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El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó el plan de desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", establecido por medio de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. Dicho plan, que se ejecutará en el cuatrienio 2018-2022, se convierte en la hoja de ruta de la política pública y las inversiones durante su período presidencial.
El objetivo central del plan de desarrollo de la actual administración es "sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permita lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos". El plan consta de 336 artículos e inversiones por 1096,1 billones de pesos de 2018. Esta inversión será financiada en un 66.5 % con recursos del presupuesto nacional, entidades territoriales, regalías, entre otras fuentes gubernamentales; en un 33.1 %, por el sector privado, y en el 0.4 %, por la cooperación internacional. Entre sus propósitos fundamentales está combatir la pobreza, ya que contempla sacar de la pobreza extrema a 1.5 millones de personas, a 2.9 millones de la pobreza por bajos ingresos y a 2.5 millones de personas de la pobreza multidimensional. De igual manera, se prevé generar 1,6 millones de empleos; ampliar al doble el número de estudiantes, tanto de primaria como de bachillerato en la modalidad de jornada única; reducir las tasas de homicidios; disminuir los cultivos de coca; incrementar la oferta de energía a partir de fuentes limpias, entre otras finalidades. Como puede observarse, son metas bastante loables; no obstante, lo importante será constatar si, efectivamente, en el cuatrienio del mandato del presidente Duque se pueden alcanzar o se quedarán en meras promesas.
Como todo plan nacional de desarrollo, el actual no ha estado exento de críticas. Uno de los cuestionamientos más fuertes es que, tal y como lo estableció la Constitución de 1991, se esperaba que la propuesta presentada al Congreso fuera analizada y debatida en profundidad, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Si bien en la Cámara se discutió ampliamente, lo que llevó a que muchas de las propuestas iniciales fueran descartadas y otras cambiadas o modificadas, en el Senado no hubo tiempo para ello y su aprobación fue rápida, por lo cual acogió, básicamente, el proyecto aprobado en la Cámara.
En general, el plan propone una serie de reformas en varios temas y, por ello, algunos analistas como Guillermo Perry, Salomón Kalmanovitz, Eduardo Sarmiento, entre otros, cuestionan que en vez de enfocarse exclusivamente en reformas prioritarias para llevar a cabo el programa de Gobierno del presidente Duque, incursionó en temas laborales, tributarios, de comercio exterior, pensionales, etc., los cuales deben ser objeto de otras disposiciones.
En lo laboral, en el artículo 193 se afirma: "Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente - SMLMV deberán vincularse al piso de protección social [...]". Con esta iniciativa, el Gobierno se propone legalizar la contratación laboral por horas o por debajo de un salario mínimo, lo cual va en detrimento de los trabajadores, pues desconoce los avances obtenidos en las negociaciones colectivas y representa una agresión al salario mínimo, tal como lo ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En materia tributaria se presenta una serie de proposiciones, siendo lo más cuestionable lo estipulado en el artículo 313, relacionado con Electricaribe, y que rige desde que se firmó la ley hasta el 31 de diciembre de 2022. En dicho artículo se crea una sobretasa nacional de cuatro pesos por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, para rescatar financieramente a Electricaribe, la cual deberá ser pagada por "los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica", de todo el país. En otras palabras, por culpa del despilfarro, la corrupción y la mala administración de Electricaribe, tendrá que responder un grupo considerable de la población.
En lo referente al comercio exterior, se aprobó un aumento de aranceles a las importaciones de textiles, el cual quedó en 37.9 % y regirá a partir de la firma de la ley del plan. Este incremento, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), representa un aumento del 25 % en el precio de los productos importados, que tendrá que cubrirlo el consumidor. Esta decisión ha sido cuestionada por los gremios de la producción (ANDI, ANALDEX y FENALCO), en la medida que se considera que el Congreso se extralimitó, ya que estos impuestos deben crearse por vía administrativa y no legislativa; por consiguiente, estos gremios lo demandarán por considerarlo inconstitucional.
En lo pensional, en el artículo 198 se plantea que si una persona no llena los requisitos para recibir una pensión, los aportes económicos que haya realizado en su vida laboral serán trasladados al mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que le garantizarán el acceso a una renta vitalicia. Sin embargo, en el mencionado artículo también se establece que el afiliado tendrá derecho a solicitar la devolución de sus ahorros dentro de los seis (6) meses siguientes de haber sido informado de la posibilidad del traspaso de los mismos a los BEPS.
En general, en el plan nacional de desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad ", se propone un conjunto de reformas en los más diversos campos, por lo que cabe preguntarse -asunto que revisará la Corte Constitucional-, si se cumplieron principios como unidad de materia o si, más bien, es una "colcha de retazos", donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo introdujeron una serie de propuestas que, aunque importantes, no debían incluirse, por ser de competencia de otras entidades, situación que plantea serias dudas sobre la legalidad y legitimidad de dichas propuestas.
Además, en la ley del plan se afirma que el plan nacional del desarrollo se basa en tres pactos estructurales: legalidad, emprendimiento y equidad. En el primero, la idea básica es la lucha contra la corrupción, por lo que es oportuno preguntarse hasta qué punto tanto el presidente como su partido político están verdaderamente comprometidos con el combate contra dicho flagelo, ya que, en buena parte, el hundimiento del proyecto anticorrupción en el Congreso se debió a que dicho proyecto no fue de su interés. Cabe recordar que, si bien, inicialmente, el Ejecutivo declaró que el proyecto anticorrupción tendría mensaje de urgencia, en la práctica terminó relegado por darle mayor atención a otras iniciativas legislativas. Y, en cuanto a la equidad, hay que resaltar la dificultad de alcanzarla, pues el plan contiene varios artículos de fuerte impacto tributario que benefician sustancialmente a los dueños del capital y que, sin lugar a dudas, afectarán los ingresos de las personas más vulnerables.
