INTRODUCCIÓN

Este artículo se desarrolló dentro del Área de Sociología de la Justicia Penal en el Instituto de Cultura Jurídica -Universidad Nacional de La Plata, Argentina- a la que pertenecen ambos autores. A su vez, forma parte del proyecto de investigación "Condiciones y condicionamientos dentro de la justicia penal en la Provincia de Buenos Aires: elementos para analizar su autonomía" (PPID 2019-2022).

Las investigaciones empíricas sobre la justicia penal en Argentina han ido acrecentándose en los últimos años, todo que ha arrojado resultados sensiblemente dispares (^{Kostenwein, 2017}, ^2020a). Si se trata de señalar alguno de los progresos, es importante enfatizar en el surgimiento de nuevas líneas de exploración que toman a dicha institución como objeto de indagación específico, analizando a partir de diferentes métodos, datos y marcos teóricos, múltiples prácticas y racionalidades judiciales que años atrás eran simplificadas o, en el peor de los casos, ignoradas (^{Kostenwein, 2020b}).

Dicho esto, pueden observarse también ciertos límites en las propuestas de estudio, las cuales en ocasiones suelen vincularse más con intereses de organismos nacionales e internacionales capaces de ofrecer financiación, que con la meta de construir un ámbito sistemático de estudios locales y comparativos sobre el funcionamiento de la justicia penal (^{Garland, 2019}).

Frente a este panorama, el trabajo que ofrecemos busca indagar acerca de una serie de cambios que produjo la aparición de la COVID-19 hacia el interior de la mencionada institución en Argentina. Específicamente nos concentraremos en su fuero federal¹ que, a la vez de experimentar distintas reconfiguraciones, tuvo a su cargo la persecución penal de las infracciones a las medidas restrictivas que se tomaron con el fin de evitar la propagación de los contagios en los diversos distritos del país². De allí que pusimos el foco en dos juzgados federales de instrucción³ del conurbano bonaerense⁴ que forman parte de un mismo distrito judicial, los cuales tienen competencia exclusivamente penal⁵. Elegimos un enfoque metodológico cualitativo, en concreto, entrevistas semiestructuradas a quienes ejercen los cargos más relevantes en materia de conducción y dirección, como lo son las y los titulares de los juzgados y las respectivas secretarías; esto con la intención de analizar sus percepciones en torno al tema planteado.

En este sentido, consideramos que las percepciones involucran conductas aprendidas e incorporadas que asignan jerarquías y evidencian diferentes posiciones sociales (^{Howes, 2014}). A su vez, es importante subrayar que las entrevistas cristalizan vínculos sociales que derivan de mundos de sentido plurales de quienes las protagonizan (^{Guber, 2009}), y en este marco fueron efectuadas a partir de preguntas abiertas como, por ejemplo, ¿cuáles advierte que han sido los cambios más relevantes en su trabajo cotidiano a partir de la pandemia?, o ¿hubo causas penales más frecuentes durante la cuarentena? En simultáneo, y debido a un criterio de confidencialidad, omitimos las jurisdicciones de los juzgados pasándolos a llamar Juzgado 1 y Juzgado 2, lo mismo que con los cargos desempeñados por parte de las y los actores judiciales con los que dialogamos, por lo que resolvimos numerar las entrevistas -entrevistado 1, 2, 3, etc.- para su diferenciación.

El criterio de limitarnos a los cargos jerárquicamente más importantes se relaciona con que son estos últimos quienes se encuentran, al menos formalmente, en condiciones de tomar decisiones que pueden repercutir de modo directo en el desempeño cotidiano del ámbito judicial. Así las cosas, entrevistamos a una jueza, un juez, dos secretarias y cuatro secretarios, a quienes llegamos a partir de un criterio de factibilidad, dado que se trata de actores judiciales que conocíamos de investigaciones previas, y por intermedio de ellos y ellas accedimos a documentos como listados de causas, dictámenes, resoluciones judiciales y protocolos de actuación.

UN HECHO JUDICIAL TOTAL

La pandemia desatada a escala global a partir del año 2020 ha sido considerada, recuperando la célebre categoría del sociólogo francés Marcel ^{Mauss (1985)}, como un hecho social total, en el sentido en que parece haber puesto en juego al conjunto de la sociedad y sus diversas instituciones (^{Ramonet, 2020}). De allí que las secuelas de la COVID-19, tales como el gran volumen de infectados/as y fallecidos/as, la alteración de los procesos productivos, las restricciones en la circulación social o los cambios en costumbres sumamente arraigadas, evidenciaron y profundizaron asimetrías raciales, de género y de ingresos (^{Basaure, 2020}).

Por lo tanto, la pandemia ha logrado ensamblar de manera diversa dimensiones como la ciencia, la religión, la legislación, la economía, solo por citar algunas, dándole a esos mismos ensambles rasgos singulares (^{Ventura Santos, 2020}).

Una de estas dimensiones es la vinculada a la administración de justicia, la cual tiene sus propias conformaciones respecto de las que aún no se ha explorado con el suficiente detalle. O lo que es lo mismo, carecemos de indicadores concretos que nos ayuden a entender las particularidades mediante las cuales el problema general de la COVID-19 fue transformándose a su vez en un hecho judicial total; entendiendo por este último una serie de sucesos que hacia el interior de la justicia penal expresan a la vez y de golpe diversas reconversiones, las cuales han ido adoptando formas especiales en su propio ámbito (^{Mauss, 1985}).

Así las cosas, la evolución de la COVID-19 y su magnitud para la sociedad es pasible de ser interpretado desde diversos enfoques, sea en lo referido a la salud pública como a sus consecuencias jurídico-penales. Desde posiciones más combativas se sostendrá que los mayores damnificados por la pandemia son los grupos más desaventajados de la sociedad. Los sectores más moderados destacarán que el confinamiento facilitó una mayor integración en la ciudadanía como consecuencia de la necesidad de una protección que involucra a múltiples colectivos sociales. Por lo tanto, en nombre de la COVID-19 es posible decir muchas cosas, o lo que es lo mismo, a la COVID-19 es posible hacerle decir muchas cosas. Sin embargo, aquí nos interesa analizar qué ha dicho la justicia de la COVID-19, o más importante aún, qué le ha hecho decir la justicia a la COVID-19.

