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Introducción
La Ley 949 de 2005 1, que regula la terapia ocupacional en Colombia, define como uno de sus campos de ejercicio el sector justicia. Según el artículo 3, el profesional podrá ejercer en:
"[...] programas de rehabilitación y resocialización de poblaciones vulnerables, cualificando el desempeño ocupacional y facilitando la participación, movilización y organización social, a fin de promover conductas adaptativas y participativas de las personas comprometidas. Dada su competencia profesional está capacitado para emitir dictámenes periciales cuando quiera que le sean solicitados dentro del orden jurisdiccional" (1, p2).
El Estado colombiano cuenta en su estructura con el sector justicia y del derecho, regido por el respectivo ministerio. A este sector pertenece el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el cual, como entidad adscrita y descentralizada, tiene entre sus objetivos ejecutar penas privativas de la libertad, así como diseñar, aplicar y establecer mecanismos de control para programas de tratamiento penitenciario de resocialización, rehabilitación y reinserción social de la población reclusa 2,3.
El INPEC controla 137 establecimientos penitenciarios y carcelarios, de los cuales el 30% pertenece a la región central del país y el resto cubre el territorio nacional. Tales establecimientos pueden ser complejos carcelarios y penitenciarios, colonias agrícolas o centros de reclusión especial o de mujeres, además pueden ser de mínima o alta seguridad y tener pabellones dispuestos de manera especial para justicia y paz o para salud mental 4,5.
En enero de 2015, la población reclusa en Colombia ascendía a 161 477 personas, de las cuales el 97.7% estaban a cargo del INPEC y 2.3% bajo custodia de entes territoriales y la Policía Nacional. De dicha población, 18 745 reclusos eran reincidentes y 8 829 tenían condiciones de excepcionalidad, entre ellos 776 discapacitados, 42 inimputables y 2 620 de tercera edad 5.
Ahora bien, el mayor porcentaje de la población reclusa (52.1%) tiene entre 30 y 54 años de edad, seguida de quienes oscilan entre 18 y 29 (42%). El 64.8% tiene condena y el 35.2% son sindicados. En su mayoría (53.5%), la población reclusa ha alcanzado educación básica media y media vocacional 5.
La literatura colombiana sobre terapia ocupacional evidencia una incipiente documentación sobre el actuar en este campo, quizá debido a su aparición hasta los años noventa 6 y por la poca demanda de profesionales: en 2002 se estimaban 20 terapeutas ocupacionales vinculadas con el INPEC, mientras que en 2008 solo se reportaban 13 por contrato de prestación de servicios y ninguno de planta 6,7. Otra posible causa es la débil cultura gremial de publicación de experiencias 6.
La escasez de evidencias en este ámbito se menciona en los contextos latinoamericano 8, norteamericano 9,10 y británico 11. Por ello, es necesario reconocer desarrollos, experiencias y posibles retos en el sector ante una población reclusa creciente y una problemática compleja desde lo social y ocupacional 4,6,12.
Material y métodos
Investigación cualitativa con triangulación de información 13 mediante revisión de literatura especializada nacional e internacional y aplicación de encuestas. Se establecieron como descriptores de búsqueda: terapia ocupacional, recluso, prisión, cárcel, sector justicia y penitenciaría. Se consultaron las bases de datos Pubmed, Embase, Medline y Ovid para el periodo 2000-2014 y se revisaron los históricos de los artículos publicados en la Revista Ocupación Humana y de las tesis de terapia ocupacional en 6 de las 10 universidades colombianas que ofrecen este programa.
Por otra parte, se diseñó una encuesta de 15 preguntas dirigida a terapeutas ocupacionales con experiencia profesional en el sector justicia. Esta fue sometida con anterioridad a revisión de expertos y se aplicó un piloto para asegurar validez de contenido (Tabla 1).
Tabla 1 Estructura de la encuesta aplicada a terapeutas ocupacionales con experiencia en el ámbito penitenciario.
Fuente: Elaboración propia.
Para la recolección y el procesamiento de información se tuvieron en cuenta cinco categorías analíticas: acontecimientos que han influenciado el ejercicio profesional en el sector; programas desarrollados; referentes teóricos y conceptuales; procedimientos o instrumentos empleados, y retos y proyecciones. A su vez, los procedimientos fueron clasificados según el código de procedimientos profesional 6, empleado como nomenclador de referencia en esta investigación.
