Un proyecto hispánico a prueba

En 1553 comenzó sus labores académicas la Real Universidad de México. Sus fundadores la definieron básicamente como un espacio para españoles, aun y cuando la Corona también incluyó a los indios entre los beneficiarios.⁷ Sin embargo, estos no tuvieron las condiciones para estudiar. La nueva institución progresó y los alumnos fueron en aumento. Aunque en el siglo xvi los más favorecidos fueron los residentes de la ciudad de México, en el XVII, jóvenes de provincias cada vez más lejanas comenzaron a llegar a sus aulas.⁸

Por entonces, la fundación de colegios jesuitas en varias ciudades novo-hispanas fortaleció al estudiantado que deseaba titularse en la universidad. Apoyados por sus familiares y allegados, muchos jóvenes aspiraron a los grados, pues les permitirían ejercer una profesión o desempeñar un cargo con salario, pero, además, alcanzarían un nuevo rango social, de acuerdo a lo que ya acontecía en España desde por lo menos un siglo atrás. Otros alumnos, de familias enriquecidas y distinguidas, los menos, veían en los títulos un instrumento para conservar el honor que ya detentaban. Los estudiantes llegaron a constituir una población heterogénea en donde coexistían la riqueza o la pobreza, así como distintos orígenes sociales y motivaciones para obtener un grado académico.

En la universidad, sus dirigentes (rectores y claustro de doctores) debían jurar cumplir sus estatutos, defender sus intereses y aumentar su prestigio y su honor. Esto último fue objeto de mucha atención de esa élite universitaria, y ya en el siglo xvii comenzaron a definirse criterios para cuidar la calidad social⁹ de los alumnos, como sucedió en otras universidades del mundo hispánico.¹⁰ Ello debido a que jóvenes mulatos ingresaron a la Facultad de Medicina, dividiendo las opiniones sobre si esto debería permitirse o no. La discusión los rebasó cuando varios estudiantes de Medicina, en la década de 1630, exigieron al virrey marqués de Cerralbo, como vicepatrón de la corporación, que un estudiante mulato fuera expulsado. Sin embargo, el marqués decidió que, debido a que no había un estatuto universitario que lo prohibiera, no se le podía excluir.¹¹

Estos incidentes pusieron en guardia a quienes deseaban una institución solo para españoles y, en 1645, a raíz de la visita real de Juan de Palafox y Mendoza a la universidad, se hicieron nuevos estatutos o constituciones, las cuales continuarían vigentes hasta la Independencia de México. Palafox, también obispo de Puebla, fue un agente muy importante de la política imperial en boga. La inspección a la universidad fue parte de su meta de revisar y corregir la marcha de las principales instituciones novohispanas.¹² Las constituciones del visitador buscaron un reordenamiento decisivo de la universidad en todos sus rubros. Para su elaboración, el visitador hizo averiguaciones y consultas secretas, ocasión para quienes estaban preocupados por el origen social de los alumnos, lo que dio como resultado una Constitución, la número 246, que, con el tiempo, se consideró un estatuto de "limpieza de sangre". Esta norma, que debía servir como un filtro de exclusión social, estipuló lo siguiente:

Ordenamos que cualquiera que hubiere sido penitenciado por el santo oficio, o sus padres o abuelos o tuviere alguna nota de infamia, no sea admitido a grado alguno de esta universidad, ni tampoco los negros ni mulatos, ni los que comúnmente se llaman chinos morenos, ni cualquiera género de esclavo o que lo haya sido: porque no sólo no han de ser admitidos a grado, pero ni a la matrícula; y se declara, que los indios, como vasallos de su majestad, pueden y deben ser admitidos a matrícula y grados.¹³

La pureza de sangre se convirtió en una especie de obsesión para el pueblo español y se unió a la búsqueda del honor y de la nobleza. La Constitución 246 habría tenido sobre todo un trasfondo de exclusión social, si bien también había juicios y prejuicios mezclados de tipo racial o religioso que no se pueden descartar. Con esa norma, la universidad se alineó a la corriente social y política que exigía la limpieza de sangre en las instituciones más conservadoras del mundo hispánico como cabildos eclesiásticos, colegios mayores o tribunales inquisitoriales.¹⁴

Paralelamente, los doctores universitarios deseaban reafirmar su raigambre hispánica, autodefiniéndose como una corporación de españoles distinguidos, provenientes de familias nobles, honorables, limpias de sangre y alejadas de oficios viles o mecánicos.¹⁵ Sin embargo, la Corona no siempre estuvo de acuerdo con ello y en diferentes épocas reafirmó que las escuelas y los grados eran para todos sus vasallos españoles e indios. Incluso en 1691, Carlos II creó becas para hijos de indios caciques en los seminarios conciliares de Indias, tal como sucedió en el de México, que abrió sus puertas en 1697.¹⁶ Aún más, la Corona dio otro paso para impulsar el ascenso de los indios nobles mediante una cédula de 1697 que les dio acceso a instituciones antes exclusivas de los españoles, incluyendo puestos eclesiásticos o seculares, gubernativos, políticos y de guerra, que pedían limpieza de sangre y calidad de nobleza.¹⁷ En sintonía, al finalizar el siglo XVII se acentuaron los intentos de estudiantes de baja categoría social por acceder a las aulas y a los grados.

