Sostenibilidad y ciudades costeras: la Política Nacional de Desarrollo Urbano y los ODS

El vasto espacio septentrional emplazado desde la frontera chilena con Perú y Bolivia reconoce dos regiones denominadas Norte Grande y Norte Chico, estas acogen una serie de poblados localizados en la costa del Océano Pacífico, cuya dedicación a la pesca y exportación mineral inicial fue mutando hacia un conjunto de enclaves turísticos, junto al reconocimiento de importantes áreas silvestres protegidas. Las centros urbanos mayores se han adaptado a la situación morfológica del litoral, proyectándose en sentido latitudinal y siguiendo la forma de las bahías formadas por la abrasión marina. Tanto Arica como la conurbación Coquimbo-La Serena, entre otros, siguen un patrón de ocupación similar de adaptación a los límites que las geoformas les imponen (véase figura 2). Estas características, entre otras, tensionan la racionalidad gubernamental de las costas, la que parece no tener más alternativa que avanzar hacia prácticas de sostenibilidad, tanto en la producción residencial y expansión urbana, como en el cumplimiento de las metas establecidas en las políticas nacionales adscritas a nivel global por Chile.

La raíz del problema es cómo estas condiciones dialogan frente a marcos de sostenibilidad multidimensionales que, en términos generales, promuevan estrategias de desarrollo sostenible armónicas entre los sistemas naturales, la equidad social, la solidaridad intergeneracional e intrageneracional (^{Winchester 2006}; ^{Zarta 2018}).

Profundizando las acepciones iniciales, ^{Hidalgo et ál. (2018)} diferencian el concepto de lo sostenible y lo sustentable con el fin de analizar con mayor espectro el resultado espacial de los procesos derivados de ambos términos. Lo sostenible se define como un sistema dinámico y relacional, mientras que lo sustentable se define como un conjunto inorgánico de productos limitados en sus alcances y centrados en los modos de producción capitalista contemporáneos. Es decir, la visión de lo sostenible articula las dimensiones en fricción dentro del proceso productivo, el uso metabólico de la naturaleza y la búsqueda de justicia social. Por otro lado, lo sustentable representa a las acciones particulares y limitadas vinculadas a las condiciones económicas del capital en sus fases contemporáneas (^{Hidalgo, Alvarado, y Jiménez 2018}).

El problema de la sostenibilidad es su expresión subsidiaria que se manifiesta en los resultados espaciales de la expansión urbano-residencial, la transformación de la condición de sitio de los territorios y en la ciudadanía que reside con mayor densidad en las ciudades. La producción subsidiaria precisa de la intervención de los agentes privados para movilizar a las matrices productivas y promover la integración social por medio de infraestructura pública y la participación ciudadana (^{Hidalgo 2005}; ^{Ramírez y Sánchez 2009}; ^{Filgueira 2015}). En este sentido, las desigualdades sociales, las deficiencias en la provisión de servicios y la falta de equipamientos como transporte, áreas de esparcimiento y de seguridad, entre otros, se representan en la fragmentación y segregación del espacio urbano de las ciudades en crecimiento, siendo este el caso de las unidades aquí estudiadas (^{Arenas e Hidalgo 2014}). Entonces, la sostenibilidad subsidiaria está en el rol de la producción de ciudad, pero no en la gestión ambiental.

Para el estudio de las ciudades costeras se analizan dos cuerpos indicativos de escala diferente en sus alcances y propósitos. Se han construido tres dimensiones agrupadoras de sus principales características, funciones y proyecciones espaciales que, en materia de producción de vivienda y entorno, permitirían definir las pretensiones de la sostenibilidad urbana. Los niveles escalares corresponden a la Política Nacional de Desarrollo Urbano (^{Minvu 2014}) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en esencia, los dedicados a "Ciudades y comunidades sostenibles".

El caso del primero de estos documentos refleja el interés del Estado chileno por proveer a la gestión urbana de un marco de acción e intención focalizado en la corrección de acciones negativas, incluso negligentes, en la producción de hábitat residencial en las grandes ciudades del país.

