DOI: 10.15446/achsc.v43n1.55072

Bolivia: de la crisis económica al ciclo rebelde, 2000-2005^*

Bolivia: from the Economic Crisis to the "Rebel Cycle", 2000-2005

Bolívia: da crise económica ao "ciclo rebelde", 2000-2005

DARÍO I. RESTREPO BOTERO^**
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

^* Este texto hace parte de la tesis doctoral llevada a cabo por el autor en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, bajo el título: "Procesos de descentralización en Bolivia y Colombia, 1980-2005. Una propuesta de economía espacial comparada."
^** indamail@gmail.com

Artículo de investigación.
Recepción: 24 de marzo de 2015. Aprobación: 17 de agosto de 2015.

Cómo citar este artículo:
Darío I. Restrepo Botero, "Bolivia: de la crisis económica al ciclo rebelde, 2000-2005", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43.1 (2016): 295-322.

Resumen

El año de 1998 se recuerda por una crisis económica mundial que golpeó muy fuerte a Bolivia y socavó las bases económicas de la estabilidad política sobre la que se apoyó el neoliberalismo desde el año de 1986. El gobierno pretendió hacer pagar la crisis a los sectores populares, lo que desencadenó "el ciclo rebelde", que derrotó primero en el 2000 la privatización trasnacional del agua, cercó las grandes ciudades varias veces en defensa de los sembrados de coca durante el primer lustro del siglo y reapropió para el Estado el servicio de gas en el año 2003. Al fragor de las luchas se construyó "la agenda de octubre", que participó del conjunto de condiciones políticas necesarias para que las revueltas sociales se convirtieran en alternativa de poder, programa que llevaría a la victoria electoral de la presidencia de la república al indígena Evo Morales a finales del 2005.

Palabras clave: Bolivia, descentralización, neoliberalismo, ciclo rebelde, crisis económica, privatización.

Abstract

The year 1998 is remembered as the time of the world economic crisis that severely affected Bolivia and undermined the economic political stability enjoyed by neoliberalism since 1986. The government intended for the popular sector to be liable for the crisis, which led to the "rebel cycle" which, in the year 2000, defeated the transnational privatization of water, organized demonstrations in main cities in defense of the coca fields during the first half of the century, and appropriated gas service for the State in the year 2003. During the clashes, the "October Agenda" was born complying with all the necessary political requirements. Thus, the social uprising became an alternative for power. This program made the successful election of the indigenous citizen Evo Morales (for President of the country) possible at the end of 2005.

Keywords: Bolivia, decentralization, neoliberalism, rebel cycle, economic crisis, privatization.

Resumo

O ano de 1998 é lembrado por uma crise econômica mundial que atingiu muito forte a Bolívia e comprometeu as bases econômicas da estabilidade política sobre a qual se apoiou o neoliberalismo a partir de 1986. O governo pretendeu fazer com que os setores populares pagassem pela crise, o que desencadeou "o ciclo rebelde", que derrotou, primeiro em 2000, a privatização transnacional da água, cercou as grandes cidades várias vezes em defesa das plantações de coca durante a primeira metade do século e expropriou o serviço de gás para o Estado em 2003. No calor da luta, construiu-se "a agenda de outubro", que participou do conjunto de condições políticas necessárias para que as revoltas sociais se tornassem a alternativa de poder, programa que levaria o indígena Evo Morales à vitória eleitoral da Presidência da República no final de 2005.

Palavras-chave: Bolívia, descentralização, neoliberalismo, ciclo rebelde, crise econômica, privatização.

Introducción

El siglo XX se despidió con una seguidilla de crisis que enlazaron los continentes del mundo e hicieron tomar conciencia de los peligros de la globalización financiera, diseñada por los organismos multilaterales durante treinta años. La crisis empezó en los prometedores "tigres asiáticos", países promovidos desde los años setenta como paradigmas que el tercer mundo debía imitar, si quería escapar de la trampa del subdesarrollo. Primero fue Tailandia, luego Corea del Sur e Indonesia, todos en 1997, seguidos por Malasia en 1998. El mismo año, la crisis se extendió sobre Rusia, la ex potencia comunista que no llevaba todavía una década de retorno a la economía de mercado, y posteriormente también a Turquía. De Asia a Europa, el contagio se extendió un año después en 1999 a Brasil y Bolivia, para depositar sobre Argentina en el año 2000 las consecuencias dramáticas de la interconexión financiera global. Los demás países y continentes no observaron desde cómodos palcos el derrumbe de las economías mencionadas, en la medida en que todo el sistema financiero se contrajo, así como el comercio.

En tres años, el PIB de América Latina se contrajo considerablemente: mientras que en 1997 fue del 5,4%, en 1998 cayó al 2,1% y un año después, en 1999, fue del 0%.¹ No es este el lugar para adentrarse en las causas de esta crisis sistémica ni en los mecanismos de difusión y superación; interesa detenerse en el profundo y prolongado deterioro económico que tuvo la crisis en Bolivia, que desató y canalizó un masivo descontento social que terminó por minar las bases del sistema político sobre el cual se implementó el ajuste estructural desde 1985. A la salida de la crisis, desde el año 2005, ya era tarde; Evo Morales, a la cabeza del Movimiento al Socialismo —mas—, ganó las elecciones en diciembre del 2005 con el 54%, reivindicando un programa contrario al que imperó durante 20 años: en vez de transnacionalización económica de los espacios interiores, defensa del mercado nacional; en vez de privatización de los recursos naturales y de los servicios públicos domiciliarios, estatización; en vez de exclusiva democracia representativa, reclamo del poder hacia comunidades, pueblos y organizaciones indígenas, campesinas y populares; en vez de reclamarse el presidente de una Bolivia moderna, occidental y liberal, expresó el anhelo de un Bolivia multinacional, crítica del "Estado colonial" y de la democracia liberal y burguesa.

Crisis económica y tragedia social

El crecimiento del PIB (que había sido sostenido durante toda la década de los noventa) de repente se frenó abruptamente, al pasar de un aumento del 5,0% en 1998 a colapsar en 1999 hasta el 0,4%.² En 1978, momento en el que coincide la cumbre del repudiado intervencionismo estatal inspirado por el Modelo de Sustitución de Importaciones —misi— con el declive del régimen de las dictaduras, Bolivia alcanzó un PIB per cápita que no volvió a verse en los siguientes 27 años, 20 de ellos bajo la hegemonía neoliberal; mientras el crecimiento comprendido entre 1960 y 1980 fue del 60%, bajo el ajuste neoliberal, entre 1980 y el 2005 fue tan solo del 2%, el peor resultado del continente latinoamericano.³

En Bolivia, a diferencia de otros países, la ortodoxia neoliberal no podía atribuir tan mediocres resultados a la desatención de sus recomendaciones por las elites locales. Por el contrario, como afirman los economistas del Center for Economic and Policy Research de Washington, Michigan Mark Weisbrot y Luis Sandoval:

Durante los últimos 20 años, Bolivia ha estado operando continuamente bajo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con la excepción de un periodo de 8 meses. Debido, en parte, a estos acuerdos con el Fondo, el cual coordinó sus políticas en Bolivia con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo el país ha llevado a cabo algunas de las más extensas reformas estructurales en América Latina.⁴

La discreción en el manejo multilateral de las decisiones estratégicas del país fue tan amplia que las agencias se preciaron mundialmente de conducir la implementación del paquete completo de las reformas de liberalización: comercial, financiera, fiscal, laboral y de privatizaciones de sectores estratégicos. Bolivia se convirtió en un caso modelo de ajuste macroeconómico y al orden institucional, conducta que brindaba confianza sobre el futuro de Bolivia a la dirección programática del neoliberalismo a escala mundial. Como lo recuerda el economista de la Universidad de Sheffield, Paul Mosley:

En 1996, el director del FMI, Michel Camdessus, afirmó que el futuro económico de Bolivia estaba "asegurado" y que él esperaba que Bolivia creciera hasta convertirse en un "Jaguar Andino", en analogía con los "tigres" del este de Asia.⁵

La opinión pública empezó a considerar que la profundidad y duración de la crisis económica boliviana era culpa de las agencias multilaterales, del neoliberalismo impuesto y de las elites locales que habían sacado provecho personal de su implementación. El caso más paradigmático no era otro que el de Gonzalo Sánchez de Lozada, "el hombre más rico del país", quien como ministro de Planeamiento y Coordinación inició la implementación del modelo en 1985, lo radicalizó a través de masivas privatizaciones y capitalizaciones durante el periodo de su primer gobierno (1993-1997) y pretendió complementar en su truncado segundo gobierno de 2002-2003.

