Por: Camila de Gamboa Tapias

Grupo de Investigación de Derecho Público y del Área de Teoría JurídicaFacultad de Jurisprudencia

Universidad del Rosario

Bogotá, Colombia

camila.degamboa@urosario.edu.co

Fecha de recepción: 25 de septiembre de 2010

Fecha de aprobación: 19 de octubre de 2010

Resumen: En este texto quiero hacer un análisis de las propuestas de paz del gobierno de Uribe Vélez y sus efectos en las instituciones y la cultura democrática colombiana. El análisis no pretende evaluar directamente si las propuestas de paz fueron efectivas para dar por terminado el conflicto, sino mostrar el vínculo que existe entre una democracia débil, como la colombiana, la gran influencia de la personalidad de Uribe Vélez en el imaginario político y sus proyectos de seguridad democrática y de estado comunitario, en la medida en que estos proyectos hicieron parte de sus propuestas de paz. La tesis central que defiendo en este artículo es que precisamente la debilidad democrática colombiana permitió que una propuesta como la de Álvaro Uribe frente a la paz fuera apoyada por una inmensa mayoría, aunque esta propuesta en vez de profundizar la democracia hubiese debilitado más sus instituciones y la cultura ciudadana.

Palabras clave: proyecto de paz de Álvaro Uribe Vélez, debilidad democrática, cultura ciudadana, seguridad democrática, estado comunitario, violencia política.

Abstract: The aim of this article is to offer an analysis of the Peace Policies of Uribe Vélez’s Government and their effects on Colombian Democratic Institutions and Political Culture. I will not evaluate directly if the said Peace Policies were successful in ending the Internal Political Conflict of Colombia, but rather to show that the link between a weak Institutional Democracy, such as Colombia`s, the great influence of Uribe Vèlez`s personality in the Political Imaginary and his projects of Democratic Security and of a Communitarian State, in so far as these projects were part of his Peace Policies. The central thesis I defend in this article is that precisely Colombia`s democratic weakness enabled that a Policy such as Álvaro Uribe`s in relation to peace was supported by a large part of the population, even though this Policy instead of strengthening Democracy weakened more its Institutions and Political Culture.

Keywords: Álvaro Uribe Vélez’s Peace Policies, weak Democracy, Political Culture, Democratic Security, Communitarian State, Political Violence.

Desde hace varias décadas en Colombia, los gobernantes de turno incluyen en sus programas políticos, propuestas referentes a la forma có mo van a enfrentar el conflicto armado colombiano, para algunos este constituye uno de los asuntos centrales de su campaña política y de su programa de gobierno; en otros casos, son las propias circunstancias del conflicto armado las que influyen en los gobernantes y los fuerza a tomar decisiones políticas para responder a este tipo de violencia. En algunos casos las políticas que se ofrecen son más generosas que en otros, y oscilan entre perspectivas que promueven estrategias de guerra o de negociación hacia la paz, e incluso una mezcla de ambas, unas más elaboradas que otras, algunas pragmáticas y realistas y otras ingenuas y simplistas. No obstante lo anterior, esas políticas tienen una trascendencia en el tiempo inmensa y aunque desde el diseño de las propuestas se pueda avizorar sus consecuencias positivas o negativas, una vez que ellas se llevan a cabo transforman las dinámicas del conflicto, y no só lo nos acercan o alejan de una paz duradera, sino que permiten crear los cimientos de una democracia más incluyente e igualitaria, o por el contrario, profundiza las tremendas asimetrías de poder político, econó mico y social que existen en Colombia.

En este texto quiero hacer un análisis de las propuestas de paz del gobierno de Uribe Vélez y sus efectos en las instituciones y la cultura democrática colombiana. El análisis no pretende evaluar directamente si las propuestas de paz fueron efectivas para dar por terminado el conflicto, sino mostrar el vínculo que existe entre una democracia débil, como la colombiana, la gran influencia de la personalidad de Uribe Vélez en el imaginario político  y sus proyectos de seguridad democrática y de estado comunitario, en la medida en que estos proyectos hacían parte de sus propuestas de paz. La tesis central que defiendo en este artículo es que precisamente la debilidad democrática colombiana permitió que una propuesta como la de Álvaro Uribe frente a la paz fuera apoyada por una inmensa mayoría, aunque esta propuesta en vez de profundizar la democracia hubiese profundizado su  debilitamiento y probablemente esto ha incidido en que la tan anhelada paz no llegue.^[1]

El artículo se compone de dos secciones y una breve conclusión. En la primera sección presento cuatro aspectos específicos que caracterizan la debilidad democrática colombiana, y la manera como esta debilidad permitió que una propuesta como la de Álvaro Uribe fuera apoyada por una gran mayoría de grupos sociales en el país; en la segunda sección analizo las políticas de seguridad democrática, estado comunitario y el discurso polarizador que se usó desde el gobierno para referirse a la violencia política, y la forma como todo lo anterior sirvió para deteriorar más las instituciones y cultura democrática en Colombia, en la tercera sección concluyo con un sucinto análisis de la influencia del discurso de la seguridad democrática, en el ámbito de la escogencia de un nuevo presidente, y las expectativas que ha generado el gobierno de Juan Manuel Santos en relación con la paz.

1.  Caracterización de la debilidad en la institucionalidad democrática colombiana

En general los sistemas democráticos contemporáneos coexisten con muchas formas de opresión o de exclusión social, olítica y econó mica^[2], lo que lleva a que muchos individuos y/o grupos sociales no puedan disfrutar de una ciudadanía plena ni de un reconocimiento de su igual dignidad como seres humanos. No obstante lo anterior, en el espectro de las democracias actuales, si es posible encontrar democracias cuyas instituciones públicas son más fuertes, y en las que existe una mayor participación de los ciudadanos en los procesos de deliberación y toma de decisiones. En otras palabras, estas sociedades, tienen una cultura democrática más só lida que se funda en la confianza que los ciudadanos tienen hacia sus instituciones y gobernantes. Sin embargo hay otros sistemas democráticos que se denominan débiles o restringidos, en los que algunos grupos sociales han tenido acceso al poder político y al disfrute pleno de sus derechos, mientras que los otros grupos han sido histó ricamente excluidos, así formalmente esa igualdad se consagre en sus normas jurídicas fundamentales.

Me voy a referir a cuatro aspectos específicos de la debilidad democrática colombiana: la debilidad de las instituciones del Estado; la carencia de confianza ciudadana; los pactos ad hoc y la consecuente privatización de las funciones del Estado; el sentimiento de tragedia “a la colombiana” y el surgimiento de un líder como Uribe Vélez. Las tres primeras características son estructurales puesto que histó ricamente así se ha construido la institucionalidad política en Colombia y además se trata de prácticas comúnmente aceptadas por los actores involucrados en el quehacer político. Además ellas se encuentran como lo explicaré interrelacionadas. La cuarta característica aunque es coyuntural y tiene que ver con la percepción de los colombianos al final del gobierno de Pastrana respecto de su política de paz, tiene relación con las características estructurales de la debilidad democrática colombiana.

En primer lugar, en Colombia las instituciones no responden al ideal democrático del respeto a la igualdad y a la libertad de todos, por ello no hay garantías y derechos iguales para todos, y los procesos de participación, reclamos, oportunidades, y exigencias de garantías son inequitativas y excluyentes, y en muchos casos se encuentran manejados o cooptados por los grupos dominantes, quienes usan las instituciones para el disfrute de sus intereses de clase o grupo. Las decisiones políticas por lo general, no toman en cuenta los intereses de los ciudadanos o grupos excluidos, y en muchos casos estos se pueden ver afectados negativamente con tales decisiones^[3]. Entonces las instituciones se convierten en mecanismos de poder en los que miembros de los grupos excluidos son tratados no como fines en sí mismos, sino que son instrumentalizados y puestos al servicio de los fines de otros^[4]. En segundo lugar, Colombia se caracteriza por la ausencia o una forma muy precaria de confianza ciudadana. La confianza ciudadana o cívica es el tipo de credibilidad que se genera hacia las instituciones políticas y entre los ciudadanos que hacen parte de un sistema democrático. Esta confianza no es la misma que creamos entre nuestros familiares o allegados, pues se gesta es en el espacio público y en la actitud y respeto que tenemos por las instituciones del sistema y sus normas, y la confianza que nos generan nuestros conciudadanos como agentes políticos y no por nuestros lazos de cercanía tales como el parentesco y la amistad. En la medida en que el sistema democrático responde a sus ideales normativos de equidad e inclusión, y así se garantizan los derechos y obligaciones de todos, las personas creen en sus instituciones y normas y por ello someten sus intereses, reclamos, derechos y conflictos a sus mecanismos y procedimientos. Como lo expresa Pablo de Greiff, cuando el sistema legal funciona correctamente, el sistema sirve de catalizador de la confianza que los ciudadanos se tienen entre sí y el mismo sistema, pues “[e]n la medida en que las instituciones son confiables, les darán a los ciudadanos motivos para confiarles las solución de sus conflictos” (de Greiff, 2005: 194 y 195).  No obstante lo anterior, en democracias restringidas como la colombiana, es muy precaria la posibilidad de generar confianza ciudadana. Por un lado, los grupos habitualmente excluidos, no consideran ni que las instituciones ni los grupos dominantes de ciudadanos los representen y velen por sus intereses. De otro lado, los ciudadanos de los grupos dominantes consideran que las instituciones han sido creadas para ser usadas por ellos y dada la forma asimétrica como han estructurado sus relaciones políticas y sociales con los excluidos, actúan bajo la creencia de que ellos merecen un trato privilegiado en la sociedad, y además desconfían de los otros grupos sociales, quienes a su vez desconfían de los grupos dominantes^[5]. En tercer lugar y en relación con la anterior característica, aunque existe una mutua desconfianza entre los grupos dominantes y los otros grupos sociales o clases subalternas, todos se necesitan para alcanzar sus objetivos sociales, políticos y econó micos, y por ello los grupos dominantes requieren realizar pactos ad hoc a fin de garantizar la gobernabilidad y estabilidad del sistema. Por lo anterior, las prácticas de clientelismo, de altos niveles de corrupción tanto a nivel estatal como privado, y del uso de la intimidación y la violencia son necesarias para que los grupos poderosos preserven sus privilegios y para que las clases subalternas puedan acceder a ciertos derechos y también obtener ciertos privilegios. Estos pactos ad hoc son muy frágiles y se asemejan a los acuerdos que describe Thomas Hobbes en el estado de naturaleza, en el que los individuos se alían con otros teniendo en mente unos intereses particulares que el otro puede satisfacer, pero que en vez de ser vistos como una empresa cooperativa a la manera como John Rawls concibe una sociedad justa, se trata de un acuerdo muy inestable, porque el pacto só lo se mantiene si hay un equilibrio de fuerzas entre los individuos, por tanto si alguno de ellos obtiene una leve ventaja frente al otro, rompe el pacto y se aprovecha del otro^[6]. De acuerdo con Hobbes sería irracional que un individuo respetara un contrato a sabiendas que este no contribuye a su propio beneficio (Véase Hampton, 1990). Estos pactos ad hoc en democracias reales, en el largo plazo producen una mayor desestabilización institucional, generan mayor desconfianza ciudadana y conllevan a la privatización del Estado, pues lo que en una democracia estable se tramitaría a través de las vías democráticas, en medio de una gran debilidad institucional, se hace necesario contar con el aval o el favor de quien controla el poder en esa institución a cambio de algo^[7]. Además como los intereses no necesariamente están cimentados en derechos u obligaciones reconocidos legalmente, no siempre los avales o favores responden a estos ideales, por ello las peticiones pueden estar en una zona limítrofe entre la legalidad y la ilegalidad o ser abiertamente ilegales^[8].

