Perspectiva tradicional sobre la ciudadanía y sus nuevas dimensiones: hacia un concepto de ciudadanía

El concepto de ciudadanía es producto de una construcción socio-histórico que ha transitado por otras nociones teóricas que involucran los conceptos de régimen político, democracia, cultura política y espacio público y privado, utilizadas para dimensionar la complejidad del significado. A fin de contextualizar un acercamiento más integral de la ciudadanía como concepto en diferentes momentos de la historia, se realiza un análisis de la concepción desde la Antigüedad clásica (Grecia y Roma) hasta nuestros días.

En la Grecia clásica se destaca Aristóteles como uno de los primeros teóricos de la ciudadanía. Para él, ser ciudadano es una con dición política que significa tomar parte en el gobierno de la propia comunidad, capacidad de decisión y control en los asuntos públicos (^{Peña, 2003}).

Aristóteles reivindica al hombre como ser social con la capacidad de relacionarse con el otro y generar comunidad:

La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social es evidente; la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. (Aristóteles, citdo en ^{González García, 2011} p. 39)

Lo anterior se manifiesta en la organización política de las polis griegas, donde el ciudadano formaba parte activa como miembro de una sociedad, y la participación, la deliberación y la toma de decisiones en los asuntos públicos es lo que le otorga el estatus o la condición de ciudadano. Sin embargo, estaba reservada a un reducido grupo de personas que ostentaba la libertad en medio de una sociedad esclavista y excluyente, en la que los jóvenes, los artesanos y las mujeres no hacían parte de esa condición, pues aun siendo indispensables para la autosuficiencia económica de la polis, no pertenecían en sentido estricto a la comunidad (^{Costa, 2006} ).

Por otra parte, la ciudadanía romana tiene una estrecha relación con la concepción de los griegos, puesto que los romanos tomaron muchas de las instituciones de ellos. Aun así, los romanos establecieron una condición jurídica a la ciudadanía que implica tener los más amplios derechos, entre los que se destacaba el de estar en capacidad de participar de la res publica y poder desempeñar cargos públicos. En palabras de Germán Bidart Campos (1997):

Lo que en Grecia significó la polis como forma de convivencia y ordenación humanas, en Roma significó la res pública como cosa común o de todos: estructura política y jurídica que pertenece al pueblo, a la comunidad. Grecia vio a la polis, al Estado, como la dimensión completa y acabada de una convivencia autosuficiente; vio al hombre como ser sociable y político predispuesto naturalmente a organizar aquella convivencia. Roma completó esa elaboración encuadrándola en un marco jurídico, y proporcionó la explicación jurídica de la política y del Estado. Con Roma, la política y el Estado encuentran su sitio en el derecho público, en tanto el hombre halla el suyo en el derecho privado. (p. 39)

Con la decadencia del Imperio romano y el comienzo de un nuevo periodo, denominado "feudalismo"¹, se organiza la vida en sociedad y desaparece la idea de ciudadanía y ciudadano desplazada por conceptos acordes con la nueva realidad sociopolítica. La servidumbre fue el concepto social incorporado en la organización social y política (Bladimir, 2011) que designó a las personas en una relación de vasallaje con los señores feudales, quienes serían los encargados de establecer los derechos y los deberes con sus siervos.

Siguiendo la línea histórica, la Edad Moderna retoma el concepto de ciudadano que dependerá de forma directa del monarca, quien garantiza ciertos derechos y deberes de los que no gozan los extranjeros: "Con el paso del tiempo, se evoluciona del "ius sangui-ni", al "ius soli" y finalmente al "ius naturalista". Sangre, suelo y naturaleza humana han acreditado la condición de ciudadano" (Beas ^{Miranda, 2009}, p. 23). De esta forma, el autor plantea que fue en las revoluciones burguesas que la ciudadanía se condiciona en torno a la ley, la política e, incluso, el Estado.

El anterior acercamiento del concepto histórico de ciudadanía permitió observar su construcción de los diferentes procesos humanos, y plantearla así como una "construcción social, es decir, no como una realidad tangible, preexistente y estática, sino como algo que se va construyendo en la convivencia social" (^{Gutiérrez Vidrio, 2011} p. 3), fruto de los diferentes procesos sociopolíticos que se dieron en la Antigüedad, la época medieval, la Modernidad y, como se verá en los próximos apartados, en torno a la contemporaneidad.

Como se mencionó en este breve recorrido histórico, las sociedades, por medio de sus prácticas sociales, han manifestado diversas formas de significar y apropiar la idea de la ciudadanía; se pueden destacar dos miradas sociohistóricas que vinculan, por una parte, la ciudadanía tradicional y las nuevas ciudadanías o emergentes desarrolladas desde mediados del siglo pasado.

Perspectiva tradicional: ciudadanía liberal, republicana y comunitarita

Desde la mirada tradicional de la ciudadanía, se ha considerado una relación de los sujetos con la realidad social, en particular con la sociedad, el Estado, las normas sociales y la relación del sujeto con la vida pública.

Con respecto a la ciudadanía en cuanto efecto de la relación del individuo con la sociedad, se plantea que,

Desde esta relación, se concibe al ciudadano como parte de un colectivo social, regulado jurídicamente y constituido formalmente, de manera que es la referencia para regular las acciones que se realizan entre los individuos que hacen parte de la sociedad. (Castillo García, 2006, p. 55)

En este sentido, se toman tres perspectivas para comprender el ejercicio ciudadano con la relación de la vida en sociedad: la liberal, la comunitarista y la republicana (Gimeno, 2001, citado en Castillo García, 2006).

La perspectiva liberal tiene como centro al individuo, y como valores fundamentales los derechos civiles; al respecto, Castillo García (2006) señala:

La ciudadanía se entiende materializada en sujetos que hacen parte de una comunidad política, en la cual se da primacía a los derechos individuales y éstos se reconocen mediante un estatuto jurídico y político que reviste a los individuos de derechos particulares. (p. 55)

Es decir, la ciudadanía significa una condición jurídica-formal que implica una adquisición de derechos, pero no obliga a ejercer una participación pública en la vida política. De esta manera, surge una asociación pasiva y privada de la ciudadanía, o en palabras de García Castillo, "con lazos débiles respecto a los demás" (p. 55).