Debido a estas decisiones e intervenciones, el aumento del gasto público social en medio del freno del crecimiento económico no se tradujo en un alivio considerable de la pobreza, sino que, por el contrario, llegó a promediarse en el 64% de la población entre el año 2000 y 2002,⁶ luego de haberse incrementado entre 1990 y 1999, década de importante crecimiento económico sostenido, del 53% al 61,4%. Además, aumentaron la población en situación de miseria, el desempleo, la informalidad y la precariedad del trabajo. El 36,5% de la población estaba en una situación de pobreza extrema antes de la crisis en 1997, el 40,7% lo estaba para el año en que se origina la recesión, y el 41,3% tres años después, en el 2002.⁷ En 1999, el 63,10% de la población trabajadora se encontraba en actividades informales, y solo el 36,90% en el sector formal de la economía.⁸

El repentino deterioro de los indicadores sociales suele explicar las protestas y revueltas en las calles, oficinas y campos; pero, el ascenso sostenido de las movilizaciones y su tendencia a la confluencia requieren de otros incentivos. El sentimiento de injusticia radicaliza la rebeldía, así como la consideración de que vivir mejor es posible (y no solo lo deseable) alimenta la perseverancia, la amplitud y la coordinación de acciones entre aquellos que concurren desde una gama muy amplia de malestares y demandas sociales. Motivos no faltaron, en ambos sentidos: la crisis no golpeó a todos por igual, sino que profundizó las diferencias sociales, étnicas y territoriales entre ganadores y perdedores, en tiempos de crisis económica. Mientras una población con ingresos inestables y precarios veía aumentar abruptamente el precio de algunos servicios públicos básicos, los empresarios privados transnacionales que adquirieron dichas empresas incrementaban sus utilidades; mientras el precio del gas y el petróleo subía mundialmente en los noventa (más aún en el primer quinquenio del siglo XXI) y con ellos las utilidades de las empresas privadas nacionales y extranjeras, los impuestos a dichas utilidades bajaban.⁹

Mientras los ingresos del oriente del país crecían de la mano de los hidrocarburos y del 11% de las regalías para los departamentos productores, los ingresos del Estado por concepto del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados —IEHD— se estancaban, debido a un congelamiento del precio interno.¹⁰ Mientras las oportunidades del gasto público y el desarrollo productivo y de servicios aumentaban en el oriente, el desempleo se concentraba en las zonas densamente pobladas del occidente del país, como en la ciudad aymara de El Alto¹¹. Mientras Bolivia era uno de los países más inequitativos de América Latina, el FMI recomendaba proteger las utilidades y patrimonios de las grandes empresas y fortunas personales, a la vez que exigía una mayor presión fiscal sobre las clases medias y el sector informal del trabajo.¹² Un sentimiento de indignación crecía, alimentaba y atravesaba un sinnúmero de reivindicaciones y luchas específicas de maestros, trabajadores de la salud, vecinos, usuarios de microcréditos, mineros, campesinos, comunidades indígenas, trabajadores oficiales e incluso la policía reclamaba por los bajos salarios. Viejas ideas, como la nacionalización de los recursos naturales, la financiación de una industrialización con base en las rentas mineras y los hidrocarburos, así como el retorno a la estatización de los servicios básicos, volvieron a agitarse más allá de las elites radicalizadas de los movimientos sociales y los pequeños grupos de izquierda.

El neoliberalismo en Bolivia fue abruptamente inoculado con ocasión de la crisis internacional de comienzos de los ochenta, cuando se derrumbó el precio del estaño, al tiempo que se contrajo el crédito internacional y subieron las tasas de interés de la deuda externa. Entonces, colapsaron la economía, el gobierno y toda la ideología desarrollista y de intervención del Estado en la protección del mercado nacional. Ahora, 15 años después, había regresado el ciclo de la crisis financiera internacional, que una vez más abrazó plenamente a Bolivia, cuya economía entró en una crisis prolongada de seis años, llevándose la tan ponderada estabilidad democrática que había permitido los pactos y repartos entre los partidos políticos tradicionales y alternativos. Después de 15 años de un inmenso poder para diseñar el orden económico e institucional, a imagen y semejanza de los textos neoliberales, el modelo descubrió sus pies de barro. La razón: Bolivia seguía dependiendo de los flujos financieros internacionales, pues no hizo endógeno el desarrollo con base en el mercado interno y no construyó una respuesta de economía para los sectores populares. El orden neoliberal pudo reinar con base en la estabilidad del sistema político, pero ahora la crisis macroeconómica socavaría las bases de la estabilidad política. En cinco años, entre el 2000 y el 2005, cinco presidentes sesionaron desde el Palacio Quemado: Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Evo Morales. La inestabilidad política había regresado.

Ascenso social desde abajo: el auge del ciclo rebelde

En el 72% de los días hábiles del año 2000 hubo diferentes expresiones de conflictos sociales, lo que equivale al 52% de los días totales del año.¹³ Trabajadores estatales, campesinos y cocaleros, mineros, transportistas, pobladores y consumidores de servicios públicos fueron los sectores de mayor movilización, realizada a través de manifestaciones, huelgas de hambre, paros, motines, enfrentamientos y bloqueos.¹⁴

Tal efervescencia social expresó el auge de un "ciclo rebelde", según la afortunada expresión de Martha Cabezas Fernández,¹⁵ mediante el cual las actividades inconexas, sectoriales y dispersas generaron un ambiente de confrontación generalizada en contra de diferentes aristas del orden político y económico vigente desde 1985. Entre tantas revueltas, cuatro sobresalieron por la capacidad de conjuntar diversos sectores en un propósito común y por el alto impacto que tuvieron sobre las relaciones de fuerza a nivel general: la "guerra del agua" del año 2000, la revuelta de los campesinos-indígenas cocaleros entre el 2000 y el 2003, el cerco de los indios aymaras sobre las ciudades en defensa de la tierra y el agua en el año 2003 y, finalmente, la "guerra del gas" del año 2003.¹⁶

Los significados de la guerra del agua del año 2000

A finales del año 1999, el gobierno vendió la empresa de agua del municipio de Cochabamba a Aguas del Tunari, empresa subsidiaria del consorcio International Water Limited de Londres, del que formaba parte la empresa norteamericana Bechtel Entreprise Inc. Con el fin de amparar la privatización, el gobierno adoptó en octubre de 1999 la Ley n.° 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.¹⁷ No solo las empresas municipales podían ser privatizadas a favor de compañías extranjeras, además, el manejo del agua quedaba hipotecado a favor de los intereses privados y, por lo tanto, el agua devenía una mercancía, no solo su administración y suministro:

En virtud de la ley se separaba el agua de la tierra. El mercado del agua se volvía patrimonio de las empresas concesionadas y por lo tanto se venía un despojo de las fuentes de agua a los sistemas comunitarios rurales y urbanos. Por eso nos coordinamos para pelear. Después vino el alza de tarifas.¹⁸

Las asociaciones comunitarias en las áreas rurales y urbanas sintieron la amenaza, pues temían fuera expropiado su derecho al manejo y uso de las aguas como venían haciéndolo. Omar Fernández, dirigente de la Federación Departamental Cochabambina de Regantes —FEDECOR—, advirtió primero la afrenta que traía la ley y lideró, en noviembre, la conformación de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba. Líderes de comunidades campesinas regantes, los ecologistas, los urbanistas, intelectuales y el líder fabril Oscar Olivera, advertidos por el tamaño de la amenaza, empezaron una amplia campaña de sensibilización y formación sobre el derecho al agua. Los nuevos dueños (norteamericanos con administración inglesa) decidieron rápidamente, en enero del año 2000, aumentos de precios en un rango de 50% al 200%. Ipso facto, se activaron manifestaciones reprimidas por la fuerza pública.¹⁹ La coordinadora creció en audiencia, representatividad y capacidad de articulación de acciones en el área urbana y rural, de manera que campesinos regantes, líderes sindicales, profesionales, maestros, estudiantes, trabajadores, desempleados, pobladores y asociaciones de todo tipo se movilizaron por un objetivo común.