Precisamente, con la intención de aproximarnos a los parámetros bajo los cuales la administración judicial asimiló los cambios que se generaron por la pandemia es que se vuelve necesario mencionar las acordadas que fue dictando la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en su condición de máxima autoridad del sistema de Justicia Federal- a medida que el poder ejecutivo nacional comenzó a disponer medidas tendientes a evitar la propagación de la COVID-19.

En primer lugar, la Corte Suprema dictó el 11 de marzo del 2020 la Acordada 3/20 (2020), mediante la cual dispuso una licencia excepcional para todos los integrantes del poder judicial de la nación que hubiesen regresado al país de áreas con circulación y trasmisión de la COVID-19. A los cinco días emitió la Acordada 4/20 (2020), en la que declaró inhábiles⁶ los días 16 al 31 de marzo, señalando que debía asegurarse una prestación mínima del servicio de justicia durante dicho lapso, que las presentaciones debían realizarse en formato digital y que se suspendía la atención al público salvo que fuere indispensable la presencialidad.

Por otra parte, amplió el régimen de licencias excepcionales de acuerdo a los criterios establecidos por el Poder Ejecutivo tomando medidas presupuestarias para sobrellevar la emergencia sanitaria en el ámbito del Poder Judicial. El día 20 de marzo, el máximo tribunal dictó la Acordada 6/20 a partir de la cual establece una feria judicial extraordinaria⁷, habilita también el trabajo remoto y hace saber a los tribunales que debían reducir al mínimo la asistencia del personal, enfatizando esa limitación para los grupos de riesgo.

Posteriormente, le siguieron acordadas para prorrogar la mencionada feria judicial extraordinaria, otras para autorizar casos que no habían sido contemplados en un principio, como cuestiones a tramitar durante el período de feria y aquellas que introdujeron mejoras técnicas en el ámbito del trabajo remoto, en particular la firma y el oficio digital. Finalmente, el 2 de junio la Corte Suprema dictó la Acordada 17/20 (2020) con la que se fue levantando paulatinamente la feria judicial extraordinaria hasta extenderse a todos los distritos judiciales del sistema de Justicia Federal el 27 de julio de 2020.

Estas acordadas de índole institucional impulsaron cambios concretos en el funcionamiento de la justicia penal federal que se tradujeron en nuevas prácticas que los actores judiciales llevaron adelante. Quizás la más relevante haya sido la implementación del trabajo remoto, dado que provocó que la mayoría de los trámites que se realizaban presencialmente comenzaran a formar parte de un universo más inexplorado como lo es el virtual, en cuyo marco sobresalió el reemplazo del expediente papel por el digital y que las audiencias se llevaran adelante por aplicaciones de videollamadas como WhatsApp o Zoom.

A la vez, las restricciones establecidas por el poder ejecutivo durante la cuarentena -en particular la circulación por la vía pública- supusieron un incremento significativo del número de causas a las que los integrantes de la justicia penal federal estaban acostumbrados. Eso provocó nuevos mecanismos de adaptación frente a lo que los mismos actores judiciales consideraron una escalada inédita del volumen de su trabajo, tales como la modificación de la duración de los turnos al interior de cada juzgado para alivianar la tarea de quienes debían atender las consultas telefónicas de la policía, la reorganización de los grupos de trabajo para ingresar dichas causas, la búsqueda de acuerdos con fiscalías y defensorías o la entrega a las fuerzas de seguridad de protocolos de procedimiento para que conocieran con anterioridad el criterio de actuación que debían seguir frente a situaciones que pudiesen demandar la detención de personas por infringir las disposiciones vinculadas con la cuarentena. Acerca de esto último, además, se sumaba la particularidad de tener que entrar en contacto con presuntos infractores que potencialmente tuviesen COVID-19, promoviendo estrategias que eviten el contagio entre posibles detenidos o respecto del mismo personal policial.

Por lo tanto, en un ámbito con tendencia a aferrarse a las formas, y a que las formas originen tendencias y efectos significativos (^{Bourdieu, 2001}), estas últimas iban mutando abruptamente provocando el despliegue de situaciones cargadas de incertidumbre. En este sentido, la virtualidad permitió que las partes del proceso pudieran efectuar presentaciones en todo momento y por cualquier medio, lo que llevó a las y los actores judiciales a preguntarse qué hacer con escritos recibidos fuera de horario o con aquellos enviados por una vía distinta a la de su sistema informático⁸. A esto se suma que el trabajo remoto, al menos en los primeros meses de cuarentena, favoreció a que la jornada laboral se flexibilizara, resintiéndose los usos de horarios habituales⁹. Más en concreto, diferentes actores judiciales despachaban sus causas fuera de la agenda de trabajo tradicional, lo que terminaba repercutiendo en las tareas de quienes debían controlar dichos despachos y firmarlos, pues entendían que debían hacerlo en el día.

Es a partir de lo anterior que consideramos factible hablar de un hecho judicial total, dado que lo colectivo y lo individual se articularon para configurar una nueva realidad en la justicia penal federal: tanto la institución judicial como las y los operadores jurídicos que la integran se implicaron frente a la emergencia de un novedoso escenario cotidiano. A continuación, vamos a explorar dos cuestiones fundamentales de esa nueva cotidianeidad, a saber, la supuesta desinformalización del trabajo en el marco de la virtualidad junto a las consecuencias por las violaciones a las restricciones en la circulación que derivaron especialmente en el secuestro de vehículos.

