Carlos Medina Gallego

Docente Investigador U.N.

Resumen

Este artículo sobre la economía de guerra del fenómeno paramilitar en Colombia, establece una perspectiva de análisis de la injerencia del fenómeno en el conjunto de la economía de la nación, definiendo los posibles actores y sectores articulados de forma directa e indirecta al proceso de financiación de la presencia paramilitar, en contextos de territorialidad, que desbordan la lucha contrainsurgente y se inscriben en las propias dinámicas del crecimiento económico y el desarrollo regional. El autor parte de las explicaciones que el propio proyecto paramilitar hace de sus formas de financiación para posteriormente revisar la información y argumentación que desde distintos frentes de reflexión y análisis se vienen haciendo a este respecto, como resultado de los procesos de investigación adelantados por organismos del estado y las instituciones de derechos humanos. Se toma en consideración declaraciones particulares de contribuyentes y víctimas de la presión paramilitar sobre sus economías, cuya presentación se hace en forma genérica.

Palabras claves: paramilitarismo, economía, guerra, derechos humanos, Colombia.

Summary

This article on the war economics of the paramilitary phenomena in Colombia, establishes a perspective of analysis on the interference of the phenomena in the economy of the nation as a whole, defining the possible actors and sectors directly or indirectly articulated to the financial process of the paramilitary presence in territorial contexts which overflow the counterinsurgency fight and inscribe themselves in their own dynamic of economical growth and regional development. The author starts from the explanations that the own paramilitary project makes of its financial sources to later on revise the information and argumentation being collected on this respect from different reflection and analysis fronts as a result of research processes carried out by state agencies and human rights institutions. Particular statements from contributors and victims of the paramilitary pressure on their economies have been taken into account, and their presentation has been made in a generic way.

Keywords: paramilitarism, economy, war, human rights, Colombia.

Los acuerdos de desmovilización con los grupos paramilitares convocan una reflexión sobre este actor del conflicto colombiano que permita mirar la dimensión real de la problemática que se pretende solucionar y las implicaciones que esta pueda generar a futuro. No se trate en este caso de hombres armados con el deseo de incorporarse a la vida civil e institucional después de un largo periodo al margen de ésta en una confrontación con actores institucionales y contrainstitucionales en ejercicio privado del poder de la fuerza tras propósitos definidos. No, el fenómeno del paramilitarismo es mucho más que eso

El paramilitarismo es el fenómeno militar, social, económico y político de mayor crecimiento en los últimos años, de mayor efectividad criminal en términos del ejercicio de las prácticas del terrorismo y el mejor soporte con que ha contado el Estado para el desarrollo de su estrategia de guerra contrainsurgente.

Los grupos paramilitares desplazaron a la guerrilla de importantes regiones del país, transformaron sustancialmente las relaciones con la población, aniquilaron la resistencia social y la oposición democrática de la sociedad civil, se convirtieron en nuevos agentes de la acumulación capitalista generando en el campo el fenómeno del desplazamiento forzado y por esa vía la relatifundizaciòn y la implementación de grandes proyectos agroindustriales, bajo su tutela.

Como estrategia de guerra, unieron la lucha antisubversión con la industria del narcotráfico y el respaldo al Estado en una sola concepción de la guerra irregular de derecha que fue construyendo corredores paramilitares, territorialidades propias, zonas de consolidación del fenómeno, y la irrupción de paraestados locales, que se fueron entrelazando hasta convertirse en un fenómeno nacional de poder

Los paramilitares han contado con el apoyo de amplios sectores empresariales, hacendados, ganaderos, comerciantes, instituciones de seguridad del Estado -F.F.M.M. y de Policía-, Fiscalía y gobiernos locales y regionales, tienen una significativa representación en el parlamento colombiano y una profunda afinidad con la actual administración y la concepción de estado comunitario. Su proceso ha permeado importantes sectores de la población que los apoyan y los consideran autoridad. Han demostrado la efectividad del crimen y el terror como instrumento de control social y político y de acumulación y defensa de la riqueza.

