Pradera, que se encuentra al costado suroriental del Valle del Cauca, medianamente integrado a la ciudad de Cali, dada su cercanía con la misma -una hora en transporte terrestre, aproximadamente-. Por ello, la economía del municipio se caracteriza por su preponderancia hacia el sector servicios, con un 34,77 %, mientras que la agricultura representa tan solo un 5,33 % de su renglón económico (^{TERRAPAZ, 2019}). Este municipio se caracteriza por ser predominantemente urbano -87,4 % de su población total, 57.990 habitantes- y por su diversidad étnica, distribuida territorialmente en población predominantemente afrodescendiente en la zona plana, mientras que en la cordillera se encuentran las comunidades mestizas e indígenas.

En Pradera, es posible identificar la presencia de actores armados desde la década de 1970, con la llegada al territorio del Movimiento 19 de Abril (M-19). Sin embargo, será las FARC-EP, con los frentes sexto y octavo, así como las columnas Gabriel Galvis y Arturo Ruiz, quienes ocuparán la zona alta del municipio hasta el año 2016. Su ubicación geográfica la convirtió, para la organización guerrillera, en un corredor estratégico para el transporte de tropas y armamento desde el sur y centro del país, razón por la cual ha sido un territorio en disputa, tanto con el Ejército Nacional como con las estructuras paramilitares, principalmente, el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en especial entre los años 2000 y 2004.

No obstante, la relevancia que tuvo el municipio de Pradera, junto con su vecino Florida, se dio en el año 2004, cuando las FARC-EP propuso al gobierno de Álvaro Uribe Vélez un despeje militar de ambos municipios, con el propósito de concretar un intercambio humanitario de militares secuestrados por insurgentes presos y la posibilidad de adelantar un nuevo proceso de paz, solicitud que fue rechazada por el gobierno central (^{Espinel, 2016}). Como respuesta institucional, se instaló la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, quienes se encuentran hasta la fecha en la zona alta del municipio; motivo por el cual, existe una tensión permanente entre este grupo y las comunidades indígenas y campesinas, por cuenta de la vulnerabilidad en materia de derechos humanos que sufría la comunidad al verse involucrada en actividades promovidas por los militares y por los señalamientos del Ejército al relacionar a estas comunidades con integrantes de las FARC-EP (Kennedy, conversación personal, 1 de agosto del 2020).

Por su parte, el municipio de Argelia (Figura 1) se encuentra al sur del departamento del Cauca y, a diferencia de Pradera, no se encuentra integrada a las ciudades principales de la región -Pasto y Popayán, por ejemplo, quedan a seis horas de distancia por carretera-. Esto hace a Argelia un municipio predominantemente rural -84,9 % la cual consiste, principalmente, en la economía de la coca-, mientras que la economía campesina de autosubsistencia se basa en los cultivos de café, aguacate y maíz, pero cubre tan solo un 3,4 % del perímetro municipal (^{Alcaldía Municipal - Argelia, 2020}). De acuerdo con ^{UNODC-SIMCI (2020)}, en 2019 el enclave Argelia-El Tambo representaba el 6 % de del total nacional de cultivos de coca, cerca de 9.000 hectáreas, mientras que cifras dadas por la misma comunidad del municipio dan cuenta de 15.000 hectáreas sembradas con coca (^{Molano, 2020}).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Mapa, ubicación municipios de Pradera y Argelia. 

Esta situación no solo conlleva a una afectación en el ecosistema del territorio, debido a los impactos ambientales que dejan los químicos requeridos para el cultivo y procesamiento de la hoja coca, sino que esto ha conllevado a una crisis de derechos humanos en la población. Desde sus inicios, se reportó la presencia de las FARC-EP en el municipio, con quien se ha llevado una dinámica de gobernanza rebelde con la población en algunas zonas del municipio (^{Gutiérrez, 2019}). No obstante, la presencia fariana más los cultivos de coca han conllevado a una fuerte presencia militar en la zona, en especial, entre los años 2007 y 2015, cuando la brigada XXIX del Ejército Nacional ocupó militarmente el municipio. Contrario a las expectativas, agravó el conflicto en la zona, pues entre los años 2008 y 2011 la presencia del grupo paramilitar Los Rastrojos conllevó a un aumento en la persecución hacia la población civil, dados los señalamientos de connivencia de ella con la guerrilla (^{Gutiérrez y Mosquera, 2017}).