Si bien el modelo tradicional conservadurista que se instituyó en Colombia con la Constitución de 1886 sirvió para mantener una cierta estabilidad social y política estamental y jerárquica entre las elites y las clases subalternas, con la modernización se produjeron consecuencias positivas y negativas que afectaron los esquemas de la forma tradicional de hacer política y de mantener una cierta estabilidad no democrática. Entre los factores más importantes que permitieron el cambio a finales de los años 60 del siglo XX, se encuentran por citar algunos de los más importantes: los procesos de industrialización econó mica, la ampliación de la educación escolar y universitaria a un mayor número de colombianos, la secularización de la sociedad, la ausencia del sectarismo bipartidista. De otro lado, en los años 90 del siglo XX, la nueva Constitución colombiana acercó el derecho a los ciudadanos y a través de ciertos mecanismos como la tutela y de decisiones trascendentales de la Corte Constitucional se empoderó al ciudadano “de a pie” y a un sector inmenso de grupos excluidos que antes no contaban con instrumentos democráticos para hacer valer sus derechos y libertades fundamentales y sus derechos sociales, econó micos y culturales. Sin embargo, esta visión moderna y secular de la sociedad y del ejercicio del poder no ha tenido un desarrollo pleno en todos los estamentos sociales y políticos, ni en todas las regiones colombianas a lo largo del siglo XX y XXI. Así, todos estos factores modernos no se sembraron en espacios igualmente fértiles, por ello mientras hoy es posible encontrar dentro del propio Estado y en muchos sectores sociales algunas instituciones y grupos que interpretan el sistema jurídico y promueven a través de sus decisiones una cultura democrática, igualmente existen muchos organismos del Estado y de la sociedad en los que persisten prácticas tradicionales y opresivas de ejercer el poder, y zonas urbanas y rurales en las que existe una escasa presencia de las instituciones básicas del Estado, una precaria cobertura en la prestación de servicios públicos, en medio de una extrema pobreza y una concentración de riqueza en manos de unos pocos. En estos contextos se presentan otros factores que transforman los esquemas de los viejos pactos ad hoc que aseguran una estabilidad no democrática, tales como las organizaciones de narcotraficantes^[9] que constituye uno de los más poderosos elementos para continuar el ejercicio violento del poder político y del financiamiento de las estructuras criminales urbanas y rurales y de los grupos armados al margen de la ley, así como el de algunos miembros de la política colombiana que han negociado el estado de derecho a fin de obtener la financiación y el aval de los grupos al margen de la ley que controlan poderes locales^[10]. En estos pactos que se dan en realidades sincréticas entre capitalismo y valores conservadores los intereses de los grupos que hacen los pactos se miden con base en las cuantiosas ganancias que los acuerdos generan, lo que a su vez lleva a tener organizaciones muy complejas y criminales para aminorar los posibles riesgos de tales acuerdos^[11].

Estos pactos privados frágiles y profundamente volátiles histó ricamente han generado una gran inestabilidad en el sistema político, altísimos índices de corrupción y de estructuras y prácticas mafiosas que se han extendido en muchos sectores sociales y que ló gicamente han permeado las ya frágiles estructuras e instituciones políticas a nivel nacional y regional. En estos contextos los ciudadanos más afectados por la debilidad del sistema democrático son los grupos vulnerables, que por lo general han sido histó ricamente excluidos de los espacios políticos, econó micos y sociales en regiones en el que el Estado colombiano no existe o se encuentra cooptado o reemplazado por grupos armados ilegales. La violencia política contra los grupos de ciudadanos excluidos se da también en zonas urbanas, en barrios pobres y periféricos de medianas y grandes ciudades, en las que las organizaciones criminales urbanas hacen acuerdos con grupos armados de la guerrilla o del paramilitarismo^[12]. Pero no se puede afirmar que en Colombia el conflicto só lo haya afectado a estos ciudadanos, sino a un sinnúmero de grupos de los más diversos orígenes y estratos sociales que se han convertido en víctimas de la violencia por los secuestros, actos terroristas y la extorsión. De igual forma, los grupos violentos de la derecha más radical, que aún sueñan con un país basado en un orden estamental y jerárquico, han atacado los sectores civilistas más independientes y críticos. Estos hechos se evidencian en el exterminio de la Unión Patrió tica, el asesinato selectivo de importantes líderes sindicales y de periodistas independientes, los asesinatos y amenazas de profesores de universidades públicas y de políticos de izquierda. De esta radicalización tampoco se salvan los grupos de extrema izquierda que justifican el uso de la violencia en nombre de la justicia social y la igualdad, pero que en la práctica apoyan el uso de los mismos aberrantes crímenes que sus adversarios.

El panorama antes descrito sirve para entender que en un contexto de estas características en el que se presenta una gran debilidad institucional, carencia de confianza ciudadana, pactos ad hoc que privatizan las funciones del Estado y un alto índice de víctimas de la violencia política, y después de varias propuestas fallidas de paz, en especial la de las malogradas negociaciones del gobierno de Pastrana con las FARC, en la mayoría de los colombianos surge una sensación de tragedia frente a la situación colombiana que propicia el surgimiento de un líder que promete trabajar decididamente por el país, organizar el caos y alcanzar la paz. Es importante analizar en qué consiste esta visión de “tragedia a la colombiana”, y contrastar esta visión más adelante con elementos que se encuentran en la concepción de la tragedia en Aristó teles que puede ayudar a iluminar esa percepción. Esta mirada trágica se produce al final del gobierno Pastrana, pero esa mirada se pueden ver en otros momentos histó ricos en Colombia^[13], en ella se pueden encontrar dos componentes que la caracterizan: la violencia y la ingobernabilidad. Estos dos componentes naturalmente se relacionan, pero no necesariamente la violencia siempre se encuentra en la explicación de la ingobernabilidad aunque contribuye a ella y viceversa. Con respecto a la violencia, Daniel Pécaut ha señalado que los colombianos en general no parecemos capaces de elaborar la experiencia de la violencia “como parte de una historia común” y esto no só lo para quienes han sido sus víctimas, sino para los ciudadanos en general, todos explicamos la violencia en micro-relatos, pero hemos sido incapaces de elaborar un relato común. Entonces, la única representación colectiva de la violencia es mítica, se trata de una violencia original que tiende a repetirse y que no se distingue claramente de las catástrofes naturales; incluso si existen protagonistas humanos, estos aparecen más bien como fuerzas que no pueden sustraerse a su destino trágico (Pécaut, 1997: 28)^[14]. El análisis mítico de la violencia que hace Pécaut, se puede extender a los inicios de la formación del estado-nación en los que la violencia constituye una herramienta de hacer la política y como tal ella es aceptada como connatural al ejercicio del poder político. De otro lado, el segundo componente tiene que ver con la visión de una trágica ingobernabilidad de la sociedad. En esta visión se percibe a la sociedad como una en la que la mayoría de sus ciudadanos no sigue las normas, no tiene principios y valores que son comunes en otras latitudes “civilizadas”, donde el Estado no funciona y cuyas características culturales y morales le impiden salir de su destino^[15].

Creo que puede ser iluminador analizar someramente ciertos elementos de la tragedia en Aristó teles a fin de saber si es adecuado calificar de trágica la situación colombiana. El sujeto trágico en Aristó teles es una persona notable aunque no particularmente virtuosa, cuya mala fortuna no se origina en ser moralmente vicioso o depravado sino en haber cometido un error que le trae graves consecuencias que no son proporcionales a ese error y en este sentido no merece (Aristotle, 1941, 1453a 6-17). Elizabeth Spelman considera que entre los elementos de la tragedia en Aristó teles es necesario que la persona que ha causado la tragedia sea consciente de que ésta se produce debido a un error suyo. De igual forma, estos personajes son los héroes de la tragedia y son quienes a través del sufrimiento aprenden de ella. Dicho de otro modo, la figura trágica en Aristó teles es la del héroe que ha causado la desgracia y no el de las personas – sus víctimas - que se ven afectadas por el error que este cometió . Para Aristó teles, de acuerdo con Spelman, los seres humanos reales pueden aprender de la tragedia, no se trata de una simple catarsis desde el punto de vista físico que el público puede experimentar al escuchar la historia o verla representada, sino de un aprendizaje moral. Si se analiza la Poética junto con la Ética a Nicó maco de Aristó teles, el fin de la tragedia no es só lo despertar en la audiencia pesar y temor sino hacerlo de la manera adecuada y como dice Spelman “se debería aprender acerca de a quiénes y respecto de qué es apropiado sentir lástima y temor” (Spelman, 1979: especialmente el capítulo II). Hayden White considera que en general, en toda historia trágica aun cuando al final de la trama se presenta la caída del protagonista y la transformación del mundo en el que este habita, el público no experimenta  una sensación de absoluta amenaza, ya que la representación de la obra trágica le permite a la audiencia tomar consciencia de su situación en el mundo. Sin embargo, esta reconciliación con el mundo es bastante sombría y consiste en una actitud de resignación por parte de los seres humanos respecto de las condiciones en las que debe vivir, condiciones que son inalterables y eternas. Así las obras trágicas constituyen una forma de adquirir conciencia sobre los propios límites del ser humano en el mundo (White, 1975: 7-11).

