Introducción. Un territorio en riesgo y la búsqueda del desarrollo
El territorio se ha convertido en un concepto multipropósito dentro de las ciencias sociales y su uso permea otros campos disciplinares, gracias a que plasma la interacción entre la sociedad y el espacio a través de relaciones de poder, control y apropiación (Delgado Mahecha 2003). Los estudios del desarrollo no fueron indiferentes a esto y se dio inicio a una nueva fase del enfoque regional del desarrollo, remplazando la categoría región por la de territorio (Ramírez-Velázquez 2011). Este viraje conceptual busca responder a las nuevas realidades y relaciones socioespaciales (Delgado Mahecha 2003).
La región esta inicialmente asociada a unas características que buscan homogeneizar dicho espacio para diferenciarlo de otro. La región no surge de procesos conflictivos que le dan un verdadero valor político, como sí ocurre con el territorio, y de lo cual se cuestiona la operatividad como categoría para hablar de desarrollo. Los límites del espacio parecen mucho más claros en la región, pues en esta son necesariamente determinados por los atributos o características del espacio, es decir, son un tanto más normativos e impuestos, a diferencia del territorio, cuyos límites son más dinámicos, ya que cambian continuamente como resultado de las tensiones que implican los procesos de apropiación (Agnew 2018).
Al respecto, las características que distinguen una categoría espacial de otra se adhieren a las nociones de desarrollo aplicables a cada una. Torre y Wallet (2019), por ejemplo, enumeran algunas diferencias del desarrollo territorial con respecto a otros enfoques como el regional o local. Por un lado, no se puede reducir el desarrollo a las acciones de unos actores específicos, como los productores o las entidades del Estado. También, se deben tener en cuenta que los procesos que permiten el desarrollo parten de una base social. Y, en definitiva, situar la base material del territorio, es decir, la tierra, en la mira de los esfuerzos y acciones que regirán los proyectos de desarrollo (Torre y Wallet 2019).
En el enfoque territorial se rediseña el desarrollo como mecanismo de revaloración del territorio y de su heterogeneidad. Así las cosas, los espacios rurales aparecen como territorios, los cuales son imaginados como espacios homogéneos (Concheiro y Grajales 2009). En esa línea, la población rural y, en especial, el campesinado se convierten en un actor territorial organizado en unidades familiares, mayoritariamente agrícolas, que construyen redes a través de relaciones interpersonales (Durston 2002) y se apoyan en el nuevo y diversificado uso del territorio. Lamentablemente, los espacios rurales han sido discriminados como "territorios de segunda" en los procesos de desarrollo, subordinados a los grandes espacios urbanos.
A partir de lo anterior, esta investigación procuró poner en diálogo diferentes postulados del desarrollo territorial con los procesos territoriales identificados en el municipio de Jesús María, del departamento de Santander, en Colombia. Este municipio está clasificado en la sexta categoría1 según el Departamento Nacional Planeación -en adelante, DNP-. Su población, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -en adelante, DANE-, es de 3.571 habitantes censados en el 2005: 797 habitantes en la cabecera municipal (el 22 % del total de habitantes del municipio), correspondientes a 205 hogares, y 2.774 habitantes en las veredas (el 78 % del total de población del municipio), que conforman 741 familias. Para el 2017, el DANE proyectó que el total de habitantes será 3.080, lo que significa que es un municipio donde está disminuyendo la población.
Con respecto a la ubicación, Jesús María se encuentra en la cordillera Oriental, específicamente en una región montañosa en el sur del departamento de Santander conocida como la provincia de Vélez. La cabecera municipal está en un filo de montaña desde el cual se puede apreciar la mayor parte del municipio. Pese a su tamaño (72,47 km2), el municipio está dividido en doce veredas2 (Figura 1). Las diferencias de altitud, el terreno quebrado, las altas pendientes y las características físicas de cada vereda fijan un paisaje, la aptitud del suelo, la vocación económica y el tipo de actividades agropecuarias.
Datos: bases de datos espaciales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nota: las doce veredas del municipio se conectan a la cabecera municipal a través de una vía principal que llega desde el municipio de Puente Nacional, el cual une esta región con la vía de primer orden del departamento.
En términos históricos, el papel que desempeñó el municipio en la Colonia estuvo ligado a las dos actividades económicas más importantes de la región. En primer lugar, la producción de manufacturas en Vélez, especialmente de telas y paños; y, en segundo lugar, la extracción minera y comercialización de esmeraldas en municipios de Boyacá como Muzo, Otanche y Chiquinquirá. Esta es la razón por la que Jesús María se convirtió en sitio de paso entre estas poblaciones importantes económicamente.
Hacia finales del siglo XIX, Vélez quedó rezagado en la producción fabril y se convirtió en un municipio agrícola. En consecuencia, el comercio de la provincia con Boyacá y Bogotá se redujo considerablemente. Por último, durante la primera mitad del siglo XX Jesús María perdió más del 70 % de su antiguo territorio al fragmentarse en cinco municipios independientes. Lo anterior tuvo fuertes efectos en la distribución de la población y en el crecimiento demográfico, pero, paradójicamente, es un elemento que en la actualidad sustenta parte de la construcción de identidad de los jesusmarienses.
La región Andina de Colombia se ha caracterizado históricamente por tener la mayor concentración de población y se considera el área del país con los mejores indicadores económicos y sociales frente a las demás regiones, según el DANE y el DNP. Pese a esto, al detallar la escala de análisis, persiste la desigualdad entre los municipios y es mayor cuando se comparan las zonas rurales con las zonas urbanas. Jesús María tiene unas condiciones socioeconómicas intermedias entre los municipios del departamento, pero en su provincia, por su tamaño y ubicación, podría enfrentar mayores obstáculos para estar a la par de los municipios vecinos.
A mediados de 2017 se hizo la primera consulta popular3 en Santander, con la cual Jesús María fue el primer municipio del departamento en decir "No" a la minería4 con una mayoría del 97 %. La amenaza del extractivismo llegó a los oídos de la población gracias a la coordinación de algunos actores con un liderazgo local. Esta gestión se considera una estrategia colectiva del municipio en la definición de su propia ruta de desarrollo (Zaragocin-Carvajal, Moreano-Venegas, y Álvarez-Velasco 2018). Igualmente, la socialización de las licencias mineras5 en la zona se entendió como un llamado a la búsqueda o fortalecimiento de alternativas que puedan servir como salidas viables a la tradicional explotación de los recursos naturales y a los riesgos y el impacto ambiental que implica la extracción minera.
Jesús María (Figura 2), al igual que los demás municipios del país, busca el reconocimiento y mención que merece en los ámbitos político y académico. De esta forma, mientras se construya más información y conocimiento de nuestras comunidades, se podrá comprender la diversidad y explicar la desigualdad de los territorios para plantear políticas consonantes con estos, indistintamente de su escala o de su posición en la jerarquía económico-política. En todo caso, los resultados de este ejercicio están respaldados por la convicción de visibilizar a Jesús María y servir como antecedente para posteriores investigaciones que quieran reflexionar sobre el territorio y examinar la teoría al respecto.
Nota: la zona urbana del municipio no tiene como eje central la plaza o la iglesia, ya que era un pueblo de paso y su desarrollo fue al borde de la calle principal.