Lo evidenciado en ambos municipios da cuenta de cómo se expresa la estigmatización hacia el campesinado por cuestiones relacionadas con la presencia insurgente y de cultivos de coca. De acuerdo con ^{Ramírez (2019)}, en dichos territorios se ha consolidado una política de recuperación militar del territorio aunada a una retórica contrainsurgente que, relacionada con la ilegalidad y la marginalidad regional ha conllevado a una militarización de la vida social que se manifiesta en las políticas estatales elaboradas en territorios periféricos. Ante ello, desde 1996 las movilizaciones campesinas, a nivel nacional, se han caracterizado por una necesidad de reconocimiento como interlocutores en escenarios de negociación y por el cese de la estigmatización que reciben al ser señalados como insurgentes o narcotraficantes (Ramírez, 2001; ^{Sunher, 2002}), cuyo punto de quiebre importante se desarrolló con el Paro Nacional, Agrario y Popular del año 2013 (^{Montenegro, 2016}). Lo anterior, tuvo lugar en momentos en que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP discutían la solución a la Cuestión Agraria en los diálogos de La Habana.

La lógica gubernamental del territorio en el AFP

Desde 2014, la cuestión sobre el territorio en los diálogos de La Habana empezó a ser tema de conversación a partir del término “paz territorial”, posicionado por el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo. Para el funcionario, la “paz territorial” consiste en un proceso donde autoridades y comunidades reconocen mutuamente las características y necesidades del territorio y, en respuesta a ellas, “de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios” (^{Jaramillo, 2014}, p. 4). Esto se materializa mediante alianzas donde convergen la coordinación y los recursos institucionales con la fuerza y el conocimiento de las comunidades.

Sin embargo, Jaramillo no define con claridad qué es el territorio sino, más bien, qué hacer con el territorio: “No podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos” (^{Jaramillo, 2014}, p. 6). Cabe precisar que, “institucionalizar” el territorio requiere que a este no solo llegue el “imperio de la ley”, sino también la justicia, la equidad, el crecimiento y las oportunidades económicas, entendidas como mecanismos democráticos para la solución de conflictos y el diálogo alrededor de visiones conjuntas de desarrollo (^{Maldonado, 2016}).

No obstante, ^{Bautista (2017)} afirma que, con esta lógica territorial, se desconocen aspectos cruciales que configuran un territorio a nivel local, como las interacciones sociales, políticas económicas y culturales, pactos de organización social o reglas de juego desarrolladas por las comunidades, como si las instituciones fuesen únicamente las de orden formal-centralizado. En ese sentido, el propósito de la “paz territorial” institucional consistiría no en “llenar” un territorio, sino más bien desplazarlo, desarticularlo o integrarlo a una lógica hegemónica de territorialidad rural ligada a la agroindustria y al extractivismo minero, es decir, a la lógica de la acumulación capitalista y el mercado (^{Montañez, 2016}).

Ahora bien, en términos estructurales, existe una compleja e intrincada lógica de organización territorial para comprender el Estado colombiano al momento de configurar los diferentes departamentos, distritos, regiones, ciudades capitales y municipios, hasta la conformación de territorios destinados a la conservación ambiental y étnica. Sin embargo, ^{Montañez (2016)} afirma que, en cuanto a los territorios rurales, Colombia ha atravesado por un periodo de descampesinización donde grandes masas de esta población fueron expulsadas de sus territorios, principalmente mediante la coacción y la violencia. ¿Hacia dónde? Hacia las grandes, medianas y pequeñas ciudades, donde dichas masas entraron a hacer parte de una inmensa heterogeneidad laboral urbana, desde obreros/as industriales hasta trabajadores/as informales y población desempleada. Sin duda, la territorialidad estatal conlleva a barrer con las territorialidades campesinas, contrario a las lógicas de conservación que gozan, por ejemplo, los territorios colectivos ancestrales como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes.

