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INTRODUCCIÓN
La incidencia del narcotráfico en la economía latinoamericana
Es difícil estimar el valor monetario real que genera el narcotráfico (Keefe, 2012). Las estructuras criminales no deben presentar informes anuales, no participan en procedimientos de auditoría ni proporcionan documentación oficial como lo hacen las empresas que operan legalmente.
Latinoamérica es la región que más produce y trafica drogas, los grandes carteles se encuentran en este lugar, donde países como Colombia y México destacan por este tipo de economía ilegal. El impacto económico que tiene el narcotráfico en la región es inmenso, por ejemplo, en Colombia tiene un impacto del 2% en el producto interno bruto (PIB) nacional, donde el mercado de la cocaína ha llegado a ser el principal estabilizador de esta economía (Becerra, 2019).
En la actualidad, el narcotráfico se ha convertido en una de las actividades económicas ilegales más rentables en Latinoamérica:
Un atributo central es que el narcotráfico debe ser visto como la principal economía criminal y el motor financiero, como hemos dicho, de la criminalidad organizada regional. En este contexto, no existe organización criminal del mundo, al menos de las más famosas, que no haya contemplado al tráfico de drogas como un importante elemento para alimentar su poder delincuencial e influencia. (Pontón, 2013, p. 150)
Las ganancias del narcotráfico, al no registrarse dentro de las cuentas nacionales, quedan como una ganancia subterránea, lo que distorsiona la contabilidad nacional. Según Gómez (2018), el estímulo financiero y económico que genera el narcotráfico tanto en países productores como en los consumidores impulsa el producto nacional bruto (PNB) debido a que los procesos del narcotráfico influyen directamente en este indicador, al incidir en temas como el empleo y las inversiones.
Siguiendo a Hardinghaus (1989), gracias al poder económico de los carteles, el narcotráfico brinda lucrativas oportunidades laborales a las personas que no tienen otras opciones, ayudándolos a conseguir un ascenso social y mayor poder adquisitivo. Por otro lado, estos grupos criminales inyectan grandes cantidades de capital en diferentes sectores, estas inversiones tienen como propósito generar un lavado de activos, actividad que tiene como finalidad:
... proteger las actividades ilícitas de estos grupos a través del ocultamiento de sus finanzas en la economía legal 2) la reproducción económica de las ganancias ilícitas; aumenta así su estela de poder e influencia en la sociedad y la economía. Una lógica económica del narcotráfico que engrana muy bien dentro de la lógica financiera de cualquier actividad legal que consiste en maximizar beneficios y minimizar riesgos. (Pontón, 2013, p. 148)
Como se mencionó, la incidencia e impacto del narcotráfico dentro de la economía se desconoce, pero al mismo tiempo se reconoce que las ganancias de esta industria ayudan a sostener las economías latinoamericanas. De ahí que muchas instituciones formales tengan una actitud pasiva al momento de atacar las economías ilegales, en especial en zonas donde tienen un control limitado o donde se han hecho alianzas implícitas, manteniendo así un control social. Además, gracias a la amplia variedad de funciones que desempeñan dentro de este negocio, las mujeres cumplen un papel estratégico en la economía del narcotráfico, teniendo al mismo tiempo una incidencia dentro del crecimiento económico en Latinoamérica (Wilches & Rivera, 2023).
Roles y brechas de género
Se entiende como rol la función representativa que se le asigna o determina a una persona o grupo social, ya sea de manera impositiva o voluntaria. El concepto de estereotipo, por otro lado, fue utilizado por primera vez en 1788 para describir un proceso de imprenta sobre una plancha metálica o molde para duplicar un material, empleado por Fermín Didot. Se utilizó en las ciencias sociales como metáfora para explicar las preconcepciones que se tienen sobre ciertas personas. Por ende, los estereotipos se comprenden como aquella visión generalizada de atribuciones y características dadas a un grupo particular de personas y a sus respectivos miembros (Cook y Cusak, 2010).
Asimismo, el concepto de género, primeramente, se comprende como las atribuciones de ciertas características, expresiones y espacios (simbólicos y físicos), definiendo lo que se consideraría como "mujer" u "hombre". Por lo general, existe una variación entre culturas de lo que es ser "femenino" o "masculino", pero existe un punto en común entre las sociedades y es la jerarquización que hay entre los términos, liderando lo masculino y sus valores (Osborne y Molina, 2008). Los estudios de género comenzaron a tomar a fuerza a partir de los años setenta, reconocidos en la tercera ola del feminismo, encontrando allí nuevas categorías y objetos de estudio expresados en la obra Política sexual de Kate Millett en 1969 y en La dialéctica del sexo de Shulamith Firestone en 1970, donde se establecieron conceptos como "género" y "patriarcado" que marcarían un nuevo rumbo en la teoría feminista y en los siguientes estudios de género a librarse en las distintas áreas del conocimiento (Aguilar, 2020).
Al hilar los conceptos, los estereotipos y roles de género se reconocen como aquella estructuración social construida a partir de las interacciones y relaciones interpersonales vinculadas al sexo y género enmarcadas en un contexto sociocultural, creando expectativas y un rol en específico para cada sexo (Monreal et al., 2019). Menciona Lamas (1996) que lo que se piensa como atribuciones "naturales", generalmente son estereotipos o disposiciones que resultan incluso primitivas entre la dicotomía de lo femenino (lo privado, doméstico y maternal) y masculino (lo público, fuerte y proveedor), que no devienen de una cuestión biológica. Además, la autora señala la importancia de que cuando se reconoce la perspectiva de género, una cuestión es abordar la diferencia sexual y otra distinta son las representaciones conforme a esa diferenciación sexual.
Para el presente artículo, se establece como punto focal el mercado laboral para abarcar los roles y estereotipos de género. Existe una figura académica representativa en la demostración de los roles y estereotipos de género en el mercado laboral, y es el trabajo realizado por Claudia Goldin, quien en 2023 se llevó el Premio Nobel de Economía por demostrar las brechas de género en el mercado laboral en Estados Unidos, desmintiendo que la ocupación laboral de la mujer fuera lineal y acorde al crecimiento económico, y descubriendo que se asemeja más a una 'U'. Incluye factores de análisis como la educación, las pastillas anticonceptivas, el matrimonio y las motivaciones de las mujeres para la inserción en el mercado laboral (The Nobel Prize, 2023).