Por otro lado, los avances en materia de autonomía, delegación de competencias y asignación de recursos por parte del Estado colombiano hacia los municipios, establecidos en la Constitución Política de 1991, no han asegurado el cumplimiento de los intereses reales de los habitantes de estos territorios. En la actualidad, reducir la pobreza, cumplir con la cobertura de servicios públicos, eliminar las brechas de desigualdad (Modrego y Berdegué 2015), entre otros, son objetivos que se ven enfrentados a barreras no solo administrativas, fiscales y financieras resueltas parcialmente por la descentralización (Boisier 2005), sino también al desconocimiento de los componentes sociales y culturales del territorio (Avendaño Arias 2015).
En función de lo planteado, el documento responde: (1) ¿qué actores inciden en el desarrollo territorial del municipio y qué relaciones entre estos se están consolidando?; (2) ¿cuál es la experiencia y expectativa de la población frente al desarrollo y qué elementos de territorialidad se pueden resaltar?; (3) ¿cuáles atributos del territorio han fortalecido una idea de desarrollo territorial y cuáles han puesto una barrera?, y (4) ¿cuáles son los desafíos que asumen los actores territoriales en el municipio para vincular acertadamente el territorio al desarrollo?
Marco conceptual. Matices del desarrollo territorial: asociatividad e identidad como principios
Parte del éxito del territorio como noción para el entendimiento del comportamiento humano en un marco espacial se debe a la polifacética significación que se le ha dado como un elemento que traspasa los límites del precepto biológico, para convertirse en una necesidad social. Las formas en que se representa el territorio no dan cuenta de su alcance semántico, pues es el producto de un sistema de aprovechamiento del espacio para la satisfacción de las necesidades humanas (Raffestin y Butler 2012). Un espacio no es en sí mismo un territorio, sino cuando los seres humanos lo apropian, transforman, controlan y organizan por medio de lo que Raffestin y Butler (2012) denominan trabajo, lo que es igual a acciones que permiten atender necesidades.
El territorio adquiere una condición política, dado que el control del espacio y de las personas que lo habitan es el efecto de relaciones de poder (Storey 2018). De modo que, se genera un vínculo entre las necesidades humanas y el convencimiento de un objetivo de continuidad de uso y decisión sobre lo material, de lo cual también hacen parte las personas: "Control of territory requires control of those within it while controlling people requires control of the land in which they reside" (Storey 2018, 35). Autores como Raffestin y Butler (2012), Elden (2013) y Storey (2018) no profundizan sobre quiénes tienen el papel de controlar lo material, pero se puede deducir que hay diversidad de actores que lo cumplen, por ejemplo, el Estado y los campesinos.
Entonces, estos aspectos diferenciadores del territorio aducen su funcionalidad. Para Raffestin y Butler (2012) está claro que el territorio es moldeado por una estrategia que se compone de todas las prácticas espaciales que lo transforman. Elden (2013) agrega que dichas dinámicas son continuas, pero derivan también en procesos de regulación y gobernanza. La consideración del territorio desde esta perspectiva es puesta en tela de juicio por autores como Rodrigues Lopes (2015), quien afirma que asumir una postura instrumental y práctica lesiona la propiedad política de este constructo social, si se alimenta la idea de un desarrollo territorial en el que el territorio es despolitizado y se convierte en un sujeto-actor económico. Asimismo, dicha asociación termina por descargar al territorio de su naturaleza conflictiva y dialéctica.
El argumento de Rodrigues Lopes (2015) se fundamenta en que la práctica latinoamericana del desarrollo territorial, en especial de los espacios rurales, prepara al territorio para ser una categoría delimitada espacialmente por las imposiciones del modelo capitalista. Por lo tanto, el territorio carga consigo la obligación de ofrecer valor, medido por el desempeño económico (Rodrigues Lopes 2015). De ahí que el desarrollo territorial debe afirmar y revalorar las formas como se hace territorio; dicho de otra forma, debe promulgar una idea que diluya los condicionamientos del mercado, con el propósito de instaurar un territorio configurado por múltiples actores y en concordancia con las necesidades de quienes dependen de él.
Entonces, después de desagregar el concepto de territorio en el qué, tiene sentido preguntarse por el cómo. Pues bien, el espacio está a disposición de un universo de factores inamovibles de la condición humana, tales como la cultura y el contexto (Antonsich 2017). Lo anterior, sumado al evidente dinamismo de las aspiraciones humanas, da como resultado que las acciones y estrategias para ejercer control en un espacio varíen histórica y geográficamente (Antonsich 2017). Cada uno de los mecanismos de poder empleados de acuerdo a estas variables se denomina territorialidad (Storey 2018).
Este mecanismo faculta a muchos actores para poner fronteras al espacio que consideran su territorio, por lo general, correspondiente a un área geográfica determinada (Storey 2018). Sin embargo, no se pretende que los límites sean estáticos, porque el territorio, de nuevo en una visión utilitarista, sirve para fines específicos que cambian según las necesidades. Resulta interesante que, en efecto, el desarrollo territorial es una forma de territorialidad, la cual aparece como una alternativa de aprovechamiento del espacio. En conformidad, es lógico afirmar que cualquier enfoque o tipo de desarrollo es una forma de territorialidad.
Dos antecedentes sobresalen del desarrollo territorial como objeto de investigación. Por un lado, una parte importante de la literatura sobre el tema partió de los proyectos que adelanta la Unión Europea -en adelante, UE- para dar cumplimiento a las políticas territoriales. Dichos proyectos buscan un desarrollo espacial equilibrado y sostenible del territorio de la UE; la cohesión económica y social de las regiones europeas; el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del patrimonio cultural, y el aseguramiento de una competencia equilibrada entre los diferentes Estados miembro (Comisión Europea 1999).
Por su parte, en América Latina se abrieron debates muy interesantes, entre los que se destacan los de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -en adelante, Cepal-. En estos se discute la viabilidad de fomentar programas que atiendan las características particulares de los espacios rurales en la región, dado que su inserción, en el escenario global, plantea la exploración de elementos que puedan blindar los agronegocios, pero también la agricultura familiar. A pesar de su corte economicista, la Cepal (2017) también se inscribe en la comprensión del territorio como una condición social, la cual se manifiesta en las instituciones, la cultura y el capital social.
Los mecanismos/territorialidad (Storey 2018) planteados inicialmente en América Latina para la transformación territorial giraban en torno al fenómeno de la descentralización, lo cual ocupó un lugar central en la formulación de políticas en la región gracias a las transformaciones constitucionales en las décadas de los ochenta y noventa. No se debe negar el impacto positivo de la delegación de funciones a entes territoriales, pero parecieran haberse agotado los alcances de esta figura. A fin de cuentas, persistió la desigualdad territorial (Modrego y Berdegué 2015) y el desarrollo sigue en manos de la clase política local y sometido a sus buenas prácticas e instituciones.