TRABAJO REMOTO, CONVENCIONES Y PLURALIDAD DE COMPROMISOS

A diferentes escalas y con efectos variados, la propagación de la COVID-19 ha provocado escenarios de una considerable inquietud en el conjunto de la sociedad. Como lo mencionamos al inicio del trabajo, aquí nos concentraremos en algunos de los impactos concretos de la pandemia hacia el interior de la justicia penal federal en Argentina, y en cómo la incertidumbre vinculada a una coyuntura inédita fue reabsorbida por las y los actores judiciales a partir de una pluralidad de compromisos (^{Thévenot, 2015}).

Luc ^{Boltanski (2009)} considera que las instituciones sociales -entre las que se encuentra la administración de justicia- son aquellas que deberían contribuir a disipar, o al menos atenuar, la incertidumbre que pueda amenazar a la comunidad frente a escenarios de volatilidad¹⁰. Estas vallas de contención, afirma el sociólogo francés, se cristalizan por medio de dispositivos de confirmación y convenciones colectivas¹¹ que ofrecen algunas perspectivas de estabilidad. Ahora bien, en esta tarea las instituciones no siempre son exitosas, generándose por momentos iniciativas críticas sobre los dispositivos y convenciones mencionados que, dadas ciertas condiciones, pueden habilitar a la producción de nuevas demandas de cambio.

Presentado de manera superficial, este esquema en virtud del cual las iniciativas críticas encuentran sustento en el marco del mismo orden que intentan poner en crisis (^{Boltanski, 2009}), no es del todo adecuado para analizar algunas de las repercusiones que provocó en la justicia penal federal la incertidumbre forjada por la COVID-19. En particular, aquellas derivaciones que surgieron de la adopción de la cuarentena, ya que el origen de los cambios hacia el interior del mundo judicial no debe buscarse en la crítica a los dispositivos existentes, sino en la necesidad de enfrentar una realidad que asomaba como ineludible.

La abundancia laboral y el temor a lo desconocido

Otro de los focos de incertidumbre que también facilitó puntos de cooperación entre las y los actores judiciales está relacionado con el incremento significativo de causas. Tal como se adelantó, las personas entrevistadas forman parte de dos juzgados federales que tuvieron a su cargo la persecución penal de las infracciones a las medidas tomadas por el poder ejecutivo nacional con el fin de evitar los contagios y la propagación de la COVID-19. Eso derivó en lo que ellas y ellos mismos consideraran como una escalada inédita el volumen de trabajo que, en gran medida, se circunscribió a los primeros meses de la pandemia. De ahí que identificaran dos etapas de tiempo bien distintas: una que va de marzo a junio, que les resultó muy cuesta arriba, signada por la adaptación al incremento de trabajo y su transformación en remoto, y un segundo período, de junio en adelante donde observan un descenso en los procesos (figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Evolución de causas en ambos juzgados 

En este sentido, los datos relevados confirman la percepción de los integrantes de la justicia penal: el Juzgado Federal 1 registró mil diez (1010) causas en el turno de abril y doce (12) en el de septiembre; mientras que el Juzgado Federal 2 cuatrocientas quince (415) en el de mayo y sesenta y ocho (68) en el de julio. En palabras de las y los miembros del ámbito judicial:

Las causas de infracción al incumplimiento de la cuarentena ingresaron muchas en lo que es nuestro manejo diario de causas. En tres turnos que tuvimos ingresaron creo que alrededor de cuatrocientas causas, cuando en un turno común, mirá, yo estuve ayer y hoy, y por el turno todavía no me llamaron por nada. Pasamos de ponele quince a cuatrocientos. (Entrevistado 5, comunicación personal, 2021)

Por el mismo cansancio de la gente la cuarentena se empezó a flexibilizar, aunque existía. La policía, no sé, en el primer turno, que fue el de mayo, que ya estábamos entrados en tres meses de cuarentena, me llamaban y me decían tengo treinta personas en la recepción de la comisaría esperando para hacerle el sumario del 205. Y entonces, yo creo que el mismo cansancio generó en la prevención a hacer que haya menos persecución de este delito en particular. Y, por otro lado, ya la cuarentena había empezado a debilitarse a nivel general y dejó de ser seguida tan de cerca por los preventores. (Entrevistado 3, comunicación personal, 2021)

De manera que pueden apreciarse las dos etapas a las que hicieron referencia las y los actores judiciales, puntualmente en los turnos de abril y mayo, en los que se advierte un crecimiento tangible del flujo de casos para dicho fuero, que fue mermando con el tiempo a raíz del cansancio de la gente y el hecho de que los preventores dejaron de seguirlos de cerca.

Este caudal de trabajo no tomó por sorpresa al juzgado que entró de turno en el mes de abril, dado que al comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, es decir, a fines de marzo, estuvo otro¹⁶ con el que compartieron información y experiencias acerca de la nueva coyuntura. Dicen dos entrevistados que:

Nosotros habíamos recopilado un poquito la experiencia del Juzgado Federal 1 que estaba de turno antes de nosotros. Entonces charlando con los secretarios supimos cuáles eran los problemas concretos que tenían. (Entrevistado 6, comunicación personal, 2021)

Intervino inicialmente el Juzgado Federal 1. Yo hablé con los secretarios, con el juez, y me contaron la experiencia que tuvieron. Fue una experiencia muy intensa [...]. Era un llamado cada diez minutos más o menos las 24 horas del día. (Entrevistado 4, comunicación personal, 2021)

Este diagnóstico, que pone de relieve las redes de cooperación que atraviesan la esfera laboral de las y los actores judiciales, les llevó a modificar la duración de los turnos al interior de cada Juzgado. En lugar de mantener los siete días que usualmente duraban los turnos por secretaría, el Juzgado Federal 1 lo redujo a tres días, al tiempo que el Juzgado Federal 2 pasó de diez a dos días por turno con la particularidad que integró a las consultas telefónicas a secretarios que usualmente no ejercían dicha tarea¹⁷.

