La revolución hispánica: primeras innovaciones del Cabildo de Popayán

Inicialmente, la revolución hispánica transitó a través de la jerarquía institucional monárquica, de modo que el cabildo fue una instancia de gobierno local que, desde las primeras etapas de aquella conmoción, fue impactada con órdenes cuya aplicación rediseñó algunos de sus contornos.

Una de las primeras medidas fue la convocatoria de la Junta Suprema Central a los cabildos cabeza de provincia, invitándolos a participar en la elección de un diputado a nombre del virreinato neogranadino. Esta invitación sirvió como catalizadora de las primeras modificaciones, en cuyo proceso el cabildo fortaleció su potestad de representación de su jurisdicción. La convocatoria incluyó la posibilidad de redactar una serie de pautas e instrucciones que el diputado electo debía tener en cuenta, lo que permitió que las autoridades agrupadas en este cuerpo no solo fueran una instancia tramitadora de quejas y peticiones, sino un conjunto de alcaldes y regidores con capacidad de impulsar una serie de iniciativas en la península a través de su representante.

La Junta Central Suprema inició sesiones en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, teniendo como propósito coordinar los esfuerzos militares contra Napoleón e impedir las pretensiones de preponderancia de algunas Juntas peninsulares como la de Sevilla. Otro de sus objetivos fue evitar que los territorios de ultramar fueran arrebatados por los franceses, ya que Napoleón los incluyó en la aprobación de su plan constitucional.¹³ Surgió así una iniciativa que se materializó en un decreto del 22 de enero de 1809. Este reguló el procedimiento de elección de un diputado para participar como representante de su respectivo territorio. La interpretación del decreto hecha por las autoridades de Santafé permitió que Popayán y otras veinte ciudades neogranadinas llevaran a cabo la respectiva elección del representante de su jurisdicción, hecho que contrasta con otras regiones de América, donde se limitó el número de ciudades con posibilidad de realizar la elección, y aún más con otras, donde ni siquiera se logró ejecutar.¹⁴ Además, a partir del trámite electivo se puede inferir la estructura de las dependencias jurisdiccionales de la monarquía en la Nueva Granada: las capitales debían formular una terna y someterla a insaculación. De los sujetos electos en las provincias, el virrey y el Real Acuerdo formaban la terna de cuyo sorteo resultaría elegido el diputado neogranadino.¹⁵

La convocatoria de la Junta Suprema Central llegó a Popayán el 26 de mayo de 1809 y el trámite se ejecutó el 31 del mismo mes. Esta celeridad en el cumplimiento de las disposiciones remitidas por las autoridades peninsulares evidencia que en Popayán, como en la mayoría de las regiones de la monarquía en América, la crisis española no desarticuló el sistema administrativo durante la primera mitad de 1809, sino que fue precisamente a través de la institucionalidad monárquica por donde transitaron las innovaciones producidas por la revolución hispánica. La puesta en marcha de esta medida fue interpretada por los miembros del cabildo como "un negocio el más grave y el más decoroso que en los tres siglos de su existencia política ha ocurrido [a] ayuntamientos de estos Dominios".¹⁶ Y si bien la elección del diputado fue percibida como una situación inédita en la memoria que se tenía sobre el cuerpo capitular, esta circunstancia no fue vista como un cambio rupturista sino, por el contrario, como una operación que "estrecha indisolublemente los sagrados vínculos que unen estos Dominios con la Metrópoli".¹⁷

De acuerdo al decreto del 22 de enero de 1809, el diputado debería ir acompañado de un poder e instrucciones emanadas de cada uno de los cabildos que participaron en su elección.¹⁸ El 17 de octubre de 1809, los capitulares payaneses redactaron las instrucciones en un momento marcado por las actuaciones subversivas de la Junta de Quito y las tensiones entre este cuerpo y las autoridades de Popayán y del virreinato, lo que quizá explique un poco el conjunto de cláusulas que emergieron en un lapso signado por las ambigüedades frente a la autoridad monárquica.¹⁹