Con base en el trabajo de Goldin, Iregui et al. (2021) identificaron cuatro etapas fundamentales en la transformación de la mujer y en su inserción en el mercado laboral entre los siglos XX y XXI en Colombia. Estos cuatro periodos los definen así:
El rezago de la mujer (1905-1935). Existía una alta tasa de fecundidad, matrimonios a edades tempranas, y un escaso acceso a la educación. Las mujeres que llegaban a tener un empleo eran solteras y se desempeñaban en puestos administrativos, domésticos (sobre todo mujeres de escasos recursos, que solían ser mal remunerados y precarios) y como docentes de escuelas primarias. También tenían una limitación al no poder acceder a puestos más altos por no estar calificadas, debido a la baja educación. Además, existía discriminación en el mercado laboral sobre las mujeres que estaban casadas, por una cultura conservadora.
Cimientos para el empoderamiento de la mujer (1936-1965). Aquí las mujeres ya podían acceder a la educación, pero todavía en proporciones muy bajas. Se hallaba aún una alta tasa de fecundidad ya que los anticonceptivos eran un privilegio y los matrimonios seguían siendo a muy temprana edad. Asimismo, las brechas de edades, salarios y de acceso al trabajo entre hombres y mujeres distaban bastante entre uno y otro. Por ejemplo, el promedio de la edad laboral de las mujeres era de 24 años y disminuía a partir de los 20, cuando se casaban o se dedicaban al hogar, a diferencia de los hombres, cuya edad promedio era de 27 años o más.
El comienzo del empoderamiento de la mujer (1966-1985). En este periodo hubo una transición demográfica, en la que se redujo la fecundidad y se mejoró la salud infantil y de las madres, donde el acceso a los anticonceptivos fue vital para que ello sucediera. Las mujeres ocupaban mejores puestos y se expandieron a otras áreas del mercado laboral debido a su mejor capacitación y educación, no solo aumentando el acceso de empleo a mujeres solteras, sino también casadas. Cabe resaltar que, si bien las mujeres ya se encontraban trabajando, estos puestos iban de la mano con la informalidad.
Avanzando: aún queda mucho por mejorar (1985-actualidad). Colombia pasó a ser uno de los países con mayor tasa de inclusión de las mujeres en el mercado laboral en la región latinoamericana en 2017 y se acerca a los promedios de los países desarrollados. Ya existía una escolarización y los nacimientos seguían bajando, donde las mujeres casadas y de unión libre trabajaban sin un rango de edad en específico. En los años ochenta y noventa, se vio un aumento en la inclusión de las mujeres en el mercado laboral explicado en el crecimiento de la violencia en el país y el narcotráfico, tras los asesinatos de hombres, lo que ocasionó que la participación de las mujeres aumentara.
En la actualidad, son varios los cambios que se han presentado en la vida de la mujer para llegar a tal reconocimiento en la vida social y laboral, y algunos estereotipos o roles tradicionales son obsoletos en el imaginario de la sociedad mayoritaria. Sin embargo, varios son los puntos que resultan todavía discriminatorios para las mujeres y subyacen procesos de réplica de roles que aún se encuentran arraigados en la sociedad, y que medios de comunicación o diferentes formas de socialización continúan perpetuando (Castillo & Montes, 2014). Complementado con el trabajo de Iregui et al. (2021) se demuestra que las brechas salariales todavía siguen siendo del 19% debido a penalidades de maternidad, el rol dominante del cuidado en la mujer, así como la presencia de normas, discriminaciones y malas condiciones de trabajo para estas.
Estereotipos femeninos en el narcotráfico
Entre 1980 y 1990, en la academia rara vez se mencionaba a las mujeres en temas relacionados con el narcotráfico. Cuando se hacía mención de algún actor femenino, se hacía referencia a adictas, mulas, prostitutas, amantes o víctimas (Carey, 2014). Idea que quedó plasmada en las narcoseries y narcocorridos, en donde la mujer era vista como la esposa, la amante o acompañante, quien cumplía un rol principalmente sexual (Pavón et al., 2015; Escobar & Velásquez, 2019; León, 2022).
En general, la trama de estas historias mostraba a una mujer de escasos recursos, que encontraba en la prostitución una oportunidad de progreso (Escobar & Velásquez, 2019), y ahora en apariencia se les da un rol de líderes de la economía (Vásquez, 2016). Un factor determinante para el éxito de las mujeres dentro del narcotráfico era su belleza, llegando al punto de establecer el prototipo de mujer ideal. Además, al ser quien tenía el dinero, el narcotraficante era quien escribía las reglas y escogía las mujeres según su antojo y sus deseos (Jiménez, 2014). Las mujeres se convertían en una "mujer-trofeo" (Ovalle y Giacomello, 2006), una mujer de exposición, una mujer para lucir. La imagen femenina era altamente sexualizada, el cuerpo curvilíneo y voluptuoso era el reflejo de la actitud ostentosa y lujosa de la mentalidad machista y el estilo de vida llenos de lujos de los capos de la droga. Los atributos de las mujeres eran netamente su "belleza, sensualidad y coquetería, poseer cuerpos voluptuosos, ser carismáticas y desinhibidas" (Jiménez, 2014, p. 109).
En este punto, la mujer se podía categorizar en dos vías de acuerdo con Mata (2012), por un lado estaba la "mujer del narco", esta categoría incluía a las esposas, hijas y otros miembros de la familia. Eran las mujeres que mantenían una vida de lujo, teniendo acceso a diferentes comodidades, y aunque se encontraban dentro de la organización no contaban con un papel de importancia dentro de la red. Por el otro lado estaban las "buchonas", como son conocidas en México, o para el caso colombiano las "prostitutas o damas de compañía", estas mujeres entraban al mundo gracias su belleza y mantenían una relación principalmente sexual con los narcotraficantes. Ambos grupos de mujeres compartían algo y era que se debían mantener bajo el mando y control de los hombres.
