La reintegración y los estándares integrados de DDR

En el año 2002 la llegada a la presidencia de un gobierno que propuso intensificar los operativos en contra de las organizaciones guerrilleras como mecanismo para doblegarlas impactó los marcos con los que, hasta el momento, se había concebido la reinserción de personas que pertenecieron a organizaciones armadas. Hasta ese momento, nueve organizaciones guerrilleras habían firmado la paz con los diferentes gobiernos, permitiendo el tránsito a la vida civil de 4.715 personas. Además, desde 1994 se desmovilizaron individualmente algo más de 2.500 integrantes de las organizaciones guerrilleras que permanecían activas (^{Borrego et at. 2003}). Esta población fue atendida por diferentes entidades adscritas a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior. Para finales del 2000, la entidad encargada de implementar el Programa de Reinserción era la Dirección General para la Reinserción, adscrita a ese ministerio.

La intención beligerante del Estado colombiano se materializó en la Política de Defensa y Seguridad Democrática. (^{Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional 2003}) Entre los múltiples instrumentos contemplados allí para luchar contra las insurgencias, la desmovilización individual de integrantes de guerrillas se convirtió en un mecanismo fundamental (^{Castro 2015}). Esta buscó diezmar las guerrillas a partir de la sustracción de sus integrantes y de los incentivos generados a la delación por medio de contraprestaciones económicas. El punto de inicio de esta política fue la sanción de la ley 782 del 2002 y, especialmente, el Decreto 128 del 2003.

Simultáneamente, el Gobierno Nacional llegó a acuerdos de punto final con las guerrillas que firmaron acuerdos en la década anterior, inició un nuevo conteo de desmovilizaciones individuales y conformó una nueva entidad que permaneció adscrita al Ministerio del Interior. Este reinicio implicó un cuestionamiento al pasado reciente a través de un balance de la reinserción publicado en los "Archivos de Economía" del Departamento Nacional de Planeación. (^{Borrego et al. 2003}) Este documento recomendó algunas medidas para incentivar la desmovilización individual, entre ellas la formulación de un programa de incentivos que compitiera con el percibido por los guerrilleros en su organización, formulado en términos monetarios. El balance citado planteó que:

De antemano se puede afirmar que tal iniciativa requeriría entre otras cosas, que la propuesta económica y social de reinserción del Gobierno tenga dos características: que resulte más atractiva que la contraprestación económica que reciben actualmente en las filas de dichos grupos; y que reconozca el alto riesgo que corren los alzados en armas que deciden desmovilizarse. (^{Borrego et al. 2003}, 13)

El grueso de las recomendaciones de este documento, incentivos económicos para fomentar la desmovilización, se plasmó en el Decreto 128 del 2003 el cual definió el marco de la política de reincorporación, incluidos los beneficios para quienes dejarán las armas. Estos se centraron en aquellos de carácter jurídico, como el "derecho al indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso" (^{Presidencia de la República 2003}) y los de tipo económico, como un auxilio mensual, acceso a capitales semilla o a auxilios para la adquisición de vivienda. Todo esto fue complementado con las recompensas ofrecidas desde el Ministerio de Defensa para quienes entregaran información en contra de sus antiguos compañeros y permitiera resultados operacionales positivos (^{Castro 2015}).

Así, esta política actuó entre sus fines militares y sus medios monetarios, los cuales hicieron de la delación la manifestación de la voluntad de reincorporarse⁶ por parte del exintegrante del grupo armado. La muestra más clara de este trasfondo se hace visible en la propaganda utilizada por las fuerzas militares para incentivar la desmovilización, como el envío de panfletos en forma de billetes desde helicópteros (^{Castro 2015}).