Por medio del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional se difundió la invitación electrónica para participar en la investigación, explicando en detalle los alcances de la misma. Siete terapeutas ocupacionales con experiencia en el sector justicia aceptaron participar y diligenciaron la entrevista, cinco en formato electrónico autoadministrado y dos con aplicación mediante entrevista personal. Cabe aclarar que el instrumento incluía al inicio el consentimiento informado.
El equipo investigador clasificó y analizó por categorías la información cualitativa según los alcances del proyecto. Las respuestas sobre hitos que han influenciado el ejercicio profesional se organizaron según criterios cronológicos y de complementariedad de la información. Mediante un ejercicio de triangulación, la revisión documental permitió precisar las respuestas registradas en las encuestas 13. Por último, los datos sobre programas desarrollados, referentes, procedimientos y retos y proyecciones profesionales se estructuraron en inventarios con el panorama de respuestas.
La investigación se clasificó sin riesgo y se aseguró estricta confidencialidad de los datos relacionados con la privacidad de los sujetos de la muestra, según establece la Resolución 8430 de 1993 14.
Resultados
Escenario internacional
La revisión permitió recuperar 16 trabajos publicados entre 2004 y 2014 con experiencias internacionales que cumplían los criterios de búsqueda. Los resultados por país se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2 Reporte de hallazgos sobre terapia ocupacional en el ámbito penitenciario, contexto internacional.
Fuente: Elaboración propia con base en Drápela et al.8, Eggers et al.9. Crist et al.10, O'Connell & Farnworth 11, INPEC 12, Bello-González et al.15, Mella et al.16, Rincón-Aguilera et al.17, Núñez 18, Provident & Joyce-Gaguzis 19, Loveland & Boyle 20, Butz 21, Dieleman & Duncan 22, Williams 23, Cockburn 24 y Zaragoza 25.
Escenario nacional
Revisión sistemática de literatura
Se revisó el histórico de tesis elaboradas en seis universidades colombianas que ofrecen el pregrado en Terapia Ocupacional y se recuperaron 30 trabajos coincidentes con los criterios de búsqueda, En dos instituciones no se encontraron trabajos coincidentes con los términos de búsqueda. Las instituciones en las que sí se identificaron trabajos pertinentes fueron Universidad Manuela Beltrán (36.6%), Universidad Mariana (33.3%), Universidad Nacional de Colombia (26.6%) y Universidad de Santander (3.33%). La Figura 1 muestra los hallazgos del rastreo de las tesis.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1 Número de tesis sobre terapia ocupacional en sector justicia. UN: Universidad Nacional de Colombia; UMB: Universidad Manuela Beltrán; UM: Universidad Mariana; UDES: Universidad de Santander.
La mayoría (43.3%) de las investigaciones se desarrollaron en las cárceles La Picota, La Modelo, Distrital de Bogotá D.C. y Buen Pastor de Bogotá D.C. Las restantes en centros de reclusión para adultos y menores infractores de Pasto, Bucaramanga, Soacha, Chocontá, La Mesa, Gachetá y San Juan del Cesar.
Priman los trabajos en el área sociolaboral, de forma específica sobre orientación ocupacional, desarrollo de habilidades para el trabajo, inclusión productiva, ergonomía y afectación psicosocial en reclusos (43.3%). Le siguen aquellos sobre diseño e implementación de servicios dirigidos a población reclusa o menores infractores (16.6%) y evaluación de programas (10%). Se encontraron investigaciones sobre uso y promoción del tiempo libre y autocuidado en personas privadas de la libertad (6.6%), atención integral a menores infractores (6.6%), descripción del desempeño ocupacional de detenidos (3.3%) y percepción de funcionarios del sector justicia frente a servicios de terapia ocupacional (3.3%). Estas actividades se centran en población adulta privada de la libertad (66.6%), menores infractores (16.6%) y mujeres (6.66%), pero también, con menor frecuencia, en indígenas, adultos mayores detenidos y funcionarios de instituciones penitenciarias y carcelarias (3.33%).
En cuanto a los procedimientos profesionales, los resultados muestran que los más utilizados fueron: atención directa en institución (evaluación de reclusos, diseño de programas y puestos de trabajo); educación y promoción mediante talleres sobre competencias ciudadanas y laborales, y atención indirecta a familia y maestros con talleres y programas con las redes de apoyo. También se emplearon actividades terapéuticas individuales y grupales, modalidades socioemocionales para motivación y respeto y adaptaciones o cambios para accesibilidad al contexto psicosocial a través de ajustes a puestos de trabajo en talleres ocupacionales.
