Visitando brevemente los orígenes del trabajo social, para pensar el presente y proyectar el futuro

En Colombia el trabajo social¹ surgió en medio de un contexto económico, político y social convulsionado que caracterizó el país en la primera mitad y en el tránsito a la segunda del siglo previo. Un contexto de profundas desigualdades sociales y de injusticias que no sólo implicaban las clases sociales, sino que trascendían a otras dimensiones de la vida social, tales como las relacionadas con los derechos civiles y políticos de las mujeres. Un contexto en el que la religión católica ocupó un lugar protagónico, más allá de lo propiamente religioso y de las decisiones privadas de los sujetos en torno a asumir o no un credo y cuál asumir.

En la primera mitad del siglo XX, los efectos de los nacientes procesos de urbanización e industrialización -la pobreza con sus múltiples manifestaciones, la situación de los obreros de la época y de sus familias-, emergían como problemas sociales de primer orden, que demandaban respuestas gubernamentales.

La gran depresión económica iniciada en 1929 y el fin de casi medio siglo de gobiernos conservadores […] plantearon el reto de conjurar los efectos de la crisis […] en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) […] reformas en varios frentes: constitucional, agrario, tributario, educativo, laboral, judicial y de relaciones exteriores […] libertad de conciencia y de cultos […] derecho a la huelga, se elevaron los recaudos del Estado […] mecanismos de protección a la maternidad […] la modernización […] de la educación […] medidas que se insertaron en nacientes procesos económicos de tipo capitalista y las relaciones sociales correspondientes. (^{Cifuentes y Gartner, 2006}, p. 12)

Esa convulsionada sociedad colombiana de la primera mitad del siglo anterior dio origen a profundas transformaciones en todos los campos, en medio de complejas luchas por el modelo estatal, protagonizadas principalmente por liberales y conservadores. A los cambios que vivía el país en la época, ^{Uribe (2001)} los define como una crisis de crecimiento

la agudización de los conflictos, la polarización de fuerzas, los desajustes sociales, la transformación de mentalidades, de actitudes y de comportamientos; crisis que […] vienen acompañadas de violencia y de confrontaciones agudas y también del surgimiento de nuevas alternativas políticas². (p. 61)

Es en ese país agitado, atravesado por múltiples violencias y, al mismo tiempo, por vientos de cambio, en el que se gestó la primera escuela de servicio social con una orientación correspondiente a los retos propios de la época. Con respecto a los propósitos de la naciente profesión en el país, decía María Carulla en entrevista con el diario El Tiempo, el 22 de octubre de 1937³: “Trabajar por levantar el nivel moral, cultural, económico e higiénico y prestar apoyo necesario para que aquellos que son menesterosos, puedan usufructuar de las instituciones que la sociedad tiene organizadas con el fin de conseguir una mayor Justicia Social”⁴. (El Tiempo como se citó en ^{Cifuentes y Gartner, 2003}, p. 36).

Además de la atención a los problemas gestados en la sociedad de la época, como fruto de las complejas condiciones de injusticia económica, el surgimiento de la escuela de servicio social responde a otro tipo de tensiones generadas en persistentes injusticias de carácter político y cultural, enraizadas no sólo en las jerarquías de clase social, sino en la estructura patriarcal de la sociedad. Ello es, las limitaciones para la inserción de las mujeres en la vida económica, la participación social y política y el ingreso a la educación superior. Con respecto al último asunto, decía la primera estudiante graduada de la escuela: “No era fácil elevar a nivel universitario a una mujer para quien no existía el bachillerato” (María Carrizosa de Umaña como se citó en ^{Cifuentes y Gartner, 2003}, p. 30).

Así, aunque con un discurso fuertemente influenciado por los preceptos de la iglesia católica y sin entrar en frontal contradicción con las atribuciones tradicionales de género, esta escuela abre compuertas a procesos de transformación de los roles de las mujeres en la conservadora sociedad colombiana. Abrir una escuela de nivel universitario para mujeres⁵, que logra fuerte inserción institucional y social a través de las investigaciones y de las prácticas de las estudiantes y del ingreso al mundo laboral de las egresadas, fue un significativo desafío para la época.