Dentro del movimiento se destacó Oscar Olivera, líder sindical fabril, cuya participación no significó la conducción de la defensa del agua por los sindicatos obreros. Por el contrario, "[...] estos consideraron que ese era un problema de los campesinos regantes, no de ellos. Ni siquiera el sindicato de la empresa de agua hizo parte de la Coordinadora".²⁰ Sin embargo, Olivera con su sindicato, al igual que otros líderes sindicales obreros, mineros y campesinos, aportaron su experiencia en la organización social para mantener durante semanas una amplia movilización. Una tradición venida del mundo sindical fue así puesta al servicio de una "causa común" por objetivos que rebasaban las reivindicaciones de la condición obrera.²¹ Empero, así como Olivera, la mayoría de los liderazgos venidos del pasado y el presente del mundo sindical no dirigieron la guerra del gas desde las organizaciones de la vanguardia obrero-campesina de antaño, sino que pusieron el acumulado histórico de los líderes, así como algunos sindicatos activos, al servicio de nuevas prácticas de organización, movilización y representación social.

Aclara Olivera:

Los trabajadores cochabambinos organizados hemos participado en cierta medida de manera institucional, brindando nuestros recursos y experiencia como Federación, a la Coordinadora del Agua. Pero salvo algunas cuantas fábricas que han tenido capacidad de participación organizada, más ha sido como individuos o grupos de trabajadores, como vecinos, miembros de comités de agua potable, pobladores, etcétera.²²

Esta declaración concentra una profunda reestructuración orgánica dentro del mundo del trabajo o, para decirlo de otra manera, es una honesta confesión de un líder sindical que reconoce los efectos que el neoliberalismo trajo en las formas de organización de la movilización y representación social. La vanguardia política y sindical de los trabajadores formales fue pulverizada, y los trabajadores urbanos dispersos, formales e informales, se reorganizaron ahora en asociaciones de vivienda, usuarios de servicios y demandantes de microcréditos. De tal manera, mientras el xii Congreso de la Central Obrera Boliviana —COB— fue incapaz de sesionar en la ciudad de El Alto, en enero del año 2000, por desentendimiento entre su fracciones,²³ la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida festejó tres meses después, en abril, una contundente victoria en contra de la empresa multinacional y de las políticas imperantes en el gobierno nacional.

El presidente de la República, consciente de los intereses en juego, decretó el Estado de sitio con el fin de replegar la combatividad social. El desacato de la orden marcial produjo más de 170 heridos y un muerto. El presidente Hugo Banzer, ex dictador y hombre de autoridad, debió recular frente a la "batalla final", convocada durante el mes de abril. El día 11 de ese mes, el gobierno cedió a las demanda de reversar la privatización del servicio de agua, derogó la ley y promulgó otra que reconoció los derechos de las cooperativas y asociaciones de agua para prestar legalmente el servicio.²⁴ El nuevo gerente de la empresa re-nacionalizada provendrá del seno de la Coordinadora del Agua, el ingeniero Alvarado.

Fue el punto de quiebre del modelo. La Coordinadora del agua de Cochabamba se volvió el referente del movimiento anti-globalización. La Coordinadora mantuvo su movilización y fue por más exigiendo una asamblea nacional constituyente a partir de una gran movilización en el año 2001. Después tendrá una incidencia directa en la guerra del gas del año 2003.²⁵

Un pilar del modelo económico había sucumbido, la privatización tras-nacional de un servicio básico para la vida y el bienestar de la población: el agua. No fueron los sindicatos, los partidos políticos ni el Congreso de la República los que hicieron retroceder al gobierno, y con él al modelo neoliberal, sino un movimiento social en la calle y los campos. La movilización directa bajo una coordinación de múltiples sectores sociales había construido la capacidad de convertirse en subjetividad política, movilización que no se activó detrás de un líder redentor que interpretara una voluntad popular o de una organización partidista o sindical que la representara ante terceros, sino bajo el trabajo de la Coordinadora, que expresó el encuentro de diversos malestares alrededor de una decisión trascendental de política pública: la defensa del agua. Esto significaba tres cosas: 1) un rechazo al trato del agua como una mercancía que discrimina su goce a la capacidad de pago de cada consumidor; 2) la privatización del servicio en beneficio del lucro privado con un bien esencial para la vida, y 3) la expropiación de la autogestión comunitaria del agua.

Además, la claridad, perseverancia y profundidad de la movilización social había vencido el miedo y la eficacia de la represión y del Estado de sitio. No solo se podía entonces hacer retroceder a un gobierno y vencer a una multinacional del país más poderoso del planeta, sino que tan alta prenda se lograba mediante la presión social directa. Las múltiples e incesantes revueltas paralelas y posteriores a las de Cochabamba consolidaron el triunfo de los guerreros por el agua y amplificaron la resonancia de su triunfo. La calle y los campos podían hacer la política desde nuevos frentes de unidad de los reclamos sociales. Las movilizaciones sociales no habían cesado en toda la década de los noventa, en particular aquellas contra múltiples aspectos de la Nueva Economía Política de 1985, y de la Economía de Mercado Social de 1993. La novedad: no se trataba solo ya de revueltas para la obtención de reclamos particulares, sino de propuestas de una nueva política pública, pues, en vez de la privatización trasnacional, la sociedad se había movilizado para recuperar la capacidad de decisión y manejo sobre un bien básico para la vida. El dilema: volver a estatizar la empresa o convertirla en un patrimonio social de sus usuarios: "Nuestra propuesta no era volver la empresa al Estado sino a la comunidad. Para nosotros el asunto no es entre privatización o estatización. Queríamos el autogobierno común sobre el agua. Ni privatización, ni nacionalización, ni estatización. Autogestión".²⁶ No sería esta la decisión tomada, sino una que trató de combinar ambas posibilidades: devolvió la empresa a la administración municipal y creó mecanismos de participación de la sociedad en la junta directiva de la empresa.²⁷

Las guerras de la coca y el cerco de los aymaras sobre las ciudades, 2000-2003

Seis meses después, en septiembre del año 2000, los cocaleros del Chapare, con el liderazgo de Evo Morales, iniciaron una nueva movilización, indignados por la guerra contra los cultivos emprendida por el gobierno de Banzer bajo presión de la embajada norteamericana.²⁸ Un motivo más de indignación: la represión contra los campesinos arreciaba en plena crisis económica y del empleo, toda vez que la siembra de la coca permitía el sostén de aproximadamente 100.000 familias, a las que el gobierno declaraba la guerra, sin ofrecer planes de desarrollo económico alternativos y creíbles.²⁹ Las federaciones de cultivadores de coca habían contribuido al bloqueo de las carreteras y al cerco sobre Cochabamba en los eventos de la guerra del agua. Ahora, la coordinadora (y más allá de ella, inmensos sectores sociales y populares) manifestaban su solidaridad con los campesinos cocaleros empobrecidos, reprimidos y encarcelados... por presión norteamericana.

Los indígenas y campesinos del altiplano central, con el liderazgo de Felipe Quispe, ("El Mallku", "El Cóndor"), se sumaron a las movilizaciones en contra de la Ley de Agua (finalmente revocada) y de la nueva ley, que introducía otra vez el principio de la privatización. No solo fueron variados los motivos que explicaron el auge de las movilizaciones indígenas, sino contradictorios.³⁰ Algunas demandas fueron en contra del Estado que penetraba "sus tierras", como por ejemplo, el rechazo al pago de tributos y a la regulación estatal sobre las tierras; otras reclamaron respeto a la autonomía indígena, a sus territorios y autoridades. En particular, creció entonces un reclamo por ser reconocidos como pueblos y naciones con derecho a la autonomía, por ejemplo, sobre las tierras, los bosques, los recursos mineros, los hidrocarburos, la industria eléctrica y de telecomunicaciones y el recurso del agua. Esta aspiración expresó su paroxismo en el desafío de Felipe Quispe al presidente Banzer, cuando lo invitó a Achacachi, "capital del mundo aymara", a dialogar de "presidente a presidente".³¹ Finalmente, otras reivindicaciones pedían inserción dentro de los beneficios del desarrollo y el Estado, en particular, mejorar las condiciones de vida y ensanchar los derechos sociales para la población agraria.