Del mismo modo, se evidencia que los modelos de la ocupación humana, canadiense del desempeño ocupacional, ecológico, adaptación ocupacional y competencias laborales son los más referenciados 26-29; además de los modelos psicodinámico, cognitivo y persona-ambiente-ocupación.
Se recuperaron tres artículos nacionales de la publicación gremial Revista Ocupación Humana y dos documentos institucionales. Los artículos describen, en su mayoría, el papel de la terapia ocupacional con población reclusa y con infractores menores de edad 30-32. Estos documentos mencionan estrategias de tipo formativo, tales como talleres sobre autodisciplina, aceptación de reglas y normas de convivencia y de tipo lúdico; entre estas últimas se encuentran las actividades deportivas, recreativas y de exploración artística. Además, se contemplan intervenciones institucionalizadas y comunitarias para avanzar en la reinserción social, las cuales se sustentan en el modelo de la ocupación humana 26.
Se revisaron dos documentos del INPEC sobre terapia ocupacional en el sector justicia colombiano 7,33. El primero da cuenta del recurso humano vinculado, sus funciones desarrolladas y la percepción y caracterización del trabajo en consejos de evaluación y tratamiento (CET), tales como instrumentos, procedimientos, técnicas, aspectos motivacionales y consideraciones éticas 7. El segundo menciona los modelos de la ocupación humana y las competencias laborales como base de las acciones profesionales en el sector y desarrolla un instrumento con variables, dimensiones e indicadores de intervención, nivel de riesgo y concepto profesional emitido para los CET 33.
Por otra parte, el informe de Gómez & Parra (34) sobre terapia ocupacional en el ámbito penitenciario aborda experiencias nacionales e internacionales, marco normativo, alcances, referentes teóricos y procedimentales y perfil del profesional.
Encuesta
De las participantes encuestadas, 4 tienen experiencia de hasta tres años en el ámbito penitenciario, mientras que las 3 restantes reportan, respectivamente, 4-6 años, 7-9, y más de 10. Las instituciones de reclusión donde han laborado se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3 Instituciones de reclusión donde se reporta experiencia profesional.
Fuente: Elaboración propia.
Los hitos que según la muestra han marcado el desarrollo de la terapia ocupacional en el sector justicia colombiano son reportados en la Tabla 4. Las casillas sombreadas indican datos aportados por las investigadoras, a partir de la revisión documental efectuada, para precisar las respuestas registradas en las encuestas 13.
Al indagar sobre programas desarrollados desde la terapia ocupacional, se enunciaron tres: 1) salud mental, que emplea estrategias de autocuidado, actividades significativas individuales y grupales; 2) manual del desempeño ocupacional, a través de adaptación de escuelas de formación empresarial para orientar a los internos sobre el desarrollo de habilidades y destrezas ocupacionales, redimir penas y destacar la importancia de desarrollar actividades lícitas, y 3) espacios radiales: Promoviendo la ocupación y la cultura en los internos, que trataba temas como ocupación, cultura y sociedad y tenía la participación tanto de internos como de personal del INPEC, y Ocuparte, dirigido a incrementar autonomía, productividad y realización ocupacional.
Tabla 4 Sucesos relevantes en el desarrollo de la terapia ocupacional colombiana en sector justicia, datos muestrales.
Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a espacios interdisciplinarios, se mencionaron los siguientes: CET; junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza (JETEE); unidades de tratamiento especial para farmacodependientes; unidades de tratamiento especial para personas con VIH/sida; unidades de tratamiento especial para desmovilizados de grupos armados ilegales y unidades de tratamiento especial para jóvenes violentos; unidades para prevención de suicidio y delito; el programa de apoyo postpenitenciario, y salud ambiental.
El inventario de referentes teóricos y conceptuales empleados por las encuestadas arrojó los siguientes modelos: ocupación humana, canadiense del desempeño ocupacional, cognitivo-conductual, psicosocial, adaptación ocupacional y ecológico. Con escasa mención figuran el humanista, persona-ambiente-ocupación, psicodinámico, competencias laborales, desempeño ocupacional realizante y orientación vocacional.
También se indagó sobre procedimientos evaluativos empleados, entre los cuales figuran entrevistas libres, estructuradas y semiestructuradas; test formal, y observación directa individual o en grupo.
Los procedimientos de tratamiento e intervención más empleados son: atención directa en institución como intervención en hábitos y rutinas, orientación vocacional; talleres productivos y evaluación del desempeño ocupacional; educación o promoción de hábitos saludables, proyecto de vida y vida productiva; atención indirecta con plan terapéutico domiciliario/laboral, el cual emplea el análisis de puestos de trabajo y asesorías para orientación ocupacional y laboral.