En esta dinámica, cambiante y confusa realidad surgió la primera escuela, en cuya propuesta fundacional […] se reflejaron las tensiones políticas propias de la época, en tanto se imbricaron nociones del proyecto político conservador (el fundamento religioso y ciertas legitimaciones éticas y culturales de corte tradicionalista), con preceptos del proyecto modernizador liberal, fundamentado en los valores de ciudadanía, derechos civiles, libertades y desarrollo económico […] sustanciales cambios en la dinámica y en el ordenamiento social (en las formas de tramitación de las inconformidades y en la organización social) y en el que la legitimidad de los partidos políticos empezaba a agrietarse. (^{Cifuentes y Gartner, 2006}, p. 13)

Esta breve visita a los orígenes del trabajo social en el país apenas abre la puerta a la tradición, no para sobredimensionarla, sino para comprendernos en su devenir y para proyectarnos en conversación con nuestro acontecer histórico. Al decir de ^{Gadamer (2005)},

el contenido de la tradición entra en juego y se despliega en posibilidades de sentido y resonancia siempre nuevas y siempre ampliadas de nuevo por su nuevo receptor. Cuando la tradición vuelve a hablar, emerge algo que es desde entonces, y que antes no era. (p. 553)

Se trata, por tanto, de preguntarnos en clave histórica al tenor de la realidad actual, sobre nuestra responsabilidad presente y futura. Se trata de interpelarnos frente a esa realidad que, tanto se parece y tan diferente es de aquella que posibilitó el surgimiento de la profesión en el país; esa que nos asoma complejos retos que hemos de encarar intergeneracionalmente hoy y que seguirán asumiendo las nuevas generaciones de trabajadores sociales en su ejercicio profesional de mañana.

Así, de la mano de Gadamer, daremos un salto de ocho décadas, para referirnos al trabajo social colombiano en el contexto de los retos con relación al proceso de construcción de paz. Lo anterior desde una mirada de la justicia social.

Justicia en tiempos de transición

Las luchas por el reconocimiento tienen lugar en un mundo de desigualdades materiales exacerbadas: en cuanto a la renta y la propiedad, en el acceso al trabajo asalariado, la educación, la asistencia sanitaria y el tiempo de ocio […], en el consumo de calorías y la exposición a la toxicidad medioambiental […] en las expectativas de vida y las tasas de enfermedad y mortalidad. La desigualdad material va en aumento en la mayoría de los países […] está aumentando globalmente, y de forma más acentuada de acuerdo con la línea que divide el norte del sur. (^{Fraser, 1997}, p.18)

[…] el modelo occidental […] extiende su influencia por todos los continentes, se percibe como un modelo en crisis, incapaz de resolver los problemas de la pobreza […], incapaz de acometer graves problemas como el paro, la delincuencia, la droga y muchos otros. (^{Maalouf, 2002}, p. 97)

Cuando como trabajadoras sociales que participamos de la formación de las nuevas generaciones de profesionales nos enfrentamos a la reflexión acerca de los retos que el momento histórico nos está planteando, nos vemos compelidas a buscar en la historia del trabajo social claves para esclarecer nuestra responsabilidad social, en tanto profesión que se interpela desde la justicia como principio, como fin, como enfoque, como campo de investigación y de acción profesional. En un país como el nuestro en el que estamos frente a la compleja tarea de transitar de una larga guerra, a dirimir los conflictos sociales por la vía de la política, se impone pensar en clave de justicia social. Esta, necesariamente, involucra reparación y garantía de derechos a las víctimas; reconocimiento de responsabilidades, esclarecimiento de la verdad, quizás, sería mejor decir, parafraseando a ^{Hilb (s.f)}, la construcción de una verdad más compleja, aceptación de responsabilidades y de las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, según un complejo balance entre respeto al ordenamiento jurídico y preeminencia del derecho a la paz. Todo ello es necesario mas no suficiente para el tránsito que como sociedad debemos dar.

Este tránsito, como se repite a menudo, con el riesgo de convertirse en cliché, debe fundamentarse en una paz con justicia social. Más allá del debate sobre la aplicación de la ley a los culpables de crímenes de guerra, esta noción nos obliga a pensar en las injusticias que permean la vida social hoy, que no distan mucho de las que marcaron el origen del conflicto armado y, más atrás, el surgimiento de la primera escuela de servicio social. Estas se erigen como los mayores obstáculos para la construcción de paz, obstáculos aún más poderosos que los detractores del actual proceso.

