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Introducción
La corrupción es un fenómeno que en distintos porcentajes se encuentra presente en la mayoría de los países del globo; combatirlo es uno de los principales retos, no solo de los Estados en cuestión, sino de la sociedad y de los diferentes organismos internacionales que velan por la trasparencia de las naciones. Es así como en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas1, específicamente en los objetivos sobre la paz, justicia e instituciones sólidas (objetivo 16), se propone "reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas" (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2015).
El plan estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo tiene cinco esferas clave para el cumplimiento de los diecisiete ODS, que son: la mitigación de la pobreza; la gobernabilidad democrática; la consolidación de la paz; la toma de medidas para contrarrestar el cambio climático y el riesgo de desastres, y, finalmente, la superación de la desigualdad económica.
De esta manera, es claro que la lucha contra la corrupción no es un problema que incumbe a los Estados, sino que también es uno de los puntos principales en la agenda de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la hora de reforzar estas cinco esferas propuestas. Si se entiende que la corrupción es un problema social, político y económico que afecta a todas las instituciones democráticas y el Estado social de derecho, es claro por qué la ONU, mediante Resolución 58/4 de la Asamblea General de octubre de 2003, expidió el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción2.
El fenómeno de la corrupción tiene efectos en diferentes aspectos de la sociedad, por ejemplo, se asocia la corrupción a la desigualdad, la superación de conflictos y el desarrollo económico. Este trabajo tiene como objetivo describir cómo la corrupción en general y la corrupción que se presenta específicamente en la justicia son percibidas por la sociedad, sobre todo, en América Latina. El texto se encuentra estructurado en tres partes. El primer apartado presenta un panorama de la corrupción como problema generalizado en América Latina, para lo cual utiliza como fuente los estudios realizados por Naciones Unidas. El segundo apartado hace una lectura del fenómeno de la corrupción en la justicia, a través de tres estudios de caso, a saber, de México, Perú y Colombia. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo.
El punto de partida de este trabajo es la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las causas de la corrupción judicial en Colombia, México y Perú? Para hallar una posible respuesta, el método de investigación utilizado en el presente texto es de tipo sociojurídico, pues parte del problema social de la corrupción y lo relaciona con la administración de justicia. El enfoque metodológico es de tipo cualitativo, con base en el estudio de dos encuestas de percepción sobre la corrupción en América Latina y el Caribe, hechas por las Naciones Unidas: la primera fue llevada a cabo en el 2006 y la segunda en el año 2016, para tener una idea actualizada de la percepción de la corrupción. Adicionalmente, se analizan trabajos desarrollados por diferentes investigadores de la región. La técnica de investigación utilizada es el análisis bibliográfico.
La corrupción en América Latina y el Caribe
Combatir la corrupción en América Latina no es un objetivo reciente de los diferentes organismos internacionales. En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas ya se refería a la "crisis de legitimidad de la democracia por la corrupción y el crimen organizado" (ONU, 2007, p. 21). A propósito, deducía que "la debilidad de la institucionalidad y de la gobernabilidad aparecen reflejadas a través de las cifras de Transparencia Internacional, considerando que los países más pobres y con mayores niveles de desigualdad son más vulnerables a la corrupción" (ONU, 2007, p. 21).
Por ejemplo, con relación a esto, se puede ver cómo el pago de sobornos es uno de los índices más dicientes para medir el nivel de corrupción de los países. En el Barómetro Global de la Corrupción de Trasparencia Internacional del 2006 se preguntó a diferentes entrevistados si habían pagado algún soborno, y en las entrevistas hechas en Colombia resultó que entre el 6 % y el 15 % de las personas participantes confirmó haberlo hecho.
Tabla 1 Países más afectados por el pago de sobornos
| Porcentaje de encuestados que pagaron algún soborno durante los últimos doce meses | Más del 40 % | Albania, Camerún, Gabón, Marruecos. |
| Bolivia, Congo, República Checa, República Dominicana, Grecia, Indonesia, | ||
| 16-40 % | Kenia, México, Moldavia, Nigeria, Paraguay, Perú, Filipinas, Rumanía, | |
| Senegal, Ucrania, Venezuela. | ||
| 6-15 % | Argentina, Bulgaria, Chile, Colombia, Croacia, Hong Kong, India, Kosovo, | |
| Luxemburgo, Macedonia, Pakistán, Panamá, Rusia, Serbia, Tailandia. | ||
| Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Fiyi, Finlandia, Francia, | ||
| 5 % o menos | Alemania, Islandia, Israel, Japón, Malasia, Países Bajos, Noruega, Polonia, | |
| Portugal, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, | ||
| Turquía, Reino Unido. |
Fuente: obtenido de la ONU (2017, p. 22).