La encuesta preguntó sobre posibles retos o proyecciones para el terapeuta ocupacional en el ámbito penitenciario y los resultados se resumieron en la Tabla 5.
Discusión
A nivel internacional y en el contexto penitenciario, la terapia ocupacional desarrolla acciones de formación e inclusión productiva y social con la población reclusa. Esta disciplina identifica y pone en práctica las experiencias ocupacionales alternativas y significativas que favorezcan la reinserción social y la disminución de reincidencia en el delito, al tiempo que hace aportes en la promoción de hábitos de autocuidado y el manejo del tiempo libre 8-12,15-25. Tales acciones coinciden con los desarrollos en el contexto colombiano 7,30-34; sin embargo, queda pendiente incursionar y documentar la participación en dictámenes periciales, tal como lo permite la Ley 949 de 2005, que regula esta profesión en el país 1.
Los talleres son la estrategia más utilizada. Sobre esto, cabe resaltar la importancia de las propuestas dirigidas a una resignificación ocupacional acudiendo a alternativas en el marco de la legalidad para favorecer la vida en sociedad 12,15,16,19,20,25.
A nivel nacional, la incursión de la terapia ocupacional en el ámbito penitenciario se dio a inicios de los años noventa y coincide con la promulgación del PPI para población reclusa 34, la Ley 65 de 1993 35 y el Acuerdo 11 de 1995 (36) del INPEC.
La Ley 65, en el artículo 10, define como finalidad del tratamiento progresivo penitenciario "la resocialización del infractor de la ley penal [...] a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario" 35. Tales aspectos corresponden a las competencias definidas para el terapeuta ocupacional en ese campo de ejercicio 5.
Según lo considerado por los expertos consultados, los aportes de la academia, las problemáticas sociales nacionales y el desarrollo legislativo son factores que han marcado el transcurrir profesional en el sector justicia. Se resalta la necesidad de hacer mayor presencia en los momentos de definición de políticas en este sector, dado el papel de la ocupación en dicho ámbito y los alcances profesionales con esas poblaciones.
La intervención profesional ha estado encaminada en su mayoría a la resocialización de población reclusa mediante estrategias terapéuticas y pedagógicas para favorecer adquisición de habilidades; promover valores de respeto y responsabilidad; afianzar un sistema de valores y creencias en torno a una visión distinta del sujeto, la ocupación y el trabajo, y establecer un nuevo proyecto de vida basado en la legalidad, el cual les permita vivir en comunidad. Lo anterior concuerda con los alcances de la actuación profesional descritos en la literatura 5,6,30-34.
El trabajo y la educación se configuran como estratégicos para la resocialización a través de la ocupación, siendo esta una alternativa que facilita la productividad y la realización de los individuos con el fin de disminuir reincidencia en el delito 7,30-34. Es importante resaltar que la intervención debe abarcar las distintas dimensiones del desempeño ocupacional de los reclusos, partiendo de la premisa de que son seres integrales, influenciados por los contextos físico y sociocultural y las dinámicas de sus redes de apoyo.
Las profesionales consultadas reportaron distintos programas y servicios dependiendo de las necesidades, características y recursos institucionales. Sin embargo, se reconoce la posibilidad de que existan programas de más amplia aplicación en las instituciones penitenciarias del país que no hayan sido reportados para la presente investigación.
Es fundamental que los programas de terapia ocupacional dispongan acciones dirigidas a la familia y redes sociales del infractor de la ley para asegurar soportes y condiciones básicas para un proyecto de vida y ocupacional distinto que impacte de forma efectiva sobre el individuo y la sociedad.
En Colombia, se resalta el papel de la academia en la incursión y el fortalecimiento del quehacer en nuevos escenarios y se reconoce el potencial investigativo en estos lugares; dicha relevancia también es señalada en la literatura norteamericana 8,9. Casi la mitad de las tesis revisadas (43.3%) y dos de los tres artículos de la revista gremial (basados en trabajos de la academia) fueron realizados durante la década de los noventa, en un periodo cercano a la aprobación de las disposiciones que dan apertura a la terapia ocupacional en este campo en Colombia. Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional falta avanzar en la publicación y difusión de los productos para que puedan ser conocidos y sometidos a validación por parte de la comunidad 8-10,22. Con respecto a esto último, resulta preocupante que las experiencias y reflexiones inéditas no puedan citarse de manera formal como referencias en publicaciones de alto impacto.