La ruralidad aparece entonces como opción conceptual que facilita definir los límites del territorio al cual se hace referencia. Los actores territoriales son quienes delimitan por medio de la apropiación del espacio el tamaño del territorio. Hablar en términos de ruralidad ayuda a no caer en la sectorialidad6 (Alburquerque y Pérez 2013), la cual de forma tradicional homologa lo rural a lo agropecuario. Esta característica que sigue en consonancia con lo multidimensional admite que se amplíe el conocimiento sobre los campesinos más allá de la producción de alimentos y se visibilicen otras territorialidades como mecanismo de superación de las brechas de desigualdad.
En principio, lo rural aparece enmarcado en tres aproximaciones como categoría de análisis (Torre y Wallet 2016). La primera se fija en la histórica asignación de un uso extensivo de la tierra para actividades primarias, que se mezcla con asentamientos pequeños y dispersos en el territorio (Torre y Wallet 2016), en oposición a lo urbano. La segunda instituye lo rural en un marco de desprotección y abandono, consecuencia del valor económico que se le otorga en comparación con las ciudades. Y, por último, un marco más reciente que asume la ruralidad "as a social construction and places emphasis on the cultural dimension, that is to say the social, cultural and moral values associated with rural areas, and rural living in general" (Torre y Wallet 2016, 25).
Los territorios rurales también son producto de la evolución de procesos relacionales que llevan a otras formas de apropiación y control del territorio; de nuevo, a otras territorialidades. En este marco, la población de Jesús María ha propuesto intuitivamente dos principios que podrían conducir al municipio a una mejor situación. Estos alcanzan a manifestarse en todas las dimensiones del desarrollo territorial, por ende, funcionan como categorías de análisis. La búsqueda de formas de cohesión territorial a través de la asociatividad campesina y la reivindicación de miradas propias de su diario vivir por medio de la identidad territorial (Figura 3).
Nota: el territorio tiene atributos determinados por las territorialidades y las dimensiones se inscriben en las categorías. Esto quiere decir que existe un punto de encuentro entre la realidad territorial de Jesús María y los planteamientos teóricos y conceptuales del desarrollo.
Primero, hay asociatividad cuando la interacción entre individuos, grupos y colectividades logra procesos de cooperación, reciprocidad y confianza, los cuales se enmarcan en una estructura normativa y de comportamiento dada por el mercado, el Estado o la misma sociedad (Evans 1996; Kliksberg 1999). Por otro lado, la cultura juega un papel concluyente en la asociatividad, ya que la primera, representada por los valores individuales y colectivos, puede condicionar a la segunda, por ejemplo, con la solidaridad y el respeto. Además, la cultura es un elemento de identidad que ayuda a construir lo colectivo y estructuras sociales y territoriales cohesionadas (Kliksberg 1999).
La asociatividad se relaciona con la histórica organización social conocida como cooperativismo, por lo cual Zabala Salazar (2016, 43) señala que el éxito de estas iniciativas se ve en: (1) la capacidad del cooperativismo de incidir de manera directa en la formación de una alta calidad de vida entre los sujetos sociales hacia los cuales dirige su acción económica y social; (2) sus actividades económicas y sociales se encuentran determinadas por su localización, de modo que son un factor esencial para alcanzar el desarrollo local; y (3) su acción empresarial se dinamiza al ser el resultado de un proceso de encadenamientos de emprendimientos de su mismo tipo, adelantándose históricamente a propuestas contemporáneas relacionadas con la formación de redes empresariales.
No se puede ignorar que las variables económicas condicionan la toma de decisiones. En consecuencia, la asociatividad ofrece modos de contrarrestar las presiones exógenas, al empoderar a cualquier comunidad de herramientas para entender cómo y a quién comercializar su producción (Cortés Millán 2014). Sin embargo, la asociatividad sin una base identitaria puede flaquear ante dificultades internas de relacionamiento y construcción del territorio. Schejtman y Berdegué (2004, 29) explican que
[e]1 territorio como construcción social [...] supone concebir[10] no como un espacio físico "objetivamente existente", sino como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y privados (aunque dicha construcción implique muchas veces transitar por procesos de conflicto y negociación). Es dicha identidad la que permite dar sentido y contenido a un proyecto de desarrollo de un espacio determinado, a partir de la convergencia de intereses y voluntades.
De ahí que, la identidad territorial afiance dinámicas organizativas sociales y la territorialización de procesos de desarrollo. Schejtman y Berdegué (2004, 33), citan, "Ray (1998) introduce el concepto de 'economía de la cultura' [...] como un posible enfoque del desarrollo rural basado en la (re)valorización de un espacio dado, a partir de elementos de su identidad cultural". Estas iniciativas han sido claves para mejorar las condiciones de vida rural en varios municipios gracias a atributos concretos, conocidos como "marcas", generalmente extraídos de tradiciones, folclor, artesanías, paisajes, entre otros (Schejtman y Berdegué 2004). Sin embargo, la revalorización o simbolización de objetos del territorio va más allá de una marca territorial.
Según Lindón Villoria (2006, 383), quien cita a Di Méo, la visión subjetiva impregna de valores al espacio según las condiciones de existencia del individuo y, asimismo, afirma que "incluye las pertenencias espaciales, el sentirse originario o no de un lugar, el construir la identidad para sí a partir del lugar en el cual se reside, el interés por la memoria [...]". Algunos atributos del territorio ayudan a la reafirmación de relaciones entre este y las personas, al igual que son un elemento identificador las maneras como se hace. En consecuencia, la inexistencia o pérdida de identidad dificulta los procesos de desarrollo, razón por la cual esta tiene un doble papel: incentivo y alternativa (Avendaño Arias 2017).
Diseño metodológico. La lectura del territorio en un esquema flexible de investigación
El diseño metodológico de la presente investigación tuvo como referente el método cualitativo (Tabla 1), dado que reúne componentes como la comprensión del contexto, la escucha e interpretación de lo que expresan los actores participantes, y la posibilidad de un diseño flexible apoyado en la observación y el trabajo de campo (Cepal 2017; Schenkel y Pérez 2019). Munarriz (1992, 102) lo resume de la siguiente manera: "[l]a necesidad de comprender los problemas [...] desde la perspectiva del actor, a partir de la interrelación del investigador con los sujetos de estudio, para captar el significado de las acciones sociales [...]."
Este diseño se ejecutó entre febrero de 2017 y enero de 2019 en el municipio de Jesús María.7 Se comenzó con dos visitas de ocho días para el trabajo de campo: una preliminar exploratoria y otra de aplicación de instrumentos, contrastación y recolección de información. La visita preliminar fue útil para hacer un reconocimiento del territorio e identificar algunos actores que tienen capacidad de agencia en los asuntos del municipio, actividad que se realizó a través de la denominada "bola de nieve". Esta es una técnica de muestreo no probabilística utilizada para identificar a otros sujetos que pueden ofrecer información, lo que la hace apropiada para proyectos investigativos con poco tiempo para campo y sin muchos contactos previos para cumplir con los requisitos de una muestra significativa.
La observación participante fue fundamental para no ser intrusivo en la indagación (Munarriz 1992; Creswell 2014). Debido a la inexistencia de antecedentes sobre Jesús María, fue necesaria la interacción social más próxima con algunos habitantes que estuvieron de acuerdo con la observación de sus modos de vida en escenarios públicos y privados. Es clave resaltar que estas personas tenían mucho interés de hablar sobre el municipio, con lo cual se recogieron sus apreciaciones en notas de campo, de las cuales se obtuvieron los datos categorizados posteriormente.