Las movilizaciones se escalonaron durante tres años con altibajos, hasta llegar a una masiva cumbre en el 2003. La toma de las principales carreteras y el cerco sobre las ciudades fueron actos tan masivos que no dieron abasto la represión de las fuerzas armadas. También los maestros se movilizaron contra la precariedad del empleo y los bajos salarios, y aunque cada sector impulsó sus intereses, la coincidencia en el tiempo logró afectar gravemente la normalidad económica del país durante tres semanas. Las empresas perdieron millones de dólares, la comida empezó a escasear en las ciudades y los colegios cerraron.³² Del campo a la ciudad, los campesinos e indígenas de nuevo estrangulaban los centros neurálgicos del poder político y económico del país con gran eficacia, mediante el control de las carreteras principales del país. En el imaginario popular, los nuevos líderes indígenas revivían la tradición del gran Tupac Katari que cercó La Paz en 1781. El gobierno cedió de nuevo: accedió frente a los cultivadores de coca a no construir una base militar norteamericana en el Chapare, y a los indígenas campesinos del altiplano les adjudicó un millar de tractores. Evo Morales y Felipe Quispe se elevaron como figuras emblemáticas de los reclamos populares provenientes del mundo rural. Sin embargo, la guerra contra la coca continuaba, así como la carencia de una política de desarrollo económico rural a gran escala.

Los significados de la guerra del gas del año 2003

A semejanza de los terremotos, los grandes estallidos sociales suelen anunciarse mediante sacudidas que anticipan el gran remezón.³³ En el año 2003, el déficit fiscal bordeaba el -8,5% del PIB y el FMI ofrecía una ayuda de 3,9 millones de dólares a cambio de un programa convincente de reducción de gastos y aumento de ingresos, que llevaría a un déficit del -5,5%. Fiel a la tendencia tributaria promovida por el FMI, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada decidió ampliar la base tributaria del impuesto de renta hacia abajo, es decir, hacia los trabajadores de ingresos medios y bajos, a los que se les cobraría una carga del 12,5% sobre el salario. La ira no se hizo esperar. En el mes de febrero se desató una manifestación más en la Plaza Murillo, situada al lado del palacio presidencial y lugar predilecto de las continuas protestas sociales. Esta vez, la policía también se sumó a la agitación social, omitiendo intervenir en la defensa de los edificios públicos atacados y en la represión a los manifestantes, debido a que temía ser víctima de los nuevos impuestos. La policía misma se amotinó a 200 metros del Palacio Quemado, sede de la Presidencia de la República. El ejército, convocado para doblegar a los policías amotinados y a las turbas enardecidas, disparó y provocó una treintena de muertos, más de 200 heridos y un sentido malestar en la población. El gobierno cedió ante la tragedia ocurrida, retiró el proyecto de los impuestos y accedió a las demandas de la policía.³⁴

Ocho meses después, las revueltas no habían cesado, todo lo contrario, el ambiente era propicio a una canalización de diferentes sectores y demandas sociales en contra del gobierno que reprimía a los campesinos, a los estudiantes y maestros, a los policías y trabajadores públicos, sobre los cuales caía el peso de la crisis económica y de las medidas implementadas por el ejecutivo. En octubre del año 2003, la cob y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia —CSUTCB— intentaban recuperar su papel histórico como instrumentos de aglutinación popular mediante una convocatoria a una huelga general y a la toma de carreteras. Motivos había muchos, pero en el momento la propaganda de agitación privilegió uno que concentraba el rechazo más generalizado: la exportación de gas vía Chile hacia los Estados Unidos de América. Un consorcio de grandes compañías, como la Exxon de los Estados Unidos, la British Gas y British Petroleum, de Inglaterra, Elf de Francia y Repsol de España estaba interesado en construir el gaseoducto para garantizar la exportación. En ese entonces se calculaba que Bolivia tenía la segunda reserva de gas de América Latina.³⁵ Mientras que el país no estaba totalmente abastecido con los servicios de gas y electricidad, los precios internos del gas y la gasolina habían aumentado varias veces desde 1995, al tiempo que a las empresas privadas que se hicieron a los negocios de los hidrocarburos les habían reducido a la mitad los impuestos sobre las utilidades.³⁶ De atrás venía la práctica de que las corporaciones petroleras solo pagaran el 18% de impuestos sobre la totalidad del gas y petróleo extraído, volúmenes cuya contabilidad el Estado no controlaba y que eran reportados por las propias empresas sin vigilancia. En esas circunstancias, la iniciativa del gobierno cayó muy mal y concentró la rabia de la población. Los pobladores de la ciudad aymara de El Alto bloquearon una vez más el acceso a La Paz y un depósito cercano abastecido de petróleo.

Los indios urbanizados del cerro tutelar de La Paz cuentan con una ubicación territorial estratégica, en la medida en que allí se encuentran el aeropuerto internacional y la carretera que une a La Paz con el Perú y Argentina, así como con el sur y el oriente del país. También desde El Alto se pueden afectar los oleoductos que conectan las regiones productoras del este con el occidente, las urbes pobladas y las rutas de exportación del gas natural. De ser un mísero poblado en los años cincuenta, El Alto pasó a tener 1'500.000 habitantes a principios de siglo XXI, habiendo crecido a una tasa de 8,2% anual durante 40 años y un 42% entre 1992 y el año 2001. Tanto el "fenómeno del niño" de 1982 y 1983, como la ruina que el neoliberalismo llevó a las regiones mineras y en el campo, alimentaron oleadas masivas de migrantes³⁷. La ciudad tutelar de la capital se convirtió en el gran sumidero del occidente del país de todas las migraciones por causas naturales y económicas; de igual manera, devino una amalgama de todas las tradiciones sociales, culturales y políticas de los campos bolivianos. Quien controlara estratégicamente El Alto, podía estrangular al país o, al menos, forzar una negociación con los poderes centrales.

El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no estaba dispuesto a ceder en la conducción de su gobierno, y menos a desistir de su plan de profundizar el modelo de transnacionalización económica. El ejército militarizó los campos en donde la csutcb llamaba a la toma de las carreteras. La región de los cocaleros también se sumó a las protestas, pero el fuerte control y la represión militar les impidieron el acceso a la capital por la carretera desde el sur. El 13 de octubre del año 2003 el ejército llegó a levantar las barricadas de El Alto y terminó disparando sobre la población, causando la muerte a entre 50 y 70 personas.³⁸ El rechazo a este hecho fue general. El vicepresidente Carlos Mesa se apartó del gobierno. La revuelta social no era ya solo y principalmente en contra del incremento de un impuesto, el alto precio de los combustibles, los bajos salarios, la exportación del gas, la defensa de la coca y de los territorios indígenas, sino que se dirigió en contra del presidente exigiendo su renuncia y su sometimiento a la justicia por los crímenes que se le imputaban. El 15 de octubre, el presidente hizo amago de ceder, se comprometió a celebrar referendos departamentales sobre la exportación del gas, modificar la Ley de Hidrocarburos e introducir la figura de la asamblea constituyente. Pero en política los tiempos son definitivos, como en la música. Para la oposición social y política, la promesa presidencial apareció como simple maniobra fuera de tiempo. Parecía que el enardecimiento popular no se podía controlar y se temía lo peor: linchamientos, incendios, asonadas. Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país en avión hacia Miami el 17 de octubre del año 2003 con un par de ministros, el de Sanidad y el de Defensa, quienes habían dirigido las acciones de las fuerzas militares.

