El 20 de octubre, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentö ante el Congreso el proyecto de Ley de Reforma Tributaria, cuyo fundamento, en buena parte, es el informe de la Comisiön de Expertos Tributaristas. El Gobierno nacional aspira a recaudar $7.2 billones y, de esta forma, compensar la reducciön de los ingresos de la naciön provocados por factores tales como la caída de los precios del petröleo, la reducciön del crecimiento econömico, que -de acuerdo con proyecciones para 2016 del Banco de la Repüblica, puede ser de alrededor del 2 %-, y la eliminaciön de impuestos temporales a partir del 2018.

De hecho, la reforma a la estructura tributaria vigente abarca una gran variedad de gravámenes, midiéndose su relevancia según sea su impacto en el fisco nacional. Sin duda, los aportes mäs significativos provienen del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado (IVA), cada uno de ellos aporta, aproximadamente, el 40 %.

Según el ministro de Hacienda, la reforma pretende que los que ganen mäs, paguen mäs, así mismo, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El argumenta que las sociedades que actualmente pagan cuatro impuestos directos (renta, contribución sobre la renta empresarial para la equidad (CREE), sobretasa al CREE y riqueza), pagarän solo uno: el de renta. Lo novedoso de la propuesta, en cuanto a los tributes directos, es el impuesto a los dividendos. Esta iniciativa se presentö en la legislatura de 2014; empero, en esa ocasiön, no se adoptö porque los congresistas argumentaron que de hacerlo se generaria una doble tributaciön. En la actualidad existe un clima favorable para implementarlo, ya que a nivel mundial la propuesta de equidad tributaria de Piketty ha tenido una gran aceptación. El economista francés argumenta que para combatir la desigualdad, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento de la economía es menor que la tasa de rendimiento del capital, es necesario gravar directamente el capital; por ello, en la iniciativa legislativa las personas naturales de mayores ingresos deben contribuir mäs al fisco.

Alrededor de los impuestos directos han surgido opiniones divergentes. Para el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, la propuesta no contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, ya que si se comparan los cuatro tributes arriba descritos con los dos incluidos en el proyecto de reforma (renta y dividendos), resulta que la suma de estos dos últimos es mayor que lo que pagan actualmente los empresarios. Según el dirigente gremial, para el 2017, con la combinaciön existente frente al nivel establecido en el proyecto de reforma, pasaría del 42,1 al 44,8 %, es decir, la tarifa se incrementaría. En el 2018 se mantendría en el 42,1 % y, a partir del 2019, segün la composiciön actual del impuesto de renta, se situaría en el 34 %. Además, con lo sugerido en la propuesta, este ascendería al 39 %. En suma, para la ANDI, el monto de los impuestos directos sugeridos en el proyecto de reforma es mas alto que el que se paga actualmente, lo cual, si se aprueba como esta, afectara la inversiön y, por ende, el crecimiento econömico y la generaciön de empleo.

Por otro lado, para algunos analistas como Eduardo Sarmiento, Jorge Ivän Gonzälez y Armando Rodríguez, entre otros, la propuesta de reforma tributaria en lo pertinente a los impuestos directos no es progresiva. Sarmiento considera que al sustituir el impuesto a la riqueza y al ingreso por el de renta y los dividendos, se reduce la contribuciön efectiva de un 41 a un 33 %, esto es, se sustituyen los gravamenes directos por los indirectos, y se reduce la progresividad del patrimonio y del ingreso a las personas juridicas, aumentando la tributaciön del trabajo en comparaciön con la del capital.

Por su parte, Gonzalez precisa que la tarifa del impuesto a la renta declina en cuanto el ingreso sube, "en lugar de volverse exponencial". Al no afectar sustancialmente la propiedad y la riqueza, la reforma no es progresiva y, por consiguiente, no contribuye a la equidad. Rodriguez sostiene que para el 2014 la tarifa efectiva tanto para el agregado de renta como para el IVA, fue de 21,7 y 21,3 %, respectivamente, lo cual desvirtüa la tesis de quienes consideran que las empresas aportan al Estado el 70 % de sus ganancias.

En torno al principal impuesto indirecto, el IVA, la propuesta contempla la posibilidad de subir la tarifa general del 16 al 19 %. Algunos productos, como azücar, pastas, café, entre otros que vienen pagando un IVA del 5 %, mantienen dicha tarifa. El grueso de la canasta familiar queda exento del mencionado tributo. Sin duda, este es el punto mäs controversial del proyecto de reforma tributaria y el que mas criticas ha suscitado, debido a que el IVA es un impuesto regresivo, ya que lo pagan todas las personas, independientemente de que tengan un ingreso alto o bajo.

De lo anterior se puede inferir que la propuesta de reforma tributaria no es estructural, sino mäs bien fiscalista. Para que sea estructural, afirma Gonzälez, se necesita que cumpla dos condiciones: en primer lugar, deben tenerse en cuenta tanto los impuestos como los subsidios y el efecto neto de los mismos en los hogares. Si bien en el proyecto se menciona la necesidad de evaluar la repercusiön que tendrían en los hogares los dos instrumentos, no se profundiza en los impactos que estos tendrían en comparaciön con los subsidios existentes.

En segundo lugar, es crucial, si la reforma altera de forma sustancial las relaciones entre los factores de production (capital y trabajo). En la propuesta se cuestiona la tarifa nominal del impuesto sobre la renta de las empresas, aduciendo que es muy alta en comparaciön con paises de similar desarrollo al nuestro, pero no precisa la magnitud de la tarifa efectiva que es determinante, siendo considerablemente inferior. A pesar de ello, en la propuesta son los hogares de clase media baja (salarios a partir de $2.300.000 mensuales) los que ahora tendrän que pagar impuesto sobre la renta. La reforma es iscalista en la medida en que servirä para taponar el deicit iscal actual, asi como para resolver algunos problemas de los contribuyentes y eliminar algunas limitaciones del regimen tributario vigente.