En el 2016, Transparency International, por medio de Latinobarómetro y Market Research Services, realizó diferentes encuestas, en una muestra de 22.302 personas en veinte países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de identificar la percepción de las aquellas con relación al fenómeno de la corrupción en sus territorios. Inicialmente, se preguntó a las personas si creían que, en el año inmediatamente anterior a la aplicación de la encuesta, la corrupción había aumentado en su país. El 62 % de los encuestados manifestó que efectivamente había aumentado, el 25 % consideró que se mantuvo igual, un 10 % dijo que había disminuido y el 3% restante afirmó no saber (Transparency International, 2017, p. 9)
Tabla 2 Porcentaje de personas por país que cree que la corrupción ha aumentado con relación al año anterior a la realización de la encuesta
| Venezuela | 87 % |
| Chile | 80 % |
| Perú | 79 % |
| Brasil | 78 % |
| República Dominicana | 71 % |
| Jamaica | 68 % |
| Paraguay | 67 % |
| Costa Rica | 65 % |
| Colombia | 61 % |
| México | 61 % |
| Trinidad y Tobago | 59 % |
| Bolivia | 59 % |
| Ecuador | 53 % |
| El Salvador | 53 % |
| Honduras | 53 % |
| Nicaragua | 52 % |
| Panamá | 52 % |
| Uruguay | 49 % |
| Guatemala | 42 % |
| Argentina | 41 % |
Fuente: Transparency International (2017, p. 10).
Según esta información, queda claro que las personas entrevistadas perciben a la corrupción como un problema no solamente vigente, sino que se encuentra en aumento.
En el estudio de Transparency International también se investigó sobre la percepción que tienen las personas de las diferentes instituciones o grupos sociales, presuntamente permeados por la corrupción. Frente a estas instituciones o grupos se preguntó por el porcentaje de personas que los encuestados creen que son corruptas, y la respuesta que predominó fue: "la mayoría o todos son corruptos". Estos son los porcentajes:
Tabla 3 Instituciones o grupos sociales con la mayoría de sus miembros corruptos, según encuestados
| Policía | 47 % |
| Representantes electos | 47 % |
| Gobierno local | 45 % |
| Primer Ministro | 43 % |
| Jueces y magistrados | 40 % |
| Empleados públicos | 37 % |
| La Oficina Nacional | 36 % |
| Ejecutivos de empresas | 36 % |
| Líderes religiosos | 25 % |
Fuente: Transparency International (2017, p. 11).
Según la percepción de las personas entrevistadas, la corrupción se encuentra tanto en la esfera de lo público como en la de lo privado. En la dimensión del Estado, se evidencia una clara falta de confianza en relación con las actuaciones de instituciones como la policía o el congreso. En un porcentaje menor, pero igualmente preocupante, las personas desconfían del poder judicial, ya que el 40 % considera que los jueces y magistrados son corruptos. Finalmente, la corrupción en el sector privado está representada, para los encuestados, en los ejecutivos de empresa y la iglesia.
Hay que decir que la encuesta no solamente determina la percepción sobre la corrupción en los países, sino que, además, permite determinar qué piensa la población sobre las acciones que están desarrollando los gobiernos para enfrentar este fenómeno. Al respecto, se evidenció la siguiente percepción.
Tabla 4 Aprobación de las acciones tomadas por los gobiernos para combatir la corrupción
| País | Desaprueba | Aprueba |
|---|---|---|
| Venezuela | 76% | 21% |
| Perú | 73% | 16% |
| Chile | 68% | 19% |
| Paraguay | 68% | 26% |
| México | 61% | 24% |
| Trinidad y Tobago | 60% | 24% |
| Colombia | 59% | 31% |
| Costa Rica | 59% | 28% |
| República Dominicana | 59% | 34% |
| Panamá | 57% | 31% |
| Brasil | 56% | 35% |
| Bolivia | 53% | 32% |
| Uruguay | 47% | 32% |
| Jamaica | 43% | 42% |
| Argentina | 42% | 48% |
| Nicaragua | 40% | 47% |
| El Salvador | 38% | 44% |
| Honduras | 37% | 55% |
| Ecuador | 36% | 54% |
| Guatemala | 28% | 54% |
Fuente: Transparency International (2017, p. 12).
La concepción de las personas entrevistadas en toda Latinoamérica y el Caribe no solo demuestra que, en gran porcentaje, sienten que las instituciones públicas se encuentran permeadas por la corrupción, sino que, además, piensan que los gobiernos no toman acciones efectivas para combatir aquella. De los veinte países del estudio solamente, en tres de estos, más del 50 % de las personas encuestadas piensan que su gobierno está haciendo un buen papel en la lucha contra la corrupción.
Uno de los elementos predominantes en la corrupción de Latinoamérica y el Caribe son los sobornos a diferentes empleados públicos o privados, con el objetivo de tener ventajas de distintos tipos frente a otras personas, en especial para obtener privilegios en el acceso a servicios básicos. A los entrevistados se les preguntó si habían tenido que pagar alguna vez un soborno y estos fueron los resultados:
Tabla 5 Porcentaje de personas entrevistadas que han tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor para acceder a servicios básicos
| México | 51 % |
| República Dominicana | 46 % |
| Perú | 39 % |
| Venezuela | 38 % |
| Panamá | 38 % |
| Honduras | 33 % |
| El Salvador | 31 % |
| Nicaragua | 30 % |
| Colombia | 30 % |
| Guatemala | 28 % |
| Ecuador | 28 % |
| Bolivia | 28 % |
| Costa Rica | 24 % |
| Paraguay | 23 % |
| Uruguay | 22 % |
| Chile | 22 % |
| Jamaica | 21 % |
| Argentina | 16 % |
| Brasil | 11 % |
| Trinidad y Tobago | 6 % |
Fuente: Transparency International (2017, p. 15).
