DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación desarrollada se ubica epistemológicamente dentro del naturalismo que hace parte de los fenómenos sociales, por lo que deben ser estudiados en su estado más natural posible y bajo la influencia mínima del investigador (^{Hammersley y Atkinson, 2003}); por tanto, se hace desde una óptica fenomenológica, tratando de comprender el fenómeno a través de la mirada de los propios actores (^{Taylor y Bogdan, 1987}). En este trabajo, el interés ha estado centrado en conocer la experiencia y percepción subjetiva de diferentes actores respecto al proceso de reparación integral contemplado en la Ley 1448, razón por la que se ha planteado la metodología de corte cualitativo.

El universo conformado por las víctimas del conflicto armado es diverso y heterogéneo, pues ha afectado a la ciudadanía colombiana en su conjunto, aunque las consecuencias sean diferentes según las circunstancias de cada persona. Para la selección de las mujeres participantes se tuvo en cuenta una serie de consideraciones como, por ejemplo, edad, procedencia, hechos victimizantes, con el objetivo de garantizar una acertada representatividad, siendo requisito sine qua non su inclusión previa en el Registro Único de Víctimas, lo que aseguraba que ya habían iniciado su proceso de reparación. El instrumento contemplaba preguntas sobre los hechos victimizantes identificados y sobre el proceso seguido para su reparación: hoja de ruta para ser reconocida como víctima, medidas de reparación logradas, influencia del enfoque diferencial de género para su reparación, y sus recomendaciones o propuestas para sentirse reparada integralmente.

La información se obtuvo por medio de entrevistas semiestructuradas en profundidad, realizadas a un grupo de 70 mujeres víctimas residentes en Medellín y otros siete municipios del Valle de Aburrá (Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Itagüí y Sabaneta). A esto, se le sumaron entrevistas semiestructuradas a diez líderes sociales y representantes de ONG, y a 13 funcionarios/ as públicos para recoger sus opiniones, experiencias y percepciones subjetivas sobre las medidas de reparación contempladas en la dicha Ley y su impacto en la población víctima. Además, se llevaron a cabo tres talleres de trabajo, uno con organizaciones de la sociedad civil vinculadas al trabajo en derechos y reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado; otro con funcionarios/as públicos de alguna de las entidades integradas en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV); y un tercero con mujeres víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), con funciones de liderazgo en sus organizaciones; cabe anotar que el acceso a ellas fue posible gracias a la colaboración de organizaciones no gubernamentales de víctimas, funcionarios/as de algunos Centros de Atención a Víctimas y a mujeres víctimas que, mediante la técnica bola de nieve, facilitaron su contacto y han intermediado para permitir al equipo de investigación su encuentro con ellas. El trabajo de campo se desarrolló entre junio y septiembre de 2017.

Tanto las entrevistas como los talleres fueron grabados y transcritos de forma literal para su análisis con el programa informático NVivo, donde se definió una serie de categorías previas que se ampliaron en la medida que se avanzaba en el análisis e iban emergiendo en los discursos. El proceso de codificación se realizó identificando y etiquetando esas categorías en las narraciones.

LOS HALLAZGOS RELEVANTES

Autores como ^{De Greiff y Margarrell (2002)}, Rubio-Marín y De Greiff (2007), y ^{Saris y Lofts (2009)} señalan la importancia que tiene, para un país que vive un conflicto o un postconflicto, la búsqueda de reparación a sus víctimas, poniéndolas en el centro de dicha reparación para escucharlas, tratando así de darle un mayor sentido a este término. Particularmente, cuando se trata de reparar con enfoque de género, Rubio-Marín (2019) insiste en prestar atención a lo que tienen que decir las mujeres víctimas, ya que el conflicto no afecta de igual forma a mujeres y a hombres. Escuchar a las víctimas permite conocer más de cerca su situación y sus necesidades más sentidas, permitiendo establecer otros parámetros diferenciadores, a parte de los que saltan a simple vista (la edad, el género y la discapacidad), tales como el origen, el estado de salud física y mental, costumbres y hábitos, subjetividades que enriquecerían aún más el entendimiento de lo que debe ser la reparación en un contexto dado, obteniendo mejores resultados en su ejecución.