Por otra parte, las mujeres en el tráfico de drogas también eran conocidas por ser las mensajeras, eran quienes les entregaban la droga a los vendedores ambulantes de drogas masculinos. En el comercio internacional, el estómago femenino era contenedor de preferencia para el transporte de mercancía, al estar al interior del cuerpo de la mujer la droga muchas veces pasaba inadvertida por los controles de las autoridades. Esta labor fue adquiriendo popularidad, las mujeres que cumplían está tarea empezaron a ser conocidas como mulas. Bajo este contexto, Pavón et al. (2015) indican que la desvalorización femenina se enmarcó en un contexto simbólico constituido por "sucesos, noticias, opiniones, valoraciones, actitudes, personajes, rumores, palabras, etc." (p. 24), que se popularizaron entre la sociedad, estableciéndose como un estereotipo.
El ascenso femenino en el narcotráfico
En el mundo del narcotráfico, las mujeres siempre han estado presentes dentro del narcomenudeo, ya sea como recolectoras de flor de amapola o de hoja de coca, o como químicas, quienes son las encargadas de cocinar la cocaína pura y mezclarla, o desempeñando tareas para el tráfico y la distribución de sustancias ilícitas (Navarrete, 2019). Labores que estuvieron invisibilizadas por el estereotipo sexual, pero que siempre han estado presentes, siendo parte de la cadena productiva y comercial del narcotráfico donde la mayoría de los roles son ocupados por mujeres.
En los años treinta, en México, las mujeres eran las principales contrabandistas y mensajeras de las bandas criminales. Luego, dentro de los carteles del narcotráfico, "the role of mules as essential to an international trafficking organization; her case allows for a glimpse of a highly sophisticated global trafficking organization that defies many contemporary stereotypes" (Carey, 2014, p. 55). Según Roa (2020), las mujeres siempre han sido una base esencial dentro del narcotráfico; además, al ser una oportunidad laboral que representa bienestar, progreso y hasta ascenso social, este negocio hace que la relación entre el narcotráfico y las mujeres se mantenga.
Hasta la segunda mitad del siglo XX poco se decía sobre las mujeres dentro del mundo del narcotráfico, luego su participación estuvo relacionada con la falta de elección o coerción que ejercían los hombres. Las mujeres empezaron a ser sexualizadas, explotadas y enfrentaban amenazas y victimización desenfrenadas (Fleetwood y Leban, 2022). Para la década de los noventa hubo un aumento de mujeres en la venta y producción de drogas, e iban adquiriendo nuevos puestos y oportunidades dentro de la cadena productiva y comercial: "the cocaine economy has provided new ways for women to escape their limited roles, statutes and incomes in previous eras.
It also provides an outlet for women to achieve conventional goals for family through illegal work" (Fagan, 1994, p. 210).
Así, se dio paso a una creciente emancipación de las mujeres, en las investigaciones se dejó de enfatizar en su impotencia y vulnerabilidad (Fleetwood y Leban, 2022; León, 2022). Ahora se reconocía que había un cambio y diversificación en las responsabilidades femeninas, permitiendo su ascenso a puestos de decisión y ejecución, lugares que antes solo estaban permitidos para los hombres (Bernabéu, 2017).
León (2022) indica que en las investigaciones de "Mata Navarro (2013), Valencia (2016) y León (2019) se proponen modelos de jerarquías del poder de las mujeres en el narcotráfico, pero siempre en relación con la ostentación y uso del capital erótico (Hakim, 2014) y vínculos afectivos" (p. 124), por lo que su participación dentro del narcotráfico se debería a ello, pero con la nueva categoría que la autora propone - "jefas de perfil bajo"- se invita a realizar otro análisis sobre cómo las mujeres han logrado mantenerse dentro del narcomundo al ganar poder.
Diferentes mujeres han logrado implementar estrategias para mantener el liderazgo y poder de las organizaciones, contraponiendo las concepciones sobre la feminidad en el narcomundo a pesar de que aún se mantenga la idea general de que es un hombre quien se mantiene en la cabeza de estos grupos (González, 2022, como lo demuestran los casos de Griselda Blanco Restrepo, alias la Viuda Negra o la Madrina, líder de sicarios quien controló las "mulas" en la época; Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, conocida por mover toneladas de droga desde Colombia a Estados Unidos; Edina Arellano Félix, narcotraficante mexicana, cabeza del cartel de Tijuana; Marllory Dadiana Chacón Rossell, alias la Reina del Sur, en su momento llegó a controlar el paso de cocaína de los carteles mexicanos por Centroamérica hacia Estados Unidos; Ana Marie Hernández, alias La Muñeca, mujer que delinquió para los carteles de Tijuana y Sinaloa (El Tiempo, 2020).
Como lo expone Campbell (2008), las labores femeninas empezaron a dinamizarse y a ser visibles dentro de la parte logística y técnica, llegando al punto de tener el mando de una organización. La cadena productiva y comercial del narcotráfico les permitió a las mujeres otro tipo de roles que no denigran su cuerpo, se puede decir que comenzaron a ascender dentro de las organizaciones. No obstante, es oportuno preguntarse si esto hace parte de una tendencia generalizada, o si solo son historias excepcionales que pueden desplazar un análisis de fondo sobre los roles femeninos en la economía del narcotráfico, y si estos transforman condiciones de exclusión del sistema laboral-legal o terminan reproduciendo dinámicas de exclusión.
METODOLOGÍA
De acuerdo con el objetivo del presente trabajo, la investigación utiliza una metodología cualitativa de tipo explicativo orientada hacia dos dimensiones: identificar roles femeninos en la economía del narcotráfico y evidenciar si se cumple la hipótesis de trabajo en la que se plantea cómo estos roles suponen una reproducción de brechas de género bajo estrategias de gobernanza criminales.
Materiales
El procedimiento de recolección de información se realizó mediante una etnografía digital, siendo esta una herramienta útil para el rastreo y la recopilación de datos y opiniones que se tienen sobre un tema. Como sugiere Diéguez (2006, citado por Londoño, 2012), las narrativas digitales se transforman en un metarrelato que facilita la comprensión, descripción, evaluación y análisis de un hecho o fenómeno en específico, lo que permite ampliar el panorama sobre las interacciones y correlaciones que existen entre las diferentes variables del fenómeno de estudio (Murthy, 2011), ejercicio que se requiere para esta investigación.