La política resultó exitosa y dio resultados en el corto plazo. El número de personas que dejaron las armas se incrementó, con leves variaciones, desde el 2002 y, por lo menos, hasta el 2015 (^{Castro 2015}). Entre 2002 y 2006, se desmovilizaron individualmente 7.737 integrantes de grupos armados, en su mayoría de las FARC-EP. A esto se sumó la desmovilización de 31.661 integrantes de las estructuras de autodefensas que firmaron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional entre 2003 y 2006 (^{Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2006}). Estas cifras suponen un incremento de algo más de cinco veces el número registrado en la década de 1990. Los retos para la institucionalidad fueron enormes debido a que el entonces Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), creado en 2003, no contaba con la capacidad para atender ese volumen de población objetivo. Además, institucionalmente estaba concentrado en las grandes ciudades, especialmente en Bogotá, incapacitado para responder a las dinámicas regionales generadas por la desmovilización masiva, tanto individual como colectiva, a pesar de la creación de diez Centros de Referencia y Oportunidad en diferentes municipios. Similar a lo que ocurre desde 2016, el PRVC atendía dos rutas, pero diferenciadas por la modalidad de salida: individual o colectiva. Estas tenían beneficios dispares, los cuales resultaban más favorables para los desmovilizados individuales en términos del tiempo de permanencia en el programa y del apoyo para emprendimientos.

Internacionalmente, entre 2004 y 2006, Naciones Unidas recogió su experiencia en el apoyo a programas de DDR durante las décadas de 1980 y 1990. Esto obedeció a un cambio en las estrategias de mantenimiento de la paz (peacekeeping), especialmente en los aspectos de coordinación entre las diferentes agencias, ya que hasta el momento ese tipo de programas se atendían de manera fragmentada. Los estándares buscaron construir una atención que integrara las dimensiones políticas⁷, militares, humanitarias, socioeconómicas y de seguridad (^{UNDDR 2006}). Conceptualmente, el DDR fue concebido como un proceso para retirar las armas de los combatientes y brindar la asistencia necesaria para reintegrar social y económicamente a estas personas a la sociedad (^{UNDDR 2006}). De esta manera, fue pensado como parte de la formación de un ambiente de estabilidad y seguridad en tanto condición necesaria para la construcción de paz.

Los IDDRS ofrecen definiciones muy precisas sobre el DDR, incluyendo en la última letra de la sigla (R) tanto la reinserción como la reintegración. La primera, reinserción, es concebida como una asistencia de corto plazo que brinda a los exintegrantes y sus familias apoyo humanitario básico, como comida, vestido, hogar transitorio y servicios médicos. La segunda, reintegración, es un proceso de largo aliento que culmina cuando el exintegrante de una organización armada alcanza su estatus civil pleno y un sustento estable, mediante empleo o un proyecto productivo (^{UNDDR 2006}). Este componente centra la reintegración en una lógica socioeconómica permeada por visiones desarrollistas, sustentada en la idea de que el incentivo de quien integra un grupo armado es de carácter económico y que reemplazarlo es un mecanismo suficiente para lograr su arraigo en la vida civil.

Adicionalmente, los estándares formularon un lenguaje técnico soportado en instrumentos de derecho internacional y en la práctica humanitaria relacionada con las operaciones de mantenimiento o de construcción de paz. Para esto, elaboraron un glosario muy completo que demuestra la intención de tecnificar el lenguaje, mecanismo eficaz para revestirlo de un conocimiento que pretende ser neutral ideológica y políticamente.

La repercusión de estos estándares en la política colombiana se materializó con la creación de la Alta Consejería para la Reintegración en 2006. Esto supuso dos cambios sustanciales; en primer lugar, implicó el paso institucional a la Presidencia de la República, lo cual permitió robustecer la atención en términos presupuestales y de presencia territorial. En segundo lugar, marcó el desplazamiento de la reincorporación a la reintegración en el sentido formulado por los estándares. La ACR unificó algunos beneficios entre individuales y colectivos, menos los referidos al proyecto productivo, además de eliminar los tiempos máximos de permanencia en el programa, conforme a su vocación de proceso de largo plazo. Finalmente, articuló su ruta a las dimensiones económica, social y comunitaria, esta última anudada a mecanismos de justicia transicional (^{Herrera y González 2013}).

En Colombia, la implementación de la reintegración, conforme a los IDDRS, no fue una recepción acrítica de lo sugerido por la comunidad internacional. Por el contrario, supuso un conjunto de intercambios, cursos de funcionarios en los centros de esta producción intelectual, como Estocolmo, así como la gestión de diferentes agencias en el alto nivel gubernamental. Desde Colombia, el Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, celebrado en Cartagena en 2009, formuló una contribución que tuvo entre sus principales ambiciones fomentar la cooperación sur-sur en la materia, resaltando la experiencia de Colombia en la implementación de este tipo de procesos (Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración 2009).