Revisando el proceso de creación de la norma valorada, se encuentra un trabajo interesante con las comunidades y las poblaciones más afectadas por el conflicto. En el 2007, por intermedio de uno de los promotores del proyecto de ley sobre la reparación a las víctimas, el exsenador y exministro Juan Fernando Cristo, se llevaron a cabo audiencias públicas para escuchar a las víctimas y conocer de primera mano sus experiencias (^{Giraldo, 2017}). Con la expedición de la ley 1448, las expectativas aumentaron y las víctimas vieron cercana su reparación, por lo que un grupo de evaluadores de la ley, escogido por el gobierno impulsor de la norma, dio a entender que podría haber problemas en cuanto a resultados versus expectativas creadas y, por tanto, una buena práctica para minimizar estos riesgos sería fomentar más la participación de las víctimas en su proceso de reparación.

Han pasado varios años de vigencia de la Ley 1448 y es oportuno preguntamos ¿qué ha pasado con las mujeres víctimas?, ¿qué dicen ellas sobre el impacto de la ley en sus vidas?, ¿han obtenido una reparación enfocada en su género?, ¿cuáles son las principales debilidades de la ley que impiden para ellas obtener una reparación integral? Sus discursos han sido analizados y organizados a continuación.

EL SENTIDO DEL GÉNERO EN LA REPARACIÓN

En los recientes estudios sobre la mujer existe una gran preocupación por la fragmentación de la realidad social en categorías independientes, no permeables, homogéneas, formadas por individuos o grupos de individuos, donde no se establecen ni se posibilitan diferencias, especialmente, para su tratamiento. En nuestros hallazgos, la "mujer" es el resultado de una de esas categorías (^{Lugones, 2010}). Este proceso, considerado reduccionista, de simplificación y de homogeneización de la categoría mujer, encuentra una crítica desde el enfoque interseccional, término acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberlé Williams Crenshaw, al afirmar que los seres humanos se encuentran compuestos por múltiples identidades, entre ellas su género, que convergen en la vida cotidiana, incluyendo los procesos de conflicto que se desarrollan dentro de las relaciones de poder (^{Crenshaw, 1991}; ^{Viveros, 2016}). Con el término interseccionalidad la abogada recoge todos esos principios del pensamiento femenino negro de los años 60 del siglo pasado, haciendo visibles los efectos de la interconectividad, o "maraña" como lo llama ^{Collins (2016)}, entre género, etnia y otras categorías sociales discriminantes que marginan y oprimen a las mujeres, agrega, también, que estos ejes entrecruzados deben ser analizados en un contexto social, histórico y político determinado (^{Lamboley et al., 2014}). Desde esta perspectiva, la tendencia a homogeneizar a la mujer en una categoría social, como categoría pura, debe ser contrastada, no solo comprendiendo la diferencia dentro de la misma categoría, sino también la naturaleza relacional de esas diferencias (^{Brown, 1986}), pues el proceso reduccionista trae consigo la concesión de prerrogativas a ciertos individuos que ocupan un lugar privilegiado o dominante dentro de la jerarquización existente en dicha categoría, y en el caso de la categoría mujer esto complejiza aún más las situaciones de exclusión y opresión vividas actualmente, incluso, dentro de su misma categoría mujer.

Los gobiernos que se apoyan en esas categorías puras para diseñar políticas públicas, quizá, como lo expresa ^{Harding (2002)}, lo hacen en su afán de evitar las críticas, considerando que solo "basta con sumar o agregar a las mujeres" (p. 10) para sentir que cumplieron bien con la tarea. En ese sentido, el género es utilizado como categoría descriptiva, dando visibilidad a la distinción entre mujeres y hombres, olvidando que, como perspectiva de trabajo, el género permitiría, además, identificar relaciones de jerarquía y desigualdad entre mujeres y hombres, las cuales se expresan en opresión y discriminación en la vida social.

La política concebida de esa manera simplista, y no comprometida con la justicia social impide advertir lo que salta a la vista: el sostenimiento de una situación de privilegio; es importante desenmascarar aquello que la operación reduccionista de esta categoría entiende por mujer, y es necesario alterar el significado de "mujer blanca, burguesa, heterosexual", que es la mezcla entre etnia, capital y heterosexualismo, referentes dominantes con los que se homogeniza a la mujer (^{Lugones, 2010}). Ante un panorama como ese, un grupo importante de las mujeres participantes en la investigación acosadas por sus necesidades cotidianas, preocupaciones y tragedias, por lo general, no son plenamente conscientes de lo que les sucede y tienden a renunciar al ejercicio de sus derechos.