En la segunda visita se aplicaron entrevistas se-miestructuradas a los actores identificados (docentes del colegio municipal, concejales, líderes del "No" en la consulta minera, exsecretario de Planeación, profesores del Servicio Nacional de Aprendizaje -en adelante, SENA- y un habitante del pueblo reconocido como la persona que más conoce la historia de Jesús María). Este tipo de entrevista permite desplegar una estrategia mixta arreglada con un grupo de preguntas que dan guía o cumplen una función de libreto. Las respuestas de los entrevistados son el insumo para que salgan nuevos interrogantes, dependiendo de la experticia del investigador. Incluso, la entrevista puede tornarse en un diálogo más fluido con el cual se puede recoger mayor información y descubrir elementos que no estaban contemplados con anterioridad.
Además, se hizo una encuesta a 71 personas seleccionadas aleatoriamente de todas las veredas -es decir, el 2,3 % de la población total-, distribuidas entre los 15 y los 80 años, y 32 del género masculino y 39 del género femenino. Mediante un cuestionario de seis preguntas abiertas, se infirieron aspectos descriptivos y explicativos de las condiciones y atributos del territorio como medio para alcanzar lo que los encuestados interpretan por desarrollo, así como conceptos relacionados como bienestar o calidad de vida. Con los dos instrumentos reseñados se obtuvo una imagen de cómo la población define y percibe el desarrollo y las categorías de la investigación, asociatividad campesina e identidad territorial, componentes de lo que se podría llamar capital social rural.
Una vez transcritas las entrevistas y sistematizadas las encuestas en tablas y gráficos, los datos fueron codificados y se les asignó un concepto8 a las ideas recogidas; luego se agruparon estos conceptos en las categorías que reflejaban los términos usados por los entrevistados al explicar las dificultades que atraviesa el municipio en cuanto a desarrollo. Es claro que no se desconocieron posibles ambivalencias en la definición de estos conceptos. En esa línea, la intuición como investigadores aseguró el discernimiento de perfiles de liderazgo y atributos del territorio por medio de la deducción de afirmaciones generales desde subafirmaciones (Schettini y Cortazzo 2015).
Fueron de utilidad los documentos oficiales: esquemas de ordenamiento territorial (Universidad Industrial de Santander s. f.) y planes municipales de desarrollo de los dos últimos periodos de gobierno local (Alcaldía de Jesús María 2012, 2016; Concejo Municipal de Jesús María 2016).9 En resumen, este análisis se basó considerablemente en el trabajo de campo, tiempo durante el cual se adelantaron procesos de observación participante, recolección de información por medio de notas de campo y registros audiovisuales (Bernard 2017), así como entrevistas semiestructuradas, encuestas y la interacción constante con los campesinos.
"El concepto caso es aplicable a un territorio sin una pretensión en principio de alcanzar conclusiones gene-ralizables" (Munarriz 1992, 104; énfasis del original). Así que, en este caso, el análisis del contenido se basó en la interpretación de los documentos derivados del trabajo en campo y de las fuentes secundarias (véase tabla 1). El análisis de los resultados llevó a una suerte de cotejo, en el cual la población encuestada y entrevistada coincidieron en que hay elementos o procesos territoriales de asociatividad e identidad acordes con una idea de desarrollo territorial propuesta en la literatura académica, en cuanto a la prevalencia y garantía de ciertos modos de vida y estructuras sociales de relacionamiento particulares de este tipo de espacios rurales.
Nota: los objetivos de la investigación se ajustaron a tres fases, descripción, análisis e interpretación. Sin la observación participante y la interacción con la población durante el trabajo de campo no hubiera sido posible reconocer los atributos del territorio y su paralelo con las categorías de análisis derivadas del desarrollo territorial.
El territorio y la coordinación de actores
Entre 2016 y 2017 Jesús María experimentó un proceso de organización colectiva en contra de un proyecto de minería con títulos otorgados por entidades del Gobierno colombiano. A mediados de 2017, el esfuerzo puesto en la difusión de información sobre las consecuencias de la minería en la región obtuvo los primeros resultados al ganar el "No" la consulta popular, lo cual se convirtió en una declaración para evitar la extracción de recursos del subsuelo. Este hecho fue de gran importancia, no solo por ser el primer municipio de Santander en recurrir a este tipo de participación popular, sino porque creó las condiciones para la aparición de actores de la sociedad civil que tienen capacidad de liderazgo y organización de la población.
La presencia de actores locales que reúnen los intereses de la mayoría es esencial para el desarrollo del territorio, pues no es viable pensar el territorio sin tener en cuenta las territorialidades (Storey 2018), y estas solo se entienden cuando se conocen los intereses y motivaciones de los actores territoriales (Haesbaert 2013). Para este autor, los procesos de precarización del territorio implican lo que para muchos es la desterritorialización y para él es la multiterritorialidad. En otras palabras, la aparición de conflictos entre actores se produce por la sobreposición de formas de apropiación y acceso al territorio (Antonsich 2017; Storey 2018). Así, la extracción de carbón en zonas que proveen al municipio de agua es una intervención al territorio que, para los actores locales, tendrá consecuencias negativas (Haesbaert 2013) en las dimensiones ambiental, social y cultural.
El geólogo encargado de una de las siete cooperativas que administra el suministro de agua al municipio, el arquitecto exsecretario de Planeación del municipio y el sacerdote de la parroquia municipal surgieron en esta coyuntura como actores que tendrían el papel de coordinar acciones en varias escalas: municipal, regional (provincia) y nacional. Estos actores territoriales tuvieron la iniciativa de gestionar un proyecto en contravía de la territorialidad que pretendían ejercer actores externos como las empresas mineras y esferas más altas del Gobierno. En una de las entrevistas, uno de los actores territoriales aseguró que el interés surgió al notar problemas como:
Primero, poca capacitación; segundo, no hay asociatividad y, si la hay, es una asociatividad de papel. "Ah, yo soy el que representa tal y tal", pero realmente no se ejerce. La gente piensa que es difícil decidir y ganarles la pelea a las empresas y al gobierno. Y ahí, también estamos un poco desamparados por parte del Gobierno, en incentivos y en ese tipo de cosas.10
Para conseguir que la consulta tuviera tanta favorabilidad y aceptación entre la población de Jesús María y municipios aledaños, estos actores resolvieron el asunto apelando a factores propios de la dimensión cultural del desarrollo territorial (Figura 4).
Nota: "Las peñas", como son conocidas estas formaciones montañosas de gran altura y altas pendientes, son lugares donde todavía queda una buena cobertura vegetal que mantiene vivos algunos nacimientos de agua. En esta peña hay carbón y los títulos mineros abrieron la posibilidad de explotación.
En la escala local fue fundamental referirse a la identidad territorial, a través de la simbolización del agua y sus fuentes como aparato de vida y alimentación; en la escala regional tuvo un papel sobresaliente la cohesión territorial (Buitelaar et ál. 2015), entendida como la unidad de los municipios en función de un bien común; y, en la escala nacional, una vez más resaltó la identidad territorial, pero vista como un lazo que rompe las nociones tradicionales de proximidad, ya que los jesusmarienses que ahora viven en otras regiones del país aportaron recursos monetarios necesarios para la campaña del "No" a la minería.