La agenda de octubre

¿Quién había tumbado al artífice del ajuste estructural y la descentralización? En sus propias palabras, escritas en la carta de renuncia al Congreso de la República el presidente acusa a la Rebelión:

Honorables Congresales:

Bolivia está viviendo horas cruciales, la democracia está bajo asedio de grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia, todo esto configura un cuadro de sedición que con el pretexto de la exportación del gas natural ha violado la esencia de la democracia.³⁹

La Confederación de Juntas Vecinales —cojuve—, con el apoyo político del mas, apareció como la forma de organización social que tuvo la capacidad de tomarse la ciudad de El Alto y bloquear el centro económico, administrativo y político del poder situado en La Paz. Los vecinos no estuvieron solos, las dos centrales sindicales, obrera y campesina, fueron muy activas en varias regiones del país y convocaron a una movilización general. Particularmente en La Paz y El Alto, la cob participó de los bloqueos y las manifestaciones. Una vez más, la recomposición del campo popular demostraba haber girado en dos décadas: indios y campesinos venidos de toda parte, padres e hijos de los que alguna vez fueron mineros, trabajadores sindicalizados del Estado, estudiantes, maestros y trabajadores de la salud, transportadores, desempleados, trabajadores del sector informal y amas de casa se organizaron a través de las juntas vecinales. La tradición sindical, el asambleísmo indígena y la organización urbana, se juntaron en los acontecimientos de El Alto en el 2003.⁴⁰ En palabras de Álvaro García Linera:

Entonces, lo que se veía ya no era una movilización obrera clásica porque ahí habían regantes, campesinos, maestros, vecinos, obreros de industria; era un conglomerado, sin centro hegemónico único, que iba variando en función de los temas y de los momentos. En un momento podía ser el núcleo sindical clásico pero a los 15 días podían ser los regantes, con su demanda específica, los que articulaban al resto.⁴¹

No solo la ira logró tal acontecimiento, sino la identificación de un enemigo común, el neoliberalismo, y la percepción de que existía la convicción y la fuerza para imponer un conjunto de políticas diferentes. En palabras de Benjamin Kohl:

The common rallying cry of 'down with neoliberalism' was heard at demonstrations, whether the issue was retirement benefits, revision of land tenure laws, tax protests, or even education reform. Increasingly counter-hegemonic movements, whether rooted in nationalist or indigenous discourses, identified neoliberalism as the root of most of the country's difficulties. The exception here, of course, was the coca producers who argued that the US-sponsored drug war was a manifestation of imperialism—related to, but not identical with, neoliberalism.⁴²

Un recetario de medidas alternativas acompañaba las grandes movilizaciones. En primer lugar, subir los impuestos a las empresas que explotaban petróleo y gas, así como a las grandes empresas mineras; como segunda medida, nacionalizar la propiedad de dichos recursos naturales; en tercer lugar, garantizar el abastecimiento a bajo costo de todos los hogares y, por último, financiar el desarrollo industrial de la cadena conexa a los hidrocarburos, así como una diversificación productiva que generara empleo y crecimiento. Había nacido la "agenda de octubre", en tanto ideario programático popular de exigencia al gobierno, mediante la cual se demandaron un referendo sobre la explotación del gas (nacionalización e industrialización), la derogación de la Ley de Hidrocarburos (mayores impuestos a compañías privadas y transnacionales) y una Asamblea Constituyente (redistribución del poder hacia las organizaciones sociales, comunidades y pueblos). Además de una agenda económica, se hirió la democracia de los partidos políticos, en tanto monopolio legítimo del poder de representar a la sociedad. A cambio, se alzó un reclamo de prácticas y formas de poder político antiliberales, de carácter indigenista y comunitario.⁴³ Lo social intervenía directamente sobre la política, rebasando la democracia representativa, exigiendo una agenda legislativa prioritaria y reclamando nuevas formas y prácticas del poder político. En palabras de la antropóloga Marta Cabezas:

[...] sobre estas bases, se articuló una reivindicación de corte anti-neoliberal, sustentada ideológicamente en un renovado nacionalismo indigenista, que exigía una nueva Ley de Hidrocarburos más redistributiva y nacionalizadora, la transformación del gas en territorio boliviano y la realización de un referéndum para que la sociedad boliviana decidiese sobre el modelo de explotación y exportación del gas, demandas a las que se sumó la refundación de la República a través de una asamblea constituyente. Así, la defensa del gas se convirtió en síntesis y aglutinador de las reivindicaciones estructurales de los sectores populares e indígenas, que, en definitiva, exigían participación política en las decisiones estratégicas del país, reformas estructurales del modelo económico, equidad social, justicia e inclusión.⁴⁴

La prensa, la radio y los debates en muchos escenarios públicos rivalizaban en cuanto a las grandes posibilidades de desarrollo y bienestar, como consecuencia de un manejo nacional de los recursos naturales. Los eventos del 2003 habían logrado, más que hacer abdicar un gobierno, volver masivo un debate nacional sobre la necesidad de desmontar una pieza clave del modelo económico de 1985 y 1993: la privatización transnacional de los recursos naturales energéticos. A cambio, se esbozaban los trazos del abandonado Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, dirigido desde el Estado. El profesor Paul Mosley, de la Universidad de Sheffield y consultor del bm, (des)califica el ánimo programático de los insurrectos de El Alto, por estar basados en

[u]n marco doctrinal de naturaleza autárquica y proteccionista, que mezclaba conceptos atávicos de "devolver los recursos naturales a sus dueños" con ideas sueltas derivadas de la economía temprana del desarrollo, que apoyaba la idea de un proceso de industrialización basado en esos recursos como estrategia de escape de la trampa de la pobreza. La ciudad de El Alto durante los motines recuerda más el ambiente de la Rusia de finales del siglo XIX que cualquier lugar de la época contemporánea.⁴⁵

Las movilizaciones populares no cesaron en los meses y años posteriores a los acontecimientos cumbre del 2000 y del 2003, como tampoco sus efectos políticos sobre el orden legal y las políticas públicas. El 20 de febrero del año 2004, bajo la presidencia de Carlos Mesa, se legisló en materia de promoción de la democracia directa y participativa, quedó normado el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana y la asamblea constituyente.⁴⁶ Hasta entonces, el legislativo tenía el monopolio de reformar la Constitución, mediante un acuerdo de dos tercios de los congresistas en ambas cámaras y dos vueltas legislativas. El ciclo rebelde había ganado el poder constituyente a favor de un mecanismo extraparlamentario, la convocatoria a un referendo ciudadano para instalar una asamblea constituyente.⁴⁷ Sobre esta base legal, se llevó a cabo el 18 de julio del año 2004 el referendo sobre el gas, todavía con Carlos Mesa ejerciendo la presidencia. Los movimientos cívicos empresariales y las multinacionales presionaron en contra de la iniciativa, en la medida en que generaba bases legales que afectaban la repartición de excedentes entre el sector privado y el Estado. La cob y muchas organizaciones sociales y políticas populares movilizaron en su contra porque las preguntas no rompían radicalmente con el sector privado y las multinacionales.⁴⁸ El mas apoyó las tres primeras preguntas y llamó a votar contra las otras dos. En definitiva, la población aprobó mayoritariamente el referendo con una participación que promedió el 60%, suficiente para replantear las relaciones entre el Estado y el sector privado en materia del gas. Las cinco preguntas del referendo y sus resultados fueron:

a) ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos n.° 1689 promulgada por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada? (Sí, 86,64%)

b) ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano? (Sí, 92,19%)

c) ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los y las bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar el Estado en toda la cadena productiva de los hidrocarburos? (Sí, 87,31%)

d) ¿Está usted de acuerdo con la política del Presidente Carlos Mesa para utilizar el gas como un recurso estratégico para recuperar una salida útil y soberana al océano Pacífico? (Sí, 54,80%)

e) ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: I) Cubra el consumo de gas para los bolivianos y las bolivianas; II) Fomente la industrialización del gas en el territorio nacional; III) Cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50% del valor del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos. (Sí, 61,74%)⁴⁹

La lucha por el agua también logró otro resonado triunfo en enero del 2005, cuando una movilización dirigida por el Comité de Vecinos de la ciudad de El Alto obligó a que se rescindiera el contrato, concedido desde 1997, con Aguas de Illimani, subsidiaria de la multinacional francesa del agua, la Compañía Suez Lyonnaise des Eaux. También en el año 2005 arreciaron las movilizaciones para aumentar de manera considerable los impuestos a las compañías petroleras, mediante la exigencia de una ley de hidrocarburos.⁵⁰ En dicho reclamo y en la dirección de las movilizaciones se destacó Evo Morales, como también lo hizo al legitimar las protestas de los campesinos cocaleros contra las políticas de erradicación de los cultivos y la represión gubernamental. El año 2005 fue la cumbre del ascenso de todos los peligros contra el orden político y económico vigente desde 1985. En ese año confluyeron las marchas y proclamas populares, exigiendo la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, la nacionalización de las reservas de gas y la oposición a un referendo sobre la autonomía departamental, exigido por las redes empresariales del oriente del país.

