Introducción

El presente artículo expone los resultados de la investigación realizada en torno al análisis del trabajo de los vendedores informales que se ubican en el casco histórico de Chiquinquirá, en el marco de la garantía y protección de sus derechos humanos. El objetivo de esta investigación es aproximarnos a las situaciones particulares de las personas que se dedican a la ventas informales como medio de sustento, a las implicaciones que esta actividad tiene en relación con las normas y medidas de tipo legal que rigen en la localidad y a la forma como estas se contextualizan para garantizar y proteger sus derechos humanos.

Se considera importante, además de necesario, indagar sobre esta temática. En el ámbito local no se encontraron estudios al respecto, excepto las normativas de tipo administrativo que la reglamentan, pero no se ha estudiado acerca de las implicaciones que tienen en relación con los derechos humanos de las personas que la ejercen. En tal sentido, existe una problemática que se observa en el cotidiano vivir y se fundamenta en las escasas oportunidades para acceder a un trabajo formal, asalariado, ya que en la localidad escasean este tipo de fuentes de empleo. Razón por la cual las personas tienen que autoemplearse con ventas en el espacio público, congregándose de forma excesiva en el casco histórico de la ciudad. En estas vías se ubican de manera fija o ambulante para obtener algún dinero destinado al sostenimiento del hogar, modalidades que, en el mayor de los casos, no les permiten tener niveles de vida básicos y menos ejercer su derecho al trabajo.

Esta problemática se visibiliza en el contexto local, pero posee antecedentes globales en diversos países industrializados, de manera más cercana en los latinoamericanos, donde prevalecen condiciones de precariedad, pobreza, falta de fuentes de empleo y bajos salarios en empleos como dependiente, entre otros factores históricos y socioeconómicos que convergen para hacer de esta una problemática muy visible en muchos de los países de la región, donde la informalidad es un forma de subsistencia. En Colombia, el problema se visibiliza, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ^{(DANE) (2021)}, en que “la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,8 % para el trimestre enero-marzo 2021. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 49,0 %” (p. 1). Estos datos muestran los indicadores de la informalidad dentro de la población ocupada en el país, y que un grueso de la población colombiana hace parte de esta condición en términos laborales.

En el departamento de Boyacá también es evidente la problemática. La informalidad agrupa a una cifra notable de expendedores informales. En este contexto general se ubica el problema que se analiza en Chiquinquirá; desde la percepción común, los vendedores ambulantes y estacionarios conforman un grupo con alta vulnerabilidad, en términos del ejercicio de sus derechos, situación que se indaga y analiza con el desarrollo de esta investigación.

La indagación tiene un impacto positivo, en la medida en que permite un acercamiento y la definición a la realidad estudiada. También enfrenta el reto de analizar la relación entre los derechos humanos y la realidad del comerciante informal en el escenario local. Ellos y ellas, en la mayoría de los casos, no cuentan con seguridad social ni con oportunidades para ejercer su derecho al trabajo dentro de unas condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades, en términos de calidad de vida y dignidad, bienestar físico, mental y social para sí mismos/as y para los demás miembros del grupo familiar. Desde esta perspectiva, el aporte de la indagación se refleja en una reflexión sobre los derechos humanos, en el análisis en torno a los derechos al trabajo, a la seguridad social, a un mínimo de calidad de vida y al desarrollo de las capacidades para el funcionamiento de las personas, tal como propone ^{Nussbaum (2002)}.

La situación problema

De manera particular, el problema que se analiza está relacionado con la situación de los vendedores/as ambulantes y estacionarios que se ubican en las vías públicas del centro histórico de Chiquinquirá, donde cumplen diferentes actividades y ofrecen una diversidad de productos. Este escenario, por sus mismas condiciones, no les brinda oportunidades para acceder a medios de vida digna, ejercer sus derechos y estar protegidos de forma legal. Es una problemática local con antecedentes visibles en diversos escenarios internacionales, tal como advierte ^{Hernández (s.f.)}, que señala que en todo el mundo hay trabajo informal en las calles de las ciudades, en las aceras y en distintos espacios públicos, donde se comercializan diferentes productos, algunas veces con licencias y otras no, en unas ocasiones de forma individual y en otras con vinculación de los grupos familiares, sin que reciban un pago justo por su labor, y expuestos a los rigores del clima y a los peligros propios de la calle.

En relación con las estadísticas sobre vendedores ambulantes en el concierto mundial, dice ^{Hernández (s.f.)}, que aunque es difícil estimar el número de personas que trabajan como comerciantes ambulantes, debido a su alto nivel de traslación y a que renuevan su oficio según sea la época, en un análisis de diez países en vías de desarrollo encontró que las ventas ambulantes representan entre el 2 % y el 9 % del porcentaje total del empleo informal. En Latinoamérica, afirma el mismo autor, Brasil y México tienen más de un millón de expendedores ambulantes cada uno. En Asia, la India tiene casi diez millones. De nueve países de África y Asia, las ventas ambulantes representan entre el 73 % y el 99 % del empleo total en el comercio mercantil, y del 50 % al 90 % por ciento del PIB total del comercio. Estos datos aportan una perspectiva de la situación de los vendedores ambulantes o informales en los distintos continentes, lo que refleja, a su vez, la problemática asociada con las bajas tasas de empleo formal.

