Reintegración vs Reincorporación

Las Normas Integradas para el Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS) fueron establecidas por Naciones Unidas en 2006, y definen los estándares para estos procesos que llevan a cabo los estados para intentar recuperar el control de los medios de coerción y de la fuerza, desde el momento en que una organización armada y sus integrantes deciden dejar las armas, hasta que se establecen de nuevo en la vida civil (^{OPC 2015}).

De acuerdo con los estándares de DDR, el desarme es la entrega de armas, equipos y otro material de guerra para su destrucción mientras que la desmovilización implica la disolución formal de la estructura militar. Después de que estos procesos se han realizado viene la reinserción o asistencia de corto plazo y, finalmente, la reintegración, proceso de más largo aliento que tiene como objetivo principal ayudar a las y los excombatientes a adaptarse e integrarse a la vida civil. Para ello se proponen acciones económicas orientadas a adquirir competencias laborales y habilidades técnicas, obtener trabajo, lograr autonomía en la generación de ingresos y convertirse en "ciudadanos productivos". La reintegración social busca que las y los desmovilizados no reincidan en la ilegalidad, reciban atención psicológica y médica, accedan a servicios de educación formal y no formal y desarrollen acciones tendientes a la reconciliación en sus comunidades de acogida, entre otras (^{Herrera y González 2013}).

Las FARC-EP expresaron durante las conversaciones en la Habana su desacuerdo con el plan y el enfoque de DDR propuesto por el Gobierno Nacional y la comunidad internacional porque lo veían como una estrategia de corte contrainsurgente ligada a la desmovilización de desertores y al tratamiento del proceso de desmovilización realizado con los paramilitares (OPC 2015, ^{Estrada 2020}, Entrevista a mujer firmante del acuerdo marzo 2021). Las FARC-EP, argumentaron la necesidad de implementar un proceso diferente, que respondiera a las realidades organizativas, ideológicas y de contexto de dicha organización insurgente. Inicialmente propusieron el concepto de "normalización" para referirse a

un proceso que trata de habilitar condiciones generales para que quienes estuvieron en alzamiento armado contra el Estado y el orden social existente puedan transitar a la vida legal y dar continuidad a sus aspiraciones y luchas por la vía exclusivamente política. Y, por la otra, de garantizar que los y las rebeldes puedan asistir a un proceso de "normalización" de sus vidas, incluida su economía. (^{Estrada 2020}, 16)

Dicho concepto ya ha sido utilizado en otras experiencias como la del Frente de Liberación Moro Islámico (MILF) en los diálogos de paz con el gobierno de Filipinas (^{OPC 2015}).

Al final de las conversaciones, mientras se discutía el punto tres del Acuerdo, las y los excombatientes de las FARC-EP insistieron en la necesidad de asumir una postura crítica respecto al enfoque tradicional de la reintegración, no se veían "adaptándose" a una sociedad como la actual con un orden injusto, desigual y excluyente (Entrevista a mujer firmante del Acuerdo septiembre 2022). Por ello, propusieron una perspectiva que visibilizara su capacidad de agencia y la continuidad de su lucha por medios políticos y sociales. Por ello prefirieron optar por el concepto de Reincorporación (Entrevista a mujer firmante del Acuerdo septiembre 2022).

La reincorporación, argumentaron las y los negociadores de la Habana, posiciona no solo una dimensión individual sino una colectiva, con el objetivo principal de garantizar que las y los firmantes del Acuerdo se conviertan en actores activos y responsables en las transformaciones necesarias para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Este proceso incluye aspectos como la participación en procesos electorales, la creación de partidos políticos y la participación en procesos sociales y territoriales de transformación social, política, económica, ambiental y cultural (Grupo Focal 24 de junio 2021).

En lo colectivo es donde se ve muchísimo más la contribución que hace El Acuerdo a diferenciarse o distanciarse de un proceso de reintegración. Sobre todo, porque en la reintegración el estado ofrece no derechos sino servicios, y mire usted, o cada individuo mire como se acomoda a la sociedad. La reincorporación implica un cambio, es decir, implica tener un diálogo con el Estado para que garantice derechos, y que restructure, [ 27g ] y que a su vez ese Estado garantice derechos en los territorios donde no ha habido institucionalidad y se ha desarrollado el conflicto. Y por eso se busca que haya condiciones para mantener un colectivo con capacidad de incidencia local, de construcción de paz y de gobernanza. Si el colectivo no está es mucho más difícil apoyar los cambios que necesitan los territorios". (Entrevista a persona miembro del componente farc del Consejo Nacional de Reincorporación 28 de Noviembre 2020)

Al respecto de la dimensión colectiva de la reincorporación, una mujer negociadora en los diálogos de la Habana y firmante del acuerdo señala:

Normalmente el ddr ve a un individuo que estaba dentro de una lucha dentro de un ejército, una doctrina. A ese individuo se le asiste con diferentes cosas y se va a insertar a una sociedad y se va a acoplar a esa sociedad. Esa es la visión tradicional. Lo que se pensaba dentro de farc es que la reinserción tenía que ser colectiva, porque habíamos vivido en comunidad durante muchísimos años y que no tenía que ser desmovilizadora en lo ideológico. Digamos que viviendo tanto años en comunidad y luchando por un ideal, pues se veía más bien como un proceso en el que la sociedad puede aprender y nosotros podíamos aprender, donde se van juntando dos ideologías, dos fuerzas, dos comunidades, donde no hay una absorción completa de una comunidad por otra. (Entrevista a mujer firmante del Acuerdo de Paz, septiembre del 2022)

Por lo anterior, el enfoque de la reincorporación en el Acuerdo de Paz buscó ir más allá de una perspectiva "individualizada", aprovechar las experiencias de vida comunitaria que podrían ser útiles en la vida civil y establecer nuevos asentamientos como los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que se integrarán a las dinámicas territoriales que surgirían de la implementación territorial del Acuerdo de Paz.

No obstante, esa discusión no se ha resuelto. El concepto de reincorporación se resignificó con la llegada de Iván Duque y el Centro Democrático al poder. En la práctica, desde su política de paz con legalidad, se fragmentó la dimensión colectiva de la reincorporación y se privilegió la promoción de un proceso de inserción individual (^{Estrada 2020}). En varios de los grupos focales, las y los firmantes del Acuerdo manifestaron un incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz en general y del proceso de reincorporación en particular. Por ejemplo, señalaron que ha habido una prevalencia en el apoyo a proyectos productivos individuales y mayores obstáculos y dilaciones para apoyar los proyectos productivos colectivos:

Muchas de las rutas que se implementan desde la arn, se hacen para romper la forma colectiva como se debe desarrollar ese trabajo de reincorporación, porque es una política de Estado, rompernos desde diversos aspectos y uno de esos es eso, convertir esto en políticas asistencialistas [...]. (Grupo focal 24 de junio del 2021) la ARN ha privilegiado los proyectos individuales y lo dice la misma cifra de la ONU [...]. (Grupo Focal 9 de junio del 2021)

La Reincorporación en su sentido, alcance y práctica sigue en disputa. En la práctica y en diversos momentos, pareciera que ha prevalecido más un proceso de reintegración que uno de reincorporación tal y como quedó establecido en el Acuerdo Final. De una parte, esta población no ha contado con garantías de seguridad como lo mencionamos anteriormente, ha sido objeto constante y sistemático de estigmatización y discriminación, y se encuentra entre el fuego cruzado de grupos neoparamilitares, disidencias y otros actores armados (^{González-Posso 2020}). De otra parte, durante el gobierno de Iván Duque se generaron toda clase de obstáculos para impedir su representación política en el Congreso y para que el partido político recibiera la financiación en los tiempos establecidos para el desarrollo de su campaña política (Entrevista a hombre firmante del Acuerdo de Paz agosto del 2022).

Respecto a los aspectos socioeconómicos de la reincorporación, Estrada y colaboradores han concluido que asistimos "el tránsito de la condición de ex-integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la condición de "población vulnerable" (^{Estrada 2020}, 121). Los datos que presentaremos a continuación, resultado del censo realizado a aquellas Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que viven en Bogotá, constatan estas conclusiones y nos ayudan a entender su expresión particular y diferenciada en la capital del país.

Antecedentes del censo distrital

Ya se han realizado procesos anteriores de caracterización de las personas en proceso de reincorporación como parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final. Tal fue el caso del Censo Socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia y el Consejo Nacional de Reincorporación componente FARC-EP. Esta caracterización inicial fue clave porque permitió contar con una línea de base de la población en proceso de reincorporación a nivel nacional inmediatamente posterior a la dejación de armas. Se encuestó a 10.015 personas, de las cuales se pudo observar que el 77 % son hombres y el 23 % mujeres. Entre los resultados se identificó que las y los firmantes del Acuerdo constituyen una población mayoritariamente campesina, el 66 % son de origen rural y el 60 % tiene interés en actividades agropecuarias. Un 77 % no posee vivienda, y sus niveles de escolaridad son bajos, aunque el 90 % de los encuestados sabe leer y escribir, un 11 % nunca había recibido educación formal, un 57 % había llegado a educación primaria, un 21 % a la educación básica secundaria (hasta noveno grado,) o media vocacional (8 %) y muy pocos tenían educación superior (3 %). (^{Universidad Nacional- CNR 2017}).

Sin embargo, esa radiografía inicial que arrojó el censo en 2017 cambió. Con el paso del tiempo, y las difíciles condiciones de seguridad, la falta de acceso a tierras y las trabas para desarrollar proyectos productivos con condiciones mínimas, muchos de las y los firmantes han sido desplazados forzadamente y otros han decidido dejar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y empezaron a retornar a sus lugares de origen de manera individual y/o a ubicarse en centros urbanos. Actualmente, se estima que 2.183 personas residen en los ETCR mientras que 9.779 personas residen fuera (ARN, 2023).