Las instrucciones del Cabildo de Popayán para el diputado neogranadino consagraron una serie de limitaciones, facultades y solicitudes. Por ejemplo, prohibieron al diputado suscribir ningún acuerdo de subordinación a una potencia extranjera o a una persona distinta al rey Fernando y su familia.²⁰ Además, restringieron la capacidad de decisión del diputado, quien debía consultar todo asunto extraordinario y no prescrito en las instrucciones con los respectivos ayuntamientos.²¹ Este documento también le concedió al diputado las prendas de "persona sagrada, e inviolable", consagrando una representación que solo podía ser subrogada por los cabildos que participaron de su elección.²² Las peticiones también expresaron la necesidad de tener paridad en el número de representantes peninsulares y españoles americanos, cuya elección no debía realizarse por insaculación sino mediante la participación del pueblo. El uso de la palabra "pueblo" es ambiguo, al no precisar si se refiere a un conjunto de habitantes o a una noción abstracta configurada como una nueva fuente de legitimidad.²³ Es significativo que al proponer dicha alternativa, se puso en cuestión el procedimiento electivo, descartando la insaculación por una votación que incluía una mayor participación y eliminaba el azar en la designación del diputado. Además, el cabildo pidió al diputado promover

que para que no se alegue ignorancia, ni eluda un punto tan importante, y de que esencialmente depende el bien de la Nación, se formará inmediatamente una constitución, o cuaderno de leyes fundamentales, renovado, o reformando las antiguas, las que el rey y cada uno de sus sucesores deberá jurar en su exaltación al trono.²⁴

Esta iniciativa rupturista se complementó con la petición de instituir un cuerpo permanente de gobierno encargado de velar por el cumplimiento de lo fijado en la Constitución, evitando así todo asomo de arbitrariedad.²⁵ Ambos puntos constituyen una propuesta de trasformación del ámbito político de la sociedad monárquica, particularmente porque la alusión a la Constitución rompe con los dos sentidos que habían predominado para esta noción: ya fuera entendida como reglamento de una corporación, o como "politeia, en cuyo caso remitía a la manera como estaba instituida la sociedad, a partir de una determinada forma de gobierno".²⁶

La idea registrada en las instrucciones tiene un sentido muy distinto, que está explícitamente señalado con la palabra "formar" una Constitución o cuaderno de leyes. En la idea de "formar" se abre una posibilidad revolucionaria, puesto que significa que son los sujetos los que deberán asumir la tarea de regular la sociedad por medio de un cuaderno de leyes. La radicalidad de esta iniciativa la podemos entender si comparamos dicha propuesta con lo que había significado para los contemporáneos la palabra "constitución" antes de la revolución neogranadina. Isidro Vanegas señala, a propósito, que esta noción

remitía a un orden que no parecía haber sido producido por la sociedad misma, sino que le había sido dado, quedando así al descubierto la actitud reverente que prevaleció ante un orden que aparece como armónicamente fijo alrededor del monarca.²⁷

Así pues, para finales de 1809, dicho orden ya no es tan evidente. Los alcaldes y regidores no precisaron quién o quiénes podrían eventualmente redactar las leyes, pero lo que queda claro es que descartaron que fuera un asunto exclusivo del rey.

Las modificaciones que se evidencian en las instrucciones redactadas por el Cabildo de Popayán no se limitaron al ejercicio representativo. También es posible ver otra mutación en la percepción de los regidores y alcaldes de cara a la sociedad: asumieron que sus actuaciones ya no estaban dirigidas exclusivamente al ámbito capitular. Antes solo debían dar cuenta de sus actuaciones a sus colegas notables, mientras que ahora también debían hacerlo a los "pueblos" y la "posteridad".²⁸ En este sentido, los alcaldes y regidores modificaron su percepción sobre sí mismos, y en este último ítem de las instrucciones convirtieron sus acciones de gobierno en objeto de escrutinio público. Esta situación puede ser interpretada como el indicio de una variación en las representaciones sobre el funcionario virreinal y la emergencia, aún ambigua, de un tipo de funcionario que podría caracterizarse como público.²⁹

