El profesor Julio Prada Rodríguez es un reconocido especialista en el ámbito de la violencia política y la represión franquista, campo en el que ha publicado obras de referencia como De la agitación republicana a la represión franquista. Ourense (Ariel, 2006), La España masacrada (Alianza, 2010) o Franquismo y represión de género en Galicia (Los Libros de la Catarata, 2013). A diferencia de sus trabajos anteriores, centrados en la represión física, en esta investigación profundiza en uno de los aspectos menos conocidos de la misma: su dimensión económica.

A juicio del propio autor, varios son los factores que explicarían la menor atención dedicada por la historiografía a esta faceta represiva. En primer lugar, el hecho de resultar mucho menos «dramática» que la represión física con resultado de muerte o que el internamiento en de miles de personas en los diferentes centros de reclusión utilizados por el régimen, lo que hizo que las primeras investigaciones se centrasen en elaborar catálogos más o menos exactos de víctimas de esta modalidad represiva y contextualizar sus ejecuciones. En segundo lugar, la propia «incomodidad» que representaba para los poderes públicos y para una parte importante de la sociedad el hecho de que un buen número de personas se viesen implicadas en un proceso represivo que perseguía privar de sus bienes o de una parte de su patrimonio a personas que, en ocasiones, ni siquiera habían cometido un delito desde la particular óptica de los sublevados. Finalmente, la propia dispersión de las fuentes, que contrasta con la creciente apertura y catalogación de los archivos militares que custodian los miles de sumarios incoados contra los simpatizantes del Frente Popular.

Aun así, las diferentes modalidades que se engloban dentro de la «represión económica» han sido objeto de una atención creciente en los últimos años que viene a sumarse a las aportaciones pioneras de especialistas como G. Sánchez Recio, C. Mir o Álvaro Dueñas y a los numerosos trabajos de índole provincial que dedicaban contadas páginas a la exploración de un fenómeno que esconde realidades muy diversas. De hecho, el propio autor ya había abordado esta cuestión de forma sucinta en su tesis doctoral sobre la provincia de Ourense, brindándonos en esta ocasión una documentada obra que sitúa a Galicia a la altura de las otras dos Comunidades Autónomas, Aragón y Andalucía, que cuentan con investigaciones de ámbito regional.

Esta complejidad analítica, la dispersión de las fuentes y, en ocasiones, la escasa precisión de las mismas en lo relativo a determinadas manifestaciones explican la relativa frecuencia con la que unas y otras aparecen entremezcladas en algunas publicaciones, por lo que es de agradecer el esfuerzo por diferenciar de forma nítida entre ellas que realiza Julio Prada. Algo, por lo demás, común a otros aspectos de su ya larga trayectoria historiográfica en la que la preocupación por el rigor conceptual constituye una constante.

Ello no es obstáculo para que esas diferentes manifestaciones, a pesar de ser analizadas de forma individualizada (suscripciones patrióticas, exacciones económicas varias, multas, incautaciones de bienes y sanciones impuestas al amparo de la normativa de responsabilidades civiles y políticas), sean incardinadas y explicadas por el autor como parte de un único proceso global. Ello es así en la medida en que no solo se integraban dentro de lo que denomina el «imperio de la extorsión», sino que conformaban un todo con otras modalidades represivas a las que también ha dedicado su atención en otros trabajos (represión física, social, administrativa y psicológica), incidiendo así en el carácter sistémico y omnicomprensivo del conjunto del entramado represivo implementado por los golpistas.