Los datos anteriores representan un antecedente general de la problemática. En Colombia se reconoce a partir de los datos del DANE (2019), que revelan lo siguiente:

En Colombia, [...] la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45,2%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,6%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 43,9% y 48,4%, respectivamente.

Las cifras más recientes del ^{DANE (2021)} indican que la problemática del desempleo en el escenario nacional es la realidad de una gran proporción de personas, que se ocupan en trabajos informales, en las cuales los comerciantes ambulantes acaparan un lugar relevante. Trabajan por cuenta personal, ejercen su actividad diaria bajo situaciones laborales desiguales frente a quienes están vinculados a una empresa por medio de contratos formales, no poseen solidez laboral, reciben ingresos variables, muchos no son beneficiarios de prestaciones sociales y desarrollan su actividad en el espacio público; por lo general invaden las calles bajo condiciones contrarias a la idea de bienestar.

Los anteriores componentes están asociados con la vulnerabilidad de los vendedores estacionarios, semiestacionarios y/o ambulantes, que están en desventaja frente a los trabajadores formales; el comerciante informal, en todos los casos, tiene mínimas oportunidades para dar comienzo a actividades productivas que les permita garantizar su mínimo vital (^{Franco y Molina, 2015}).

La situación descrita corresponde a una problemática de gran magnitud en el país, con incidencia en el departamento de Boyacá. Según un estudio de ^{Delgado et al. (2015)}, las características de la informalidad son las siguientes: “son aproximadamente 228.188 los informales en el departamento; es decir, una cifra notable y que en gran medida esta se evidencia en las principales ciudades del departamento como, por ejemplo: Duitama, Tunja, Sogamoso y Chiquinquirá” (p. 108). No hay cifras recientes sobre el crecimiento de este gremio a nivel departamental. No obstante, es evidente que en las ciudades en mención, la comunidad expresa preocupación por el incremento de este grupo poblacional y lo que representa en términos sociales y económicos.

En el marco de estas condiciones generales, la problemática en Chiquinquirá revela las dificultades que deben sortear los expendedores informales, estacionarios y ambulantes, que se han diseminado por toda la ciudad, pero que se localizan en mayor proporción en el centro histórico, tal como refieren ^{Palacios y Téllez (2018)}, citados por la alcaldía municipal de Chiquinquirá (2019):

Los vendedores informales estacionarios, se localizan en dos de los costados o andenes que determinan el perímetro del Parque Pedro José Pérez, más conocido como Plaza de la Concepción; comunidad integrada por 44 personas, que representan el 10.48 % de los vendedores informales. Los vendedores semi-estacionarios lo conforman 321 vendedores, que representa el 76.4 % y algunos de ellos se localizan en el andén de la calle 18 entre carreras 12 y 13, en la Plaza de la Libertad; también, se ubican bajo el puente peatonal de la calle 17, en el parque de la Pola y frente al terminal de transporte sobre la bahía del Barrio El Bosque. (p. 14)

Como expresa la anterior referencia, por una parte, los comerciantes ambulantes se diseminan por diversos sectores de la ciudad. Representan una problemática asociada con la forma como crece la informalidad, porque las personas buscan subsistir, sin encontrar otras fuentes para obtener recursos para el sustento propio y del grupo familiar. Por otra parte, el uso del espacio público y las condiciones en las que se practica la informalidad han sido abordados por diversas disciplinas como la economía, la sociología, la antropología y la perspectiva jurídica (^{Conde y Delaplace, 2016}), pero no hay en el contexto local una reflexión sobre el tema. Menos en el marco de los derechos humanos, por lo que existe un vacío sobre la necesidad de enfocar el análisis en términos de protección de este grupo poblacional, en relación con el derecho fundamental al trabajo, a la seguridad social, al ejercicio de las capacidades para el desarrollo humano relacionadas con la vida, la salud y la vivienda.

De la problemática antes descrita surge la iniciativa de examinar la cuestión desde una perspectiva de derechos, a fin de dar cuenta de la equidad, la inclusión al mercado laboral y los demás planteamientos relacionados con el trato que se da a este gremio en Chiquinquirá y cómo logra ejercer sus derechos fundamentales. Para ahondar en el análisis se planteó la pregunta que direccionó el desarrollo de este proceso en los siguientes términos: ¿bajo qué condiciones los expendedores estacionarios y ambulantes del centro histórico de Chiquinquirá son visibilizados como un fenómeno social que debe ser atendido a partir de su reconocimiento como personas con derecho al trabajo y al uso y disfrute del espacio público?