Estamos frente a un cambio significativo en la representación que las autoridades tienen de sí mismas y del resto de la sociedad, la cual ahora empieza a ser vista como un "pueblo" ante el cual están obligados a dar cuenta de lo que hacen. Mientras el funcionario antiguo había ejercido su representación de cara a los notables y sus determinaciones estaban circunscritas al estrecho círculo de las élites locales, el nuevo funcionario empieza a percibir que su rol, antes privado, había sido reubicado por la revolución, que hizo de sus acciones gubernativas objeto de juicio por parte de un conjunto más amplio de sectores de la sociedad. Así mismo, mientras que el funcionario antiguo hacía parte de un eslabón en los trámites del gobierno, el nuevo funcionario percibía que su rol no solo hacía parte de la jerarquía institucional, sino que además comenzaba a asomarse a la esfera de la opinión pública, donde sus determinaciones estaban expuestas al escrutinio del pueblo, encargado de evaluar su proceder tanto en el presente como en el futuro.

La revolución y el cabildo: el resquebrajamiento de la primacía regional y la erosión de la autoridad local

Una sucesión de hechos revolucionarios alteró en pocos meses el lugar que el Cabildo de Popayán mantuvo durante varias centurias como cabeza de gobernación dentro de las jerarquías administrativas provinciales. La revolución desdibujó las dependencias de los cabildos sufragáneos al norte de la provincia, los cuales se insubordinaron sin llegar a una secesión territorial. A esta degradación de las jerarquías provinciales se añade la tensión por mantenerse como cabeza del gobierno local, ahora en una situación ambigua con la irrupción de nuevos cuerpos gubernativos que asumieron algunas competencias que antes eran exclusivas de los ayuntamientos. El debilitamiento del cabildo llegó incluso a acarrear la corrosión de su autoridad entre algunos vecinos plebeyos, quienes cuestionaron la legitimidad de sus acciones de control en las calles de Popayán.

La discusión sobre el Consejo de Regencia, su legalidad y la forma en que debía ser jurado suscitó una ardua polémica entre las autoridades de Cali y Popayán, actualizando en ambas ciudades sus particulares representaciones sobre la autoridad e inaugurando una serie de preguntas sobre la legitimidad de la Regencia. Esto terminó rompiendo los lazos de dependencia entre ambas ciudades. A finales de junio de 1810, el alférez real de Cali, Joaquín Caicedo y Cuero, un notable cuya opinión era una voz de autoridad estimada entre los alcaldes y regidores de los ayuntamientos de las ciudades del norte de la provincia, consideró que la Regencia debía ser jurada sin dilaciones y ser obedecida solo si lograba mantenerse instalada en una región libre de invasores franceses. En caso contrario, o disuelto dicho tribunal, los españoles americanos quedaban en libertad para formar su propio gobierno, aunque deberían establecer una junta en la Nueva Granada que mantuviera la fidelidad a Fernando VII, preservándole estos dominios al rey o a la familia de este.³⁰

En Popayán esta discusión aún no terminaba cuando los capitulares caleños juraron la Regencia el 3 de julio de 1810, en los mismos términos y con las mismas condiciones que había comunicado el alférez en una carta privada.³¹ En la capital de la provincia, la discusión sobre este particular aglutinó dos sectores con diferentes ópticas sobre los términos que debía contener el acta de fidelidad a la Regencia, cuya sanción solo se efectuó el 25 de junio, varias semanas después de la jura realizada en Cali.³² Este fue un hecho inusitado para las autoridades de ambas ciudades. Hasta el momento, las dos habían mantenido las dependencias políticas de la jerarquía administrativa virreinal, pero ahora veían cómo se fracturaba un vínculo que, aunque no había estado exento de tensiones durante los siglos anteriores, jamás había escalado a una abierta insubordinación que amenazaba con romper la jerarquía administrativa de la provincia.

Desde Popayán se cuestionó acremente la jura del cabildo caleño, criticando los términos y la forma como se ejecutó.³³ Sin embargo, las autoridades de Popayán trataron de evitar mayores disensos con sus pares del norte de la provincia y tácticamente incluyeron sujetos de estas ciudades en la terna para elegir diputado a las Cortes.³⁴ Esta medida explica que las autoridades payanesas leyeran la insubordinación del 3 de julio como una novedad que podía ocasionar una ruptura jurisdiccional y el resquebrajamiento de la autoridad secular que había mantenido Popayán sobre asuntos políticos y administrativos de los cabildos sufragáneos. A pesar de estos intentos por mantener la unanimidad entre los notables provinciales, la discusión que la revolución enquistó en las autoridades no se limitó en este caso a quién y de dónde era vecino el ternado, sino que incluyó críticas al procedimiento de elección en el que solo participaban como electores los integrantes del cabildo de Popayán.