Por tanto, autores como Horrach Miralles (2009) consideran que es el individuo quien puede defender sus intereses y construir una ciudadanía que incida en los diferentes escenarios de participación.

Por su parte, la perspectiva comunitarista manifiesta que la práctica social reivindica los derechos colectivos como elemento de relación del individuo con la sociedad, impulsada desde las funciones que cumplen los grupos de pertenencia, bien sea por raza y género, o bien por otra condición social o cultural (Castillo García, 2006 p. 55). De esta manera, esta mirada privilegia a la comunidad y a los vínculos sociales que se construyen en el marco de la interacción de los individuos por encima de los intereses individuales. Además, la perspectiva pone de relieve que los problemas sociales existentes y sus implicaciones en la comunidad ha sido producto del individualismo de las sociedades modernas. Al respecto, ^{Giraldo-Zuluaga (2015)} menciona:

Una crítica severa y total de la modernidad, a la que ven como la responsable de la mayor parte de los problemas sociales existentes (desarraigo, violencia, etc.). La idea de fondo consiste en una recuperación de valores y vínculos que, se dice, ya no están vigentes. (p. 82)

Finalmente, bajo esta perspectiva, la sociedad podría lograr un mejor funcionamiento si la ciudadanía fuese autónoma, de manera que actuara por sí misma sin la dependencia al Estado. Para esta mirada, "la ciudadanía no es meramente la adquisición de un título o un status, sino una práctica orientada a la participación en el ámbito público" (Bárcena, 1997, citado en Sarah y Peza, 200 p. 18).

Como tercera postura, el republicanismo concibe al ciudadano como "alguien que participa activamente en la dirección futura de su sociedad a través del debate y la elaboración de decisiones públicas" (^{Giraldo-Zuluaga, 2015}, p. 82), lo cual se ve reflejado en el desarrollo de diálogo entre el conjunto normativo construido participativamente y consensuado, junto con el conjunto cultural de las prácticas sociales del sujeto. De este modo, la participación social se convierte en un elemento clave; en palabras de Castillo García (2006): "Lograr la ciudadanía y ejercerla desde esta perspectiva, es luchar constantemente para que las personas, además de obtener conciencia sobre su pertenencia a la sociedad, puedan desarrollar la capacidad de participar en el funcionamiento de la sociedad en general" (p. 56).

Lo anterior se vincula a lo plantado por Horrach Miralles (2009) en la perspectiva republicana, según la cual la idea sobre la educación del ciudadano cobra importancia, ya que es a través de una educación formativa que los ciudadanos y las ciudadanas logran reconocer sus derechos y deberes cívicos e intensificar su participación en los diferentes espacios de la sociedad.

En la Tabla 1 se recopila la perspectiva tradicional de la ciudadanía a través de unas características identificadas en ellas. Esto resume una mirada tradicional que integra un énfasis en los derechos y las libertades de los sujetos (concepción liberal), un conjunto de prácticas sociales que subraya las señas de identidad y pertinencia a un pueblo determinado (comunitarista) o el impulso participativo en la esfera política, de forma que genera transformaciones (republicanismo).

Nuevas dimensiones de la ciudadanía

En el marco de la forma tradicional de entender la ciudadanía emergen su nuevas dimensiones, así como las de las prácticas sociales que trascienden la estructura institucional y convergen en los espacios cotidianos del individuo. Estas expresiones o nuevas dimensiones de la ciudadanía son producto de las transformaciones y las evoluciones que vive la sociedad, en general, y de las formas de vivir, entender y construir de los sujetos. Con esto, las siguientes líneas evidencian una aproximación de las nuevas dimensiones que ha tomado la ciudadanía como una construcción social.

Ciudadanía social o pasiva

La posición del sociólogo Thomas ^{Marshall (1998)} en Ciudadanía y clase social es considerar la ciudadanía como "una condición otorgada a aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los que poseen la condición son iguales con respecto a los derechos y deberes de que está dotada esa condición" (Marshall, 2005, citado en Arteaga García, p. 20); por tanto, plantea la ciudadanía como un estatus que permite el acceso a ciertos derechos y la incorporación de obligación en la relación con el Estado (tiene una estrecha relación con la perspectiva liberal).

Asimismo, Marshall (2005) divide los derechos en tres ámbitos: civil, político y social; el primero de ellos alude a los derechos legales "necesarios a la libertad individual" (p. 22), entre los que se encuentran la libertad de expresión, de pensamiento, de fe, de propiedad y el derecho al acceso a la justicia, entre otros.

En el ámbito político se refiere al "derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo dotado de autoridad política, o como elector de sus miembros" (p. 23). Se relaciona con el derecho de participar en el ejercicio del control político, y "tiene como fundamento el sufragio universal, el voto y los partidos políticos" (Garretón, citado en ^{Ovalle Rodríguez, 2012} p. 7), contemplado en la Constitución Política, referido al derecho a elegir y a ser elegido; tomar parte en las formas de participación democrática dispuestas por el Estado; constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; y revocar el mandato de los elegidos, entre otros.

Finalmente, el ámbito social incluye "desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares prevalecientes en la sociedad" (Marshall, 2005 p. 23), de manera que los sujetos tienen derecho a gozar de cierto estándar mínimo de vida, de bienestar y seguridad económica. Esta concepción suele denominarse "pasiva" o "privada" en razón a que hace énfasis en los derechos y no remite a una participación directa como obligación ciudadana.