A pesar de la experiencia del Estado colombiano en la materia, las FARC-EP rechazaron que el tránsito a la vida civil de sus exintegrantes ocurriera bajo ese modelo. Consideraron que los objetivos y medios de la política de reintegración no se correspondían con sus expectativas frente a la construcción de paz, por lo que propusieron una alternativa que denominaron reincorporación.

La reincorporación imaginada por las farc-ep

Algunos académicos han identificado en la propuesta de reincorporación de las FARC-EP una experiencia similar a otras en las cuales los movimientos armados se transforman en partidos políticos, tal como lo planteó ^{Manning (2007}). En este sentido, se han interesado por las apuestas y fines de su modelo de reincorporación (^{Quintero 2019}, ^{Ugarriza y Quishpe 2019}), así como por los retos de dispersión a los cuales se enfrentaría su propuesta de reintegración colectiva (^{Nussio y Quishpe 2019}). Todos coinciden en señalar el énfasis colectivo adoptado en el Acuerdo Final y su inscripción en una apuesta de carácter político.

La Mesa de Conversaciones de La Habana dispuso que los aspectos relacionados con la "reincorporación de las farc-ep a la vida civil en lo económico, lo social y lo político -de acuerdo a sus intereses" serían abordados en el Punto 3, titulado "Fin del conflicto". (^{Gobierno Nacional y FARC-EP 2012}). Este punto contempló un conjunto de medidas concebidas como integrales, encaminadas a hacer posible la finalización efectiva de la confrontación armada y el inicio del proceso de implementación. En términos generales, el Punto 3 contenía algunas medidas implementadas en los esquemas tradicionales de DDR presentes en otras experiencias de paz: dejación de armas, garantías de seguridad y solución de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad.

En la Mesa de Conversaciones, la discusión sobre reincorporación generó evidentes desencuentros entre las partes. El Gobierno Nacional presentó un esquema consolidado y el bagaje institucional de una década de implementación bajo el modelo de la reintegración. Las FARC-EP formularon algunas propuestas generales sin mayor detalle técnico, soportadas en su lenguaje militante y el conocimiento de las necesidades de sus integrantes. Se hacía evidente el desencuentro de dos miradas sobre un mismo proceso (^{Herrera 2017}).

De entrada, el planteamiento de los temas acordados, que incluye el aspecto político de la reincorporación, ya presentaba un distanciamiento frente al modelo existente. De hecho, los mecanismos del DDR vinculados a los IDDRS proponen una fractura en el cuerpo armado que, en últimas, buscaba la ruptura del vínculo político. Especialmente desde 2002, con su articulación con las políticas de seguridad y defensa, la institucionalidad se esforzaba por disolver el colectivo en armas; las actividades de la reintegración no debían propiciar encuentros entre antiguos compañeros de armas ni permitir la pervivencia de cadenas de mando o liderazgo, valorados como factores de riesgo de reincidencias. (^{Fundación ideas para la paz 2014})

La reintegración no fue pensada como parte de un proceso de tránsito político o de pervivencia de vínculos identitarios. En los talleres psicosociales y demás actividades, su pasado era objeto de sanción e, incluso, se inducía a que fuese repudiado, el sujeto debía "concientizarse de su pasado y redimirlo en el presente" (^{Medellín (Antioquia). Alcaldía. Programa Paz y Reconciliación 2011}, 31).

Con su énfasis en la dimensión política, las FARC-EP esperaban realizar un tránsito de la vía armada a la vida civil sin que supusiera la disolución del colectivo, solo que ahora prescindía del uso de las armas. Este aspecto, contemplado en la cláusula de propios intereses de las FARC-EP, no tenía lugar en la reintegración.