En el caso de Bogotá, las y los firmantes del Acuerdo a través de la Asociación Nuevo Agrupamiento para la Paz Distrito Capital (ANA D.C). solicitaron en repetidas ocasiones a las autoridades competentes información respecto a la situación de las personas que se ubicaron en la ciudad de Bogotá para llevar a cabo su proceso de reincorporación. Ante las dificultades para acceder a la información, la misma organización optó por encuestar a una muestra de 300 PPR en Bogotá. La recolección de los datos se hizo durante dos meses a través de una encuesta remota (vía telefónica) con 95 preguntas. El proceso fue limitado por la falta de recursos económicos para su diseño y aplicación, la dificultad de obtener información precisa para contactar y acceder a las PPR, y los problemas técnicos inherentes al método de aplicación, ya que no siempre fue posible asegurar la disposición de las personas a ser encuestadas por teléfono.

Las autoridades del distrito también han enfrentado obstáculos para obtener información actualizada y relevante respecto a la situación socio económica y demográfica de la población en proceso de reincorporación-información que reside en las bases de datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Por lo tanto, se han desarrollado mecanismos autónomos que complementan la cooperación con agencias nacionales para obtener información útil de manera oportuna. Teniendo en cuenta lo anterior ANA D.C., la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR), El Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS), la ARN y el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) establecieron una alianza para diseñar e implementar el Censo a PPR residentes en Bogotá, el cual tuvimos la oportunidad de coordinar y apoyar. A continuación, presentamos la metodología del censo y sus principales resultados.

Metodología del Censo.

Las cinco entidades aliadas mencionadas anteriormente establecieron el comité directivo del Censo. La Alcaldía Mayor de Bogotá financió su diseño e implementación con apoyo del Programa de las Naciones Unidas PNUD. Por su parte, el Secretariado Nacional de Pastoral Social fue la entidad encargada de coordinar las fases de diseño, implementación y análisis de la información bajo la dirección y supervisión de la ACDVPR.

La realización del censo implicó un despliegue de cuatro fases. 1) Diseño: en la que se identificaron los resultados de ejercicios previos de caracterización, las necesidades del censo, sus objetivos y diseño metodológico. 2) Alistamiento: en la que se realizaron los procesos de contratación y capacitación a los equipos de censistas, convocatoria a la población objetivo, se realizaron las gestiones operativas para el despliegue del censo y se crearon y validaron los sistemas de captura de información. 3) Aplicación: la cual se llevó a cabo en 4 lugares especiales de aplicación a través de entrevista directa y presencial, así como a través de llamada telefónica y plataformas virtuales para las personas que presentaban mayores riesgos de contagio y comorbilidades en el contexto de la pandemia del COVID-19. 4) Procesamiento de datos y elaboración de informes.

Fuente: ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 1 Ficha Técnica del Censo de Personas en Proceso de Reincorporación Residentes en Bogotá 

El diseño y validación del formulario contó con la participación de las instituciones "usuarias primarias" en la atención de la población censada, entre ellas la ARN, diferentes subsecretarías de la Alcaldía de Bogotá, así como con la Asociación Nueva Agrupación ANA D.C. y el componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación. El cuestionario se estructuró en cuatro módulos, a saber:

Adicionalmente, se realizaron cuatro grupos focales para indagar cualitativamente por las percepciones de la población encuestada frente a 4 temáticas en el proceso de reincorporación: 1) Enfoque diferencial de género, 2) enfoque territorial, contexto urbano, integración comunitaria y reincorporación individual y colectiva, 3) Reincorporación económica y 4) Seguridad y protección (^{SNPS 2021}, 9-10).

En cuanto a la recolección de la información, se desarrolló e imple-mentó un Sistema de Captura de Información (Censo PPRBOG) para sistemas operativos Android conformado por dos módulos básicos: Módulo de adquisición de datos (APP instalable en el dispositivo móvil) y el Módulo de Administración y seguridad de la información (base de datos donde se registraron aspectos de seguridad y control de la APP como encuestadores, encuestados, horarios de operación y parámetros generales de la APP) (^{SNPS 2021}, 11).

Los datos del censo distrital respecto al proceso de reincorporación urbana

No se pretende abordar de manera exhaustiva todas las preguntas y resultados del censo porque exceden el objetivo y espacio del presente artículo. Más bien, hemos seleccionado algunas preguntas y privilegiado la presentación de algunos análisis bivariados que ilustren las condiciones socioeconómicas y políticas por las que atraviesan las y los firmantes del Acuerdo en la capital.

Aspectos sociodemográficos y territoriales generales

De las 563 Personas encuestadas 363 son hombres (64,5 %); 200 mujeres (35,5 %) y 4 se identificaron como LGBTI. La pirámide poblacional de la figura 1 presenta la estructura poblacional por sexo y grupos quinquenales de edad.

Fuente: ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 2 Pirámide poblacional Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) 

Si bien, la población censada se encuentra distribuida en las 21 localidades de Bogotá como se muestra en el mapa N° 1, las localidades con presencia de PPR igual o superior al 10 % del total de la población censada son Kennedy (16,16 %), Bosa (14,03 %), Ciudad Bolívar (12,79 %) y Puente Aranda (10,48 %). Es decir, que estas cuatro localidades son donde más residen las y los firmantes.