Ciudadanía diferenciada, multicultural y cultural

El siglo XX representa el inicio de continuos debates y conflictos culturales relacionados con las luchas en materia de reconocimiento y diversidad al proponer nuevas dimensiones de la ciudadanía y su accionar en las esferas sociales, económicas y políticas del ser humano. De acuerdo con ^{Sandoval Moya (2003)},

La expresión más concreta de este proceso de expansión de la ciudadanía es la paulatina amplitud que se ha producido en el reconocimiento de los tipos de sujetos que pueden adquirir el estatus de ciudadano en las sociedades contemporáneas, así por ejemplo, si bien la imagen de ciudadano tipo del «modelo marshalliano» era un varón adulto y occidental, ésta se ha ido ampliando con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las minorías étnicas, y con los posteriores debates que han surgido en torno a la visibilidad de los derechos de la sexualidad, los derechos ecológicos y los derechos de la juventud. (pp. 36-37)

De esta forma, los avances significativos en materia de legalidad en lo expuesto en la concepción tradicional sobre ciudadanía significó el inicio de nuevos matices de legitimidad en torno a lo que podría abarcar la ciudadanía y sus nuevos escenarios que posibiliten una integración material como anverso, y la diversidad cultural como el reverso de una noción coherente de ciudadanía (^{Sandoval Moya, 2003}).

Con lo anterior, se partirá con el modelo de ciudadanía diferencia representada en gran medida por ^{Young (2000)}. Este modelo de ciudadanía tiene como propuesta central la crítica hacia la neutralidad del derecho, las reglas y los principios diseñados universalmente ciegos a la diferencia de raza, género, cultura, edad, entre otros elementos de la dimensión del individuo, con referencia a un déficit de ciudadanía liberal bajo los principios de universalidad, igualdad y generalidad. Menciona al respecto Young (2000, citado en Garzón ^{López, 2012}) que la tradición ciudadana ha venido imponiendo una homogeneidad de las personas redundado en procesos de exclusión y discriminación.

La verdadera igualdad, según la perspectiva de ciudadanía diferenciada, se encuentra en la afirmación de las diferencias de los colectivos en cuanto grupos marginados y oprimidos por parte las leyes (^{González García, 2011}), o por razones socioeconómicas como, por ejemplo, a causa de la falta de reconocimiento a su identidad colectiva (sesgo aplicable a la etnicidad, la religión, la clase, la sexualidad o la raza, entre otros) (Garzón ^{López, 2012}). En cambio, se plantea el diseño de estrategias o políticas diferenciadas para atender las demandas singulares de estos grupos sociales, con lo que se pone en relieve una discriminación positiva o políticas de cuotas (Giraldo ^{Zuluaga, 2010}) en el espacio público como vía para lograr la inclusión y la participación de todas las personas en una ciudadanía plena.

La ciudadanía diferenciada busca replantear lo político mediante la diversificación del espacio público por la representación de los grupos. De esta forma, refuerza la participación y la representación política, "ya no de los individuos en sí, sino de los individuos en cuanto pertenecientes a determinados grupos excluidos del espacio público" (Garzón ^{López, 2012}, p. 172).

Al retomar lo anterior, se puede mencionar que la ciudadanía diferencia y cuestiona la neutralidad y la universalidad de las normas como elementos para homogenizar la ciudadanía, ya que no tiene en cuenta la diversidad de ciertos grupos sociales en el espacio público. De esta manera, ni la neutralidad ni la universidad son parámetros para regular la convivencia en sociedad, influenciadas por el pluralismo y pensamientos divergentes, sino, como señala ^{Young (2000)}, es mediante la repolitización (transformación del orden político) de los grupos diferenciados en el espacio público -si se tiene en cuenta sus condiciones particulares- que es posible construir las bases de la inclusión universal.

Autores como, por ejmplo, Horrach Miralles (2009), recogen los planteamientos descritos y manifiestan varias inconsistencias en el desarrollo teórico de la ciudadanía diferenciada, la cual entiende la ciudadanía como sobredimensión de la diferencia. Además, lo concerniente a la discriminación positiva debe tener un límite de tiempo y no ser permanente, ya que podría lesionar principios de justicia o igualdad. Asimismo, manifiesta que no siempre lo diverso es sinónimo de vulnerabilidad y, por tanto, no debe ser defendido (por lo menos, en la promoción desde el poder político).

Desde otra mirada, el teórico Will Kymlicka (1996; 2002) propone la ciudadanía multicultural que defiende una propuesta de pluralismo o diferencia cultural como idea central. Así, Kymlicka se ciñe exclusivamente a las minorías étnicas y nacionales (lo que incluye pueblos indígenas) que han sido objeto de exclusión del déficit del liberalismo político durante años. De esta forma, insta a garantizar el reconocimiento de los derechos de grupos específicos sobre la base de la libertad e igualdad. Las premisas más destacadas de Kymlicka (2002), relacionadas por Garzón ^{López (2012}), son: a) los derechos específicos de grupos culturales; b) la insuficiencia de los derechos individuales; c) el papel de la cultura como contexto de elección y pertenencia a una comunidad; y d) la falsa neutralidad estatal (criticada a su vez por Young).

Con se mencionó, los planteamientos de Kymlicka (1996), en el marco de la cultura, se basa en el acceso a una serie de opciones significativas de la vida:

Las personas eligen entre prácticas sociales de su entorno, en función de creencias sobre el valor de esas prácticas (...) y tener una creencia sobre el valor de una práctica consiste, en primera instancia, en comprender los significados que nuestra cultura le otorga. (p.120)

De esta manera, la importancia de comprender el significado de una práctica social radica en reconocer sus características compartidas desde la lengua, la historia, las tradiciones y las instituciones, entre otros. La definición presente de cultura en el trabajo de esta autora es un concepto operativo que denomina "cultura societal", aplicado a minorías culturales, dado que no solo comprende el territorio, la lengua, las prácticas y los valores comunes, sino que se traduce en instituciones compartidas (Kymlicka, 1996, citado en Garzón ^{López, 2012} p. 159).

Kymlicka (1996) menciona tres clases de grupos , con sus correspondientes derechos específicos para cada uno, siguiendo a Horrach Miralles (2009) y a Gonzales García (2011): los grupos desfavorecidos (mujeres, discapacitados, entre otros) a los que se le deben garantizar derechos especiales por un espacio de tiempo determinado (a diferencia de lo expuesto por Young, quien plantea que los derechos de estos grupos vulnerados deben ser permanentes); y los grupos de inmigrantes y minorías étnicas o religiosas, que adquieren un conjunto de derechos multiculturales y permanentes a fin de mantener su identidad diferenciada y las minorías nacionales.