Con la finalidad de dar respuesta a dicho cuestionamiento se precisaron los retos que deben enfrentar los vendedores estacionarios y ambulantes, en su condición de actores de la economía informal local; se establecieron las condiciones en las cuales quienes se ubican en el centro histórico de Chiquinquirá hacen uso de este espacio público; se identificaron situaciones específicas vinculadas a las formas como ejercen su derecho fundamental al trabajo y se explican las tendencias, retos, reacciones y modificaciones asociados con las ventas informales en espacios públicos, que hacen de esta actividad un fenómeno social local.

En el marco de los derechos humanos, se considera que la indagación sobre estas temáticas es importante, además de necesaria, por cuanto se plantea un análisis acerca de las condiciones mediante las cuales los comerciantes estacionarios, semiestacionarios y/o ambulantes del centro histórico de Chiquinquirá son visibilizados como un fenómeno social que debe ser atendido a partir de su reconocimiento como sujetos con derecho al trabajo, al mínimo vital, a acceder a una vida con calidad, a la dignidad humana y a la protección social.

Desde la perspectiva de los derechos humanos se analiza la problemática que en la cotidianidad se observa, en relación con las dificultades que deben enfrentar estas personas por ejercer su derecho al trabajo en el espacio público del centro histórico de Chiquinquirá. De aquí surge una reflexión que tiene como argumento que “toda persona tiene derecho al trabajo, a las prestaciones asociadas a este y a alcanzar un estado de bienestar social e individual” (^{Conde y Delaplace, 2016}). A partir de esa idea se visibiliza un fenómeno social complejo que enriquece la investigación local en esta materia, relacionada con un grupo poblacional específico del que antes no se han ocupado, ni de las implicaciones que ocasiona la actividad que desarrolla para subsistir en sí mismos/as y en sus grupos familiares.

En este marco, se busca ahondar en el análisis de las situaciones asociadas con el ejercicio del trabajo en el espacio público, y que, por lo mismo, pueden conllevar a la violación de los derechos humanos relacionados con la seguridad, la vida, la libertad, la integridad de la persona, la salud, las garantía y demás circunstancias relacionadas con esta actividad informal. Frente a esto es importante conocer la normatividad vigente en Chiquinquirá sobre las ventas informales en el espacio público, para identificar situaciones que pueden representar vulneraciones a los derechos de los vendedores/ as estacionarios y ambulantes, en el escenario seleccionado para efecto de la investigación.

Esta investigación tiene relevancia en materia de derechos humanos y en torno a lo social, ya que se ocupa de un grupo humano que hace parte de un fenómeno particularizado por tendencias, eventos, reacciones y cambios vinculados con las ventas informales, como un trabajo de hombres y mujeres cuya situación se requiere investigar para encontrar la realidad. La relevancia científica de la investigación está determinada por la necesidad de abordar un aspecto de la realidad local desde la perspectiva de los derechos humanos.

Esta indagación se convierte en un proceso “metodológico encaminado a la construcción de conocimientos relacionados con esta materia, que sea capaz de responder a problemas que requieran de una respuesta específica y concreta” (^{Ortega, 2011}, p. 17). Así se justifica el proceso como novedoso, a la vez supone una oportunidad para el fortalecimiento de los sistemas de protección y defensa de los derechos de la comunidad de expendedores informales.

Aproximación teórica

Marco teórico conceptual

Por el requerimiento de que la investigación esté definida a partir de unos lineamientos teóricos y conceptuales que den explicación de las categorías vinculadas al estudio, se eligen básicamente los componentes que se mencionan a continuación:

Vendedores informales. Con la idea de ubicar e interpretar el tema de los vendedores informales, ambulantes, semiestacionarios y estacionarios en un contexto del desarrollo, se toma como punto de referencia que corresponde a un grupo poblacional existente en casi todos los países del mundo, cuyo surgimiento está encadenado con los niveles del crecimiento económico y del desarrollo. En los países con índices más bajos en tal sentido, son evidentes la pobreza, la desigualdad y el bajo nivel de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, y la problemática de los expendedores informales es más visible. Esta realidad se aborda e interpreta con fundamento en la propuesta de ^{Hissong (2000)}, por cuanto sus argumentos dan explicaciones a las teorías y prácticas de desarrollo en el contexto de la Modernidad.

En este sentido, se entiende la situación de los vendedores informales como una problemática, según ^{Hissong (2000)}, que es “el resultado de una tendencia social y económica cuya dinámica desborda las estructuras -los límites de acción- existentes, perdiendo su hegemonía con respecto a aquellas fuerzas y procesos sociales que buscan, conscientemente o no, direcciones alternas a las tendenciales” (p. 4). En otras palabras, es necesario entender la existencia de los comerciantes informales como resultado de situaciones que se catalogan como contrarias a los patrones y esquemas establecidos en términos del desarrollo social y económico dentro de una sociedad.