Esto nos permite resaltar aquello de lo que fueron capaces las y los actores judiciales en un contexto del todo novedoso: su propia actividad es la que habilita a identificar innovación y creatividad, por un lado, aunque sustentadas en competencias que van de lo individual a lo colectivo. Frente a las circunstancias apremiantes que comenzaron a limitar sus marcos habituales de acción, las y los integrantes de la justicia penal intensificaron la comunicación con sus colegas llevando adelante acuerdos activos que surgieron del esfuerzo para enfrentar el nuevo mundo judicial que se estaba instaurando, conferirle sentido y asegurarle un mínimo de durabilidad en medio de tanta perplejidad (^{Boltanski, 2012}). Al respecto, dice uno de los entrevistados:

Hicimos turnos especiales para contestar el teléfono entre los secretarios de dos días. Porque se daba el hecho de que por ahí no eran tantas llamadas, la gran mayoría era a la noche. Entre las diez, once y doce de la noche y las seis de la mañana te llamaban veinte veces. Entonces para no liquidar a un secretario, de que tenga diez días de corrido con eso fuimos haciendo turnos de dos días cada secretario [...]. Una cosa era saber que a los dos días te cambiaba y que ibas a poder dormir tranquilo de vuelta en tu cama. Yo dormía en el sillón o dormía en la cama de mi hijo, y mandaba a mi hijo a dormir con mi mujer para no tener que estar todo el día con el teléfono cada vez que llamaban. Hubiese sido muy pesado de llevar adelante, y para la secretaría también. (Entrevistado 5, comunicación personal, 2021)

Ahora bien, al profundizar el análisis de los testimonios se observa que la reorganización de los turnos y la consecuente tarea de atender las consultas telefónicas de la policía no obedeció únicamente al caudal de trabajo o a la intensidad de la experiencia constatada a través de colegas, sino también a la incertidumbre derivada de tener que intervenir frente a hechos a los que no estaban familiarizados; en palabras de uno de los entrevistados, "un tipo penal nuevo con necesidades nuevas" (Entrevistado 5, comunicación personal, 2021). Además, se trataba de una incertidumbre que no solo era propia de la justicia penal. Como ellas y ellos mismos destacan, la policía estaba igual de perdida ante la novedad de las infracciones, lo que les exigió más descanso o no estar mal dormidos a la hora de atender las consultas. A esto se debe sumar la necesidad de promover estrategias en medio de una pandemia emergente para evitar su contagio, ya sea entre posibles personas detenidas, el personal policial, como así también entre las y los propios integrantes de los juzgados¹⁸. Dice uno de los entrevistados que:

Había un temor inicial de que no podías ni tocar el papel que te ibas a contagiar. Eso se fue perdiendo con el tiempo, pero inicialmente nadie quería tocar un papel ni recibir un expediente o un sumario policial porque no íbamos a enfermar todos. Esa era la creencia de ese momento que de alguna forma se fue desvirtuando... No sabíamos cómo encarar las audiencias, la atención al público. (Entrevistado 4, comunicación personal, 2021)

Se trata de una aprensión extendida que abarcaba situaciones y objetos que habían dejado de ser únicamente parte del trabajo para transformarse en una fuente de amenaza, algo similar a lo que plantea Elías ^{Canetti (1977)} respecto de la aversión a ser tocado por lo extraño: "[n]ada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra; le quiere reconocer o, al menos, poder clasificar" (p. 3). Lo misterioso e indeterminado de la COVID-19, la imposibilidad de saber al inicio de la pandemia de qué se trataba exactamente o cómo lograba contagiarse, aumentaba la incertidumbre. En efecto, hasta que comenzó a existir algún tipo de precisión al respecto, hasta que se hizo posible delimitar con cierta claridad el modo de transmisión del virus, la situación era dominada por la angustia que se reflejaba, por ejemplo, en no saber cómo encarar las audiencias, la atención al público.

Del mismo modo, otro factor que tuvieron en cuenta los y las integrantes de la justicia penal fue el de evitar que el nuevo escenario laboral no sea a la vez pesado para el personal administrativo, para la secretaría, que debía ingresar las causas que se iban iniciando luego de la actuación policial. Se formaron equipos de trabajo y se asignaron tareas específicas al interior de cada una de dichas secretarías, con la intención de aminorar o regular el impacto conformado por los inconvenientes y las vicisitudes atribuidos a la virtualidad: desde la carencia de computadoras hasta los problemas para instalar el software, pasando por las incompatibilidades entre los sistemas operativos o las dificultades derivadas de tareas de cuidado. Todo esto permite poner de manifiesto el vínculo entre la inercia y la innovación que postulara Howard ^{Becker (2009)}:

Uno puede hacer lo que se le venga en gana, pero el costo es alto. Cuanto más quiera alejarse del paquete estándar, más se va a dar cuenta de que al estar todo conectado... Es poco sorprendente, entonces, que mucha gente decida hacer las cosas como siempre se han hecho [...]. Quizás esto no se parezca tanto al ejercicio del poder como imaginábamos, pero lo es y en su forma más insidiosa: la estructuración de las elecciones como para hacer aparecer una de ellas como 'obvia'. Por otra parte, queda en claro que este no es un poder tan extremo como para impedir que la gente innove. Siempre parece que hubiera suficiente gente alrededor como para que las cosas se muevan un poco, suficiente gente con ideas nuevas y la energía para probarlas. (p. 108)

Las circunstancias exigían cambios, y esos cambios fueron realizados con el objetivo de economizar tareas y esfuerzos, o lo que es lo mismo, de que no se dilapidaran recursos para llevarlos adelante. En definitiva, las innovaciones fueron llevadas a cabo porque surgieron nuevos repertorios de acción, dado que no había respuestas preestablecidas frente a lo que sucedía con la pandemia. Sin embargo, la pretensión de encontrar formas más sencillas y operativas, ligadas al poder de la inercia, también estuvo presente. Dice uno de los entrevistados que:

Dentro de nuestra secretaría, no sé si el resto lo trabajo así, armamos dos grupos. Separamos la secretaría en dos. Como era dos días cada secretario, un día un grupo y otro día el otro grupo con cada secretario [...]. Lo hablamos, a todos les pareció bien, o no manifestaron tener alguna opinión importe en contra. Y sí escuchamos para armar los grupos a ver si alguno tenía un condimento especial. No sé, yo no tengo computadora entonces ponerle en el grupo donde la mayoría tenía computadora y que él se encargue de reclamar por teléfono. Para armar esos grupos fuimos consensuando. (Entrevistado 5, comunicación personal, 2021)

Como se puede observar, otra cuestión a la que se prestó atención fue a la afinidad, a la vez que se escuchó al personal administrativo para armar los equipos de trabajo y distribuir tareas. En este sentido, los diferentes conocimientos de quienes trabajan en la justicia penal parecen haber influido en la puesta en común de sus conductas de cara a la nueva realidad por la que estaban atravesando. Son esos conocimientos los que producen la textura fina de los tribunales, la cual surge a partir de relaciones que mucho tienen que ver con aspectos singulares de sus integrantes, aquello que ^{Thévenot (2016)} define como un régimen de involucramiento en lo familiar guiado por convenciones personales. Según uno de los entrevistados:

El juez que dirige este juzgado es un tipo dispuesto a escuchar y consultar todo. Por ejemplo, hace poquito hizo un diagrama para que no vengamos a laburar todos el mismo día para no contagiarnos. Nos hizo alternarnos, y algún secretario le dice ché, pará, no alternes tanto. Dejame ir al laburar el día que van mis empleados así por lo menos puedo charlar directamente con ellos los expedientes... Bueno así se toman las decisiones. Como estas, todas. (Entrevistado 7, comunicación personal, 2021)

Esta escucha y diálogo obedecería al estilo de conducción de los Jueces que, a la vez de ofrecer espacios de autonomía y decisión a los secretarios (^{Sarrabayrouse Oliveira, 1998}), promoverían, o incluso instaurarían, un entorno de horizontalidad, más allá de mantener su posición conservando la última palabra. En esta gestión que podríamos llamar filo-simétrica, parecen combinarse convenciones ligadas a la organización de los grupos en la oficina junto a acciones ventajosas, es decir, al hecho de que quien está en un rango superior identifique como exitoso el desarrollo de cierta autonomía por parte de secretarios. A su vez, parece factible considerar que este tipo de esquema transversal no solo se apoya en una postura que idealiza el empodera-miento de los empleados, sino también en la practicidad que genera en el día a día que haya ciertos marcos consensuados de independencia, produciéndose lo que el mismo ^{Thévenot (2016)} caracteriza como el vínculo entre las convenciones colectivas y las conveniencias personales¹⁹.

EL OFICIO DE ESTANDARIZAR

Según el código procesal vigente en el sistema federal²⁰, las causas penales se originan por prevención policial o requerimiento fiscal. El primer caso tiene lugar cuando una persona es detenida por la policía debido a la presunta comisión de un delito en flagrancia, mientras que el segundo caso ocurre cuando el representante de la Procuración General promueve el inicio de un caso sobre la base de una denuncia realizada en la Cámara de Apelaciones, la Fiscalía o en el juzgado de turno (Código Procesal Penal de la Nación, 1991, arts. 180 y 188). El ingreso de causas, luego de registrarse en el sistema informático Lex-100 con el que trabaja el poder judicial de la nación, y en libros que les otorgan un número determinado, se traduce en expedientes cuyo trámite es encomendado a un integrante del juzgado en particular.

Como consecuencia de esta modalidad, la literatura especializada sostiene que "la causa pasa a tener un dueño: el empleado encargado de seguir su trámite. Es decir, deja de ser 'el expediente n° tanto para convertirse en 'la causa de x empleado'" (^{Sarrabayrouse Oliveira, 1998}, p. 50). Es este empleado o empleada, en definitiva, quien se ocupará de tomar declaraciones, practicar medidas de prueba y proyectar los despachos o resoluciones que permitan, bien cerrar el caso en la etapa de instrucción, bien enviarlo a juicio.

Durante la pandemia, y especialmente mientras rigió la cuarentena, las causas penales que usualmente tramitaban en los juzgados federales, tales como infracciones a la ley de drogas, estafas en perjuicio de la administración pública nacional, casos de trata de personas, entre otras, mermaron significativamente. La escalada inédita del volumen de trabajo estuvo protagonizada por los incumplimientos a las restricciones tomadas por el poder ejecutivo con el fin de evitar la propagación de la COVID-19. Tal como lo sugiere el siguiente testimonio:

Inicialmente no había otra causa que no sea vinculada a la cuarentena. En el primer turno de abril parecía que no había más delitos que no fueran esos. Prácticamente no teníamos intervención por otro hecho. Incluso hasta en procesos en trámite que teníamos vinculados, que se yo, a alguna investigación relacionada con el tráfico de drogas, o algún seguimiento, veíamos que se habían paralizado esas actividades. Qué se yo, por escuchas telefónicas te dabas cuenta que no había movimiento. Hubo como un parate general del delito en los primeros tiempos. (Entrevistado 4, comunicación personal, 2021)

Este escenario, caracterizado por el ingreso casi exclusivo de casos por infracción a las prohibiciones sanitarias, llevó a los actores judiciales otra vez a innovar en el marco de su trabajo cotidiano, más en concreto, a apartarse de la asignación tradicional de los expedientes en empleados en particular. En este sentido, afirma un entrevistado: "son causas sencillas. Y como son muy similares, se buscó la manera de sistematizarlas o tramitarlas todas de la misma manera. Son causas específicas que se dan para estandarizar" (Entrevistado 1, comunicación personal, 2021).