Además, considera tres medidas especiales orientadas a reconocer los derechos específicos de los grupos identificados: 1) derechos de autogobierno: se trata de una "transferencia de competencias a una unidad política básicamente controlada por los miembros de la minoría nacional, que fundamentalmente se circunscriben a su patria o territorio histórico" (1996, p. 51); 2) derechos poliétnicos que tienen como objetivo "ayudar a los grupos étnicos y a las minorías religiosas a que expresen su particularidad y su orgullo cultural sin que ello obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad dominante" (p.); y 3) derechos especiales de representación que plantean la necesidad de incentivar procesos que reflejen "la diversidad de la población, al incluir a miembros de grupos históricamente desfavorecidos, tales como minorías étnicas y raciales, mujeres, pobres, discapacitados, etc." (Garzón ^{López, 2012} p. 189).

Por su parte, Renato ^{Rosaldo (2000)} acuña el concepto de ciudadanía cultural en busca de incorporar al ciudadano en la plataforma de la cultura; al respecto, afirma:

La ciudadanía puede verse como un proceso cultural en el sentido de que los marginados y excluidos tienen una visión particular de lo que sería la pertenencia y hay que considerar esa visión al renegociar el contrato nacional con tales grupos. (p. 39)

Hoy en día, la ciudadanía demuestra ser una mediación fundamental que sintetiza e integra las distintas identidades sociales que una persona puede llegar a construir en sus diferentes escenarios, de tal manera que la visión clásica de la ciudadanía habría sido rebasada en tanto se impone la reivindicación de la diferencia cultural (Collignon, 2004, citado en ^{Gutiérrez Vidrio, 2011}).

Por otra parte, ^{Rosaldo (2000)} identifica dos ejes que han marcado cambios cualitativos en la lucha por la expansión de derechos en el marco de la ciudadanía como idea integral. El primero se refiere a la redistribución de los recursos económicos y la lucha de clases, así como al eje de reconocimiento relacionado con los factores culturales. Es fundamental que esta expansión de la ciudadanía implica, no solo la relación Estado-ciudadano (como se aprecia en gran medida en la corriente tradicional), sino también la relación ciudadano-ciudadano (desarrollada en la convivencia social), lo cual se refiere a:

[La] participación de la población en los grupos sociales (pueden ser grupos de vecindad, de barrio, de la política que se haga donde se trabaja; puede ser cualquier grupo así, sin que intervenga el Estado), donde se busca un reconocimiento al sentido de pertenencia, y la reivindicación de derechos en el sentido sustancial y no formal. (^{Rosaldo, 2000} p. 42)

En términos de la ciudadanía cultural, ^{Rosaldo (2000)} manifiesta que la cultural es una mediatización de la conducta humana que se significa desde el punto de vista del sujeto social frente a su realidad social. Además, cómo es un proceso que se construye en la intersubjetividad con los demás actores que integran una sociedad. Al complementar lo descrito por Rosaldo, Parsons (citado en ^{Schneider y Avenburg, 2015}) entiende la cultura como una caja de herramientas que contiene un conjunto de reportorios de símbolos, historias, rituales y visiones del mundo usados por el ser humano para resolver diferentes clases de problemas en la relación con el otro.

De esta manera, la caja de herramientas como metáfora de la cultura que plantea implica ver, también, una división práctica, efectiva y operante del mundo en el que se desarrolle. Como señalan ^{Muñoz González y Muñoz Gaviria (2008)} frente a la cultura: "Ahí se pueden localizar procesos de atesoramiento, reproducción, utilización y escenificación de la memoria social, de búsqueda y auto-representación de identidades, de organización social capilar, de creación y recreación sígnica muy concretos, muy cercanos, muy humanos, muy cotidianos" (p. 221).

Ciudadanía posnacional

Jürgen ^{Habermas (1993)} plantea la necesidad de reconocer la realidad de unos Estados posnacionales que se caracterizan por ser plurinacionales y pluriétnicos (su propuesta se basa en la reunificación de la Unión Europea), con el principal objetivo de acercar a las comunidades europeas a los ciudadanos, y no solo a las actividades económicas. Con esto pretende mantener una doble nacionalidad: la de cada persona y la posnacional que implica un desarrollo mutuo (^{González García, 2011}).

La clave de este modelo, como lo menciona Horrach Miralles (2009), es lo denominado "patriotismo constitucional", ya que "sólo desde la Constitución, y no desde supuestas esencias nacionales, se puede conseguir una plena integración común de las diferencias existentes en la sociedad" (p. 18). De esta forma, se establece y define la consolidación del pluralismo que caracteriza la nueva dimensión de la ciudadanía posnacional.

Cosmopolitismo

Este modelo de ciudadanía ha sido defendido por autores como David ^{Held (1997)} o Adela ^{Cortina (1997)}, quienes abogan por una ciudadanía más amplia que la posnacional, y manifiestan una defensa global de derechos y deberes de alcance universal que desvincule el ejercicio ciudadano con el arraigo espacial, tales como el lugar de nacimiento o de residencia de individuos (Horrach Miralles, 2009). Este modelo se conoce como "cosmopolitismo" o "ciudadanos del mundo".

Por su parte, ^{Held (1997}, citado en Horrach Miralles, 2009), plantea que la "adhesión al principio de autonomía implica el deber de trabajar por el establecimiento de una comunidad de estados y sociedades democráticos que se comprometan a respaldar el derecho público democrático y fuera de sus fronteras: una comunidad democrática cosmopolita" (p. 78). Esta comunidad democrática cosmopolitita se enmarca en las transformaciones económicas, culturales, políticas y mediáticas surgidas en el marco de la globalización que implica una nueva organización de la sociedad mundial.