Fuente: ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 3 Distribución territorial de PPR por sexo, localidades Bogotá D.C. 

En Bogotá, el 6,2 % de la población en proceso de reincorporación se identifica a sí misma como afrocolombiana, negra o palenquera, mientras que el 12,1 % se identifica como indígena. El 81,7 % restante no se considera perteneciente a ningún grupo étnico. De las personas que se identifican como miembros de un grupo étnico, el 35,0 % son mujeres y el 65,0 % son hombres. Esto equivale a 36 mujeres y 67 hombres en la población en proceso de reincorporación.

Cuatro localidades tienen la mayor concentración del 82,8 % de las personas que se identifican como afrocolombianas, negras o palenque-ras. Kennedy es la localidad con la mayor proporción de esta población, representando el 40,0 % del total. Le siguen Ciudad Bolívar con el 20,0 %, y Bosa y Usme, ambas con el 11,4 % del total del grupo étnico en cada localidad. Las personas que se identifican como indígenas tienen una distribución espacial similar a aquellas que no se identifican con ningún grupo étnico. De las personas censadas que se identifican como indígenas, el 50,0 % vive en las localidades de Bosa (20,6 %), Usme (16,2 %) y Puente Aranda (13,2 %). La Figura 4 muestra la concentración por localidad según la autoidentificación étnica de la población.

Fuente: ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 4 Distribución de las PPR en Bogotá por localidades según auto reconocimiento de pertenencia étnica 

En cuanto a niveles educativos, se observa que el 48,1 % (271 personas) ha cursado el nivel de educación media completo. Las mujeres cuentan con mayor nivel educativo que los hombres. El 82,0 % de las mujeres tienen estudios de educación media o superior; en el caso de los hombres para estos mismos niveles se tiene un porcentaje del 69,3 %. La siguiente tabla nos muestra las frecuencias absolutas y relativas por sexo según nivel educativo alcanzado.

Fuente: ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 5 Frecuencias absolutas y relativas de nivel educativo alcanzado 

Además de lo anterior 240 hombres y 125 mujeres que no se encuentran estudiando están interesados en hacerlo como se puede observar en la siguiente gráfica.

Fuente: ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 6 Distribuciones absolutas y relativas de las Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que cursan estudios que ofrecen certificación o título y quienes no lo hacen, pero les gustaría 

Un 87 % de las y los firmantes y sus familiares (467 PPR) no han recibido acompañamiento psicosocial mientras que un 13 % sí (97 PPR). Un 52,9 % (298 PPR) de los censados que no han participado en este tipo de acompañamientos estarían interesadas en recibir algún tipo de atención psicosocial. Las localidades que registran el mayor número de personas interesadas en recibir acompañamiento psicosocial son Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

Aspectos socioeconómicos de la reincorporación

Respecto a la reincorporación económica, el 72,1 % (406 PPR) de las personas en proceso de reincorporación dependen de la Renta Básica Mensual estipulada en la Resolución 4309 del 2019. En la siguiente gráfica se presentan las frecuencias relativas y absolutas por sexo que dependen de la renta básica.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del censo ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 7 Distribución relativa de Personas en Proceso de Reincorporación que dependen de la Renta Básica Mensual 

El 58,1 % (327 PPR) de las personas encuestadas tienen un ingreso mensual promedio menor a un salario mínimo legal vigente (SMLV) y el 28,8 % (162 PPR) reciben entre 1 y 2 SMMLV.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 8 Promedio de ingresos mensuales durante los últimos 6 meses 

El 67,0 %, es decir 377 personas encuestadas, sostienen que la manutención económica de sus hogares depende principalmente de ellas. De estas personas 119 son mujeres (31 %). La siguiente gráfica muestra la distribución relativa por sexo de las personas en proceso de reincorporación cuyos hogares dependen económica de ellas.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del censo ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 9 Porcentaje de hogares que dependen económicamente de las personas en proceso de reincorporación 

Del total de PPR censadas, 300 participan en alguna iniciativa o proyecto productivo en el marco del proceso de reincorporación, 131 hombres y 169 mujeres, que representan el 36,1 % y el 84,5 % sobre el total de sus grupos por sexo respectivamente. No obstante, el 25,7 % (77 PPR) afirman que el proyecto aún no empieza a funcionar, 36 personas (12,0 %) afirman que el proyecto dejó de funcionar y el 68,3 % (205 PPR) afirman que actualmente el proyecto productivo no les está generando ingresos.

El 87,0 % de las mujeres (114 PPR) que participan en iniciativas o proyectos productivos lo hacen en procesos de implementación y organización colectiva, frente al 54,0 % de los hombres (66 PPR) en la misma condición.