La Ley 1448 consagra el enfoque diferencial (Artículo 13) señalando que "el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, ..." (Párr. 2), pero ¿qué pasa en la realidad con las mujeres víctimas? ¿El enfoque de género es algo real y concreto al momento de las mujeres víctimas ser atendidas y reparadas? ¿El género es un enfoque transversalizador de la política pública de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en todo el territorio nacional? ¿Es real el impacto del enfoque establecido por la ley en las mujeres víctimas? Al respecto, dos de las personas participantes en la investigación manifestaron:

[...] nos hemos encontrado siempre con que es imposible hablar de las víctimas como una unidad homogénea, pero tendemos mucho a eso, pues a hablar de las víctimas, las victimas dijeron, las víctimas no sé qué, pero realmente eso es un universo infinito (Corporación Región, comunicación personal, 20 de junio de 2017).

[...] en teoría, hacen un proceso de acompañamiento por unas medidas urgentes y de protección, pero completamente desprovistas de lo que son las ... lo que es la perspectiva de género y esa condición diferente por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser víctima de tales delitos, entonces se trata de forma igualitaria a todo el mundo, cuando es necesario y también implementar unas acciones de discriminación positiva; y bueno, usted tiene unas condiciones diferentes, hay que tratarla en esa condición diferente y darle entonces las herramientas que le den solución a su situación (Mujeres que crean, comunicación personal, 10 de agosto de 2017).

Al preguntar abiertamente a las participantes sobre la aplicación del enfoque de género en la ruta de atención y reparación, se encuentran respuestas poco claras, lo que puede obedecer a que es un tema (el mismo término género y enfoque) totalmente ajeno y esquivo a las participantes. Si bien algunas de ellas respondían creyendo entender a qué se refería, las otras simplemente decían que no habían sido tratadas diferente a las demás víctimas del conflicto, para ellas, la atención era simplemente igual para todos.

Los datos dieron un giro completamente distinto al momento en que ellas comenzaban a ampliar sus relatos. En un primer momento, cuando las participantes expresaron sus condiciones de vida antes y después de la violencia, sus necesidades y sus particularidades (edad, nivel de estudios, procedencia, capacidad económica, entre otras), ciertamente se estaban refiriendo al enfoque de género, y a la necesidad que sentían de una atención y reparación de acuerdo a sus realidades. En un segundo momento, cuando las participantes se referían a su valoración respecto a la atención y a la reparación y, sobre todo a las respuestas recibidas por parte del gobierno, también se estaban refiriendo al enfoque de género y su pertinencia en el programa. De las 70 mujeres víctimas entrevistadas, ninguna señaló en su discurso, de manera espontánea, algún gesto que pudiese responder a un ejercicio práctico del enfoque de género establecido por la ley,

No. No, no he tenido, no se ha tenido en cuenta. Mi mamá tiene 84 años. De hecho, eh [...] me pareció que hará tres años que me hicieron la llamada de [...] le iban a tener en cuenta digamos para un trato psico [...] psicológico. Me pareció una burla. Porque hace tres años fue eso, y mi mamá no ha recibido ninguna clase de [.. J no, no. No se volvieron a comunicar. Y no he cambiado mi número, sigue siendo el mismo. Eh [...] el número fijo es el mismo, de pronto sí me he cambiado de direcciones, pero los números siguen siendo los mismos. Por lo tanto, yo lo tomo como una burla. A nosotros no nos tienen en cuenta para nada de [...] es más, creo que deberían de, de ver cómo [...] el, el estado en el que estábamos nosotras ¿cierto? Éramos dos madres solteras prácticamente, yo separada, mi hermana madre soltera (Entrevista 32, 19 de julio de 2017).