En sintonía, Adela ^{Cortina (1997)} complementa el modelo al considerar:

La ciudadanía representa el punto de unión entre la razón sentiente de cualquier persona y las leyes y los valores, es decir, entre nuestros más profundos sentimientos racionales: el de pertenencia a una comunidad y el de justicia en esa misma comunidad. (p. 19)

De esta manera, la razón que tiene raíces en lo expuesto por Kant se convierte en un elemento del cosmopolitismo al adjudicar la formación de un sistema global de derechos y deberes avalados universalmente independientes del lugar de nacimiento (Horrach Miralles, 2009). Esta idea de ciudadanía es una construcción que parte desde el pueblo o la comunidad hasta el mundo o la sociedad global (^{Nussbaum y Cohen, 2013}), e involucra el respeto a las diferentes formas de vida y sus cosmovisiones del mundo, al unir la diferencia con la universalidad: "No se trata de crear un gobierno mundial, sino de vivir juntos como una aldea global" (Horrach Miralles, 2009 p. 78).

De igual manera, las características del modelo de ciudadanía de Adela Cortina (1995) se configura en: autonomía personal (capacidad de elegir, pues no es vasallo, como lo fue en el feudalismo, ni súbdito en las monarquías absolutas); conciencia de derechos que deben ser respetados; sentimientos del vínculo cívico con los conciudadanos, con quienes comparte proyectos comunes; participación responsable en el desarrollo de esos proyectos, es decir, no solo conciencia de derechos, sino también de responsabilidades; y, a su vez, sentimiento del vínculo con cualquier ser humano y participación responsable en proyectos que lleven a transformar de forma positiva la sociedad global.

En el marco de la globalidad, el ciudadano cosmopolita debe, siguiendo a Parrada Barrera (2009):

Replantear la condición del ciudadano y hacer mayor énfasis en su condición de tipo universal en una sociedad civil que acepta la diferencia y permite el desarrollo tanto en lo público como en lo privado. Con ello se estimularía la formación de un concepto de ciudadanía activa que recobraría el lugar asignado al Estado de Bienestar, mediante mecanismos de participación política adecuados a las necesidades multiétnicas. (p. 106)

Además, si el objetivo primordial de globalización es formar una ciudadanía con características cosmopolitas, es fundamental, como menciona Adela Cortina (2005, citado en Parrada, 2009), diseñar y rediseñar las instituciones internacionales, de manera que se asegure una comunidad trasnacional mediante la unión de acuerdos y normas; pero es, ante todo, indispensable la educación en el cosmopolitismo, reconociendo el papel de la educación como el medio en el que el ser humano puede llegar a conseguir su humanidad.

Ciudadanía de baja intensidad

Guillermo CTDonell (1999) considera la ciudadanía de baja intensidad ligada con "el grado en que las personas se sienten obligadas a cumplir con sus deberes y a ejercer sus derechos" (p.145). Se distingue en el contexto de América Latina, ya que se enfrenta una realidad sociopolítica que vulnera el ejercicio pleno de los derechos, lo cual se traduce en una privación de la ciudadanía. En este sentido, Fernández (2009) plantea los factores característicos de la intensidad de la ciudadanía, en complemento de lo descripto por O'Donell, relacionada con: a) la posibilidad de los ciudadanos de ejercer efectivamente sus derechos; y b) la disposición de los ciudadanos a ejercer los derechos que les corresponden. Así, una ciudadanía de baja intensidad restringe un pleno ejercicio en la toma de decisiones en un escenario democrático, en el que los ciudadanos depositan en el gobernante toda la responsabilidad de resolver los problemas sin exigir una democracia de calidad y transparente.

Por otra parte, Ovalle Rodríguez (2011) distingue una ciudadanía de baja intensidad relacionada con la poca capacidad para el ejercicio de derechos, el escaso nivel de educación y la limitada capacidad de elección en el marco del desplazamiento colombiano como caso particular. Al respecto, ^{Bonet (2009)} ejemplifica las características de un ciudadano de baja intensidad al señalar:

Sujeto formal de atribución de derechos con poca capacidad para su ejercicio. Alto grado de desafección, desconfianza y apatía electoral, actitudes funcionales a la reproducción de los intereses e instituciones del sistema vigente. Limitada capacidad de autodecisión y libre elección. Escaso o nulo control sobre la función o el patrimonio público. (p. 9)

A su vez, Ramón Capella ofrece un retrato del ciudadano bajo el escenario social y político configurado alrededor del proceso de la globalización, y lo denomina "los ciudadanos siervos". Se refiere en este sentido a la existencia de una "nueva servidumbre contemporánea" (Capella, 1993, p.151), respaldada y financiada por las distintas naciones. Al respecto, escribe:

Los ciudadanos-siervos son los sujetos de los derechos sin poder. De la delegación en el Estado y el mercado. De la privatización individualista. Los ciudadanos se han doblado en siervos al haber disuelto su poder, al confiar sólo al Estado la tutela de sus «derechos», al tolerar una democratización falsa e insuficiente que no impide al poder político privado modelar la «voluntad estatal», que facilita el crecimiento, supraestatal y extraestatal, de este poder privado. (^{Capella, 1993} p.152)

El problema, en todo caso, como lo menciona Aguiló ^{Bonet (2009)}, de la baja intensidad del ejercicio ciudadano o de la servidumbre como imperativo legal, es que genera estados estructurales de dependencia e incapacidad que "sustituyen la formación de personas críticas, libres y maduras para pensar y actuar por sí mismas por una especie de súbditos, siervos o, si se prefiere, esclavos" (p. 14).

^{Bonet (2009)} plantea las características del ciudadano de baja intensidad con base en los aportes de Guillermo O'Donell (1993), y refiere que: a) es un sujeto formal de atribución de derechos con poca capacidad para su ejercicio; b) es obediente, sin posibilidades para participar en la toma de decisiones que le afectan; c) poco control sobre la función y el patrimonio público, lo que genera un ambiente propicio para fortalecer la violencia estructural (corrupción, pobreza, entre otros); d) presenta un alto grado de desafección, desconfianza y apatía electoral.

En el mismo plano, ^{Bonet (2009)} manifiesta que es fundamental intensificar la participación ciudadana en los escenarios públicos y propone ciudadanizar la ciudadanía, es decir, "recuperar e intensificar el potencial emancipador de la ciudadanía" (p. 20) que posibilita la reconstrucción de la política y la acción democrática en y desde la vida cotidiana.