No obstante, el virrey interino y obispo de Michoacán, Juan Antonio Ortega Montañés, intentó la expulsión de todos los estudiantes que no fueran españoles, de la universidad, algo que los rectores no se atrevieron a cumplir.¹⁸ En cambio, se exigió a todos los candidatos a doctor proporcionar "información de legitimidad y limpieza de sangre", sustituyendo la costumbre anterior de solo dar testimonios sobre su modo de vida y costumbres. Muchas de esas informaciones incluyeron vastas probanzas sobre linajes de origen peninsular, libros genealógicos y escudos de armas. Así, los últimos años del siglo XVII fueron cruciales para la universidad pues se avizoraron tres tendencias: la que impulsaba la exclusión de todo estudiante no español, la que defendía una apertura mucho más flexible y aquella que se inclinaba por una apertura moderada y selectiva.

La diversidad social se consolida en el siglo XVIII

La aspiración de familias españolas pobres, y de otros grupos de bajo rango, por dar estudios mayores a sus hijos, siguió vigente en el siglo XVIII, provocando acciones y reacciones en la universidad, ligadas a un contexto político y social que no se podía pasar por alto. En primer lugar, estaban las reales cédulas de fines del siglo XVII ya citadas, que, lejos de caer en el olvido, fueron reivindicadas por jóvenes no españoles ante la universidad. Y, en segundo, un mayor mestizaje que alcanzó su culminación en el siglo XVIII, por el cual ya era difícil hallar a novohispanos sin ningún antecedente de indios, mestizos o afrodescendientes. El mestizaje general preocupó a las más altas autoridades, como en 1764, cuando el arzobispo de México, Manuel Rubio Salinas, manifestó al respecto: "es tan difícil conservarse las familias blancas en estas partes; de la mezcla de diversas calidades de gentes que resultan del blanco, negro, indio, chino y otras castas, de sus humores, costumbres y crianza, dimana una natural visible discrepancia".¹⁹

La élite universitaria continuo exigiendo las fes de bautismo y de informaciones de limpieza de sangre a los estudiantes. Sin embargo, muchos alumnos de bajo rango perseveraron por obtener, al menos, un grado de bachiller, sin importarles el discurso exclusivista de la élite universitaria. Un sector en aumento fue el de los españoles de padres no conocidos. Desde los primeros años del siglo XVIII arribaron jóvenes que se autodenominaban españoles expuestos, es decir, que al nacer fueron abandonados en las puertas de alguna casa, o bien, no tenían padres reconocidos en sus fes de bautismo. Todo esto parece responder a que en la ciudad de México la tasa de nacimientos ilegítimos alcanzó por esa época la tercera parte de españoles, mestizos y castas.²⁰ Con el tiempo, hubo más casos de españoles con nacimientos irregulares, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, a tal punto que la universidad decidió registrar esa calidad en sus libros de grados. En los de bachiller, por ejemplo, entre 1749 y 1813 se pueden hallar 117 estudiantes españoles expuestos, 43 hijos de padres no conocidos y 14 hijos naturales.²¹

Si la universidad les negaba el acceso se podían iniciar distintas querellas en los tribunales reales, algo inconveniente para la corporación. Sin embargo, los rectores tampoco podían pasar por alto el estatuto de limpieza universitario, a riesgo de ser impugnados por el sector tradicionalista de la corporación. Había que pensar, entonces, en soluciones aceptadas por todos. Así que, mediante la vía jurídica, los rectores enmarcaron la apertura social del estudiantado. Si era ineludible la presencia de jóvenes de bajos orígenes sociales, entonces había que probar ante la sociedad que la universidad solo aceptaba españoles limpios, en cumplimiento de la Constitución 246. Una pregunta decisiva debía responderse con gran cuidado: los expuestos e hijos de padres no conocidos ¿eran infames y, por tanto, prohibidos por esa constitución? Para zanjar la cuestión, los rectores se apoyaron en pareceres en derecho y cuantos testimonios, secretos o de parte, consideraran pertinentes. El hecho de haber sido aceptados en familias españolas sirvió a los estudiantes impugnados para argumentar que ello se explicaba por su origen español.²² Pero el cambio social también se evidenció en los doctores. En el siglo XVIII hubo, al menos, 31 expedientes sobre ellos debido a alguna irregularidad de nacimiento: 16 expuestos, 9 hijos naturales y 6 hijos de padres desconocidos, repartidos a lo largo de las décadas, aunque predominando los de la segunda mitad de siglo.²³