El alférez Caicedo y Cuero aceptó el resultado del sorteo que eligió a Camilo Torres como diputado a las Cortes, pero advirtió que

para lo sucesivo reclamará el modo de la elección, porque no se encuentra razón ni justicia para que la haga solo el cabildo de la capital, cuando él ha de ser un representante de toda la provincia que se compone de todos sus cabildos.³⁵

El impacto de la revolución echaba abajo la precedencia política de Popa-yán sobre Cali y lo mismo sucedería meses después con los demás cabildos del norte de la provincia; un cambio sustancial si se compara con el apoyo irrestricto con que había sido arropado el cabildo payanés el año anterior por parte de sus pares provinciales, que no vacilaron en aprobar todas las determinaciones de los alcaldes y regidores payaneses para enfrentar a la Junta de Quito y sus intentos por ganar la adhesión de la provincia a su proyecto insurgente.³⁶ Esta situación fue muy diferente con los cabildos al sur de la provincia, como el de Pasto, el principal de esta región, que se mantuvo fiel al gobernador Tacón desde 1809.

La degradación de las jerarquías se hizo más visible en septiembre de 1810, pues las autoridades de Popayán asumieron que los antiguos lazos de dependencia habían fenecido y con ello se establecieron unas nuevas exigencias y un nuevo tipo de funcionario que asumiera la negociación para tratar de mantener la unidad de la provincia. El comisionado, una nueva figura con atribuciones políticas, debía explicar la formación de la Junta provincial y convencer a los cabildos de enviar su respetivo representante a Popayán.³⁷ La iniciativa trató de ser expuesta no como una determinación unilateral de Popayán, sino como un plan que se proponía desde la capital provincial para que fuera discutido por representantes de todos los cabildos en igualdad de condiciones. Antonio Arboleda registró la cautela que se tuvo al dirigir pliegos a los demás ayuntamientos con el propósito de impulsar la creación de una Junta provincial: "no quisimos ni aun indicar el modo de elección de Diputados cuando se trató de las instrucciones de los que mandamos, no quisimos ni aun indicar el modo de pensar nuestro, para que no dijeran que los preveníamos".³⁸ Vanos fueron los esfuerzos que en Cali hizo el comisionado por la Junta de Salud y Seguridad Pública, Antonio Gil Tejada, pues las desavenencias con Popayán eran ya profundas y tenían varios matices, entre ellos, el desacuerdo por parte de algunas autoridades con que Tacón permaneciera en el cargo de gobernador mientras se instalaba la Junta provincial.³⁹

Desde octubre, la animadversión se hizo irreconciliable, pues Tacón rechazó el plan de formar una Junta provincial con todos los cabildos para discutir la situación de la provincia a raíz de la defenestración del virrey y su participación en el proyecto santafereño de restaurar la unidad del territorio convocando a un congreso con diputados de todas las provincias. El 2 de septiembre, el gobernador logró en una congregación de autoridades prohibir los planes juntistas provocando que las autoridades del Valle del Cauca,⁴⁰ proclives al proyecto santafereño, reaccionaran iniciando conversaciones con las autoridades capitulares que concluyeron el 3 de febrero de 1811 con la instalación de una confederación de ciudades dispuestas a defenderse y defenestrar al gobernador Tacón. Este propósito motivó la solicitud de apoyo militar a Santafé por parte de las autoridades del Valle del Cauca.⁴¹ Tanto en Popayán como en Cali, se organizaron tropas que chocaron el 28 de marzo en el Alto Palacé en inmediaciones de la capital de la provincia, derrotando a las autoridades payanesas. La huida del gobernador y del cabildo inició un nuevo ciclo en el cual las autoridades de las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca coordinaron la reorganización del gobierno de la que antes era la ciudad capital.