Por otro lado, los ODS siguen la tendencia instalada por la Comisión Brundtland en 1987 superando las tres grandes tendencias discursivas sobre las transformaciones ambientales y político-sociales del hábitat humano desde 1970 en adelante: efecto invernadero, calentamiento global y, ahora, cambio climático. En el marco de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas adoptada en 2015 por los Estados miembros, se hace un llamado general a proteger el planeta, reducir la pobreza y la desigualdad, y que todas las personas gocen de paz y prosperidad (^{ONU 2020}). El compromiso de los Estados se traduce en cumplir las metas de los diecisiete objetivos, los cuales deben entenderse en su integralidad e integrarse, en la medida de cada Estado, a partir de cambios institucionales.

El ODS 11 de "Ciudades y comunidades sostenibles", tiene una serie de metas asociadas a construir ciudades ambiciosas en la protección del medioambiente y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. De cierta forma, el propósito tras la cohesión de estas situaciones bajo categorías holísticas busca situar a la sostenibilidad de manera transversal en las ocupaciones gubernamentales. Del total de metas contempladas en el ODS 11, se revisa únicamente una selección de estas, cuya formulación manifiesta vinculaciones objetuales a las políticas locales (Ministerio de Desarrollo Social 2017) (Tabla 2).

Las dimensiones uno y dos permiten explicar los aciertos y fracasos de la estrategia de propietarización basada en subsidios habitacionales chilenos, sustentada desde 1978 a la actualidad. Si bien se omitió cualquier idea de sostenibilidad durante tres décadas, las políticas de aportes fiscales a la vivienda retomaron elementos de localización para garantizar mejores aptitudes topológicas tendientes, al menos en el papel, a edificar una idea de justicia espacial. Este principio de localización había tenido sus primeras manifestaciones en el Plan Habitacional de 1959, guiado por las corporaciones de la vivienda y de mejoramiento urbano (^{Hidalgo 2005}; ^{Alvarado 2019}).

En las ciudades marinas se describen características más complejas para el cumplimiento de estas dimensiones, pues la proyección morfológica ascendente hacia las laderas que encierran las bahías y la limitación al crecimiento residencial exclusivo solo a las inmobiliarias y la explotación de atractivos turísticos en los bordes costeros (^{Hidalgo et ál. 2016}; ^{Vidal-Kopmman 2016}), inciden en el traslado de los proyectos de conjunto habitacional subsidiado hacia los extremos interiores o alejados del centro urbano, tanto de Arica como en Coquimbo-La Serena. Mientras que la primera ha tenido una expansión hacia el este, el norte y suroriente de la ciudad; la segunda, ha experimentado un proceso de metropolización que crece hacia el interior.

Entonces, el déficit cualitativo y cuantitativo puede emprender sendas correctivas a partir de políticas subsidiarias de integración social y territorial como las señaladas anteriormente. No obstante, si no se consideran las excepcionalidades en la ocupación de los litorales, quedan fuera de las cualidades sostenibles que señala el ODS 11. No por estar en situación morfológica costera las ciudades tienen que ser intrínsecamente sostenibles, en tanto proximidad de acceso a servicios que constatarían una equidad social y de armonía con el medioambiente. Los riesgos, por otro lado, también pueden ser patentes en este tipo de ciudades.

Por su parte, la dimensión tres se manifiesta de manera constante en la formación de nuevos conjuntos de unidades residenciales en las ciudades chilenas. La expansión de Valdivia hacia sus extremos (^{Hidalgo et ál. 2018}), la conurbación inmobiliaria entre Rancagua y Machalí (^{Toro y Orozco 2018}), y la generación de un cinturón peri-suburbano al norte y sur del Gran Santiago (^{Alvarado 2019}), entre otros procesos de expansión urbana, señalan el impacto de la participación público-privada en la producción de infraestructura y transformación del paisaje en favor no necesariamente de espacios sostenibles, sino de alternativas de localización residencial que resistan los precios y costos asociados al fortalecimiento de la industria inmobiliaria como motor de las economías financieras y subsidiarias.²

Una mirada regional a la sostenibilidad subsidiaria de la vivienda

Inicialmente, debe establecerse que la mirada regional se trata de las formas en que las políticas chilenas, construidas desde los centros políticos y legislativos de Santiago y Valparaíso, respectivamente, se ejecuta sin considerar las condiciones de sitio en el resto de las regiones del país. La trayectoria histórica de los instrumentos directores lo evidencia desde sus inicios.