Otro sector indeseado por el sector intolerante de la universidad fue el de los indios. La animadversión a ellos también se reflejaba en los doctores, quienes, en sus informaciones de legitimidad y limpieza, negaban cualquier ascendiente indio y les negaban participar en la vida académica de la universidad. Con todo, su presencia en las aulas y en las graduaciones fue otro reflejo del cambio social. La política de la Corona a su favor fue difundida y poco tiempo después los hijos de caciques demandaron su observancia. En 1704, el indio Pascual del Espíritu Santo solicitó al rector poder matricularse, pues era "noble, de que ofrezco información, se ha de servir vuestra señoría admitirme a matrícula en estas escuelas, por estar arreglado a estatuto, leyes y derecho que me favorece y según ejemplares, para que pueda estudiar hasta poder ordenarme".²⁴ A partir de ese año hubo más casos similares y, aunque hasta mediados del siglo XVIII fueron esporádicos, después aumentaron significativamente.²⁵

La mayoría de los indios que estudiaron y obtuvieron grado fueron hijos de caciques, aun cuando la Constitución 246 no exigía esta condición. Sin embargo, consciente del rechazo de un sector en la universidad, la nobleza indígena buscó demostrar esa calidad, distanciándose de los tributarios. En esta meta se respaldaron en la cédula de 1697, ya mencionada, de Carlos II, que los equiparó a la condición de los españoles hidalgos. Un factor que favoreció a los indios letrados fue el aumento de los colegios que dieron cabida a su formación, pues si en la primera mitad del siglo XVIII fueron solo cuatro en donde estudiaron, en la segunda aumentaron a quince.²⁶

La motivación de los indios nobles para graduarse en la universidad creció sin duda con el tiempo e incluso algunos aspiraron al máximo grado de doctor. En 1770, el bachiller José Antonio Jiménez Bautista Frías, presbítero y abogado, solicitó en la universidad iniciar los trámites para graduarse en Cánones, objetivo que al final sí cumplió.²⁷ Incluso algunos indios letrados del siglo XVIII impulsaron nuevos colegios para hijos de caciques, como Juan Cirilo de Castilla, de Tlaxcala, o bien, la reapertura del colegio de Tlatelolco como centro de estudios mayores, por el indio presbítero Andrés Ignacio Escalona y Arias, intentos infructuosos pero que confirman el deseo de la nobleza indígena del centro de Nueva España por seguir impulsando sus carreras académicas y eclesiásticas.²⁸

El interés de la nobleza indígena novohispana por beneficiarse de la cédula de 1697 no pasó desapercibido para otros grupos similares de Hispanoamérica, como los caciques de Perú y Nueva Granada. En 1725 un cacique andino solicitó a Felipe V hacer cumplir esa cédula, argumentando que en Nueva España ya se estaba cumpliendo y en Perú aún no. El rey ordenó el cumplimiento ese mismo año. En 1766, Carlos III, citando nuevamente el precedente novohispano, decretó lo mismo para Nueva Granada.²⁹

En el siglo XVIII, otros estudiantes, con orígenes sociales aún más rechazados por las élites, decidieron hacer estudios mayores, incluso sabiendo que sería más difícil para ellos: los mulatos, quienes, luego de la aparición de los estatutos de Palafox parecieron alejarse en la segunda mitad del siglo XVII de la universidad. El prejuicio contra ellos siguió vigente en el siglo XVIII, de tal manera que ni siquiera los universitarios más flexibles se atrevieron a plantear alguna tolerancia. Igualmente aconteció con los mestizos, grupo social que había ido absorbiendo a los afrodescendientes. La universidad reflejó así el gran prejuicio de la sociedad en contra de las llamadas castas, intolerancia proporcional al cambio social evidente. Sin embargo, hubo estudiantes, denunciados como mulatos, que no se arredraron y perseveraron en transitar por el camino de las letras.³⁰

En las siguientes páginas me centraré en un litigio entre la universidad y una familia de la capital cuyos hijos fueron señalados como mulatos. El caso, que transcurrió entre 1761 y 1766 muestra distintas motivaciones, discusiones y argumentos que nos dan elementos muy importantes para reflexionar en el significado del estatuto de limpieza en el siglo XVIII, así como sus alcances y sus límites en una sociedad como la novohispana.

Los hermanos Ramírez de Arellano contra la Constitución 246 y los prejuicios sociales

La familia Ramírez de Arellano vivió en la calle de la acequia real, cerca del palacio virreinal, en pleno corazón de la ciudad de México. Nicolás Ramírez, el padre, era un abogado en funciones desde la década de 1730 y tenía un despacho en donde instruía a jóvenes juristas en la práctica del Derecho,³¹ incluyendo a sus propios hijos. También fungió como asesor letrado en el tribunal de la Acordada. Era un panorama favorable para él y su primera esposa. Sin embargo, esta falleció sin haber tenido hijos. Poco después, el padre contrajo nuevas nupcias con María Loreto con quien sí tuvo varios hijos, incluyendo seis varones a quienes persuadió de seguir estudios de derecho.

En la década de 1750 los dos hijos mayores cursaron en la universidad y un tercero se preparaba ya para el mismo objetivo, llenando de satisfacción a su progenitor. Es posible que la familia, consciente de la gran competencia que había entre los juristas de la capital, no aspirara necesariamente a una carrera de grandes alturas para los hijos pero sí a una práctica forense que les permitiera vivir bien, a juzgar por las palabras de Manuel María, el primogénito: "No pienso en cátedras, ni en borlas ni en honras, solo que vean que soy aplicado y que me entretengo en cosas de honor".³² Pero la profesión de los juristas tenía riesgos debido al carácter contencioso y de enfrentamiento entre las personas en los pleitos judiciales, como los Ramírez pudieron comprobarlo directamente, a tal grado que su gran proyecto en la capital se truncó.