A nivel poblacional, vale la pena indagar sobre la existencia o formulación de propuestas profesionales dirigidas a grupos en situaciones especiales por su mayor condición de vulnerabilidad, tales como reclusos inimputables, con discapacidad, mujeres embarazadas o con niños. Asimismo, es importante investigar sobre la población cobijada con prisión domiciliaria o aquella reinsertada a la vida en comunidad al egresar del centro de reclusión, temas estratégicos sobre los cuales no se documentan experiencias de terapia ocupacional y que darían cuenta del impacto de sus servicios. Lo anterior, debido a que los trabajos nacionales e internacionales recuperados se enfocan en grupos tradicionales privados de la libertad, sin encontrar mayores evidencias sobre otras poblaciones o condiciones.
Los principales referentes conceptuales identificados son propios de la profesión, este aspecto orienta y fortalece la intervención y contribuye al reconocimiento social del quehacer. Algunas profesionales encuestadas reportan el empleo de fundamentos transdisciplinarios complementarios como los de competencias laborales, humanistas o de orientación vocacional.
Los retos profesionales señalados por la muestra arrojan una percepción de debilidad gremial frente a este ámbito de ejercicio, ya que se menciona la necesidad de fortalecer el posicionamiento profesional en el área, el trabajo interdisciplinario, la investigación y evidencia científica y el escaso recurso humano disponible en las instituciones del sector. Por este motivo, el papel de la academia y la representación gremial son claves para incentivar una mayor presencia de terapeutas ocupacionales en espacios institucionales donde se visibilice su actuar y tengan capacidad de injerencia en decisiones sectoriales.
Vale resaltar que, al primar trabajos sobre descripción del papel profesional en el sector justicia, propuestas de servicios o caracterización poblacional de usuarios, se han desatendido iniciativas con mayor énfasis en la medición del impacto o efectividad de terapia ocupacional, tales como transformaciones en el proyecto ocupacional de los exreclusos, reinserción sociolaboral y disminución de reincidencia. Esto aplica también para el plano internacional 10,21.
Como fortaleza del estudio se resalta el ejercicio metodológico de triangulación, pues se acudió al minucioso rastreo documental de distintos tipos de fuentes y al conocimiento de expertos en el tema.
Como dificultades de la investigación se menciona que no todos los trabajos recuperados contenían información que nutriera la variedad de categorías analíticas definidas para la revisión sistemática. Además, es posible que no hayan sido incluidos trabajos que podían aplicar para el proyecto y que escaparon al rastreo documental; otros no pudieron ser referenciados en la publicación de resultados por ser inéditos. Por algunas imprecisiones cronológicas en los sucesos relevantes mencionados en las encuestas, las investigadoras debieron complementar o ajustar la información sobre los hitos que marcaron el desarrollo de la terapia ocupacional en el país (incursión en el área, expedición de normatividad).
Conclusiones
Teniendo en cuenta que Colombia atraviesa por una coyuntura que resulta estratégica ante el escenario del acuerdo de paz, que debe sustentarse en alternativas y respuestas efectivas de tipo ocupacional para asegurar una paz duradera, es prioritario fortalecer la presencia e injerencia de la terapia ocupacional en el sector justicia, ya que la ocupación es un eje fundamental en todo proceso de resocialización.
Tanto entre los objetivos del INPEC (disponer programas de resocialización, rehabilitación, reinserción social), como en los alcances de la Ley 65 de 1993 (sobre redención de penas por participación en actividades de trabajo, literarias, deportivas, artísticas y de educación), la Ley 1709 de 2014 (sobre trabajo penitenciario como derecho, obligación social y medio terapéutico para resocialización) y la Ley 949 de 2005 (sobre el papel del terapeuta en el sector justicia), la ocupación se muestra como estrategia esencial e incentivo de cambios en una población que, habiendo transgredido normas jurídicas, no pierde su capacidad de aportar a la sociedad a través de su potencial ocupacional y productivo.
Para finalizar, urgen reflexiones sobre aspectos claves que redundan en la participación profesional en el sector justicia: el significado de la ocupación en las funciones y fines de la pena, el papel del terapeuta ocupacional ante el rezago del tratamiento progresivo penitenciario y el rol del gremio como potencial actor en momentos de definición de la política criminal, entre otros.
Conflicto de intereses
Ninguno declarado por las autoras.
Financiación
Ninguna declarada por las autoras.