Cuando se explica la situación colombiana en términos de un destino trágico del que somos víctimas, se deja de lado a los agentes humanos que producen estas desgracias, y estas só lo pueden ser explicadas en un relato mítico o a través de una naturaleza corrupta de los individuos que los lleva a obrar mal. En la concepción aristotélica la desgracia ocurre a un personaje por un error que comete y en este sentido la agencia moral constituye un elemento esencial para su ocurrencia y es el sufrimiento del causante de la tragedia lo que lo convierte en héroe. Si se analiza la situación en el caso colombiano, en primer lugar, nosotros como colombianos deberíamos sufrir por los graves daños que hemos cometido (pasados y presentes) y que han traído la desgracia a la sociedad. En este sentido, los primeros llamados a sufrir la violencia serían quienes han sido sus causantes directos o indirectos. En Colombia por el contrario, los protagonistas de la violencia más que sufrir por los daños que ésta ha causado a la sociedad y sus ciudadanos, tratan de justificar el uso de la misma y evaden su propia responsabilidad inculpando a otros a quienes juzgan como los causantes de todos los problemas. Así, histó ricamente liberales y conservadores se han acusado mutuamente de haber sido los causantes de la Violencia de los años 50 del siglo XX^[16]; la guerrilla ha acusado a las élites y al bipartidismo de la justificación de su accionar violento, y a su vez los grupos de las AUC justifican sus actuaciones por la debilidad del Estado y la existencia de las guerrillas, sin que se vea claramente la admisión de la responsabilidad en alguno de los protagonistas. Adicionalmente, en el caso del héroe trágico aristotélico, este no es un ciudadano particularmente virtuoso ni particularmente vicioso o depravado. Si miramos la historia de Colombia y las masivas violaciones de derechos humanos que se cometen no se puede afirmar que estas personas nos sean indiferentes moralmente, por el contrario el carácter depravado de sus acciones se encuentra a la orden del día, no só lo por parte de los autores materiales de los crímenes sino de quienes idean o patrocinan tales atrocidades. De otro lado, hay un elemento perturbador en la visión aristotélica de la tragedia, al menos desde una ética liberal, puesto que el centro de la tragedia no se encuentra en aquellos sujetos que injustamente sufren los daños, sino en los personajes que han ocasionado esas desgracias. Por tanto, los componentes de violencia e ingobernabilidad desde una perspectiva “trágica a la colombiana” tienen el problema que no asignan responsabilidades individuales y colectivas por los acontecimientos que se han producido y fácilmente nos llevan a pensar que no es posible cambiar nuestra situación. Para finalizar el análisis de la tragedia, cuando Hayden White analiza las obras trágicas y desarrolla el concepto de tomar conciencia de las limitaciones que tiene el ser humano en el mundo, se refiere a acontecimientos que el ser humano no puede modificar. En el caso de la violencia y la ingobernabilidad, es claro que son aspectos de la sociedad colombiana que pueden ser modificados a través de transformaciones estructurales y de cambios drásticos en las relaciones de poder que se ejercen en la sociedad. Por tanto, se trata de condiciones que si dependen de la voluntad humana, pero que deben darse dentro de un horizonte de valores y principios democráticos, y no a través de respuestas violentas que desencadenen a su vez otras reacciones violentas. Con esto no pretendo afirmar que las transformaciones sean sencillas y rápidas, no obstante si podría existir un horizonte más promisorio que se construye en el fuero de las acciones humanas.

Es obvio que no todos los colombianos tienen esa percepción de sino trágico ante la violencia y la ingobernabilidad, en el sentido en que lo he expresado. Existen muchos sectores de la sociedad que son conscientes que él ahora es fruto de los errores humanos del presente y del pasado, y que lo que se requiere sin delación es juzgar el presente y pasado seriamente a fin de crear un futuro más democrático, más incluyente y con instituciones que respeten y garanticen los derechos de toda la comunidad política. Sin embargo, cuando se hace un análisis de la situación coyuntural, dada la complejidad de los problemas y las diversas aristas y nó dulos que las unen se tiene la sensación de que el peso de los acontecimientos es tan adverso y tan grave que es imposible siquiera pensar en una transformación y esto hace que gran parte de los ciudadanos se den por vencidos, y más bien opten por una vida vuelta hacia el mundo privado en la que se convierten en simples espectadores pasivos de los acontecimientos políticos y de las masivas violaciones de derechos humanos a los que son sometidos sus conciudadanos; otros creen que no existe otra opción que no implique “comenzar de cero” o “extirpar de raíz el problema”, lo que muchas veces significa literalmente eliminar al enemigo, pues se tiene la idea que este no puede cambiar pues su carácter se ha vuelto corrupto o es por naturaleza corruptible o ha cometido un pecado tal que ya no merece vivir. Algunos de quienes asumen esta creencia pueden ser ciudadanos ordinarios que no tienen la intención de cometer crímenes para logras sus deseos, pero muchas veces terminan avalando las pretensiones abiertamente reprochables de grupos de poder que si pueden y quieren aniquilar a aquellos que se interponen a sus intereses de clase o grupo^[17]. A esta perspectiva habría que añadir un elemento importante especialmente en un mundo capitalista, en que el sentimiento de seguridad individual se encuentra esencialmente imbricado con la percepción de estabilidad econó mica. Por ello, cuando las clases dirigentes y las medias sienten o realmente sufren los embates de las crisis econó micas, la percepción de tragedia es mayor, pues no se trata de un simple sentimiento generalizado sino de un real detrimento en los recursos econó micos individuales^[18].

La sensación de “tragedia a la colombiana”, describe el momento del rompimiento de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. La sociedad se siente engañada por las FARC; el gobierno de Pastrana es juzgado como un gobierno débil que no fue capaz de someter a la guerrilla a través de un proceso de paz coherente y estricto, y en la mayoría de los casos más bien se le reprocha que siquiera hubiese pensado que la negociación era una alternativa para desarticular la guerrilla, cuando lo único posible era someter al enemigo a través de una derrota militar^[19]. Todo esto además se produce después del 11 de septiembre del 2001, en un ambiente internacional en el que el terrorismo y la guerra preventiva se constituyen en el nuevo enemigo y la política para proteger a la humanidad del mal. Y en un contexto en que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC se constituyen en un actor político armado, con un amplio respaldo en las regiones que coparon, y quienes además despertaban una gran simpatía de muchos sectores que veían en estos grupos a un mal menor para enfrentar la guerrilla o más bien como los salvadores de la patria, ante una sociedad sitiada por la guerrilla e ingobernable. Adicionalmente, los partidos liberal y conservador que histó ricamente sirvieron al electorado para crear una identidad política, son visto por la mayoría de colombianos como partidos débiles, que se encuentran involucrados en graves escándalos (por citar el ejemplo más relevante a nivel político, el proceso 8000 del gobierno del Presidente Samper) y en muchos casos, en vez de ser vistos como un factor de transformación son vistos como un obstáculo para lograr la gobernabilidad y convertirse en los gestores de la paz^[20].

En un contexto como el que se ha descrito es fácil que surja un líder con unas características que responden a esa situación específica que experimentaban la mayoría de los colombianos. Si pensamos en términos de un destino trágico, parecería que independientemente de lo que se hiciera sería imposible transformar la situación colombiana, y fue precisamente la personalidad de Uribe Vélez el factor más importante para cambiar esa percepción de tragedia en la mayoría de los colombianos. Uribe Vélez se mostraba como el ideal de gobernante que ostentaba los valores morales necesarios para hacer frente a la violencia y para restablecer la gobernabilidad del sistema político y social. Como individuo lucía como un hombre trabajador, buen miembro de familia, austero, franco e incluso irascible; como ciudadano se exhibía más que como un político curtido de gran trayectoria, como un candidato que no hacía parte de la política tradicional, que tenía la autoridad moral para criticar y erradicar las malas prácticas del bipartidismo, y además como un ciudadano del común que hablaba su lenguaje, y defendía los valores de la clase media y de los pequeños y medianos empresarios. Estos rasgos aquí descritos, se encuentran incluidos en el imaginario de la “raza antioqueña” y también en las supuestas virtudes de lo hispano que sirvieron a los grupos dominantes en el siglo XIX para imponer su visión ideal del buen colombiano^[21]. Los elementos más importantes de la postura de Uribe Vélez se encontraban en sus discursos (Uribe Vélez, 2002) y en el  Manifiesto Democrático^[22] que luego se reflejaron en sus programas y decisiones políticas del primer y segundo gobierno. Antes de analizar estos programas y las transformaciones que sufrieron sus estrategias políticas en relación con el conflicto y las negociaciones con las AUC, quisiera referirme brevemente a las características de su discurso político. En primer lugar, pareciera que parte de su popularidad se encontraba en esa aparente inseparabilidad de su ser privado y público. El hombre de Estado era a su vez un individuo del común que usaba los ejemplos de la vida cotidiana y sus experiencias de campesino antioqueño para ilustrar a los ciudadanos sobre sus decisiones o sus puntos de vista. Sin embargo no se trataba de la simple exposición de sus perspectivas para ser sometidas al escrutinio público, sino de la última palabra dada por el padre de familia, quien desde su autoridad hablaba para ser escuchado y seguido. No obstante que sus discursos y conversaciones tenían ese talante paternal, al mismo tiempo como lo señala María Jimena Duzán, era capaz de adecuar su lenguaje al público que lo escuchaba, conservando eso si el control del discurso (Duzán, 2004). Como lo han señalado muchos periodistas su personalidad le aseguró un eterno idilio con los medios de comunicación, idilio que alimentaban mutuamente (especialmente medios radiales y de televisión), pues Uribe Vélez necesitaba de ellos para mantener su imagen de un gobernante que estaba cerca del pueblo y que se inmiscuía en todas las decisiones políticas, y de otro lado, para los medios siempre era noticia hablar con el Presidente^[23]. En segundo lugar, su discurso era moralizador, pues atacaba las prácticas clientelistas del sistema político (Leal Buitrago, 2006: 229)^[24], pero se puede añadir que era moralizador también en un segundo sentido, porque mostraba expresamente el tipo de valores, instituciones y grupos que se debían seguir y defender y cuáles no. Por esa razón su discurso encajaba perfectamente en esa dinámica de la polarización del amigo-enemigo de vieja raigambre en Colombia. La patria, la familia, el trabajo, la propiedad privada, la seguridad democrática, eran entre otros, los valores sociales y políticos que debían protegerse y/o alcanzarse, mientras que la politiquería, la corrupción, los violentos, el terrorismo, la guerrilla era lo que debía eliminarse.

Es un hecho que el estilo de gobierno de Uribe Vélez tenía una amplia aceptación por parte de la mayoría de los colombianos de diversos estratos y contextos sociales, para intentar explicar este fenó meno tendré en cuenta las herramientas conceptuales desarrolladas en la idea de la democracia débil en Colombia. En democracias estables las características personales del gobernante de turno no son tan esenciales para la gobernabilidad, dado que el ejercicio del poder se encuentra centrado más que en la persona misma del gobernante en las instituciones políticas del régimen, sus normas jurídicas, y en la participación activa de los ciudadanos en la vida pública. Por tanto, el éxito o fracaso de un gobernante depende es de su compromiso con dichas instituciones y valores, y de los programas políticos que lleve a cabo para profundizar la democracia entre los ciudadanos. En otras palabras, en un gobierno estable, el gobernante de turno es un ciudadano más entre iguales, por oposición a lo que sucede en sistemas autoritarios, tiránicos y totalitarios, en los que aunque su estructura organizativa varía, la posición del líder está por encima de las instituciones^[25].