Dicha estandarización emergente derivó en una suerte de gestión colectiva de los expedientes, en cuyo marco se organizaron los equipos de trabajo que, de acuerdo con los testimonios de los mismos actores judiciales, permitieron aminorar el impacto del caudal de causas. De esta manera, los casos no tuvieron un integrante del juzgado encargado de seguir su trámite de principio a fin, sino que cada empleado o empleada fuese responsable de una tarea específica que repercutía sobre el total de las causas. Esto supone un nuevo tipo de compromiso que se parecía más al de una cadena de montaje que al de un actor judicial propietario del expediente respecto del cual forjaba un vínculo más directo. Dice un entrevistado:

Yo hacía las consultas, esas consultas las giraba a un prosecretario que se encargaba de hacer el monitoreo de ingreso al sistema del poder judicial, o sea a darle un número de causa dentro del poder judicial a cada sumario y a hacer el reclamo con un grupo de trabajo... La otra prosecretaria se encargaba de analizar ciertas denuncias, como por ejemplo fiestas clandestinas o algo que podía ser distinto a una prevención de un 205 en la vía pública. No sé, una denuncia de un geriátrico, determinadas cuestiones más puntuales. (Entrevistado 3, comunicación personal, 2021)

En resumidas cuentas, los expedientes se fueron administrando en conjunto, y aun en los supuestos en que se necesitó proyectar un despacho o resolución, como lo fue la devolución de los vehículos secuestrados a pedido de sus propietarios²¹, tampoco se destinó a una persona en particular. Al menos no se otorgó con el nivel de autonomía que existía en las causas ordinarias respecto de las cuales el empleado o empleada, como ya se mencionó, se adueña del expediente y se convierte en su propietario (^{Sarrabayrouse Oliveira, 1998}). De hecho, en el común de los casos los expedientes quedan bajo la guarda de las y los actores judiciales propietarios en sus casilleros o estantes, mientras que aquellos formados por infracción a las restricciones sanitarias a partir de la COVID-19 fueron acomodados en espacios de acceso colectivo, es decir, al alcance de todo aquel o aquella que tuviese que hacer un despacho de acuerdo con la tarea concreta que se le había consignado.

Otro elemento distintivo es que la estandarización emergente, derivada de la gestión colectiva de estos expedientes, no condujo generalmente a una resolución que permitiera la opción de cerrar el caso en la etapa de instrucción o la de enviarlo a juicio. Estas causas, las del artículo 205, según los mismos integrantes de la justicia, no se tocaron, puesto que existió una decisión de no avanzar. Así las cosas, los únicos movimientos que se generaron fueron para darle trámite a los pedidos de restitución de autos y motos secuestrados, o para sobrellevar alguna circunstancia puntual que a juicio de las y los actores judiciales les impedía mantenerlos paralizados. Ese fue el caso de las causas con personas detenidas por infringir la cuarentena, sea por haber cometido otro delito, sea porque tenían un antecedente condenatorio previo que, a criterio de las y los secretarios que atendían las consultas, no les permitía otorgar libertades por comisaría, exigiéndose una decisión sobre su situación procesal en el expediente.

Las causas las tenemos en la etapa inicial. Más allá de haber resuelto lo urgente, como la entrega de los autos y otros locales o cualquier cosa sobre la que se había dispuesto una medida cautelar, las tenemos todavía para estudiar porque son mil casos en los cuales habría que avanzar desde las indagatorias hasta ir resolviendo cada situación. Es un tema que bueno, incluso, queremos ponernos de acuerdo con los fiscales y los otros jueces de la jurisdicción para adoptar criterios uniformes. (Entrevistado 4, comunicación personal, 2021)

Así entonces, se observa nuevamente en las expresiones de las y los actores judiciales entrevistados la relevancia del trabajo en común y la búsqueda de acciones coordinadas con base a una pluralidad de compromisos (^{Thévenot, 2015}), como lo sería el de lograr criterios uniformes en un contexto atravesado por un caudal de trabajo excepcional que demandaba agilidad. De allí la idea de que frente a mil causas buscar uniformar criterios nos va a servir para optimizar el trabajo y evitar un dispendio que pueda significar apelaciones. Cabe destacar, además, que el movimiento de los expedientes supeditado a la espera de los consensos con otros jueces o fiscales no solo procuraba evitar pérdida de tiempo que conspiraba contra el ideal de optimizar el trabajo. También permitía aguardar una eventual decisión de la Cámara de Apelaciones que pudiera definir una línea determinada frente a criterios disímiles de los Tribunales inferiores.

Es bueno este momento para ver cómo evolucionaba la pandemia para ver en todo caso cómo encararlo [...]. Sé que otros juzgados ya tomaron decisiones desincriminatorias, pero hay que tener cierta prudencia. Es algo que todavía no terminó. Hay que tener cierto cuidado con lo que se va a decidir. (Entrevistado 8, comunicación personal, 2021)

Por otro lado, es interesante señalar que para las y los actores judiciales esta espera no vació de sentido la actuación de la justicia penal a la que pertenecen, lo cual permite delimitar en parte cuál es la tarea que esta última debe realizar a nivel social según sus propios integrantes. En trabajos previos indagamos acerca de qué piensan las y los operadores jurídicos respecto de por qué castiga concretamente una comunidad, es decir, cómo -en el marco de sus funciones- las y los miembros de la justicia penal transforman en judicial el problema social del castigo (^{Kostenwein, 2021}). Todo esto nos parece importante porque al individualizar los parámetros a partir de los cuales los actores judiciales terminan resolviendo causas penales específicas, se puede analizar con mejores herramientas las decisiones que toman.

Las causas tuvieron un efecto más bien preventivo que otra cosa. En definitiva, la persona que estaba incumpliendo el aislamiento tenía su privación de libertad, aunque sea breve, tenía su consecuencia en cuanto al secuestro de su vehículo y bueno existía por lo menos en la sociedad un mensaje de que había que cumplir este aislamiento. Esto ayudó a que no saliera tanta gente a la calle. (Entrevistado 4, comunicación personal, 2021)

Como se puede observar, en el marco de la COVID-19 y sus restricciones, la respuesta penal sigue teniendo para quienes se desempeñan en el ámbito judicial funciones significativas. Una respuesta represiva para quien incumplió con el aislamiento exigido, y una pretensión disuasiva para que el resto de la gente no saliera tanto a la calle. En definitiva, las detenciones aun con su brevedad y el secuestro de los vehículos habrían contribuido a que los infractores recibieran una consecuencia por la incorrección de sus actos que, al mismo tiempo, servía como mensaje a la sociedad de que la cuarentena debía ser cumplida.