Conclusión

Desde la década de los ochenta, Bolivia emprendió, de la mano de las agencias multilaterales, el ajuste estructural neoliberal más radical de América Latina, comparable únicamente con el realizado por la dictadura de Augusto Pinochet en los setenta, bajo la batuta ideológica de los Chicago Boys. Su plan de choque macroeconómico de 1985, la Nueva Economía Política —nep— y su complemento neoinstitucional de 1993, la Economía de Mercado Social —ems— fueron los experimentos más fieles a los textos y constituyeron experiencias que se ventilaron en el mundo como casos exitosos dignos de admirar e imitar. El ciclo rebelde tuvo cuatro confrontaciones pico: la del año 2000 en defensa del agua, las de los cocaleros y los aymaras entre el 2000 y el 2003, y la del 2003 sobre los hidrocarburos. Ellas confrontaron la privatización transnacional de los recursos naturales básicos para la vida y el funcionamiento del sistema productivo: agua, tierra, gas. Una vez más, Bolivia era ejemplo para el mundo, solo que ahora para aquellos que esperaban que se pudiera hacer y vivir de otra manera que no fuera bajo el imperio de la mercantilización de los recursos naturales y de la vida de las personas.⁵¹

¿Quiénes eran los sujetos sociales que desafiaban los pilares del orden internacional? En la década de los noventa, el protagonismo vino del campo con la población indígena y campesina que, en medio del ajuste, logró avances a contracorriente muy importantes, como el reconocimiento de tierras que no se podían enajenar, subdividir ni vender. Ahora, a comienzos del nuevo siglo, "los movimientos populares urbanos" y los campesinos se sumaron a un protagonismo que cuestionaban otros fundamentos del modelo económico: la privatización del agua y de los recursos naturales energéticos no renovables.

Para que la revuelta popular tuviera la capacidad de convertirse en alternativa de poder se dieron seis condiciones analizadas en este recuento de las principales luchas de la época conocidas bajo el epíteto del "ciclo rebelde": 1) un deterioro drástico y repentino de las condiciones de vida; 2) un sentimiento de injusticia y rabia en contra del gobierno por penalizar a los sectores populares en medio de la crisis, mientras acrecentó los privilegios a las empresas privadas nacionales y extranjeras; 3) La conformación de un bloque social amplio que alternó en el liderazgo de las luchas; 4) La capacidad de sostener las protestas durante un largo periodo, con episodios de mucha intensidad; 5) La construcción de una plataforma programática alternativa como expresión misma de las movilizaciones de los diferentes sectores; y 6) el sentimiento masivo de que una "agenda alternativa de poder", no solo era deseable, sino posible y viable. De igual manera, dos condiciones suplementarias se generaron en Bolivia, que permitieron el tránsito de la "vocación de poder" a la "toma del poder" estatal. Por una parte, el derrumbe del sistema político dominante y por la otra, la construcción de una alternativa política mayoritariamente investida por el movimiento social como representante de la agenda de cambio, el mas.

