Es superfluo, lo hemos visto, preguntarse si es o no necesario conocer la verdad sobre el pasado: la respuesta es siempre afirmativa. Sin embargo, no son coincidentes los objetivos a los que se intenta servir con ayuda de la evocación del pasado; nuestro juicio al respecto procede de una selección de valores, en lugar de derivar de la investigación de la verdad; hay que aceptar la comparación entre los beneficios pretendidos a través de cada utilización particular del pasado.
TZVETAN TODOROV 1
Introducción
El 2 de mayo del 2002, en Bellavista (cabecera municipal de Bojayá, en el departamento del Chocó), en el marco de un enfrentamiento entre un frente de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)2 y el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los guerrilleros lanzaron varios cilindros bomba. El primero destruyó una vivienda sin víctimas fatales y el segundo cayó, sin explotar, en el patio trasero del puesto de salud, al lado de la casa cural. Un tercer cilindro cayó sobre la iglesia de Bellavista, rompió el techo y detonó su carga sobre la población civil que allí se refugiaba.3
El saldo oficial fue de 79 víctimas fatales, entre las que se contaban más de 40 menores de edad.4
El objetivo principal del presente artículo consiste en documentar, contextualizar y periodizar el lugar que ocupó y el uso político que se le dio al recuerdo de la masacre de Bojayá en las palabras públicas de los tres presidentes de la República de Colombia que ocuparon el cargo entre mayo del 2002 y mayo del 2017 (Andrés Pastrana Arango 1998-2002; Álvaro Uribe Vélez 2002-2010; y Juan Manuel Santos Calderón 2010-2018). Para cumplirlo, se hizo un rastreo sistemático del término "Bojayá" en los archivos de los discursos presidenciales disponibles en Internet.5 También se acudió a otro tipo de fuentes que conservaran o consignaran las palabras de los presidentes, tales como sus propias publicaciones o notas de prensa.
En este sentido, las pretensiones del presente artículo son bastante acotadas. En primer lugar, advierto que acá no se abordan cuestiones teóricas sobre la memoria histórica. Mi propósito es más restringido y consiste en consignar un acervo documental que, eventualmente en ulteriores investigaciones, pueda aportar evidencia para alimentar reflexiones propiamente teóricas. En segundo lugar, si bien el énfasis de esta investigación está puesto en las palabras públicas de los presidentes colombianos que ocuparon el cargo entre el 2002 y el 2017, no se debe concluir que la voz institucional fue la única que se hizo escuchar durante este lapso. En otro lugar he intentado mostrar que, precisamente en el caso de Bojayá, no solo distintos actores se expresaron sobre lo sucedido e hicieron uso de su recuerdo, sino que son notables las disonancias entre sus respectivas narrativas.6 Si bien existe amplia y muy importante literatura sobre el caso de Bojayá (en la que se aborda particularmente la perspectiva de las víctimas y de los habitantes del territorio afroatrateño),7 hasta donde tengo conocimiento aún no se ha emprendido la tarea de rastrear sistemáticamente todas las declaraciones que los presidentes colombianos, desde la perspectiva estatal, han emitido sobre este hecho. Con este artículo espero contribuir modestamente a llenar ese vacío.
Usos políticos de la masacre de Bojayá
2002: Bojayá, el terrorismo desenmascarado
Entre 1998 y el 2002, Colombia fue gobernada por Andrés Pastrana Arango, un dirigente conservador que había ganado la contienda electoral con el claro mandato de alcanzar la paz con las FARC. Si bien es cierto que no se puede determinar con certeza hasta qué punto la aparente buena disposición de esta guerrilla para llevar a cabo un proceso de paz con Pastrana fue decisiva para que este llegara a la presidencia,8 lo cierto es que la mayoría del electorado vio con optimismo la posibilidad de encontrar una salida negociada al conflicto armado con esa guerrilla y, en cualquier caso, resultó evidente que la "Agenda de paz" de Pastrana sería uno de los ejes más importantes de su gobierno.9
Sin entrar en los detalles del proceso de paz que se inició a principios de 1999 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, este puede ser caracterizado a grandes rasgos, junto con Marco Palacios, como "cuatro años de ilusiones y reveses".10 En efecto, fue un diálogo accidentado, lleno de desconfianza y ambigüedad entre las partes, en el que nunca se evidenciaron avances concretos encaminados a la terminación de la guerra y en el que, en cambio, sí se constató una expansión territorial de las guerrillas y de los grupos paramilitares, "un profundo proceso de reingeniería de las Fuerzas Militares, financiado por el gobierno norteamericano a través de recursos del Plan Colombia"11 y una drástica degradación del conflicto.
Este proceso de paz inició su fase terminal a finales del 2001 y comienzos del 2002. Tras más de cien atentados en menos de treinta días,12 el secuestro del entonces senador Jorge Eduardo Géchem Turbay por parte de las FARC, el 20 de febrero del 2002, fue el detonante definitivo para que Pastrana tomara la decisión, a seis meses de concluir su mandato, de dar por terminados los diálogos con las FARC. Tres días después fueron secuestradas la entonces candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, y su asesora Clara Rojas.
El fracaso del proceso de paz con las FARC coincidió con una coyuntura en el orden global que impactó profundamente en Colombia y que determinó, en buena medida, la percepción que se tendría sobre la violencia interna a partir de esa época. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, la administración de George W. Bush concentró el foco de su política internacional en "la lucha global contra el terrorismo" a partir de la cual se elaboraría un discurso con el que inmediatamente se sintonizaría la política colombiana. "Era obvio [...] que las organizaciones criminales de la droga (así se calificó a las FARC) podían ser plataforma del terrorismo mundial",13 de manera que "tanto el gobierno colombiano como los funcionarios estadounidenses se apresuraron a inscribir el conflicto armado en la lógica de la amenaza terrorista global".14 Prueba de esta sintonía fueron las palabras con las que Pastrana hizo pública la decisión de terminar definitivamente el proceso de paz con las FARC en una alocución televisada la noche del 20 de febrero del 2002:
Después de los terribles sucesos del 11 de septiembre del año pasado, yo se lo dije a la guerrilla en varias ocasiones, incluso desde el mismo foro de las Naciones Unidas: a ellos les correspondía definirse con sus actos. O son un grupo de insurgencia política, o son una organización terrorista.15
Menos de tres meses después de estas declaraciones, el 2 de mayo del 2002, ocurrió la masacre de Bojayá. Siete días después de la explosión del cilindro de gas en la iglesia de Bellavista, Pastrana, junto con altos funcionarios del gobierno, viajó al lugar de los hechos. En su visita, cuando los periodistas lo interpelaron, reiteró en varias ocasiones una misma idea: "La pregunta que me hago yo como presidente de la república, la pregunta que se hacen los amigos del Chocó, la pregunta que nos hacemos los colombianos es: si esto no es terrorismo, ¿qué es terrorismo?". Y fue desde esta óptica que fueron comprendidos y presentados los sucesos ocurridos en Bellavista:
Aquí queremos ser claros. Aquí no hubo enfrentamientos entre las AUC y las FARC. Aquí lo que hubo fue una masacre de las FARC y un genocidio de las FARC que atacaron a la población civil que se había refugiado como población para defenderse en una iglesia. Uno no puede pensar que haya niños de un año, de tres años, de cuatro años, mujeres, que fueron a refugiarse, y ellos lógicamente tuvieron como objetivo precisamente la iglesia para masacrar a más de cien personas. Eso no lo entendemos.16
En la alocución presidencial televisada que emitió el mismo 9 de mayo del 2002, Pastrana inició su intervención afirmando que "la barbarie de los terroristas no tiene límite" y reiterando su compromiso de seguir "combatiendo a los terroristas con todos los medios a nuestro alcance".17 De alguna manera, este enérgico énfasis en comprender y presentar la masacre de Bojayá a través del lente del terrorismo permitiría interpretar por qué, cuando un periodista le pregunta a Pastrana durante su visita a Bojayá: "Señor presidente: ¿esto no es crónica de una muerte anunciada? ¿Por qué el gobierno a tiempo no tomó las medidas pertinentes?", este último se ve en aprietos para responder.18
Esta comprensión de la masacre de Bojayá como un "atentado terrorista" motivado por "la barbarie" de los guerrilleros tenía un propósito claro en la narrativa de Pastrana: que la comunidad internacional, principalmente la Unión Europea, que ya había incluido a las AUC en su lista de organizaciones terroristas, hiciera lo propio con las FARC.19 Y, como lo revela Pastrana en su libro La palabra bajo fuego, la masacre de Bojayá ocupó el lugar de argumento para sustentar esta solicitud: "Pero la crueldad de ese 2 de mayo pareció no conocer límites. [...] Con pruebas como estas, ¿cómo podían los europeos demorar un solo día la calificación de terroristas a este grupo?".20 Desde los sucesos de mayo del 2002, y por el tiempo que le restaba de mandato, Pastrana se empeñaría en alcanzar este fin. Así lo dejan en claro sus reiteradas declaraciones a lo largo de ese 9 de mayo durante su visita a Bojayá en las que insistió sobre la necesidad de que la comunidad internacional (especialmente la Unión Europea) reconociera a las FARC como un grupo terrorista.
Aquí es donde hemos reiterado nosotros que no entendemos (y sea esta la oportunidad de hacerlo) el caso de la Unión Europea. [...] No sé si se necesita un acto distinto a este que vivimos los colombianos y que vivieron los amigos del Chocó para que se califique de terroristas a un grupo, en este caso, como el de las FARC. [...] No hay un hecho como este que se haya presentado en otro país del mundo que no sea calificado como terrorista. [...] Tenemos que seguir trabajando por que quienes están cometiendo actos de terrorismo sean catalogados y nombrados como debe ser: terroristas. [...] Nosotros vamos a insistir en el viaje que vamos a tener la semana entrante precisamente a la reunión de la Unión Europea con América Latina, vamos a llevar claramente una posición de cómo y de qué forma la Unión Europea tiene que entender que aquí estamos combatiendo, que estamos luchando contra terroristas. Y esa es la posición que vamos a llevar.21
Tal y como lo registra Pastrana en su libro, el 17 y 18 de mayo del 2002 en Madrid, durante la II Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, insistió "con un discurso enérgico" en la necesidad de incluir a las FARC en su lista de organizaciones terroristas, algo que terminó ocurriendo en junio de ese mismo año.22
Las campañas presidenciales que se desarrollaban por esa misma época se vieron fuertemente permeadas por la ruptura del proceso de paz y por los sucesos violentos recientes entre los que se cuenta, evidentemente, la masacre de Bojayá. Álvaro Uribe Vélez, exgobernador del departamento de Antioquia y candidato por el movimiento Primero Colombia, quien había elaborado durante su campaña un discurso de mano dura contra la guerrilla,23 se vio catapultado en las encuestas y en los sondeos de opinión al mismo tiempo que el país percibía que el proceso de paz con las FARC se venía abajo.24 Por lo demás, no fue casualidad que la excanciller de Colombia y candidata a la presidencia por el movimiento Sí Colombia, Noemí Sanín, hubiera escogido Quibdó y Vigía del Fuerte para cerrar su campaña.25
Uribe fue quien terminó por imponerse en primera vuelta con más del 53 % de la votación en las elecciones que se celebraron el 26 de mayo del 2002.26 En este sentido, y siguiendo a Eduardo Pizarro, "si las FARC habían probablemente contribuido al triunfo de Pastrana cuatro años atrás, en esta ocasión, sí coadyuvaron claramente al triunfo de Uribe con los abusos y excesos perpetrados a lo largo del anterior cuatrenio".27 Una reflexión similar se presenta en el informe del Grupo de Memoria Histórica (GMH) sobre la masacre de Bojayá: "La interpretación de la masacre de Bojayá se convirtió en un empujón para que la candidatura en cuestión [la de Álvaro Uribe Vélez] alcanzase la victoria en primera vuelta".28 El 7 de agosto del 2002 Uribe se posesionó como presidente de la República de Colombia.
Las banderas con las que llegó Uribe a la presidencia de Colombia están resumidas en su Política de Seguridad Democrática, un plan cuyo núcleo consistía en la lucha contra "seis amenazas principales: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, y el homicidio".29 Si bien la caracterización de las FARC como una "amenaza terrorista" era heredera tanto de los sucesos ocurridos durante el gobierno anterior como del contexto internacional,30 no se puede negar que Uribe, tanto en Colombia como en el extranjero, profundizó enérgicamente esta narrativa hasta el punto de negar la existencia misma del conflicto armado interno, y más bien, presentar la violencia en Colombia como una instanciación de la lucha contra el terrorismo global.31
Como era de esperarse, desde los primeros días de la administración de Uribe, los hechos ocurridos en Bojayá se leyeron precisamente desde esa óptica antiterrorista. Ya desde la primera semana de su gobierno los medios registraron intervenciones en las que el recién posesionado presidente hacía mención a la masacre del 2 de mayo como ejemplo de atentados que la Fuerza Pública debía evitar y combatir.32 Asimismo, el 13 de septiembre del 2002, durante su primera intervención como presidente de la República de Colombia ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Uribe hizo eco de la misma comparación que Pastrana ya había sugerido cuando dio fin al proceso de paz con las FARC:
Los ataques terroristas del 11 de septiembre conmovieron al mundo y provocaron la justa condena universal. La humanidad debe estremecerse ante atentados como el cometido por guerrilleros el 2 de mayo en Bojayá, un poblado de mil habitantes. Allí fueron asesinadas 117 personas refugiadas en la iglesia.33
Si durante los últimos meses del gobierno de Pastrana Bojayá fue visto como la evidencia inobjetable del verdadero carácter terrorista de la guerrilla de las FARC y como el argumento incuestionable para que la comunidad internacional las considerara como tales, Uribe mantuvo y reforzó este discurso desde los inicios de su primer mandato: ante Colombia y el mundo no debía quedar duda de que las FARC eran una amenaza narcoterrorista que debía ser combatida con el apoyo de la comunidad internacional.
2005-2010: Bojayá, escenario y ejemplo de la lucha contra el terrorismo y de la reparación a sus víctimas
Después de esta intervención en la Asamblea General de la ONU en el 2002, la masacre de Bojayá desapareció por un par de años de los discursos de Uribe. Este municipio solo fue mencionado por el presidente como uno de los territorios en los que se estaban llevando a cabo obras de electrificación.34 Sin embargo, a finales de su primera administración (2002-2006) y a lo largo de su segunda (2006-2010), Bojayá reapareció en los discursos de Uribe enmarcado en una narrativa más compleja. Bojayá ya no solo operaba como evidencia de la amenaza terrorista de las FARC y como argumento para combatirlos con el apoyo internacional, sino que, además, hacía las veces de argumento a favor de la estrategia que había adoptado el gobierno colombiano para luchar contra el narcoterrorismo y reparar a sus víctimas.
Según lo documenta el informe del GMH -y como fue registrado también por la prensa-,35 durante la visita que hizo a Bojayá una semana después de ocurridos los hechos, el entonces presidente Pastrana se comprometió a reconstruir el pueblo antes de que su mandato finalizara, el 7 de agosto de ese mismo año,36 algo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, el proyecto de reconstrucción de Bellavista sí cobró una importancia significativa en el discurso presidencial. La administración Uribe, por su parte, asumió el compromiso de reconstruir el pueblo, pero en el 2005 esta promesa aún no se había cumplido. En este contexto se dio el II Congreso Internacional sobre víctimas del terrorismo, que se llevó a cabo en febrero del 2005, y en el cual dos víctimas sobrevivientes de la masacre de Bojayá interpelaron al presidente para preguntarle, precisamente, por la reparación prometida, por la reubicación y reconstrucción del pueblo. Uribe respondió, en líneas generales, que en efecto "la reparación a las víctimas del terrorismo" jamás podría ser total, pero que el gobierno sí había hecho grandes esfuerzos en continuar con la política de seguridad democrática y con la reparación a las víctimas y que, en ese sentido, se haría lo posible por resolver la reubicación de Bojayá ese mismo año.37
A partir de ese momento, la idea de recuperar el territorio y expulsar a los grupos armados ilegales de Bojayá empezó a caminar de la mano junto con la necesidad de culminar las obras de reparación a las víctimas. Así, en agosto del 2005, en su Consejo Comunal de Gobierno # 106 en Bahía Cupica (Chocó), Uribe advirtió que, antes de finalizar su gobierno, tenía que entregarse Bojayá y, al mismo tiempo, le exigió al entonces General Padilla de León que había que continuar con la expulsión de la guerrilla del territorio bojayaseño: "Hay que sacarlos de allá, general Padilla, nosotros necesitamos un país sin terroristas, un país sin guerrillas, un país sin paramilitares, un país sin narcóticos, un país sin corrupción. Un país próspero, solidario, amable. Tan bello este país".38 Del mismo modo, en septiembre de ese mismo año, Uribe aseguró: "Confío, rápidamente, Gobernador, ir con usted al área de Bojayá a inspeccionar cómo van los trabajos. Confío que las Fuerzas Militares cumplan una tarea necesaria para este pueblo: que no haya guerrilleros, ni paramilitares".39
Este doble aspecto de la narrativa de Uribe empezó a germinar con más nitidez el año siguiente. Salvo por una ocasión,40 Uribe empezó a referirse a Bojayá como prueba del éxito de la política de seguridad democrática y esto desde los dos aspectos mencionados: como evidencia de la recuperación militar del territorio y como un caso ejemplar en cuanto a la reparación de las víctimas. De esto da cuenta una nueva intervención de Uribe, esta vez en Bojayá, cuatro años y medio después de ocurrida la masacre, el 31 de diciembre del 2006. En aquella ocasión pronunció un brindis por la llegada del año nuevo y por el deseo de hacer del 2007 "el año de la vida".41 A lo largo de su intervención se reitera constantemente una misma idea. Su síntesis se encuentra en las primeras frases del discurso.
Compatriotas. Aquel dos de mayo de 2002 incursionó el terrorismo. ¿Qué dejó? Destrucción y luto. Quiero agradecer a las Fuerzas Militares, a los soldados, a los policías de la Patria, a los infantes de Marina, el gran esfuerzo de estos años, que se traduce en una gran recuperación de la seguridad del Atrato.42
Bojayá ya no era simplemente el rostro descubierto del terrorismo en Colombia, sino que era lugar de "tierras tan bellas", de "selva única" que, si bien habían sido "usurpadas, maltratadas por el terrorismo", por fin era gobernada por la tranquilidad de la presencia de la Fuerza Pública: "Demos un aplauso a los soldados, a los policías y a los infantes que han recuperado la tranquilidad del Atrato". Además, Bojayá era presentado como un territorio en el que el Estado también había hecho presencia efectiva, en cuanto al visible esfuerzo por reparar los daños causados por el terrorismo:
Así como Bojayá, el Gobierno Nacional viene reconstruyendo obras en centenares de municipios, que fueron maltratados por el terrorismo. Confío que sucedan dos cosas: que terminemos bien estas obras y que se acabe en Colombia el terrorismo y su capacidad destructora.43
Esta imagen de Bojayá como el territorio en el que se evidenciaba el éxito de las políticas gubernamentales logró su consolidación y amplió su alcance en la inauguración de Nuevo Bellavista, a menos de un kilómetro del antiguo Bellavista, poco menos de un año después de que estas palabras fueron pronunciadas y cinco años y medio después de la masacre, el 13 de octubre del 2007.
La importancia que este proyecto de reparación tuvo para la presidencia es innegable. Tal y como lo registra el informe del GMH, Bojayá había sido receptor de inversiones en ayuda humanitaria a título de reparación administrativa y de asistencia humanitaria, cuyas cifras superaban las inversiones en Vigía del Fuerte o Quibdó.44 Además, según se lee en el mismo informe, a ojos de las entidades gubernamentales, la reubicación del pueblo era considerada como una "respuesta integral de reparación a las víctimas y de atención de sus necesidades".45 Lo anterior salta a la vista cuando se considera que, con ocasión de la inauguración del nuevo pueblo, el presidente Uribe viajó nuevamente al lugar, pero esta vez con una comitiva estadounidense entre cuyos miembros se contaba el Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez y un grupo de congresistas.46 En aquella ocasión el presidente ofreció un discurso sobre el que es preciso detenerse. Su intervención, que en la página web del archivo presidencial está registrada en español, fue pronunciada en inglés con traducción consecutiva al español.47 Pero este no es el único aspecto relevante de las palabras pronunciadas por Uribe aquel día en Bojayá. Después de insistir en que, en Bojayá, "en vez de guerrilla y paramilitares, han tenido la compañía de nuestras instituciones, de nuestras Fuerzas Armadas" (para quienes solicitó un aplauso), Uribe anotó lo siguiente:
Al Secretario Gutiérrez y a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, esta mañana en el desayuno, tuve la oportunidad de contarles los tres objetivos principales de nuestra administración: consolidar la seguridad democrática, lograr confianza para la inversión y cumplir los objetivos sociales del Milenio antes de las fechas previstas por Naciones Unidas. En este sitio ustedes ven dos de estos objetivos: seguridad democrática y el cumplimiento de las metas sociales.48
Y, minutos más tarde, afirmó:
Para la segunda etapa del Plan Colombia, que en este momento está en estudio en el Congreso, se exponen dos proyectos muy importantes. Uno es seguir fortaleciendo las Familias Guardabosques y el segundo es la erradicación manual. Si logramos llegar a 100 mil familias como Familias Guardabosques, habremos logrado avanzar muchísimo en nuestra lucha contra las drogas.49
En efecto, es preciso recordar el contexto en el que se dio la inauguración de Nuevo Bellavista. Tal y como Diana Rojas recrea la génesis del Plan Colombia, a finales de la década de 1990 el Estado colombiano vivía una aguda crisis de debilitamiento institucional. No solo era evidente la incapacidad de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la población, sino que se vivía bajo altos índices de impunidad, de ineficiencia y de corrupción estatal.
Ante este escenario catastrófico, las élites colombianas buscaron el respaldo de la comunidad internacional, y sobre todo de Estados Unidos, para implementar un gran plan de reconstrucción del Estado y de recuperación de la legitimidad que permitiera superar su condición de fragilidad y ponerle fin a la guerra; de allí surgió lo que con el tiempo terminó por denominarse "Plan Colombia".50
Según la periodización que propone la autora, la primera fase del Plan Colombia, cuyos ejes principales fueron "el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y la reestructuración de las Fuerzas Militares en apoyo a la policía antinarcóticos", se llevó a cabo bajo la administración de Pastrana (1998-2002). La segunda fase del Plan Colombia, cuya implementación se dio en el marco de la Política de la Seguridad Democrática del gobierno de Uribe, se dio entre el 2002 y el 2006 y se enfocó en "la campaña contrainsurgente contra las farc y el proceso de negociación con las formaciones paramilitares agrupadas en las AUC".51 En el momento en el que se inauguraba Nuevo Bellavista, en octubre del 2007, y como lo recuerdan las palabras de Uribe, estaba en discusión la aprobación de la fase de "consolidación" del Plan Colombia (que, de acuerdo con Rojas, constituye la "tercera etapa") y que se pondría en marcha a partir del 2007.
Además, por esta misma época estaba en proceso de aprobación, por parte del Congreso de los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. El TLC había sido firmado por ambos países el 22 de noviembre del 2006 "después de 21 meses, quince rondas y cien reuniones entre las partes" y, si bien el Congreso colombiano lo aprobó rápidamente, en el estadounidense fue objeto de largo debate entre demócratas y republicanos: según Rojas, existía una fuerte "oposición de un grupo de congresistas demócratas que planteaba serios reparos al gobierno colombiano en materia de derechos humanos".52
Teniendo en mente la conjunción de estos dos componentes de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, se comprende el propósito de las palabras de Uribe y de que estas estuvieran dirigidas, más que a cualquier otro auditorio presente ese día, a la delegación estadounidense que lo acompañaba. En esos términos también lo expresa el informe del GMH: "En este contexto, los hechos violentos y las víctimas de Bojayá se posicionaron en el escenario político internacional como un 'caso a mostrar' por el gobierno colombiano",53 lo que consolidó y confirmó el lugar que Bojayá ocupó en la narrativa presidencial en el segundo gobierno de Uribe: el mejor argumento para convencer a Colombia y a la comunidad internacional (particularmente, a los Estados Unidos) de seguir apoyando la política de seguridad democrática, una política que no solo pretendía mostrar avances en cuanto a la presencia estatal en todo el territorio colombiano y en la lucha antinarcóticos, sino que concretaba acciones tangibles en cuanto a reparación a las víctimas del terrorismo.54
Esta narrativa se mantuvo durante el tiempo que le restó de mandato a Uribe.55
2010-2014: Bojayá, entre olvido y recuerdo
Juan Manuel Santos Calderón, quien había sido ministro de defensa durante el gobierno de Uribe entre julio del 2006 y mayo del 2009, llegó a la presidencia de la república en el 2010, tras derrotar en segunda vuelta al candidato del Partido Verde, Antanas Mockus. La llegada de Santos a la presidencia no permitía esperar grandes cambios en la política gubernamental frente al manejo de la violencia interna.56 Sin embargo, en su discurso de posesión, pronunciado el 7 de agosto del 2010, al mismo tiempo que Santos se declaró como el heredero de la política de seguridad democrática, también se presentó como quien llevaría al país hacia la "Prosperidad Democrática".57 Así, si bien mantuvo una narrativa antiterrorista consistente con la línea política de los anteriores ocho años de la administración Uribe (se comprometió a seguir combatiendo "el terrorismo y otros enemigos de Colombia"), dejó explícitamente abierta la puerta para entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales ("la puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos"). En suma, al mismo tiempo que conservaba cierta coherencia ideológica con el gobierno anterior, ya anunciaba un distanciamiento que, con el tiempo, se iría marcando con mayor nitidez.
Sin embargo, durante los primeros años del mandato de Santos, los hechos ocurridos en Bojayá no fueron mencionados más que en dos ocasiones y en ellas solo se recuerda la masacre cuando se informa sobre acciones y resultados contra los actores armados ilegales. En octubre del 2010, durante la ceremonia de ascensos de patrulleros y suboficiales de la Policía Nacional en Sibaté, Santos informó:
El 2 de octubre en la Operación "Darién", contra el frente 57, cinco bandidos dados de baja, incluyendo a alias "Ignacio", que era el cabecilla de las extorsiones y el secuestro, condenado además a 36 años de prisión por la masacre de Bojayá (Chocó).58
Asimismo, en febrero del 2012, en Cali, dijo:
El 22 de febrero, de esta semana, se dio de baja a un bandido, Pedro Alfonso Alvarado, alias "Mapanao", que es uno de los cabecillas del frente 57; que fue responsable, ni más ni menos, ustedes se acuerdan de ese terrible episodio de la masacre de Bojayá (Chocó); ese fue el responsable. Lo dieron de baja nuestras Fuerzas Armadas.59
Durante el primer periodo presidencial de Santos (salvo por una ocasión, que se señalará más adelante), estas fueron las únicas palabras dedicadas a Bojayá. Sin embargo, sí se deben contar dos eventos que ocurrieron durante su primera administración que, de alguna manera, sentaron los fundamentos de la nueva narrativa presidencial que se elaboraría sobre el conflicto armado colombiano y en la que, posteriormente, se articularía un nuevo uso del recuerdo de la masacre de Bojayá. El primer evento que debe destacarse es la sanción, en junio del 2011, de la Ley 1448 del 2011, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Durante el discurso que Santos pronunció ese día, en lugar de hacer énfasis en la naturaleza terrorista de los victimarios, se enfocó en el reconocimiento y la defensa de las víctimas en el marco de un "conflicto armado interno": "Si hemos tenido víctimas, si aún siguen produciéndose víctimas, vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde: ¡al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su sufrimiento!". Además de ofrecer una definición de "'víctima' que no discrimina", sino que busca beneficiar a "todas las personas que, en forma individual o colectiva, hayan sufrido daños [...] con ocasión del conflicto armado interno", Santos enfatizó en la necesidad de que la sociedad, en su conjunto, reconociera su responsabilidad en el conflicto.60 Este paso, el reconocimiento del conflicto armado interno, fue determinante para ambientar el segundo evento importante en la reconfiguración del marco narrativo del discurso presidencial: la instauración de un nuevo proceso de paz con las FARC.61 Tras seis meses que duró la "fase exploratoria", se dio INICIO oficial, en noviembre del 2012, a las negociaciones de paz que se llevarían a cabo en La Habana, Cuba.
Este nuevo proceso de paz estaba inscrito en un contexto nacional e internacional distinto y se articulaba en una narrativa presidencial enfocada más en la reconciliación nacional y menos en la lucha antiterrorista global; más en la terminación de un conflicto armado interno y menos en la derrota de un grupo narcoterrorista. Así lo dejan entrever las palabras del jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto De la Calle, pronunciadas antes de viajar a La Habana para iniciar los diálogos con las FARC:
Somos conscientes de la dificultad del desafío, pero creemos firmemente que hay una oportunidad real para superar un conflicto de 50 años, para dejar a los jóvenes una sociedad distinta, para eliminar el odio, para buscar la reconciliación y el perdón entre los colombianos.62
Así, durante los primeros años del gobierno de Santos, por un lado, Bojayá desapareció por completo como referencia de las palabras del presidente (ya se señalaron las condiciones en que se hicieron las únicas dos menciones a la masacre del 2002). Pero, por el otro lado, durante este tiempo se sembraron los fundamentos de una nueva narrativa presidencial sobre el conflicto, sobre las FARC y sobre las víctimas.63 Así, lo que se estaba planteando desde el Palacio de Nariño era la configuración de un nuevo marco a partir del cual Bojayá, tras un periodo de olvido en las palabras presidenciales, volvería a emerger, pero esta vez, integrado en una narrativa de perdón, de reconciliación, y como argumento para legitimar este nuevo proceso de paz con las FARC.
2015-2017: Bojayá, ejemplo de reconciliación y argumento por la paz
Los efectos sobre el recuerdo de Bojayá de esta nueva narrativa empezaron a evidenciarse en mayo del 2014, en los últimos meses del primer mandato de Santos y, también, de su campaña reeleccionista. Nuevamente, un proceso de paz con las FARC sería determinante en el rumbo electoral del país. El principal rival que tuvo que enfrentar Santos en su camino hacia la reelección fue Óscar Iván Zuluaga, candidato del partido uribista Centro Democrático y crítico de la manera en que se estaban llevando a cabo las negociaciones con esta guerrilla.64 En este contexto se dio la tercera y última declaración del presidente Santos (y, para este entonces, también candidato a la presidencia) durante su primer gobierno, en la que se hace referencia a Bojayá. En su visita al Parque Educativo de Vigía del Fuerte (Antioquia), afirmó lo siguiente:
Por eso estamos tan empeñados en buscar la paz. Para que Bojayá, y yo estuve en Bojayá, a mí me tocó ir cuando fui Ministro de Defensa después del ataque, y vi cómo la guerra destruye, deja víctimas, polariza, siembra odio, siembra rencor, siembra venganza. [...] La paz nos trae oportunidades, nos da más recursos, que los podemos invertir en educación, en salud, en carreteras, en energía, en obras sociales.65
Un mes después de esta visita, en una apretada votación, Santos se impuso en segunda vuelta con el 50,98 % de los votos frente al 44,98 % de Zuluaga. El 7 de agosto del 2014, Santos se posesionó por segunda vez como presidente de la república y en su discurso, a pesar de que les advirtió en tono enérgico a "los señores de las FARC" que "la paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita", se destaca que no utilizó, ni una sola vez, el término "terrorismo".66
A mediados del 2014, la Mesa de Negociación de La Habana pidió a la ONU en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia que, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal, seleccionaran 60 víctimas del conflicto armado interno para que, repartidas en cinco delegaciones de doce personas, viajaran a la capital cubana para encontrarse con los equipos negociadores.67 En uno de esos grupos viajó Leyner Palacios, víctima sobreviviente de la masacre de Bojayá y líder social. En diciembre de ese año, también desde La Habana, en un evento que fue registrado por varios medios del país,68 las FARC, en voz de alias "Pablo Catatumbo", asumieron su responsabilidad en los eventos del 2 de mayo del 2002 y pidieron perdón a las víctimas de la masacre. Y un año después, en diciembre del 2015, una delegación de las FARC encabezada por alias "Pastor Alape" viajó a Bojayá para encontrarse con la comunidad y pedirles perdón por la masacre de mayo del 2002.69
Si bien este no es el escenario para abordar ambos eventos, sí es preciso destacar que el gobierno colombiano no fue indiferente ante estos encuentros y pronunciamientos. La comprensión de Bojayá como escenario de perdón se integró profundamente en la narrativa presidencial como un argumento para impulsar los diálogos con las FARC en su recta final. Tras la reunión entre las víctimas sobrevivientes de Bojayá y esa guerrilla en La Habana, Humberto De la Calle destacó "el ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas de la tragedia de Bojayá" y el anuncio de "medidas reales que contribuyan a la verdad y la reparación de ese doloroso hecho" como un "paso valioso y muy diciente en esta etapa del proceso".70 Y dos días después de la visita de la delegación de las FARC al lugar de la masacre en diciembre del 2015, Santos afirmó: "Qué bueno haber visto a la guerrilla, a las FARC, el domingo, allá en Bojayá, pidiendo perdón. Eso para la paz es muy importante".71 Y ese mismo día, en otro evento, aseguró:
Yo valoro -como un hito necesario en la ruta de la paz- el gesto de las FARC cuando el pasado domingo, en Bojayá, reconocieron, a través de un miembro de su Secretariado, su parte de responsabilidad en la tragedia de hace 13 años, y pidieron perdón. [...] Algo bueno está pasando en Colombia, cuando el Estado, y al mismo tiempo un grupo armado ilegal como las FARC, dan pasos certeros -como los mencionados- hacia la reconciliación y la plena realización de los derechos de las víctimas.72
Esta disposición de Santos frente a la demanda de perdón de las FARC siguió trazando el camino para la nueva comprensión de lo que significaría Bojayá en la narrativa presidencial. Bojayá ya no era el emblema de la lucha antiterrorista ni el "ejemplo a mostrar" en la recuperación militar del territorio. Más bien, Bojayá representaba la reconciliación entre los colombianos, que era precisamente lo que se buscaba con el proceso de paz con las FARC. Así lo dejan entrever las palabras que pronunció el entonces alto comisionado para la paz y miembro del equipo negociador del gobierno, Sergio Jaramillo, en una intervención durante la misma ceremonia en que las FARC pidieron perdón en Bojayá en diciembre del 2015:
Este es el lugar simbólico para mostrar que tenemos que pasar la página de la guerra y nuestro compromiso como gobierno es llevar a buen término las conversaciones en La Habana para que eso que ocurrió a la población de Bojayá no le vuelva a ocurrir nunca más a ninguna comunidad en Colombia.73
Y, más adelante, afirmó:
El asunto ahora no es conocer los hechos. Es reconocer lo ocurrido. Esa es la esencia del cambio: reconocer y asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Y no solo en Bojayá sino en todos los hechos del conflicto. Por eso, en lo que hemos acordado con las FARC en La Habana, el primer hecho, acto, de reparación, debe ser el reconocimiento de responsabilidad. Y entendemos, además, que hay otras responsabilidades aquí en juego, que se deben hacer otros reconocimientos, por parte de los paramilitares y también por parte del Estado, que tenemos que venir aquí a explicar por qué esa comunidad se encontraba en ese estado de desprotección.74
A partir de este momento, Bojayá empezaría a cobrar un lugar preponderante en la narrativa presidencial. El 31 de agosto del 2016, durante la alocución presidencial del Día Nacional de Rendición de Cuentas, Santos presentó algunos aspectos de los acuerdos de paz con la guerrilla que se firmarían "entre el 20 y el 30 de septiembre" de ese mismo año. En ese contexto apreció nuevamente Bojayá, pero no se hizo referencia a este como un municipio específico del territorio colombiano, sino como una suerte de paradigma universal e inobjetable del horror de la guerra que se buscaba terminar y jamás repetir. Durante la explicación de lo acordado sobre la justicia transicional que juzgaría los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno, Santos afirmó:
Y eso fue lo que se negoció. Una justicia transicional, un tribunal especial, para que a los máximos responsables se les aplicara justicia.
O sea que aquí no va a haber ningún tipo de impunidad.
Y el derecho de las víctimas a la no repetición, eso también es algo que se cae en su propio peso.
Todas las acciones que estamos haciendo es precisamente para que nunca más volvamos a ver las motosierras, las torturas, los "Bojayá", esas atrocidades frente a las cuales nos acostumbramos los colombianos a ver todos los días.75
Si bien se podría objetar que en esta intervención Bojayá emerge claramente como símbolo de las "atrocidades" de la guerra colombiana, no se debe asumir que Bojayá volvía a ser comprendido (como lo había sido en el 2002) como la evidencia del talante terrorista de las FARC. Es claro que, dado el contexto, su evocación abstracta ("los 'Bojayá'") operaba más bien como un argumento para aprobar un esquema de justicia transicional que buscaba "obtener el máximo de justicia que nos permita la paz" y no para exigir un sometimiento inapelable de los guerrilleros a la justicia ordinaria; en términos más generales, como un argumento para apoyar el proceso de paz y no para legitimar la búsqueda de una derrota militar de las FARC.
Esta representación de Bojayá se reforzó simbólica y mediáticamente durante todo el mes siguiente. El 13 de septiembre del 2016, dos semanas después de la anterior alocución presidencial, Santos visitó el departamento del Chocó para la inauguración de la sede industrial del SENA en Quibdó y para el lanzamiento de la Estampilla de la Paz. En esa ocasión, el presidente enfatizó cómo esta nueva estampilla beneficiaría a "todos los habitantes de Bojayá", en especial a "los jóvenes, los niños": "el producido de la estampilla va en cierta forma a reparar a una población que fue tan maltratada por esta guerra. Eso es parte del proceso que estamos viviendo, reparar las víctimas, pedir perdón".76
Pero la cúspide de esta concepción de Bojayá como emblema de la reconciliación en Colombia se daría pocas semanas después, el 26 de septiembre del 2016, en Cartagena de Indias. Ese día, Santos y alias Timo-chenko firmaron el acuerdo de paz -que se presumía definitivo- entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.77 En presencia de varios jefes de Estado y de diversas personalidades de la política nacional y de la comunidad internacional, tras un minuto de silencio por las víctimas del conflicto, la maestra de ceremonias introdujo a un grupo de mujeres de Bojayá que entonarían un alabao: "Le damos la bienvenida a las alabaoras de Bojayá. Un grupo de mujeres que se vestían de negro, de luto, para cantarle al dolor de la guerra y que ahora le cantan a la esperanza de la paz". Ante la perspectiva del plebiscito del 2 de octubre del 2016, con el cual el gobierno buscaba la refrendación de los acuerdos por parte de la ciudadanía colombiana, Bojayá se presentaba ante Colombia y el mundo como el mejor argumento para votar "Sí": estas mujeres eran presentadas como ejemplo de perdón ante la violencia que habían sufrido en carne propia.
No es este el espacio para analizar con detalle las campañas por el "Sí" y por el "No" de cara al plebiscito del 2 de octubre del 2016.78 Sin embargo, es preciso destacar cómo al mismo tiempo que para el gobierno y para quienes apoyaban el proceso de paz Bojayá era uno de los argumentos más sólidos para refrendar los acuerdos de La Habana, para quienes se oponían a los acuerdos, Bojayá también era un argumento válido para sostener la posición contraria. De la revisión de prensa llevada a cabo durante esta investigación, se destacan dos notas que así lo corroboran. En abril del 2015, Alejandro Ordóñez, entonces procurador general de la nación y quien sería, tres años después, precandidato presidencial, le envió 45 preguntas sobre el proceso de paz al presidente Santos y en una de ellas se cuestionaba si habría "pena de cárcel efectiva para los integrantes del secretariado de las FARC por la masacre de 119 personas en Bojayá".79 Y en agosto del 2016, dos meses antes del plebiscito, los medios registraban declaraciones del expresidente y senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en las que afirmaba que votar por el "No" "es evitar que quienes asesinaron a la comunidad de Bojayá se conviertan en sus autoridades".80
Los resultados del plebiscito, en los que el "No" se impuso por poco menos de 55.000 votos, conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional, pues varias encuestas vaticinaban una cómoda victoria del "Sí".81 Mucho se puede decir sobre estos resultados y aún queda mucho por analizar, pero, en cualquier caso, es preciso llamar la atención sobre la votación que se dio en el departamento del Chocó y, particularmente, en el municipio de Bojayá. Según datos que ofrece la Registraduría Nacional, en Chocó, el "Sí" se impuso con el 79,76 % de la votación, y en Bojayá, con el 95,78 %. Más allá de los debates éticos y políticos que debe suscitar este resultado,82 este hecho terminó por reimpulsar la presencia de Bojayá en el discurso presidencial.
Cinco días después del plebiscito, el 7 de octubre del 2016, el presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus "decididos esfuerzos" para alcanzar la paz en Colombia. Dos días después de recibir esta noticia, el 9 de octubre, Santos decidió viajar a Bojayá para "compartir" con sus habitantes el premio, para prometerles que se alcanzaría la paz y para anunciarles que los ocho millones de coronas suecas del Nobel serían destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
En las palabras que dirigió ese día a los bojayaseños, se refirió a Bojayá como un territorio victimizado por la guerra ("Y quién más encarna esas víctimas que ustedes aquí en Bojayá. Ustedes simbolizan el sufrimiento de las víctimas a lo largo de estos 52 años de guerra"). Además, era ejemplo de perdón y evidencia de que la reconciliación sí es posible ("[Las víctimas] me han enseñado algo que para mí ha sido muy importante. Que la capacidad de perdón y de reconciliación puede vencer la capacidad de odio y de sed de venganza"). Y esto se traducía, en la narrativa presidencial, en una reafirmación del compromiso de alcanzar un acuerdo de paz con las FARC ("Tengan la absoluta seguridad, tengan ustedes toda la tranquilidad, que este proceso lo llevaremos a buen puerto. No voy a desfallecer un solo minuto. No me voy a rendir un solo segundo. Voy a continuar") y cumplir con el mandato que los bojayaseños, según Santos, le habían impuesto ese mismo 2 de octubre: "Ustedes sufrieron tanto por la guerra y salieron a expresarse en una forma espontánea, en conciencia, por la paz hace unos días. Y ese apoyo, ese apoyo es el que más me motiva a no desfallecer".83
Así, tras los resultados del 2 de octubre y días después de la noticia del Premio Nobel de Paz, la narrativa de Santos renovó la imagen de Bojayá: las víctimas del 2 de mayo del 2002 y su rotunda aprobación al primer acuerdo de paz eran el argumento inobjetable para concretar cuanto antes un nuevo acuerdo de paz: "De manera que el dolor de las víctimas para que nunca se repita una tragedia como la del 2 de mayo del 2002, por ustedes seguiremos buscando esa paz, seguiremos consolidando esa paz".84
Esta misma idea se reiteró en la alocución presidencial televisada que se emitió al día siguiente:
Por las víctimas -por quienes han perdido a sus seres queridos, su salud, sus tierras, su tranquilidad- tenemos que perseverar, ¡y vamos a perseverar! Así lo aseguré ayer a los habitantes de Bojayá, en el Chocó, ese pueblo que sufrió como ninguno el embate de la violencia, y donde más están comprometidos con la reconciliación y la búsqueda de la paz. ¡Qué ejemplo de grandeza nos dan las víctimas! Por eso -repito- este premio es de ellas. Y este reconocimiento lo considero también como un mandato para encontrar una solución rápida a la situación originada por el resultado del plebiscito.85
De esta manera, Bojayá terminó presentándose, nuevamente, como un "ejemplo a mostrar" pero, esta vez, de la disposición de los colombianos para alcanzar la paz en el país. En la visita que Santos hizo al municipio de Nariño (Antioquia) el 15 de octubre del 2016, antes de reiterar que él era el "presidente de todos los colombianos", "de los que votaron por el sí y de los que votaron por el no" y que, en este sentido, continuaría la lucha "por la paz" y "por la unión de los colombianos", evocó los resultados del plebiscito en Bojayá desde esa perspectiva:
Yo estuve el domingo pasado en Bojayá, allá el 98 por ciento de la gente votó por el sí, aquí en La Unión el 65 por ciento votó por el no.