En una democracia como la colombiana en que existe debilidad institucional, las relaciones de poder se configuran no a través de las instituciones políticas, sino de relaciones personales, en las que los rasgos del gobernante de turno se convierten en los elementos que pueden legitimar sus acciones políticas. Así en la percepción de la mayoría de los colombianos que provenimos de una cultura estamental y jerárquica en que las relaciones de poder se construyen no entre iguales, sino en relaciones asimétricas con fuertes visos autoritarios, el anhelo de sentir que alguien gobierna, de alguien que por fin se encarga de poner orden al caos es muy importante. Esta visión paternalista del poder es muy propia de una sociedad cuya cultura no es democrática, en la que se parte de que hay algunos aptos para gobernar y otros para obedecer, pero que naturalmente se requiere un guía con determinadas cualidades para ejercer ese liderazgo. Entonces la idea de confianza ciudadana democrática, se sustituye por la confianza en el líder. En general los colombianos, como ya se ha señalado, no confían en las instituciones públicas, en las leyes, ni en los políticos que supuestamente dicen representarlos, por ello con una persona tan carismática como Uribe Vélez, se sustituyó muy rápidamente la confianza hacia las instituciones y entre los ciudadanos por la confianza hacia el Presidente. A lo anterior se debe añadir el tipo de discurso que usaba Uribe Vélez, un discurso basado en la vocación de trabajo permanente por los problemas de los ciudadanos, vocación que aumentaba la confianza en el líder, una confianza que se cimentaba en el ideal del buen padre de familia que no descuidaba a sus hijos. Probablemente el ejemplo que mejor ilustraba esta idea de autoridad y paternalismo de Uribe Vélez, se puede analizar  en los consejos comunitarios en los que el Presidente borraba toda la institucionalidad que lo separaba del pueblo a fin de tener un diálogo directo con los ciudadanos y de resolver sus problemas. De esta forma, la ciudadanía que asistía a estos consejos sentía que el Presidente la escuchaba y además, que él era el único que dada su posición jerárquica podía darle solución a sus problemas, y de este modo se evitaba la burocracia y la ineptitud de los funcionarios de las instituciones públicas locales. Este tipo de escenarios-espectáculo estratégicamente diseñados producían efectos positivos en su electorado en zonas en las que no ha existido Estado o este es muy precario^[26]. A todo lo anterior se puede añadir una tendencia propia de la fragilidad de la condición humana, que se suele recrudecer en situaciones de crisis y de tragedias reales o aparentes, y es la tendencia de guiar nuestras acciones por una racionalidad de corto plazo que no implique grandes esfuerzos. Entre los colombianos ha existido de larga data, un deseo generalizado a dejar en el pasado la violencia y la ingobernabilidad y alcanzar la paz y la gobernabilidad. Este deseo es genuino porque está basado en una experiencia real de violencia e ingobernabilidad. No obstante que el fin deseado es legítimo, para alcanzarlo se requiere que los medios utilizados también lo sean y precisamente la racionalidad de corto plazo que percibe los problemas del presente en forma simplista impide lograr el fin querido.

Los filó sofos políticos se han referido a este problema, y quisiera remitirme a una muy sugestiva interpretación de Jean Hampton del Leviatán, que explica porqué en el estado de naturaleza el conflicto entre los individuos no necesariamente está fundado en la preeminencia de las pasiones que impiden actuar racionalmente, sino en un razonamiento falaz o de corto plazo que les impide apreciar los beneficios de la cooperación en el largo plazo, así las personas optan por hacer prevalecer sus propios intereses en vez de cooperar con los demás^[27]. Me sirvo de Hobbes no para afirmar que su perspectiva de psicología política sea la adecuada para describir a los seres humanos^[28], sino para mostrar que en ciertos contextos de situaciones de crisis y de graves problemas, los ciudadanos desearíamos que las soluciones fueran rápidas y sin grandes sacrificios de nuestra parte, es decir sin que se vean perjudicados nuestros propios intereses para alcanzar fines sociales y políticamente benéficos para todos. La retórica usada por el gobierno de Uribe Vélez al menos en sus discursos dirigidos a la ciudanía, era el de una racionalidad de corto plazo, que creaba la falsa expectativa de que la mayoría de las soluciones de los problemas se encontraban en enemigo muy concreto: la guerrilla, a la que si se lograba derrotar militarmente, se podía dar solución a nuestros más graves problemas^[29]. Aunque el Presidente hablaba de sacrificios en sus discursos, estos no se referían a las transformaciones estructurales que debían hacerse y que especialmente afectaban a los grupos dominantes (distribución más equitativa de la tierra y riqueza; pérdida de sus privilegios políticos y econó micos; aceptación de su responsabilidad histó rica frente a la violencia, etc.), sino de los que debían hacer los grupos más vulnerables, en el caso de la violencia, las víctimas^[30].

En general, los grupos de poder en Colombia histó ricamente han tratado de lidiar con la violencia política a través de amnistías e indultos en los que se trata de olvidar el pasado a través de un nuevo comienzo y en el que se suprimen especialmente las memorias acerca de los horrores de las guerra y la violencia, de sus actores y sus víctimas, sin buscar las causas que dieron origen a esa violencia para no repetirlas en el presente. Todo esto ocasiona versiones hegemónicas distorsionadas de los eventos pasados que impiden asumir la responsabilidad bien directa o bien heredada de nuestros ancestros, pero en muy pocas ocasiones nos permite asumir la responsabilidad colectiva e individual que tenemos frente a un sistema político que se ha caracterizado por la exclusión política y de las memorias y sufrimientos de los grupos más vulnerables. Este tipo de contexto permite que se produzca otra característica de la simplicidad de la racionalidad de corto plazo, y es la tendencia de inculpar a los otros sin asumir las propias culpas, puesto que es más sencillo levantar el dedo acusador contra el enemigo que reflexionar sobre nuestra contribución o participación directa en la perpetuación de la exclusión política o en la violencia. El discurso del gobierno de Uribe Vélez contribuía a fomentar esta racionalidad cortoplacista, puesto que nos identificaba al culpable y nos daba soluciones como las que propusosu gobierno de reducir el Congreso, suprimir organismos de control, convertir ciudadanos de zonas en conflicto en un millón de informantes, establecer políticas de impunidad a los perpetradores (proyecto de Ley de Alternatividad Penal y excarcelación a los guerrilleros de las FARC) y de exigencias a las víctimas de perdón a sus victimarios. Así la paz y la consolidación democrática se lograban sin hacer grandes transformaciones institucionales políticas y econó micas. En otras palabras, sin que el statu-quo y los privilegios de los que han gozado ciertos grupos civiles y armados debieran desaparecer, a pesar de que para ello fuera necesario continuar con la reiterada costumbre de negociar principios democráticos que son innegociables y sin enfrentar un pasado en el que todos tenemos responsabilidades que asumir. Para concluir, quisiera señalar que la personalidad de Uribe Vélez no só lo reflejaba un estilo de ejercer el poder, sino además la pretensión de imponer un proyecto de Estado que se plasmaba en la seguridad democrática y en las características de sus propuestas de paz como se analizará más adelante en la siguiente sección^[31].

2.   Análisis de las políticas de paz en el gobierno de Uribe Vélez y sus consecuencias en las instituciones y en la cultura democrática colombiana

Paso entonces, a mirar el programa de seguridad democrática y estado comunitario que cubrió los dos períodos de gobierno de Uribe Vélez. El estudio no pretende ser exhaustivo sino analizar aspectos de esta política que sirven de base para mirar la política de paz del gobierno. El gobierno produjo documentos que hacían referencia a la seguridad democrática y al estado comunitario, y existieron a su vez innumerables textos escritos por analistas que se referían a estos documentos^[32]. No obstante lo anterior, los documentos del gobierno no eran suficientes para entender conceptualmente en qué consistían estos programas a fin de hacer una crítica externa o interna consistente desde la teoría política contemporánea. Y probablemente lo que para un analista constituía un déficit conceptual, para el gobierno era una fortaleza porque en nombre de la seguridad democrática y del estado comunitario se podían justificar muchas decisiones que se fueron adaptando a las cambiantes circunstancias de los acontecimientos políticos. Leal Buitrago acertadamente señala que las políticas de la seguridad democrática del Plan de Desarrollo del primer gobierno de Uribe Vélez, eran un inventario de las ideas que aparecían en el Manifiesto Democrático. Afirma Leal Buitrago que en general, los planes de desarrollo de los gobiernos colombianos, y este no fue la excepción, no son más que documentos de buenas intenciones sin mecanismos ni recursos para implementarlos (Leal Buitrago, 2006: 234)^[33].

El gobierno inicialmente en el Plan de Desarrollo del primer gobierno reconocía la existencia de un conflicto armado de vieja raigambre que se había agudizado en las últimas décadas y que había copado territorios y se había fortalecido con el narcotráfico^[34]. Por eso se consideraba que para combatir este problema se debía implementar un “modelo integral de Seguridad Democrática que le [permitiera] al Estado brindar seguridad a todos los sectores de la sociedad, consolidar su presencia legítima en el territorio nacional y recuperar el control definitivo en las zonas de influencia de grupos armados ilegales”. Se decía que la seguridad democrática debía ir más allá del concepto de seguridad nacional y que por ello estaba comprometida con los derechos humanos y el pluralismo y su objetivo último era “asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar el estado de derecho”^[35]. Luego, como es sabido, el gobierno de Uribe Vélez negó la existencia del conflicto puesto que se aseguraba entre otras razones que en Colombia existía una democracia legítima y no una dictadura o un régimen opresivo, así no había justificación para que los “violentos” continuaran armados^[36]. En forma independiente al particular uso del lenguaje del gobierno, se puede afirmar que la visión de seguridad democrática en relación con el conflicto inicialmente tuvo dos estrategias: una estrategia de guerra abierta en contra de las FARC, y una estrategia de apertura, diálogo y hasta condescendencia con las AUC. Esta visión de doble vía, de negociación y de guerra, respondía a la percepción y sucesos ocurridos al final de gobierno Pastrana con las FARC y las AUC. En este sentido las medidas que tomó el gobierno de Uribe Vélez directamente y con el apoyo de las mayorías del Congreso fueron de buen recibo entre la mayoría de los colombianos^[37]. Además ésta política interna frente al conflicto se insertaba en una agenda externa en que el gobierno intentaba darle un carácter internacional al conflicto armado. Esta medida tenía varios propó sitos, entre otros lograr que otros países que se encontraban involucrados en el problema delnegocio ilegal de la droga aceptaran la corresponsabilidad que han tenido frente a este flagelo, que constituye la fuente principal de la financiación de los grupos armados (Leal Buitrago, 2006)^[38]. Además, se buscaba el apoyo de la comunidad internacional a fin de que ayudaran a legitimar la política interna del gobierno frente al conflicto, y el apoyo econó mico de los países y de organismos internacionales para financiar la guerra contra los grupos armados ilegales. Esta internacionalización del conflicto tuvo efectos negativos y positivos para los propó sitos del gobierno, en efecto se obtuvo el apoyo de otros gobiernos y de organismos internacionales, sin embargo su ayuda no fue irrestricta en relación con la política interna del gobierno de Uribe Vélez. En muchos casos los países y organismos internacionales se convirtieron en garantes del cumplimiento de una serie de principios de derecho internacional de los derechos humanos que no se hubieran podido garantizar si las políticas del gobierno de Uribe Vélez hubieran dependido exclusivamente del apoyo político que le brindaban la mayoría de los colombianos.