Notas

¹ 1. Ángel Vilarino, La crisis financiera asiática, Vilariño Consultores. Disponible en: http://www.angelvila.eu/Publicaciones_PDF/Crisis_Financiera_Asiatica.pdf.
² Paul Mosley, "La trampa política de la pobreza. Bolivia, 1999-2009", Cuadernos Económicos de ice 78 (2009): 57-97.
³ El resultado boliviano es aún "peor que para la región en general, la cual, durante los últimos 25 años, también sufrió su peor rendimiento, en términos de crecimiento económico, en más de un siglo. [...], el crecimiento del PIB per cápita fue de tan solo 10 por ciento entre 1980 y 2005, comparado con 82 por ciento entre 1960 y 1980". Mark Weisbrot y Luis Sandoval, Los desafíos de Bolivia, Cepr. Disponible en: http://www.cepr.net/documents/bolivia_challenges_espanol.pdf.
⁴ Mark Weisbrot y Luis Sandoval 5.
⁵ Mosley 64.
⁶ Mosley 66-67.
⁷ Mosley 77.
⁸ Flavio Escóbar Llanos y Claudia Vásquez Grandchant, Institucionalidad y Desarrollo en Bolivia, documento de trabajo N.o 03/02, Instituto de Investigaciones Socio Económicas —iisec—. Universidad Católica Boliviana. Disponible en: http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/2001-2005/iisec-dt-2002-03.pdf.
⁹ La Ley n.° 1689 de 1996 logró que el Estado boliviano dejará de percibir el 32% de regalías y participaciones del sector de hidrocarburos, cuyo aporte al Tesoro General de la Nación pasó de US$ 468,5 a US$ 333,2 millones entre 1998 y 2002, mientras los precios internacionales pasaron en el mismo lapso de US$14,4 a US$26,1 para el petróleo y de US$12,0 a US$19,1 para el gas licuado. Carlos Villegas, Privatización de la industria petrolera en Bolivia, Trayectoria y efectos tributarios (La Paz: cides / umsa / cedla / fobomade / diakonia / Plural Editores, 2004) 311. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas, vol. 23. Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=3&Itemid=133"> gory&catid=3&Itemid=133.
¹⁰ En julio de 2000, se congela el precio de los derivados del petróleo en 3,12 y 3,31 bolivianos por litro para el diésel y la gasolina especial; en agosto de 2001 se establece un mecanismo para ajustar el IEHD automáticamente ante variaciones del precio internacional de modo que el congelamiento no afectase las ganancias de las empresas productoras y refinadoras, y en diciembre de 2004 los precios se incrementan entre 10% y 32%. Mientras tanto, los ingresos del Sector Público No Financiero —SPNF— por el IEHD pasaron del 2,6% del PIB al 1,6% del PIB entre 2000 y 2004. Marco Gandarillas, "Gasolinazos: columna vertebral del neoliberalismo en Bolivia", Petropress cedib 24 (2004): 4-11. Instituto Nacional de Estadística —INE—, Operaciones efectivas de caja del spnf, Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40301. Miguel Fernández y Enrique Birhuet, Resultados de la reestructuración energética en Bolivia, Serie recursos naturales e infraestructura. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6399/S024290_es.pdf?sequence=1.
¹¹ En 2001, el desempleo en El Alto era de 7,1%, muy superior a los niveles de La Paz (4,7%), Cochabamba (3,8%) y Santa Cruz (3,0%). PNUD, Informe temático sobre Desarrollo Humano: La economía boliviana más allá del gas (La Paz: PNUD, 2005) 89-115.
¹² En febrero de 2003, el FMI exigió al gobierno boliviano reducir el déficit a 5,5% del PIB (en 2002 había sido de 8,8%), como condición para continuar enviando ayuda de largo plazo. Una alternativa que habría generado más de la mitad de recursos necesarios para lograr la meta era gravar con impuestos adicionales al sector de hidrocarburos, pero fue desechada por implicar una amenaza a la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras. Otra alternativa era gravar directamente y de forma gradual el ingreso de los individuos que ganasen diez o más salarios mínimos, pero fue también desechada por el poco impacto que tendría en la generación de ingresos fiscales (la población mencionada constituía solo el 4% del total). Se optó por gravar con mayores impuestos a la población que ganaba más de dos salarios mínimos; es decir, los trabajadores de más bajos ingresos. Dicha medida se conoció como el "impuestazo", y generó una fuerte confrontación social que dejó 34 personas muertas. Jim Shultz, "Lecciones de sangre y fuego: el Fondo Monetario Internacional y el febrero negro boliviano", Desafiando la globalización: historias de la experiencia boliviana, eds. Jim Shultz y Melissa Crane Draper (La Paz: Centro para la Democracia / Plural Editores, 2008) 131-162.
¹³ Un recuento pormenorizado sobre el ciclo rebelde en la que aparecen las motivaciones, los actores, las prácticas y los universos de deseo de construcción alternativa de poder se encuentra en Raquel Gutiérrez, Los ritmos del Pachakuti (La Paz: Textos rebeldes, 2008).
¹⁴ Vásquez y Escóbar 41.
¹⁵ Marta Cabezas, "Bolivia: tiempos rebeldes. Coyuntura y causas profundas de las movilizaciones indígena-populares", Revista de Antropología Iberoamericana 41 (2005): 1-16.
¹⁶ Raquel Gutiérrez.
¹⁷ República de Bolivia. "Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 29 de Octubre de 1999" Disponible en: http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2029.xhtml.
¹⁸ Debo la claridad sobre los motivos que condujeron a la conformación de la coordinadora a su vocero, Oscar Olivera Foronda, además secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba —FTCT— durante 10 años. Entrevista a Oscar Olivera Foronda, ftfc. Cochabamba, agosto de 2013.
¹⁹ Benjamín Kohl, "Challenges to Neoliberal Hegemony in Bolivia", Antipodes. A Radical Journal of Geography 38.2 (2006): 304-326. "En 1997, el Banco Mundial puso en la mira de las privatizaciones el sistema de agua, y ofreció al Gobierno condonar 600 millones de dólares a cambio de su privatización. El resultado fue que la compañía californiana Bechtel ganó el contrato para gestionar el agua de Cochabamba hasta 2039, en un concurso con solo un participante. El precio del agua subió por las nubes, lo que generó amplias protestas de trabajadores y campesinos". Francesca Relea, "De la guerra del agua a la del gas", El País, periódico global [La Paz] 19 de oct. de 2003.
²⁰ Entrevista a Oscar Olivera.
²¹ "Los principales miembros de la Coordinadora de Movilización Única Nacional —COMUNAL— de Bolivia, que lleva a cabo la caminata hacia La Paz desde Cochabamba y otros puntos del valle y del altiplano, aseguraron ayer que no temen por su vida, sino por la reacción social derivada de su posible eliminación. 'Existe una nómina en los servicios de Inteligencia de la Policía y del Ejército con el nombre de las personas que debemos ser eliminadas físicamente porque consideran que estamos trabando permanentemente el clima de paz en el país', denunció uno de los portavoces de la COMUNAL, Oscar Olivera. Olivera encabeza la marcha de unos 1.000 campesinos y agricultores que el lunes partió de Cochabamba para llegar a La Paz el 23 de abril y reclamar el cumplimiento de compromisos gubernamentales hechos el año pasado". Mabel Azcui, "Los líderes de la marcha campesina hacia La Paz creen que se les quiere asesinar", El País, periódico global [La Paz] 12 de abr. de 2001.
²² Tom Kruse, "Transición política y recomposición sindical. Reflexiones desde Bolivia", Los sindicatos frente a los procesos de transición política, ed. Enrique de la Garza (Buenos Aires: Clacso, 2001): 153-192.
²³ "En abierta actitud de burla, observadores y analistas en los medios hablaron de la 'muerte cerebral' de la cob". Kruse 153.
²⁴ "Las huelgas y manifestaciones dejaron la ciudad aislada, hasta el punto de que el Gobierno firmó un acuerdo para revisar tarifas. Las protestas se reanudaron cuando no se respetó el compromiso y se recrudecieron con la llegada del Gobierno de Hugo Bánzer, ex dictador militar en los años setenta. La dimensión de la protesta fue tal que, a comienzos de 2000 Bechtel se marchó de Bolivia, el contrato del agua quedó cancelado y se instaló una nueva compañía de agua bajo control público". Francesca Relea.
²⁵ Entrevista a Carlos Crespo Flores, profesor del Centro de Estudios Superiores Universitarios —CESU— de la Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, agosto 2013.
²⁶ Entrevista a Oscar Olivera.
²⁷ Raquel Gutiérrez 335.
²⁸ La guerra del Estado contra la coca empezó desde 1986 con el "Plan Trienal de Lucha contra el Narcotráfico" bajo el gobierno de Víctor Paz Estensoro, se recrudeció en 1994 con la implementación del plan "Opción Cero" durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y estalló en el gobierno de Banzer como reacción al "Plan Dignidad". Evo Morales substituyó el eslogan de "cero coca" por el de "cero cocaína" y así desplazó la responsabilidad de los campesinos bolivianos hacia los consumidores de los Estados Unidos.
²⁹ El plan de erradicación, puesto en marcha por una ley hace diez años y mantenido durante los sucesivos Gobiernos bolivianos, ha conseguido reducir a 2.500 las 30.000 hectáreas de la zona tropical de Chapare, el principal centro de producción del país, que se dedicaban al cultivo de hoja de coca. Un logro 'que se ha hecho de manera aceptable desde el punto de vista de los derechos humanos', 'con una importante labor del Gobierno de Hugo Bánzer y con el respaldo de las Fuerzas Armadas —la razón del éxito—'", según Garajulic. "A cambio, el coste económico para Bolivia ha sido altísimo. Se calcula que entre 40.000 y 45.000 familias dependían del cultivo de la coca para subsistir". Raúl Garajulic, "Bolivia ya ha hecho su Plan Colombia", El País, periódico global [La Paz] 14 de sep. del 2000.
³⁰ Raquel Gutiérrez 138-151.
³¹ Raquel Gutiérrez 110.
³² "El despliegue militar en todo el país no ha logrado mantener expeditas las carreteras ni frenar las manifestaciones de repudio a la autoridad, principalmente en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Ayer, el Gobierno amenazó con cerrar todos los colegios en los que los profesores secunden la huelga". Mabel Azcui.
³³ En el año rebelde de 2003 coincidieron: "Una vasta y generalizada movilización 'en defensa del gas' [...], la movilización, bloqueo de caminos y cerco a la ciudad de los comunarios aymaras [y], el levantamiento de los vecinos y gremios de la ciudad de El Alto en contra del 'impuesto disfrazado'". Raquel Gutiérrez 195.
³⁴ "Un sistema ya cuestionado en Bolivia desde sectores indigenistas, campesinos, cocaleros y los más afectados por la escasez de recursos, que lograron el segundo puesto en las elecciones de 2002. Un grupo de elite de la policía amotinado en su cuartel y con el resto del cuerpo en huelga en todo el país; un puñado de estudiantes del colegio público al que se le atribuye la mejor formación educativa y con ella la mayor concienciación política; un equipo militar en precario, el batallón de los coloraos, escoltando el palacio presidencial; a lo que hay que añadir el visceral enconamiento de la relación entre la policía y el Ejército, compusieron el cóctel que hizo explosión la mañana del miércoles y no dejó de consumirse hasta la madrugada del viernes. Los chicos lanzaron piedras a la sede de la Presidencia, los coloraos lanzaron gases lacrimógenos, los antidisturbios policiales desde su sede amotinada les lanzaron gases a los militares y en medio empezaron los disparos". Javier Torrontegui, "Sueldos de hambre y miseria en Bolivia", El País, periódico global [La Paz] 18 de feb. del 2003.
³⁵ Según un informe sobre los hidrocarburos en América Latina "Bolivia posee la segunda reserva de gas más importante de América Latina después de Venezuela. Sin embargo, datos de la aie indican que tiene un volumen de producción de apenas 7.200 millones de metros cúbicos". BBC Mundo, "Hidrocarburos en América Latina", bbc News [Londres] 25 de may. del 2005.
³⁶ Mosley 70-71.
³⁷ Benjamin Kohl y Juan M. Arbona, "City Profile. La Paz - El Alto", Cities 21.3 (2004): 255-265
³⁸ "Entre septiembre y octubre de 2003 hubo más de 60 muertos y casi 400 heridos por la violenta represión militar contra los pobladores de la ciudad de El Alto y de la comunidad de Warisata ordenada por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada". "En Busca de Justicia. Víctimas de masacres de octubre de 2003 y Pando unirán fuerzas", El Diario [La Paz] 13 de oct. del 2008.
³⁹ "Carta de renuncia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada", Diario El Mundo [La Paz] 18 de oct. del 2003.
⁴⁰ Yann Basset, "Bolivia en la tormenta. Algunas consideraciones sobre la crisis social", Oasis 11 (2005): 191-212.
⁴¹ Pablo Stefanoni y Franklin Ramírez, "La política de los movimientos sociales en Bolivia. Diálogo Con Álvaro García Linera", Iconos, Revista de Ciencias Sociales 25 (2006): 91-107.
⁴² Benjamin Kohl 321.
⁴³ Salvador Romero Ballivián, "Análisis de la elección presidencial de 2005 en Bolivia", América Latina Hoy 43 (2006): 31-61.
⁴⁴ Cabezas 10.
⁴⁵ Mosley 79.
⁴⁶ "Por su lado, el diputado Manuel Morales Dávila, del Movimiento al Socialismo (mas), dijo que la nueva norma permitirá que la ciudadanía presente a sus candidatos para las elecciones municipales y nacionales sin necesidad de pertenecer y de recurrir al patrocinio de una fuerza política. El parlamentario aseveró que los 'cambios profundos en la democracia boliviana fueron logrados gracias a la valentía del pueblo boliviano', que fue el principal protagonista de la 'guerra del gas'". "Bolivia tendrá desde hoy nueva constitución Política del Estado", El Diario [La Paz] 20 de feb. de 2004.
⁴⁷ José A. Rivera, "La evolución político-institucional en Bolivia entre 1975 a 2005", Estudios Constitucionales 6.2 (2008): 173-210.
⁴⁸ "La Central Obrera Boliviana (cob) iniciará hoy las medidas de boicot preparadas para que se cambien las preguntas del Referéndum o lograr su fracaso pidiendo la nacionalización de los hidrocarburos a solo 14 días de la realización de la consulta nacional." "La cob inicia este lunes boicot contra Referendum", El Diario [La Paz] 5 de jul. del 2004.
⁴⁹ Centre d'estudis I documentació internacionals a Barcelona, Carlos Mesa Gisbert, Biografía, CIBOB. Disponible en: http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/carlos_mesa_gisbert"> biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/carlos_mesa_gisbert. Tribunal Supremo Electoral PNUD Bolivia, "Referendums 2004-2009", Atlas electoral de Bolivia, tomo 2 (La Paz: Proyecto de Fortalecimiento Democrático / PNUD / Tribunal Supremo Electoral, 2012).
⁵⁰ Willem Assies, "La descentralización a la boliviana y la 'economía política del reformismo'", Gobiernos locales y reforma del Estado en América Latina: innovando la gestión pública, ed. Willem Assies (Zamora: El Colegio de Michoacán, 2003): 135-160.
⁵¹ Benjamin Kohl 306.