Las anteriores cifras relacionadas con la reincorporación económica nos permiten concluir que no se han generado condiciones y garantías para que las PPR en Bogotá cuenten con ingresos autónomos suficientes para su subsistencia y la de sus familias. Es preocupante que más de la mitad de las personas encuestadas perciba un ingreso promedio menor a un salario mínimo mensual, dependa de la renta básica y mantenga el hogar con tan bajos ingresos. Adicionalmente, las cifras muestran que no basta con hacer parte de un proyecto productivo para lograr la reincorporación, de hecho, de las personas encuestadas que participan en algún proyecto un 68,3 % indicó que no se encuentra generando ingresos. Los anteriores son graves indicadores de la difícil situación económica por la que atraviesa este grupo poblacional y sus familias en la capital.

Seguridad y reincorporación política

Respecto a la reincorporación política y las garantías de seguridad para las y los firmantes del Acuerdo, el censo también arroja datos preocupantes. Un total del 38,3 % (216 PPR) de las personas en proceso de reincorporación ha manifestado que ellos, ellas o sus familiares han sufrido amenazas, desplazamiento forzado, estigmatización, y homicidio desde su llegada a Bogotá. De este grupo, 80 son mujeres (40 %) y 136 son hombres (37,5 %).

Fuente: elaboración propia con base en los datos del censo ^{SNPS Y ACDVPR, 2021}.

Figura 10 Distribución por sexo según hecho victimizaste sufrido por las PPR, los miembros de su hogar y/o núcleo familiar desde su arribo a Bogotá 

Además de lo anterior, el 37,6 % de la población considera que su situación de seguridad individual en la ciudad de Bogotá es mala o muy mala. El 34,1 % piensa que está bien o muy bien, mientras que el 28,2 % restante cree que no está ni bien ni mal. La siguiente gráfica muestra cómo se distribuye esta percepción según el sexo de las personas encuestadas.

Fuente: Fuente: ^{SNPS y ACDVPR, 2021}.

Figura 11 Distribución por sexo según percepción frente a la seguridad individual en Bogotá 

No resulta menor que 392 PPR encuestadas, el 69,6 % de la población, se auto reconoce como víctima del conflicto armado. De estas personas, el 74 %o (290 PPR) afirmó que fueron victimizadas antes de unirse a las FARC-EP, mientras que el 13,3 % (52 PPR) manifestó haber sido victimizada después de la firma del Acuerdo Final de Paz. Además, el 12,7 % (50 PPR) declaró haber sido victimizada tanto antes de unirse a las FARC-EP como después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Censo ^{SNPS Y ACDVPR, 2021}.

Figura 12 Distribución de personas en proceso de reincorporación que declaran haber sido víctimas del conflicto armado 

Sumado a lo anterior, merece la pena resaltar que el 44,8 % (252 PPR) señala haber experimentado discriminación debido a su condición de firmante del acuerdo y persona en proceso de reincorporación. La distribución relativa por género indica que el 43,5 % de las mujeres y el 45,5 % de los hombres han sufrido discriminación por esta razón.

Ahora bien, también llama la atención que el 43,2 % de la población que adelanta su proceso de reincorporación en Bogotá manifiesta que participa en procesos organizativos o políticos, mientras que un 56,8 % ha declarado que no participa. Los procesos organizativos más destacados son los referidos a sindicatos y partidos políticos.

Por otra parte, en relación con la percepción que tienen las personas en proceso de reincorporación que residen en Bogotá acerca del cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y las expectativas sobre lo pactado, se encuentra que, ante la afirmación "El proceso de reincorporación implementado hasta el momento coincide con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz", el 47,5 % de las mujeres y el 45,8 % de los hombres censados están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la afirmación; mientras que el 22 % de las mujeres y el 19,5 % de los hombres están de acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del ^{SNPS Y ACDVPR, 2021}

Figura 13 Distribución de respuestas a la pregunta ¿Considera que el Proceso de Reincorporación implementado hasta el momento coincide con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz? 

Fuente: elaboración propia con base en los en los datos del censo de ^{SNPS Y ACDVPR, 2021}.

Figura 14 Distribución de respuestas a la pregunta ¿Qué tan satisfecho/a se ha sentido con el proceso de reincorporación que ha vivido en Bogotá? 

Lo anterior es síntoma de un malestar identificado entre la población en proceso de reincorporación que atendió al Censo realizado y que está estrechamente relacionado, entre otras, con las dificultades económicas, de participación política y de seguridad afrontadas para el logro de una reincorporación efectiva.

Por otra parte, la satisfacción ante el proceso de reincorporación que se ha adelantado en la ciudad de Bogotá también plantea grandes retos, especialmente para las mujeres. Como puede observarse en la gráfica a continuación, el 37,5 % de la población femenina se encuentra insatisfecha o totalmente insatisfecha mientras que el 37 % se encuentran satisfechas o totalmente satisfechas. En el caso de los hombres encontramos que 26 % de los hombres se encuentra insatisfecho o totalmente insatisfecho y el 45,8 % se encuentra satisfecho o totalmente satisfecho, mientras que el 27,5 % se encuentra indiferente.