En los documentos del gobierno se hacía una alusión general al terrorismo en los que se comprendía tanto a los grupos insurgentes como a los contrainsurgentes. No obstante lo anterior, el gobierno en su primer período de gobierno, como se afirmó antes, tuvo una política con dos estrategias frente al conflicto, así las medidas policivas y militares se usaron especialmente en contra de la insurgencia y en forma particular en contra de las FARC, mientras que la política de negociación se estableció para las AUC. Aunque las circunstancias del conflicto modificaron estas estrategias, en especial a lo largo del segundo período presidencial, fue evidente que el gobierno consideraba como su principal enemigo a las FARC y no desistió de una estrategia de guerra en contra de ella^[39]. Dentro de las  políticas para asegurar la presencia del Estado y para recuperar las zonas controladas por los grupos armados, en el primer período del gobierno se tomaron medidas policivas y militares que incluían entre otras: decretar el estado de conmoción interior, crear impuestos para la seguridad, la conformación de soldados campesinos y redes de informantes, estímulos a la deserción de combatientes, zonas de rehabilitación, el proyecto de porte de armas de uso privativo de las fuerzas pública para los civiles, que finalmente se hundió en el Congreso, y el estatuto antiterrorista que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de forma. Las medidas tomadas por el gobierno reflejaban una política en la que primaba una visión de seguridad muy cuestionable que atentaba contra el estado de derecho y vulneraba los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Si bien la decisión de asegurar en todo el territorio la presencia del Estado y de recuperar las zonas que eran controladas por los grupos armados era loable y era un requisito indispensable de un estado de derecho, y en efecto algunas medidas lograron dar algunos golpes considerables a las FARC y un repliegue táctico de su ofensiva militar^[40], no obstante el componente militar primó sobre la idea de recuperar o de constituir por primera vez la institucionalidad civil en muchas territorios en los que no ha existido presencia decisiva del Estado. El enfoque militarista de la seguridad democrática, se puede ilustrar con tres ejemplos. El perfil de la política de defensa y de seguridad democrática del 2003; la conformación de la red de informantes y soldados campesinos; y el discurso polarizador del Presidente.

A mediados del 2003 la Presidencia y el Ministerio de Defensa^[41] presentaron un documento definitivo de seguridad y defensa. Este documento, como afirma Leal Buitrago, constituía un esfuerzo de integración en la seguridad y de asumir la responsabilidad civil en la dirección de la misma. Sin embargo, el documento no garantizaba que esa integración se diera en la realidad, ya que limitaba la seguridad a su aspecto militar sin incluir a otras entidades del Estado que también cumplían esta función y que tenían la capacidad de garantizar el control y la vigilancia del enfoque militarista de la seguridad^[42]. Igualmente aunque la política era construida para una situación de guerra no se reconocía la existencia del conflicto armado interno, lo que parece ser una contradicción del mismo espíritu de esa política de defensa y seguridad (Leal Buitrago, 2006: 240-242). Además, afirmar que Colombia era un régimen democrático y que por ello no existía justificación para que existieran grupos armados al margen de la ley, constituye un franco retroceso en relación con las políticas de paz desde el gobierno de Belisario Betancur, en que se reconocía que los orígenes y desarrollos del conflicto tenían relación con la exclusión política, econó mica y social de muchos grupos. Con esto no se quiere indicar que las acciones de barbarie que se cometen en nombre de la injusticia social o en nombre de la ausencia o debilidad del Estado se justifiquen de algún modo, pero el sistema político excluyente si debe hacer parte de un análisis explicativo y de respuesta a la violencia política colombiana, a fin de transformar un régimen histó ricamente excluyente en uno en que la democracia y las instituciones políticas no sea el privilegio de unos pocos.

En cuanto a la conformación de los soldados campesinos y de la red de informantes^[43], es importante advertir que aunque estas organizaciones hacían parte de la política de guerra, estos no se encontraban incorporados en el documento de Defensa y Seguridad del gobierno, aunque su reclutamiento se encontraba en poder de los militares^[44]. En relación con ésta figura, se puede afirmar que en general, inmiscuir a la población civil como parte de la estrategia de guerra es una idea muy negativa para consolidar la confianza y la tolerancia democrática entre los ciudadanos. Además de los riesgos a los que pueden verse sometidos estos ciudadanos, ya que este tipo de medidas promueven actitudes abiertamente hostiles en espacios que ya de por si coexisten con la violencia. Por citar algunos ejemplos, estas organizaciones pueden hacer que muchos ciudadanos que no se encuentran inmiscuidos en el conflicto terminen tomando partido y no necesariamente por convicciones ideoló gicas, que las pueden tener, sino por precarias condiciones econó micas; igualmente puede atribuir poder a algunos ciudadanos en relación con sus vecinos y estimular la intimidación por las armas y la supuesta incriminación de ciudadanos que no han cometido ningún delito^[45]. En un contexto como el colombiano en que existe una alta polarización y en el que la debilidad institucional ha propiciado prácticas violentas para resolver conflictos de toda índole, los soldados campesinos y las redes de informantes podían y pueden ser un caldo de cultivo para la violencia y no para la paz y en vez de estimular la tolerancia y la solidaridad entre la población civil pueden estimular la desconfianza y la intimidación^[46].

De otro lado, Uribe Vélez usaba un discurso político que polarizaba el espacio político en Colombia. En un país que ya se encontraba dividido por las diferencias ideoló gicas que ha producido la violencia, el discurso de Uribe frente a la violencia política, constituía un discurso de odio que promovía actitudes y acciones violentas no só lo en contra de miembros de los grupos armados, sino especialmente en contra de todos aquellos grupos o individuos que eran señalados como cooperantes de grupos insurgentes, críticos del statu-quo colombiano y de políticas neoliberales, ideó logos de la izquierda o simplemente de ciudadanos que tenían opiniones en contra de las políticas del gobierno. En este sentido vale la pena recordar el comentario de Uribe Vélez quien tildó a las ONG de ser fachadas del terrorismo de izquierda. Aunque existió un amplio rechazo de muchos sectores de la población frente a esta descalificación del trabajo que han hecho en Colombia estas organizaciones, este discurso fomentó la polarización y por mucho tiempo se escucharon diversas voces que usaron este apelativo para descalificar a las ONG sin discusión, como si fuera un hecho cierto sin posibilidad de ser refutado^[47].

La función pública tiene una connotación especial que coloca a los ciudadanos que la ejercen en una posición de autoridad, pero también, y en especial, de responsabilidad con respecto a las acciones que realizan en ejecución de sus funciones y esto incluye sus actitudes y el lenguaje con el que se dirigen a sus conciudadanos. Los discursos de odio han tenido y pueden tener consecuencias nefastas que van más allá del impacto que pueden causar las palabras, puesto que precisamente las palabras pueden invitar al público a realizar acciones en contra de aquellos a los que estas van dirigidas^[48]. En este sentido un Presidente de una nación, en especial, de alguien que como Uribe Vélez tenía una alta aceptación entre los ciudadanos, y en un país que se encuentra fragmentado por proyectos políticos excluyentes y por la propia violencia que esta exclusión ha generado, tenía que acudir a un discurso prudente y civilista que mostrara a través de sus palabras que se podían  rechazar las acciones aberrantes de los grupos armados y tomar las medidas institucionales respectivas como jefe de Estado, sin necesidad de descalificar a quienes eran críticos de sus decisiones políticas. En general, el disentir y criticar las políticas de un gobierno no es una facultad que graciosamente este le concede a sus ciudadanos, sino que constituye uno de los principales derechos y pilares de la democracia no só lo como garantía de su libertad de expresión individual sino como un derecho ciudadano de participación política efectiva en la construcción de una sociedad tolerante y pensante. Los artistas suelen expresar mejor y en forma más contundente que los teó ricos las ideas, por ello cabe citar aquí el estribillo de la Canción Protesta de los Aterciopelados, que dice: “Suena otra canción protesta, pero no la llamen terrorista, no es que sea antipatriota, es que trae otro punto de vista”^[49]. Lo anterior no quiere decir que cualquier posición en contra o en favor de un gobierno es legítima per se, como lo expresa Mauricio García Villegas, los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra deben salir del lenguaje político, en el sentido de que si alguien simpatiza con un discurso de izquierda o de derecha en Colombia, sería inadmisible que justificara, explicara o incluso considerara la posibilidad de atribuir niveles de mayor o menor gravedad a estos delitos según provinieran de los grupos guerrilleros o de los paramilitares. Por lo anterior, los sectores civilistas de izquierda y de derecha no pueden sentirse más cerca de los grupos guerrilleros o de los paramilitares respectivamente, sino de sus contendores en la civilidad, y por ello deben condenar al unísono cualquier acto de barbarie provenga del lugar de donde provenga (García, 2007: 15).

En conclusión, las políticas del gobierno de Uribe Vélez frente al conflicto que pretendían crear un ambiente de seguridad en un contexto democrático y de generar lazos de solidaridad, tolerancia y de respeto a los derechos humanos, por el contrario parecenhaber contribuido más bien a perpetuar la debilidad institucional del sistema político sin crear políticas claras decididas a profundizar la democracia con reformas institucionales de fondo, que además generen un ambiente de diálogo y de reflexión profunda en una sociedad que se encuentra fragmentada social y políticamente. En otras palabras, se puede afirmar que las perspectivas de la seguridad democrática y del estado comunitario del gobierno en vez de propender por un ambiente favorable para generar consensos democráticos, contribuyó a crear un ambiente de abierta intolerancia frente a los grupos que tenían visiones que no coincidían con las políticas del gobierno.

Este ambiente de polarización y de debilitamiento en términos de institucionalidad y cultura democrática, que podría haberse revertido con el fin del primer periodo presidencial de Uribe Vélez y la elección de otro presidente, se vio reforzado con su reelección presidencial y la aspiración que tenía de continuar por un tercer período. Justamente, la razón esencial que aducía el Presidente y aquellos que lo apoyaban en una segunda reelección, era que el único que podría garantizar la continuación de una política de seguridad democrática y por tanto la disolución de las FARC era el propio Presidente. Si se analizan los discursos que apoyaban esta postura vemos que se usaba como recurso estratégico, un discurso de odio y de miedo, en que por un lado se nos recordaba que los principales enemigos de Colombia eran los grupos insurgentes de izquierda, en particular las FARC, y por el otro, se nos advertía de los riesgos de caer de nuevo en la situación trágica que vivimos en Colombia, por cuenta de propuestas de paz de gobiernos débiles que en las dos últimas décadas del siglo XX les cedieron a grupos violentos de izquierda el país. Lo que estos discursos, obviamente, no manifestaban era que las negociaciones con las AUC, la otra parte de la política de paz no había sido tan exitosa como se hubiese querido, y que las medidas que se tomaron para desmovilizar y reinsertar a los miembros de las AUC, por citar un solo ejemplo, no contemplaron la desarticulación de las estructuras criminales de estos grupos y que en los cinco años de existencia de ley de Justicia y Paz, LJP y los decretos que la desarrollan, no se hicieron los esfuerzos conducentes a remediar esos problemas (Véase Human Rights Watch, 2010). Del mismo modo, en los discursos tampoco se hacía alusión a las negativas consecuencias que la reforma constitucional de la primera reelección tuvo en las instituciones democráticas, en las que no se contempló la incidencia que podía tener un segundo mandato en el equilibrio de poderes y balances de un estado de derecho. Así, el Presidente en sus dos períodos pudo escoger la mayoría de funcionarios que hoy dirigen los ó rganos de control y vigilancia del Estado, así como de altos funcionarios del poder judicial.^[50] Igualmente el proyecto de referendo para reelegir al Presidente tenía graves vicios del trámite. Me interesa resaltar aquí un aspecto, y es la necesaria conexión que tiene que existir entre el respeto a las normas constitucionales y legales que establecen los procedimientos y las garantías de los derechos democráticos. En este caso, el procedimiento no es un simple capricho del legislador, sino una forma de proteger y garantizar en condiciones de igualdad los derechos políticos de todos los colombianos. Cuando se señalaba que los procedimientos eran simples formalidades, y que bastaba que una mayoría tuviera un deseo político para que este fuese consumado, se estaban violando groseramente ideales normativos jurídicos, éticos y políticos esenciales de un régimen democrático deliberativo, pues con esa interpretación se atentaba contra la igualdad política, la imparcialidad y la razonabilidad que debían guiar las decisiones; y se estaba imponiendo en cambio, una cultura política, que lejos de promover la democracia, promovía la tiranía de las mayorías, y la desobediencia de las normas en el ámbito privado y en el político (Young, 2000).