LOS INSUMOS JUDICIALES DE LOS SECUESTROS

Tal como lo venimos reflejando, a partir de la imposición de la cuarentena se cristalizaron una serie de restricciones, entre las cuales tuvo una importancia considerable el secuestro de vehículos. Al respecto, la policía tenía la obligación expresa de retenerlos en caso de constatar que circularan sin permiso (Decreto 297, 2020, art. 4) mientras que la Procuración General emitió una instrucción para que las fiscalías promovieran medidas cautelares ante los juzgados para garantizar el decomiso, así como la retención de las llaves y la documentación habilitante para circular (Resolución PGN 27, 2020). En función de ello, los secuestros fueron numerosos durante los primeros meses de la pandemia, si bien comenzaron a disminuir con el correr del tiempo, a tal punto que en los últimos decretos del Poder Ejecutivo no se hizo mención alguna sobre dicha obligación policial (Decreto 235/21, 2021).

En este apartado nos importa recuperar lo que las y los actores judiciales tienen para decir sobre tres cuestiones: los modelos de autos y motos que solían ser retenidos, la actitud que asumían las personas a las que se les realizaba el secuestro, y cuál era la respuesta que la justicia ofrecía acerca de esto último.

Si bien hay testimonios que no hacen distinciones acerca de los modelos, la mayoría señala que se trataba de vehículos estándar, en el sentido de que no se incautaban autos o motos de alta gama, sino motos normales, autos normales.

En el turno de julio, los contabilicé, fueron nueve autos y treinta motos de los cuales, los nueve autos se devolvieron, ocho o nueve se devolvieron, no hubo ningún problema, y motos se devolvieron cuatro, el resto quedaron porque ni siquiera las vinieron a requerir la devolución. Pienso yo por alguna problemática de papeles... no había ni motos ni autos de alta gama, en líneas generales. Eran motos normales, autos normales, de uso diario. No tengo recuerdo de haber secuestrado un BMW. Las motos eran de cilindradas no mayor a ciento cincuenta, utilizadas por chicos que quizá salgan a trabajar, a dar una vuelta, a pasear... y esto porque la prevención estaba orientada hacia cierto público. (Entrevistado 3, comunicación personal, 2021)

Se secuestraban mayormente motos... y yo no conozco de modelos. Te diría intuitivamente que suelen ser las motos de tipo de delivery o la honda econo-power, me acuerdo que es una típica que se usa mucho, o más tipo CG, motos bien de repartidor de Rappi o parecidos. (Entrevistado 5, comunicación personal, 2021)

Esto es interesante porque, tal como lo sugiere ^{Molotch (2003)}, los objetos pueden ser considerados como relaciones sociales que se vuelven durables. En este caso, a partir del secuestro, los vehículos en cuestión desencadenan relaciones tanto sociales como judiciales, puesto que no solo dan inicio a un proceso penal, sino que también permiten a las y los actores judiciales emitir opiniones acerca de dónde provienen sus dueños, para qué utilizan sus vehículos o, incluso, para quienes están pensadas las prevenciones.

Una cuestión importante es que el secuestro se dio más en motos que en automóviles, y que en dicho contexto las y los integrantes de la justicia penal parecen inclinarse a pensar que las motos son empleadas, al menos principalmente, para trabajar. En sus propias palabras, son ""utilizadas por chicos que quizá salgan a trabajar" (Entrevistado 5, comunicación personal, 2021) o lo que es parecido, motos bien de repartidor de Rappi. Esto es llamativo porque una de las asociaciones más frecuentes que suele realizarse entre motos y sectores con privaciones socioeconómicas persistentes ha sido la figura del "motochorro", más en concreto, la de visualizar a estos vehículos como una herramienta para cometer delitos²². De hecho, algunas investigaciones han señalado que desde una mirada prudencialista, "un motochorro es un pibe chorro motorizado esperando la mejor oportunidad, seleccionando la próxima víctima" (^{Rodriguez Alzueta, 2016}, p. 163).

En los testimonios de las personas entrevistadas acerca del tema parece haber una inversión en aquello en lo que se transforma el objeto moto: se lo identifica -en particular a las motos de gama estándar- con el trabajo y no con la sospecha de alguna modalidad delictiva. Con esto no queremos sugerir que la imagen estigmatizante del "motochorro" sea predominante a nivel social ni que las y los actores judiciales carezcan de prejuicios al respecto, sino insinuar un posible desplazamiento del significado de la moto normal como objeto a partir de los secuestros en el marco de la cuarentena. Tal como se preguntaba ^{Benzecry (2007)}, ¿en qué se convierte el objeto?, ¿qué explica la transición hacia otro artefacto diferente? A modo de conjetura, parece que la moto modesta pasa a ser un indicio de trabajo -y en algún aspecto, tal vez de esfuerzo- y no la señal difusa de un elemento consagrado a lo ilícito. Esto último permite plantear que los objetos tienen un carácter dinámico que puede cambiar su significado, reconfigurándose el sentido que las personas, en nuestro caso los actores judiciales, le adjudican a los mismos.

CONCLUSIONES

Con este trabajo buscamos ofrecer un aporte al campo de las investigaciones empíricas que se vienen desarrollando en Argentina sobre la justicia penal con el objetivo de consolidar un ámbito de estudios sobre sus lógicas de funcionamiento. En este sentido, indagamos en algunos de los cambios que ocasionó el surgimiento de la COVID-19 en el seno de la mencionada justicia penal. Para ello nos concentramos en su fuero federal, el cual tuvo a su cargo la persecución de las infracciones a las medidas dispuestas para impedir la propagación de los contagios, optando por un enfoque cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas a quienes despliegan los cargos más relevantes de conducción y dirección.