Estos son los seis servicios básicos a los que hace referencia la encuesta:
Hospitales públicos
Escuelas públicas
Trámites de documentos de identidad
Policía
Servicios públicos
Tribunales
A propósito de este fenómeno, los encuestados manifestaron haber hecho sobornos así:
Tabla 6 Porcentaje de sobornos por servicios
| Hospital público | 20 % |
| Escuela pública | 18 % |
| Documento de identidad | 17 % |
| Policía | 16 % |
| Servicios públicos | 14 % |
| Tribunales | 12 % |
Fuente: Transparency International (2017, p. 17).
Esta encuesta también preguntó por el papel que puede tener la sociedad civil a la hora de combatir los hechos de corrupción en los diferentes países. En términos generales, existe una percepción bastante positiva frente a la posibilidad de este papel, pues prácticamente en todos los países se supera el 60 %, a excepción de Chile, donde solo el 41 % de los encuestados manifestó que las personas comunes pueden marcar una diferencia, en contraste con países como Brasil, en el que el 83 % manifestó que aquello sí es posible (Transparency International, 2017, p. 26).
Tabla 7 El papel de la sociedad civil para enfrentar la corrupción
| Brasil | 83 % |
| Costa Rica | 82 % |
| Paraguay | 82 % |
| Nicaragua | 77 % |
| Honduras | 76 % |
| Colombia | 74 % |
| Ecuador | 74 % |
| México | 74 % |
| Venezuela | 74 % |
| Jamaica | 73 % |
| Uruguay | 72 % |
| República Dominicana | 72 % |
| Guatemala | 70 % |
| Panamá | 68 % |
| El Salvador | 67 % |
| Argentina | 65 % |
| Bolivia | 63 % |
| Perú | 62 % |
| Trinidad y Tobago | 58 % |
| Chile | 41 % |
Fuente: Transparency International (2017, p. 26).
A manera de conclusión, en este informe se presentaron cinco recomendaciones principales, que son: tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos; preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción; fortalecer las instituciones que imparten justicia, y sanear la institución policial y proteger a los denunciantes. Esto es fundamental, ya que, como se ha expuesto, el fenómeno de la corrupción afecta de manera importante a varios países de América Latina, y es una preocupación importante en la sociedad. A continuación, nos interesa examinar de qué manera este fenómeno está afectando a la administración de justicia. Para ello se hará un estudio comparado entre países.
Corrupción en la justicia: México, Perú y Colombia
Una de las esferas más sensibles al fenómeno de la corrupción es el sistema judicial. A propósito del sistema judicial, el Informe global de la corrupción define a la corrupción judicial como "toda aquella conducta que usa el poder encomendado para obtener un beneficio propio y que incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales" (Badel, 2008, p. 13). Organizaciones como Debido Proceso Legal también han brindado luces a la hora de definir los actos de corrupción judicial y los han definido como "aquellos en los cuales la conducta del funcionario o empleado judicial sirva a la violación del principio de imparcialidad en el procedimiento judicial para la obtención de un beneficio ilegítimo para una parte y/o para sí mismo" (Badel, 2008, p. 14). Estas definiciones hacen énfasis en el principio de la imparcialidad dentro del proceso judicial. Dicha relación entre corrupción en la justicia y afectación del principio de imparcialidad se complementa con otras tesis que contemplan, en los actos de corrupción judicial, a todas las personas que pueden participar en el desarrollo de los procesos judiciales, y que dan como resultado la siguiente definición:
Toda aquella conducta del abogado, funcionario o empleado judicial, actor del sistema judicial que usa el poder encomendado para obtener un beneficio ilegítimo para una parte y/o para sí mismo y que incluye toda influencia inapropiada sobre la independencia e imparcialidad del proceso judicial o el apego a su misión y los oficios que le son encomendados. (Badel, 2008, p. 14)
La justicia es una instancia fundamental del Estado y de la sociedad: a ella se recurre para solucionar pacíficamente los conflictos existentes entre sus miembros, y, bien administrada, proporciona el punto de cierre de una discordia. Si no se cumple este objetivo, por problemas de corrupción o de otra índole, la violencia se puede convertir en la única vía para solucionar los conflictos particulares o sociales.