Ciudadanía alternativa

El autor William Ortiz Jiménez (2010) postula la ciudadanía alternativa construida en escenarios particulares (como lo fue en la Comuna 10 de Medellín) donde la debilidad institucional no es la única encargada de proveer el desarrollo de los derechos humanos a los ciudadanos, de modo que posibilita a los miembros de la comunidad o actores paraestatales² crear mecanismos efectivos para la resolución de sus problemáticas inmediatas y prioritarias (Ovalle Rodríguez, 2011). Al respecto, Ortiz Jiménez (2010) manifiesta:

Una transformación de la noción de ciudadanía ideal a la que los occidentales aspiraríamos, que por factores sociales e interrelaciones de la sociedad civil y a falta de la garantía efectiva de las obligaciones y derechos que le han entregado al Estado constitucional, ha hecho que los ciudadanos otorguen el poder a un Estado paralelo, dada la derogación tácita de la constitución y la ley de forma no siempre democrática. (p. 88)

Asimismo, las características de este tipo de ciudadanía van desde el empoderamiento de la ciudadanía como solución a problemas inmediatos; la existencia de condiciones políticas, sociales, económicas y culturales definidas; y la existencia de mecanismos alternativos de solución de conflictos y de códigos de convivencia distintos a los aceptados por la sociedad. De acuerdo con Ovalle Rodríguez (2011, p. 11),

Otros elementos que constituyen esta noción son: imposición por la fuerza a causa de la ilegitimidad e ilegalidad del paraestado, carácter excluyente frente a otros grupos o comunidades, desacato de los derechos fundamentales de otros grupos, desconocimiento de otros estamentos de mayor soberanía o poder; sus bases se encuentran en la costumbre y la cultura de un grupo limitado (Ovalle Rodríguez, 2011 p. 11).

Ciudadanía vecinal y territorial

La ciudadanía vecinal se desarrolla en un contexto específico en el que el sujeto es "territorializado, reconocido, perteneciente a un colectivo determinado; estas características determinaban su identidad y sentido de pertenencia" (^{Uribe de Hincapié, 2001}, p. 182). Ese sentido de pertenencia lo confiere la comunidad en la que se desenvuelva e interaccione con los demás.

En conformidad con los planteamientos de Basconzuelo (2010), distingue una ciudadanía contextualizada en las realidades micro de los barrios a través de las prácticas participativas de los vecinos en torno a la construcción de ciudadanía y vecindad³ como categorías contributivas. La autora define el territorio, la comunidad o barrio como,

un espacio activo generador de prácticas, relaciones y vínculos sociales y significaciones que concurren a cimentar no solo el pleno sentido de una ciudadanía vecinal, sino la comprensión del proceso general de construcción de la ciudadanía, en tanto y en cuanto se interprete este último como proceso histórico que importa una dinámica dentro de la cual concurren los procesos avenidos desde los espacios locales. (p. 259)

De esta forma, la comunidad se convierte en el eje articulador de la construcción de la ciudadanía en el marco de las relaciones sociales y las acciones en la vida cotidiana de los vecinos o actores sociales, mediados por las características socioeconómicas, políticas y culturales (Basconzuelo y Belén, 2012).

Los componentes que constituyen este modelo de ciudadanía vecinal parten de la pertenencia al territorio de base, los derechos, la participación en el espacio público, los elementos del imaginario social traducidos en los discursos y las prácticas de los actores barriales (Basconzuelo, 2010).

"Expresar la pertenencia", según la autora, se refiere a un colectivo (conjunto de miembros o vecinos) que elaboran imaginarios (formas de pensamiento en torno a diferentes objetos o fenómenos sociales) a partir de la cotidianidad de los vínculos, lo que posibilita la formación de dos instancias colectivas: la solidaridad intrabarrial y la voluntad de crear asociación (pretendiendo la conquista de la igualdad y la equidad).

El contenido de las demandas barriales son el conjunto de derechos y libertades individuales propios de la concepción liberal. Así, Basconzuelo (2010) refiere estos derechos alrededor de la idea de justicia, entendida como "la aceptación de las reglas básicas que regulan las relaciones sociales en términos de deberes y derechos mutuos, suponiéndose que el Estado -si bien neutral ante un determinado fin- debería arbitrar para garantizar el ejercicio de tales derechos" (p. 256), y la idea de igualdad en la que todas las personas tienen los mismos derechos sin importar su edad, género o religión, entre otros.

La participación desde los barrios plantea un compromiso con lo público y la lucha por mejorar las condiciones de vida de los habitantes, "donde la interacción cara a cara y la posibilidad de discutir y consensuar en la comunidad pequeña era más concreta" (Basconzuelo, 2010 p. 257). Asimismo, la participación emergente desde los barrios aportaba criterios o acciones vecinales para la regulación de las relaciones sociales dentro de la compleja urbanidad: a) se incentivan temas de interés relacionados con las necesidades y las expectativas de un grupo de vecinos para mejorar su calidad de vida y su entorno natural y social; b) se concibe la participación como un ejercicio de aprendizaje continuo y progresivo con los diferentes actores de la sociedad; c) la representación en la participación posibilita ocuparse de aquellos asuntos que respondían a la lógica de lo cotidiano y apremiante (Basconzuelo, 2010).

Ciudadanía asistida y emancipada

En el contexto latinoamericano se han pensado dos formas para enfrentar los niveles de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad a través de las políticas sociales. De acuerdo con ^{Bustelo Graffigna (1998)}, la relación entre pobreza y ciudadanía se entiende en los siguientes términos:

Pobres no son sólo aquellas víctimas, de una u otra forma, de una mala distribución de ingresos y la riqueza, sino también son aquellos que sus recursos materiales e inmateriales no les permiten cumplir con las demandas y hábitos sociales que como ciudadanos se les exige. Por eso la pobreza es sobre todo, pobreza de ciudadanía. La pobreza de ciudadanía es aquella situación social en la que las personas no pueden obtener las condiciones de vida-material e inmaterial-que les posibilite desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica, política y social y entender los códigos culturales para integrarse como miembros de una sociedad. (p. 41)

El anterior fragmento evidencia uno de los retos que asumen la ciudadanía activa en contextos fuertemente azotados por las contradicciones humanas y le restringe el ejercicio pleno del desarrollo de sus capacidades humanas. El potencial desarrollo humano está estrechamente relacionado con el alcance de la ciudadanía en sus prácticas cotidianas.