Transcurría el año de 1761 cuando "personas celosas del honor y lustre de esta universidad" ³³ acusaron a Manuel María, Joaquín María y Miguel María Ramírez de Arellano de ser hijos de una mulata. El rector era por entonces el doctor Manuel Ignacio Beye de Cisneros, quien ordenó al secretario realizar una información secreta y suspender la graduación de bachiller en Artes de Miguel María así como la entrega del título de leyes a Manuel María, que estaba en trámite. Beye de Cisneros era un jurista muy renombrado, tanto en la universidad como en el mundo de los letrados novohispanos: en ese año fue nombrado primer rector del naciente Real Colegio de Abogados de México, cuyos miembros tenían el monopolio para litigar en los tribunales superiores de Nueva España. Dicho colegio tuvo acceso restringido, pues solo aceptaría a los juristas más distinguidos y que pudieran probar fehacientemente su limpieza de sangre.³⁴

Beye de Cisneros también era miembro de la curia arzobispal y desarrollaba una carrera académica y eclesiástica importante para lograr el ingreso al cabildo eclesiástico de México, objetivo que consiguió años después.³⁵ Este rector se convirtió en el principal adversario a vencer por los Ramírez de Arellano, pues además de haber iniciado su juicio en la universidad también influyó en otros rectores para el mismo asunto. Este mismo personaje, en 1763, en su calidad de consiliario decano del colegio, enfrentó otro sonado caso de denuncia en contra de la calidad de un aspirante a ingresar al colegio, quien acusó a sus rectores, ante la Real Audiencia, de ser omisos en resolver de forma expedita esos casos. A juzgar por esto y lo actuado en la universidad, es posible inferir que el doctor Beye era parte de ese sector "celoso" de la limpieza de sangre de los miembros de las corporaciones a las que pertenecía.³⁶

En la investigación secreta, el secretario de la universidad interrogó a seis testigos, vecinos del barrio donde vivían los hermanos. El primero fue un panadero, quien declaró que la madre era mulata, hija de una antigua sirvienta del abogado Nicolás Ramírez. El segundo fue un comerciante, quien declaró que los hermanos eran ilegítimos, resultado del adulterio de su padre con la mulata, cuyo color de piel, según el declarante, delataba su calidad. El tercero sumó a todo lo anterior que Manuel y Joaquín nacieron cuando aún vivía la primera esposa de su padre, a quien conocía bien, señalando que este lamentaba haberse casado con una mulata. El cuarto testigo declaró que la abuela materna era negra y que aún vivía en la casa familiar. El quinto fue una mujer quien dijo conocer a las dos esposas del padre y que la primera de estas le confío que la mulata había tenido un hijo del licenciado.

El último testigo fue un presbítero, quien expresó, de inicio, su inconformidad porque los hermanos estudiaran en la universidad. Luego, expresó detalles que es difícil creer fueran inventados: aunque el doctor Manuel Antonio de Luyando,³⁷ confesor de Nicolás Ramírez, intentó convencerlo de no desposar a la mulata, el padre argumentó que de no hacerlo pondría en peligro su alma. ¿Cómo podría saber estos detalles tan específicos el presbítero? ¿Podría mentir en algo así, incriminando incluso a un doctor respetable? Pero el presbítero dio más detalles sobre la vida de los Ramírez de Arellano: el hermano mayor, Manuel María, no fue matriculado en el colegio de abogados por defectos en sus informaciones de limpieza, de lo cual podrían testificar un capellán del colegio de Belén y el cura de San Ángel. Los detalles y los nombres implicados por este testigo no podrían declararse a la ligera. Nadie de la familia Ramírez, además, los desmintió después.

La defensa estuvo a cargo primordialmente del hermano mayor, Manuel, quien la inició con un amplio alegato dirigido al rector, en el que argumentó de inicio que, suponiendo ser cierto su origen mulato, debían en justicia conservar sus títulos académicos. El atribulado joven recordó que él y su hermano Miguel ya habían ingresado a la universidad ocho años atrás sin problemas, pero ahora la denuncia golpeaba su vida, su honra y su hacienda. Luego, cuestionó por qué solo hasta 1761 los denunciantes actuaron y no antes, alegando que la obtención de dos grados previos demostraba su pureza de sangre y que incluso la Real Audiencia ya lo había aprobado como abogado, otra demostración de su calidad. Luego, Manuel hizo notar que tampoco los alumnos del colegio mayor de Santa María de Todos Santos, quienes los conocían desde niños, los señalaron de mulatos. El hermano mayor sospechaba que el denunciante era un sujeto a quien su padre corrigió, o bien, algunos otros enemigos del mismo, castigados en el juzgado de la Acordada, en donde su progenitor era asesor, aunque reconocía que no lo podía probar.