Por el contrario, los líderes comunitarios, representantes de ONG y funcionarias/os públicos expresaron con propiedad y de manera clara la aplicabilidad que tenía el enfoque de género en su entorno y medio de trabajo. En términos generales se refirieron a la obligatoriedad de brindar atención y reparación con enfoque de género, ya que se encontraba explícita en la norma, pero que, en la realidad, no se lograba concretar. Igualmente, señalaron que la lectura del conflicto armado le ha dejado claro a todos los colombianos que son las mujeres las que con mayor rigor sufren las consecuencias de la guerra y que esa es la razón para validar el enfoque de género en el programa que, lamentablemente, en la práctica, este y los criterios diferenciadores son muy difíciles de aplicar,

[...] es que es muy complejo uno generar una atención diferencial en mujeres cuando el ochenta por ciento es mujeres que, inclusive, a veces, nos vemos embalados con los adultos mayores porque uno va a generar atención diferencial y resulta que todos son "adultos mayores", "las madres cabeza de familia", en el Centro de Atención a Víctimas de Belencito y en Palermo hay funcionarios indígenas. En Belencito hay un indígena y en Palermo hay una mujer indígena con el fin de poder atender a la población que llegue, cierto, con el tema del dialecto, del lenguaje (Funcionario CAV Caunces, comunicación personal, 22 de julio de 2017) .

Estas expresiones reflejan la dificultad de los funcionarios/as públicos para aplicar el enfoque diferencial en su puesto de trabajo, además de los escasos medios para hacerlo. También dan a entender que es, mediante las categorías tratadas por separado, que se diferencia el servicio, es decir, el servicio a mujeres, el servicio a adultos mayores y el servicio a población afro.

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448, en su informe de 2017 dirigido al Congreso de la República, resalta:

[...] la importancia que tiene el enfoque de género en la imple-mentación del Acuerdo Final, al definirlo como "el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres, independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto (2017, p. 89).

En ese mismo informe, la Comisión deja plasmado el sentir de las víctimas, específicamente, las de los delitos contra la integridad sexual en el marco del conflicto armado que, preocupadas, dejan ver la falta de implementación del enfoque de género en su atención y reparación, haciendo alusión a fallas como

[...] la falta de adecuación de los espacios para la toma de declaraciones, la baja cualificación de los funcionarios públicos para brindar una atención de acuerdo con el hecho victimizante sufrido, la necesidad de vigilancia sobre la inclusión de medidas afirmativas y diferenciales en los instrumentos de planeación territorial [...] entre otras (2017, p. 91).

Sin embargo, Colombia, a nivel internacional, ha mostrado un progreso significativo en la creación y la adhesión de normas referentes a los Derechos Humanos y a los derechos de las mujeres, por lo que el avance, en un derecho "taxativamente formado" (^{Stammler, 2008}), ha sido bien recibido por el Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (2018). Al respecto, la Comisión hace un reconocimiento público al país y Colombia ha pasado por el Examen Periódico Universal EPU⁵, lo que se repitió sin mayor novedad en el año 2018, en su III ciclo. El problema de Colombia radica en que al momento de llevar a la práctica estas normas se presentan muchos obstáculos, dejando la impresión de que este derecho solo sirve de herramienta política (^{Daviaud, 2010}); situación que se evidenció en la investigación. Los hallazgos conducen a una valoración de esas normas como no prácticas, ya que no sirven de medio apto para las aspiraciones concretas que se persiguen. En otras palabras, los progresos sustanciales efectuados por normas, políticas y directivas en materia de género no han sido seguidos de cambios significativos en cuanto a las intervenciones.

En el estudio de las normas consagradas en la Ley 1448 y en otras que hacen referencia al enfoque diferencial de género, y concretamente a la aplicación de criterios diferenciadores, no se concretan la atención y la reparación a las mujeres víctimas. Fuera del tema presupuestal, como una de las posibles causas de estos pobres resultados, también es la problemática generada por desconocer situaciones particulares de la víctima del conflicto, subjetividades diferentes en las que se concreta el enfoque de género. La mujer como víctima del conflicto armado vive una serie de situaciones que la hace única, incluso dentro de la misma categoría de mujer. Una representante de una organización participante expresó:

Las mismas herramientas que el mismo Estado nos ha proveído, pues no nos garantizan, digamos las posibilidades como infraestructura para poder darles las respuestas a las mujeres que requieren. No hay dinero, los programas no están activos, en la ley están nombrados y nominados, pero en la vida práctica, no tienen los recursos para funcionar (Mujeres que crean, comunicación personal, 10 de agosto de 2017).

LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL Y LAS SITUACIONES PARTICULARES DE LA MUJER VÍCTIMA

La perspectiva interseccional ha enriquecido sin duda los estudios feministas, haciendo un análisis de la mujer más allá de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, cuestionando el orden establecido e impulsándonos a ahondar en lo que se comprende socialmente por mujer. Es decir, la interseccionalidad nos hace desentrañar de esa categoría "mujer", aparentemente homogénea, la diferencia, los motivos de esa diferencia y, lo más importante, sus efectos en su realidad social, logrando, así, desenmascarar situaciones complejas (desigualdades múltiples) que oprimen y discriminan a las mujeres. Existen otras categorías dentro de una misma mujer como el origen, la condición marital, la etnia, la orientación sexual, la escolaridad, entre otras, a ser tenidas en cuenta, por lo que omitirlas sería perpetuar aún más las desigualdades ya existentes en la sociedad. Así, a través de la interseccionalidad es posible lograr un enfoque más estructural y transformador.

[...] Esas, mujeres entonces, son diferentes en sí mismo, en cuanto al componente étnico y etario, hay mujeres, más o menos desde los 22 años, hasta algo así como los 60 años, hay unas mujeres afro, que se reconocen también como afro, mujeres que han sido desplazadas de sectores rurales, entonces se identifican también como campesinas, hay mujeres con niveles de lectoescritura, digamos un poco más incipientes, que apenas están haciendo procesos de educación formal, están terminando quinto de primaria, iniciando bachillerato, y hay otras mujeres con conformación académica avanzada, graduadas en Trabajo Social, en psicología [...] (Corporación Región, comunicación personal, 20 de junio de 2017).

[...] hemos insistido mucho en que las mujeres requieren una atención diferente, una atención digna, una atención integral y no una atención donde tengan que ir de puerta en puerta, sin claridades y sin que las mismas entidades se articulen en tal atención (Mujeres que crean, comunicación personal, 10 de agosto de 2017).

Con los lentes de la interseccionalidad es posible identificar y tratar desigualdades opresoras de las mujeres, dejando de lado el tratamiento homogeneizado de grandes grupos o segmentos poblacionales como, por ejemplo, las comunidades indígenas, las afro-colombianas, provocando, en muchos casos, el efecto contrario: la estigmatización. Existen características de estos grupos que nos les son exclusivas, entonces, ¿por qué no mover sinergias en torno a experiencias y prácticas conducentes a la justicia social?

Escuchar y caracterizar a las mujeres víctimas participantes permitió desmantelar una serie de situaciones que pueden pasar desapercibidas, pero dado el contexto en que se encuentran dichas mujeres, son fundamentales para entender cómo el conflicto y la reparación afectan su vida. No solo se trata de examinar de qué manera el conflicto y la reparación aflige a hombres y mujeres, sino también de explorar, dentro del grupo de mujeres víctimas, cómo ciertas situaciones se constituyen en factores desfavorecedores de su atención y reparación.

María Dolores⁶ es una mujer adulta, mestiza, sin muchos estudios, casada, con diez hijos y sin vivienda propia. Antes de soportar la violencia generada por el conflicto, vivió la violencia intrafamiliar. Sacó adelante a sus hijos sin el apoyo del padre, mantuvo a su familia hasta que por el conflicto armado tuvo que desplazarse del campo a la ciudad, donde la familia, prácticamente, se desintegró, era necesario empezar de cero y para sobrevivir tuvieron que tomar rumbos diferentes. Ahora, los años, las enfermedades y el ritmo de vida de la ciudad, le impiden desempeñarse como lo hacía en el campo, donde pudo criar a sus hijos, además, porque dos de sus hijos dependen exclusivamente de ella debido a su salud mental y física. Al igual que ella, muchas de las participantes en la investigación también provienen de la zona rural del país.

Los hábitos y costumbres de estas mujeres rurales son completamente diferentes a las de las mujeres citadinas. Como ellas mismas lo expresaron, en el campo eran libres, y sus animales y cultivos les permitían vivir con tranquilidad, contrario a la sensación aprisionada que les genera la ciudad al no tener qué comer en muchas ocasiones mientras deben seguir con el "recorrido"⁷ para poder llevar alimento a sus hijos e hijas.