En el primer apartado propusimos considerar a la COVID-19 como un hecho judicial total, en el sentido que se produjeron hacia el interior de la justicia penal una serie de acontecimientos específicos que generaron diversas alteraciones y nuevas formas de adaptación respecto de esas alteraciones. En otras palabras, lo colectivo y lo individual se combinaron para dar lugar a una nueva realidad, tanto en la institución judicial como para las y los operadores jurídicos que la componen.

Posteriormente, en el segundo apartado, nos enfocamos en las derivaciones del trabajo remoto junto a las innovaciones que este último provocó: desde trámites que se realizaban en soporte papel hasta otros que se generaban en formato digital en tiempos en mucho más acotados. Según los propios actores judiciales, se trató de modificaciones positivas en términos generales, ya que la celeridad y la digitalización conformaron un tándem con resultados favorables. Incluso, sugerimos que la excepcionalidad de la situación vinculada a la pandemia facilitó el avance sobre un reclamo previo acerca de la supuesta lentitud e ineficiencia en la administración de justicia.

También señalamos la relevancia que parece tener para las y los operadores jurídicos el trabajo en común que surge de una pluralidad de compromisos: al respecto, parece ganar terreno el argumento según el cual en la esfera judicial no solo hay jerarquías u órdenes a cumplir, sino también esquemas de cooperación que resultaron importantes para gestionar algunas de las incertidumbres producidas por la COVID-19.

Hubo también algunas modificaciones vinculadas al trabajo remoto que para ciertos actores judiciales supusieron obstáculos, tal es el caso de la falta de límites en el horario en el que se prestaban las tareas, lo cual desestabilizó el trasfondo sobre el que se organiza parte de la vida cotidiana de los integrantes de la justicia penal. En segundo lugar, aquello que definimos como el problema del "acceso a lo judicial", es decir, la dificultad que surgió para definir criterios mancomunados sobre el avance de causas al no haber contactos cara a cara entre las y los actores judiciales.

También mencionamos que otra de las fuentes de desconcierto que facilitó puntos de cooperación entre las y los actores judiciales se relacionó con el incremento significativo de causas. Es interesante que el mayor caudal de trabajo generó que compartieran información y experiencias acerca de la nueva coyuntura, lo que puso de relieve la existencia de redes de colaboración que parecen atravesar el ámbito laboral de las y los actores judiciales. En el marco de circunstancias apremiantes que limitaron sus marcos habituales de acción, las y los miembros de la justicia penal intensificaron la comunicación con sus colegas, efectuando acuerdos activos que nacieron del esfuerzo para enfrentar un nuevo mundo judicial que se estaba instituyendo. Esto último exigió cambios que fueron realizados, además, con la intención de economizar tareas y esfuerzos a partir de un entorno de horizontalidad: un esquema transversal que no solo se apoyaba en una postura idealizada del empoderamiento de los empleados y empleadas, sino también en la ventaja que generaba que haya ciertos marcos acordados de autonomía para la realización de las tareas cotidianas.

En el tercer apartado vimos cómo se pasa de una gestión individual a otra colectiva de las causas como consecuencia de un nuevo cambio en el trabajo cotidiano de la justicia penal: aludimos a una estandarización emergente que permitió aminorar el impacto del caudal de causas. Esto supuso que los casos no tuvieran a un integrante del juzgado responsable de seguir una causa de principio a fin, sino que hubiese responsabilidades específicas a lo largo de todo el trámite. De esto surgió un nuevo tipo de compromiso que se asemejaba más a una cadena de montaje y no tanto al del actor judicial propietario del expediente.

Otra cuestión relevante de esta estandarización emergente es que la resolución de las causas no se daba ni en la etapa de instrucción ni tampoco eran enviadas a juicio, y que los pocos movimientos que se realizaban tenían como objetivo darles trámite a las solicitudes de restitución de autos y motos secuestrados. No obstante, esta inmovilidad no vació de sentido el trabajo de la justicia penal para sus integrantes, lo cual ayuda a interpretar qué tarea social le asignan estos últimos a la institución a la que pertenecen.

En el cuarto apartado enfatizamos en los secuestros de vehículos, recuperando lo que las y los actores judiciales expresaban sobre los modelos de autos y motos que eran retenidos, sobre la reacción de quienes padecían el secuestro, y sobre la respuesta que la justicia brindaba al respecto. Acerca de los modelos, la mayoría de los testimonios señalaron que se trataba de vehículos estándar, si bien el secuestro se dio más en motos que en automóviles. Como cuestión a destacar es que las y los integrantes de la justicia penal se inclinaron por pensar que las motos eran usadas, en lo fundamental, para trabajar, alejándose de la postura más estigmatizante asociada a la figura del motochorro. En otras palabras, la moto modesta resulta ser más un indicio de empleo y esfuerzo antes que un elemento consagrado a lo ilícito.

Las otras dos cuestiones -si las personas reclamaban la devolución de sus vehículos y qué respuesta generaba el ámbito judicial- estaban articuladas en los hechos. Lo más importante para los operadores jurídicos tenía que ver con el tipo de vehículo junto al estrato social de sus propietarios. A su vez, cuando la devolución fue requerida no hubo por parte de los operadores jurídicos un criterio unívoco: las respuestas diferían de un juzgado a otro, inclusive entre sus mismas secretarías. Esto probablemente tenga cierta relación con dos visiones acerca del secuestro como insumo del trabajo judicial: una más cercana a la exigencia de poner en forma al derecho de secuestrar y otra preocupada por llevar a la práctica al derecho de secuestrar, distinción que más en general parece existir entre juristas teóricos y juristas prácticos.

En definitiva, con este trabajo avanzamos desde diferentes cuestiones que pueden plantearse en nombre de la COVID-19 a explorar y analizar qué ha dicho la justicia penal acerca de la COVID-19, o más relevante todavía, qué le ha hecho decir la justicia penal a la COVID-19.