El asunto de la calidad de la madre fue otro punto tratado por Manuel María, argumentando que, aun suponiendo que ella fuera mulata, sus hijos no lo serían pues su padre era español, con lo cual no estaban prohibidos en el estatuto. Igualmente, desestimó calificar a las personas solo por el color de su piel y de su cabello, pues muchos hombres nobles eran prietos y con el pelo crespo, añadiendo incluso que "muchos blancos son indignos de desatar el zapato a muchos prietos".³⁸ Después, aclaró que su abuelo materno encargó la crianza de su madre a la mulata Juana Landeros y a su esposo español Bentura Landa, por lo cual se podían estimar solo como padres putativos. Es muy posible que en ese suceso se encierre el verdadero origen de la madre de los hermanos y que ni una ni otra parte, en el juicio, hayan dicho todo con precisión, expresando en cambio medias verdades a favor de sus argumentos.

En un tercer punto, Manuel María arremetió contra la Constitución 246, a la que definió como una ley odiosa que debía acotarse e interpretarse en un sentido estrecho, para no perjudicar a inocentes. Aunque estaba de acuerdo con que el estatuto impidiera a negros y mulatos el ingreso a la universidad, pues ello la hacía honorable y distinguida, rechazaba querer extender la prohibición a calidades no estipuladas. Para el joven, las consecuencias sociales de la Constitución 246 podían ser exorbitantes; además, continuó, a la república debía importarle más tener sabios, aunque estos no tuvieran un gran linaje, recordando que en 1578 el rey pidió dar el sacerdocio a los naturales virtuosos, sin reparar en su calidad, insistiendo en la valía de sujetos virtuosos, aunque fueran prietos de color y que el rey desaprobaría la calumnia a que estaban siendo sometidos.

Respecto al proceder del rector Beye, Manuel expresó que cada juez debía aplicar la ley de acuerdo a cada caso y su circunstancia, añadiendo que la información de los testigos secretos era falsa y defectuosa y que no conocían con veracidad la vida de su familia. Por ello, debían ser reexaminados, pues era claro que premeditadamente fueron conminados por los denunciantes para perjudicar a los hermanos.

Manuel fue más allá de su caso y reivindicó incluso a todos los estudiantes rechazados, defendiendo que valía más la sabiduría que la categoría social, y si la universidad era célebre, frente a otras universidades, no era porque sus estudiantes fueran hijos de la nobleza titulada o hidalga, sino por sabios como Carlos Bermúdez de Castro, hijo de un sangrador pobre, pero cuyo saber "esclareció" a la Nueva España, premiado al final con el arzobispado de Manila. Recordó también que el bachiller Santos, mulato "con pasas indisimulables",³⁹ ya se había graduado en medicina, que fue muy honrado en la ciudad y nunca ocultó su calidad; igualmente, muchos hombres humildes se elevaron a las mayores dignidades gracias a su saber, sin que por ello "ni la silla de San Pedro ni la Corona se hallan puesto prietas",⁴⁰ e incluso se ostentaba el retrato del gran médico Sebastián Castro, en el aula general de la universidad, pasando por alto su origen mulato. Manuel Ramírez cerró su sentido alegato advirtiendo que ser expulsados de las letras, para dedicarse probablemente a un oficio mecánico, significaba rebajar su calidad, con lo cual serían desestimados, despreciados e infamados, incluso por parientes y amistades, suplicando al rector permitirles titularse y después seguir el juicio.

Otro alegato llegó a la universidad, esta vez del padre de los hermanos, en donde manifestó su sospecha de que la denuncia fue de un reo que tiempo atrás defendió pero que de todos modos fue hallado culpable, en el tribunal de la Acordada. Después, pidió al rector tomar muy en cuenta su ascendencia noble, algo que no le gustaba presumir pero que ahora lo haría en defensa de los suyos, expresando que si estos eran expulsados de la universidad, en una ciudad tan poblada y agitada como México, aparecerían anuncios sobre su deshonra y la de su familia, a tal grado que ni siquiera podrían dedicarse a algún oficio mecánico. Por ello, pedía al rector ser como el rey cuando atendía a sus vasallos: piadoso más que rigorista y generoso más que justiciero. No obstante, el rector Beye de Cisneros no los exculpó y el drama de los Ramírez continuó.

Manuel no se rindió y escribió nuevamente al rector, insistiendo que su madre no era hija de mulata y solo había sido criada por una mujer de color "de baja esfera",⁴¹ solicitando interrogar testigos de parte, según preguntas por él formuladas. Un nuevo rector, Agustín Quintela, hijo de un cónsul del poderoso consulado del comercio de la ciudad de México, señalado después por Nicolás Ramírez como afecto al doctor Beye de Cisneros, permitió la presentación de esos testigos de parte. La primera en declarar fue la supuesta abuela mulata, Juana Landeros, quien explicó que fue nana de la madre de los hermanos y a quien trató como hija. Convenientemente, expresó no conocer a la madre de María, pero sí a su abuela: Nicolasa Ortega, pariente del arzobispo del mismo apellido y que nadie de la familia tenía algún defecto de los prohibidos en la 246. Otro testigo fue el presbítero José Buenaventura de Estrada, quien confirmó todo lo anterior, enfatizando la limpieza de los hermanos.