La etnografía digital es un método innovador, pero no se desconoce que presenta algunas limitaciones referentes al ejercicio de trabajo de campo, es decir que en este caso no se pudo llevar a cabo una experiencia o comprensión directa en el espacio del fenómeno de estudio. Sin embargo, como lo plantea Diéguez (2006, citado por Londoño, 2012), las narrativas digitales se convierten ahora en un metarrelato que lleva a la comprensión, descripción, valoración y análisis de un hecho en particular, de manera que las narrativas que se encuentran en espacios digitales se convierten en un recurso etnográfico alternativo que abre un espacio de interacción y discusión, evitando simplificaciones y generalizaciones (Hint, 2015, citado por Gómez, 2017).
Para identificar el papel de las mujeres en el narcotráfico fue necesario ampliar el alcance de la búsqueda y no limitarse a una recopilación documental, ya que la información requerida no se encontraba en un solo lugar. Gracias a la etnografía digital, se pudieron identificar las diferentes perspectivas y opiniones que existen en los medios de comunicación, las instituciones y la academia sobre el papel de la mujer en la economía del narcotráfico, logrando así establecer una realidad que no es captada por los métodos tradicionales de recopilación de información (Ruiz & Aguirre, 2015).
En el proceso de recopilación de información se consideraron dos elementos como corpus de investigación. En primer lugar, se tuvo en cuenta la documentación encontrada respecto al rol de la mujer en el narcotráfico, en donde se señalará qué papel asumía está dentro de las organizaciones criminales y, además, qué la llevaba a participar de este. Se hizo una recopilación documental de cincuenta archivos de diferentes sectores con el fin de tener un panorama más amplio desde el 2019 hasta el año 2023 (22 noticias, 15 informes institucionales y 13 investigaciones de centros de pensamiento).
El análisis de los datos se presenta siguiendo tres criterios: el primero es el geográfico, con el objetivo de identificar los lugares donde actores ilegales están ejerciendo control político, económico y social susceptible de ser relatado o investigado desde las narrativas digitales, como herramientas fundamentales para lograr espacios de reconocimiento público. En este punto es preciso aclarar que los resultados no se propusieron enmarcar un ejercicio de visibilización, en donde los espacios donde no se hayan registrado este tipo de narrativas implican necesariamente que no existe incidencia del narcotráfico. Por el contrario, invita a pensar qué técnicas de recolección de información deben ser utilizadas para profundizar en la identificación y ubicación de roles femeninos en estas dinámicas.
El segundo criterio es el de roles, en el que estos participan o son tenidos en cuenta dentro de la narrativa digital desde una estructura que apunta a mirar los tiempos y los espacios en los que se van ejerciendo los roles femeninos, y si estos se diferencian de los ejercidos por los hombres.
El tercero es el criterio de repercusiones de los que representan roles narrativos y que están configurados desde las misiones, los objetivos y las sanciones que imponen o les son impuestas a las mujeres, o de los sucesos coyunturales que impactan en sus entornos socioculturales. Este marco performativo indica aristas y tendencias en el desarrollo metodológico de las dimensiones en las que confluyen las brechas de género y la ilegalidad.
Método
Luego de rastrear las narrativas digitales que identifican los estudios sobre los roles de las mujeres en la economía del narcotráfico, se procede a realizar el ejercicio de análisis desde la gobernanza criminal, entendida como una soberanía compartida, y de interacciones estratégicas entre legalidad-ilegalidad (Niño et al., 2023) que, para el caso de estudio, se analiza desde los escenarios en los que convergen las necesidades de las mujeres en el mercado laboral-legal y las promesas que se hacen para insertarlas en la economía del narcotráfico.
Se toma la gobernanza criminal como método de análisis debido a que es un concepto que tiene en cuenta la ausencia del Estado frente a temas como las brechas de género en el acceso de oportunidades para insertarse en dinámicas de empleabilidad. Y, al mismo tiempo, tiene en cuenta el poder de las estructuras criminales como factor que incide en la construcción del Estado, el cual se acepta desde la esfera legal, como lo presentan Lessing y Graham (2019) al definir la gobernanza criminal como una imposición de reglas junto con legitimidades subterráneas dentro del gobierno, que en este caso son las estructuras criminales.
En el análisis se dimensiona que no solo las instituciones oficiales son las que se deben de tomar en cuenta en el ejercicio de determinar los factores de reglas sociales y legitimidades que se establecen dentro de la población, sino que son mucho más valiosos aquellos grupos o instituciones informales que no se encuentran inscritos en la ley, pero que poseen un reconocimiento igual o mayor a las instituciones oficiales, aunque vayan por vías extraoficiales y no siempre sean encaminados al bien común o mayoritario (Durán, 2021). Precisamente, aquella línea es a la que apunta el concepto de gobernanza criminal, aludiendo a las prácticas sistemáticas que se establecen entre la sociedad civil, las estructuras criminales y las instituciones gubernamentales para la formación de estructuras y convergencias de la regulación de actividades dentro del territorio (Lessing y Graham, 2019).
La sociedad civil, en este caso, se presenta en el núcleo entre los actores legales e ilegales, pero la relación entre estos dos últimos actores, en general, no es disputa, sino que ofrece un entramado y sistema complejo de relaciones que conecta los mundos ilegal y legal entre sí (Niño & González, 2021). Por lo anterior, la prioridad de comprender las dinámicas de las gobernanzas criminales, no se aborda solo por un conflicto en determinada área del país, sino que en ella influyen elementos como el control de la conducta sobre los habitantes, la afectación de los derechos y libertades, las economías locales, la formación de democracia y Estado, el autoritarismo local y los liderazgos cívicos silenciados (Arjona, 2021).
Es claro que la incidencia de la gobernanza criminal en la violencia, la inseguridad y las lógicas del crimen es alta, y que su estudio, en particular el caso latinoamericano, es de gran interés para los investigadores. Entendiendo que, si bien América Latina ha tenido avances en sus índices de desarrollo humano y fortalecimiento de la democracia, todavía enfrenta el flagelo del crimen organizado, la inseguridad y la participación en el 33% de la tasa de homicidios en el mundo.. Exponiendo casos latinoamericanos, Feldmann y Luna (2022) mencionan que estas dinámicas se encuentran en lugares con ausencias de poder infraestructural estatal (Rocinha en Río de Janeiro, La Comuna 13 en Medellín, Petare en Caracas), territorios de acceso difícil y desconectados (Sinaloa, México; la costa del Pacífico suroeste de Colombia; el Triángulo Norte de América Central) y zonas fronterizas (Brasil-Paraguay, Colombia-Venezuela).