El desarrollo pensado desde el Gobierno nacional funciona a través de una territorialidad particular según su entendimiento del desarrollo. Los gobiernos de las últimas tres décadas colocaron en el frente del desarrollo las nociones extractivistas, motivados por la búsqueda de inversión extranjera en exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. Esta forma de apropiación del espacio que ejerce el Gobierno a nivel central entra en conflicto con la vivencia diaria de los actores locales, quienes ven amenazada su propia territorialidad (Avendaño Arias 2017). Lo anterior se vuelve un estímulo para que se formen gremios, asociaciones, cooperativas y colectivos. Este conjunto de actores sociales, apoyados verbalmente por actores oficiales del nivel local (concejales y alcalde), busca generar procesos de aprendizaje para fortalecer dinámicas que no han tenido tanta aceptación y éxito en el municipio.
Asimismo, en los territorios rurales es necesaria la interacción entre los distintos actores para que se den procesos localizados de desarrollo (Soto, Beduschi y Falconi 2007). Sin embargo, solo será posible si se dan arreglos institucionales basados en factores como la confianza. Según Soto, Beduschi y Falconi (2007, 22), "a través de la interacción en los espacios públicos de deliberación, los actores identifican oportunidades de cooperación que se materializan en proyectos territoriales que luego moldean las regiones". En esta medida, la consulta popular y la organización de dicho movimiento coyuntural se volvió una herramienta pública para que empezaran a estar en el foco del debate alternativas de desarrollo como la asociatividad campesina y la identidad territorial.
Las categorías mencionadas están vigentes en el discurso del desarrollo territorial (Saquet 2016) y están abiertas a la participación de cualquier persona del municipio. Dos actores de la escala regional entran en la coordinación multiescalar: en primer lugar, varias familias han comenzado a capacitarse con el SENA, especialmente en formas de asociatividad; en segundo lugar, la Gobernación de Santander tiene como proyecto de desarrollo convertir al departamento en un circuito turístico, aunque también es un asunto controversial, pues depende de la forma como se haga. Estas dos entidades del Estado ejercen territorialidad, pero fundadas en intereses diferentes y no en la misma escala.
Por último, es preciso destacar la revaloración del campesinado como un actor heterogéneo, dado que ejerce su territorialidad de muchas formas. Este actor, según Durston (2002), mantiene características tradicionales, por ejemplo, organizarse en unidades agrícolas familiares -al menos los campesinos propietarios de predios- y la explotación esencialmente de la tierra. El mismo autor suma otros dos elementos, la pertenencia a una comunidad local, en que las redes de relaciones interpersonales son esenciales no solo para las estrategias económicas de los hogares y sus miembros, sino también para otros ámbitos cruciales de la vida humana, como la amistad, la religión, el esparcimiento y el sentido de pertenencia. Y esto nos lleva al segundo factor esencial en esta definición ampliada de campesinado: los integrantes de una comunidad campesina comparten un sistema sociocultural propio, en [el] que las creencias y normas complementan las relaciones e instituciones sociales, y viceversa. (Durston 2002, 13)
Esta definición ayuda a comprender a los campesinos y campesinas en términos del capital social, cultural e institucional, insumos para el fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo territorial correspondientes.
En un municipio como Jesús María, el campesinado conserva una estructura predial que se define principalmente por predios de tamaño pequeño y mediano. Al mismo tiempo, las veredas son territorios con fronteras establecidas en el ejercicio de territorialidad de muchos campesinos. Sin embargo, dentro de estas unidades espaciales persiste la pertenencia a una comunidad con límites casi estrictamente ajustados a las fronteras ve-redales, concretamente para el desarrollo de las relaciones de amistad, esparcimiento y parentesco. Esta red de relaciones debe trascender a una relación de confianza que fortalezca finalmente la dimensión institucional.
Expectativas sobre el desarrollo
El DNP cataloga, según sus criterios y metodología, el desarrollo de Jesús María en un nivel intermedio (DANE 2017). Comparado con otros municipios de Colombia y la región, Jesús María presenta indicadores que confirman lo anterior. Por ejemplo, la pobreza multidimensional está cerca de los 40 puntos, por encima de muchos municipios de la provincia, pero por debajo de ciudades intermedias y grandes como Vélez, Barrancabermeja y Bucaramanga. Por otro lado, la población sostiene que, aunque las condiciones de vida en el municipio no son las más difíciles, todavía es necesario más promoción de programas o proyectos que generen dinámicas nuevas de desarrollo y que garanticen que el territorio surtirá las condiciones que resuelvan sus necesidades (Raffestin y Butler 2012).
En los últimos dos periodos del gobierno local, desde la alcaldía se realizó una serie de talleres que recogieron las inquietudes de los jesusmarienses y se registraron en los planes municipales de desarrollo. En ambos documentos se aprecia que las solicitudes de la población no apuntan a un solo sector, lo cual demuestra que los territorios rurales son cada vez más propensos a la diversificación de actividades económicas (Concheiro y Grajales 2009). Según el DANE (2017), las actividades económicas de Jesús María en orden de participación y generación de valor agregado están distribuidas de la siguiente manera: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 28,75 %; la construcción está en segundo lugar, con el 18,53 %; el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones participa con el 16,06 %; y las demás actividades, tales como comercio, finanzas y servicios sociales varían entre el 12,37 % y el 9,61 %, respectivamente.
En relación con lo anterior, la mayor preocupación de la población se centra en un fenómeno que afecta zonas rurales en gran parte de Colombia. El proceso de despoblamiento del municipio está marcado por la separación de las familias, las cuales mantienen las unidades agrícolas. Las familias campesinas cada vez están más fragmentadas por la migración de los jóvenes rurales a zonas urbanas, especialmente a las ciudades intermedias. Las posibilidades de empleo, para los campesinos entre los catorce y veintiséis años, disminuyen considerablemente en el campo. Lamentablemente la literatura en desarrollo territorial no ha avanzado mucho, en términos de prospectiva, sobre los cambios que puede producir la erosión de la familia campesina. Jaramillo Guerra (2018, 3) afirma lo siguiente,
Según el censo poblacional de 2005, los jóvenes rurales representan casi el 6 % de la población total y el 24,5 % de la población rural, con un índice de masculinidad (108) superior al de los jóvenes que habitan zonas urbanas (97,8). Este último dato insinúa que la migración de mujeres jóvenes rurales a la ciudad es superior a la de los hombres, porque es allí donde ellas tienen mayores oportunidades laborales y productivas que los hombres.
Los espacios rurales están viviendo formas de territorialización que pueden desagregarse según variables de género, clase, pertenencia étnica, discapacidad, entre muchas otras realidades (Ramírez-Velázquez 2011). Se puede decir que cada realidad mencionada crea territorios o aporta atributos diferentes al espacio, incluso novedosos. Los atributos pueden ser dados por la confianza que genera cierto género, en especial el femenino, o la simbolización que designa a las cosas cierta condición, por ejemplo, la edad.