La primera PNDU de 1979 estableció los lineamientos y orientaciones para la planificación urbana de las ciudades chilenas de distinta escala. Establecidas bajo un régimen cívico-militar y con definiciones ideológicas de raigambre neoliberal ortodoxas, sitúan al sector privado de la producción como el llamado a cubrir los servicios en general, mientras que el Estado debía solventar a la población más vulnerable mediante subsidios. Estas bases fueron perfeccionándose a partir de la diversificación en los tipos de subsidio y cobertura según el nivel socioeconómico, hasta llegar a la actual PNDU en 2014.

La PNDU establece los primeros lineamientos de un desarrollo urbano bajo los principios de la sostenibilidad enfatizando su definición más operacional en las definiciones de integración social y territorial como principio rector para un nuevo modelo de ciudad justa (^{Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 2015}). Bajo este contexto, se crearon nuevos subsidios enfocados a estas dimensiones, como es el caso del Decreto Supremo 19 de 2016, que considera a familias de sectores medios y vulnerables cohabitando en régimen de propiedad de conjuntos habitacionales de integración.

A este primer objetivo de integración social y territorial se suma la construcción de un desarrollo económico vehiculizado desde la inversión privada en infraestructura, esencial en el cumplimiento de los objetivos de la PNDU para materializar la integración. Sin embargo, dicha provisión se ha visto inestable en el transcurso de los años, lo que se refleja en la precariedad vigente en los servicios sanitarios domiciliarios. La Figura 3 evidencia la persistencia de formas para la provisión de agua potable que no se condicen con mejoras sustantivas en las regiones del norte chileno.

Datos: ^{Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2000}, 2006, 2017a).

Figura 3 Porcentaje de población que utiliza pozo para la provisión de agua en la vivienda. 

Si bien esta provisión de infraestructura hídrica hacia las viviendas ha sido constante en el tiempo, como se aprecia en la Figura 3, el acceso al agua por medio de pozos sigue siendo una práctica habitual para las familias residentes del Norte Grande y Chico de Chile. La comuna de Camarones, en la Región de Arica y Parinacota tiene un aumento considerable de estos tipos en la provisión de agua hacia las viviendas, pasando de un 0,2 % en 2000 a un 7,1 % en 2017. Lo mismo ocurre con la comuna de Freirina, que pasa de un 1,5 % en 2000 a un 5,0 % en 2017 (Tabla 3).

Si bien estas cifras pueden resultar optimistas, lo cierto es que el aumento de prácticas como las señaladas anteriormente deben contextualizarse en situaciones climáticas y legales particulares de Chile. En primer lugar, el norte del país presenta características climatológicas intrínsecamente complejas, determinadas por su emplazamiento en uno de los desiertos más áridos del mundo; al mismo tiempo que se ha sostenido una sequía importante en las últimas décadas (^{Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 2015}). La gestión del agua ha comenzado a ser un tema primordial para las ciudades de gran parte de Chile bajo el actual contexto de sequía que sigue profundizando.

Con respecto al tema legal, el Código de Aguas sancionado por el Decreto con Fuerza de Ley n.° 1.122 de 1981 bajo las orientaciones ideológicas del régimen, se dio paso y facilidad para que el sector privado tuviera pleno aprovechamiento de estas. El artículo quinto de este cuerpo normativo señala que "las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas" (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1981, 2). En el siguiente artículo, el sexto, se le define como derecho real pues

recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este código. El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1981, 2)

Esta situación jurídica faculta al sector privado, productivo o no, a establecer los aprovechamientos de agua y, con ello, utilizar cauces y torcerlos en la actividad que sea necesaria. Esta situación se ha hecho crítica en las regiones del norte chileno, como se puede constatar en la Figura 4, donde los municipios litorales han comenzado a presentar problemas para el caso de la eliminación de aguas servidas.

Datos: ^{Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2000}, 2006, 2017a).

Figura 4 Porcentaje de personas que no disponen de un sistema de eliminación de aguas servidas. 

Entre 2000 y 2017 comunas como Camarones, por ejemplo, mantienen un porcentaje de familias sin sistema de eliminación de aguas servidas, seguida de Freirina, Huara, Tocopilla, Taltal y Los Vilos. Debido a la falta de provisión de sistemas de infraestructura para la evacuación de estas aguas, es que la utilización de camiones aljibes ha resultado esencial para solventar las necesidades humanas básicas. La información que devela la Casen de 2017 establece precisamente que en comunas como Huara un 15,5 % de la población precisa de la asistencia periódica de este servicio, seguido de Canela con un 19,9 % y Los Vilos con un 12,5 %. La seguridad hídrica se afecta gravemente, lo que se refleja de manera crítica en cualquier evaluación de sostenibilidad en las viviendas subsidiadas que las componen.