La ingente masa documental utilizada en la investigación, a pesar de las lagunas que existen, sobre todo para las provincias de A Coruña y Pontevedra, y el excelente partido que el autor sabe obtener de las mismas, avalan la solvencia de sus conclusiones. No obstante, por un lado, a pesar del amplio elenco de formas de apropiación de bienes analizadas, J. Prada ha dejado conscientemente fuera de su análisis lo que denomina «requisas reglamentadas»; es decir, aquellas que se llevaron a cabo por el Ejército con todas las formalidades requeridas por la normativa y en el ejercicio del derecho de requisición que preveían las leyes vigentes para situaciones en las que estuviera declarado el estado de guerra. Si bien esa elección está más que justificada desde el punto de vista conceptual y metodológico, pues, en rigor, no debería ser calificada de «represión económica», quizá sería deseable siquiera una aproximación a esta problemática cuestión precisamente en aras de recalcar todavía más ese carácter sistémico e intensivo del conjunto del proceso represivo.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la desproporción en la cantidad y la calidad de las fuentes documentales a nivel geográfico no permite considerar como definitiva la detallada cuantificación y el completo análisis de las víctimas que ofrece esta monografía. Dichas lagunas afectan, sobre todo, a los expedientes resueltos por las Comisiones de Incautación de Bienes de A Coruña y Pontevedra, cuya reducida muestra conservada contrasta con el envidiable fondo existente, aunque repartido por hasta cuatro archivos diferentes, para la provincia de Ourense. El reducido porcentaje de casos en los que se ha podido comprobar si la sanción llegó o no a hacerse efectiva y, en caso contrario, si llegaron a completarse las diligencias de embargo y subasta de los bienes trabados, constituye otro ejemplo de los vacíos documentales a los que ha de enfrentarse la historiografía.

Esta situación, por lo demás extensiva al conjunto del Estado, con excepción, por lo que parece, de Aragón, no impide, como apuntábamos, que lo esencial de las conclusiones del trabajo sirva para caracterizar al conjunto del territorio gallego en los diferentes apartados, al margen de que los porcentajes concretos puedan oscilar en un sentido u otro cuando se trasladan al ámbito de cada provincia.

El profundo conocimiento bibliográfico que también acredita el autor, a pesar de las inevitables omisiones que pueden detectarse en este tipo de obras, le permite realizar un breve ejercicio comparativo en el apartado de las responsabilidades civiles y políticas que sitúa a Galicia en la parte inferior del cuadrante de víctimas de esta modalidad represiva. Al menos si hablamos en términos de encartados, ya que el alrededor de un 0,58% de la población gallega estimado contrasta con las cifras que diversos investigadores han ofrecido para otras provincias: en Álava este porcentaje se eleva al 1% de la población según J. Gómez Calvo; en Almería al 1,65% conforme a lo apuntado por O. Rodríguez Barreira; en Aragón, según el trabajo coordinado por J. Casanova y A. Cenarro, al 1,27% de censo de 1940, eso sí, con marcadas diferencias entre el 1,74% en Huesca, el 0,78% de Teruel y el 1,27% en Zaragoza; en Baleares al 1,39% según F. Sanllorente, etc. Lo mismo sucede cuando descendemos al análisis de género, con apenas un 3% de mujeres encartadas en Galicia, en coherencia con su mucha menor participación en la movilización sociopolítica durante la etapa republicana y su escasa presencia en la resistencia al golpe de estado.

También se observan grandes diferencias entre provincias en lo que se reiere al porcentaje de condenas, que en el caso de la Comunidad Autónoma gallega se eleva al 28,76% de los encartados por responsabilidades civiles y políticas en Galicia. Una cifra que si bien no alcanza ni de lejos el 51% del porcentaje estimado para Guipúzcoa, sí es claramente más elevado que el de otras provincias como Madrid o Baleares y se encuentra en el entorno de los guarismos que ofrecen otras como Lérida, Segovia o Cáceres.

Estamos, por consiguiente, ante una obra de gran rigor metodológico y analítico que sin duda representa un importante avance no solo en el ámbito de la ya muy solvente historiografía gallega sobre la represión franquista, sino también en el conjunto del Estado. Ello es así no tanto por la novedad de las tesis que en ella se defienden, que en muchos aspectos vienen a confirmar otras aportaciones de los especialistas en este ámbito, incluido el propio autor, sino por el acertado enfoque que se le ha dado al conjunto de la represión económica. En este caso los árboles no han impedido ver el bosque.