Sin embargo, el doctor Quintela subestimó esos testimonios así como otras informaciones de limpieza presentadas por los hermanos y, apoyado en el parecer de un jurista, pidió las fes de bautizo de su madre, de sus hermanos, del entierro de la primera esposa de su padre y de su segundo matrimonio con María. Es claro que este rector se alineó a la postura rigorista de su predecesor, exigiendo más pruebas de las acostumbradas. Esta postura fue advertida por un asesor de la familia, otro doctor jurista, quien recomendó esperar el arribo de otros rectores más flexibles para retomar la defensa con menos dificultades. La sugerencia fue aceptada pues, en efecto, la familia infamada calló durante 1763 y 1764.

La fase final del juicio: triunfo en la universidad, fracaso en la ciudad capital

En 1765 Nicolás Ramírez solicitó al nuevo rector, Manuel de Barrientos, que, en lugar de las fes de bautizo exigidas, pudiera presentar más testigos. El padre pidió, además, en un tono más beligerante, que el interrogatorio que hiciera el secretario a sus testigos no fuera confuso para evitar perjudicar el derecho de sus hijos y, en cambio, realizara preguntas claras y de respuesta simple de sí o no, evitando abochornar más a su familia. Sobre las fes pedía entregar solo de sus hijos, de sus padres y de él mismo, pero no las de su esposa y su familia. Era claro que no deseaba más indagaciones de la rama materna. Sin embargo, el rector Barrientos no aceptó más testimonios y reiteró la presentación de las fes de bautismo. Entonces, Nicolás le exigió un juicio sumario y expedito, ocasionando que la autoridad universitaria ordenara al secretario entenderse en adelante solo con los hijos y ya no con el padre. Pero este no estuvo dispuesto a abandonar su causa y envió nuevos escritos al rector, dando más detalles de su vida familiar, en un intento desesperado por alcanzar pronto una resolución favorable.

En vista de la negativa del rector Barrientos a sus peticiones, el impaciente Nicolás Ramírez cambió su estrategia de confrontación por una conciliadora, con tal de avanzar en el proceso, limitándose ahora a defender a los dos hijos más jóvenes, Miguel y Rafael, que deseaban titularse en la universidad.⁴² Sin embargo, el rector Barrientos no le contestó ya, por lo que el padre le envío una tercera misiva ese año, en donde continuó defendiendo a sus hijos y calificando a la denuncia como "llena de pasión y venganza" y el proceder de los rectores como "injurioso" por hacer trámites "patentemente injurídicos". El tono del exaltado padre provocó nueva orden al secretario para que ya no le recibiera escritos. En reacción, Nicolás envío una cuarta misiva, en un tono aún más áspero, reivindicando su derecho de fungir como curador de sus hijos menores según la ley, para luego advertir que acudiría ante el rey "porque estoy muy seguro y experimentando de que se porta su real clemencia con sus vasallos mucho mejor que éstos entre si mismos".⁴³ Finalmente, señaló que demostraría al monarca cómo el origen de la denuncia había sido una "maldita venganza". No obstante, el rector Barrientos siguió firme en su decisión.

Ante ello, el padre desistió y dejó la batuta a su primogénito, quien envió otro largo alegato que ya no se enfocó solo a negar el origen mulato de la madre, pues, en vista de los testimonios contradictorios, había dado pie a que los rectores no dictaran sentencia. Ahora, basándose en el derecho romano y las Partidas de Alfonso el sabio, el hermano mayor arguyó que por las leyes del matrimonio, su madre, independientemente de su origen social, había adquirido la nobleza de su padre. Con esto, aunque Manuel siguió dejando en la ambigüedad la condición de su madre, buscó demostrar que los hermanos debían ser considerados españoles nobles. En refuerzo de esto, insistió en probar la nobleza paterna con una información validada por el ayuntamiento de la ciudad, con diez testigos de calidad. La conclusión fue que si su madre era noble, por estar casada con un hombre de esa condición, entonces se le debía tratar como tal al igual que a sus hijos. Y que en cuanto a estos últimos, Manuel defendió que los descendientes de hidalgos heredaban tal distinción, sin importar el origen de la madre. Esto los ponía en condición de pertenecer, tanto a la Real Universidad, en donde señaló de paso que había hijos de sastres, carniceros y otros oficios viles, como a cualquier otra comunidad ilustre.