Las políticas aquí cuestionadas también se dieron un sistema propio de evaluación, con el cual han buscado construir un panorama nacional y local para conocer las distintas sendas que sus postulados han emprendido, particularmente, a escala comunal. De esta forma, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, órgano consultivo creado por la PNDU, formuló una estructura de datos geoespaciales y estadísticos con la tarea de proyectar territorialmente los avances de las actuales directrices, también evaluando las anteriores gestiones. El Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (SIEDU), concebido en conjunto con el INE, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (^{INE 2019}), permite una crítica informada frente a la razón política reificada de la sustentabilidad, sus posibilidades y limitaciones. Algunos de estos indicadores se integrarán al análisis de las ciudades de Arica y la conurbación Coquimbo-La Serena que se presentan a continuación.

La insostenible urbanización de las ciudades costeras: Arica y Coquimbo-La Serena

Desde la década de los setenta se atestigua en Arica un acelerado proceso de desindustrialización que significó el estancamiento de sus polos de desarrollo y demandó una reestructuración de su matriz productiva, la que de manera progresiva ha ido modificándose (^{Díaz, Galdames y Ruz 2014}). Lentamente, se ha convertido en una ciudad de servicios con un incipiente crecimiento del rubro de la construcción, el cual no solo ha desarrollado proyectos de carácter turístico, sino que se ha entroncado con las políticas de producción de vivienda subsidiada por parte del Estado, lo que ha aportado en el aumento de la población a nivel distrital. Como se observa en la Tabla 4, esta renovación demográfica responde a uno de los propósitos de las estrategias subsidiarias del Estado chileno durante la década de los noventa y dos mil, enfocada en la renovación urbana de las áreas centrales que se extendió en las principales ciudades del país (^{Hidalgo, De Mattos y Arenas 2009}).

Las nuevas urbanizaciones en Arica se encuentran localizadas en las zonas norte y sur (^{Minvu 1998}). En ambos espacios predominan conjuntos de vivienda subsidiada, la que define sus límites de expansión en el inicio de vallados condominios residenciales de mayor valor. En la zona norte, la autopista Panamericana Ruta 5 segmenta el espacio comunal en dos fracciones: por un lado, la línea de costa, caracterizada por urbanizaciones que capitalizan el potencial paisajístico litoral, destinadas principalmente a jóvenes profesionales ya sean de la región o asentados en ella, y también a quienes se encuentran en una segunda residencia turística (^{Minvu 1998}; ^{Municipalidad de Arica 2019}). Por otro lado, hacia el interior, predomina la presencia de clases populares. Tal como se aprecia en la Tabla 3, los distritos Pedro Blanquier y Cancha Rayada dan cuenta de un aumento de población que ha sido beneficiaria de los programas de vivienda social. En el caso del sur de la ciudad el distrito Fuerte Ciudadela, ubicado contiguo al Morro, da cuenta de la misma lógica de poblamiento y urbanización.

Este tipo de aumento de población producto de la urbanización se ha constatado con el incremento en la demanda de tipologías residenciales verticales, con departamentos que utilizan el valor de la vista hacia el mar como enganche comercial. Este tipo de departamentos se ha destinado a sectores medios y emergentes, mientras que para sectores de clases medias bajas y bajas se ha priorizado la construcción de casas por parte de las operaciones inmobiliarias. Entre 2002 y 2017 el incremento de departamentos ha pasado de un 9,6 % a un 18,6 %, mientras que las casas han descendido de un 90,3 % a un 81,3 % (Tabla 5).

La producción de vivienda social ha tenido paralelos en su establecimiento desde la década de los noventa hasta el día de hoy. Este decenio presenció el ascenso de las cifras, lo que refrendó la tendencia histórica de avances cuantitativos en la gestión del suelo urbano y su propietarización como punta de lanza para el desarrollo social (^{Ducci 1997}). Sin embargo, hacia 1997 se producen los primeros cuestionamientos a la calidad de las viviendas, desnudada con las precipitaciones invernales que acusaron prácticas de construcción dolosas, las que afectaron a la población más pobre de la zona central de Chile. Con ello el exitismo cuantitativo en las políticas habitacionales fue cuestionado, volcándose hacia reforzar la dimensión cualitativa de residencias que, en la mayoría de los casos, representaban el único valor patrimonial de millones de familias. Asimismo, en la ciudad de Arica, casos emblemáticos como el de Cerro Chuño y Los Industriales I y II, han evidenciado conjuntos habitacionales insustentables debido a la contaminación de los espacios próximos y a las enfermedades que han tenido sus habitantes (^{Valdebenito y Navarro 2019}).