Y yo interpreto esa votación como una expresión de dolor y la respeto, la respeto y la entiendo.86
El 24 de noviembre del 2016, tras nuevas rondas de negociación con los sectores opositores al acuerdo de septiembre, primero, y con las FARC, después, se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo de paz definitivo. Su refrendación no se hizo vía plebiscitaria, sino que el presidente decidió acudir al Congreso de la República en el que el gobierno contaba con las mayorías.87 Esta se selló la noche del 30 de noviembre del 2016, días antes de que el presidente Santos viajara a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de Paz.
Durante la ceremonia de recepción del Nobel, la comunidad internacional volvía a escuchar, en palabras de un presidente de Colombia, sobre la masacre de Bojayá. Pero esta vez no se recordaba para exigir que las FARC fueran reconocidas como una organización terrorista; tampoco se mencionaba para solicitar apoyo económico y militar para seguir luchando contra el terrorismo en Colombia. Esta vez, catorce años y medio después de la masacre del 2 de mayo del 2002, el presidente colombiano presentaba Bojayá ante el mundo como el rostro de la paz y como el ejemplo concreto del tránsito "de lo imposible a lo posible". En sus palabras, Santos hizo un reconocimiento especial a las víctimas del conflicto colombiano, y en particular, a Leyner Palacios:
Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes -en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia- que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen. Leyner Palacios es una de estas víctimas. El 2 de mayo del 2002, un mortero rudimentario lanzado por las FARC, en medio de un combate con los paramilitares, cayó en la iglesia de su pueblo -Bojayá-, donde sus habitantes habían buscado refugio. Murieron cerca de 80 hombres, mujeres y niños, ¡la mayoría niños! En cuestión de segundos, Leyner perdió a 32 familiares, incluidos sus padres y tres hermanos menores. Las FARC han pedido perdón por este hecho atroz, y Leyner, que ahora es un líder comunitario, los ha perdonado. Y esta es la gran paradoja con la que me he encontrado: mientras muchos que no han sufrido en carne propia el conflicto se resisten a la paz, son las víctimas las más dispuestas a perdonar, a reconciliarse, y a enfrentar el futuro con un corazón libre de odio.88
La última vez que el presidente Santos hizo referencia a la masacre de Bojayá fue precisamente el 2 de mayo del 2017, exactamente quince años después de los hechos. En un trino, Santos afirmó lo siguiente: "Bojayá mostró que el perdón es más grande que el odio. A 15 años de ese trágico día envío mi abrazo a las víctimas. Por ellas hicimos la paz".89
Conclusiones y apuntes finales
Salta a la vista que, a lo largo de los primeros quince años después de los hechos, la evocación de la masacre de Bojayá desde el Palacio de Nariño se dio siempre en medio de una necesidad del gobierno de turno de recibir apoyo (nacional e internacional) para legitimar o poner en marcha políticas gubernamentales para hacer frente a la violencia interna, y ha ocupado el lugar de argumento para lograrlo.
Apenas ocurrió, la masacre de Bojayá fue el rostro del terrorismo desenmascarado: fue la estocada final a cualquier posibilidad de terminar el conflicto con las FARC por vía de la negociación y constituyó el mejor argumento para convencer a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional de que esa guerrilla no era una insurgencia política sino una organización terrorista. Años después, Bojayá se convirtió en el paradigma de la lucha antiterrorista que se libraba en el país, lo que terminó por configurarlo en un ejemplo del éxito de las políticas gubernamentales frente a la recuperación del territorio y a la reparación a las víctimas por parte del Estado; lo anterior se tradujo, hacia el extranjero, en un argumento para continuar recibiendo apoyo internacional y para ver en Colombia un socio comercial viable.
Y es desde esta perspectiva que se puede explicar la ausencia de Bojayá en las palabras presidenciales entre el 2010 y el 2013 y su reaparición en el 2014. Durante los primeros años de la administración de Santos se empezaron a trazar los rieles de la nueva narrativa presidencial: en medio del tránsito desde la "lucha antiterrorista" hacia la "búsqueda de la paz y la reconciliación" no era evidente qué papel podría cumplir el recuerdo de un suceso tan dramático como el de la masacre de Bojayá. Pero en el 2014, justamente en la recta final de la campaña reeleccionista de Santos y cuando la continuidad de los diálogos de La Habana se definiría en las urnas, el recuerdo de Bojayá reemergió desde la óptica de la reparación y de la reconciliación. Y fue así como, por último, a partir de finales del 2014 y, más específicamente, ante la perspectiva del plebiscito del 2 de octubre del 2016 y tras los resultados negativos para el gobierno, Bojayá terminó por consolidarse como el argumento gubernamental inobjetable para alcanzar, a como diera lugar, un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla.
Así, resulta claro que, desde la perspectiva del Palacio de Nariño, Bojayá ha estado íntima y casi conceptualmente vinculado a la narrativa presidencial sobre la violencia en Colombia. Tanto cuando el gobierno se enfocó en la "lucha contra el terrorismo" como cuando agitó las banderas de la paz y la reconciliación, el recuerdo de "Bojayá" fue utilizado políticamente como un sólido argumento para legitimar los lineamientos gubernamentales de turno en el manejo de la violencia interna. La evocación del recuerdo de la masacre de Bojayá ha sido una herramienta retórica con la cual los distintos gobiernos han perseguido sus fines políticos.