Corrupción judicial en México
Una de las consecuencias más preocupantes de la corrupción judicial en México son las altas tasas de impunidad. En esta medición, una de las cifras más alarmantes corresponde a los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades, los cuales alcanzan el 75 % de estos, cometidos en dicho país. Por otro lado, del 25 % de los delitos, de los cuales tiene conocimiento alguna autoridad, solamente se concluye la investigación ministerial en el 4,55 % de los casos; finalmente, solamente el 1,6 % del total de los delitos cometidos en México llega a condenas judiciales (Carbonell, s.f., p. 2).
En lo concerniente a las acciones previas que se deben poner a disposición de las autoridades con relación a alguna persona que presuntamente ha cometido un hecho delictivo, se observan altos grados de corrupción. En este sentido Carbonell indica:
tenemos datos de la ineficacia de la policía y la violación de los derechos de las personas detenidas, lo que permite suponer un grado importante de corrupción entre los cuerpos policíacos y los encargados de la investigación de los delitos [...].
Estos datos, además de poner en evidencia la falta de capacidad de investigación de la policía, permiten concluir que si las detenciones son realizadas al momento mismo de cometer el hecho delictivo, es probable que los responsables no lleguen nunca a ser detenidos, una de las causas para ello son las "negociaciones" que los particulares pueden hacer con la propia policía, a través de la práctica de actos de corrupción. (s.f., pp. 2-3).
Ello pone en evidencia que la corrupción en el sistema judicial mexicano se encuentra presente en todas las fases del proceso judicial. De ahí que, de las personas detenidas en el Distrito Federal, el 71 % no tuvo asistencia de algún abogado mientras estuvo privada de la libertad; de quienes sí pudieron acceder al derecho de contar con un abogado, solo el 30 % pudo tener una conversación con este de manera previa al inicio formal de un proceso judicial en su contra (Carbonell, s.f., p. 3). Una vez que los detenidos se encontraron frente a un juez, solamente el 40 % de estos fue informado de sus derechos como, por ejemplo, el derecho a no declarar; en la declaración del detenido, el juez se encontró ausente en el 71 % de los casos, y, finalmente, de todos los detenidos que fueron condenados, el 80 % nunca pudo hablar con el juez. Estas condiciones propician que diferentes auxiliares de la justicia o miembros policivos puedan interferir para que los acusados terminen la investigación de manera "extraoficial" y anticipada (Carbonell, s.f., p. 3).
A propósito de la opinión de la población civil, en el informe rendido por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados mexicanos, en el 2001, se estableció que las personas consideran que entre el 50 % y el 70 % de los jueces federales son corruptos (Carbonell, s.f., p. 5).
Adicionalmente, según el Barómetro Global de la Corrupción (Casar, 2015, p. 20), la sociedad civil mexicana percibe que las instituciones más corruptas son:
Tabla 8 Percepción de la corrupción de las instituciones (México)
| I Institución | Porcentaje |
|---|---|
| Partidos políticos | 91% |
| Policía | 90% |
| Servidores públicos | 87% |
| Poder legislativo | 83% |
| Poder judicial | 80% |
| Ejército | 42% |
Fuente: Casar (2015, p. 23).
Es visible que la ciudadanía tiene la percepción de que la corrupción en las instituciones es muy alta, y que el poder judicial es una de las más corruptas, pues el 80 % de los entrevistados afirmaron creer que esta institución está permeada por este vicio político.
De la misma manera, al indagar sobre la percepción de corrupción en las autoridades, se obtuvieron los siguientes resultados, en los que se evidencia que, con respecto a los jueces, existe una percepción, según la cual la corrupción es muy elevada:
Tabla 9 Percepción de corrupción (México)
| Policía de tránsito | 78% |
| Policía preventiva municipal | 68% |
| Procuradurías | 65% |
| Policía judicial | 65% |
| Jueces | 64% |
| Policía estatal | 64% |
| Policía federal | 55% |
| Ejército | 22% |
| Marina | 15% |
Fuente: Casar (2015, p. 23).
Corrupción judicial en Perú
Para el caso peruano, el estudio de Mejía Mori (2001) establece los principales factores por los cuales se da la corrupción judicial en el país. Según dicho trabajo, entre estos se encuentran la deficiente formación ética y profesional de los servidores públicos, el desconocimiento de los objetivos y alcance del rol del sistema judicial, la inexistencia de un modelo o perfil de juez ideal, la necesidad de mantenerse en los diferentes cargos judiciales por falta de oportunidades laborales en otras áreas, las bajas remuneraciones, la función corruptora de los grupos de poder, un poder judicial ineficiente, el abuso del poder de los funcionarios judiciales, la aceptación social de la corrupción judicial, entre otras (Mejía, 2001, p. 210).
Mejía Mori establece, además, cuatro formas principales de corrupción judicial en Perú, las cuales son:
Lobbies de abogados y gestores de la corrupción judicial. Esta forma de corrupción es entendida como una red de tráfico de influencias en el interior del sistema jurisdiccional peruano; en esta participan abogados, exjueces, exfiscales, entre otros, los cuales actúan para que se les dé prioridad a algunos casos específicos, debido a la influencia que aquellos puedan tener sobre los jueces o fiscales a cargo (2001, p. 212).