  El hoy presidente electo Juan Manuel Santos, mantuvo durante su campaña presidencial, el mismo discurso del presidente Uribe Vélez en relación con la paz, y trató de desprestigiar al segundo candidato en las encuestas, AntanasMockus, mostrándolo como un candidato no uribista y por tanto sin compromiso con la continuidad de sus políticas de seguridad democrática^[51]. El tono del discurso de Santos varió completamente una vez ganó las elecciones y en este sentido es muy esperanzador desde la perspectiva del fortalecimiento de las instituciones democráticas y su relación con la paz, las propuestas políticas que ha liderado. En particular el proyecto de ley de tierras y el proyecto de ley de víctimas. La tierra en Colombia se encuentra en el centro de la historia de la violencia, así la posibilidad de que el gobierno reconozca que la paz y las reparaciones a las víctimas de la violencia pasa por restituirles la tierra que el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla se apropió en los últimos 20 años, permite pensar que ésta sería una reforma de tal trascendencia, que si el proyecto es aprobado en el Congreso, se estarían creando los cimientos de una sociedad que por fin hace justicia a ese pasado violento. Ésta política se complementaría con una ley de víctimas en que existiría una perspectiva equitativa frente a todas ellas, lo que contrastaría con el gobierno de Uribe Vélez en que no se reconocía como víctimas a los ciudadanos víctimas de agentes de Estado^[52]. Estas reformas no obstante ser necesarias, tienen que ser aprobadas por un Congreso que representa a muchos sectores de los grupos dominantes colombianos que detentan el poder econó mico y político y que verían afectados directamente sus intereses, por eso la tarea que se propone el actual gobierno no es fácil. Aunque el hecho de que Uribe no hubiera podido ser reelegido, permitió probar que más allá de Uribe había un horizonte político rico, diverso y con propuestas interesantes, la polarización que produjo el expresidente en la cultura política parecería indicar que Colombia por mucho tiempo seguirá influenciada por la sombra de Uribe y de quienes apoyan sus visiones sobre có mo ver y abordar la paz, en especial si como parece, el expresidente participará bien apoyando a candidatos del partido de la U en las pró ximas elecciones de gobernadores y alcaldes y/o bien presentándose el mismo como candidato^[53].

* Este texto hace parte del proyecto de investigación “Justicia transicional y políticas públicas” de la línea de investigación Democracia y Justicia de la Facultad de Jurisprudencia, que pertenece al Grupo de Investigación de Derecho Público de la Universidad del Rosario.

^[1] El análisis sobre si las propuestas de paz del gobierno fueron adecuadas para alcanzar la paz lo abordo en (de Gamboa Tapias, En prensa). En este artículo se hace un análisis de las fó rmulas de paz del gobierno de Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La tesis central del trabajo es mostrar que las fó rmulas de paz del gobierno pueden ser leídas como una estrategia propia de los Estados que guían sus políticas desde una perspectiva del realismo político y lo que pretende el escrito es señalar los riesgos que para una democracia conlleva esta postura, además de considerar que estas fó rmulas no son idóneas para alcanzar una paz duradera.

^[2] Acojo la concepción de democracia incluyente y deliberativa formulada por Iris Marion Young, quien tiene una concepción de ciudadanía diferenciada y una visión heterogénea de lo público, en la que los procesos de deliberación y toma de decisiones políticas siguen unos principios normativos que garantizan la inclusión de todos los afectados y el reconocimiento de sus diferentes intereses y visiones de mundo en condiciones de igualdad. Young considera que una decisión democrática debe guiarse por cuatro ideales normativos: inclusión, igualdad política, racionabilidad y publicidad. Una decisión es incluyente cuando se involucra en el proceso de deliberación y toma de decisiones a todos los afectados por la decisión. La igualdad política consiste en que los afectados por una decisión “deben incluirse en igualdad de condiciones”. Esto implica no solamente oportunidades iguales para hablar y  presentar argumentos y propuestas, sino también gozar de “libertad de dominación”, en el sentido de que nadie puede estar “en la posición de coaccionar o amenazar a otros para que acepten ciertas propuestas o resultados”. En una democracia deliberativa, ser razonable significa que las personas discuten con el fin de lograr acuerdos y que, en caso de no lograrlos, existen procedimientos “para llegar a decisiones y registrar el disenso cuando no haya acuerdo” (Young, 2000: 24). Según Young, se es razonable cuando se está dispuesto a escuchar a los otros y a cambiar las opiniones propias cuando éstas son incorrectas o inapropiadas. Finalmente, para Young, las condiciones de inclusión, igualdad y racionabilidad “implican que la interacción entre los participantes en un proceso de toma de decisión democrático formen un público en el cual los individuos se exijan responsabilidad recíproca” (Ibíd.: 23- 25). En otro texto, Young explica cinco formas de opresión en los sistemas democráticos actuales: explotación, marginalización, impotencia, imperialismo cultural y violencia. Young pretende describir diversas formas de opresión que coexisten en sistemas democráticos como el americano y las analiza a fin de mirar los posibles instrumentos políticos, sociales y econó micos que posibilitarían su eliminación. Ella considera que estas formas de opresión son estructurales pues están presentes en normas, hábitos y símbolos que no son cuestionados y que se reproducen en las instituciones econó micas, políticas y culturales (Young, 1990: 41-65).

^[3] Para una mirada desde el análisis político y socioló gico que da cuenta de estas asimetrías, véase (Leal Buitrago, 1989); (Palacios, 1995); (Pécaut, 2006). Un análisis de estas asimetrías en el sistema judicial y los derechos sociales en Colombia se encuentra en (Rodríguez Garavito, García Villegas, & Uprimny Yepes, 2006).

^[4] Young señala que la inclusión como ideal normativo significa que en la discusión y en la toma de decisiones deben estar incluidas las personas que se vean afectadas por la decisión, y considera que esto ocurre cuando la decisión “afecta” en forma significativa y negativa las condiciones de sus planes de acción. La inclusión conlleva la idea de una norma de respeto moral. Véase (Young, 2000: 23).

^[5] La novela de Los elegidos recrea esta creencia de la elite colombiana (Ló pez Michelsen, 1999).

^[6] Estos pactos ad hoc que histó ricamente han realizado los partidos políticos y las élites colombianas son analizados en: (Leal Buitrago, 1989); (Palacios, 1995); (Uribe, 2001); (Wilde, 1982); (Dávila, 2002).

^[7] Consuelo Corredor muestra como en América Latina en la que se da una modernización desde arriba, es decir que só lo beneficia a las élites, el clientelismo se convierte en una práctica generalizada para acceder a algunos de los beneficios de la modernización que se reserva a unos pocos. El clientelismo produce consecuencias muy negativas en la construcción de la cultura ciudadana y de la forma como se integran las mayorías (Corredor, 1992: 59).

^[8] Un ejemplo de un pacto ad hoc abiertamente ilegal, se encuentra hoy en el llamado fenó meno de la parapolítica en Colombia, es decir los pactos de políticos en sus regiones con miembros del paramilitarismo para conservar o acceder al poder político. Este tipo de pactos entre política y narcotráfico comenzaron en los años 80 del siglo XX. Véanse (Pécaut, 1997); (Romero, 2007); (Duncan, 2006).

^[9] Véanse los escritos (Koop, 1995) y (Betancourt & García B., 1995), citados por Daniel Pécaut en (Pécaut, 1997: 11). Igualmente el trabajo de Francisco Thoumi (1990).

^[10]  Véase el documento de la Corporación Nuevo Arco Iris en (Valencia & Romero, 2007); (Romero, 2007) y las investigaciones de Claudia Ló pez presentadas en su columna del Tiempo, además de los reportajes sobre el escándalo de la Parapolítica que han realizado la Revista Semana, El Espectador, El Tiempo y la Revista Cambio, entre otros.

^[11]  Véase (Duncan, 2006), especialmente el capítulo 5 que hace referencia a la forma como los ejércitos privados de las AUC ejercen su poder hacia los “ciudadanos” que hacen parte de sus territorios; y también (Alonso, Giraldo, & Sierra, 2006).

^[12] En el caso colombiano, distinguir la violencia ordinaria de la política es difícil, puesto que muchas de las actividades delictivas que desarrollan los grupos armados no responden a una adscripción ideoló gica, además los grupos criminales no políticos terminan haciendo alianzas con grupos paramilitares y de la guerrilla, para realizar cierto tipo de crímenes, para citar un ejemplo, se encuentran los grupos criminales que secuestran ciudadanos colombianos para “venderlos” a grupos armados ilegales. Hoy, como se ha señalado por organizaciones internacionales y numerosos investigadores, en las negociaciones con el gobierno de Uribe Vélez, muchos miembros pertenecientes a las estructuras de las AUC o bien no se desvincularon de estos grupos o bien una vez desmovilizados se volvieron a rearmar y continúan cometiendo crímenes. Ver informes MAPOEA; Corporación Nuevo Arco Iris, “Informe 2009 ¿El declive de la seguridad democrática?” www.nuevoarcoiris.org.co informe de Human Rights Watch, “Los herederos del paramilitarismo, la nueva cara de la violencia en Colombia”, 3 de febrero del 2010, en: http://www.hrw.org/en/reports/2010/02/03/paramilitaries-heirs-0

^[13]  En la explicaciones de las causas de la Violencia en Colombia de los años 50, en muchos relatos se usa como argumento el alzamiento popular como el reflejo de la incivilización del pueblo al que peyorativamente se le denomina como chusma, es decir como seres humanos con un desarrollo moral bajo que les impide comportarse como individuos modernos, en que pareciera que la única forma de mantener el control sobre ellos es si estos grupos se subordinan al poder de los grupos dominantes, que si son naturalmente civilizados, no obstante la posibilidad de que estos grupos ejerzan la violencia siempre está latente.  En la novela de Eduardo Caballero Calderón, El Cristo de Espaldas, queda reflejada esa idea de que especialmente en regiones alejadas de las urbes y por tanto de la civilización, entre los campesinos caracterizados por el atraso, la ignorancia y la pobreza se producen comportamientos violentos contra los cuales no parece existir ningún remedio (Caballero Calderón, 1994). Esta visión de jerárquica de la sociedad en que a las clases subalternas se las percibe como individuos con un escaso desarrollo moral, es analizado muy agudamente por Adriana Alzate en (Alzate, 2007). Es interesante como el sentimiento de superioridad de las élites colombianas respecto de las clases subalternas, las mujeres y las minorías étnicas, cuando estas élites se comparan con los extranjeros europeos y de Norteamérica, se perciben como inferiores debido a la mezcla de razas de las que son ellos parte. Véase (Pedraza, 1999).