OBRAS CITADAS

I. Fuentes primarias

Publicaciones periódicas

Periódicos

El País, periódico global [La Paz] 2000-2003.         [ Links ]

Diario El Mundo [La Paz] 2003.         [ Links ]

BBC News 2005.         [ Links ]

El Diario [La Paz] 2004-2008.         [ Links ]

Entrevistas

Entrevista a Carlos Crespo Flores, Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, agosto del 2013.         [ Links ]

Entrevista a Oscar Olivera Foronda, Líder Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba. Cochabamba, agosto del 2013.         [ Links ]

Documentos impresos y manuscritos

Leyes

República de Bolivia. "Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 29 de Octubre de 1999". Disponible en: http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2029.xhtml.         [ Links ]

II. Fuentes secundarias

Assies, Willem. "La descentralización a la boliviana y la 'economía política del reformismo'". Gobiernos locales y reforma del Estado en América Latina: innovando la gestión pública. Ed. Willem Assies. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2003.         [ Links ]

Basset, Yann. "Bolivia en la tormenta. Algunas consideraciones sobre la crisis social". Oasis 11 (2005): 191-212.         [ Links ]

Cabezas, Marta. "Bolivia: tiempos rebeldes. Coyuntura y causas profundas de las movilizaciones indígena-populares". Revista de Antropología Iberoamericana 41 (2005): 1-16.         [ Links ]

Centre d'estudis i documentació internacionals a Barcelona -CIDOB-. "Carlos Mesa Gisbert, Biografía". Disponible en: http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/carlos_mesa_gisbert.         [ Links ]

Escóbar Llanos, Flavio y Claudia Vásquez Grandchant. Institucionalidad y Desarrollo en Bolivia. Documento de trabajo N.o 03/02, Instituto de Investigaciones Socio Económicas -IISEC-. Universidad Católica Boliviana. Disponible en: http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/2001-2005/iisec-dt-2002-03.pdf.         [ Links ]

Fernández, Miguel y Enrique Birhuet. Resultados de la reestructuración energética en Bolivia, Serie recursos naturales e infraestructura. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6399/S024290_es.pdf?sequence=1.         [ Links ]

Gandarillas, Marco. "Gasolinazos: columna vertebral del neoliberalismo en Bolivia". Petropress CEDIB 24 (2004): 4-11.         [ Links ]

Gutiérrez, Raquel. Los ritmos del Pachakuti. La Paz: Textos rebeldes, 2008.         [ Links ]

Kohl, Benjamin. "Challenges to Neoliberal Hegemony in Bolivia". Antipodes. A Radical Journal of Geography 38.2 (2006): 304-326.         [ Links ]

Kohl, Benjamin y Juan M. Arbona. "City Profile. La Paz - El Alto". Cities 21.3 (2004): 255-265.         [ Links ]

Kruse, Tom. "Transición política y recomposición sindical. Reflexiones desde Bolivia". Los sindicatos frente a los procesos de transición política. Ed. Enrique de la Garza. Buenos Aires: Clacso, 2001.         [ Links ]

Instituto Nacional de Estadística (INE). Operaciones efectivas de caja del SPNF. Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40301.         [ Links ]

Mosley, Paul. "La trampa política de la pobreza. Bolivia, 1999-2009". Cuadernos Económicos de ICE 78 (2009): 57-97.         [ Links ]

PNUD. Informe temático sobre Desarrollo Humano: La economía boliviana más allá del gas. La Paz: PNUD, 2005.         [ Links ]

Rivera, José A. "La evolución político-institucional en Bolivia entre 1975 a 2005". Estudios Constitucionales 6.2 (2008): 173-210.         [ Links ]

Romero Ballivián, Salvador. "Análisis de la elección presidencial de 2005 en Bolivia". América Latina Hoy 43 (2006): 31-61.         [ Links ]

Shultz, Jim. "Lecciones de sangre y fuego: el Fondo Monetario Internacional y el febrero negro boliviano". Desafiando la globalización: historias de la experiencia boliviana. Eds. Jim Shultz y Melissa Crane Draper. La Paz: Centro para la Democracia / Plural Editores, 2008.         [ Links ]

Stefanoni, Pablo y Franklin Ramírez. "La política de los movimientos sociales en Bolivia. Diálogo Con Álvaro García Linera". Iconos, Revista de Ciencias Sociales 25 (2006): 91-107.         [ Links ]

Tribunal Supremo Electoral-PNUD Bolivia. Atlas electoral de Bolivia. Tomo 2. Referendums 2004-2009. La Paz: Proyecto de Fortalecimiento Democrático / PNUD / Tribunal Supremo Electoral, 2012.         [ Links ]

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas. Volumen 23. Estado Plurinacional de Bolivia, 1 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=3&Itemid=133.         [ Links ]

Vilarino, Ángel. La crisis financiera asiática. Vilariño Consultores. Web. 2 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.angelvila.eu/Publicaciones_PDF/Crisis_Financiera_Asiatica.pdf.         [ Links ]

Villegas, Carlos. Privatización de la industria petrolera en Bolivia, Trayectoria y efectos tributarios. La Paz: CIDES/UMSA/CEDLA/FOBOMADE/DIAKONIA/ Plural Editores, 2004.         [ Links ]

Weisbrot, Mark y Luis Sandoval. Los desafíos de Bolivia, Cepr. Marzo del 2006. Disponible en: http://www.cepr.net/documents/bolivia_challenges_espanol.pdf.         [ Links ]