El paramilitarismo ha sostenido y desarrollado una estrecha relación con el narcotráfico hasta hacer parte de sus procesos económicos, ha organizado sus ejércitos, vigilado sus economías, desalojado campesinos y generado procesos de relatifundización narco-paramilitar en distintas zonas del país.

El paramilitarismo ha construido una estrategia de legitimación social que ha contado con un amplio apoyo de los medios de comunicación y un discurso de redención social y política de la sociedad colombiana, sobre el cual construye su "autoridad moral", generando un fenómeno de fascistización social creciente.

La consolidación de sus economías de guerra se levantaron sobre las practicas del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el robo de combustible, la apropiación de recursos oficiales, especialmente de carácter municipal y departamental, la expropiación de tierra y la generación de economías agroindustriales mediadas por el testaferrato, entre otros mecanismos de financiación que comprometen las economías regulares, las industrias regionales e incluso la presencia transnacional en la explotación de recursos estratégicos.

Para alcanzar el nivel de desarrollo del fenómeno recurrieron a todas las formas posible de criminalización y terror, asesinatos selectivos, masacres, magnicidios, torturas, detenciones desapariciones, sicariato, atentados, desplazamiento forzado, crímenes atroces y de lesa humanidad. Es esta la magnitud del actor que se viene desmovilizando aún sin contar con una ley de alternatividad penal, en un proceso en el que se le está solicitando a la sociedad colombiana otorgue, bajo la promesa de una paz incierta, el recurso de perdón y olvido.

En síntesis el paramilitarismo se ha convertido en un fenómeno militar, social, económico y político de una gran complejidad en los espacios local, regional y nacional, cuya percepción no puede reducirse a la de un grupo de hombres armados que operan por fuera de la ley y que ahora quieren desmovilizarse y reincorporarse a la vida social y política del país. Reinsertar el cuerpo militar sin tomar en consideración la complejidad del fenómeno equivale legalizarlo.

En lo fundamental este ensayo sobre la economía de guerra del fenómeno paramilitar en Colombia lo que busca es establecer una perspectiva de análisis de la injerencia del fenómeno en el conjunto de la economía de la nación, definiendo los posibles actores y sectores articulados de forma directa e indirecta al proceso de financiación de la presencia paramilitar, en contextos de territorialidad, que desbordan la lucha contrainsurgente y se inscriben en las propias dinámicas del crecimiento económico y el desarrollo regional.

Parte de las explicaciones que el propio proyecto paramilitar hace de sus formas de financiación para posteriormente revisar la información y argumentación que desde distintos frentes de reflexión y análisis se vienen haciendo a este respecto, como resultado de los procesos de investigación adelantados por organismos del estado y las instituciones de Derechos Humanos. Se toma en consideración declaraciones particulares de contribuyentes y víctimas de la presión paramilitar sobre sus economías, cuya presentación se hace en forma genérica.

Las distintas modalidades de generación de recursos para el funcionamiento, consolidación y desarrollo del fenómeno paramilitar nos convocan a tratar de establecer una especie de ordenamiento de las fuentes que van desde las más elementales de imposición directa hasta la consolidación de propuestas de fortalecimiento financiero articuladas a las economías de sus áreas de influencia en los sistemas de producción locales y a los particulares sistemas de testaferrato que se derivan de las mismas en procesos que institucionalizan el fenómeno convirtiéndolo en parte constitutiva de los intereses regionales.

Fuentes "Tradicionales" de financiación

Las fuentes "tradicionales" de financiación están articuladas a las particulares formas de compromiso económico que se fueron construyendo en los orígenes del proyecto paramilitar, buscando sumar el interés institucional de las fuerzas militares de ampliar su base real de confrontación a la insurgencia, con la defensa de los intereses económicos de propietarios de tierra, ganaderos, agricultores, comerciantes y empresarios presionados por la guerrilla. Los aportes de estos sectores al sostenimiento de los grupos paramilitares se dieron en el contexto de dos principios esenciales: proporcionalidad y reciprocidad.