Así mismo, este autor explica que el vendedor callejero se puede interpretar como “un sujeto social que puede cobrar suficiente fuerza política para exigir una transformación o redireccionamiento de una tendencia, puede buscar la ruptura con los esquemas actuales o proponer la construcción creativa y alternativa de esquemas o modelos nuevos” (^{Hissong, 2000}). Es un concepto propio del desarrollo y de la dimensión de lo que significaría reconceptualizar las políticas públicas que regulan esta labor y las redireccionen hacia un mejor estatus de los comerciantes informales, como miembros activos de una economía que, aunque se catalogue como informales, hacen parte del desarrollo económico derivado de la acción de trabajadores que por su propia cuenta producen bienes para el consumo de las personas.

Otro de los puntos de análisis que toma este autor hace referencia al análisis de los valores e instituciones de la Modernidad, a las que se anexan las nociones de espacio, tiempo y espacialidad-temporalidad, como conceptos que facultan para discutir categorías básicas de la existencia humana. Es decir, no existe una práctica o proceso humano o natural, por así decirlo, que no tenga una espacialidad y una temporalidad (^{Hissong, 2000}). Al aplicar esto a los términos de esta investigación, es posible entender la relación entre la actividad realizada por el/la expendedor/a informal y el uso que este(a) hace del espacio público. Son acciones en las que hay unas relaciones de producción y reproducción de procesos que, de alguna manera, tienen que ver con situaciones que transforman una sociedad, generan problemáticas y transforman prácticas y concepciones relacionadas con las normas establecidas sobre el uso del espacio público.

En Colombia se considera que “los vendedores informales, por su condición económicamente vulnerable, son un grupo de la sociedad que goza de especial protección constitucional” (^{Sentencia C-211, 2017}). En el país hay principios claros con fundamento constitucional acerca de lo que representa su problemática socioeconómica, su vulnerabilidad, el derecho al trabajo como garantía para la obtención del derecho mínimo vital, el derecho a la igualdad y a realizar actividades informales en el espacio público.

Trabajo informal y derechos humanos. Para abordar la informalidad asociada con la actividad de los comerciantes ambulantes y estacionarios en el espacio público, se precisa contemplar los argumentos teóricos expuestos por ^{Mejía y Posada (2007)}, que con una visión de la política económica señalan que el sector informal “es el conjunto de las actividades productivas que no acatan las regulaciones estatales en materias económicas, sanitarias o ambientales debiendo ceñirse a ellas” (p. 2). El incumplimiento de las normas a que hacen referencia puede ser total o parcial por parte de quienes se congregan en el sector informal para ejercer actividades personales o empresariales que para muchos representa una evasión de la ley, pero no una violación al código penal. Es decir, no se catalogan como actividades delictivas, pero se incluyen en la economía ilegal. Esto permite contextualizar el caso de los comerciantes informales de Chiquinquirá, que se asocia con los rigores del mercado laboral, el desempleo, las escasas oportunidades de ocupación formal y la pobreza, en la mayoría de los casos, tal como se experimenta en este lugar.

En una gran medida estas situaciones tienen cimiento en lo que la ^{OIT (2007)} define como empleo informal:

Incluye todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo como empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores. (p. 56)

Los trabajadores informales no tienen aval, al no estar reconocidos ni protegidos dentro de los marcos jurídicos y reglamentarios, además se caracterizan por su alto nivel de vulnerabilidad, por no estar reconocidos por la ley; por consiguiente, no poseen protección jurídica o social, no pueden originar contratos ni asegurar sus derechos de propiedad. En raras ocasiones logran proyectar una imagen segura o que se les escuche para ser reconocidos y sea protegido su trabajo. Estas situaciones se relacionan con la vigencia de los derechos humanos, que son

[...] derechos subjetivos, expectativas que se forman las personas en relación con la acción u omisión de los Estados, las empresas, los poderes fácticos y del resto de las personas respecto a ciertos bienes primarios constitutivos de lo que se considera la dignidad humana. (^{Hohfeld, 1992})

En otras palabras, los expendedores informales, por ser personas con derechos, por su condición vulnerable deben ser reconocidos como poseedores de derechos universales, obligatorios, exclusivos de su individualidad y, por lo mismo, trascienden con claridad los criterios jurídicos y legales en cuanto son personas o ciudadanos con capacidad de actuar (^{Hohfeld, 1992}). Los trabajadores de la economía informal son ignorados en término de protección social, de convenios colectivos que demuestren condiciones de inclusión, de participación como sujetos con derechos laborales, reconocimiento social y, sobre todo, de la legalidad su trabajo.

En esta perspectiva, es claro que se relegan derechos que de manera puntual tienen que ver con el derecho al trabajo, que se considera fundamental para la condición humana (^{Hoffe, 2007}). En este sentido, si no se ejerce el trabajo como un derecho, no hay opciones de que garantice las necesidades básicas, en consecuencia, no hay calidad de vida y no hay desarrollo de capacidades, en razón de que no hay retribución al esfuerzo que implica su actividad laboral. En concreto, el derecho al trabajo es inherente a la persona y, por lo mismo, se debe cumplir dentro de unos parámetros que visibilicen la acción del Estado para garantizar a los vendedores informales su mínimo vital y, con este, otros derechos fundamentales inherentes que les permitan superar los niveles de exclusión y pobreza. Es necesario reconocer que el mínimo vital es uno de los derechos de las personas para vivir con dignidad y que le permiten desarrollar sus capacidades, gracias a los recursos básicos que consiguen mediante sus actividades lucrativas.