Hoy, como hace ocho décadas, la desigualdad y las injusticias sociales permanecen sin resolver, tal vez sería mejor decir que se han acentuado y se han complejizado. Basta con sólo echar una mirada a algunos temas tan sensibles a la vida social como la salud, la educación, el empleo, la situación del campo y los problemas ambientales, para entender la magnitud de la crisis por la que estamos atravesando. Las violencias, más allá de los territorios de conflicto, se entronizaron en la vida social; la corrupción corroe la vida institucional y política y da paso a una crisis moral de devastadoras consecuencias sociales; la desconfianza, el miedo y una compleja mezcla de polarización e indiferencia campean en la vida social erigiéndose como obstáculos monumentales a la participación ciudadana y al ejercicio de la política como medio de construcción colectiva de la vida social (uno sólo de los múltiples ejemplos que tenemos a disposición en la vida diaria es suficiente evidencia de ello, el asesinato de líderes sociales que significa, además de la invaluable pérdida de vidas, el menoscabo de las organizaciones). El país se debate en una encrucijada política en la que se asoman vientos encontrados de cambio y de continuidad, entre los cuales, el tema de los acuerdos gobierno-insurgencias (el logrado con las FARC/EP y el que está en proceso con el ELN) se erige como lugar de enfrentamiento entre detractores y defensores. En este caldeado clima político-social, estamos ad portas de una contienda electoral compleja y tenemos la tarea de trascender del tema de los acuerdos (blindando estos), a la construcción de lo que se ha dado en llamar “paz con justicia social”.

Cuando decimos justicia en este momento histórico, es obligado el tema en relación con los acuerdos. En esta perspectiva, en un intento arriesgado de síntesis de lo heterogéneo, podemos identificar posturas convertidas en “caballito de batalla” en la escena pública, que confunden al ciudadano corriente y tienden a aparecer como diferencias inconmensurables en el debate político, a saber:

Al decir atrás que la justicia restaurativa es “necesaria pero no suficiente”, estamos hablando de que “la paz con justicia social”, hace alusión no sólo al castigo a los responsables de crímenes de guerra y a la reparación posible (es indudable que hay daños irreparables) e indispensable a las múltiples víctimas, sobrevivientes del conflicto armado. Pensar la justicia, como ‘social’, implica reconocer la desigualdad social, la exclusión, la opresión, la dominación, las violencias, las jerarquías de poder en las que se incardinan todas esas injusticias (^{Foucault, 1992}). En fin, todo aquello que sirvió de caldo de cultivo para la emergencia del conflicto armado y que ha posibilitado que este se extienda por décadas. Ello es, injusticias que involucran no sólo las privaciones o inequidades en el plano de lo material, sino también en la esfera de lo simbólico y en el ejercicio del poder. Estas injusticias, como decíamos al comienzo de este acápite, no sólo no se han resuelto, sino que se han agudizado y complejizado en el país. De esta manera, “la paz con justicia social” involucra condiciones como el enfoque territorial, el enfoque diferencial, el enfoque de género, la garantía de derechos la participación política. Ello, con respecto a los acuerdos de La Habana, ha sido objeto de férrea oposición por ciertos sectores del país que leen en esta perspectiva una amenaza. Sin embargo, dado el panorama de injusticias, tanto derivadas de la guerra como de la estructura social, transitar el azaroso camino de la construcción de paz supone que esta hunda sus raíces donde se han arraigado las injusticias para socavarlas, es decir, que involucre la estructura económica, social, política y cultural del país. Se trata de una paz sustentada en una perspectiva plural de justicia social, pues, como lo propone ^{Waltzer (2001)}, “Los principios de la justicia son en sí mismos plurales” (p. 113).