Otro escollo que contribuyó a erosionar el antiguo lugar del cabildo payanés tuvo inicios en agosto de 1810. A partir de este mes, el cabildo entró en controversia con la Junta de Salud y Seguridad Pública de Popayán, formada el 11 de agosto de ese año con el objetivo de preservar la unidad de los cabildos de la provincia y mantener la integridad de la jurisdicción. Para alcanzar este objetivo, la Junta instalada debía congregar a todos los cabildos de la provincia. A su vez, cada uno de ellos tenía que enviar un diputado para formar una Junta que sirviera de foro para que se discutieran, entre otros asuntos, la relación con Santafé y su Junta recientemente erigida.⁴² La rivalidad que se generó entre los alcaldes y regidores contra los vocales de la Junta de Salud y Seguridad impulsó varias crispaciones políticas que emergieron por la falta de precisión en las funciones que eventualmente podían asumir los vocales del cuerpo gubernativo recientemente instalado; mucho más si lograban el propósito de formar una Junta Provincial.⁴³

La revolución, al abrir la puerta a la instalación de nuevos cuerpos gubernativos, yuxtapuso atribuciones políticas, generando una situación inédita que ocasionó una confrontación por el control de la autoridad y el gobierno local.⁴⁴ En este sentido, se puede entender la inquina que emergió entre los miembros del cabildo y los vocales de la Junta, pues esta tácitamente despojó al ayuntamiento de las atribuciones que tenía frente a los cabildos sufragáneos y entró en contacto directo con ellos sin contar con la aprobación de los alcaldes o regidores. Así, la revolución desvirtuó en pocos meses a la centenaria institución capitular que durante la segunda mitad de 1810 vio cómo antiguas competencias de gobierno eran usurpadas por nuevas instituciones que ponían en jaque su autoridad.

Además de la erosión de la primacía regional y las tensiones con los nuevos cuerpos gubernativos, el Cabildo de Popayán también experimentó cuestio-namientos a su autoridad en las calles del emplazamiento urbano por parte de algunos vecinos plebeyos. Desde octubre de 1810, la revolución impulsó en la ciudad la politización de los sectores plebeyos en los que Tacón buscó consolidar una opinión favorable a su legitimidad como gobernador. Inicialmente, algunos sacerdotes y frailes franciscanos visitaron las pulperías y tiendas, afirmando que la plaga de langosta que había azotado los cultivos y la carestía que los moradores de la ciudad experimentaban era tan solo "el primer castigo de Dios por rebelarse contra el Rey".⁴⁵ Poco después, grupos de plebeyos se volcaron a las calles de Popayán a gritar dicterios contra los notables proclives a la junta y en una acción sin precedentes recorrieron las calles solicitando a los vecinos su firma en un pliego que pedía la liquidación del proyecto juntista.⁴⁶

La incorporación de los sectores populares en la discusión política permitiría posteriormente que la autoridad del cabildo fuera desafiada con actitudes contestarias en las calles de Popayán. Así, en diciembre de 1810, el alcalde comisario de barrio, Antonio Balcázar, fue increpado por Agustín López, un mestizo talabartero de aproximadamente 25 años. Tras ser acusado de herir a Trinidad Lucano en una riña pocas horas antes, Agustín puso resistencia a la autoridad que lo apresaba, planteando que

ya no había rey, que no existía el Señor Fernando VII, que por qué los llevaban presos, por ser pobres, cuando ya todos éramos unos, que así lo hubiera dicho un doctor y que lo reconociesen, que estaba en su entero juicio, y que por lo tanto se mantenía en lo dicho.⁴⁷

Días después de su captura fue interrogado sobre sus expresiones, las cuales ratificó, y además explicó que escuchó decir a su cuñado "que ya no había rey y que por lo tanto no se necesitaban soldados".⁴⁸

Si bien, como ya se ha explicado, el alcalde comisario de barrio no tenía silla en las sesiones capitulares, su actividad era parte del gobierno local. Desde este punto de vista, la erosión del cuerpo capitular no solo tuvo lugar por fuera del emplazamiento urbano, sino también entre los vecinos que vieron la corporación corroída y sin legitimidad para proceder en el gobierno de la ciudad o en la administración de justicia. La erosión de la autoridad del cabildo es una expresión local de la corrosión de la autoridad monárquica, cuyas fisuras fueron creciendo desde 1809, cuando se cristalizaron ambigüedades que distanciaron a los españoles americanos de los peninsulares, aumentando las críticas y contrariedades contra los representantes del rey y permitiendo finalmente que la autoridad real perdiera valor como centro aglutinador y ordenador de la sociedad.⁴⁹