En este contexto de interseccionalidad es trascendental, a la hora de atender los trámites burocráticos de la reparación, una gran capacidad de comprensión de los mensajes, instrucciones y procedimientos requeridos para lograr su propósito, pero también de sus características particulares y diferenciadoras. La unión marital es significativa al momento de establecer los diferenciales entre las mujeres a ser reparadas y la población víctima; allí se encontró un número importante de mujeres responsables de su familia. A ello se agrega que la ocupación tiene un rol determinante, puesto que como se ha visto en otros estudios, muchas de ellas deben convertirse en proveedoras económicas de su grupo familiar (^{Iáñez, 2011}). Con las características indicadas previamente es predecible señalar las carencias del proceso reparador en reconocer estas diferencias.

Sin mayores niveles de educación y capacitación, su nivel de compresión de los mensajes institucionales se vuelve más complejo, y la comunicación se convierte en una barrera entre la burocracia responsable del proceso y las mujeres víctimas. En relación con esto, algunas expresan la violencia intrafamiliar padecida antes de los acontecimientos, y las dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, mientras recuerdan lo felices que vivían antes de ser afectadas directamente por el conflicto:

Muy bien. Yo vivía enormemente bendecida por Dios y un matrimonio lleno de bendiciones. Muy bien vivía yo. Hasta que ya, ya se me desapareció mi papá, ya lo encontraron muerto, ya [...] quedé yo muy triste, mi familia y todo, y ya empezaron a amenazarnos. Hasta que ya nos tuvimos que desplazar para acá, sufrir para acá, dejando todo lo que teníamos allá, porque no pudimos sacar ni un [...] ni una [...] ni una chancla: la familia a pies limpios, mis hijos a pies limpios, a medianoche, corriendo como ladrones. Horrible, fue horrible. (Entrevista 35, 28 de julio de 2017).

Por los hechos conocidos, estas mujeres lo perdieron todo: seres queridos, familia, bienes, incluso sus costumbres y cultura. Además, vieron truncados sus sueños, su proyecto de vida. Después del conflicto, como ellas mismas lo expresan: "las víctimas tienen necesidades que no son inventadas [.] no hay que comer, estamos enfermos [.]" (Entrevista 7, 11 de julio de 2017), necesidades que no dan espera. Por eso, pensar en la reparación económica, cobra un significado mayor para ellas, es una luz de esperanza que, poco a poco, se va apagando cuando esta no se concreta y aparece como una posibilidad muy lejana. Ellas señalan algunos inconvenientes para acceder a la reparación como, por ejemplo, la desinformación, la tramitología, los tiempos de espera, la falta de recursos, entre otros. Pero a esto se le suma que ellas son conscientes de que las situaciones de pobreza, de enfermedad, de vejez, de soledad y cero educación hacen difícil poner en marcha el sistema de reparación a su favor. Como lo señala ^{Collins (2016)} "de una cierta forma, las personas que son oprimidas saben que ellas lo son" (p. 46).

El desconocimiento de estas subjetividades en las mujeres víctimas se materializa en hechos contados por ella mismas, dejan do al descubierto las falencias de las políticas públicas de reparación. Entre estas se encuentran:

La utilización de acciones extras para obtener una respuesta a su demanda

Las mujeres víctimas han tenido que acudir a recursos legales constitucionales como el derecho de petición, la tutela e incidentes de desacato, con los que no están familiarizadas y que las obliga a contratar los servicios de terceros (abogados o los conocidos como tramitadores) para agilizar sus solicitudes a nivel nacional y poder comprender el contenido de los comunicados que reciben de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV]. Su situación personal, en un número significativo de casos, es contraria a las condiciones de éxito de estos procedimientos.

Al principio nos estuvieron apoyando mucho con eso, pero las ayudas no han sido, han sido más bien pocas. Uno va allí a la oficina a preguntar [...] O sea, para que le llegue a uno una ayuda tiene que estar mandando derechos de petición o colgados llamando allá. Lo despachan a uno con cualquier cosa. Mi papá y mi mamá son mayores. Ya de edad son viejitos, mi papá tiene 70 años, mi mamá sesenta y seis, y hacen tres años no reciben ni una ayuda. He mandado yo, pues, por ser la hija de ellos, les he colaborado mucho con mandar derechos de petición, desacatos [...] mucha cosa. Y ahora últimamente sale de que, que no, yo fui allí a la Personería y lo que me dijeron fue que no insistiera en, en mandar papeles por allá, o preguntar que por qué las ayudas del gobierno, que eso ya lo estaban quitando (Entrevista 20, 14 de julio de 2017).