En este marco, la ciudadanía asistida y la emancipada son las dos formas de pensar que ^{Bustelo (1998)} plantea en el ejercicio de ser ciudadano hoy, en un contexto tan particular como lo es América Latina. Esa ciudadanía asistida encuentra en las políticas sociales respuestas "focalizadas hacia la pobreza y a los grupos más vulnerables mediante subsidios, siendo el subsidio una ética de la compasión" (Bustelo, 1998, citado en ^{Bojórquez, 2005}). De esta manera, las políticas sociales, de acuerdo con el autor, son un mecanismo de control social (o discriminación positiva, como se ha mencionado en otro modelo de ciudadanía) que busca la satisfacción de una necesidad básica inmediata sin alterar el estado de exclusión o vulnerabilidad.

En suma, se entenderá la ciudadanía asistida como un enfoque de la ciudadanía que aborda el fenómeno de la exclusión desde la asistencia en atención a los más golpeados en razón a la forma en que funciona la sociedad: "Las intervenciones de este tipo no abordan la participación e incidencia de las personas en la construcción de mejores condiciones de vida, sino tan sólo garantizar las condiciones básicas para que todo siga funcionando" (Tabares ^{Fernández, 2008} p. 8).

Ortiz Jiménez (2009) menciona las características asociadas a la ciudadanía asistida en un Estado garante de derechos y una sociedad civil monolítica: a) la desigualdad social es natural; b) las políticas gubernamentales distributivas "neutras", con alta competitividad y un individualismo posesivo; c) los pobres son asistidos mediante políticas focalizada; d) los excluidos aparecen como "ciudadanos subsidiados"; y e) el Estado es mínimo, el mercado determina lo social y lo político.

Un segundo modelo hace referencia a la ciudadanía emancipada que involucra la participación de los actores en el ejercicio político, manifestando una generación de procesos en los que el empoderamiento es el eje fundamental para superar las condiciones de exclusión (Tabares ^{Fernández, 2008}), o, en palabras de Bojórquez, "una propuesta socialmente inclusiva" (p. 82), la cual involucra argumentos para reducir los múltiples aspectos o los canales de generación de la exclusión como, por ejemplo, el acceso a un empleo productivo, a una educación de calidad, así como a los códigos socialmente relevantes que permitan a mujeres y hombres participar el campo de sus derechos y responsabilidad (^{Bustelo, 1998}, citado en Bojórquez, 2005).

En esta lógica, la ciudadanía emancipada es lo que requiere el contexto de América Latina a fin de fortalecer los escenarios democráticos en los que la igualdad social constituye el valor central -y a conquistar-, en la medida en que se entiende como:

El derecho de las personas -en tanto que miembros/socios de un esquema de cooperación social común- a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes social y económicamente relevantes. Igualdad implica equidad -proporcionalidad en el acceso a los beneficios y costos del desarrollo- y también, justicia redistributiva basada en la solidaridad colectiva... De modo que la igualdad, más que una propuesta niveladora, es un proyecto habilitador. (^{Bustelo 1998}, citado en ^{Silva, 2001} p. 105)

Ciudadanía invertida, regulada y universal

En este contexto latinoamericano, Sonia Fleury (1997) distingue tres modalidades subyacentes en los modelos de políticas sociales:

Una ciudadanía invertida que mantiene una estrecha relación con las políticas asistenciales y es el resultado de las relaciones entre la sociedad y el Estado, lo cual ha implicado una legitimización del sistema al neutralizar los conflictos sociales que en ella surgen (^{Satriano, 2006}). Al respecto, Fleury (1997) manifiesta que los grupos o ciudadanos invertidos,

Son identificados como sectores subalternos de una sociedad formada por grupos de desamparados que dependen de esas acciones que determinan estas políticas. Políticas que siempre encubren relaciones de dominación más profundas, por estar ligadas a parámetros no sólo ideológicos sino también presupuestarios. (p. 7)

Por su parte, la ciudadanía regulada es propia del seguro social, vinculada al principio de mérito con base en la condición de inserción en la estructura productiva. Por último, se encuentra la ciudadanía universal, la cual enmarca la plenitud del ejercicio de los derechos y se fundamenta en el ideal de justicia social garantizando un término mínimo vital y asociada al modelo de seguridad social.

Ciudadanía responsable

^{Bartolomé (2002)} hace referencia a la ciudadanía responsable y resalta el compromiso y la responsabilidad social que implica ser ciudadano: "Aquí se incluye la dimensión ciudadana de la identidad o conciencia cívica de pertenencia a una comunidad que exige un conjunto de habilidades y actitudes para participar en ella e implicarse con la responsabilidad de mejorarla" (^{Arango Correa, 2008}, p. 62).

En la misma línea argumentativa, ^{Bartolomé y Cabrera (2007)} afirman que la sociedad de hoy necesita un modelo de educación ciudadana y valores cívicos que incentiven comportamientos y actitudes activas, responsables, abiertos a la interculturalidad, críticos y solidarios, así como comprometidos con la equidad y respetuosos con la ecología, a fin de que afronten los retos que impone la globalización, la pluralidad y la multiculturalidad, la exclusión y el reto de la pasividad o la apatía cívica.

El modelo de ciudadanía de ^{Bartolomé (2002}, citado en Folguerias, 2005) distingue una ciudadanía como estatus y otra como proceso; en la ciudadanía como estatus hace referencia al reconocimiento legal y jurídico, contemplado en el marco normativo de cada nación (expresado en la concepción tradicional de la ciudadanía).