De acuerdo con este planteamiento, se procede a realizar el ejercicio de sistematización, según la propuesta de Garzón (2021), en la que se resalta cómo la variable gobernanza criminal (GC) logra relevancia e incidencia en tanto se materialice en prácticas de la vida comunitaria y de la capacidad del Estado (Figura 1).
Los resultados presentados tienen como objetivo -después de identificar los roles femeninos en la economía del narcotráfico- evidenciar cómo se tejen modelos ideales, pragmáticos y potenciales asociados a los escenarios que serán presentados en la discusión, y que llaman la atención en la forma como el narcotráfico termina replicando las carencias de los sistemas legales para garantizar escenarios de igualdad y cierre de brechas género.
RESULTADOS
La sistematización de datos indica que, pese a las limitaciones en la complejidad de aplicar instrumentos de recolección de información, las narrativas digitales son una fuente primordial para identificar roles femeninos en la economía del narcotráfico. Aunque estas evidencias no reemplazan la observación en trabajo de campo, sí constituyen elementos de análisis para comprender cómo las tramas narrativas son recursos que han sido incorporados por el Estado y las organizaciones criminales, y que son complementados con poderes de facto (violencia, control territorial) y de jure (consenso con las poblaciones, simpatía con la comunidad, sistemas de favores). En síntesis, los regímenes de visibilidad que logran las narrativas digitales no son un impedimento o factor de riesgo para la consolidación de alianzas y cooperaciones implícitas entre dimensiones legales-ilegales.
Criterio geográfico
Se evidenció que los reportes de modos de inserción de las mujeres en el narcotráfico están concentrados en cinco países (Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú), debido a que, según lo encontrado en la recolección documental, estos son los países con el mayor número de mujeres presas por asuntos relacionados con el narcotráfico, pero además, a diferencia de otros países relevantes en el número de población femenina en detención por delitos relacionados con drogas como Panamá, Costa Rica y Chile, son países que tienen estadísticas actualizadas, lo que permite contar con cifras más recientes para la investigación; lo anterior indica un grave problema de subregistro y aún más preocupante del reconocimiento de roles femeninos, solo cuando estos son producto de escenarios de judicialización y criminalización
Aun con el contexto restrictivo que representa el escenario punitivo, se evidencia que los cinco países conservan patrones similares en brechas de género que son reproducidas desde los sistemas legal-ilegal (Figura 2), cuando las tasas de pobreza son más altas para las mujeres en los cinco países, la informalidad es más alta en tres países, y el dato más relevante se orienta a la judicialización que sufren las mujeres, quienes parecen estar expuestas a más oficios de riesgo que los hombres.
Fuente: elaboración de los autores, con base en la información presentada por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina (2022); Ministério da Justiça, Brasil (2023); Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Colombia (2022); Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México (2022); Instituto Nacional Penitenciario, Perú (2023).
Figura 2 Porcentaje de mujeres y hombres encarcelados por delitos relacionados con la economía del narcotráfico, en comparación con la tasa de pobreza y tasa de informalidad
Criterio de roles
En escenarios donde las mujeres estaban vetadas en el narcotráfico, estas empiezan a adquirir nuevas responsabilidades en el cultivo, el procesamiento, el transporte, la logística, la venta de drogas y el control del negocio. Esta participación femenina y los roles que empieza a ocupar dentro del narcomenudeo, desafían la noción y el estereotipo de una mujer sumisa, que solamente está para complacer al narco; así, la participación de las mujeres en el tráfico de drogas empieza a ser una parte importante dentro de las estructuras criminales (Fleetwood y Leban, 2022). No obstante, el sistema legal termina orientando su rol hacia el escenario de víctimas susceptibles de ser judicializadas, y con el condicionante de estar sometidas a roles tradicionales de la estructura familiar (Figura 3).
... traficantes o sicarias, pero también amigas, familiares, esposas o amantes de los traficantes o sicarios, así como prostitutas, cantantes, animadoras u otras empleadas pagadas por ellos, y desconocidas o mujeres indefinidas o generalizadas. En muchos de estos casos, ocupan lugares centrales y prota-gónicos en un ámbito que suele concebirse como esencialmente masculino. (Pavón et al., 2015, p. 24)
De esta manera se abre una idea de identidad de género fuera del estereotipo sexualizado, se puede decir que se deja de lado la feminidad buchona, la cual es el "conjunto de elementos y características físicas, simbólicas, axiológicas y mentales de las mujeres que viven o aspiran hacia la inserción en la narcocultura" (León, 2019, p. 31, citado por León, 2022, p. 124), repensando el papel femenino dentro del narcotráfico y construyendo nuevas características socioculturales que jerarquizan y visibilizan a las mujeres (Santamaría, 2012).
Fuente: elaboración de los autores
Figura 3 Cómo ven a las mujeres dentro del narcotráfico en estudios y reportes (rol con el que las muestran o perfilan)
Ahora las mujeres tienen la posibilidad de ocupar diferentes roles según sus habilidades, además de la concepción que se tenía entre 1980 y 1990 en donde solo se hablaba de adictas, mulas y prostitutas (Tabla 1). Ahora se reconoce a la mujer dentro de los procesos productivos, comerciales, logísticos y administrativos, y con motivaciones que pueden trascender del ámbito de la necesidad y ubicarse en escenarios de liderazgo (Figura 4), sin que esto signifique que sean reconocidas, y, por el contrario, terminan siendo estigmatizadas, o que estas motivaciones sean excepcionales cuando están mediadas por el voluntarismo.
Fuente: elaboración de los autores.