La disolución del colectivo es una preocupación común en este tipo de procesos ya que implica enfrentarse a un escenario desconocido. Aunque los motivos para ingresar y permanecer en un grupo armado obedece al orden de lo subjetivo, lo que invita a entender "que está en juego un posicionamiento de cada quien" (^{Castro 2012}, 76), este sujeto se inscribe en un orden simbólico que se soporta colectivamente y tiene unas características específicas:

Adherirse a una causa enaltecida, a un cuerpo armado, lleva a hacerse uno con los otros, uniforme e indiferenciado, en una estrecha fraternidad que permite someterse a la adversidad y a riesgos extremos, en el despliegue de la fuerza desmedida, el entusiasmo, la intrepidez y el arrojo. Otorga sentido a la vida y permite solventar la existencia, en una vivencia de máxima intensidad, exigente de una entrega irrestricta, donde el deber entra a operar configurando la obediencia y la sumisión. (^{Castro 2012}, 76)

En adelante, los individuos deben enfrentarse sin el apoyo del grupo a una vida civil llena de incertidumbres. De allí que solventar efectivamente su fractura con esa forma específica de pertenencia colectiva sea una experiencia compleja, llena de incertidumbres y temores. Al ser las armas y el ideal los elementos cohesionadores del grupo, las FARC-EP buscaron intervenir de manera diferenciada ambos aspectos y facilitar la continuidad del ideal sin las armas. Por esta razón, simbólicamente se distanciaron del ritual común de procesos pasados en los cuales se entregaban las armas al Estado en una ceremonia pública como muestra de compromiso con la paz, lo cual en últimas sellaba su inscripción al orden legal y, en cierta medida, una rendición. En su lugar, plantearon una "dejación" sin presencia de los medios, disponiendo las armas para la verificación de la Misión de la ONU en Colombia sin entregarlas al Estado, el enemigo al que buscaron vencer. Como sentenció Andrés París: "nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las FARC". (^{El Nuevo Siglo 2014})

El Acuerdo Final incluyó la reincorporación en dos dimensiones. La primera, obedece a la política y aborda temas como la conformación de un partido político y las garantías para la representación de esa colectividad. La segunda, remite a la reincorporación económica y social, en donde se establece la formación de "una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (Ecomún)". (^{Gobierno nacional. FARC-EP 2016}) La forma como ambas dimensiones se articulan en el Acuerdo Final hace imposible separarlas, por lo que este proceso no puede reducirse a una lectura en clave de transformación de movimiento armado a partido político. Las FARC-EP esperaban volcar su capacidad organizativa en función de su acción política al mantener unos mínimos de cohesión interna, de conformidad con su intención de continuar movilizados políticamente y consolidar las bases sociales que aún conservaban en algunas regiones del país para incidir en el escenario electoral (^{Ugarriza y Quishpe 2019}).

Como instancia de decisión, el Acuerdo Final incluyó la creación del Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR) integrado en partes iguales por representantes de las FARC-EP y el Gobierno nacional, cuya función es "definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación, según los términos acordados con el Gobierno Nacional" (^{Gobierno nacional. FARC-EP 2016}, 72).

Las FARC-EP esperaban que este proceso se arraigara territorialmente, aunque el acuerdo no contempló ningún espacio que sirviera para tal fin. Los puntos y las zonas de normalización eran de carácter transitorio y debían servir para la dejación de las armas, pero nunca fueron contemplados como un centro articulador de largo plazo. Aun así, algunos exintegrantes de las FARC-EP apostaron por permanecer en algunos esos lugares, que pasaron a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales también tenían una temporalidad limitada (^{República de Colombia 2017}).

En estos espacios funcionan células políticas del partido Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), conformado a partir de la estructura político militar de las FARC-EP. En algunos de estos, incluso, los comandantes de las antiguas estructuras o subestructuras hacen las veces de líderes del espacio; proponen proyectos, gestionan recursos, movilizan mano de obra, convocan asambleas y ejercen una visible labor de liderazgo y articulación con los gobiernos locales y la ARN (^{Restrepo Suesca, 2021}-2022).