La corrupción individual de los agentes del sistema. Esta forma de corrupción judicial no es propiamente una red ya establecida, sino que la definen los actos individuales de jueces, fiscales, abogados y de la misma sociedad civil, la cual se encarga de dar sobornos o coimas, para que las decisiones no se tomen en derecho, sino que favorezcan intereses particulares (2001, p. 212).
La influencia política como medio tradicional de corrupción judicial. Históricamente, el sistema judicial peruano se encuentra infiltrado por los intereses de los políticos de turno; aquello se evidenció, por ejemplo, en el régimen fujimorista, en el que se estableció un modelo de capacitación al Poder Judicial y al Ministerio Público en cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional, para que los casos de interés público fueran resueltos atendiendo a intereses políticos y económicos (2001, p. 213)
La influencia de la prensa como medio de corrupción judicial. Esta forma de corrupción se da por las deficiencias que se encuentran en el interior del sistema judicial peruano. Al tener un sistema débil, la opinión pública juega un papel fundamental en la forma de fallar de los jueces, lo que hace que las investigaciones se adelanten no de manera imparcial, sino siguiendo la opinión de la prensa y la sociedad civil (2001, p. 213).
En cuanto a la percepción de la sociedad civil sobre el sistema judicial peruano, la X Encuesta nacional sobre la percepción de la corrupción arrojó importantes datos. Los peruanos consideran que los tres grupos de poder más corruptos del país son los congresistas, los jueces y el sector privado. En este sentido, resultó que 77 de cada 100 personas dijeron que los congresistas son corruptos, 72 de cada 100 personas consideran que los jueces son corruptos y 71 de cada 100 opinan que los empresarios son corruptos (Proética, 2017, p. 42).
De la misma manera, frente a la pregunta sobre la eficacia de las instituciones en la lucha contra la corrupción, los encuestados identificaron a los partidos políticos, el Congreso Nacional, el poder ejecutivo y el poder judicial. En esta encuesta también se pudo determinar la gran aceptación social de la que gozan los actos de corrupción en general, y se pudo determinar que, a pesar de rechazar tajantemente la corrupción a gran escala, el 72 % de los encuestados tienen una tolerancia media-alta a la microcorrupción (Proética, 2017, p. 25).
Corrupción judicial en Colombia
Dos de los pilares fundamentales en la justicia colombiana son los principios de independencia e imparcialidad judicial, los cuales se ven vulnerados cuando se presentan actos de corrupción en el sistema. Estos dos principios son definidos por la Corte Constitucional de la siguiente manera:
Los principios de independencia e imparcialidad judicial garantizan a los ciudadanos que el juez tendrá un juicio libre, no sometido a presiones de ninguna índole, con lo cual se asegura la primacía del orden social justo. Por ello, quien juzga no puede estar afectado por ningún tipo de interés personal, ni sujeto a presiones de ninguna clase. Tal es el fundamento de la institución de los impedimentos y recusaciones dentro de los procesos judiciales. (Badel, 2008, p. 15)
En Colombia, frente a la rama judicial, diversos sectores sociales tienen una percepción negativa.
En una evaluación del sector judicial realizada en la investigación adelantada por Badel, en el 2008, se determinó que la gran mayoría de criterios fueron valorados negativamente en porcentajes cercanos o superiores al 50 %, en aspectos trascendentales como independencia frente a presiones, resolución de conflictos y el sentido de la ley.
Y en lo que respecta al nivel de captura del Esta do por parte de las élites, para influir sobre las decisiones de las distintas autoridades, se encuentra que la rama judicial es, después del Banco Central, la institución más desprestigiada, como se observa en la figura 2:
Fuente: Badel (2008, p. 29).
Figura 2 Nivel de captura del Estado. Autoridad indebida de las élites para influir sobre las decisiones en Colombia.
Por su parte, el Informe global sobre la corrupción judicial describe las causas principales por las que se presentan actos de corrupción en nuestro país. Dentro de estas se encuentran: influencia indebida por parte del poder ejecutivo y legislativo, tolerancia social a la corrupción, temor a represalias, bajos salarios de jueces y personal de los juzgados, capacitación precaria y falta de recompensa por el comportamiento ético, confabulaciones de los jueces, monitoreo inadecuado de las actuaciones procesales y los procedimientos administrativos de los juzgados y mecanismos disciplinarios pocos rigurosos (Badel, 2008, p. 17).
Al respecto, se analizarán algunas de las causas principales por las cuales el fenómeno de la corrupción se encuentra tan ligado al sistema judicial colombiano.
Sueldos bajos para jueces y personal de la Corte
Los salarios bajos de los jueces y los funcionarios judiciales afectan directamente la independencia judicial, pues las pocas posibilidades que tienen aquellos para mantener a sus familias en condiciones dignas hacen que estos utilicen los sobornos como ingresos extras para poder sufragar los gastos y satisfacer sus necesidades mínimas (Badel, 2008, p. 19).