Al igual que en la conurbación La Serena-Coquimbo, la tendencia general es hacia una disminución del hacinamiento y un mejoramiento de la calidad de la vivienda. Los barrios ubicados al norte y al sur de la ciudad, construidos en el marco de las actuales políticas de vivienda, han disminuido sus condiciones de hacinamiento, pero no han bajado de los estándares para considerar su existencia. En el distrito rural Chaca, el hacinamiento tiende a aumentar. Respecto a la calidad de la vivienda, tiende a disminuir en distritos centrales edificados pertenecientes al centro histórico de la ciudad y a los urbanizados durante el periodo de vigencia de la Junta de Adelanto, debido al deterioro de su materialidad (Figura 5) (^{Municipalidad de Arica 2019}).

Datos: ^{INE (2002}, 2017).

Figura 5 Diferencia del Índice de Calidad de Vivienda en Arica, 2002-2017.  

Las viviendas sociales subsidiadas con promedios de metros cuadrados no sustentables para familias de bajos recursos requieren de modificaciones estructurales significativas para ampliar la cantidad de dormitorios en la vivienda. Esto configura algunos fenómenos de hacinamiento en algunos distritos de la ciudad. La diferencia del índice de hacinamiento entre 2002 y 2017 arroja que en sectores del sur de la comuna existen este tipo de situaciones al interior de la vivienda, y en menor medida hacia el norte. Esto implica la existencia de cerca de un 8,1 % de viviendas en situación de hacinamiento y un 4,1 % de allegamiento externo (Figura 6).

Datos: ^{INE (2002}, 2017).

Figura 6 Diferencia del Índice de Hacinamiento en Arica, 2002-2017.  

Los últimos datos relevados a partir de la aplicación de criterios y estándares de desarrollo urbano a las ciudades de Chile han dado luces de los procesos que se producen en términos de la sostenibilidad de las viviendas. Como se puede apreciar en la Tabla 6, las comunas de Arica, La Serena y Coquimbo tienen diversas situaciones que agravan la insustentabilidad del desarrollo urbano actual. Arica tiende a sobrepasar en los porcentajes nacionales en aspectos como la necesidad de viviendas que requieren mejoras en la materialidad y servicios básicos; requerimiento de viviendas nuevas; viviendas con hacinamiento y allegamiento externo; exposición a desastres y la cantidad de disposición de residuos sólidos per cápita (Tabla 6). De hecho, dentro de los factores críticos de sustentabilidad del Informe Ambiental Complementario (2019) de la ciudad de Arica, se encuentra que dichos factores se asocian con los problemas residenciales cercanos al barrio polimetales; la cercanía de conjuntos habitacionales al antiguo barrio industrial, la ausencia de áreas verdes en el sector norte, de espacios residenciales en zonas de desastre por riesgo de tsunami y zonas inundables por crecidas del río San José.

En este sentido, las consecuencias de la forma en que se ha desenvuelto el proceso de urbanización en las últimas décadas dan cuenta del carácter insostenible de las políticas de desarrollo urbano que operan bajo este significante.

Esta situación también ha sido atestiguada en el caso de la conurbación Coquimbo-La Serena. Actualmente se puede considerar que, dado el aumento poblacional y el enlazamiento mediante vialidad estructurante que une ambas comunas, esta conurbación ha ido conformándose como una nueva metrópolis dentro del escenario nacional. El aumento ha sido bastante acelerado, puesto que en cuarenta años la población se ha duplicado, aproximándose a los 500.000 habitantes, proceso que ha ido de la mano de una serie de operaciones inmobiliarias articuladas bajo acuerdos entre agentes inmobiliarios y estatales (ministeriales y municipales).