Acerca de los jóvenes rurales, lo anterior conlleva a pensar que el desarrollo debe ser pluriterritorial, porque es ineludible ofrecer la alternativa -no la imposición- de poder quedarse o irse del territorio. De hecho, los jóvenes están huyendo del campo,
Yo hago visitas de proyectos de grado once y he encontrado que a medida que va pasando el tiempo, la gente como que poco quiere el campo, o sea los niños no quieren o los chicos no quieren ya quedarse en el campo, sino ir a estudiar en la ciudad, lógicamente es bueno porque es una cuestión en donde ellos van a comparar.11
Jaramillo Guerra (2018) concluye que las políticas de desarrollo territorial deben impulsar el desarrollo humano en cuanto a capacidades, con el propósito de restablecer el tejido social con apoyo de los jóvenes. Esto solo se logrará con educación de alta calidad localizada en los municipios. De este modo, los jóvenes rurales tendrán alternativas diferentes a opciones tradicionales como incorporarse a la fuerza pública o grupos ilegales.
De igual forma, la agricultura familiar se fortalece con el sostenimiento de la familia campesina. Jesús María se caracteriza por tener una estructura de tenencia de la tierra en la que predomina el minifundio o predios de pequeño y mediano tamaño (4,4 ha en promedio por predio)12. Este tipo de estructura espacial conviene en dos sentidos: evita la concentración de la tierra y ayuda a la estabilidad de la agricultura familiar (Schejtman y Berdegué 2004). El trabajo del campesinado crea territorio (Raffestin y Butler 2012), no solo gracias a su presencia, sino a que persisten en mantener una medida de la propiedad y un modo jurídico-legal de apropiación.
En resumen, hay una relación muy fuerte de causalidad entre tres atributos del territorio: tamaño del predio, estructura de la familia y la agricultura familiar. Estas características son el resultado de la territorialidad (Storey 2018) campesina y resiste a las presiones del mercado de la tierra. En concordancia con la simbolización de elementos del territorio, en la consulta minera el agua se denominó vida y alimento; en este caso, la familia rural se valora como sustento y tranquilidad, elementos que se añaden a la identidad territorial y al sentido de pertenencia.
El desarrollo territorial no se propone calificar a los territorios como más o menos desarrollados, sino como escenarios en los que cada territorio tiene valor propio por el hecho de que en él convergen procesos que permiten el desarrollo de personas autónomas, independientes, respaldadas, y que ven reflejados en sus modos y calidad de vida estos principios elementales. Los resultados de la encuesta evidencian que la población asimila el desarrollo a través de algunos atributos del territorio. Estos son componentes que garantizarían las cualidades y valores antes mencionados (Figura 5).
Datos: encuesta aplicada en octubre de 2017. Nota: la encuesta se trazó pensando en no condicionar las respuestas de los participantes. Por ende, se determinó que las preguntas no debían mencionar la palabra desarrollo directamente y los encuesta-dos tenían la opción de responder a su modo. Las respuestas fueron reorganizadas en las categorías presentadas en esta gráfica.
La codificación de los resultados de las encuestas da cuenta de diez componentes clave en la percepción que tiene la población del municipio sobre el desarrollo. Destacan la familia y las relaciones comunitarias como un medio para alcanzar otros componentes como lo son la paz, felicidad y tranquilidad, además de la cultura y la conservación del patrimonio. Sobre este último, los participantes no se refirieron exclusivamente al patrimonio material, sino como complemento para afianzar las relaciones de identidad con el territorio, los modos de vida y el patrimonio inmaterial. Por otro lado, urge la oferta de servicios, empleo y educación calificada con miras a diversificar las actividades económicas. También se evidencia que la infraestructura, elemento que tradicionalmente se exige a otros modelos y enfoques, ya no tiene un peso tan grande en comparación con otras ideas, percepciones y expectativas del desarrollo (Figura 6).
Fotografía de Pérez Santamaría, octubre de 2017. Nota: las expectativas de desarrollo de la población ya han sido satisfechas, especialmente en infraestructura. Ahora están a la espera de un desarrollo que va desde la generación de empleo hasta la continuidad de la familia campesina.
La encuesta muestra que los atributos a priorizar desde el desarrollo territorial deben satisfacer las necesidades de la población en cuanto a: familia y permanencia de los jóvenes rurales; tranquilidad, habitar el municipio y construir territorio desde la familia; así como estabilidad económica y necesidades básicas del ser humano, lo cual se refiere sustancialmente al trabajo. Entonces, se puede inferir que la familia rural debe posicionarse como un actor determinante en las dinámicas del desarrollo territorial. Además, contribuye a la dimensión cultural e institucional, pues la familia es una institución que puede llegar a consolidar redes de actores que se basen en hábitos de confianza y procesos de asociatividad (Caravaca y González 2009).
Barreras que limitan el efectivo desarrollo territorial
Si se considera el territorio como el resultado del trabajo, traducido en procesos de apropiación, control, poder y simbolización, es preciso tener en cuenta que las relaciones que generan dichos procesos no siempre están fundadas en buenas prácticas (Durston 2002). En Jesús María se evidencian específicamente dos barreras causadas por estos factores que se afilian a las categorías de análisis de esta investigación. Por una parte, se tiene que la asociatividad es una estrategia de coordinación de distintos actores basada en relaciones de confianza y con un interés común. Además, con el objetivo de adquirir capacidades a través del aprendizaje, la organización, la cooperación y la reciprocidad, y así cumplir con las expectativas de los miembros (Durston 2002).
Por otra parte, la identidad territorial surte el efecto de conexión entre el territorio y la cultura. Dicha identidad se puede asumir como un conjunto de elementos, ya sean materiales o no, los cuales identifican los actores territoriales de manera individual y colectiva, confiriéndoles sentido y valor. Estos rasgos del territorio contribuyen a la comunidad y dan sentido de pertenencia hacia el espacio habitado (Durston 2002; Peroni 2013). Cada estrategia y modo de trabajo de los actores territoriales debe afianzarse en la identidad de estos para que se dé una apropiación también de las territorialidades, en este caso, campesinas.
Para empezar, la mayoría de los actores entrevistados se refirieron a la asociatividad como el factor que puede cambiar el rumbo del municipio en cuanto a desarrollo y oportunidades. Sin embargo, también aseguraron que difícilmente se dan procesos de este tipo. La razón que se le atribuye, desde los diferentes actores, a la falta de asociatividad es la desconfianza. Al respecto, uno de los actores territoriales comentó lo siguiente:
Es que es muy difícil que una asociación acá funcione cuando en una asociación nombran es a una persona para que los represente, pero esa persona, primero, no tiene cómo moverse. Y acá se necesita es una asociación donde, de todas maneras, usted como integrante de la asociación tenga que aportar algo económicamente, para que esa persona que lo representa pueda salir, de pronto, a Bogotá a buscar un mercado para los productos o algo. La gente no confía en el trabajo de otros como representante.13
Para Durston (2002), es más fácil definir la falta de confianza, ya que esta se explica por repeticiones de sucesos de traición o incumplimiento de acuerdos, mayoritariamente verbales. En el mundo rural los acuerdos verbales son recurrentes y materializan relaciones de parentesco, amistad y comerciales. La repetición crea hábitos y las malas prácticas afectan a toda la comunidad. Por lo tanto, el campesino que ha dañado su confianza busca ser independiente y debilita la cohesión interna del territorio.