Así mismo, la compleja estructura territorial da lugar a lógicas contradictorias, en lo que al panorama ambiental se refiere: de ser un país agrario, Colombia pasó a ser un país minero, y en un escenario de conflicto social y armado, tanto actores legales como ilegales, han incidido dentro de esta lógica (^{Coronado y Barrera, 2016}). En ese sentido, desde el gobierno de Álvaro Uribe, el Estado colombiano ha ofrecido concesiones altamente favorables para la industria minera. Razón por la cual, a abril del año 2015, existen vigentes en el país 9.594 títulos, correspondientes a 5 084 084 de hectáreas, un 4,5 % del territorio nacional, de los cuales 3.557 estaban en etapa de exploración, 2.273 en fase de construcción y montaje y 3.764 en etapa de explotación (^{Defensoría del Pueblo, 2016}).

Esta distribución, sin duda, es causal de conflictos territoriales y socioambientales a lo largo y ancho del país. Para ello, en el AFP se creó una nueva figura denominada Territorios para la Implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos estaban compuestos por los 170 municipios designados por las partes que conformaban la Mesa, los cuales fueron distribuidos en 16 territorios. Para el caso que despierta interés a la largo de este trabajo, Pradera y Argelia se encuentran en los extremos del territorio PDET Alto-Patía - Norte del Cauca. No obstante, los PDET, pensados como “espacios participativos orientados a lograr cambios profundos en las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de los territorios priorizados” (^{Ramírez, 2021}, p. 75) tuvieron en su implementación falencias en términos metodológicos y de voluntad política por parte del ente gubernamental.

Esto se evidenció en la investigación realizada: al momento de consultar a las personas entrevistadas por la implementación del PDET en los municipios, todos afirmaron que, al inicio, los escenarios de construcción de las propuestas para sus municipios fueron plenamente participativas y tuvieron receptividad por parte de los/las funcionarios/as de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). En total, de ambos municipios surgieron 370 propuestas para ser aprobadas en sus respectivos Planes Municipales de Transformación Regional. Sin embargo, el problema resultó cuando dichas propuestas fueron enviadas a la ciudad de Bogotá, donde estas propuestas pasan por la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos de la ART, subdirectores de proyectos de infraestructura de la ART, interventores y por el representante legal del contratista del proyecto (^{Ramírez, 2021}).

De este entramado burocrático, las propuestas regresaron a los territorios con un orden diferente de priorización institucional, inclusive, algunas de las propuestas comunitarias fueron rechazadas, lo que causó desánimo en los/las participantes de los talleres de construcción de los PDET municipales. Esto provocó en las organizaciones campesinas descritas la necesidad de fortalecer su incidencia a nivel local, tanto en los escenarios de implementación del AFP a nivel local como en otros, a nivel particular: en el caso de Argelia en las elecciones municipales y en Pradera con la configuración de la Zona de Reserva Campesina (ZRC), como se apreciará más adelante.

Horizontes de sentido campesinos sobre el territorio

Ante este panorama, la construcción de una territorialidad campesina no pasa solamente por su participación en las instancias de implementación del AFP. Desde inicios de los diálogos de paz de La Habana, las movilizaciones sociales en Colombia se han concentrado, no solamente en manifestar las inconformidades con un orden social injusto y desigual, sino también con “la generación de alternativas a las problemáticas vividas a nivel local, regional y nacional, cuestionando de fondo las lógicas de mercantilización inherentes a la institucionalidad vigente” (^{Bautista, 2017}, p. 104). Dichas alternativas no surgen de la nada, pues son producto de entramados de luchas y resistencias que se tejen en los territorios rurales y urbanos, los cuales permiten el reconocimiento, no solo de las conflictividades, sino de horizontes de sentido alternos que ofrezcan soluciones al bienestar de sus comunidades.