Figura 4 Motivaciones que llevan a las mujeres a insertarse en la economía del narcotráfico (de manera voluntaria)
Para el año 2013, las mujeres en Latinoamérica tenían una participación laboral menor que los hombres hasta en un 40%, con una tasa de desempleo general que rondaba en el 7,2%, y con salarios hasta un 32% más bajos que ellos (Escalante y Palma, 2020), manteniéndose así un contexto de desigualdad e inequidad. Adicional a ello, las mujeres son las más afectadas ante situaciones de crisis económicas y sociales; así, para el año 2022, de los 23,6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la pandemia, a fines de 2021 aún faltaban por recuperar unos 4,2 millones. En el caso de los hombres, para 2021 ya se habían recuperado prácticamente por completo los 26 millones de puestos perdidos durante la crisis sanitaria (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2022).
Las mujeres, además, necesitan tener acceso a una serie de recursos sociales que van más allá de los económicos, como servicios médicos y educación, servicios con los que cuenta gran parte de la población masculina, lo que las convierte en un grupo social vulnerable (Escalante y Palma, 2020) (Tabla 1); en este contexto, un "alto porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza o indigencia son mujeres" (Tickner et al., 2020, p. 10).
Tabla 1 Comparación de roles femeninos en hogares vulnerables y economías del narcotráfico
Fuente: elaboración de los autores, con base en la información presentada por Tickner (2020), UNODC (2019a) y Ramírez (2015).
La feminización de la pobreza está relacionada con la falta de empleo, educación y desigualdad por cuestiones de género. "La mayoría de las mujeres en prisión en Latinoamérica no solo son pobres, sino que se encuentran económicamente marginadas al tener pocas calificaciones profesionales o experiencia laboral que les permita acceder a mejores oportunidades de trabajo" (Tickner et al., 2020, p. 10), factores que han hecho que las mujeres se involucren en actividades criminales (Figura 5).
De esta manera, el narcotráfico se convierte en una nueva oportunidad laboral vinculando a las mujeres dentro de su cadena logística, es un sector que diversifica sus roles dentro de la espiral de estrategias de adaptación y transformación para mantener las rentas derivadas del negocio. No se trata ahora de solo del estereotipo de una mercancía de servicios sexuales, sino que también ha integrado servicios profesionales, técnicos y logísticos. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime), en su informe del año 2019, señaló que las tasas de desempleo y de pobreza entre las mujeres han tenido implicaciones significativas en el papel y el lugar de estas en las redes de tráfico ilícito.
Fuente: elaboración de los autores.
Figura 5 Motivaciones que llevan a las mujeres a insertarse en la economía del narcotráfico (de manera obligatoria)
Bajo este contexto, se reconoce que el narcotráfico es una solución ante la ausencia de programas y políticas que atiendan las necesidades de las mujeres pobres. Este negocio ilegal no garantiza igualdad de derechos, reducción de brechas salariales o estereotipos de género como orientador de funciones y labores secundarias. Según el informe de la UNODC (2019b), las mujeres que trabajan en la recolección y el procesamiento de la hoja de coca ganan menos que los hombres, a pesar de que realizan el mismo trabajo. En otras palabras, se ven afectadas por las mismas brechas de desigualdad de género que existen dentro de las industrias legales (Navarrete, 2019). Pero a pesar de que las mujeres pueden sentirse obligadas a aceptar pagos más bajos que los hombres, el narcotráfico es una de las pocas oportunidades con que las mujeres cuentan para subsistir, en territorios abandonados por el Estado.
Criterio de repercusiones
Las desigualdades entre mujeres y hombres, los roles de género y el miedo de perder una oportunidad de ingreso económico pueden influir en las conductas delictivas. Por eso, las mujeres tienden a desempeñar roles más peligrosos, lo que representa un mayor riesgo de ser capturadas; no obstante, lo anterior se ve compensado con una buena paga, por ejemplo, una mensajera (mula) está ganando en promedio 65.415 dólares por año (SimplyHired, 2022), a pesar de que esta sea menor a la de un hombre.
Los datos dan a entender que las mujeres están asumiendo un papel más peligroso, de manera que son más propensas a ser capturadas (Figura 6). El rol de las mujeres en el tráfico de drogas es indicativo de un comportamiento típicamente masculino, ya que se caracteriza por acciones y actividades de alto riesgo; a su vez, existe la creencia de que por ser mujeres recurrieron a esta vida por necesidad: "las mujeres víctimas de la criminalización son en la mayoría de los casos mujeres procedentes de hogares pobres y desintegrados, con acceso a pocas o ningunas oportunidades e historias de vida marcadas por múltiples formas de abuso y violencia" (Giacomello, 2013).
Fuente: elaboración de los autores, con base en la información presentada por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina (2022); Ministério da Justiça, Brasil (2023); Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Colombia (2022); Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México (2022); Instituto Nacional Penitenciario, Perú (2023).
Figura 6 Número de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes, 2019-2021
Pese a ser una oportunidad económica que está fuera de ofrecer solamente servicios sexuales, en el narcotráfico -al igual que en el sector económico legal-existe una brecha de género respecto al salario; así, la UNODC (2019b), en su informe Caracterización de condiciones socioeconómicas de mujeres relacionadas con problemas de drogas señala que hay un "pago desigual con respecto a los hombres en algunas labores" (p. 40). Pero esta no es la única desigualdad que las mujeres viven dentro de este negocio, también reciben mayores "afectaciones desproporcionadas derivadas de la privación de la libertad" (p. 40) (Figura 7).
Fuente: elaboración de los autores, con base en la información presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina (2022); Ministério da Justiça, Brasil (2023); Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Colombia (2022); Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México (2022); Instituto Nacional Penitenciario, Perú (2023); Datos Macro (2021).
Figura 7 Número de mujeres encarceladas por delitos relacionados con la economía del narcotráfico, 2019-2021
Al ser vista como una víctima, la institucionalidad brinda un aparente beneficio -en delitos relacionados con el tráfico y porte de estupefacientes- (Figura 8), con una sentencia reducida, el cual es promovido por el enfoque de género, desarrollo y derechos humanos que solicitan organizaciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU, en la aplicación de sentencias (OEA, 2014). Como señalan Harper et al. (2002), "Given that criminality is not usually associated with women, when women do commit crime the argument often presented is that they have been duped" (p. 112); de esta manera, a pesar de que las mujeres pueden estar motivadas por las recompensas financieras, recibirán una menor sentencia; como indica el autor, "women act in a criminal, political and social arena where stereotypes are used to motivate, recruit, defend and prosecute criminal behaviour" (p. 112).