Es de señalar que frente al presupuesto que se otorga a la rama judicial, este ha venido creciendo y la mayor parte este se destina a gastos de funcionamiento de personal, como se ve a continuación.
Tabla 10 Presupuesto de la rama judicial (2014-2017)
| I Concepto | Apropiación presupuestal (en $) 1 | |
|---|---|---|
| Gastos de funcionamiento | Inicial [1] | Definitiva [2] |
| Gastos de personal | 2.249.661 | 2.477.726 |
| Gastos generales | 222.997 | 230.922 |
| Transferencias | 48.572 | 48.899 |
| Subtotal funcionamiento | 2.521.230 | 2.757.547 |
| Inversión | 342.000 | 268.379 |
| Total | 2.863.230 | 3.025.926 |
| [1] Inicial. De acuerdo con asignación en Decreto de liquidación del presupuesto. | ||
| [2] Definitiva. Una vez efectuados los ajustes presupuéstales (adiciones, traslados). | ||
Fuente: División de Programación Presupuestal-Unidad de Planeación Ejecutiva de Administración Judicial (https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-planeacion/presupuesto-rama-judicial).
Tabla 11 Presupuesto de la rama judicial en el año 2015
| Concepto | Apropiación presupuestal (en $) | ||
|---|---|---|---|
| Gastos de funcionamiento | Inicial[1] | Definitiva [2] | |
| Gastos de personal | 2.707.349 | 2.707.049 | |
| Gastos generales | 208.031 | 208.331 | |
| Transferencias | 71.413 | 72.511 | |
| Subtotal funcionamiento | 2.986.794 | 2.987.891 | |
| Inversión | 342.015 | 249.893 | |
| Total | 3.328.809 | 3.237.784 | |
| [1] Inicial. De acuerdo con asignación en Decreto de liquidación del presupuesto. | |||
| [2] Definitiva. Una vez efectuados los ajustes presupuestales (adiciones, traslados). | |||
Fuente: División de Programación Presupuestal-Unidad de Planeación Ejecutiva de Administración Judicial (https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-planeacion/presupuesto-rama-judicial).
Tabla 12 Presupuesto de la rama judicial en el año 2016
| Concepto | Apropiación presupuestal (en $) | |
|---|---|---|
| Gastos de funcionamiento | Inicial [1] | Definitiva [2] |
| Gastos de personal | 2.838.058 | 2.971.734 |
| Gastos generales | 250.068 | 247.254 |
| Transferencias | 115.994 | 114.982 |
| Funcionamiento | 3.204.119 | 3.333.970 |
| Inversión | 231.762 | 165.547 |
| Total | 3.435.881 | 3.499.517 |
| [1] Inicial. De acuerdo con asignación en Decreto de liquidación del presupuesto. | ||
| [2] Definitiva. Una vez efectuados los ajustes presupuestales (adiciones, traslados). | ||
Fuente: División de Programación Presupuestal-Unidad de Planeación Ejecutiva de Administración Judicial (https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-planeacion/presupuesto-rama-judicial).
Tabla 13 Presupuesto de la rama judicial en el año 2017
| I Concepto | Apropiación presupuestal (en $) | ||
|---|---|---|---|
| Gastos de funcionamiento | Inicial [1] | Vigente [2] | |
| Gastos de personal | 3.037.752 | 3.050.598 | |
| Gastos generales | 219.225 | 276.616 | |
| Transferencias | 81.281 | 82.729 | |
| Funcionamiento | 3.338.257 | 3.409.943 | |
| Inversión | 208.750 | 262.150 | |
| Total | 3.547.007 | 3.672.093 | |
| [1] Inicial. De acuerdo con asignación en Decreto de liquidación del presupuesto. | |||
| [2] Definitiva. Una vez efectuados los ajustes presupuestales (adiciones, traslados). | |||
Fuente: División de Programación Presupuestal-Unidad de Planeación Ejecutiva de Administración Judicial (https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-planeacion/presupuesto-rama-judicial).
A pesar del esfuerzo del Gobierno colombiano por incrementar anualmente el presupuesto de la rama judicial, los funcionarios judiciales manifiestan que la brecha salarial sigue siendo muy alta, especialmente entre funcionarios y auxiliares de la justicia, también entre los fiscales especializados y seccionales, entre otros funcionarios; esto sumado a otros factores que también son corruptibles y que se encuentran fuera de la rama como los abogados.
Con todo, como lo indica con claridad Martha Badel, el aumento de los salarios para los miembros de la rama judicial no es la única solución para superar la corrupción allí presente. Para combatirla se deben tomar medidas mucho más generales y atacar no solo una de las causas; en este sentido, cita los casos de Singapur y Georgia y qué es lo que destaca la autora de estos temas (Badel, 2008, p. 19).