En base a lo planteado por ^{Orellana-McBride, Díaz y Fierro-Page (2016)}, desde fines de la década de los ochenta, se atestigua un acelerado crecimiento del parque de viviendas en torno al borde costero, con el fin de dar soporte a la función residencial-turística, elemento central dentro de las estrategias de desarrollo urbano. Expresión de esto es lo ocurrido en la avenida del Mar donde se realizó un cambio de uso de suelo de antiguos terrenos agrícolas, los cuales progresivamente fueron licitados a empresas privadas para su posterior desarrollo, cuestión que ha dado paso a proyectos de urbanizaciones cerradas por toda la línea de costa circundante a estos núcleos urbanos en la Bahía de Coquimbo (^{Segeur 2015}). Si bien es a través del borde costero el espacio por donde se ambas comunas se han entramado, en la última década es posible apreciar una densificación en las terrazas correspondientes a la segunda y tercera línea de la planicie costera, a través de la vivienda subsidiada para clases populares o emergentes, donde la ocupación del suelo avanza hacia el sur, el norte y el Oriente en ambas comunas.

Tal como se puede apreciar en la Tabla 7, la población ha tendido a concentrarse en los distritos censales que poseen un componente netamente urbano. El crecimiento de la población ha experimentado un sostenido aumento desde la década de los ochenta. Por ejemplo, los distritos La Pampa y La Compañía, signados por la presencia mayoritaria de clases populares, ha aumentado producto de políticas de vivienda social (Véliz 1990; ^{Maturana et ál. 2016}; ^{Orellana-McBride 2020}), siendo sostenido a través del tiempo y reflejado en la alta cantidad de población que habita en La Compañía Alta y El Olivar.

Ya en el último periodo intercensal (2002-2017) se atestigua un crecimiento del distrito La Florida, el cual ha crecido en torno al aeropuerto, bordeando el río Elqui hacia el oriente de La Serena. Por su parte, el aumento de población de los distritos costeros (Francisco de Aguirre y Las Vegas) es relativamente bajo a diferencia del crecimiento en unidades de vivienda producidas allí, debido a que estas son zonas céntricas de la ciudad dedicadas al uso patrimonial, comercial y de servicios, y a la antigua zona dirigida a la producción agrícola, donde se localiza la mayor cantidad de obras del periodo del Plan La Serena y se ubica la elite de la ciudad (^{Torrent 2004}; Napadesky y Orellana-McBride 2019). En el caso de Coquimbo, se observa que Cantera, Pan de Azúcar y Tierras Blancas dan cuenta de un alto aumento de población. Respectivamente, estos distritos corresponden a la segunda y tercera terraza en línea de pendiente. Hacia el sur de la ciudad, es notable como la población tiende a concentrarse en el distrito Tierras Blancas, espacio donde se ha emplazado la política de vivienda estatal y se produce la sutura de conurbación con la ciudad de La Serena (Veliz 1995; Orellana 2020).

Estas lógicas demográficas y urbanas, productos de las políticas de vivienda subsidiada, han concentrado población de entre el 20 % y el 60 % más vulnerable, sobre todo en La Serena en donde unidades vecinales tienen cerca del 54,8 % de hogares en esta situación (véase tabla 6). Este tipo de hogares tiende a sufrir de déficit de dormitorios versus la cantidad de personas que habitan o de materialidades precarias de vivienda, así como ambas situaciones. Con respecto al hacinamiento, Coquimbo es la comuna que presenta un mayor porcentaje de viviendas con esta realidad (6,1 %), mientras que La Serena tiene un 4,8 % de hogares con hacinamiento (Figura 7). Sin embargo, al mirar el allegamiento externo (véase tabla 6), La Serena sobrepasa a Coquimbo.

Datos: ^{INE (2002}, 2017).

Figura 7 Diferencia del Índice de Hacinamiento en La Serena y Coquimbo, 2002-2017. 

La diferencia entre el periodo intercensal 2002-2017 da cuenta de una disminución del hacinamiento y un mejoramiento de la calidad de la vivienda. En términos generales, esto podría ser efecto de las políticas de reconstrucción efectuadas con posterioridad al terremoto y tsunami de 2016, o por el mejoramiento del estándar en diseño de viviendas aplicados desde 2006 en adelante (^{Maturana et ál. 2016}). De todos modos, el hacinamiento tiende a aumentar en Las Compañías, zona alta de La Serena y en distrito La Florida, caracterizado por la presencia de viviendas sociales, camino hacia el Valle del Elqui. A su vez, la calidad de la vivienda tiende a disminuir en áreas centrales de esta misma ciudad (Figura 8).

Datos: ^{INE (2002}, 2017).

Figura 8 Diferencia del Índice Calidad de Vivienda en La Serena y Coquimbo, 2002-2017.