En el caso de ASTRACAVA y ASCAMTA, a pesar de sus particulares en aspectos territoriales y de conflictividad social y armada, descritos anteriormente, guardan unas similitudes en términos de estigmatización por parte de los entes gubernamentales. En ambos municipios, también ocurren conflictos de índole socioambiental por cuenta de solicitudes de títulos mineros y de infraestructura vial, así como la presencia de nuevos actores armados que han irrumpido en zonas donde, anteriormente, se encontraban las FARC-EP antes de su dejación de armas. No obstante, sus capacidades organizativas les ha permitido también obtener un reconocimiento dentro de sus poblaciones, así como de la institucionalidad a nivel local, lo que les permite ser reconocidos como interlocutores importantes en la construcción de proyectos territoriales locales.

Para ello, en la investigación realizada se reconocen, por lo menos, cuatro horizontes de sentido alternos sobre el territorio. El primero se relaciona con el ámbito productivo: más allá de promover la agroindustria como modelo hegemónico, en ambas organizaciones sus apuestas de territorios derivan hacia el desarrollo de economías campesinas de subsistencia, con un claro impulso hacia la salida de sus productos a la comercialización y la generación de condiciones mínimas de vida digna. En el caso de Pradera, ASTRACAVA aspira a la producción de café con propósitos de transformación en grano molido, el cual ya lleva adelantado desde hace algunos años con la marca Soberano, de la cual han surgido también otros productos producidos por integrantes de la organización, como productos para el cuidado personal.

Se analiza de que la Asociación Campesina donde tiene su incidencia es donde se cultiva café, el desarrollo más grande de los afiliados de ASTRACAVA son cafeteros, pequeños cafeteros. Entonces, se plantea una propuesta para mejorar ese renglón de la economía de los afiliados para la Asociación Campesina y era el café entonces nace la necesidad de trabajar unos proyectos “Soberano”. No solamente en café, sino también soberanos en los demás productos: plátano, frijol, productos de la canasta familiar agropecuaria que se maneja. (Jesús Ever, ASTRACAVA, conversación personal, 1 de agosto de 2020)

En el caso de ASCAMTA, la dimensión productiva se teje sobre la necesidad de promover una sustitución de cultivos de hoja de coca, la cual no se ha logrado por falta de voluntad de los/las campesinos/as, sino por dificultades relacionadas con el acceso a vías, adquisición de materia prima y asesoría técnica, aspectos que no han logrado concretarse de la parte gubernamental por falta de voluntad política, a pesar de haberse firmado en marzo de 2018 un Acuerdo Municipal para la sustitución de los cultivos de coca con las comunidades de la zona. Sin embargo, desde la organización se promueve la diversidad productiva en aras de garantizar, al menos, una soberanía alimentaria al interior del municipio.

Cada eje de trabajo hace su plan de trabajo anual y cada uno se enfoca en una parte principal. Por ejemplo, en el tema de mujer habla de la soberanía alimentaria, en que las mujeres empiecen a trabajar la tierra y sean dueñas y sus propios cultivos, entonces la asociación las apoyan con el tema de huertas caseras, o que quieran tener gallinas, pollos para la venta, yogures, ganado y ellas les venden a las que hacen el yogur y el queso, esa es la parte bonita que hace el trabajo de la asociación. (Annie, ASCAMTA, conversación personal, 30 de agosto de 2020)

Este sentido gira en contravía del sentido gubernamental de la productividad rural, orientado hacia la agroindustria y la conformación de “trabajadores rurales” integrados a la lógica empresarial-capitalista. Frente a ello, desde ASTRACAVA y ASCAMTA se propone la territorialidad campesina a partir de unas formas productivas propias, las cuales se caracterizan por una racionalidad, estrategia y funcionalidad que ha logrado adaptarse a las transformaciones naturales y sociales, sobre todo, en un contexto que vaticina la desaparición de este sector social (^{Vélez, 2015}).