Lo anterior ofrece una mirada alternativa a la idea de que la falta de confianza en todas las regiones de Colombia es por causa del conflicto armado y la violencia.14 Tampoco se puede negar algún grado de incidencia, pero generalmente se le atribuyen al conflicto fenómenos como la migración campo-ciudad, y no se le da la importancia que merecen los factores económicos. Sucede lo mismo con la confianza, ya que posiblemente hay una referencia más grande de los impactos de la guerra que de los comportamientos e instituciones determinadas culturalmente, como el incumplimiento, la deslealtad, el olvido, el engaño o la traición.
Igualmente, la cohesión del territorio se ve perjudicada por la carencia de relaciones de confianza que permitan la creación de asociaciones. Estas tienen el potencial de proteger el orden territorial que practica la familia rural a través de sus actividades agrícolas, posesión de la tierra y estructura predial. Peroni cita a Subdere para exponer lo siguiente:
[...] los procesos de desarrollo territorial se materializan en general a partir de un proyecto de desarrollo, que puede surgir desde las visiones de los actores de un territorio o de la interfaz entre ésta y visiones externas. La interfaz refiere a los procesos de encuentro, negociación, conflicto y construcción de acuerdos entre los diversos actores que intervienen y que van influyendo en la evolución de posiciones, condiciones materiales y las identidades. (2013, 63)
Si se suma la disminución de mujeres en dichos acuerdos, como secuela de su migración más alta con relación a los hombres, se puede entrever que la confianza será algo más difícil de alcanzar. Con esto no se quiere entrar en un determinismo de género, pero con la observación participante se percibió un rol de las mujeres muy activo dentro de las asociaciones, como es el caso de la Asociación de Cultivadores de Guayaba de Jesús María. En esta, las mujeres fueron miembros fundadores y están encargadas de afianzar relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad, además del tradicional papel que tienen como cuidadoras del hogar, fuente de estabilidad de la familia rural.
En consecuencia, la agricultura familiar queda dispuesta a fuerzas que buscan la inserción de los municipios en las dinámicas globales del mercado, en lo que el Estado colombiano pretende ser más un intermediador entre lo local y los actores globales representados en mercados fuera de Colombia. El reto del Estado es lograr que la agricultura familiar en este tipo de municipios llegue a cumplir algunas exigencias del mercado global, explorando una articulación multiescalar. Una estrategia fue dar incentivos al campesinado para la creación de asociaciones, los cuales se ofrecen como recursos que buscan la inclusión de actores vulnerables como las madres cabeza de familia, jóvenes rurales, desplazados, reinsertados y víctimas del conflicto.
Ahora bien, las asociaciones que surgen bajo esta figura corren el riesgo de disolverse cuando el Estado cambie su posición frente a los procesos de desarrollo territorial, o sea, cuando cambie su visión del territorio. La continuidad de los procesos determina su efectividad (Figura 7). Si no se promueve la asociación con base en relaciones de confianza (Vásquez Barquero 2007; Alburquerque y Pérez 2013), más que en vínculos motivados por intereses personales, puede repetirse el incumplimiento de acuerdos verbales y legales, lo cual conllevaría a una nueva pérdida de confianza.
Fotografía de Pérez Santamaría, octubre de 2017. Nota: el SENA fomenta la asociatividad por medio de capacitaciones y enseñanza de cooperación en sistemas de riego, reciprocidad, equidad en la distribución del valor agregado y de cómo estar más conectados con las demandas del mercado nacional y global.
Una segunda opción aparece con el modelo económico global, el cual procura relaciones entre los pequeños campesinos y los mercados internacionales. Para conseguir esto, las unidades agrícolas familiares, las cuales responden en Jesús María a las decisiones individuales de las familias rurales, transforman su modelo productivo y abandonan cultivos tradicionales. Un ejemplo claro fue el paso de algunas familias del municipio al cultivo de frutales como la pitaya; este proceso fue promovido por la Unión Europea, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Colombia en el 2012.
Inicialmente, el kilo de pitaya costaba más de $10.000 en el mercado europeo, pero en la actualidad el costo de esta fruta no supera los $3.000 por kilo. Este escenario de incentivos dados por el mercado, que se convierten con el tiempo en riesgos generados por la volatilidad de los precios, es contraproducente para la estabilidad en los ingresos de las familias rurales, sobre todo cuando las decisiones no han sido cuestionadas en grupos de aprendizaje y cooperación como las asociaciones. Cabe mencionar, que las asociaciones que se comienzan a gestar desde los actores territoriales buscan reducir la dependencia y vulnerabilidad a las cadenas de valor del mercado internacional. Un actor territorial comentó:
Los monocultivos han traído un problema al pueblo y es la pérdida de algunas cosas que se tenían aseguradas antiguamente. Por ejemplo, dependemos de las semillas, pesticidas, fertilizantes y todo lo que se necesita para la producción de los países ricos como Estados Unidos. Entonces, lo que hemos propuesto es el intercambio de semillas para que al menos podamos cultivar nuestros productos. Estamos comenzando a intercambiarlas entre campesinos del municipio y con gente de otros departamentos, como el Tolima.15
Esto refleja, una vez más, el grado de apropiación que proponen los campesinos para asegurarse su territorio y suplir las necesidades propias de su territorialidad. El desarrollo territorial también reconoce atributos físicos que determinan el estado de la dimensión ambiental. El efecto de las dinámicas expuestas ha tenido repercusiones en la adaptación de las unidades agrícolas a particularidades ecológicas de los nuevos cultivos. Históricamente, en el municipio se dan algunos cultivos permanentes como el café, el plátano, la arracacha y la caña panelera y cultivos transitorios como la ahuyama, el tomate y el maíz.
Sin embargo, el cambio a otros productos como el aguacate, el lulo y la pitaya implica tres reflexiones. (1) Los cultivos casi constituyen pequeños ecosistemas con características propias, por ejemplo, las plagas en los monocultivos; el aumento en el uso de fertilizantes y plaguicidas está modificando los atributos físicos del territorio. (2) Si se mantienen las transformaciones en el tiempo, habrá pérdida de conocimiento tradicional, lo cual disminuiría las formas de relacionarse con el territorio; la continuidad de formas tradicionales beneficia a las familias rurales al asegurar la alimentación básica. Y, finalmente, (3) todo esto desemboca en el desconocimiento de los atributos lógicos y propios de cada territorio, que, junto con la copia de procesos de otros modelos de apropiación y usos del territorio, merecen ser tenidos en cuenta como problemáticos.
La reproducción de modelos no solamente se piensa para los sistemas agropecuarios. El institucionalismo ha planteado que las instituciones también son copiadas en territorios que no tienen en cuenta las características del territorio inicial en el que surgen (Chang 2006). Por mucho tiempo los municipios de la provincia de Vélez tuvieron trayectorias históricas relacionadas pero no idénticas. Sin embargo, actores departamentales, como la Gobernación de Santander, lideran procesos que fomentan la cohesión territorial (Buitelaar et ál. 2015) con el turismo como eje central. Aquí se pretende que Santander sea un circuito turístico, razón por la cual varios municipios intentar asemejarse a los casos de éxito; por ejemplo, se puede hablar de Vélez y el bocadillo veleño como marca territorial. Entonces, la limitación radica en creer que la denominación de un producto como marca de un territorio es la única alternativa de desarrollo en correspondencia con la identidad territorial.