Luego, el hermano mayor expresó otros argumentos sobre la vida pública de la familia para reforzar su honorabilidad, por ejemplo: en la universidad fueron reconocidos como estudiantes honrados y buenos cristianos, los estudiantes del Colegio Mayor de Todos Santos eran sus amigos e incluso su madre oía misa en su capilla; en la ciudad nadie los desairó ni en los bailes fueron despreciados por las señoras, pues no eran de calidad infame y, si últimamente habían asistido a fandangos, fiestas y lugares de diversión no muy recomendables,⁴⁴ fue para "desahogarse" por la posible expulsión de la universidad: "que nos oprimía y que nos ha quitado muchos años de vida, como porque ya nos considerábamos del todo ociosos y para nada servibles".⁴⁵

Según Manuel Ramírez, nadie podía decir que ellos fueran desvergonzados, tacaños, poco sinceros o descarados, todos rasgos de una "mala sangre", sino magnánimos y de buenas inclinaciones. Ello lo probaba su hermano Joaquín, quien ya era cadete de la compañía de dragones y había participado en el paseo de las Bulas, al lado de señores de la Corte. Agregó que, habiendo sujetos tachados de mulatos y que incluso ocupaban empleos importantes, no por eso habían sido denostados como a su familia. Por ello no se podía creer "lo que la gente vulgar hablar [...] solo por mancillar la fama de algunos".⁴⁶ A raíz del proceso en la universidad, la vida de su familia había sido un constante conflicto, un "teatro lúgubre" con padres e hijos llenos de dolor que los había ido consumiendo y aniquilado. Manuel pidió, finalmente, considerar su difícil situación: no tenían aptitudes ni carácter para oficios mecánicos, en el comercio no querían criollos y, si eran expulsados de la universidad, ¿qué opción tendrían ya?

Los argumentos de Manuel María debieron persuadir al rector y, en consecuencia, solicitó un dictamen al doctor Luis de Torres, notable jurista, prebendado de la catedral de México y quien años atrás, como rector también, había admitido a Manuel María en la universidad. Su parecer se concentró en tres propuestas: una resolución a favor de los hermanos, que todos los autos fueran bien resguardados en el archivo secreto de la universidad y que cualquier nota infamante que se hubiere registrado en los libros de matrículas u otros sobre los mismos fuera tildada.

El doctor Torres explicó que los hijos espurios o ilegítimos no estaban estrictamente mencionados en la Constitución 246, ni tampoco cabía aplicarles la nota de infamia ahí expresada porque ninguna otra ley o canon lo establecía así. En segundo lugar, los infames eran los padres adúlteros, no los hijos. Si bien reconoció que los espurios sí tenían ciertas restricciones en el derecho canónico para ciertas dignidades y honores, mencionó que no las tenían para el resto de empleos: "los infames son incapaces de todo honor pero los espurios solo lo son de aquel en que están por ley o canon expresamente inhabilitados".⁴⁷ Torres expresó también que, suponiendo que la madre fuera mulata, los hijos eran moriscos o cuarterones, por ser su padre español, y, por tanto, tampoco estaban prohibidos en la 246. Además, agregó, esta Constitución restringía el derecho natural de los estudiantes a buscar su bienestar y, por tanto, era odiosa y particular de la Universidad de México, pues ni siquiera en la de Salamanca, la más famosa y célebre de España, se pedía tal pureza y limpieza. Por lo anterior, ese estatuto no debía extenderse más allá de lo que estrictamente prohibía.

El jurista aprovechó para hacer una crítica a la política monárquica de restringir empleos a los novohispanos: la 246 era otro obstáculo para la carrera de los "desgraciados americanos", pues, aunque existía la carrera militar, no había tantos cargos ahí para los criollos. Expresado esto, Torres se concentró en las circunstancias del juicio, cuestionando si era posible conocer realmente la verdad sobre si los hermanos eran espurios e hijos de mulata, pues solamente "Dios, a quien nada se oculta conoce los hechos como son en si". Por tanto, el proceso debía atenerse solo a las pruebas presentadas. Las negativas eran únicamente los seis testimonios de la investigación secreta, dados por testigos ocultos, mientras que las positivas eran testimonios e informaciones de limpieza ante la universidad, la Real Audiencia y el corregidor de la ciudad, todas con testigos conocidos y ante autoridades, mismas que, desde su punto de vista, tenían más valor. La conclusión del jurista fue contundente:

Los señores rectores que han precedido a vuestra señoría pudieron tener disculpa en no restituir a estos sujetos a su estado porque no se les había presentado esta información. Vuestra señoría, a quien hoy la presenta, casi no tiene arbitrio para dejar de hacerlo y sacar a estos pobres del trabajo que lloran. Lloran casi seis años perdidos, el verse sin carrera, ni modo de hacerla, el verse despojados de las escuelas que algunos o alguno de ellos cursó por ocho años. Los malos tratos que estos tristes sujetos llevan a las familias, y casos entre padres e hijos, todo esto y más lloran, y lo lloran tan tristemente que confieso de mí que al ver sus lágrimas me llené de compasión y ternura y más determiné a tomar el trabajo de dar a vuestra señoría este dictamen [...]. México 4 de octubre de 1766. Luis de Torres [rúbrica].⁴⁸

El dictamen despejó el camino de los Ramírez de Arellano. En octubre de 1766, finalmente, el rector Veles de Ulivarri levantó las suspensiones a los hermanos, quienes pudieron recibir sus títulos. Días después, Manuel María solo pidió copia del dictamen de Torres y el rector se la concedió de inmediato.