Capacitación precaria
La capacitación precaria de los jueces y funcionarios judiciales no se refiere exclusivamente a su débil formación académica e intelectual, sino también a la ausencia de estándares profesionales y éticos para el ejercicio de la profesión y para el desempeño de funciones en el interior de la rama. Este problema se origina en las facultades de derecho del país, las cuales se especializan en formar abogados, pero no jueces. No todos los abogados están capacitados para ser jueces. Esto se agrava con la falta de formación ética en los claustros universitarios, lo que tiene como consecuencia que los profesionales cuenten con escasos criterios de esta naturaleza para el ejercicio del litigio (Badel, 2008, p. 24).
Sobre el perfil de los abogados que se gradúan de las facultades de derecho, hoy en día encontramos una sobreoferta de formación que dificulta controlar la calidad e idoneidad de estos profesionales. Ello es consecuencia, a su vez, de un crecimiento en la oferta de programas de educación superior en el área: mientras que a inicios de la década de 1990 existían en el país apenas 39 facultades de derecho, entre públicas y privadas (Carvajal, 2016, p. 49), para inicios del 2018, la cifra es de 184 programas vigentes.
Temor a represalias
Colombia es uno de los países con más altos índices de violencia en la región. El conflicto armado interno, el narcotráfico, las organizaciones criminales y otros sujetos de violencia han interferido directamente en la administración de la justicia. Los operadores judiciales, especialmente en las regiones, son víctimas de diferentes tipos de violencia que buscan obligarlos a encaminar las investigaciones a favor de los miembros de organizaciones al margen de la ley. De estos tipos de violencia se han identificado tres, principalmente:
Amenazas, homicidios y atentados a los diferentes actores del sistema.
La llamada "politización de la justicia".
La cooptación de la justicia, que se comienza a identificar y estudiar por los investigadores y académicos, y que es una forma de corrupción más compleja aún, que se puede entender cuando se capturan las normas y su interpretación se debate entre la legalidad y la ilegalidad, convirtiendo a la justicia en un eslabón más de la institucionalización de los grupos al margen de la ley, el narcotráfico, entre otros. (Carvajal, 2016, p. 24)
Falta de trasparencia
Uno de los puntos más difíciles de resolver para analizar la corrupción en el sistema judicial tiene que ver con la falta de trasparencia que, en muchas ocasiones, es confundida con la falta de acceso a la información judicial como regla general (Carvajal, 2016, p. 30).
El ocultamiento de la información en los procesos judiciales no es el único tema de reflexión frente a la falta de trasparencia de la rama judicial; en muchas ocasiones, la selección o designación de jueces no está sujeta a una debida vigilancia, y lo mismo sucede con la contratación de las corporaciones judiciales, las nóminas, las facultades para las promociones, el presupuesto, entre muchos otros aspectos que se encuentran sujetos a vigilancia de entes de control. A pesar de que la información administrativa debería ser pública para que la ciudadanía tenga control sobre los diferentes organismos, muchas veces acceder a aquella no es tan sencillo, lo cual dificulta la vigilancia de estos (Carvajal, 2016, p. 30).
Tolerancia social a la corrupción
Cuando socialmente se tiene la percepción de que no se respeta la ley, la confianza en la administración de justicia se pierde. Si los ciudadanos piensan que la única forma de obtener una decisión favorable en el marco de un proceso judicial es acudiendo a recursos ilegales, es más probable que estén dispuestos a utilizar tales recursos para cumplir las expectativas que tienen sobre el resultado de la investigación. Esto no solamente ocurre en la corrupción dentro del sistema judicial, como se ha podido establecer con anterioridad, ya que son muchos los colombianos que acceden a pagar algún tipo de soborno para acceder a servicios que creen no poder obtener por el procedimiento regular.
Congestión judicial
El problema de la congestión judicial en Colombia no es algo reciente. A pesar de que no se cuenta con información exacta y actualizada sobre este problema, existen diferentes análisis de tendencias que pueden ayudar a comprender su magnitud. Entre 1993 y el 2013, el ingreso de demandas a la justicia aumentó un 303 %, pues en 1993 se presentaron 748.049 demandas mientras que, en el 2013, se presentaron 2.656.779 (Cárdenas, 2017, p. 47).
La congestión judicial no solamente puede medirse por el alto número de casos que entran a los juzgados en contraposición con el escaso número de casos fallados; además de ello, la demora en el trámite adelantando en el interior de los despachos dificulta que los casos puedan desarrollarse de manera efectiva. En muchas ocasiones, estos retrasos son ocasionados por causas ajenas al trabajo respectivo de los jueces, dentro de las cuales se pueden encontrar:
Causas de naturaleza normativa: como lo son los mecanismos procesales inadecuados y/o insuficientes o el exceso de formalidad (Jiménez y Mojica, 2010, p. 67).
Gestión de agentes externos: falta de celeridad de otras instituciones o personales naturales que deben intervenir en el proceso, como, por ejemplo, los abogados o auxiliares de la justicia y diferentes instituciones como la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía (Jiménez y Mojica, 2010, p. 67).
Inadecuadas políticas litigiosas: uso abusivo de los mecanismos establecidos en la ley, prácticas temerarias e inadecuadas por parte de apoderados judiciales, y conductas dilatorias (Jiménez y Mojica, 2010, p. 69).