Por otra parte, la ciudadanía como proceso implica su construcción social, lo que no solo se vincula con la adquisición legal, sino también con el desarrollo de unas dimensiones fundamentales en las que, de acuerdo con ^{Marín (2013)}, cada uno de ellos interactúa entre sí y la afectación de uno de ellos afecta a los demás. A su vez, el ejercicio de la ciudadanía depende del contexto social en el que las personas se desenvuelven (familiar, social, político).

Ciudadanía emancipatoria, ciudadanía cultural y comunicacional

Claudia Dueñas propone unas formas de ciudadanía que involucran lo emancipatorio, lo cultural y lo comunicacional. De igual forma, la apuesta de estos tipos de ciudadanía que no se restringe al derecho de sufragio, sino que involucra nuevas y complejas dimensiones relacionadas con nuevos derechos (Dueñas, 2000).

Por su parte, la ciudadanía emancipatoria se refiere a los derechos de cambio de la sociedad. ^{Dueñas (2000)} señala que es "la legítima aspiración de transformar las formas de vida, estructuras institucionales, organización económica, avanzando hacia la construcción de sociedades más libres y justas que den pleno reconocimiento a todos los sujetos y grupos que de ella forman parte" (p. 145). Asimismo, la ciudadanía cultural manifiesta las identidades éticas, étnicas y estéticas que le dan la particularidad a las personas, los grupos o los pueblos, "y que equilibran la aguda tensión entre identidad y diversidad" (p. 145). Ahora bien, la ciudadanía comunicacional involucra "el reconocimiento comunicativo del otro, su inclusión como legítimo interlocutor desde su identidad y abierto a la información y el conocimiento que circula en una sociedad globalizada" (p. 145).

Las tres formas de ciudadanía se relacionan entre sí y convergen en el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y de cambios en la sociedad (ciudadanía emancipatoria) que involucran la construcción de identidades, propuestas éticas y estéticas en el marco de la visibilización en los distintos escenarios (ciudadanía cultural). Además, se reproduce un intercambio de lenguajes y la interacción con el otro desde su reconocimiento (ciudadanía comunicacional).

Ciudadanía denegada, de segunda clase, despreciada, latente y construida gradualmente

El antropólogo norteamericano John ^{Durston (1999)} plantea las siguientes manifestaciones de ciudadanía, en el marco de la participación juvenil y las limitaciones que enfrentan los actores sociales: ciudadanía denegada, de segunda clase, despreciada, latente y construida gradualmente.

La ciudadanía denegada se enmarca en los sectores excluidos, tales como las etnias dominadas, los pobres rurales y los contextos urbanos en condición de marginación social, por lo cual se les niega la posibilidad práctica de ejercer la ciudadanía, en razón a,

la discriminación racial, por la ausencia de espacios de participación dentro de su hábitat, y también por la falta de acceso al conocimiento necesario para la ciudadanía: por un lado, las destrezas de incorporación y análisis, por otro, la expresión de información relevante en un lenguaje que ellos manejan. (^{Durston, 1999}, p. 3)

Adicionalmente, la sociedad debe impulsar una respuesta con la promoción de la diversidad cultural, la creación de un orden jurídico que elimine la exclusión por discriminación y el fomento de la pedagogía ciudadana en torno a los conocimientos para fortalecer la participación ciudadana.

La ciudadanía de segunda clase se refiere a aquellos sectores o actores sociales determinados que mantienen parcialmente o implícita la negación de la ciudadanía a través de barreras u obstáculos que les dificultan su ejercicio (^{Durston, 1999}). Lo anterior se manifiesta en las mujeres, por ejemplo, que mantienen en un plano la ciudadanía, pero se ven inhibidas en ciertas prácticas; asimismo, en los jóvenes afectados por la discriminación, las personas con baja educación "por carecer de las herramientas y códigos necesarios para el ejercicio efectivo de la ciudadanía en la 'era de la información'" (pp. 3-4), al distinguir la educación como un mecanismo fundamental en la superación de las barreras y las ciudadanías limitadas.

La ciudadanía despreciada se refiere al rechazo que ejercen los actores sociales (jóvenes, según el autor), quienes, aunque disponen de los medios y los espacios para ejercerla, no la hacen parte de sus actividades, bien sea por egoísmo o bien por pasividad de un idealismo altamente exigente. Durston denomina esto "juventud cínica", con base "en una crítica radical de la deshonestidad, hipocresía y manipulación que perciben entre los políticos y en el sistema político tradicional" (1999, p. 5). Incluso, este tipo de cinismo de corte filosófico se puede indagar en los contextos de vulnerabilidad en los que los habitantes mantienen una mirada de deslegitimización del ejercicio ciudadano por las carencias institucionales y la falta de garantías en los derechos humanos, así como a causa de las injusticias sociales que se mantienen hoy en día.

La ciudadanía latente se manifiesta cuando existe una disposición favorable a la participación, aun cuando no se haya encontrado una causa que motive el ejercicio ciudadano. El autor manifiesta que los estados de latencia son favorables, a diferencia de las ciudadanías limitadas vistas, porque el ejercicio ciudadano puede activarse cuando la causa y las condiciones lo dictaminen en torno a un tema concreto, coyuntural y delimitado; sin embargo, si pasa mucho tiempo sin un contexto que active la ciudadanía latente, "las capacidades, los hábitos y motivaciones ciudadanos se atrofian" (p. 6).

Finalmente, la ciudadanía construida se refiere a "la construcción gradual por el individuo de su propia ciudadanía mediante el aprendizaje de códigos y conocimientos y el ensayo práctico" (p. 6). De esta manera, se manifiesta que la ciudadanía parte de una construcción gradual, es decir, que el ejercicio ciudadano no se adquiere al nacer, sino que se aprende en el accionar práctico, y ese aprendizaje constituye un desafío a diversas esferas institucionales que van desde la familia, los medios de comunicación, las comunidades y las escuelas que tienen el compromiso y la responsabilidad de forjar habilidades necesarias para "poder discutir sin pelear, saber escuchar y respetar la opinión del otro, negociar diferencias, y aceptar la decisión democrática como alternativa a los dos extremos de sometimiento irreflexivo o de rebeldía" (p. 6).