¿Hubo consecuencias en el futuro para la familia Ramírez? Sin duda. La información hallada sobre su destino después de 1766 indica que el largo juicio en la universidad sí tuvo consecuencias negativas. Alrededor de 1770 falleció el padre, Nicolás Ramírez. Después, su viuda y los hijos se trasladaron a vivir a Valladolid, obispado de Michoacán.⁴⁹ En 1803 hallamos a los hermanos Manuel María y Joaquín María ejerciendo la abogacía en Querétaro.⁵⁰ Finalmente, el primero decidió iniciar una carrera eclesiástica al obtener el curato de Maravatío, aunque lo ocupó poco tiempo, pues falleció en 1805. La familia no estuvo en condiciones de permanecer en la capital pues el desprestigio impidió a los hijos juristas ejercer la profesión con algún éxito. Ninguno estaba matriculado en el Real Colegio de Abogados. El desprestigio surtió efecto, orillando a la familia a migrar, sin importar ya la absolución en la universidad.

Reflexiones finales

La universidad fue parte de una primera generación de corporaciones que habían acompañado el establecimiento del régimen hispánico y una sociedad jerárquica y estamental. Desde la óptica de la élite académica, la Atenas mexicana siempre fue una comunidad integrada por personas de distinguidas cunas, limpias de sangre y lejos de la "infeliz constitución de los indios".⁵¹ En sus constituciones, en el discurso de sus autoridades o en las funciones solemnes y protocolarias ante las máximas autoridades de Nueva España, se buscó en todo momento demostrar el alto rango de sus miembros y sus familias. Sin embargo, los dirigentes de la Universidad de México tuvieron que enfrentar con más frecuencia, a medida que avanzó el siglo XVIII, la diversificación social de los estudiantes.

Al interior de esa corporación hubo distintas posturas, argumentos y discusiones en torno al cambio social en los estudiantes. Sin embargo, hubo que buscar una solución más o menos consensuada. En consecuencia, en el siglo XVIII se fue construyendo un principio de tolerancia selectiva, más que de consenso, entre los grupos más tradicionalistas, los moderados y los más flexibles. Ese tipo de tolerancia fue el resultado de la coexistencia de la Constitución 246, de las leyes reales sobre apertura social y de las nuevas realidades sociales, que ya eran irreversibles. Para ello, un sector de rectores y juristas abogaron por aplicar una interpretación restrictiva de esa norma y depositaron en los primeros, en su calidad de jueces, la resolución jurídica de los casos irregulares y las denuncias. Estos casos generaron discusiones importantes que sirvieron más para legitimar a estudiantes de grupos sociales en ascenso que para detener su promoción. En todo ello fue fundamental la política de un sector de la universidad que impulsó un régimen social flexible, conscientes de la mayor complejidad y pluralidad de la sociedad, en donde mestizos y mulatos insistían en integrarse en escalones más altos de la jerarquía social.

Las denuncias sobre el origen mulato de los estudiantes fueron especialmente atendidas, pues el gran prejuicio que pesaba sobre esa categoría social así lo exigía. El juicio de los Ramírez de Arellano, estudiado en este trabajo, es significativo debido no solo a la gama de discusiones y conceptos manejados por los actores centrales, sino también porque aportan interesantes matices sobre el manejo de la calidad social y la limpieza de sangre del siglo XVIII, en el sector de los letrados universitarios. De inicio, que la corporación respetaba, con su realización, el orden jerárquico y estamental, independientemente de las sentencias que emitieran los rectores. Segundo, el proceso reafirmó la vigencia formal de la Constitución 246, como garantía del prestigio y el honor de la universidad, pero cuidando de no confrontar las leyes reales que protegían a todos los vasallos libres. Tercero, que las denuncias sobre limpieza de sangre afectaban tanto a individuos como a sus familias, muestra evidente de que no había una frontera delimitada entre ellas familias, las corporaciones y las autoridades. Y cuarto, el caso permite también identificar a los distintos sectores académicos de la universidad que debatían, confrontaban o defendían valores sociales de la corporación, especialmente el de la "calidad" de las personas, concepto ambiguo, de distintos significados y sobre el cual no había un consenso.

La segunda mitad del siglo XVIII se vislumbra, entonces, como un periodo en el cual la sociedad intenta mantener un equilibrio entre la tradición y el cambio: viejos moldes y prejuicios sociales que se niegan a morir; pretensiones aristocráticas y de pureza social que coexisten con aspiraciones de grupos de baja calidad que defienden más los méritos individuales por sobre el origen familiar y el linaje.

Así, los Ramírez de Arellano cuestionaron la validez de calificar a las personas por su color de piel o por una simple denuncia. Aunque no descalificaron abiertamente la prohibición a los mulatos de estudiar en la universidad, sí defendieron un mayor valor del conocimiento y los méritos personales. Esta férrea defensa evidenció también la presencia de hijos de oficiales y trabajadores mecánicos, de estudiantes con distintos tonos de piel y de mulatos graduados en la universidad, señalamientos no desmentidos por ningún rector y que demuestran la perseverancia de aquellos considerados indeseados por hacer una carrera académica y alcanzar el ascenso social.

Con todo, y a pesar de que los hermanos fueron sancionados favorablemente para continuar su carrera en la universidad, al exterior, en el mundo más amplio de los letrados de la capital, no tuvieron ya cabida, y tuvieron que migrar a otros horizontes.