Esto se sustenta en la ^{Sentencia T-716, de la Corte Constitucional, del 7 de diciembre de 2017}, que con referencia al derecho mínimo vital señala:

Uno de los derechos más característicos de un Estado Social de Derecho es el mínimo vital. Según la Corte Constitucional, este derecho se deriva de los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad. Este derecho adquiere relevancia en situaciones humanas límites, relativas a la extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las necesidades más elementales y humanas, el Estado y la sociedad no responden de manera congruente.

Como se puede apreciar, el mínimo vital representa uno de los derechos fundamentales de las personas, y se apoya en la garantía que estas tienen de recibir determinados recursos para desarrollar sus capacidades y proyectos de vida, por lo que se considera como una medida de justicia social propia de un Estado constitucional (^{Rosales, 2018}). El mínimo vital es de interés para la garantía de los derechos fundamentales de supervivencia, así como los demás derechos que tienen que ver con la calidad de vida, que desde la perspectiva de ^{Nussbaum y Sen (1996}) se refieren al compromiso del Estado de garantizar a los ciudadanos, igualdad de oportunidades para que logren desarrollar sus capacidades personales.

El derecho a la dignidad humana, desde la postura de ^{Pele (2015)}, tiene que ver con “el valor intrínseco y absoluto del ser humano y sería el fundamento de los derechos humanos” (p. 7). Así mismo, el derecho a la seguridad y la protección social, en palabras de la OIT, se refiere a la protección que la sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurarles el acceso a la asistencia médica, garantía innegable para jubilados, desempleados, enfermos, inválidos, madres embarazadas y personas con pérdida de capacidad, para el sustento del hogar. Los anteriores se consideran como derechos fundamentales, porque son propios de la construcción de principios y de valores individuales y compartidos (^{Serrano y Vázquez, 2011}).

Desarrollo de capacidades. En el contexto general de los derechos fundamentales que se mencionan en los párrafos anteriores, se destaca el desarrollo de las capacidades de las personas, como derivación de las posibilidades de ejercer sus derechos asociados con el mínimo vital, la calidad de vida, la dignidad humana, la seguridad y la protección social. Es un tópico al que ^{Nussbaum (2002)} trata desde lo que designa como ‘el enfoque de las capacidades’, en el cual propone una lista de diez capacidades para el funcionamiento humano: vida, salud corporal, integridad corporal, sentido, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación y control del propio entorno. Se destacan por su especial importancia como abarcadoras de una base social del bienestar de las personas.

Para el caso se toman en cuenta tres de estas capacidades: vida, condición de vivir con dignidad y en una extensión normal; salud corporal: tener una buena salud corporal, estar bien alimentado y tener derecho a un techo digno, y afiliación: poseer las bases sociales del respeto a sí mismo y de la no humillación; ser tratado como un ser digno cuyo valor es igual al de los demás, lo que implica una protección contra la discriminación.

Se toma en cuenta el planteamiento filosófico de Nussbaun sobre estas capacidades, porque se consideran la base de los principios políticos fundamentales en los que se centra la vida de las personas y su desarrollo. Con este enfoque se abordan los derechos de los comerciantes informales, con los cuales se realiza la investigación. Además se centran en la tradición constitucional de los Estados y, por consiguiente, se alcanza una interpretación pertinente de la temática enunciada.

Metodología

Se realiza una investigación cualitativa fundada en la postura de ^{Vasilachis (2007)}, que la define como un modo particular de acercamiento a la indagación, una forma de ver y de conceptualizar una cosmovisión unida a una particular perspectiva teórica para comunicar e interpretar la realidad (p. 27). Con este concepto se indaga, cuestiona y explica la relación entre las políticas en torno a los vendedores informales del centro histórico de Chiquinquirá y cómo expresan su visión frente al entorno.

Corresponde a un estudio de caso que se elige porque “es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado” (^{Martínez, 2006}, p. 167). En el contexto de la investigación, permite el acercamiento a los expendedores informales, para descubrir su experiencia humana acerca de la actividad que realizan, los retos que deben enfrentar, el conocimiento que poseen de las políticas públicas en torno a esta actividades y cómo usan y disfrutan el espacio público, por lo que se analizan aspectos en relación con la temporalidad y la espacialidad de los protagonistas de la historia.