Fuente: elaboración de los autores, con base en la información presentada por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina (2022); Ministério da Justiça, Brasil (2023); Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Colombia (2022); Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México (2022); Instituto Nacional Penitenciario, Perú (2023).
Figura 8 Porcentaje de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes, respecto al total de mujeres encarceladas (2019-2021)1
Se estima que, en el mundo, entre los años 2000 a 2007, la población carcelaria femenina creció en un 35% por delitos relacionados con drogas, en comparación con un 19% de los hombres encarcelados por el mismo delito (UNODC, 2018). En casi todos los países de Latinoamérica la población femenina es mayor respecto a la masculina en delitos relacionados con el narcotráfico (Figura 9).
En síntesis, la presencia de las mujeres en actividades relacionadas con el narcotráfico no es dominante, pero tiene incidencia e impacto no solo en las actividades que derivan de prácticas ilegales, sino también en la reproducción de roles y brechas de género que se imponen en el mundo legal (Laras, 2022). El problema se complejiza cuando se identifica que las instituciones estatales adoptan una actitud pasiva en atacar las economías ilegales, en especial en zonas donde tienen un control limitado o donde se han hecho alianzas implícitas, con estructuras criminales. Estas dinámicas se solapan con políticas públicas de carácter punitivo, en donde las mujeres son un blanco fácil para capturar, judicializar y, con ello, mantener los indicadores de lucha contra las drogas.
Fuente: elaboración de los autores, con base en la información presentada por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina (2022); Ministério da Justiça, Brasil (2023); Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Colombia (2022); Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México (2022); Instituto Nacional Penitenciario, Perú (2023).
Figura 9 Porcentaje de mujeres y hombres encarcelados por delitos relacionados con la economía del narcotráfico
DISCUSIÓN
Los modelos de gobernanza local propuestos por Garzón (2021) proveen un marco de interpretación en el que los roles femeninos en la economía del narcotráfico son protagónicos, y donde se evidencia una correlación de fuerzas que no es homogénea ni estática. En este sentido, la técnica de recolección de información de narrativas digitales se convierte en un indicador del reacomodamiento de dinámicas que se tejen en la interacción de economías ilegales y formalismos institucionales caracterizados por reproducir brechas de género y gobernanzas criminales. De acuerdo con la propuesta de Garzón:
• El escenario A indica cooperación entre comunidad (C) y Estado (E), con baja capacidad de incidencia de organizaciones criminales (OC). Los resultados indican que es un escenario ideal e improbable de materializarse (Figura 10).
Esta situación se explica por la fragilidad de los Estados latinoamericanos y la incapacidad de sus instituciones, lo que ha ocasionado un incumplimiento de los derechos fundamentales a gran parte de la población femenina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la inserción de derechos de inclusión y equidad de género se encuentra ralentizada en la región, debido a que esta conserva una estructura social en donde prevalecen prácticas patriarcales y discriminatorias (Aguilar, 2021).
La desigualdad laboral, la ausencia de empleos dignos, el trabajo no remunerado (economía del cuidado) y la desvalorización hacia el género femenino hacen que se mantengan las condiciones de pobreza para las mujeres. Para el año 2021, por cada 100 hombres en situación de pobreza, había 117 mujeres en esta condición (Becerra, 2022). Además, una mujer pobre tiende a vivir y experimentar múltiples formas de discriminación (madres cabeza de hogar), y un mayor riesgo de violencia (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2014).
Incluso, se ha llegado a señalar que el género de la pobreza es femenino: "la pobreza aumenta la brecha de género y esta genera a su vez pobreza. Brecha de género y pobreza son dos desigualdades interconectadas que vulneran los derechos de las mujeres" (Alonso, 2020). Al no contar con políticas públicas y un apoyo estatal que respalde y promueva un cambio en la precariedad de empleos y la baja remuneración salarial, la situación de pobreza se agudiza día a día para las mujeres latinoamericanas.
• El escenario B presenta un acuerdo donde (E) y (OC) cooperan, mientras (C) busca mecanismos de supervivencia para adecuarse a las reglas institucionales de (E) y las restricciones organizacionales de (OC). De manera desafortunada, en el proceso de investigación se corrobora y fortalece un modelo de gobernanza criminal (Figura 11).
El desarrollo y sustento económicos que el narcotráfico les brinda a las mujeres a nivel social legitima sus acciones al proveer sostenimiento y garantizar supervivencia. La incapacidad del Estado ante las necesidades de la población civil socava su soberanía y legitimidad, lo que resulta en un deterioro de sus funciones. De ahí que las organizaciones criminales se vean como las principales proveedoras en los lugares donde la desigualdad y la pobreza se hacen presentes. Como lo indica Tamayo (2020), en este punto los grupos criminales demuestran que el Estado no es un agente necesario para garantizar un estado de bienestar.
Los resultados de la investigación demuestran tres tendencias en general: 1) las mujeres reconocen que las brechas de género no se solucionan con su inserción en la economía del narcotráfico, pero sí solucionan una necesidad ante la ausencia de programas que las inserten de manera efectiva en los mercados legales; 2) la participación de mujeres en el crecimiento en Latinoamérica se debe estudiar desde las economías del narcotráfico, pues tienen capacidades instaladas en el blanqueamiento de capitales, testaferrato e inversión en sectores que no son atacados o perseguidos por organismos judiciales; 3) las instituciones formales tienen una actitud pasiva en atacar las economías ilegales, en especial en zonas donde tienen un control limitado o donde se han hecho alianzas implícitas o existen soberanías compartidas.
La participación en el tráfico de drogas va ligada a factores económicos y culturales (Campbell, 2008). En este sentido, es necesario asociar el análisis de género con otros elementos que den cuenta de los diversos factores que están en juego en la decisión de entrar en la economía del narcotráfico, lo que invita a ver a la mujer no solo como la víctima, sino como un agente esencial que encuentra en el narcotráfico el bienestar y el progreso social y económico que el Estado no le provee. Lo anterior, a pesar de que persisten desigualdades y la mayoría de las mujeres están en una posición peligrosa y vulnerable, lo que lleva a una desproporción en el número de mujeres arrestadas por delitos relacionados con el narcotráfico en comparación con el número de hombres.