Mutaciones y desafíos en el restablecimiento del cuerpo gubernativo

Tras la derrota del gobernador y las autoridades del Cabildo de Popayán el 28 de marzo de 1811, el impulso revolucionario no tuvo diques que limitaran la fuerza trasformadora que desde meses atrás venía estimulando modificaciones en el cuerpo gubernativo local. Sin las autoridades monárquicas opuestas a los proyectos juntistas, el ayuntamiento fue rediseñado, a tal punto que las innovaciones lo convirtieron en un cuerpo extraño al que preexistió. A partir de abril de 1811, las autoridades iniciaron paulatinamente el restablecimiento de un cuerpo que asumiera funciones gubernativas locales y sustituyera a los alcaldes y regidores que abandonaron la ciudad. Las autoridades calificaron cada paso como provisional o transitorio, hasta que lograra articularse un mayor consenso que le diera una forma definitiva, la cual solo se logró hasta mediados de año.

Entre la noche del 28 y la mañana del 29 de marzo, Tacón, el cabildo y varias familias abandonaron la ciudad, temiendo represalias de las tropas del Valle, dispersándose por las parroquias al sur de Popayán. El provisor Mariano Pérez de Valencia y el cura rector Francisco de Mosquera entendieron que la ciudad se encontraba en una inusual acefalía gubernativa y, con ayuda de otros vecinos, sacaron del calabozo a Manuel Santiago Vallecilla para que reasumiera sus funciones de teniente de gobernador y, perentoriamente a nombre de la ciudad, pactara con el teniente Baraya, comandante de las tropas vencedoras, los términos de su ingreso a la ciudad.⁵⁰ Baraya entendió que Popayán había quedado sin autoridades tras la batalla, y que por lo tanto urgía el restablecimiento de un gobierno local. Sin embargo, asumió que dicha facultad le correspondía a la Junta de las Ciudades Confederadas, a la cual solicitó instrucciones al respecto.⁵¹ Consciente de que las directrices tardarían un par de semanas, Baraya empezó a dar pasos para el restablecimiento del cuerpo, convocando a autoridades virreinales y sujetos de otros estamentos a participar en cabildos abiertos.

Al abrir la discusión política a sectores que estaban al margen del poder local y al facultarlos a todos con la posibilidad de intervenir en la formación del gobierno, Baraya daba un impulso adicional a la perturbación de los cimientos del orden político, pues abría la opción de que una institución como el cabildo fuera objeto de manipulación por parte de los convocados. De esta manera, el cabildo quedó insertado en el curso de la revolución neogranadina, pues su composición, autoridad y procedimientos quedaban atados al curso de las deliberaciones públicas y no a las leyes y tradiciones que habían regulado su actividad. Por lo tanto, el cabildo se convirtió en objeto de deliberación pública de cuyas discusiones y acuerdos emergió un cuerpo gubernativo con un orden institucional distinto al que preexistió.

Las primeras trasformaciones del ayuntamiento tuvieron lugar en dos cabildos abiertos en los que se tramitó el restablecimiento provisional de un cuerpo gubernativo local. En el primero, del 5 de abril de 1811, participaron representantes electos por cada barrio,⁵² maestros artesanos, padres de familias plebeyas, un grupo representativo de abogados, comerciantes, mercaderes, mineros, hacendados, el clero regular y secular, el cabildo eclesiástico, los empleados de las Cajas Reales, la Real Contaduría y la Casa de la Moneda, así como vecinos que en años anteriores habían ocupado sillas en el cabildo como regidores, procuradores o alcaldes.⁵³ Allí, Baraya y el conjunto de los convocados destituyeron oficialmente a Miguel Tacón y a los alcaldes y regidores que lo siguieron hacia el sur de la provincia, y desconocieron su autoridad.⁵⁴ Para sustituir al gobernador, designaron unánimemente a Manuel Santiago Vallecilla, invistiéndolo transitoriamente de autoridad y otorgándole facultades para nombrar inmediatamente alcaldes de barrio que contribuyeran al cumplimiento de sus funciones.⁵⁵