Además, se conocen las condiciones de la calidad de vida en dicho entorno, para referir a los derechos al mínimo vital, a la calidad de vida, a la dignidad humana, a la protección social y al desarrollo de capacidades humanas. Igual, se busca el reconocimiento de las políticas públicas de protección a este grupo de la economía informal, por medio de las cuales el Estado expresa su apoyo a la corresponsabilidad de generar entornos que validen el ejercicio del derecho al trabajo; la intención es descubrir la presencia o ausencia del mismo en el contexto, así como si las personas vinculadas a las ventas callejeras reconocen con claridad dichas políticas y la efectividad de las acciones del Gobierno en sus entornos.

Para el estudio del caso se usa la narrativa, porque tiene que ver con el diálogo que se establece con las personas vinculadas a la indagación, para conocer las condiciones en las que desarrollan su labor. Estas acciones se sustentan en el criterio de ^{Puyana y Barreto (s.f.)}, que expresan su punto de vista sobre la narrativa como herramienta de investigación:

Las personas dan forma a sus vidas cotidianas por medio de relatos sobre quiénes son ellos y los otros conforme interpretan su realidad en función de esas historias, se introduce al mundo y por medio de la cual su experiencia del mundo es interpretada y se transforma en personalmente significativa. (p. 135)

La narrativa, en este caso, es importante porque permite a los participantes expresar sus historias de vida, las cuales ofrecen un marco de interpretación para comprender la realidad del tema de estudio; por esta razón, se toma como enfoque principal y se contextualiza por medio de la entrevista diseñada con la finalidad de lograr el acercamiento a lo concreto, específico, individual y grupal de la cotidianidad de las personas que ejercen las ventas informales en el centro histórico de Chiquinquirá.

La población estudiada estuvo conformada por las familias que se ubican en el centro histórico de la ciudad de Chiquinquirá para ejercer las ventas informales como comerciantes estacionarios o ambulantes; son grupos que poseen unas particularidades específicas en cuanto son víctimas del desempleo y necesitan de mejores oportunidades para subsistir. Se consideran protagonistas activos/ as de la economía informal en esta localidad, actores de una problemática social y política que de forma dramática, por lo general, tienen que vivir cuando se les vulneran sus derechos humanos. De esta generalidad se extrae la muestra conformada por cuatro participantes, dos mujeres y dos hombres. El criterio tenido en cuenta para su elección como sujetos de estudio es que hacen parte del grupo de vendedores informales del centro histórico de la ciudad. Además, lideran asociaciones que agrupan a este tipo de personas y, en consecuencia, tienen conocimiento objetivo y subjetivo de la realidad que representan.

Para la obtención de información se acude a la entrevista semiestructurada, con el propósito de indagar las particularidades de los sujetos que hacen parte de este grupo específico, mediante sus narraciones conocer hechos específicos de su labor y de esta manera reconstruir lo que las ventas informales representan como fenómeno social para quienes las ejercen, como lo que significan en sus historias de vida. La intención fue permitir que se expresaran, que contaran sus propias vivencias y leer dichos, hechos y acciones a la luz de las historias que narren, lo que otorga una perspectiva peculiar a esta investigación (^{Bolívar, 2002}). El entrevistado expone las vivencias personales y demás aspectos que proporcionan una lectura de esta realidad expresada por sus protagonistas. Mediante estas historias de vida se hace posible conocer percepciones, experiencias y hechos narrados por cada individuo, para establecer generalizaciones sobre lo que representa el hecho de ser comerciantes estacionarios y/o ambulantes en el marco del respeto y la garantía de sus derecho humanos.

El procedimiento práctico para interpretar la información que se recolecta mediante la aplicación del instrumento en mención es el análisis estructural, que “consiste en articular los episodios de una historia (la secuencia), con personajes (los actores), con el fin de revelar el sentido que el narrador atribuye a la propia historia (los argumentos)” (^{Pretto, 2011}, p. 183). Es decir, el análisis se deriva de la transcripción de los relatos de cada persona sobre sus particulares condiciones de vida en relación con las ventas informales en el espacio público y lo que estas representan para sí mismos y sus grupos familiares.

Análisis de resultados

El panorama socioeconómico de las personas que se vinculan a la investigación resulta de la combinación de factores a partir de los cuales se caracteriza al grupo de cuatro vendedores informales, dos mujeres y dos hombres, en un rango de edades entre 32 y 64 años. En cuanto al estado civil, los dos hombres afirman estar casados, una mujer vive en unión libre y la otra admite ser viuda; los niveles de escolaridad alcanzados están en la básica primaria en tres de los casos y solo una de ellas dice haber cursado el nivel secundario; su oficio de expendedores informales incluye la venta de comestibles y de prendas de vestir. En general, sus respectivos grupos familiares los conforman entre cinco y siete miembros, categorizados en el nivel uno, según la estratificación socioeconómica fijada por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben).

De acuerdo con la anterior descripción sociodemográfica del grupo de vendedores informales, se infiere que esta actividad es ejercida por personas cuyos niveles económicos y educativos son bajos; es posible que esta sea una de las razones por las que integran el grupo de personas que han tenido escasas oportunidades para acceder a otras formas de producción que les permitan bienestar y calidad de vida para sí mismos y sus grupos familiares.