^[14]  Esta visión del protagonista trágico se encuentra en la biografía de Carlos Castaño, quien en varios pasajes se muestra como un personaje escogido cuyo terrible destino es cumplir su misión de eliminar a quienes no se conforman a su visión de lo bueno (Aranguren, 2001). En algunas de los apartes de  las versiones libres, los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC ante los fiscales de la ley de justicia y paz también se presentan como héroes trágicos que debían cumplir su misión. Consúltese http//:www.verdadabierta.com

^[15]  Esta percepción acerca de la trágica ingobernabilidad se ve reflejada espléndidamente en el chiste popular colombiano que dice que Dios decidió crear Colombia un lugar paradisiaco, con múltiples climas, regiones geográficamente diversas, una flora y fauna extraordinaria, “pero con una gentecita tan incivilizada” que el paradisiaco lugar es más bien un infierno.

^[16]  Este tema lo analizo en (de Gamboa, 2007).

^[17]  Esta actitud se encuentra en las bases del partido liberal y conservador durante la Violencia en los 50, estos grupos de campesinos y de clases subalternas terminaron involucrados en una guerra que no era la suya y en la que ellos pusieron los muertos. Véase (Leal Buitrago, 1989: 105).

^[18]  No me refiero a las grupos más pobres y por lo general los más excluidos de los privilegios políticos y econó micos, para quienes, por lo general, en los países en vías de desarrollo su situación siempre es precaria, pero su visibilidad política es muy débil.

^[19] Esta visión guerrerista es compartida no só lo por los estamentos militares y los sectores de derecha, sino también por muchos grupos que han sido afectados directamente por la guerrilla en sus regiones. No obstante, esta posición también es asumida por muchos ciudadanos que en esa ló gica amigo-enemigo han visto en la izquierda al principal protagonista de la tragedia colombiana. Es interesante como durante el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana, muchos ciudadanos del común expresaban sus sentimientos incluso públicamente en emisoras radiales como la W señalando que la zona de distensión era el espacio propicio que debía usar el gobierno para por fin aniquilar a la guerrilla; incluso se corrió la voz en momentos de crisis de las negociaciones con las FARC que los Estados Unidos iban a realizar un ataque aéreo en el Caguán para exterminar a ese grupo armado. Así por ejemplo, Carlos Lemos Simmons, canciller durante el gobierno del presidente Julio César Turbay (1978-82), declaró lo siguiente: “ya desocupados de Kosovo, los radares y los sensores del Pentágono se orientan hacia el Caguán”; tomado de www.critica.com.pa/archivo/061699/lat3.html

^[20]  Las dificultades del bipartidismo se agudizan con la reforma política introducida por la Constitución del 91 y de la reforma política del 2003. Véase (Gutiérrez, 2007).

^[21]  Véase (Roldán, 2002: 11); (Appelbaum, 2003); (Jaramillo Uribe, 1994: 64-66).

^[22]  “Hacia un estado comunitario, Manifiesto Democrático, los 100 puntos de Uribe” www.presidencia.gov.co.

^[23]   En un artículo periodístico Omar Rincón señaló que Catalina Montoya en su tesis de maestría del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia encontró que el presidente Uribe es la principal noticia en los noticieros de televisión, en promedio son tres notas por emisión. El 82,76% de la información sobre Uribe Vélez son noticias y se hacen muy pocas crónicas o reportajes de análisis. Igualmente el 64,65% de las noticias acerca de Uribe Vélez son programados por los medios de comunicación de la Presidencia o convocados por el propio presidente. El 82,88% de las noticias informativas tienen el propó sito de persuadir o seducir y no de informar. Véase Omar Rincón, julio 10 del 2007, “Uribe noticias” www.semana.com.

^[24]  El Presidente ha podido mantener un alto índice de popularidad (alrededor de 70% de favorabilidad) aún cuando se presentan hechos muy graves que podrían minar su legitimidad. Por citar algunos ejemplos, la corrupción del DAS y el seguimiento indebido a periodistas, miembros de ONG y de las altas Cortes; la concesión a los hijos del Presidente de una zona franca; los denominados con el eufemismo de “falsos positivos”, que no son otra cosa que asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares contra ciudadanos colombianos presentados como guerrilleros muertos en combate a fin de mostrar resultados en su lucha contra la guerrilla y recibir a cambio recompensas; la concesión a grandes empresarios de créditos en el campo, por medio de Agro Ingreso Seguro, que se supone estaban destinados a pequeños y medianos agricultores. Adicionalmente, muchos de los funcionarios de gobierno de alto rango, así como políticos cercanos al Presidente  han sido cuestionados, judicializados y condenados penalmente por sus actuaciones privadas o públicas, no obstante estos hechos no han afectado su popularidad.

^[25] Hannah Arendt considera que los regímenes autoritarios tienen una estructura piramidal de manera que el gobernante cuyo poder y autoridad se encuentra por fuera de la estructura, ejerce su poder a través de los miembros de las diversas jerarquías que componen la pirámide. La tiranía, por el contrario, es caracterizada por la autora como una forma de gobierno igualitaria, puesto que el gobernante ejerce su poder contra todos, de tal forma que frente al gobernante todos son igualmente oprimidos y carentes de poder. En el totalitarismo, la organización del poder tiene la forma de una cebolla, en el que el líder se encuentra en el centro y puede integrar su cuerpo político mediante una organización autoritaria o tiránica. Lo característico del sistema totalitario consiste en que el poder se ejerce de adentro hacia fuera, por ello cada parte de la organización se relaciona con los otros a través de cada una de las capas, como en una cebolla, la parte exterior de cada capa tiene la apariencia de normalidad del mundo exterior, mientras que la parte interior que se comunica con  el centro se caracteriza por su radical extremismo (Arendt, 1961: 95-100).

^[26]  María Jimena Duzán describe el montaje de los consejos comunales y su efecto de debilitamiento institucional. Ella señala como el propó sito de los consejos comunales que se crearon en el gobierno del presidente Barco, a través del Plan Nacional de Rehabilitación, tenía como fin buscar que los ciudadanos desarrollaran mecanismos de participación y de crear consensos que los acercaran a las instituciones del estado en regiones olvidadas por el Estado, sin embargo hoy el acercamiento no es institucional sino a través de la persona del Presidente quien decide que se discute, dirime los conflictos y entrega “chequecitos” para suplir necesidades puntuales de los ciudadanos Véase (Duzán, 2004: 97-103).

^[27] Jean Hampton considera ésta explicación de vital importancia en el Leviatán para pasar del estado de naturaleza al del contrato social, ya que si los seres humanos só lo se guiarán por sus pasiones no podrían concluir que la preservación propia requiere de su cooperación para salir del estado de naturaleza (Hampton, 1990: 85).

^[28] A diferencia de Hobbes y siguiendo a Aristó teles y en forma contemporánea a autores como Claudia Card y Laurence Thomas, considero que los seres humanos no son naturalmente egoístas o altruistas, sino que el desarrollo de un carácter virtuoso o defectuoso está mediando en parte por el contexto favorable o desfavorable en que este carácter se desarrolla. Véase (Card, 1996) y (Thomas, 1989).

^[29]  Por ejemplo en “El Manifiesto Democrático, 100 puntos de Álvaro Uribe Vélez”, que constituyó la propuesta de campaña del Presidente, se decía que el Estado debía destinar sus recursos a lo social y en que en parte el problema de lo social era la politiquería, y se consideraba al Congreso como el espacio de la politiquería por excelencia. Entonces se proponía reducir el Congreso, los consulados, las embajadas, las contralorías y los vehículos oficiales a fin de gastarlo en educación, salud y empleo. Esta “solución” que ofrecía Uribe en El Manifiesto y que luego se usó para promover el referendo parecía más fruto de la retórica que de una posición reflexiva, y de otro lado, no era claro que las instituciones que se pretendía reducir per se fueran simples burocracias o que ellas só lo pudieran ser ocupadas por ciudadanos corruptos, y que además, la disminución de sus integrantes garantizara lo contrario.

^[30] Basta con analizar en las negociaciones con las AUC: El primer proyecto de Ley de Alternatividad Penal apoyado por el gobierno en el Congreso, que prácticamente era una ley de impunidad y olvido; la gran asimetría entre la protección y beneficios que la Ley de Justicia y Paz concedía a los victimarios frente a las víctimas, antes de ser modificada por la Corte Constitucional; las grandes dificultades que en el Congreso tuvo la aprobación de una Ley de Víctimas que no fuera discriminatoria en las reparaciones por vía administrativa de las víctimas de agentes de Estado. Para un análisis de las discusiones y procedimiento legislativo de la Ley de Justicia y Paz, véase (Palau, 2006); para un seguimiento del proyecto de la Ley de Víctimas ver semana.com/noticias-conflicto-armado/

^[31]  Su concepción de Estado se evidencia en las transformaciones drásticas que pretendía hacer el gobierno a través del referendum a la Constitución de 1991. Agradezco a Tatiana Rincón, quien me hizo ver este punto con gran claridad.

^[32]  Véase (Leal Buitrago, 2006); (Duzán, 2004); (Pécaut, 2003); (Valencia, Villarraga, Rodríguez, & al., 2005); (Varios autores, 2006); (Gardeazabal, 2003).

^[33]  En el segundo Plan de Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo para todos” se introducen algunos elementos sociales en torno a lograr un desarrollo con crecimiento equitativo, y en relación con el conflicto se introducen principios de D.D.H.H. y D.I.H. En relación con la sección de la política de defensa y seguridad democrática a ella me referiré más adelante en el texto.

^[34]  El gobierno cambió su percepción de la violencia y finalmente no aceptó laexistencia de un conflicto armado, sin embargo en el Plan de Desarrollo del primer gobierno expresamente lo admitía al decir “Colombia afronta uno de los conflictos armados de mayor duración”. Ver “Plan Nacional de Desarrollo, Hacia el Estado Comunitario”. Igualmente lo admitía en el primer proyecto de ley estatutaria de alternatividad penal presentada ante el Congreso en agosto del 2003. Ver Proyecto de ley estatutaria No. 85 de 2003 por la que se proponía la concesión de beneficios jurídicos a los grupos armados que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz. Ver Gaceta Judicial 436 del 2003.