La intención de las FARC-EP por mantener la cohesión sin armas se enfrentó a varias dificultades. En primer lugar, las disidencias, como la del Frente 1 y el posterior retorno a las armas de los integrantes de la Segunda Marquetalia, señalando las vicisitudes que surgieron para mantener a todos sus integrantes alineados con el Acuerdo Final. En segundo lugar, las diferencias políticas que pronto aparecieron en el partido surgido del Acuerdo Final y su manifiesta incapacidad por resolver las disputas internas bajo las lógicas de la vida civil. El punto más álgido de esta división se presentó con la expulsión de algunos integrantes del partido (^{El Universal 2020}) y el retiro del aval a figuras visibles como Victoria Sandino y Benkos Bioho para ocupar las curules en el Congreso contempladas en el acuerdo (^{Semana 2021}). Estas fracturas repercutieron en las dinámicas de la reincorporación social y económica con la creación de la Corporación para la Reincorporación y la Reconciliación (Corporeconciliación) (^{Corporeconciliación 2020}) y de la Mesa Autónoma de Reincorporación (MAR). Ambas fueron conformadas por quienes afirman no sentirse representados por en instancias de coordinación y toma decisiones, como el CNR, prefiriendo tomar distancia de las estructuras dispuestas desde Comunes para este fin. En el caso de la MAR, el Gobierno nacional, como muestra de su reconocimiento formal, asistió al acto donde fue conformada en el marco del Seminario Nacional de Reincorporación "Simón Trinidad Libre", celebrado en septiembre del 2021 en la ciudad de Neiva (^{Caracol Radio 2021}). Pese a los espacios de interlocución que estas iniciativas han logrado con la ARN, asuntos especialmente sensibles, como la aprobación de proyectos productivos de carácter colectivo, sigue siendo una función atribuida al CNR (^{Presidencia de la República 2016}).

En tercer lugar, se encuentran las dificultades por adelantar procesos estables territorialmente, lo que ha llevado a cambios profundos en la geografía de la reincorporación. La apuesta de desarrollar la reincorporación en los ETCR pronto se fue desdibujando debido a los desplazamientos, voluntarios o forzados, de personas que se enfrentan a nuevos escenarios y encuentran otros caminos hacia destinos rurales o urbanos. A esto contribuyeron las difíciles condiciones de habitabilidad en algunos espacios, valorado por las FARC-EP como incumplimientos al Acuerdo Final por parte del Gobierno (^{FARC-EP 2017}). Algunos exintegrantes de esta guerrilla optaron por establecer otros asentamientos conocidos como Nuevos Asentamientos de Reincorporación (NAR). Otros emprendieron un itinerario apartado del colectivo que los había acogido, encontrándose con una familia que lo esperaba o generando nuevos vínculos sociales.

Por último, están las articulaciones individuales a las que se enfrenta el exintegrante de una organización armada en su tránsito a la vida civil. Más allá de la intención de las FARC-EP por conservar sus dispositivos colectivos, la persona que deja las armas inicia un conjunto de procesos que lo relacionan individualmente con el Estado y la sociedad; debe tramitar una cédula, resolver su situación jurídica, su sustento diario, asistir a los compromisos institucionales derivados del acuerdo, entre otros, dinámicas que efectúan un proceso de individuación del cual le resulta muy difícil escapar.

Estas dificultades, derivadas de las implicaciones de fracturar el colectivo en armas que suponen los procesos previos a la reincorporación -desarme, dejación de armas, desmovilización- se acrecentaron por las dinámicas de la implementación del Acuerdo Final. En materia de reincorporación, el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) no se resignó a desechar la capacidad instalada en la ACR y, debido a las condiciones políticas adversas en el momento, logró pactar una reforma institucional sin que esta supusiera un corte absoluto, como pretendían las FARC-EP (^{Torres-Henao 2019}). A esto se sumó el cambió de gobierno en 2018, el cual tenía una mirada particular sobre el Acuerdo Final y trató de imponer de manera unilateral su visión términos de reincorporación.

Los límites de la reincorporación

Las FARC-EP desplegaron en el terreno del lenguaje un conjunto de disputas sobre el proceso de reincorporación de sus exintegrantes. Para los negociadores de las FARC-EP en La Habana, separarse del modelo de DDR implementado en el país durante más de dos décadas demandó construir una narrativa que no asociara la dejación de armas con la neutralización de su apuesta política. Como afirmó uno de sus comandantes, "las Farc no se van a desmovilizar, se van a movilizar como un partido político trabajando por la paz de Colombia" (Bermúdez Liévano 2017. Estas disputas por los sentidos afectaron otros terminos que se suponian consolidados:

La guerrilla no se desarma, "deja de usar las armas" para continuar en la lucha por vías exclusivamente democráticas; no se desmoviliza, "desmonta sus estructuras armadas" mientras se mantiene como colectivo; no se reinserta a la sociedad, se "reincorpora" al sistema político que ha desafiado durante años (^{Quintero 2019}, 46).