La información obtenida es relevante para el reconocimiento de las situaciones particulares de quienes ejercen las ventas informales y sortean una serie de factores que tienen implicaciones diversas y contrarias a la garantía y protección de sus derechos. En el contexto cotidiano del desempeño de sus actividades, el concepto que ellas y ellos tienen de sí mismos y de su labor diaria se expresa mediante sus condiciones de vida, que evidencian las dificultades para acceder a otras formas que les permitan percibir ingresos para el sostenimiento del grupo familiar y, por ende, acercarse a mejores oportunidades para superar el deterioro de la situación socioeconómica propia de estas personas, que en la informalidad soportan el peso de la pobreza y su desfavorecimiento como sector poblacional cuyas condiciones de vida muestran una fuerte disminución de oportunidades de bienestar. En la voz de uno de los entrevistados esta situación se expresa así:

Soy vendedor ambulante porque las circunstancias de pobreza me han colocado aquí; me veo como una persona capaz de desempeñar este oficio que me permite lograr algo para sobrevivir, a pesar de las dificultades que tenemos que lidiar en la calle [...] Pero, al fin y al cabo, es la única forma que encuentro para conseguir lo que medianamente me permite llevar algo para el sustento de la familia. (Entrevista personal con un comerciante informal semiestacionario, 2021)

En estas palabras se aprecian unas circunstancias de vida difíciles, lo cual coincide con la tendencia asociada con las ventas informales, que ponen en entredicho lograr un estado de bienestar para quien ejerce este oficio. A esto se adicionan las dificultades generadas por el desconocimiento de las reglamentaciones que a nivel local existen sobre el desempeño de esta labor, tanto como de las normas que amparan su derecho al trabajo, que en algunos casos se ejerce sin un permiso formal y en otros casos se obtiene dicha autorización y se paga un impuesto; pero aun así se ven afectados por el desalojo constante ejercido por la fuerza policial en detrimento de sus intereses, necesidades y expectativas. Al respecto se expresa un entrevistado mediante su relato:

Poco y nada conozco de las normas, de lo único que estoy seguro es que tengo hacer algo para buscar la forma de conseguir el sustento, pero la Policía no deja trabajar, porque no conocen las necesidades por las que uno pasa para conseguir un medio para sobrevivir [...] Tengo mis hijos pequeños, no tengo ayuda de nadie y no puedo dejarlos aguantar hambre. (Entrevista personal con comerciante informal, 2021).

Como menciona la entrevistada, sin lugar a dudas su actividad la ejerce como una opción de vida; al escoger este camino se evidencian diversas circunstancias asociadas con el ámbito de la calle y con los riesgos que en ella se deben enfrentar, de manera particular, el trato restrictivo de que es objeto como vendedora informal, que desconoce que su oficio se ejerce para procurar medios de subsistencia en un entorno en el que el orden municipal no repara en estas distinciones y menos en la garantía del derecho de estas persona al mínimo vital.

Desde el punto de vista de los entrevistados, las causas por las que existen expendedores informales están asociadas con los bajos niveles de escolaridad, de capacitación y de apoyo tanto en el escenario familiar como en la comunidad en general. Además, a las escasas oportunidades para ingresar al mercado laboral, por falta de capacitación, para algunos, y para otros, porque no hay fuentes de empleo en la región. Recurrir a las ventas informales es una opción para aminorar el hambre y satisfacer a medias algunas necesidades de supervivencia, tal como se expresa en el siguiente testimonio: “Yo existo como vendedor informal y mis compañeros también, porque no encontramos otra forma de trabajo para subsistir; no pudimos estudiar, y menos, ingresar a un trabajo, porque aquí no hay donde lo empleen a uno” (Entrevista personal con expendedor informal, 2021).

La realidad induce a reflexionar desde la visión de los derechos humanos, para señalar que no hay garantías al derecho al trabajo, como condición fundamental para que la personas alcancen bienestar individual y familiar. Se deduce, por lo tanto, la ausencia de compromisos del Estado con el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos fundamentales de estas personas, que tienen que sobrevivir y sortear con sus grupos familiares situaciones de acentuadas dificultades, sin que se evidencie la actuación de las autoridades locales para aproximarse a un contexto complejo en materia de derechos, para reconocer a las personas que están en la informalidad. No se puede desconocer que son sujetos con derechos que deben ser garantizados y, de esta forma, superar la estigmatización de que son objeto.