Judicialización excesiva: debido a la inflación legislativa y el formalismo de diferentes procedimientos (Jiménez y Mojica, 2010, p. 69).
La congestión judicial tiene como resultado que la justicia en Colombia sea improductiva e ineficaz, lo cual convierte a la rama judicial en un escenario propicio para que personas interfieran en este buscando agilizar los procesos (Badel, 2008, p. 38). En muchas ocasiones, personas ajenas a la rama, como, por ejemplo, los abogados, utilizan diferentes trucos, como los sobornos a operadores de la justicia, para que estos prioricen sus casos.
Influencia indebida de poderes políticos y económicos
En la investigación de Martha Badel, se identifica y define este tipo de corrupción como el conjunto de "las prácticas ilegítimas, legales e ilegales, con las cuales diversos agentes con poder político y económico tratan de incidir en los procesos de selección y en las actuaciones y decisiones judiciales, de manera directa o a través de terceros, para obtener beneficios particulares en detrimento del interés colectivo" (2008, p. 40). Este tipo de actuaciones afectan directamente la independencia judicial, de modo que esta forma de corrupción no incide solamente en las actuaciones procesales, sino en todo el sistema. Se identifican, en el trabajo de Badel, tres principales manifestaciones de la influencia indebida de poderes políticos y económicos sobre el sistema:
Nombramientos o procesos de selección de jueces laxos, sin reglas de juego claras y sin procedimientos previamente establecidos y públicos.
Jueces aparentemente independientes que, por temor a destitución, traslados o pérdida de ingresos o desmejoras laborales, fallan a favor de poderes políticos, incluso en casos de corrupción.
Compra de jueces. (2008, p. 41).
Sobornos
El soborno es definido como la acción de "dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita" (Rae). A pesar de que, como se ha examinado con anterioridad, el pago de sobornos se encuentra principalmente para obtener la prestación de servicios básicos, este tipo de corrupción también se encuentra íntimamente ligado a la corrupción judicial de nuestro país y, a pesar de poder utilizar los sobornos para la obtención de cualquier tipo de beneficio judicial, se han logrado identificar estos cinco tipos principales, que citamos de Badel:
Pagos a jueces para modificar o reducir la sentencia favoreciendo a la parte que paga el soborno.
Pagos para acelerar o frenar el caso, ya sea al propio juez y/o a personal de los juzgados o funcionarios auxiliares de justicia.
Pagos a los fiscales para reducir o reestructurar los cargos y a la policía judicial para admitir u omitir evidencia.
Los abogados litigantes por su parte también pueden pagar al juez para que admita una demanda, una medida cautelar (embargo o secuestro) o se practique una prueba (peritajes o testimonios).
Se considera dentro de estas prácticas corruptas que los jueces desfalquen los fondos de la corte e incluyan a parientes en la nómina, el llamado nepotismo en la justicia. (2008, p. 38)
Conclusiones
La corrupción judicial no es un tema aislado ni solo coyuntural de las instituciones políticas de los países latinoamericanos. Las consecuencias van mucho más allá de los casos o investigaciones específicas sobre actos de corrupción, ya sea por parte de los funcionarios judiciales, auxiliares de la justicia o por los abogados o incluso las mismas partes de los procesos. Se trata, sin duda, de un fenómeno que produce efectos en la gobernabilidad y en el desarrollo económico.
A pesar de que se logró determinar que, en los países estudiados: Colombia, Perú y México, existe cierta aceptación frente a los actos de corrupción judicial, una de las consecuencias más graves de estos actos se relaciona directamente con la pérdida de confianza de la sociedad civil en las instituciones del Estado. La falta de confianza en los sistemas judiciales trae consigo más corrupción, pues los sistemas débiles y predecibles se convierten en escenarios propicios para que no solamente los miembros de la sociedad, sino también los grandes grupos de poder interfieran en sus actuaciones. Es así como el pago de sobornos y coimas para que los fallos judiciales beneficien a ciertas personas se han convertido en formas de proceder rutinarias y ejercidas por miembros de cualquier grupo social.
De la misma manera, se han podido identificar ciertas causas similares generadoras de corrupción judicial en Colombia, México y Perú, como son: los bajos sueldos de los funcionarios judiciales y auxiliares de la justicia, la aceptación social de la corrupción, un inoperante sistema judicial y, especialmente, la intervención de los grupos de poder en los diferentes sistemas judiciales. Otra de las causas principales y repetitivas de la corrupción judicial es la inoperancia del sistema. Ante esta realidad, las personas intentan hacer justicia por su propia mano e interfieren en los procesos, ya sea solicitando fallos favorables a sus intereses o solamente solicitando agilidad en las investigaciones.
Podríamos decir, por último, que una de las medidas que podrían tentativamente enfrentar el fenómeno de la corrupción es una mayor veeduría por parte de la sociedad civil, que, por lo general, ha estado marginada de estos procesos.