La busqueda de los lideres de esta organización por darle significado a su apuesta colectiva se enfrentó a los discursos de éxito y experticia de la política de reintegración. En diferentes escenarios, la institucionalidad responsable resaltó que llevaba más de dos décadas acompañando el tránsito de los sujetos que salían de la vía armada en un proceso de atención que los nombra, encauza sus trayectorias y planifica sus destinos.

Algunas de las expectativas construidas en el momento de la dejación de armas, consignadas tanto en el Acuerdo Final como en la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, fueron limitadas al momento de la implementación por cuenta de precisiones técnicas asociadas a procedimientos limitados por el marco jurídico existente. Esto ha generado la sensación de incumplimiento y desconfianza frente los alcances de la acción institucional; incluso, algunos advierten allí una estrategia intencional cuyo objetivo es la fragmentación del colectivo: "el gobierno lo que quiere es desgastarnos, la vida civil y sus trámites burocráticos lo único que hacen es desgastar" (^{Restrepo Suesca 2019}).

La necesidad de firmar un acuerdo definitivo y la presión política que caracterizó la negociación del cese al fuego y la dejación de armas incidió en el alcance de las acciones dispuestas para la reincorporación las FARC-EP. En el Punto 3, Fin de Conflicto, del Acuerdo Final, el nivel de detalle de las medidas y procedimientos para finalizar las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP no se corresponde con las garantías establecidas para la reincorporación de los integrantes de esta guerrilla a "la vida socioeconómica y política del país" (^{Gobierno nacional y FARC-EP, 2016}, 68). En el Acuerdo Final, "mientras el cese al fuego y la dejación ocupan sesenta y cinco páginas, la reincorporación socioeconómica tiene seis" (Bermúdez Liévano 2017. Esto obedeció, entre otras razones, a la necesidad de contar, previamente, con una caracterización detallada de las personas que harían parte del proceso de dejación de armas (^{Gobierno nacional. FARC-EP 2016}). El Acuerdo dispuso la realización de un censo socioeconómico que brindaría los lineamientos para la "facilitar" la reincorporación y formular proyectos productivos. La realización del censo debía esperar al proceso de agrupamiento, tras lo que la Universidad Nacional adelantó el Censo Socioeconómico de las FARO (^{Universidad Nacional de Colombia 2017}).

Dos años después de la firma del Acuerdo Final, la búsqueda de mantener distancia con el proceso de reintegración se materializó con la expedición de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de los Exintegrantes de las FARC-EP (^{DNP 2018}). A partir de este momento, una variedad de leyes, decretos y resoluciones emergen en el horizonte trazado por el Estado para regular su relación con los excombatientes. En ese escenario de materialización jurídica y política de la reincorporación, las expectativas de los exintegrantes de las FARC-EP entran en tensión con las rutas prescritas para su tránsito a la vida civil.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, la Política de Paz con Legalidad, (^{Gobierno de Colombia 2018}) el Decreto 899 del 29 de mayo del 2017 y la Resolución 4309 del 24 de diciembre del 2019, instalan de nuevo la visión del exintegrante de un grupo armado que, gracias al Estado, transita de la ilegalidad a la legalidad, el Estado de derecho y la democracia liberal; de esta forma, se pone un velo en las apuestas políticas de una organización y la reivindicación histórica de sus integrantes.

Así, los procesos de reintegración y reincorporación comparten empiezan a compartir una misma forma de concebir el paso a la vida civil, a través de imágenes que representan el itinerario dispuesto para quienes abandonan las armas. Bajo la forma de una ruta unidireccional, pensada mecánicamente, los sujetos comparten un destino similar y son modelados por un porvenir dotado del mismo sentido de éxito, bienestar y felicidad. En ambos procesos la atención institucional se organiza alrededor de elementos comunes dentro de un modelo que atribuye las mismas necesidades a todos los excombatientes: salud, educación, trabajo, vivienda, familia, seguridad y acompañamiento psicosocial. La disputa con la institucionalidad en el marco de la Mesa de Conversaciones no cuestionó estos ámbitos, sino las categorías para nombrarlos. El resultado fue pasar de las dimensiones de la ruta de reintegración a los componentes de la ruta de reincorporación (ARN).