El 8 de abril de 1811 Baraya convocó de nuevo a un segundo cabildo abierto, de composición similar al anterior, para erigir un "cuerpo judicial, y municipal tan preciso para la conservación del buen orden".⁵⁶ En este se sugirió que el cuerpo estuviera integrado por dos acaldes, un síndico procurador y seis regidores. El nombre y el número de cargos para este cuerpo fue semejante al que tuvo el cabildo antes de marzo de 1811, pero eludieron designarlo como cabildo o ayuntamiento, optando por llamarlo Consistorio Provisional, evadiendo así la referencia antigua, como si tratara de evidenciar que si bien en su composición era casi igual al anterior cuerpo, su naturaleza ya era otra. Los registros aportan poca información sobre cómo y quiénes pudieron votar, sin embargo, es claro que este fue el procedimiento realizado para escoger vecinos para los diferentes cargos.⁵⁷ Como alcaldes fueron electos el padre de familia Agustín Ramón Sarasti y el abogado Jerónimo Torres. Para procurador se designó al abogado Santiago Pérez de Arroyo y para regidores a los profesores José Félix de Restrepo y Toribio Migüez Rodríguez, el abogado Antonio Carvajal, el comerciante Marino Lemos, el mercader Lorenzo Camacho y el vecino Mariano Valencia. La composición del Consistorio Provisional incluyó a sujetos que ya habían estado en el cabildo y a otros como Mariano Lemos y Mariano Valencia, quienes incursionaron en los asuntos públicos durante la revolución. Además, en esta fase se incorporó a cuatro representantes de los barrios y a uno de la nobleza, otro a nombre de los empleados de rentas y uno por el clero.⁵⁸ Estas inclusiones redefinieron el papel del procurador síndico general, pues antes de 1811, este representaba a los vecinos, una acción que ahora ejercía un conjunto más amplio de sujetos que además fueron designados por los integrantes de los respectivos estamentos.

El hecho de que los nuevos representantes tomaran dicha atribución como resultado de un proceso de votación añade un rasgo adicional al conjunto de mutaciones que se presentaron en el restablecimiento del gobierno local. Desde la fecha, el cabildo quedó integrado por los alcaldes, los regidores y los representantes de los barrios y estamentos.⁵⁹ La revolución precarizó la representación del síndico procurador general e hizo necesaria la inclusión de distintos sujetos que representaran un espectro más amplio de los vecinos de Popayán. La decisión de incorporar representantes se justificó por considerarla necesaria para poder tomar determinaciones perentorias sin antes tener que convocar a un conjunto amplio de vecinos.⁶⁰ Esta determinación profundizó el carácter representativo del cuerpo gubernativo local pues, sin eliminar el cargo de procurador, minimizó su rol e hizo necesario que barrios y estamentos contaran dentro del gobierno local con un sujeto que los representara en la toma de decisiones. Así mismo, el acceso a los cargos del cabildo mutó radicalmente, pues estos no quedaron supeditados a su compra o herencia sino a la elección de los vecinos convocados, de la que no podemos determinar si fue verbal o escrita.⁶¹

Las instrucciones de las autoridades de las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca remitidas el 18 de abril de 1811 no contradijeron los primeros pasos dados en el restablecimiento del cuerpo gubernativo local. Respecto al gobierno, las orientaciones del Valle del Cauca le daban prioridad a la formación del cuerpo municipal con la participación de los "emigrados" y "prófugos" para que "se sancione con el gran consentimiento público y se eviten nulidades a que son consiguientes desórdenes y tumultos".⁶² Esta postura conciliadora muestra el esfuerzo que hicieron los sujetos durante la revolución para lograr que el cabildo incluyera a sectores con opiniones diferentes y así se consiguiera una autentica representación de los vecinos de Popayán, la cual quedaba incompleta si los partidarios del gobernador no participaban en su elección.

