El censo nacional de población es un instrumento estadístico esencial en cualquier país. Es un insumo básico para que tanto el sector público como el privado tengan la información pertinente para diseñar sus políticas de la mejor forma y así alcanzar los objetivos propuestos.

En el caso colombiano, el censo ha sido objeto de muchas críticas y objeciones en la medida en que, de acuerdo con las proyecciones poblacionales realizadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), según el censo de 2005, la población calculada era de 50 000 000 de personas; sin embargo, el censo de 2018 encontró que somos 45 500 000, es decir, una diferencia de 9 %.

De acuerdo con los expertos en censos y demografía es normal que la proyección de la población sea mayor al conteo, pero en el caso colombiano la diferencia es muy alta. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, lo reconoce al afirmar: "En toda la ronda de 2010 el descache de los relojes poblacionales en América Latina, en promedio, es de 5.7 %. Nosotros estamos presentando un descache de 9 % que es importante revisar".

Si se compara la cobertura geográfica del censo del 2005 con el del 2018, se encuentra que en el primero fue del 97 % y en el segundo de 99.8 %, lo cual es relevante en la medida que permite tener una imagen más aproximada del tamaño y la composición de la población colombiana y las condiciones habitacionales. Por lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿Cuál o cuáles son las razones para que se presente este "descache"? En primer lugar, el censo debió realizarse en 2015, ya que, de acuerdo con los parámetros internacionales, lo ideal sería que el lapso entre uno y otro censo sea de 10 años, a ello se agrega que no se hizo el ajuste anual de las proyecciones ni las correcciones pertinentes en los últimos tres años; en segundo lugar, el acceso de la mujer al mercado laboral que influye en el hecho de que los hogares sean más pequeños y tengan un número menor de hijos; y, en tercer lugar, según Ernesto Morales, exdirector del DANE, el fenómeno de la transición demográfica, que consiste en que a medida que mejora el desarrollo social, disminuye la tasa de natalidad y de mortalidad, y, por consiguiente, la tasa de crecimiento de la población se reduce.

De hecho, según lo manifestó el director del DANE, antes de que se presente la versión definitiva y sea sometida a debate en el Congreso de la República, se nombrará una comisión de expertos del más alto nivel, compuesto por técnicos nacionales y extranjeros del Banco Mundial, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para que revisen los datos recolectados y, de esta forma, se obtenga un documento final del censo que sea lo más verosímil y confiable posible y que las cifras obtenidas le den seguridad a los diferentes usuarios para formular las políticas públicas más convenientes.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, los datos del censo repercuten en materia económica, social, política y empresarial. En lo económico, al registrarse un menor número de personas, el PIB per cápita ya no será de 6700 dólares sino de 7363 dólares, es decir, un incremento cercano al 10 %, que haría ver a los colombianos como "más ricos". Así mismo, si analizamos los datos en términos de consumo per cápita, al ser menor la población real que la proyectada, el consumo registrará un aumento, como también el número de personas que tienen acceso a servicios públicos como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, entre otros.

En lo social, al variar la estructura etaria del país se afectaría la educación colombiana. El director del DANE lo plantea así: la población menor de 25 años en el censo de 2005 era de 20 millones de personas, en el 2018 es de 17 millones, lo cual representa un descenso del 15 %, lo que necesariamente se traduce en que "la política educativa del país podría dejar de preocuparse por la cobertura y, más bien priorizar los recursos hacia la calidad de esa educación". En materia social, lo más preocupante es, tal vez, que de acuerdo con el censo, la población se está envejeciendo, ya que en el censo del 2005 el porcentaje de envejecimiento (porcentaje de adultos mayores por cada 100 jóvenes de 15 años) era de 20,5, en contraste, en el de 2018 fue de 40,6. Lo anterior presionará al Gobierno nacional a buscar la solución adecuada para ofrecer los servicios de salud y de atención, así como garantizar un ingreso mínimo para la manutención de aquellos adultos que no cuenten con una pensión o se encuentren en abandono.

En lo político, cabe recordar que algunos cargos de elección popular como concejales municipales, diputados y representantes a la Cámara, se determinan de acuerdo con la población de las entidades territoriales. Lo mismo sucede con el censo electoral, cuya medición tiene en cuenta el total de la población. Es importante subrayar que si se hubiera realizado el censo en el 2015 o en el 2016, y si sus resultados se hubieran ratificado, la consulta electoral habría sido aprobada.

En lo empresarial, al registrarse un número menor de colombianos censados, los estudios de mercado se basarían en proyecciones distintas, afectando los potenciales demandantes, lo que necesariamente modificaría tanto los niveles de consumo como las decisiones de inversión de las empresas.

En síntesis, el tamaño y la composición de la población de un país resultantes del censo, son importantes tanto para el Gobierno nacional como para el sector privado, porque les permite diseñar sus planes, programas y estrategias de forma más certera, en la medida que disponen de la información necesaria en los ámbitos nacional, departamental y municipal. Se espera que con los ajustes que haga la comisión de expertos, el DANE publique el documento final y lo presente al Congreso para el debate y la aprobación correspondientes, y, por consiguiente, se convierta en ley de la República. Sin embargo, es obvio que los resultados finales van a producir controversia en la Cámara de Representantes, ya que habrá departamentos que ganen influencia política y otros que la pierdan. Es posible que el Congreso de la República no apruebe el censo, como ya lo hizo con los censos de 1995 y de 2005, y así el documento no tendría las repercusiones que hemos reseñado líneas atrás.