Ahora bien, en relación con las expectativas que tenían los firmantes de paz, en el Censo se identificó que el 48,5 % de las mujeres sienten que sus expectativas con el proceso de reincorporación han resultado incumplidas o totalmente incumplidas y solo el 23,5 % considera que estas han sido cumplidas o totalmente cumplidas. En el caso de los hombres las cifras son similares: el 41,9 % considera que sus expectativas han sido incumplidas o totalmente incumplidas mientras que el 24,3 % considera que han sido cumplidas o totalmente cumplidas. Sin lugar a duda, este asunto impone retos relacionados con la estabilidad del proceso de reincorporación y la necesidad de implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz.

Fuente: ^{SNPS Y ACDVPR, 2021}.

Figura 15 Distribución de respuestas a la pregunta ¿Hasta el momento el proceso de reincorporación ha cumplido sus expectativas? 

No obstante, los anteriores resultados, que dan cuenta de una percepción generalizada de incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y de un alto grado de insatisfacción por parte de las mujeres y hombres firmantes respecto a la brecha entre lo esperado y lo implementado, llama la atención que más de la mitad de la población censada continúa creyendo en el proceso de paz. Prueba de ello es que cuando se indagó por las sensaciones frente al proceso de paz. El 51 % (287 PPR) de la población censada afirmó que su principal sensación frente al proceso de reincorporación es de "esperanza". Muy por debajo estuvieron las respuestas asociadas a sensaciones negativas como el "miedo" con un 15 % y de la "decepción" con un 12 %. Las tendencias son similares entre hombres y mujeres como se muestra en la siguiente gráfica.

Fuente: ^{SNPS Y ACDVPR, 2021}.

Figura 16 Distribución absoluta según sexo de las sensaciones frente al proceso de reincorporación. 

¿Cuáles son algunos de los principales retos para una reincorporación efectiva?

Tanto la literatura como organizaciones defensoras de derechos humanos han destacado entre los principales desafíos para promover una incorporación adecuada la falta de seguridad para los excombatientes, la falta de acceso a tierras, a un trabajo digno y a oportunidades económicas sostenibles, así como la dificultad de reconciliación y de reconstrucción del tejido social en las zonas afectadas por el conflicto armado (^{Valencia 2021}; ^{Unidad de Investigación Periodística 2021}; ^{Indepaz, 2023}). Estos aspectos no son exclusivos del caso colombiano. Por ejemplo, la reincorporación socioeconómica prometía, en el caso guatemalteco, la constitución e implementación de cinco líneas: Orientación vocacional y capacitación laboral, educación, vivienda, salud y proyectos económicos y productivos. ^{Montobbio (2016)} y ^{Corral y Rivas (2016)} coinciden al afirmar que, especialmente en el ámbito socioeconómico, no se lograron los objetivos trazados para la reincorporación de los excombatientes agrupados en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca TJRNG, debido a "los retrasos o ausencias en el cumplimiento de otros acuerdos, sobre todo el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, y la insuficiencia de las políticas públicas" (^{Montobbio 2016}, 30). En el caso salvadoreño, después del Acuerdo de Paz, se exacerbó la conformación de pandillas o maras y se agudizaron las desigualdades y violencia estructural (^{Reyna, 2017}). Para ^{Carranza (2019)}, estos desafíos son el resultado de factores estructurales más amplios como la desigualdad socioeconómica, la corrupción y la falta de capacidad institucional que terminan incidiendo en los procesos de reintegración y reincorporación de los excombatientes. En esta misma vía ^{Hauge y Thoresen (2007)} sostienen que, si los excombatientes carecen de una base social y económica sólida, tras el proceso de reincorporación, difícilmente se constituyen en agentes de cambio o preservan y fortalecen sus capacidades como tales.

En el caso colombiano, la reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP ha sido un proceso desigual y heterogéneo, con diferentes niveles de éxito y dificultades en diferentes regiones y comunidades. En algunos casos, las y los excombatientes han logrado incorporarse de maneras más o menos sostenidas y adecuadas en la sociedad civil y han participado en proyectos de desarrollo sostenible y reconciliación comunitaria (Rico y Nates, 2023). Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, las y los excombatientes han enfrentado discriminación, es-tigmatización y violencia, lo que ha obstaculizado su normalización e incorporación efectiva en la sociedad (^{Carranza, 2019})

Adicionalmente, el incumplimiento en la implementación del Acuerdo Final de Paz, el rechazo del Centro democrático y de otros sectores poderosos al proceso de paz y la intención del gobierno Duque de hacer "trizas la paz" frenaron la implementación de importantes medidas como la creación del Sistema Nacional de Reincorporación y la financiación para la implementación del Conpes 3931 del 2018. Tampoco se promovió la implementación integral de los diversos puntos del Acuerdo y se han presentado dilaciones y desinterés por parte de la institucionalidad y de diversas autoridades nacionales, regionales y locales para facilitar los Trabajos, Obras y Acciones con contenido reparador que deben ser implementadas por los y las firmantes que son comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz (Entrevista a firmante del Acuerdo. Bogotá, Julio 2021).