De acuerdo con lo expresado por los entrevistados, ellos terminan dedicándose a esta labor, así no sean estas sus expectativas, lo que aumenta sus niveles de desesperanza, a la par de la imposibilidad de alcanzar un trabajo asalariado. Las ventas informales se convierten en la única alternativa para obtener ingresos. A lo que suma el problema asociado con la ausencia de una reglamentación para el desempeño de esta labor, así como de garantías legales para su ejercicio. Los entrevistados informan que los vendedores informales desconocen la existencia de estas normativas, a pesar de que algunos forman parte de la que a nivel local se denomina “Asociación de vendedores ambulantes y estacionarios de Chiquinquirá”, cuya labor no es visible; lo que sí es evidente son los impuestos que deben pagar de forma periódica quienes logran acceder a un permiso para desarrollar su actividad. La percepción que tiene el comerciante informal es que su reconocimiento como tal es para exigirle el pago de impuestos, según se evidencia en el siguiente testimonio: “No tenemos garantías, la Policía nos saca corriendo, aunque pagamos impuestos; solo para esto figuramos en el papel, pero no tenemos ninguna protección ni reconocimiento” (Entrevista personal con expendedor informal, 2021).

Cabe destacar que aun a sabiendas de las diversas dificultades que enfrentan los vendedores informales, no se congregan para gestionar ante las autoridades locales su reconocimiento, protección y garantía al derecho al trabajo. En la percepción de los entrevistados persiste la desunión, priman intereses individuales y faltan lazos para gestionar ante las entidades del Gobierno local un mejor trato, y así mejorar las condiciones para ejercer su labor con garantías al derecho al mínimo vital, como derecho fundamental, sin que los demás ciudadanos que transitan por el centro histórico de la localidad sufran limitaciones para ejercer también su derecho a disfrutar del espacio público. En esta dirección es imprescindible generar normas básicas de respeto y garantía para regular la actividad de los comerciantes informales, en armonía con sus derechos y los de las demás personas que transitan por este sector.

Con el soporte de la descripción antes realizada, se afirma que los trabajadores informales que se ubican en el centro histórico de Chiquinquirá son sujetos de derechos y obligaciones individuales y colectivas; por tal razón, se les debe garantizar el derecho al trabajo en condiciones justas, satisfactorias y equitativas, de tal forma que puedan acceder a un mínimo vital que les permita alcanzar la seguridad y el bienestar social. Como consecuencia, logran desarrollar sus capacidades, y cumplen, en tal sentido, la teoría propuesta por ^{Nussbaum (2002)} en relación con el ejercicio del derecho a la vida, como la capacidad para vivir una vida humana normal hasta el final de la existencia; esta situación se conecta con todo lo que implica la salud y la integridad corporal, el derecho a una adecuada alimentación, a un techo digno, a movilizarse con libertad en el espacio que le es propio de manera segura, y donde tenga oportunidades para encontrarle sentido a la vida, convivir con otros en armonía y poseer las bases sociales del respeto, la no humillación y ser tratado como un ser con dignidad, en un contexto de igualdad y justicia (^{Nussbaum, 2002}, p. 122).

Conclusión

Con el enfoque de los teóricos consultados para la argumentación de esta indagación, ^{Nussbaum y Sen (1996)}, Nussbaum (2002), ^{Hissong (2000)}, Mejía y Posada (207), ^{Hohfeld (1992)} y ^{Rosales (2018)}, entre otros que se mencionan como referente para el análisis y la interpretación de la situación de los vendedores informales del centro histórico de Chiquinquirá, se concluye que no son tratados y reconocidos como sujetos con derecho al trabajo, en un contexto que no les proporciona condiciones para vivir, desarrollar sus capacidades y proyectos de vida individual y familiar. Además, es evidente que estas personas no gozan de condiciones mínimas de igualdad, justicia social, equidad y oportunidades que les permita obtener un mínimo vital y experimentar el ejercicio de sus derechos humanos.

Gracias a las percepciones de los participantes, ellos y ellas reconocen que son poseedores de derechos, pero también tienen una visión clara acerca de las situaciones de discriminación y marginación que sufren por parte de las autoridades locales, que no fijan una reglamentación precisa sobre las ventas informales, por lo que consideran que los mantienen en el abandono, a pesar del impuesto que les corresponde pagar. En esta realidad desarrollan sus actividades cotidianas, sin optimizar su calidad de vida, por lo que se pueden considerar afectados por la injusticia social en la que viven.

El espacio público es el escenario donde se vulneran los derechos de las y los expendedores informales, donde la inoperancia de las instituciones locales encargadas del respeto y garantía de dichos derechos los expone a un entorno en el que por lo general son tratados de forma indigna. Por esta situación, no solo las personas de forma individual sino los grupos familiares tienen dificultades para acceder a una vida digna, ante las limitaciones existentes, para hacer parte de un entorno social justo, equitativo e incluyente. Por lo mismo, se concluye que en el marco de los derechos humanos no se visibilizan acciones que les permita ubicarse en un plano socioeconómico de mejores oportunidades, de respeto, garantía y ejercicio de su derecho al trabajo como realización de todos los demás derechos humanos.

Por estas deducciones se considera que al Gobierno local y a las entidades correspondientes les obliga establecer una reglamentación, organización y cumplimiento de acciones sobre el uso del espacio público, en los que las y los vendedores informales aseguren el reconocimiento para desarrollar sus labores, en coherencia con la garantía de sus derechos.