De esta correlación se teje un segundo sentido de orden cultural, vinculado con una construcción identitaria, derivada de un entramado de prácticas que van más allá de lo productivo, y que se relaciona con la conformación de marcos de sentido que les permite, como campesinado, configurar un autorreconocimiento y unas formas propias de socialización y de organización entre pares, sin cooptación de ninguna índole, bien sea del Estado o de algún actor armado. En el caso de ASCAMTA en la dimensión cultural del territorio la discusión se encamina hacia un sentido de autodeterminación, donde sean ellos/ellas mismos/as como campesinos/as, y no los actores armados, quienes determinen las acciones a tomar en él. Por consiguiente:

Hay que definir las dos clases de paz: La paz desde el gobierno y los organismos internacionales, la paz escrita desde arriba, y la paz construida desde los pueblos, y ASCAMTA está en este segundo grupo, una paz donde se promueva la autonomía y la autodeterminación de los pueblos y como sujetos de derechos que deciden sobre el territorio, el agua, los bosques, el subsuelo y donde crean sus propios mecanismos de convivencia, alrededor de la satisfacción de las necesidades básicas que hacen dignos los seres humanos. De ahí se constituye la paz local, la paz propia, lo que le queramos llamar. (Guillermo, ASCAMTA, conversación personal, 2 de septiembre de 2020)

En el caso de ASTRACAVA, la dimensión cultural se evidenció mediante dos prácticas, a través de las cuales se fortalecen sus procesos de autoidentificación: la primera, tiene que ver con el desarrollo de “mingas”, donde un grupo de integrantes realizan labores colectivas de apoyo a las actividades que requiera un vecino/a o compañero/a de organización para poder sacar adelante sus tareas productivas. La segunda, tiene que ver con la organización de espacios para el intercambio de conocimientos en términos de alimentos, productos y prácticas culturales para el sostenimiento de la identidad y la cultura campesina. Reflejo de ello es el encuentro de Sabores y Saberes, un espacio organizado por la asociación en el año 2017 en el municipio, el cual se replica a otros municipios donde ASTRACAVA cuenta con presencia en el departamento del Valle del Cauca. También, dada la coyuntura, este espacio es aprovechado para fomentar el debate acerca de la participación del campesinado en la implementación del AFP:

Importantísimo ese espacio el tema del encuentro de Sabores y Saberes que se hace dentro de la organización (...) que nos podamos encontrar allá no solamente con campesinos de acá mismo en municipio, sino que podamos tener como esa relación con otras mujeres de otros municipios, otras experiencias que ellas tienen y poder compartir y como seguir recopilando toda esa información (...) que en ese espacio es lo que más se refleja, puede que nos podamos encontrar y podemos tener recetas que ni nosotros mismos conocíamos en estos espacios. (Patricia, ASTRACAVA, conversación personal, 2 de agosto de 2020)

Esta idea se enfrenta a la concepción del campesinado como un sector “pobre”, “atrasado”, “tradicional” y “premoderno”. Así pues, la territorialidad campesina es reconocida desde la interculturalidad a partir de sus diversas formas de identificación y afirmación de quienes la componen. Lo anterior reproduce otras formas de relacionamiento, toma de decisiones y resolución de conflictos no hegemónicas; pero, no por esto, menospreciadas e inválidas. Así pues, se manifiesta la dimensión identitaria del territorio, en tanto proceso de autoidentificación y articulación con un sistema de valores, tradiciones y prácticas compartidas con el territorio donde forma parte (^{Saade, 2020}).

Un tercer sentido campesino del territorio identificado, tiene que ver con la dimensión ambiental. Aquí se evidenció la existencia de una relación campesinado-naturaleza, donde se asocia al territorio desde sus componentes físicos agua, fauna, tierra, montañas y al ser humano en clave armónica y de sana convivencia entre ellos, reflejados en prácticas de cuidado de los ríos y bosques, la prohibición de la caza de animales y un adecuado uso de los terrenos destinados a la producción agraria. De este modo, el territorio ya no se reduce a su hábitat, sino al conglomerado que permite la existencia del ser humano y la naturaleza, así como su preservación para su continuidad.

A propósito de esto, en el caso de ASTRACAVA, desde el año 2010 se viene conformando una figura de seguridad comunitaria: la Guardia Campesina. Dentro de sus funciones, se encuentra la conservación ambiental, en la que sus integrantes se encargan de velar porque no ocurran hechos como tala de árboles, caza de animales o contaminación de fuentes hídricas. Esto, sumado al conjunto de estrategias que tiene como finalidad la protección de la comunidad y la resolución de conflictos, mediadas por un principio de cuidado mutuo del territorio (^{Albarracín et al., 2022}).

Por su parte, ASCAMTA apoya la labor de cuidado de la Zona de Reserva Forestal (ZRF) que comprende buena parte del municipio de Argelia. Dentro de la construcción de su Plan de Trabajo para el año 2020, sus integrantes aprobaron la constitución de grupos ambientales que trabajarían de forma conjunta con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y con las autoridades municipales para tal fin. Dentro de dicho plan, se aprobó la creación de una campaña de sensibilización sobre los impactos ambientales que deja la economía de la coca, planteamiento que se realizó a partir de la idea de crear jornadas de capacitación dentro de la comunidad de la mano con las JAC, así como la promoción de la diversificación de cultivos y la conservación de la frontera agrícola, de tal forma que no afectara la parte correspondiente a la ZRF.

Este sentido, contrapone la propia visión gubernamental del campesinado como “productores agrarios” que concibe que sus prácticas son antagónicas a la conservación ambiental. De acuerdo con ^{Devine et al. (2020)}, este sentido ambiental surge de la reinscripción de sus experiencias de pérdida y deterioro en múltiples niveles: en efecto, las afectaciones de la economía cocalera sobre la ZRF de Argelia y el temor de que los proyectos minero-extractivos afecten el variado ecosistema de Pradera, movilizan a las organizaciones descritas a asumir una tarea por el compromiso con el medio ambiente, en una lógica de cuidado de la vida sobre el extractivismo y la contaminación que representa la muerte y la destrucción de la naturaleza.

Por último, se puede apreciar un horizonte de sentido en términos organizativos, en la medida que el territorio es relacionado con las dinámicas en las cuales se tejen la toma de decisiones que le incumben a él, además de la existencia de mecanismos de reconocimiento de derechos empleados por el campesinado. Al respecto, las experiencias descritas dan cuenta de la forma como dos organizaciones campesinas realizan un salto cualitativo de demandas y reivindicaciones sociales a reivindicaciones políticas, ligadas al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y a la creación en sus municipios de una figura de ordenamiento y protección de las formas de vida campesinas como es la ZRC (^{Fajardo, 2022}).

Para llegar a este objetivo, en ambas experiencias se reconoce la capacidad de incidencia que han tenido para generar escenarios de legitimidad, tanto con las comunidades rurales como por las autoridades a nivel local. En el caso de ASTRACAVA, la incidencia alcanzada le ha permitido a la organización ocupar instancias de interlocución a nivel local como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y la Mesa Municipal de Víctimas. Así mismo, dado su protagonismo a nivel local, en cuanto al impulso de la solución política y la implementación del AFP, ASTRACAVA ha sido reconocida como protagonista en las instancias locales de implementación del Acuerdo, como es la construcción del PMTR y su participación en las instancias de Justicia Transicional.

Por su parte, en el caso de ASCAMTA, el nivel de incidencia alcanzado se ha logrado, principalmente, mediante la movilización social con la toma a la vía Panamericana como mecanismo de acción colectiva implementado por ASCAMTA, junto con otras organizaciones sociales de la región, en el Paro Nacional Agrario y Popular del año 2013. Dicha incidencia fue tal que, para el año 2016, se logró conformar en el municipio una Mesa local de Interlocución y Acuerdo, una instancia que solo se había alcanzado a nivel regional y nacional (Guillermo, ASCAMTA, conversación personal, 2 de septiembre del 2020). Al no definirse los puntos demandados en dicha mesa, desde ASCAMTA se optó por otro mecanismo para el cumplimiento de sus demandas: las vías electorales, lo cual se concretó en el año 2019 con la llegada de Jhonattan Patiño a la Alcaldía de Argelia, gracias al trabajo de base y a la incidencia alcanzada por la asociación en las JAC (^{Castaño, 2023}). Con ello, los planes territoriales propuestos de manera colectiva podrían acercarse a su concreción, con el manejo de la administración municipal y la interlocución con las estructuras de poder departamental y nacional.

Este último sentido es fundamental, pues está ligado a las formas comunitarias de ordenamiento territorial. Ello se enfrenta a una premisa gubernamental de territorio en el marco del AFP, que consiste en el no reconocimiento de los territorios comunales como principios estructuradores del ordenamiento territorial, sino que este se adecue a la estructura institucional vigente (^{Jiménez, 2016}). A partir de este sentido, las comunidades campesinas pueden reconocer que las injusticias territoriales sufridas en el marco de la guerra son una expresión más del orden social vigente y que, a partir de sus propias formas, sea mediante la ZRC o los planes de gobierno locales, lograr sacar adelante sus apuestas de territorio, pues es desde el reconocimiento de las formas organizativas diversas y las territorialidades diversas que la paz se puede alcanzar como proyecto meridiano de país.

Conclusiones

El desconocimiento y estigmatización sobre el campesinado por cuenta de quienes han ocupado los entes gubernamentales de forma histórica lo ha obligado a organizarse y establecer una lucha por la tierra y el territorio. Dentro de este proceso, el AFP representa una oportunidad para, al fin, ser reconocidos como interlocutores válidos en la construcción de políticas rurales y otras que les afectan como sector. No obstante, el campesinado también es un actor ligado a una lucha social y popular más amplia donde disputa, no solo su inclusión dentro de un proyecto de sociedad existente sino, en ocasiones, interpela y apuesta por litigios de orden civilizatorio mediante apuestas propias, como las enunciadas a lo largo del documento.

Por consiguiente, un aporte significativo que se tuvo en cuenta fue reconocer y poner en relieve los sentidos del territorio, considerando dos experiencias organizativas ubicadas en el suroccidente colombiano. Dichos sentidos se expresan en un contexto complejo donde la violencia ha conllevado a unas dinámicas de contrainsurgencia, ilegalidad y marginalidad, que han provocado una militarización en la vida social y una exacerbación de una serie de conflictos de orden extractivo y de infraestructura. Frente a esto, la apuesta de construcción de paz emanada del Estado, más allá de ocupar los territorios donde hubo -y persiste, hoy en día- la presencia de las FARC-EP, se encuentra ligada a un proyecto territorial afín a las lógicas de un modelo económico extractivo, ligado a la acumulación capitalista, esbozado bajo la consigna de “integrar” los territorios periféricos al poder centralizado.

Frente a esta dinámica, la investigación permitió comprender las apuestas de territorialidad propias de ASTRACAVA y ASCAMTA, que se reflejan mediante unos horizontes de sentido que interpelan los discursos y prácticas dominantes de territorialización gubernamental en términos productivos, culturales, ambientales y organizativos. Se puso en evidencia, por tanto, que los horizontes de sentido respecto a los territorios campesinos están soportados sobre la base de una apuesta común en ambas asociaciones, desde aspectos como su reconocimiento normativo como sujeto de derechos hasta el reconocimiento de sus prácticas productivas, territoriales, culturales y organizativas en la construcción y ejecución de políticas destinadas a la transformación de los territorios rurales, acogiendo a sus necesidades y propuestas, sobre todo si estas son alternas al modelo de “desarrollo” actualmente imperante en el país.