Los largos plazos para atender y reparar

Las mujeres participantes no logran comprender por qué la UARIV se toma tanto tiempo para responder a sus demandas de atención y reparación, asociada por la mayoría de ellas con la medida de indemnización. Deben pasar muchos meses, o años, para que las víctimas logren su reparación. Ellas consideran que se trata de una estrategia del gobierno para aburrirlas y que así desistan de sus demandas. Por otro lado, la preocupación que les generan estos largos plazos está relacionada con su avanzada edad, las enfermedades y, sobre todo, por el tiempo de vigencia de la ley que temen que se termine y no las reparen, "sí, nosotros hicimos todos los trámites para la indemnización. Todo. Bueno, ya está listo. Ya esperan, que cualquier día. Nos dijeron que hasta en este diciembre. Y vea, nada" (Entrevista 29, 17 de julio de 2017).

La centralización del programa de reparación

La UARIV, creada por la ley 1448 (art. 166), en su organización administrativa y financiera, depende del gobierno central, por lo que, cualquier asunto respecto a la atención y reparación de las víctimas, es competencia de esta Unidad; sin embargo, y pese a que tiene oficinas a nivel territorial, las respuestas referentes a sus demandas dependen de la oficina central, lo que retrasa los procesos y dificulta la comunicación. Situación que no corresponde con lo declarado en La ley 1448, al indicar que es deber de las entidades territoriales de trabajar articuladamente, en favor de la atención y la reparación de las víctimas. Sobre esto, las participantes comentan que el retraso en esta gestión se debe, entre otros factores, a la capacidad fiscal de las entidades territoriales, ya que estas cumplen solamente las tareas delegadas por el gobierno central, y de la voluntad política del gobierno de turno, esto, porque en la mayoría de los municipios y departamentos no existe política pública de atención y reparación. Razón por la que buscan los municipios que se toma más en serio el tema, como, por ejemplo, Medellín, que cuenta con dicha política pública.

La inoperancia de las mesas de víctimas

El artículo 193 de la Ley 1448 creó las mesas de víctimas como espacios de participación donde, libremente, ellas pueden expresar su sentir sobre la política de reparación en distintos niveles. No obstante, las participantes de la investigación que hacen parte de estas mesas consideran que ese propósito no se cumple, pues la excesiva burocracia, el clientelismo y los intereses personales por encima de los generales, impiden que las voces de los más vulnerables y las inquietudes más mínimas de las víctimas estén reflejadas en las políticas públicas de reparación o sean tenidas en cuenta para mejorar el programa. La participación de las víctimas en estos espacios es minoritaria, marginal y se ha llenado de los vicios propios del quehacer electoral, lo que lleva a que no lo sientan colectivamente como un derecho propio.

Después de haber analizado cada una de las entrevistas de las mujeres víctimas, podemos afirmar que fueron significativas las experiencias donde se percibían como una víctima más que reclamaba ayuda. No se sienten como una mujer que, además de haber vivido directa o indirectamente la violencia por el conflicto armado, tiene subjetividades que la hacen reclamante de ciertos servicios, con un tratamiento diferencial a sus condiciones.

Situaciones como las expuestas son material para repensar las políticas sobre el derecho de reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, específicamente, del derecho de las mujeres, el grupo más numeroso dentro del universo de víctimas. Los programas administrativos de atención y reparación a víctimas existente en Colombia tienen grandes ventajas, como lo han señalado destacados estudiosos del tema (^{Saris y Lofts, 2009}), entre las que se destaca la cobertura, máxime si se trata de contextos donde la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario es de forma masiva y sistemática, pero esa ventaja se convierte también en desventaja en la medida en que, abarcando mucho público, olvida la individualidad y la particularidad de cada caso, como las situaciones particulares expuestas anteriormente que no son atendidas ni reparadas según esa especificidad conduciendo a una atención y reparación menos efectiva, pues mujeres como María Dolores no son visibles en su individualidad y hacen parte del gran número de mujeres víctimas del conflicto.

A MODO DE CONCLUSIÓN