La agricultura familiar no ha sido considerada un elemento identitario (Soto Uribe 2006; Avendaño Arias 2016) en Jesús María, a pesar de que sostiene las familias rurales cada vez más erosionadas y es base para la estabilidad del campesinado como un actor que determina objetivos del desarrollo territorial. Otros componentes y atributos del territorio se dejan de lado: el agua, los paisajes, la alimentación tradicional, la estructura familiar y demográfica, la organización de los predios, la diversificación de los cultivos, así como las costumbres y tradiciones. Los habitantes de Jesús María no buscan identidad en productos como el café; tienen una producción significativa de este y ha estado históricamente presente en la agricultura familiar del municipio. La población asimiló hace varios años que la identidad del café fue otorgada casi en concesión al Eje Cafetero de Colombia.
Por esta razón, la identidad no puede ser entendida como productos que se asemejan a marcas territoriales. Debe resultar de los valores y sentido que la población da a los rasgos y atributos del territorio, gracias a la simbolización. Lo rural debe ser la escala de medición de los procesos identitarios, debido a la forma en que ejerce territorialidad cada persona rural, sean jóvenes, mujeres, obreros, comerciantes, indígenas, empresarios, funcionarios públicos y demás.
Conclusiones. El desarrollo como territorialidad y los escenarios para los espacios rurales
En el XII Foro Internacional de Desarrollo Territorial, la exministra y congresista colombiana Cecilia López (2018) expuso la importancia de reconsiderar el territorio como una categoría política. Pese a lo oportuno de su recomendación, no se puede olvidar que el territorio, al ser una categoría espacial de análisis y un concepto abordado desde diversas disciplinas, se puede aplicar a contextos heterogéneos. Así las cosas, el territorio es per se una categoría política, pero también económica, social, cultural, ambiental e institucional. El cubrimiento de estas cinco dimensiones es fundamental para la efectiva introducción del territorio en las dinámicas del desarrollo.
El municipio de Jesús María es un ejemplo de cómo el enfoque territorial del desarrollo permite comprender y explicar que el territorio tiene atributos que difícilmente pueden ser identificados si no se recoge la percepción y apreciación de la población que lo habita. Esta mirada que pone en el centro del desarrollo a la población y lo multiescalar demuestra que el empoderamiento de los habitantes del municipio es necesario para el efectivo ejercicio de apropiación del espacio. Para esto, la territorialidad se debe fortalecer en las dimensiones que se ocupan de los intereses de la población y los actores del territorio, las cuales son, en el caso de los jesusmarienses, la asociatividad campesina y la identidad territorial. Sin embargo, cada categoría se debe anudar a los atributos del territorio.
Jesús María tiene los atributos necesarios que fortalecen procesos de desarrollo. Sin embargo, factores y procesos exógenos permean los intereses de la población. Hay una evidente tensión que se expresa en la incursión acelerada en procesos productivos de corto plazo con expectativas de largo plazo y alta incertidumbre. El cambio de los cultivos tradicionales, aunado con la dificultad de concebir asociación basada en relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad, afecta otras dimensiones del desarrollo territorial, concretamente la ambiental. Aparecen estrategias como la organización de la sociedad civil a través de la consulta popular y el montaje de redes de cooperación para el intercambio de semillas. Dichas redes tienen agencia en la cohesión territorial, tanto interna, apoyada por las unidades agrícolas familiares, como externa, por medio del aprendizaje consciente de los modelos territoriales de otros municipios.
En esta línea, la ruralidad es una expresión del territorio que ahora se vuelve una estrategia conceptual y práctica para nuevos escenarios de desarrollo. El desarrollo territorial como teoría intenta disolver la dicotomía entre lo rural y lo urbano por medio de la visibilización de nuevas interacciones, relaciones e intercambios. Los campesinos, tradicionalmente asociados a actividades agropecuarias, son ahora sujetos polifacéticos que asimilan elementos y objetos característicos de lo urbano, pero con una conducta determinada por la estructura territorial rural. En consecuencia, instituciones como la familia surgen a manera de instrumento para generar y consolidar procesos de confianza y simbolización, individual y colectiva. En esta medida, las mujeres tienen un papel primordial por su rol en la continuidad de las relaciones de confianza y el cuidado de la familia rural.
La familia rural se mantendrá por medio de un territorio capaz de evolucionar para dar más alternativas a los jóvenes rurales. Se debe tener en cuenta que la estructura familiar está cambiando rápidamente. La identidad en los espacios rurales se puede alimentar de la conservación de ciertas formas de relacionamiento familiar que servirán como instrumento de defensa del territorio, es decir, de la propiedad y estructura de la tierra, así como de las prácticas de producción agrícola más favorables para el medio ambiente. Entonces, será necesario comprender mejor las nuevas construcciones sociales que se estén dando en el campo colombiano en cuanto a la estructura familiar.
Jesús María, de igual forma que cientos de municipios con características similares, se enfrenta a los siguientes desafíos: (1) reducción de brechas territoriales, frente a otros municipios de la región e internamente en su organización veredal; (2) la diversificación acertada de sus actividades productivas, apreciadas según las opciones que ofrezca a los jóvenes rurales; (3) el empoderamiento de las organizaciones civiles, pues estas deben tener la capacidad de intermediar entre el Estado y la comunidad; y (4) el aseguramiento de la familia rural como institución que protege los territorios rurales. En esta causa tienen cabida todos los actores territoriales, externos y locales, públicos y privados, especialmente la sociedad civil, en procura de un cambio positivo en los imaginarios que existen sobre el campo y los campesinos.
Con todo, queda pendiente una discusión más prospectiva que tenga en cuenta las transformaciones factibles en el futuro de Jesús María y del campo colombiano. Quizá, un fracaso del actual sistema económico obligue a pensar alternativas que no estén enmarcadas en el discurso del desarrollo. Es posible que decisiones políticas y el despoblamiento del campo rompan por completo la estructura y tenencia de la tierra. Y, no hay una idea clara de cuáles serán los efectos de la influencia de la ciudad en la cultural rural. La familia rural podría mutar en estilos no convencionales con conductas que hagan de los territorios rurales construcciones de confianza, inclusión, empoderamiento y organización de jóvenes que retornen al campo, así como existe la posibilidad de todo lo contrario.
Esta investigación es una lectura de un territorio y reconoció la necesidad de exponer los hallazgos que, en materia de desarrollo territorial, valdrían como insumo para los tomadores de decisiones de Jesús María. Sustancialmente en temas relacionados con la forma en que estos actores conciben el territorio y a partir de su trabajo lo adecúan a sus necesidades (Raffestin y Butler 2012). Por ejemplo, mantener prácticas productivas y el modelo minifundista de propiedad de la tierra; la protección de sus conocimientos tradicionales y de sus formas culturales; y la continuidad de sus núcleos familiares sin una fragmentación obligada. Entonces, el cambio comienza por la comprensión de la condición rural como dimensión territorial, para formar nociones adecuadas de los modos de vida campesinos, su territorialidad y el desarrollo que esperan.