Las rutas de reintegración y la de reincorporación también se asemejan en la forma de implementarse. De manera inicial incluye a los exintegrantes del grupo armado en los sistemas de registro manejados el Estado. Posteriormente, los articula a una oferta de servicios⁸ que materializa la garantía de derechos en ambos procesos. Tras el paso a la vida civil, se inauguran nuevos espacios de relacionamiento que desagregan al sujeto en múltiples relaciones por medio de una atención institucional que lo fragmenta⁹.

La reincorporación pensada en La Habana se figuró como algo "excepcional" (^{Gobierno nacional. FARC-EP 2016}, 68), sin embargo, en la práctica comparte con la reintegración acciones idénticas en los mismos temas: afiliación al sistema de salud, ingresar al sistema educativo, cursar programas académicos dentro de la oferta existente, participar de las ofertas de empleo administradas por la institucionalidad, recibir recursos económicos y asistencia para desarrollar proyectos productivos, acceder a un apoyo económico mensual y solicitar medidas de protección para atender problemas de seguridad. El avance de ambos procesos también se comunica de la misma forma, los porcentajes de afiliación y desembolsos se transforman en factores de éxito para mostrar la capacidad de arraigo a la legalidad. Esta forma de implementar la política de reincorporación refleja una superposición que reproduce los modelos estandarizados y restringe la novedad que se pensaba desarrollar en el marco del Acuerdo Final.

Los excombatientes física y simbólicamente habitaron la guerra, entendida como un escenario pero también un destino que trastoca cualquier orden existente, destruyendo y trastornándolo todo (^{Einstein, Resta y Freud 2001}, 11). En los procesos de reintegración y reincorporación, la idea de construir constituye un imperativo presente en toda la atención institucional. Los vínculos familiares, los hábitos saludables, las emociones positivas y la confianza, todo debe edificarse nuevamente. Un nuevo proyecto de vida que solo puede ser sostenible si existe una fuente de generación de ingresos.

Los procesos de reintegración y reincorporación movilizan una idea bajo la cual el desarrollo de un proyecto productivo representa un anclaje en la legalidad para los excombatientes, ofreciéndoles garantías para no retornar a una organización armada. El sujeto combativo pasa compensar los daños producidos por el conflicto armado por medio de la entrega de bienes y servicios dentro actividades y negocios que lo dotan de autonomía económica. El proceso de reintegración incorporó esta idea en los "talleres psicosociales, brindando asesoría integral personalizada desde la concepción de la idea de negocio hasta la consolidación de la misma" (^{Alcaldía de Medellín 2011}, 11). Con estos antecedentes, no sorprende que la reincorporación integre a los excombatientes y los convierta en "sujetos productivos, emprendedores en ciernes para una democracia (neo)liberal" (^{Castillejo 2021}, 11).

Así pues, la vida cotidiana de los miles de exintegrante de las FARC-EP se ha visto abocada a habitar un universo lleno de abstracciones provenientes de la pretendida neutralidad técnica. Los sujetos son capturados dentro una narrativa que dispone su itinerario lejos de las armas, "como los mitos las políticas públicas proveen de medios para unificar el pasado con el presente" (^{Shore 2010}, 32), en este caso dentro de un horizonte que lo ubica como beneficiarios de la acción institucional.

Precisamente, en este tipo de espacios ambas visiones confluyen en escenarios de intercambio donde sus diferencias no son claras a los ojos de la cooperación internacional. Como muestra de ello, la vu Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur desarrollada en 2019, recibió en el emblemático ETCR de La Fila en Icononzo (Tolima), a invitados internacionales que "ven en Colombia referente en procesos de reintegración y reincorporación a nivel mundial" (Más de 20 Expertos Internacionales Reconocen Los Avances de La Reincorporación En Icononzo).