Según las proyecciones de las agencias de Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2022 la población mundial llegó a los 8 mil millones de habitantes (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2022), y sigue creciendo (Adam, 2022), aunque a un ritmo algo menor que en los años precedentes. Si bien la disminución de las tasas de crecimiento a nivel global se atribuye a la disminución de los niveles de pobreza, a un mayor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la educación y el trabajo por parte de niñas y mujeres, también debe considerarse la influencia de los avances en salud pública en el aumento en la expectativa de vida (Zarocostas, 2022). Las tasas de fertilidad, expectativa de vida y mortalidad son las variables demográficas cuya dinámica e interacción influyen en el tamaño poblacional y las perspectivas de crecimiento, pero no aisladas de los contextos político, social y económico a nivel mundial.
Las perspectivas de crecimiento poblacional son diferentes dependiendo de la unidad geográfica que se analice. En países de altos ingresos, donde las tasas de fertilidad han venido reduciéndose de manera significativa, se espera que la población disminuya en los próximos años, o que por lo menos no crezca significativamente, en tanto que en los países pobres, como la mayoría de África y algunos de Asia, se proyecta un importante aumento en la población dadas las altas tasas de fertilidad y el simultáneo aumento en la expectativa de vida de sus gentes (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2022), a pesar de que esta sigue siendo la menor del mundo. Es así que el crecimiento poblacional no impacta de manera homogénea a las diferentes sociedades y, como ocurre con muchos otros indicadores en salud pública, es un reflejo de las desigualdades sociales y sus factores determinantes, lo que afecta de manera significativa y adversa a las personas más vulnerables y a los grupos poblacionales diversos y excluidos, y evidencia las diferencias entre países y al interior de ellos.
Este continuo aumento de la población del planeta se relaciona también con la crisis climática que ha venido anticipándose, en tanto que los compromisos de las principales potencias contaminantes para contrarrestarla, aunque no son las regiones más pobladas, no han logrado concretarse en una reducción real y significativa de las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero. (Gugliotta, 2021). La crisis climática se traduce en enfermedad y muerte, principalmente en los países más pobres y poblados, como consecuencia de la mala calidad del aire, la falta de acceso a agua de calidad y servicios de saneamiento básico, así como la aparición, cada vez más frecuente e intensa, de olas de calor y frío asociadas con el cambio climático, cuya frecuencia e impacto no hará más que empeorar en los próximos años si no se toman las acciones necesarias de forma inmediata. Este panorama se ve agravado con la crisis alimentaria global. Es un hecho que la humanidad ha sido incapaz de garantizar el acceso a alimentos de calidad en cantidad suficiente para toda la población, lo que se recrudece con la presencia de conflictos armados como el de los últimos meses en Ucrania que, además de las muertes y el sufrimiento causados por la propia intervención armada, ha debilitado la seguridad alimentaria global, generando más hambre y pobreza, no solo en los sitios directamente involucrados, sino en muchos otros, como resultado de la globalización y la dependencia externa para la provisión de materias primas y alimentos.
Dado su objetivo fundamental de mejorar el bienestar de la población, la salud pública, además de hacerle seguimiento a los indicadores de los resultados sanitarios o la organización de los servicios de salud, también debe hacer un monitoreo de las condiciones que determinan tales resultados, incluidos los elementos estructurales que guían el funcionamiento de la sociedad. La salud pública debe denunciar los factores determinantes de los malos resultados en salud y del deterioro del bienestar general. Las políticas económicas, los modelos productivos, las relaciones de explotación y la inequidad que estos causan, determinan el crecimiento poblacional, el cual cataliza, a su vez, las demás crisis con impacto en salud pública que se ciernen sobre el mundo, como la reciente pandemia de COVID 19, aún no superada del todo, en la cual el tamaño de las poblaciones y su densidad tuvieron un papel fundamental.
Nuestra responsabilidad ética y moral como profesionales de la salud pública, al igual que la de las demás ciencias y disciplinas generadoras de conocimiento en salud pública y orientadoras de la formulación de políticas públicas, es poner en evidencia las consecuencias de los problemas de salud derivados del aumento de la población mundial y de la falta de garantías de los derechos fundamentales de todos los que habitamos este planeta. Los responsables de las decisiones, respaldados por la evidencia científica y el conocimiento derivado de otros campos pertinentes, deben garantizar la intervención de los determinantes sociales de la salud de sus poblaciones, y considerar sus consecuencias para el mantenimiento de los medios y sistemas de producción, los modelos económicos y los patrones de consumo. Garantizar nuestra viabilidad como especie implica abordar discusiones profundas, en ocasiones incómodas, para reflexionar sobre el planeta que les vamos a dejar a las generaciones que nos seguirán, pero también a las poblaciones que hoy no gozan de nuestros privilegios.