The national plan of development 2018-2022: "Pact for Colombia, pact for equity"
The President of the Republic, Iván Duque Márquez, sanctioned the development plan "Pact for Colombia, pact for equity", established by means of Law 1955 of May 25, 2019. This plan, which will be executed in the four-year period 2018-2022, becomes the road map of public policy and investments during his presidential term.
The central objective of the development plan of the current administration is "to lay the foundations for legality, entrepreneurship and equity that will allow equal opportunities for all Colombians". The plan consists of 336 articles and investments of 1 096 1 trillion pesos of 2018. This investment will be financed by 66.5 % with national budget's resources, territorial entities, royalties, among other governmental sources; in 33.1 %, by the private sector, and in 0.4 %, by the international cooperation. Among its fundamental purposes is combat poverty, given that it seeks to remove 1.5 million people from extreme poverty, 2.9 million from low income poverty and 2.5 million people from multidimensional poverty. In the same way, it is expected to generate 1, 6 million jobs; double the number of students, both elementary and high school in the single-day mode; reduce homicide rates; decrease coca crops; increase the supply of energy from clean sources, among other purposes. As can be seen, they are quite laudable goals; however, the important thing is to determine whether, effectively, during the President Duque's term can be achieved them or they will remain as mere promises.
As any national plan of development, the current has not been exempt from criticism. One of the strongest censures is that, as established by the 1991 Constitution, the proposal submitted to Congress was expected to be analyzed and discussed in depth, both by the House of Representatives and the Senate. Although in the Lower House it was widely discussed, what led to many of the initial proposals were discarded and others changed or modified, in the Senate there was no time for it and its approval was fast, so basically it was agreed the project approved in the House of Representatives.
In general, the plan proposes a series of reforms on several issues and, therefore, some analysts such as Guillermo Perry, Salomón Kalmanovitz, Eduardo Sarmiento, among others, question that instead of focusing exclusively on priority reforms to lead to carry out the government program of President Duque, it entered into labor, tax, foreign trade, retirement issues, etc., which should be subject to other provisions.
In the labor issue, article 193 states: "People who have an employment or service provision contractual relationship, part-time and under it levied a monthly income of less than one (1) current legal monthly minimum wage must be linked to the social protection base [...]". With this initiative, the Government proposes to legalize labor hiring for hours or below a minimum wage, which is detrimental to workers, as it ignores the progress made in collective bargaining and represents an aggression against the minimum wage, such as raised by the union called Central Unitaria de Trabajadores.
On taxation many proposals are presented, being the more questionable the provisions of Article 313, related to Electricaribe, governing since the law was signed until 31 December 2022. That article creates a four pesos national surtax per kilowatt hour of electricity consumed, to rescue Electricaribe financially, which must be paid by "strata 4, 5 and 6, commercial users and industrial and unregulated electricity service", of the whole country. In other words, a large group of the population will have to pay the waste, corruption and poor administration of Electricaribe.
With regard to foreign trade, an increase of 37.9 % in textiles import tariffs was approved, which will apply from plan law signature. This increase, according to the National Association of Entrepreneurs of Colombia (ANDI, by its acronym in Spanish), represents a 25% increase in the price of imported products, which the consumer will have to pay. This decision has been questioned by the production guilds (ANDI, ANALDEX and FENALCO), to the extent that it is considered that the Congress exceeded, since these taxes must be created by administrative and non-legislative means; therefore, these guilds will sue it by considering it unconstitutional.
In the retirement issue, article 198 states that if a person does not meet the requirements to receive a pension, the financial contributions that he has already made in his working life will be transferred to the mechanism of the Periodic Economic Benefits (BEPS, by its acronym in Spanish), which will guarantee him access to an annuity. However, the aforementioned article also states that the affiliate will have the right to request the return of his savings within six (6) months after being informed of the possibility of transferring them to the BEPS.
In general, in the national plan of development "Pact for Colombia, pact for equity" , a set of reforms is proposed in the most diverse fields, so it is worth asking -subject to which the Constitutional Court will review-, if they were fulfilled principles such as unity of matter or whether, rather, it is a "patchwork", where both the executive and the legislative organs introduced a set of proposals that, although important, should not be included, because they were of the competition from other entities, a situation that raises serious questions about the legality and legitimacy of these proposals.
In addition, the plan law states that the national plan of development is based on three structural pacts: legality, entrepreneurship and equity. In the first, the basic idea is to fight corruption, so it is appropriate to ask to what extent both the president and his political party are truly committed to combat this problem, since, in large part, the collapse of the Anti-corruption project in Congress was due to the fact that this project was not of their interest. It should be remembered that although initially the Executive declared that the anti-corruption project would have an urgency message, in practice it was relegated by giving higher attention to other legislative initiatives. And with regard to equity, it should be noted the difficulty of achieving it, as the plan contains several articles of strong tax impact that benefit specially the owners of capital and, undoubtedly, will affect the income of the most vulnerable people.