En junio de 1811 se dio el último paso en Popayán para establecer un cuerpo gubernativo: las parroquias y barrios designaron electores para establecer un Colegio Electoral que diera forma definitiva al gobierno local y terminara con la interinidad en la que se encontraban sus integrantes. Se escogieron tres sujetos por cada barrio y uno por cada parroquia de la jurisdicción.⁶³ En julio, el Colegio Electoral eligió al cuerpo gubernativo definitivo, que pasó a llamarse exclusivamente "ayuntamiento", integrado por los regidores provisionales y otros cinco más. Así mismo, los integrantes del Colegio Electoral redactaron un reglamento para este cuerpo de gobierno, entre cuyas regulaciones se incluyó reemplazar "popularmente" a la mitad de los integrantes del ayuntamiento cada año.⁶⁴ Entre junio y julio de 1811 se profundizó aún más el ejercicio de representación del ayuntamiento con la incorporación de vecinos de toda la jurisdicción. El hecho de que las parroquias participaran nombrando electores constata una ampliación en dicho ámbito, mucho más en razón de que su nueva composición nacía formalmente de la votación de un Colegio Electoral, cuerpo que no contó con la participación de las parroquias, donde el control de los partidarios del gobernador fue permanente.⁶⁵ El cambio es significativo. Antes, la relación entre el cabildo y las parroquias de su jurisdicción había estado limitada al nombramiento de alcaldes partidarios, pero, tras la metamorfosis experimentada en 1811, son las parroquias las que envían a un elector para que participe en su nombre en el restablecimiento del gobierno de la jurisdicción. Así mismo, es notorio que sea el Colegio Electoral quien dicte las directrices que deben regir al ayuntamiento. La profundización de la revolución política se evidencia en la ampliación del referente representativo, consolidado tanto en el Colegio Electoral, del que emana el cuerpo gubernativo de la ciudad, como en la necesidad de alternancia de las autoridades, cuya mitad debía ser remplazada cada año.

Epílogo

Esta indagación ha mostrado cómo es posible identificar tres momentos en el cuerpo gubernativo local durante la revolución. El primero gira en torno a la convocatoria de la Junta Central, que fue una experiencia inusitada para los alcaldes y regidores de 1809, quienes recibieron por esta vía la opción de hacer solicitudes ante una instancia que percibieron con capacidad de establecer cortapisas al gobierno del rey. Esta posibilidad de intervención en la política monárquica hizo que los alcaldes y regidores empezaran a asumir que sus acciones serían desde ahora objeto de escrutinio público más allá del presente inmediato. Dicha variación estuvo lejos de ser solo discursiva, y sí muy incómoda para un regidor curtido como Antonio Arboleda, quien consideró como una "época mala para estar en estos cuerpos, pues cuando se obra con la mejor intención, se critican, y tal vez desaprueban los procedimientos".⁶⁶ En resumen, a través de las jerarquías virreinales y el curso de la revolución hispánica el cabildo fue impactado con medidas que impulsaron acciones rupturistas.

El segundo momento se caracterizó por la erosión de la primacía del Cabildo de Popayán sobre los demás ayuntamientos del norte de la provincia, un declive que estuvo acompañado por la disputa por el gobierno local entre el ayuntamiento y los nuevos cuerpos gubernativos instalados en la ciudad. Estos hechos trascendieron el ámbito político, pues se estimularon acciones contestatarias por parte de sujetos comunes como aquel talabartero que juzgó corroída la autoridad del ayuntamiento y sus respectivos representantes. El hundimiento del cabildo finiquitó el 28 de marzo de 1811, cuando los alcaldes y regidores abandonaron la ciudad.

Finalmente, en un tercer momento, derrotadas las autoridades monárquicas, el cuerpo gubernativo local fue objeto de modificaciones que mudaron rasgos de su institucionalidad virreinal hacia unas de corte democrático representativo. Estas tres fases que transitó el cabildo de Popayán entre 1809 y 1811 son, en conjunto, una opción para apreciar el curso de la revolución a través del fuerte impulso innovador que se desarrolló en la inveterada institucionalidad gubernativa local, corroborando que la innovación revolucionaria estuvo lejos de ser un simple cambio de españoles a criollos.