^[35]  Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Capítulo I: “Brindar seguridad democrática”.

^[36] José Obdulio Gaviria, asesor político de Uribe Vélez escribió el libro Sofismas del terrorismo en Colombia, en el que planteó los argumentos que usó el Presidente para negar el conflicto. Además del ya expuesto, se añadía que con la caída del muro de Berlín las guerrillas ya no luchaban por un ideal político sino como organizaciones mafiosas con estructuras militares y que en su ló gica criminal las principales víctimas eran los civiles, por tanto las guerrillas eran terroristas que no cumplían las normas humanitarias. Tomado de  “Álvaro Uribe sostiene que en Colombia no hay conflicto armado sino amenaza terrorista”, Revista Semana, febrero 9 de 2005. Este uso del término del conflicto armado interno, se encuentra en franca oposición al protocolo II de los Acuerdos de Ginebra de 1949, en que para que haya conflicto basta que se presenten choques entre las Fuerzas Armadas del Estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados bajo un mando responsable y que ejerzan en una parte del territorio un control tal, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

^[37] Por supuesto el apoyo a las estrategias del gobierno en materia de paz variaron conforme a lascontingencias propias de la política y en ocasiones debido a las fuertes críticas de sectores democráticos a muchas de ellas, no obstante la mayoría de colombianos consideraban que su política de seguridad democrática era la columna vertebral del gobierno, y el apoyo a Uribe y a un tercer período presidencial se encontraba íntimamente ligado a la idea de que se requería de este tiempo para derrotar definitivamente a las FARC. Así tanto el gobierno, como muchos ciudadanos consideraban que el riesgo de que llegara al gobierno un partido político de oposición o incluso un candidato del propio partido del Presidente, era el que ésta situación podía dar al traste con la seguridad democrática y por ello durante la campaña presidencial tanto los candidatos del partido del presidente Uribe Vélez, como los de la coalición e incluso varios candidatos de la oposición  prometieron continuar con dicha política.

^[38]  Leal Buitrago muestra en el capítulo seis que la política de internacionalizar el conflicto comenzó desde el inicio del gobierno Uribe en que se solicitó a la ONU intervenir en el conflicto como mediador y con los cascos azules a la colombiana, y continuó con las declaraciones de los gobiernos centroamericanos y de la OEA en contra de los actos terroristas de las FARC, el apoyo incondicional del gobierno colombiano en favor de la invasión de los Estados Unidos, la inclusión en la Comunidad Europea de las FARC y el ELN como grupos terroristas. Luego, Uribe Vélez buscó el apoyo directo de los países europeos, en especial del Presidente de Francia, debido a que el Presidente Bush había perdido las mayorías republicanas en el Congreso de su país, y la política de gobierno de Uribe Vélez había sido cuestionada por los Demó cratas en algunos aspectos relativos a las garantías de derechos humanos para sindicalistas, y el esclarecimiento de la parapolítica. Así, el Congreso norteamericano de mayorías demó cratas condicionó en ese momento la aprobación del TLC a cumplir con estándares internacionales en materia laboral, ambiental, garantías para sindicalistas y mejor protección a medicamentos genéricos. Ver “Los ases de Uribe en EU”, El Espectador, semana 8 al 14 de junio de 2007; “El congreso también hará exigencias difíciles” Entrevista al líder de la mayoría demó crata en el Senado de EU, El Espectador, semana del 15 al 21 de julio del 2007.

^[39] En varias ocasiones el Presidente hizo concesiones unilaterales a las FARC sin mediar diálogos con ellas, en especial cuando sintió una gran presión internacional frente a sus políticas de claro rechazo a acuerdos humanitarios en relación con los civiles y militares que este grupo mantenía secuestrados. Un ejemplo de estas concesiones se dio cuando el presidente Uribe Vélez excarceló más de un centenar de miembros de las FARC a petición del presidente francés Sarkozy, entre ellos a Rodrigo Granda que actuaba como “canciller” de las FARC, y era uno de los miembros de este grupo de mayor rango que se encontraba privado de la libertad. Granda debía convertirse en gestor de paz ante un eventual acuerdo humanitario para liberar a civiles secuestrados por las FARC. Otro ejemplo muy polémico, fue el nombramiento de la ex guerrillera Karina como gestora de paz, quien se desmovilizó de las FARC y había cometido graves crímenes. Ver “Uribe excarcela guerrilleros colombianos para obtener apoyo internacional” www.terra.com.prnoticias/articulo/htmlact860772.htm; Ver, Juan Carlos Palau “¿Qué hay detrás de los gestores de paz?” en www.verdadabierta.com/web3victimarios/desmovilizados.

^[40]  Véase (Echandía & Bechara, 2006) y (Pécaut, 2008).

^[41] Ver, Política de Defensa y de Seguridad Democrática, Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional.

^[42] En el informe “Colombia 2002-2006: situación de los derechos humanos y derecho humanitario” de la Comisión Colombiana de Juristas se muestra que “[el] promedio anual de violaciones al derecho a la vida atribuible a agentes estatales aumentó en un 92%. Entre julio de 2002 y junio de 2006, a los agentes estatales se le atribuyeron en promedio 227 violaciones al derecho a la vida por año. Durante los seis años precedentes (julio de 1996 a junio de 2002) el promedio de ejecuciones extrajudiciales fue de 118 víctimas por año”, así el promedio de violaciones aumentó un 118%. El documento consideraba que el incremento en las violaciones a este derecho por parte de agentes estatales se debía a la política de seguridad democrática que señalaba que la principal ventaja militar de los grupos subversivos era la de mimetizarse dentro de la población civil. Desde esta perspectiva el gobierno eludía la observancia del principio de distinción entre combatientes y población civil. De otro lado, la fuerte presión del Presidente sobre las Fuerzas Militares a fin de tener resultados “positivos” estimulaba este tipo de violaciones entre sus agentes. El documento cita los análisis de Sergio Jaramillo y Alfredo Rangel, quienes cuestionaban el sistema de evaluación de desempeño de acuerdo a las bajas producidas por el ejército, lo cual ponía en riesgo a ciudadanos indefensos asesinados que luego se mostraban como bajas de grupos subversivos. El documento cita un informe realizado por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia-Europa –Estados Unidos presentado para las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, 23 de octubre del 2003 en que de “una muestra de 98 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre julio de 2002 y junio del 2006, 46 personas civiles fueron presentadas como muertas en combate” en operativos militares del ejército. Ver www.coljuristas.org. De igual forma se pronunció el International Crisis Group, en su boletín informativo sobre política No, 11, 20 de octubre del 2006, allí se señalaba que en la política de seguridad democrática se promovió el uso extensivo de informantes, de pagos por información oportuna y de presión en los resultados a las Fuerzas Armadas, lo que permitió que algunos militares actuaran por fuera de la ley. Al menos 4 oficiales fueron implicados en la explosión de un carro bomba en Bogotá, y de varios decomisos de explosivos que fueron presentados como planes de las FARC para desestabilizar la segunda posesión de Uribe Vélez.  Desde el 2002 se han presentado los asesinatos de ciudadanos colombianos en especial campesinos y jó venes de escasos recursos por parte de miembros de las FFMM denominados con el eufemismo de “falsos positivos” a fin de hacerlos aparecer como subversivos muertos en combate. Philip Alston, relator de las Naciones Unidad, quien estuvo en Colombia culpó de los asesinatos al sistema de recompensas establecido en el marco de la seguridad democrática como una medida para ganar la guerra a las FARC. Véase la entrevista de Laura Ardila a Philip Alston, El Espectador, junio 18 del 2009. Ver http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso146579.

^[43] A finales de febrero del 2010, ante la ola de criminalidad de diversos grupos violentos en Medellín, el presidente propuso “la fó rmula” de una red de 1000 estudiantes informantes. La propuesta fue rechazada casi que de forma unánime por ciudadanos, políticos e investigadores de muchos sectores de la sociedad colombiana.

^[44] Es necesario investigar qué pasará con estas figuras creadas en el contexto de la política de la seguridad democrática en el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos

^[45]  Han sido muchas las denuncias de las ONG y otros organismos en relación con las delaciones de informantes. Véase El caso de Quinchía registrado por los medios escritos y en especial por el programa de televisión Contravía de Producciones Morris.

^[46]  Se debe recordar que el Presidente en un discurso en Neiva afirmó que él rechazaba la distinción entre combatientes y no combatientes, pues toda la población debía estar del lado de las fuerzas armadas. Tomado de (Pécaut, 2003: 165). En igual sentido, sí el Presidente como se ha señalado, negaba la existencia de un conflicto armado para involucrar a la población civil, entonces las normas del derecho internacional humanitario no podrían aplicarse a las medidas que tomara el gobierno en este tema. Agradezco a Tatiana Rincón, quien me hizo ver este punto.

^[47]  Uribe Vélez acusó a las ONG de ser fachadas del terrorismo. Esta calificación ocurrió un día después de que un grupo de ONG lanzará un libro crítico contra el gobierno titulado El Embrujo autoritario (Gardeazabal, 2003). Véase, indh.pnud.org.co y espectador.com

^[48]  Uribe Vélez calificó a los parlamentarios del Polo Democrático que pertenecieron al antiguo grupo guerrillero M-19 y que se reinsertaron en un proceso de paz en los años 90 del siglo XX, como terroristas vestidos de civil. Luego de estas acusaciones 20 ONG denunciaron amenazas que recibieron de una organización que se denomina Nuevas Águilas Negras. Ver espectador.com y elmundo.com

^[49]  “Canción Protesta”, Oye, grupo musical colombiano Aterciopelados.

^[50] Ver el muy completo análisis: “Uribes’s posible third term and conflictc resolution in Colombia” de International Crisis Group, Latin American Report No.31, 18 de diciembre del 2009: 8 y siguientes. Igualmente, véase (García Villegas & Revelo, 2009).

^[51] Se hicieron denuncias respecto de la campaña de desprestigio de los promotores del Partido de la U y de prácticas bastante reprochables especialmente contra Antanas Mockus. Muchos de los seguidores del Partido de la U, partido del Presidente, abiertamente usaron un discurso de odio y un uso manipulado y descontextualizado de afirmaciones del candidato Mockus en perió dicos y medios de comunicación. Ver por citar só lo algunos ejemplos: “Balada imprecatoria contra los listos” de José Obdulio Gaviria, El Tiempo, 26 de mayo, 2010; “Batalla virtual entre foristas pro-Santos y pro-Mockus, picardías en internet”, El Espectador, 28 de mayo 2010, p. 2 y “Verdes exigen disculpas a José Obdulio Gaviria”, El Espectador, 28 de mayo, 2010, p. 4.

^[52] Véase el muy interesante análisis “La tierra prometida” de la Revista Semana, septiembre 6 del 2010 y la entrevista que hace Juanita León el 7 de septiembre del 2010 a Ana María Ibañez en la Silla Vacía. http://lasillavacia.com/historia/17863.

^[53] Líderes de su partido, entre ellos su director, han manifestado su interés en que Uribe Vélez sea candidato a la Alcaldía de Bogotá.

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