Los desafíos también son de orden estructural. Aunque se crearon agencias y otras se reestructuraron en el marco del Acuerdo de Paz, se ha evidenciado una debilidad institucional para la implementación integral de las ambiciosas apuestas del Acuerdo de Paz. Esto se evidencia en puntos centrales que son los que presentan mayor rezago en la implementación, por ejemplo, en lo referente a los asuntos agrarios, de justicia transicional y de investigación judicial. Las instituciones competentes en estas áreas carecen de los presupuestos y la capacidad humana y organizacional para lograr las metas del Acuerdo, y esto impacta la posibilidad real de lograr una adecuada reincorporación para los excombatientes.

En cuanto a la participación de las instituciones y gobiernos locales en la planificación y definición de programas específicos para las PPR, aún no existe una normativa vinculante a nivel territorial. El Conpes 3931, por su parte, ha establecido como objetivo prioritario fortalecer la coordinación inter-institucional y la articulación nación-territorio. La ARN ha señalado que la participación de la institucionalidad local ha sido limitada y fluctuante. Ante esta situación, es fundamental que se creen condiciones, programas y acciones concretas a nivel territorial para promover los derechos de las PPR y sus familias.

En el caso de Bogotá, que es el centro político y económico del país, la administración distrital cuenta con una amplia oferta y con la mayor capacidad institucional y presupuestal de cualquier entidad territorial en Colombia para abordar estos desafíos de política pública. La actual administración ha manifestado su compromiso público de promover y apoyar el cumplimiento de los acuerdos de paz con memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas y ciudadanos en general, según se establece en el Plan de Desarrollo Distrital pero aún no se cuenta con rutas y ofertas institucionales diferenciales para las y los firmantes del acuerdo.

Oportunidades y desafíos para la reincorporación de las y los excombatientes en Bogotá

Las y los firmantes perciben tanto las oportunidades como los desafíos que Bogotá, como territorio y contexto mayormente urbano, presenta para la reincorporación. Ellos y ellas reconocen en la capital un espacio de oportunidades educativas, laborales, productivas, políticas y culturales. En Bogotá existe una mayor oferta de educación formal básica, media y superior, de educación para el trabajo y de educación informal, para que tanto ellos como sus núcleos familiares puedan acceder a este derecho. De igual manera, en la ciudad se concentra una oferta enorme de producción, comercialización, industrialización y servicios que se vuelve atractiva para muchas personas que se ven obligadas, o que están dispuestas, a ubicarse laboralmente en actividades no relacionadas con el campo. Adicionalmente, la ciudad ofrece un mayor anonimato para aquellos que necesitan resguardarse ante las amenazas, estigmatización y violencias que sufren en otros territorios. También, es un hecho que en el capital se concentran instituciones y agencias con poder decisión programático y presupuestal de alcance nacional y distrital que son un objetivo de incidencia política para las personas en reincorporación interesadas en agenciar transformaciones desde su acción política.

Bogotá se ve como una oportunidad porque históricamente la gente ha tendido, por miles de dificultades y situaciones, llegar a la ciudad principal, porque parece ser el lugar de más oportunidades de más trabajo de más empleo, de más seguridad, parte de nosotros está girando, nuestra forma de vida y pensar, de esta de esa manera. (Grupo Focal 24 de junio del 2021)

En Bogotá estamos dispersos. En términos de seguridad eso tiene una ventaja sobre todo para las personas que han llegado desplazadas de zonas rurales por el tema de la violencia y han intentado en la ciudad tener una vida normal y tener bajo perfil ...intentando garantizar unas condiciones mínimas de seguridad. (Grupo Focal 24 de junio del 2021)

Varias de las personas encuestadas en el censo se encuentran participando en procesos sociales a través de los cuáles buscan continuar su trabajo político y contribuir a la transformación de la ciudad

Seguimos trabajando por forjar un país mejor y en Bogotá lo estamos haciendo. Es un desafío llegar, darnos a conocer, y en nuestra actitud y forma de ser, ser aceptados a realizar labores, políticas sociales culturales, ambientales, estamos haciendo una cantidad de trabajo aún en medio de esa cantidad de problemas, son unos desafíos grandísimos. (Grupo Focal 24 de junio del 2021)

No obstante, las y los firmantes también destacaron enormes desafíos. Entre los principales, señalaron la ausencia de rutas de intervención o de acceso a derechos y servicios para las Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) en Bogotá, las cuales deberían tener en cuenta sus particularidades y crear condiciones para su reincorporación efectiva. En este sentido, las y los firmantes resaltaron dos aspectos: primero, la necesidad de distinguir las rutas de reincorporación de excombatientes de las FARC-EP de las rutas de reintegración de excombatientes de organizaciones paramilitares y de otros grupos armados. Segundo, la necesidad de constituir Nuevas Áreas de Reincorporación en escenarios urbanos como el de la capital. En Bogotá no existen los Espacios Territoriales de Capacitación y las y los firmantes se encuentran dispersos en esta megaciudad, la cual presenta grandes distancias, profundas inequidades, alta densidad demográfica, violencia e inseguridad, entre otras condiciones que imponen retos adicionales para pensar e implementar la dimensión colectiva de la reincorporación.