Justicia social, condición para la paz

Para sustentar en el acápite final la responsabilidad de trabajo social con la investigación y la acción en la construcción de paz fundamentada en una noción de justicia social, que involucra pero trasciende el enfoque de justicia transicional, partiremos de una breve ubicación teórica del tema; en conversación con desarrollos actuales sobre justicia social, nos referiremos a dos tipos de justicia que enfrentan a teóricos contemporáneos (comunitaristas, multiculturalistas, liberales, socialistas), trenzados en agudos debates académicos acerca del tema. De los muchos que han participado en tales debates nos apoyaremos, fundamentalmente, en lo argumentado por Iris Marion ^{Young (1990}, ¹⁹⁹⁸, ²⁰⁰⁰, ²⁰⁰³⁾, ^{Fraser (1997}, ¹⁹⁹⁸, ²⁰⁰¹, ²⁰⁰³⁾ y ^{Fraser y Axel Honneth (2006)}. Estos autores coinciden, a pesar de sus enconadas diferencias teóricas, en reconocer que hay injusticias originadas en la estructura económica de la sociedad y otras referidas a la estructura político-cultural de la misma. Unas y otras, demandan respuestas que tienden a interferirse entre sí, pero que son ambas indispensables cuando el propósito es construir “paz con justicia social”. Las salidas a las injusticias socioeconómicas reclaman eliminar las diferencias, se trata de justicia redistributiva, orientada a avanzar en dirección a la igualdad. Las salidas a las injusticias culturales implican afirmar las diferencias, portadas por colectivos tradicionalmente estigmatizados y excluidos en las lógicas de la cultura dominante, por ejemplo, aquellos referidos a la raza, el género y la étnia; se trata de justicia como reconocimiento. Más allá de lo que pareciera una visión atrapada en un dilema dicotómico, redistribución- reconocimiento, los autores, cada uno por una vía diferente, buscan encontrar salidas abarcadoras a las injusticias sociales en las cuales leemos claves, en relación con el reto que nos convoca como trabajadores sociales y como ciudadanos colombianos. ^{Young (2000)} propone conceptualizar las injusticias en términos de dominación y opresión⁶, no reducir sus soluciones a lo meramente distributivo, ni extender la distribución a asuntos no materiales. Plantea que se deben reconocer las diferencias en vez de oprimirlas, ampliar y democratizar la noción de lo público, involucrar la ética del cuidado y desmantelar las jerarquías. Argumenta la necesidad de construir estructuras sociales e instituciones participativas que, de manera democrática, convoquen y favorezcan la expresión de voces diversas. ^{Fraser (2001)}, por su parte, propone lo que ella denomina una opción transformativa en términos tanto económicos como culturales, que involucre medidas de reconocimiento y de redistribución orientadas a producir profundas transformaciones en las estructuras tanto político-económica como cultural-valorativa. Honneth “pone el acento en el orden de lo moral y da primacía a la integración normativa, la individualización y la inclusión social a través de diferentes esferas de reconocimiento”⁷ (^{Cifuentes, 2008}, p. 125), amor, derecho y estima social. Estos autores, aunque se mantienen en el debate⁸, dada su adhesión a la teoría crítica, postulan un interés emancipatorio que involucra procesos socioeconómicos y políticos de amplio alcance transformativo, lo que sin duda nos compele como sociedad y nos interpela como profesión. Se trata, en todo caso, de un entendimiento de la justicia social cercano a lo político, que implicaría que sujetos y colectivos tuvieran más oportunidades de desplegar sus capacidades diversas y de participar libremente en un ámbito público democrático, en cuya construcción puedan cooperar sin que sus diferencias sean óbice para ello. En este ‘libremente’, es en el que cabe, más allá de lo moral, también lo ético en la noción ricoeuriana “[…] intencionalidad de la “vida buena” con y para otro, en instituciones justas”. (^{Ricoeur, 1996}, p. 176)

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que en el momento histórico actual del país el trabajo social tiene responsabilidad con el proceso de construcción de paz y esta pasa por un entendimiento de la complejidad de este y por una aproximación plural de la justicia que involucre la justicia restaurativa, la justicia redistributiva y la justicia como reconocimiento, es decir, un concepto que se aparte de los ideales de imparcialidad y universalidad postulados por el paradigma liberal dominante⁹. Se trata entonces de entender que la paz no se resuelve con los indispensables acuerdos gobierno-insurgencias, ni con procesos de reconciliación entre víctimas y excombatientes, esta involucra las distintas esferas de la vida social y nos compete a todos, instituciones y ciudadanos, no sólo porque la guerra se extendió de igual manera, sino porque la paz pasa por la construcción de la vida en común, en un contexto que antes que amenazarla la cultive.

Un breve cierre, invitación al compromiso con la tarea académica y política de la transición

Queremos cerrar aludiendo a Charles Dickens, quien escribe en el siglo XIX la novela “Historia de dos ciudades”. Esta inicia con una referencia a Londres y a París en el siglo XVIII, en los albores de la Revolución Francesa, aunque pareciera que Dickens habla de la Colombia actual:

Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminabamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual… (^{Dickens, 1859}, p. 1)

Pensar el trabajo social y la justicia social en tiempos de transición implica crear apuestas profesionales y ciudadanas que promuevan la participación social como posibilidades de encuentro, de diálogo y de movilización social alrededor de:

Como diría ^{Butler (2006)} estamos ante el reto de construir una ética de la cohabitación que permita una entrada a la convivencia por un lugar distinto al de la tolerancia, un ejercicio que transforme nuestras relaciones sociales y nos permita vivir en medio de las diferencias, pero, en condiciones de igual dignidad y garantía de derechos. Un proceso en el que, como ciudadanos, nos sintamos responsables, constructores y protagonistas del florecimiento de la esperanza, como un derecho vital, que no nos podemos dejar arrebatar. Ello nos conduce a darle vida a los sueños de un país más justo, igualitario y respetuoso de las diferencias, al decir de ^{Galeano (1996)}, el derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948 pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed.