El SATÁN global

El alimento como elemento material y simbólico es la base de la vida de las personas y las comunidades. Su aporte energético nutricional permite nuestra existencia y lo fue así desde el comienzo de la humanidad hasta nuestros días. De esta manera, los cambios históricos en la organización de las sociedades han estructurado a los SAN y estos, a su vez, también han estructurado las dinámicas sociales y, por lo tanto, territoriales.

Desde la organización que se construía a partir de la caza de pequeños animales, la pesca y la recolección de frutos nativos, pasando por la domesticación de animales y plantas en el desarrollo de la agricultura, los niveles de complejidad e intermediación para la adquisición y posterior consumo de alimentos era bajo.

Pero hace alrededor de medio siglo, se entró en la era agroindustrial del sistema alimentario, con una generalización del modo de producción industrial (es decir, la normalización y la fabricación en gran serie, fundamentalmente) y el consumo masivo. Esta etapa agroindustrial, en un contexto de urbanización exponencial, se caracteriza por una prolongación extraordinaria de la cadena agroalimentaria y por una muy fuerte reducción del tiempo consagrado a la preparación y a la ingesta de alimentos (^{Stiegler 2004}).

Los SAN predominantes en la actualidad, por lo tanto, adquieren y construyen características del sistema social de nuestros días, el cual ^{Wallerstein (2005)} denominó sistema-mundo y caracterizó como capitalista, patriarcal, moderno y colonial. De esta manera, la producción de alimentos es de tipo industrial, con un alto nivel de tecnificación, tanto en la maquinaria como en los productos agroquímicos utilizados, intrínsecamente tóxicos, desarrollados para blancos biológicos selectivos que tienen el potencial de contactar con otros organismos y matrices (aire, suelo y agua), afectando la salud pública y el ambiente (^{Butinof et ál. 2018}). La mano de obra es baja y las ganancias acumuladas se distribuyen en sectores poblacionales muy reducidos (^{Lende 2014}). Generalmente, estas producciones son extensivas y de monocultivos, caracterizadas por su dependencia de los servicios agrarios (informativos, satelitales, de siembra, de cosecha, de implementos agrícolas, de transporte, entre otros servicios), de grandes infraestructuras viales, portuarias, de silos y un sistema legal y de tratados de libre comercio, que facilitan la exportación de commodities. Se configura así el modelo neo-extractivista de desarrollo de agronegocios (^{Gras y Hernández 2013}) actualmente imperante en el mercado alimentario.

Este SAN trae consigo la expoliación de los bienes comunes (agua, aire, tierra) y una creciente conflictividad socioambiental (^{Svampa y Viale 2014}), debido a su territorialización a partir de la acumulación por desposesión, generada por el acaparamiento de tierras en el contexto neo-extractivista progresista de las últimas dos décadas en América del Sur (^{Giarraca y Teubal 2008}; ^{Gudynas 2010}).

Gran parte de las materias primas producidas bajo este modelo, principalmente cereales como trigo y maíz, sus aceites y azúcar ingresan al sector de la industria alimentaria, para transformarlos, junto al agregado de diversos productos de la industria química, en productos ultraprocesados (^{Monteiro et ál. 2012}). Miryam ^{Gorban (2018)} los nombra como OCNIS, objetos comestibles no identificados, por la dificultad de conocer su composición real. Esto se debe a que contienen una gran cantidad de "mejoradores alimentarios" como emulsionantes, colorantes, espesantes, saborizantes, antiglutinantes, conservantes; los cuales son mencionados en su etiqueta bajo el sistema de numeración internacional para aditivos alimentarios con las siglas INS y acompañadas de un número que los distingue.

Estos ultraprocesados son productos de baja calidad nutricional (rico en grasas, azúcares simples, sal y bajos en fibra), bajo costo, y alta palatividad, los cuales desplazan los patrones alimentarios tradicionales, contribuyendo así a las epidemias de obesidad, diabetes e hipertensión (^{OPS 2015}).

La distribución de estos productos bajo el modelo dominante se realiza en grandes superficies de comercialización, como supermercados e hipermercados, los cuales generan una distancia amplia entre el productor y los consumidores (^{Montegut y Vivas 2007}; ^{López García 2011}). Y, por otro lado, se territorializan fuertemente en los barrios (almacenes, kioscos), escuelas y calles (venta ambulante) mediante el comercio al menudeo, los muestreos, entre otras estrategias de mercado que incluyen el marketing y la publicidad. Esto resulta en una violenta inserción de los ultraprocesados en todos los grupos sociales por su localización geoestratégica, que se adapta a los modos y costumbres de consumo de diversos grupos poblacionales.

La distribución de estos alimentos está asegurada, a su vez, por planes desarrollistas y progresistas de diversos gobiernos y entidades a partir de su compra y/o "donación" en enormes cantidades al Estado o a organizaciones de beneficencia (como los Bancos de Alimentos, Cáritas u otros grupos religiosos) en contextos de crisis socioeconómica, de conflicto armado o de gestión pública para los sectores populares. De esta manera, todos los sectores socioeconómicos se ven vulnerados por la presencia de estos productos comestibles, ya sea desde el rol de consumidor de un espacio de comercialización o como beneficiario de un programa alimentario estatal.

Es interesante notar que a pesar del aumento en la distancia entre los espacios de producción con los de consumo, y el aumento de acciones que intermedian estas fases del SAN, hay una creciente concentración de las empresas que se encargan de estas.

En Argentina, seis grandes cadenas de supermercados e hipermercados, de origen nacional e internacional, concentran el 80 % de las ventas en el país. Estas son Carrefour (Francia), Cencosud (Chile) -dueña de las tiendas Disco, Jumbo y Vea-, Coto (Argentina), Walmart (Argentina) -que incluye la cadena Chango Más-, La Anónima (Argentina) y Día (España).

Estos oligopolios también son claramente expresados en la industria alimentaria, ya que el 74 % de la facturación de los productos de góndola en esas cadenas corresponde a, apenas, veinte empresas, locales y extranjeras, rubros donde priman los duopolios en la mayoría de los segmentos más vendidos (^{CEPA 2021}).

Como mencionan ^{González de Molina y Simón (2010)}, los SAN están experimentando un proceso que tiene como hilo conductor la progresiva integración de la provisión alimentaria a la organización industrial de la producción, distribución y consumo de alimentos. Este fenómeno se puede observar en la emergencia de las marcas blancas. Según ^{Castro (2017)}, esa denominación correspondía a productos que se vendían con envases blancos y genéricos, pero que rápidamente fueron convertidas en las marcas de los distribuidores. Así los grandes supermercados ofrecen sus propios productos, aprovechando la enorme ventaja que implica no requerir inversión en publicidad, pues el nombre del supermercado ya garantiza la visibilidad de la marca. En Argentina, hasta 2019, la venta de estos productos representaba la casa el 10 % del total facturado por las grandes cadenas.

Territorialidades del SATÁN: conflictos y resistencias

En el territorio, como menciona ^{Santos (2001)}, los grupos poblacionales a través de su accionar modifican el medio físico en interacción con otros grupos y construyen -con autonomía relativa- ese lugar donde habitan, producen alimentos, obtienen el agua, lo hacen poniéndose en mayor o menor medida en tensión con otros grupos que detentan usos y prácticas económicas y culturales distintas. Así, el territorio tiene un carácter dinámico, de caos y complejidad, por lo que debe ser entendido dentro de una lógica procesual, fruto de un conjunto de acciones producidas por actores y objetos; como espacio de lo relacional-simbólico, en el que actúan capitales y campos que se crean y recrean y pueden también excederlo (^{Spinelli 2016}). Así, como menciona ^{Silveira (2008)}, la definición de cualquier porción del territorio debe tener en cuenta la interdependencia y la inseparabilidad entre la materialidad, que incluye la naturaleza, y su uso, que incluye la acción humana, es decir, el trabajo y la política.

Este trabajo se posiciona desde la mirada latinoamericana de territorio, donde el mismo es leído mucho más allá de la clásica asociación a la escala y/o a la lógica estatal moderno-territorial y se expande, transitando por diversos entramados, pero con un eje en la cuestión de la defensa de la propia vida (individual, familiar, comunitaria, ecosistémica), de la existencia o de una ontología terrena/territorial que parte del hacer territorio y del territorializarse a partir del uso de la tierra con fines de reproducción de la vida. Una perspectiva vinculada directamente a las luchas sociales de comunidades indígenas, campesinas, rurales y urbanas que accionan en resistencia producto de la herencia y continuidad de un modelo capitalista extractivo, moderno-colonial de devastación en constante expansión. Se desdobla así la concepción del territorio solo como el espacio geográfico delimitado y controlado, para entenderla desde los territorios del/en el cuerpo íntimo (comenzando por el vientre materno), hasta lo que podemos denominar territorios-mundo, la Tierra como pluriverso cultural-natural o conjunto de mundos -y, consecuentemente, de territorialidades- a los que estamos inexorablemente unidos (^{Haesbaert 2020}).

Desde esta perspectiva las transformaciones en los SAN han implicado modificaciones en múltiples territorios, tanto urbanos, rurales, como corpóreos, ya que todos ellos son territorio en uso (^{Santos 2001}), es decir donde se está haciendo, accionando y viviendo en cohabitar con la naturaleza o tensionando tanto para producir alimentos como para colocarlos en los circuitos de comercialización y consumo. Así las territorialidades del SATÁN en todas sus fases (producción, elaboración, comercialización, consumo y utilización biológica de los alimentos) ha provocado de manera acelerada el acaparamiento de tierras, el envenenamiento y despojo de los bienes comunes, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la diversidad cultural y de saberes ancestrales mediante la homogeneización productiva en monocultivos y procesos industriales. También, a través del violentar la diversidad presente en la producción y preparación de la comida mediante el uso de frutos y plantas de cada ecoregión, destruyendo la potencia de lo comunitario y sus relaciones con los bienes comunes en comunidades enteras poniendo en riesgo sus autonomías alimentarias y medicinas ancestrales. Territorialidades que se expresan desde campos desmontados, incendiados y contaminados, comunidades fragmentadas y empobrecidas, hasta cuerpos enfermos y despojados de poder de decisión sobre su propia salud y alimentación.

Pero el SATÁN no avanza sobre un terreno desértico. Las comunidades se enfrentan, resisten, re-existen y crean otros mundos. Milton ^{Santos (2003)} plantea que es desde y en lo local donde se gestan las resistencias y donde las múltiples espacialidades se conjugan en territorios de lucha por la localidad. Lo local como territorio, los sujetos de lucha como territorializadores, donde mundos otros pueden ser vividos, pensados y construidos desde el trabajo colectivo, a partir del uso común de la tierra en lo local-regional. Como aquellos sujetos que desde el usar los territorios (re)construyen y (re)configuran sus identidades, se hacen con el lugar desde aquella base misma que propone ^{Santos (2000)} al hablarnos del territorio en uso/usado en clave local. En fin, lo local como ese allí donde el capital puede haber ingresado, pero donde seguro no siempre podrá territorializarse³. No siempre debido a que su territorialidad parte de la globalidad, de muchas decisiones deslocalizadas y de acciones que cada vez más poseen resistencias locales.

Las expresiones de sujetos de lucha locales que supieron movilizarse por las gravísimas implicancias del SATÁN han activado múltiples luchas mediante dispositivos judiciales, legales, legislativo-normativos, de control social e institucional, comunicacionales, de producción, intercambio y consumo tendientes a la transformación social y territorial local-regional.

Solo por fines analíticos-metodológicos, dividiremos a los sujetos de lucha y a sus dispositivos de cambio social en cuatro grandes grupos:

Uno de ellos son los sensibilizados por ser directamente sometidos a los efectos nefastos de la producción agrotóxica e industrial de materias primas. Aquí se incluyen tanto a los pueblos fumigados, los obreros rurales, como a los aerofumigadores y las comunidades escolares fumigadas.

En segundo lugar, los colectivos movilizados por las inundaciones y sequías producidas por el desmonte generado para el avance de la frontera agraria (agrícola y ganadera, sojización y bovinización en el caso argentino).

En tercer lugar, los afectados directamente por la elaboración/procesamiento de alimentos bajo el SATÁN, en zonas aledañas a sus viviendas.

Y, finalmente, en cuarto lugar, permite discutir de qué manera se abordó la problemática creciente que se ha corporalizado mediante los alimentos ultraprocesados en todo el continente, analizando las acciones que se llevan a cabo en Argentina.

La inscripción en la agenda pública del primer grupo de conflictos que atañen directamente a los territorios-cuerpos de las personas sujetas de lucha, de obreros rurales, de familias enteras y que ha suscitado una movilización mayormente accionada por mujeres de los pueblos fumigados, maestras de las escuelas afectadas, y productores familiares que no utilizaban agrotóxicos y que se movilizaban por las implicancias de la aplicación directa o la deriva de agroquímicos (^{Barri 2010}; ^{Ávila Vazquez 2014}) en el ambiente⁴ y en la salud de la población⁵.

Las denuncias por aumento de las afecciones respiratorias, dermatitis, intoxicaciones alimentarias o por consumo de agua contaminada, cáncer, abortos espontáneos por exposición prolongada a agrotóxicos en miles de personas en todo el mundo comenzó a tomar notoriedad pública cuando vecinos linderos a grandes campos de producción agroindustrial, evidenciaron que se debía al excesivo y descontrolado uso de agroquímicos por parte de los aplicadores, agrónomos y productores practicantes de la agricultura tóxica (^{Ávila Vazquez 2014}). Estas denuncias impactaron en las agendas públicas gracias al trabajo de colectivos como Paren de Fumigar, Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, Paren de Fumigar Las Escuelas (o Escuelas Fumigadas), la Red Universitaria de Ambiente y Salud, entre muchos otros (^{Conti et ál. 2013}).

Vecinas y vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo, Mendiolaza, Anizacate, Marcos Juárez, Jesús María, y de otras tantas localidades de la provincia de Córdoba fueron las primeras entre 2004 y 2010 en prohibir las fumigaciones tanto en el área periurbana como en el acopio y comercialización en el área urbana de agrotóxicos. Si bien, como plantea el informe de FUNDEPS, en 2014 no existía consenso alguno respecto a las distancias de aplicación de los agrotóxicos, desde 2016 ha crecido el consenso emergido localmente desde las luchas de sujetos colectivos movilizados (asambleas, organizaciones de base, colectivos de pueblos fumigados), que plantean que las fumigaciones en campos bajo producción extensiva y con uso intensivo de agro-tóxicos por parte del agronegocio debe realizarse a más de 1.500 metros de distancia (^{Zovak 2014}).

En los estudios de ^{Tomasoni (2013)}, la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUÁS) plantea que la deriva de agrotóxicos ha sido hallada hasta a más de 4.000 metros de distancia de la zona de aplicación. Estas distancias han sido consideradas por muchas organizaciones como un valor primero para garantizar sus reclamos de cese a las aeroaplicaciones y las fumigaciones terrestres, impulsándose ordenanzas para la creación de Zonas de Resguardo Ambiental -en adelante, ZRA- que contemplen estas distancias en los pueblos y ciudades donde las luchas más han avanzado en la Argentina.

Así, estas ZRA comenzaron a ser creadas en pequeñas localidades que prohibieron las fumigaciones con productos agrotóxicos de todos los niveles (banda roja -máxima toxicidad-; banda amarilla -media toxicidad- y banda verde -baja o nula toxicidad química, implemento orgánico-). Si bien muchas localidades lo hicieron amparadas en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Agroquímicos n° 27.279, otras lograron la aprobación de distancias mayores (algunas de 1.500 metros y otras de todo el ejido rural o de 4.000 metros) a las propuestas en dicha ley (unos 500 metros) para productos agroquímicos de banda roja y amarilla.

El estudio de ^{Lerussi et ál. (2017)} considera veinticinco localidades con prohibición a las fumigaciones en la provincia, pero sobre la base de "criterios elegidos de distancias, que en promedio son de entre 200-500 metros" mapeando unas 20.000 hectáreas totales. Pero los estudios que se han realizado con información provista por municipios y comunas de toda la provincia nos arrojan por resultado que son unas 180.000 hectáreas en las que se ha llegado a prohibir fumigar en los 32 municipios y comunas con aprobaciones vigentes. A las que se suman unos 39 municipios y comunas más que poseen proyectos aprobados en el ámbito legislativo, pero no aún en el departamento ejecutivo municipal; haciendo un total de 71 localidades con proyectos u ordenanzas que buscan regular el uso de agrotóxicos. Estas ordenanzas y resoluciones se encuentran en muchos casos limitadas al cumplimiento del control municipal, y muchas veces el control no se realiza y las fumigaciones continúan⁶.

Así, crece el número de hectáreas donde el SATÁN queda sin una territorialidad firme, y los espacios en los que con el tiempo también han ido retornando las prácticas libres de agrotóxicos, hoy denominadas como de transición, tanto orgánicas como agroecológicas. Aunque para el abogado ambiental Darío Avila la ZRA es importante pero también debemos discutir el modelo, para no seguir actuando por detrás de los hechos que dañan a las personas y el ambiente ^{Campos (2020)}.

Córdoba es la provincia argentina con mayor cantidad de localidades que prohíben total, parcialmente y hasta el acopio, almacenamiento y comercialización de agrotóxicos. Junto a ella, otras provincias han limitado o restringido el uso de agrotóxicos, como Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero o Chubut. La particularidad y los nuevos riesgos que se abren sobre los territorios en los que se fumigaba y ahora se ha prohibido es que, en ellos, al ser áreas periurbanas, se amplía el modelo extractivista urbano que con los barrios cerrados produce un corrimiento de las áreas productoras de alimentos en aras de la especulación inmobiliaria. Esto trae como contrapartida un nuevo desplazamiento de las áreas de producción bajo fumigaciones y contribuye a la presión sobre nuevos ecosistemas y territorios rurales donde el SATÁN busca avanzar sin restricciones a las fumigaciones. Esto es claramente visible en la mayor presencia de fideicomisos agrícolas, empresas del agronegocio regional cordobés e inmobiliarias comercializadoras de campos en departamentos como los de San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Sobremonte, Río Seco, Tulumba y Totoral (en la provincia de Córdoba), provincias como Santiago del Estero, Chaco y hasta en la República de Paraguay. Allí es donde muchas empresas poseen miles de hectáreas en regiones donde no solo no se han prohibido las fumigaciones, sino también donde el accionar empresarial, junto al Estado y los medios de comunicación locales, acallan los reclamos y movilizaciones de la comunidad que resiste la avanzada del SATÁN (^{Deon y Gonzalez 2019}; ^{Deon 2019}).

En el segundo grupo movilizado se encontraron otros sujetos de lucha, que muchas veces incluyen a algunos de los anteriores. Ellos son los colectivos movilizados por las inundaciones y sequías producidas por el desmonte.

Las inundaciones del 2000, 2003, 2015, 2018 y 2019 que afectaron a la región centro y noreste del país, principalmente en Santa Fe, Córdoba y Chaco, son una demostración de cómo las implicancias negativas de este modelo de producción atañen a todos los servicios ecosistémicos. Inundaciones que son producto de la emergencia climática global y del desmonte generado por y para el avance de la frontera agraria. Estas catástrofes ambientales permitieron tensionar, desde sectores socioambientales movilizados y damnificados por los anegamientos y sequías, las prácticas de muchos empresarios del agronegocio que se localizaron en áreas extrapampeanas de provincias tales como Córdoba, Chaco, Salta, La Pampa, Santiago del Estero. Regiones argentinas que viven un extractivismo avasallador de los bienes comunes y los territorios de los pueblos que en muchos casos con anterioridad han resistido y luchado contra el extractivismo minero, leñero y agroganadero como las comunidades indígenas Wichi, Qom, Quecha Santiagueñas, Afrodescendientes (en Santiago del Estero particularmente), y Comunidades Campesinas.

Extractivismos que siempre le otorgaron un rol periférico y/o de zona de sacrificio a regiones como el Gran Chaco, el Chaco Serrano y el Espinal, y a las que hoy se las exprime en su tierra reseca por agrotóxicos y compactación producto de la maquínica producción sojera. O por la explotación ganadera, prácticas agropecuarias territorializadas pero que también encuentran resistencias entre algunos -pocos- productores inclinados por la agroecología, la permacultura, la biodinámica, las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas o la agricultura familiar.

Así, los colectivos movilizados por las inundaciones y sequías luchan contra empresas que desalojan a habitantes rurales, desarrollan grandes emprendimientos urbanos en áreas turísticas o urbanas serranas y crean superficies exclusivas con canchas de golf, circuitos de deporte motor enduro para sectores socieconómicos acomodados. Quienes realizan estas inversiones pueden dividirse en un sector desarrollista que aglutina a empresarios mineros, del agro, medianos, grandes productores (de más de 1.000 hectáreas) y desarrollistas inmobiliarios que muchas veces accionan e invierten la renta del agro, en el rubro de la construcción edilicia y de barrios cerrados de elite, contribuyendo al negocio urbano que beneficia a pocas personas y perjudica a muchas con los desmontes, las inundaciones, la fragmentación de corredores ecosistémicos e interurbanos (^{Rua y Zeolla 2018}; Martina, Barri y ^{Deon 2020}). Estos grupos de poder están organizados en instituciones reconocidas por el estado como la Sociedad Rural, las Cámaras de desarrollistas urbanos o inmobiliarios, las cámaras mineras, entre otras. Sus inversiones, muchas veces, se hacen después de obtener subsidios estatales por la pérdida de la producción por inundaciones o sequías en áreas rurales.

Estos tres últimos grupos se encuentran preocupados solo por su accionar capitalista y, actualmente, operan desde un minero-agroambientalismo desarrollista que utiliza estrategias institucionales de responsabilidad social ambiental empresarial para buscar beneficiar su imagen cada vez más desprestigiada por las luchas socioambientales, indígenas y campesinas (^{Deon 2021}). (I) responsabilidades que, además, asumirían para obtener dichos subsidios desde el estado para afrontar los daños a los que ellos mismos contribuyen.

Pero también existen organizaciones de base y asambleas de sujetos de lucha que han resultado verdaderamente damnificados en su vida y economía familiar por catástrofes ambientales. Se destacan la inundación de Santa Fe en el 2003, la de La Plata en el 2012, las de Sierras Chicas del 2000 y del 2015 al 2016, y las recientes de Chaco del 2018 al 2019, entre muchas otras que tuvieron graves daños en las comunidades con muertes, pérdidas materiales y destrucción total o parcial de los pueblos. Estos eventos que advierten del creciente impacto de la emergencia climático-ambiental global también encuentran en sus causas los crecientes niveles de pérdida de cobertura vegetal nativa en las cuencas, hecho claramente evidenciable en las más de 500.000 hectáreas incendiadas solo en la provincia de Córdoba entre el 2010 y el 2021 y las miles de hectáreas desmontadas o sujetas a cambio de uso de áreas boscosas a nuevos territorios de la ganadería y el negocio urbano-inmobiliario (en las áreas serranas) y sojeras en las cuencas bajas y piedemontes del norte y oeste provincial. A estos desastres provocados por los incendios como herramienta industrial y acelerada de avance sobre la tierra con usos volcados al capital agrario, les siguen de manera cada vez más prolongada y con más freciencia, la sequía o la baja de disponibilidad de agua en estas mismas regiones producto de la disminución de la absorción del vital líquido elemento en el suelo/subsuelo, y con ello la sequía de cauces. Así, no es llamativo que el acaparamiento de la tierra en las cuencas medias y altas se produzca con cada vez más frecuencia y sea también el otro motivo de disputas territoriales allí donde empresas y gobiernos insisten con la realización de embalses o lagunas de retención para captar el agua y disponerla para usos privados y no comunes a la vida (^{Chiavassa, Deon y Ensabella 2019}).

En Córdoba organizaciones como la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierras Chicas, así como las Asambleas de vecinos inundados, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, la Asamblea Ciudadana del sur de Córdoba, lograron junto a técnicos de las universidades nacionales de Córdoba y Río Cuarto, poner en la agenda las implicancias del modelo de sojización, bovinización (^{Paz 2015}) y megaminería de canteras (^{Deon y Díaz 2020}) al servicio del agronegocio que desmonta, fumiga, compacta y detona los suelos, contribuyendo con la emergencia climática⁷ y, por ende, con los eventos de inundación y sequía que son cada vez más graves y recurrentes.

En tercer lugar, se puede nombrar a los colectivos afectados directamente por la elaboración/procesamiento de alimentos ultraprocesados y biocombustibles por el SATÁN en zonas aledañas a sus viviendas.

En la provincia de Córdoba, el caso más emblemático es el de la empresa Porta Hermanos, que mantiene su fábrica de bioetanol en un barrio periférico de la ciudad de Córdoba (Barrio San Antonio). Este bioetanol es utilizado para la elaboración de bebidas alcohólicas tales como Fernet 1882, Licores Gindado Porta, Nikov Vodka, Jamaica Rum y Vinagres Casalta. Los vecinos se movilizaron en pro de la salud y la vida de la comunidad que está en peligro. Así lo afirma un informe realizado por el Médico Medardo Ávila, que muestra un alto nivel de casos de cáncer; dermatitis; dispepsias; cefaleas; dificultades respiratorias (en casi el 60 % de la población); malformaciones en uno de cada tres nacidos y abortos espontáneos (^{Sacucci 2018}). Los vecinos responsabilizan de esto a la fábrica que emite formaldehído, tolueno, xileno, y etanol, entre otros compuestos, al ambiente a partir de sus chimeneas, afectando la salud de la vecindad y la de miles de vecinos en unos veinte barrios próximos. Además, esta empresa ha comenzado la producción de alcoholes y biocombustibles en una planta habilitada solo para producir vinagres, alcoholes para bebidas espirituosas y productos de higiene; hecho que pone más en riesgo a la población.

Aquí, también, se puede incluir a las luchas en torno a la contaminación causada por los frigoríficos, como es el caso de la empresa Penny Lane S.A. de la ciudad de Rio IV, el exfrigorífico Estancias del Sur ubicado en la ciudad de Unquillo o en el actual frigorífico La Superior de la localidad de Villa Allende, o la Avícola Río Ceballos Mitti S.A.

Los vecinos de estos establecimientos se movilizaron en cada centro urbano muchas veces dada la contaminación causada por los efluentes producto de la faena, el encierro de animales en corrales (esto como provocador de emanaciones de gases y malos olores), la creciente presencia de nubes de moscas y el vertido de sangre y químicos a la vía pública producto del lavado de diversas porciones de las unidades internas de producción de los frigoríficos (^{Segura, Saracho y Nieva 2011}; ^{Fratini 2013}). A ello cabe sumar las problemáticas de disminución de la disponibilidad de agua en acuífe-ros y reservorios subterráneos como en la localidad de Saldán, Córdoba.

Y, en cuarto lugar, se encuentran los sujetos movilizados desde ámbitos técnicos, científicos y académicos por los efectos nocivos a la salud que conlleva el aumento en la disponibilidad y el consumo de alimentos resultantes de este sistema alimentario hegemónico, como es el caso de los ultraprocesados.

Aquí se pueden encontrar, principalmente, a la comunidad académica universitaria y a los medios de comunicación, que se hacen eco de movimientos mundiales críticos del SATÁN y sus implicancias, con informes científicos y técnicos que demuestran los efectos de este sistema. Hay un aumento exponencial de redes de trabajo de las cátedras libres de agroecología y de soberanía alimentaria en las universidades nacionales -pasando de 1 en 2003 a 27 en 2018- (Red ^{Calisas 2018}). A ellos se suman las redes de comunicadores como el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Red Nacional de Medios Alternativos, las que resultan también siendo tramas sociales vitales para la expansión de la lucha.

El trabajo de investigación y acción como sujetos de lucha de estas organizaciones académicas, comunicacionales y técnicas, viene siendo central para el tejido comunitario de sujetos colectivos de lucha que ponen en su horizonte, primero, la vida, una alimentación y un ambiente sano, y una economía socialmente justa y culturalmente respetuosa de las diversidades. A la vez, estos sujetos poseen un claro compromiso político de militancia y movilización social desde la agroecología feminista, el ecofeminismo, el acompañamiento a las luchas indígenas, del campesinado y la agricultura familiar.

Resistir y construir horizontes sociocomunitarios para el SANAR

Muchas de estas organizaciones que trabajaban de modo desarticulado adquirieron más fuerza, tejieron redes, cimentando las bases del amplio colectivo socioambiental cordobés (Carrizo y Berger 2014; ^{Deon 2016}) un espacio social donde, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, han confluido luchas comunes contra el capital.

Esta confluencia ha generado en una importante porción de la población una mirada crítica hacia el SATÁN predominante, aportando al fortalecimiento de estrategias alimentarias, que se han enlazado en los SANAR. Aquel, basado en una red de productoras, comerciantes, profesionales y consumidores, que trabajan en la certificación de calidad alimentaria mediante sistemas participativos de garantías, ferias agroecológicas, redes de consumo comunitario y conjuntos de productores y elaboradores de alimentos.

Estos sistemas se ocupan de luchar desde la asociatividad (en muchos casos a través de cooperativas), en pro del surgimiento y fortalecimiento de medios de comunicación (en redes sociales, radios comunitarias, prensa escrita autogestiva), a la vez que de un sistema legal y de acuerdos con el estado para la regulación, habilitación de ferias agroecológicas y de otros Circuitos Cortos de Comercialización -en adelante, CCC- (^{Craviotti y Wilches 2015}).

La socióloga ^{Gutiérrez Aguilar (2017)} propone los conceptos de más allá -contra- y más allá del capital, los cuales permiten dar un marco conceptual a los procesos por los que el acaparamiento de los bienes comunes puede generar e inspirar un sujeto de lucha, que se organizará primero para limitar este despojo, y luego para proponer nuevos horizontes de reapropiación.

Se considera que los sujetos de lucha movilizados ante los conflictos anteriormente nombrados lograron un nivel de organización que permitió la creación de nuevas estrategias, primero para limitar el avance depredatorio del SATÁN, y luego para proponer un SANAR, el que se diferencia del anterior en todos sus eslabones, tanto en la producción, como el intercambio, comercialización, consumo y utilización biológica de estos alimentos.

Se comparte la mirada de ^{Gutiérrez Aguilar (2017)} al analizar la potencialidad enorme que tienen cada una de las organizaciones de base y asambleas, que pueden ser consideradas, en un primer momento, como aisladas y pequeñas, con un alcance solo local. Pero estas organizaciones, al mantener un modo de organización horizontal, tienen la capacidad de replantearse constantemente sus objetivos, y de ampliar su espectro de lucha, tejiéndose en red con otras organizaciones.

Tal es el caso de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas o la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, ambas en Córdoba. Estas Coordinadoras, junto a otras organizaciones de base, se opusieron ante el proyecto de actualización de la ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba (Ley Provincial 9814) que buscaba avanzar con el desmonte químico, con fumigaciones sobre los bosques, con el desmonte selectivo y con megaproducciones silvo-pastoriles, amenazando al menos el 3 % de los bosques nativos que quedan en la provincia. Comunidades y colectivos que lograron en menos de dos semanas, desde el 2016 a la actualidad, tejerse en una red de comunidades indígenas, pequeñas organizaciones de base, cátedras universitarias, asambleas socioambientales, gestores culturales y medios de comunicación alternativos en toda la provincia, que frenaron la ley con masivas movilizaciones y actividades comunitarias (^{Schneider, De Luca y Dassano 2018}).

Las personas movilizadas participan activamente en la creación y consolidación de las ferias agroecológicas, las cuales en la provincia de Córdoba pasaron de ser una en 2009, ubicada en Ciudad Universitaria, a ser más de treinta y que se presentan de manera semanal, quincenal o mensual. Así, se encontraron las ferias agroecológicas o de artesanos y productores locales, como las de Villa Allende, Unquillo, Río Ceballos, La Granja, Barrio Alberdi, Salsipuedes, Ciudad Universitaria, Rio IV, Jesús María, Villa María, Colonia Caroya, Las Rosas, Las Calles, Cosquín, San Marcos Sierra, Cerro Colorado, La Dormida, Deán Funes, Cruz del Eje, Capilla del Monte, Salsacate, San Javier, Mina Clavero, Villa las Rosas, Las Rabonas, La Paz, Yacanto, Santa Rosa de Calamuchita, Anisacate, La Bolsa. A estos se suman las radios abiertas, charlas, talleres, juegos y múltiples actividades que muchas veces tienen que ver con luchas contra proyectos extractivistas que amenazan los territorios; u otras veces simplemente para festejar, recuperar saberes alimentarios locales y de otras culturas.

Otro ejemplo de los más allá son las redes de consumo de alimentos orgánicos o agroecológicos, como Consumo Consiente Serrano, Consumo comunitario Cabana y la Red de Redes Orgánicos sí o sí. Estas poseen una dinámica de trabajo novedosa, ya que se mantienen mediante una comprometida red de consumidores y productores que se relacionan con un gran nivel de organización, actividades culturales durante las entregas, y diálogos directos con productores de todo el país.

Estos espacios poseen características de mercados sociales, donde el centro de acción no es lucro sino la vida. Pese a funcionar dentro del capitalismo, no pueden ignorarse la existencia de los siguientes elementos entre sus participantes: (i) resistencia a la reproducción y maximización del capital; (ii) la acción intencional de contrarrestar la gravitación del mercado oligopólico de alimentos ofreciendo espacios de libertad de elección; (iii) propiciar horizontes comunitarios democráticos, ciertamente reflexivos, donde sea posible fertilizar experiencias e iniciativas contraculturales (^{Arnold y Galán 2014}).

Más que de un simple intercambio de alimentos, se trata de un "juego", donde los participantes confían mutuamente y se subsumen erigiendo alternativas simbólicas y materiales (^{Huizinga 1972}), buscando ejercer el derecho del poder-hacer, territorializándose. En estos mercados sociales las barreras rígidas entre ofertantes y demandantes se eliminan en el diálogo, la conversación trivial y códigos de cercanía como el compartir el mate, una olla popular, un locro, una asamblea o caminatas en el monte compartiendo chipacas, arropes y dulces caseros. Se recupera así la raíz etimológica del término alimento, la cual proviene del encuentro, del dar y el recibir, la fuente que posibilita la vida misma. En esta fusión de horizontes, que no se restringe a un único espacio físico, los consumidores se ven doblemente enriquecidos gracias al contacto directo con los productores y elaboradores. Incorporan de estos sus saberes y experiencias vinculadas, no solo a las fases de elaboración, sino también a las condiciones de producción, la formación de precios, los imprevistos climáticos, los atributos singulares de cada producto artesanal. Así mismo, estos espacios van promoviendo cambios concretos tanto en la alimentación como en los intereses de las personas que los conforman.

Fernanda es consumidora y elaboradora de estas redes y comenta:

a mí el mayor placer que me da es saber de dónde viene cada cosa. Hay una ensalada y esta lechuga es mía de la huerta, este tomate de la compra de Yuyupa, el seitán lo hizo la chica que vive acá a la vuelta, el pollo es de un productor de Caroya, los huevos son de la Berta, las almendras son de Los Jorges de Mendoza que las compre en la compra de los Orgánicos. Le puedo poner nombre a todo o casi todo lo que como.

Hay una resignificación del alimento y de los vínculos que se van gestando en ese proceso, así Santiago, consumidor y elaborador de alimentos de estas redes expresa:

lo que representa la red es muy atractivo, a mí me cambió... me adentró, creo nos adentró, así como familia, como grupo de amigos también a la soberanía alimentaria y la alternativa de poder consumir y elaborar productos más saludables. Realmente ha sido una manera de empoderar-nos en la alimentación cotidiana [...].

Rocio, otra de las consumidoras de la red comenta que estos espacios de comercio han impactado en su vida "yo hice un gran cambio en qué comer, cómo comer y sobre todo como acceder a eso [...]".

Estos espacios se van entramando con espacios de lucha socioambiental, claramente expresados en banderas alegóricas, brindando espacio para poner folletería o firmas de acompañamiento vinculadas a las problemáticas ambientales. Dos de los integrantes de estos espacios mencionan:

yo empecé a participar en la red por Monsanto. Estábamos llevando la lucha contra Monsanto con las chicas (las coordinadoras de una red) y si uno dice NO a los agrotóxicos, no podes después estar comiéndolos en la comida. Empecé a participar porque ya estaba muy metida en toda la movida ambiental y cultural de acá [...]es ver eso que la comida y todo lo que se hace con la comida también es ambiental.

Como explica Celeste respecto a la Red Orgánicos Sí o Sí:

Es una forma de aportar al cambio y la transformación, escuchando el llamado de la tierra me decía la Andre, que, junto a la Vicki, son quienes coordinan esto, que desde hace un tiempo se ha convertido en un movimiento. Es un movimiento enorme de energía para la vida que nos integra a partir del encuentro. Alimentos libres de agro-tóxicos, nutritivos y vitales para nuestros organismos, que se elaboran sin transgénicos. Se aporta al cambio hacia una soberanía alimentaria de los pueblos* Siempre está presente en los encuentros la idea de que todos podemos ser productores de algo y así integrarnos aún más, y contribuir cada vez más directamente. Orgánicos Si o Si es un espacio para contarnos entre todxs que hacemos e invitarnos a ser parte, a enredarnos cada vez más y más, a acompañarnos y ser solidarios. Es hermoso.

En las ferias agroecológicas ocurre algo similar:

Nosotras no podemos pensar la feria de Río Ceballos como espacio de venta o intercambio solamente, es realmente un espacio de encuentro de luchas por alimentos sanos, por tierra sana, por trabajo digno, así que siempre en las asambleas se dialoga cómo visibilizar las luchas territoriales, cómo aportar a ellas, para que alimentos, saberes, agua y monte se encuentren en la decisión de los usos comunitarios.

Así como han crecido estos espacios de comercialización, también van ganando espacio las producciones hortícolas. Ejemplos de ellos es la red Criando Huertas⁸ y el Movimiento de Trabajadores Excluidos rama rural⁹. Matías, uno de sus organizadores cuenta:

creció mucho el Criando, a pesar de que es bastante reciente pasamos de unas 30 familias con huertas hogareñas y comunitarias en 2015 a más de 200 en el 2021 y no solo ya en Salsipuedes sino también en otras 6 localidades de las Sierras Chicas, cada vez se suma más gente, algunos por hobby, otros más como una resistencia, pero todas las personas buscando cambios en su alimentación y trabajando por ello con la tierra, compartiendo lo que saben en sus patios.

En estos mercados sociales, también se pueden sumar comercios de pequeña escala como dietéticas, almacenes, verdulerías y carnicerías. Muchos de ellos también enfrentan al SATÁN al resistir el avance de las grandes cadenas de distribución y al acompañar las luchas socioambientales locales.