No se ha reconocido la ciudad como un espacio territorial como un nuevo centro de agrupamiento, eso nos dificulta muchas cosas: estar cerca, conocernos, encontrarnos, hablar. (Grupo focal 24 de junio del 2021)

El acceso al trabajo digno y a proyectos productivos sostenibles es otro de los principales desafíos a los que se enfrentan los excombatientes en proceso de reincorporación en la capital⁶. Entre las barreras que encuentran se destacan la discriminación por su condición de excombatientes, la ausencia de experiencia laboral previa, las condiciones de contratación precarias y la falta de capital y apoyo para el emprendimiento y/o sosteniblidad de sus proyectos productivos. Además, ciertos subgrupos de excombatientes, como las y los adultos mayores, las personas con discapacidad, las que padecen enfermedades de alto costo y las mujeres, experimentan mayores vulneraciones y desafíos respecto a la generación de ingresos y acceso a derechos (^{SNPS, 2021}).

En cuanto al acceso a los proyectos productivos, los y las firmantes resaltaron que muchos no han podido acceder a una aprobación ni individual ni colectiva, lo que se corrobora con los datos arrojados en el Censo. Quiénes sí han podido acceder y que participaron en el grupo focal, compartieron algunas de las dificultades que se presentaron para poner en marcha la implementación de su proyecto. Entre ellas la falta de conocimientos y capacidades para la creación, gerencia y sostenimiento de una empresa, falta de capital para el sostenimiento en medio de la crisis del COVID-19 y amenazas contra la seguridad de los asociados.

En cuanto a las garantías para la reincorporación política y las condiciones de seguridad, existe una gran preocupación por parte de las y los excombatientes respecto a los homicidios contra esta población a lo largo y ancho del territorio nacional, las amenazas, desplazamientos y otras vulneraciones a nivel local y los pocos avances en las investigaciones judiciales contra los perpetradores de estas violencias.

A nivel nacional la violencia letal, los ataques y las desapariciones contra la población en proceso de reincorporación son alarmantes. Desde la firma del acuerdo en 2016 a enero del 2023 han sido asesinados 355 exintegrantes de las FARC-EP (^{Misión de Verificación 2023}). Al menos 44 familiares de excombatientes han sido asesinados con corte a noviembre del 2020. Adicionalmente ha habido 110 intentos de asesinato y 27 desapariciones (^{Misión de Verificación 2023}, 9). Además de lo anterior, se han generado desplazamientos forzados individuales y colectivos de ex integrantes de las FARC-EP, debido a la reconfiguración del conflicto armado y a las amenazas en zonas rurales⁷ (^{Estrada 2020}, ^{Indepaz 2023}).

En Bogotá han sido asesinadas 3 personas en proceso de reincorporación y en el marco de las elecciones legislativas del 2018 hubo un atentado en contra de una mujer miembro del partido FARC⁸. Sumado a lo anterior, la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas en las que se ha denunciado la presencia de grupos armados en el Distrito y se ha reconocido a las personas militantes del partido FARC como población en riesgo⁹. Adicionalmente, la violencia simbólica expresada en una fuerte estigmatización y discriminación contra la población excombatiente genera riesgos diferenciados para este grupo poblacional y sus núcleos familiares dificultando la integración con los territorios y comunidades, así como la reconstrucción del tejido social.

Las y los firmantes del Acuerdo señalan que hay demoras y escasos resultados en las investigaciones judiciales, lo que genera la impunidad sobre los delitos cometidos contra ellos y sus familias. No se han valorado las causas y magnitud de las victimizaciones contra las y los firmantes ni han sido efectivas las medidas de protección a nivel nacional y territorial. Señalan que hay una falta de reconocimiento por parte de ciertas entidades del estado de varios de las afectaciones cometidas contra las PPR por su condición de firmantes del acuerdo, así como la falta de rutas para una oportuna y diferenciada protección (^{SNPS, 2021}).

Finalmente, pero no menos importante, otro de los retos que se evidencia en el censo es la necesidad de un acompañamiento psicosocial. En palabras de una mujer excombatiente y firmante del acuerdo:

Otro tema que yo creo que quedó en el tintero en la Habana fue lo psicosocial. Nosotros hace poco hicimos una reunión grande de mujeres excombatientes a nivel nacional. Participaron cuatro etcr más de 100 mujeres, y el tema psicosocial fue saliendo como una de las necesidades primordiales... Cuando se discutió en la Habana, la actitud de nosotros fue, nosotros no estamos locos, nosotros no necesitamos esto, y lo que se va viendo ahorita es que nosotros sí necesitamos de ese tema y de una atención especializada... Debería haberse elaborado un proyecto psicosocial específicamente para combatientes con enfoque diferencial y de género. (Entrevista a firmante del Acuerdo de Paz septiembre del 2022)