La participación de mujeres en el crecimiento en Latinoamérica se debe estudiar desde las economías del narcotráfico debido a su diversificación respecto a las labores y tareas que ejecutan en la industria del narcotráfico, pues tienen capacidades instaladas en el blanqueamiento de capitales, testaferrato e inversión, sectores que no son atacados o perseguidos por organismos judiciales. Gracias a esa actitud pasiva que toman los Estados frente a las economías ilegales, ya sea por establecimiento de acuerdos parciales o intereses, se obtiene como resultado una creciente participación y un ascendente protagonismo de las mujeres en la economía del narcotráfico, a costa de su revictimización.
• El escenario C muestra un (OC) con poder de coerción y consenso ante el desinterés de (E) por disputar el control a (OC) o atender las demandas (C); en este contexto (C) legitima a (OC) como orientador de la vida cotidiana.
Este escenario todavía cuenta con algunas regulaciones de instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil que resisten al embate de ofertas económicas del narcotráfico. No obstante, al no trabajar en la reducción de brechas de género en el mercado laboral formal-legal, se puede incrementar de manera progresiva el campo de incidencia del narcotráfico, y de actividades criminales asociadas a su estructura empresarial (Figura 12).
En este contexto, urge ahondar en mecanismos proactivos que eviten el avance de las organizaciones ilegales como un agente movilizador dentro de la economía latinoamericana. Su impacto afecta a un amplio espectro de situaciones nacionales, regionales e incluso internacionales, ganando así cierta importancia dentro la economía latinoamericana, como sucede en los casos colombiano, peruano, boliviano y mexicano (Hardinghaus, 1989; Rocha, 2000; Cieza, 2018), donde se ha llegado a tal punto de considerarse como un factor que sostiene a la economía, lo que ha creado cierto grado de dependencia.
Gracias a su poder económico y político, más el uso de la violencia, los grupos criminales han logrado mantener sus actividades a largo plazo, constituyéndose hoy en día como una empresa global, que requiere de la fuerza laboral de cientos de personas, entre ellas mujeres. Al trabajar dentro de la cadena de producción y comercialización de drogas, las mujeres ganan estabilidad, además adquieren la capacidad de solventar sus necesidades básicas y las de sus familias, a pesar de que está actividad económica esté dentro del marco de la ilegalidad.
Llama la atención la forma como el narcotráfico ha complementado su ejercicio de represión y amenaza (poder de facto), con la articulación a demandas sociales y la dinamización de mercados no explorados o potenciados por la legalidad (poder de jure). Si bien este negocio ilegal no garantiza la igualdad de derechos, la eliminación de violencia de género, la reducción de brechas salariales o estereotipos de género como orientadores de funciones y labores secundarias.
CONCLUSIONES
La falta de políticas públicas, la ausencia del Estado en diferentes territorios y el escaso cumplimiento de derechos básicos, lleva a la población a involucrarse con la ilegalidad (OEA, 2014), al ser el único sector que le ofrece garantías. Las estructuras criminales, gracias a su poder de facto y de jure, sumado al desinterés del Estado por acabar esta problemática debido a que existen alianzas estratégicas, les concede a las organizaciones criminales ocupar su lugar como proveedor y protector de la sociedad, es decir, se convierten en la autoridad.
En Latinoamérica se han buscado alternativas más eficaces y humanas para hacer frente al problema global de las drogas, pero hasta ahora estas medidas han sido ineficaces ante la producción, el tráfico y el consumo de drogas. El narcotráfico se ha establecido como una posibilidad de progreso, ganándose así el respaldo social de diferentes poblaciones, principalmente de las más vulnerables (OEA, 2014). Además, se han formado alianzas implícitas entre los grupos criminales y el Estado, que han dado paso a una gobernanza criminal y consolidado procesos de cooperación e influencia.
En esta dirección, las mujeres optan por una razón instrumental en la que solventan sus necesidades básicas, la cual prevalece sobre la exigencia de derechos de inclusión, equidad y reconocimiento salarial. La participación femenina dentro de las actividades del narcotráfico se extiende a ofrecer servicios profesionales, técnicos y logísticos. Sin embargo, esta participación se invisibiliza tras el estereotipo y las suposiciones que se tienen sobre las mujeres dentro de esta industria, al verlas netamente como trabajadoras sexuales o mensajeras (mulas).
En la actualidad, el rol de la mujer no se enfoca solamente en cubrir necesidades sexuales o realizar trabajos inferiores y degradantes, sus habilidades le han permitido escalar dentro de la estructura criminal, llegando a ser en algunas ocasiones la cabeza de la organización, dejando atrás la idea de que es un negocio solo de hombres. La relación entre el narcotráfico y las mujeres es dinámica. La vinculación de mujeres a la cadena productiva, comercial y logística diversificó sus roles dentro de la espiral de estrategias de adaptación y transformación, con el fin de mantener las rentas derivadas del negocio, proveyendo un desarrollo económico y social.
Por otro lado, las organizaciones criminales, al brindar este tipo de oportunidades, demuestran su capacidad de crear y estrechar relaciones sociales, al solventar las necesidades que se presentan, ocupando así el lugar de un Estado ausente dentro de las comunidades. De esta manera, la industria del narcotráfico demuestra que es una actividad en constante evolución y adaptación, a diferencia de otras actividades económicas en las que se depende de los Estados, y, en casos complejos, de las decisiones populistas.
Desde los mecanismos institucionales y las organizaciones de la sociedad civil se debe evitar que el narcotráfico se convierta en el único agente de oportunidad de supervivencia, ganando así el respaldo social, especialmente de las poblaciones más vulnerables y excluidas (Pérez, 2021). Y aunque el narcotráfico pone a las personas en una posición en donde tienen que elegir entre la vida o la muerte, entre lo legal y lo ilegal, al final resulta ser la única oportunidad que se encuentra para salir adelante, en lugares donde no se cuenta con una buena educación, servicios públicos, de salud, etc. En otras palabras, poblaciones que se encuentran a la deriva y en el abandono, reproduciendo incertidumbres y exclusiones en las mujeres.