La proporcionalidad y la reciprocidad tenían que ver directamente con los sistemas de contribución según la capacidad patrimonial de cada contribuyente en el ejercicio efectivo del enunciado "de cada cual según sus posibilidades a cada cual según sus necesidades " las que, en últimas, determinaban las características de la proyección paramilitar a los contribuyentes ¹.

Los organismos paramilitares y en particular, la Autodefensas Unidas de Cordoba y Uraba, que son la base esencial de la las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando hacen referencia a sus orígenes, no solo reconocen la presencia institucional en el impulso del proyecto, sino, los sectores que le son afines y en los cuales encuentran el apoyo económico para su sostenimiento y expansión:

"El origen básico de nuestra autodefensa es espontáneo. En algunas zonas del país las Autodefensas derivan del trabajo de campesinos armados que, en su momento, fueron propiciados por el Gobierno nacional para contrarrestar el accionar guerrillero. En otras regiones, la iniciativa partió de ganaderos, finqueros, agricultores, rancheros y pequeños empresarios quienes se organizaron y se armaron para ejercer su derecho a la legítima defensa colectiva" (1).

Conforme a esto, inicialmente son los ganaderos, agricultores, finqueros y pequeños empresarios los que apoyan económicamente el fenómeno paramilitar, permitiéndole alcanzar un particular nivel de desarrollo a través de contribuciones que con el paso del tiempo se hacen menos "voluntarias", más obligatorias y más voluminosas y frecuentes, dado el costo que implica no solo mantener una fuerza, sino, desarrollar una guerra que día a día incrementa sus necesidades y exigencias, en la medida en que comienza a extenderse a otras regiones del país.

La contribuciones iniciales mediante las cuales algunos sectores pretendían librarse de la obligaciones impuestas por la insurgencia, lejos de ser una respuesta y una solución a la presión de esta, con el tiempo se constituyen en una carga, en ocasiones más pesada que la que tenían, que a la postre termina no solo por someterlos al interés de los paramilitares, sino, por arrebatarles lo que pretendían proteger. Muchos de los propietarios, ganaderos y comerciantes del Magdalena medio, Córdoba y Uraba, el Suroccidente colombiano y en general de la creciente área de influencia paramilitar terminaron expropiados y excluidos por el fenómeno.

Ahora, dado que la actividad paramilitar no se redujo al aspecto estrictamente militar, sino, que desde sus orígenes busco ganar legitimidad social y ampliar su órbita de influencia en los escenarios administrativos y políticos locales, fue posesionándose en las esferas de la administración publica en municipios y departamentos, cooptando la representación política de esas regiones para los intereses del proyecto, de tal manera que, se fue estructurando su estrategia integral de guerra, con presupuestos que provenían directamente del Estado y que estaban destinados al funcionamiento y desarrollo de las distintas regiones en que su presencia se fue tornando hegemónica. A este respecto los pronunciamientos hechos por las AUC son ilustrativos.

" Con satisfacción podemos asegurar, hoy, que estamos cumpliendo con las expectativas de nuestros seguidores: hemos erradicado la guerrilla en tres departamentos de Colombia, en los cuales se ha reactivado la economía, han retornado los desplazados por la violencia, existe una armonía entre los dueños del capital y sus trabajadores, hemos distribuido equitativamente miles de hectáreas de tierra entre campesinos, se han construido centros de salud, escuelas, colegios, hemos construido centenares de kilómetros de carreteras rurales; en otros cinco departamentos la guerrilla ha perdido el control militar que, bajo la intimidación, ejercía y es la Autodefensa quien llena el vacío de Estado en ellos; tenemos presencia militar, política y económica en un setenta por ciento del territorio nacional y una fuerza de apoyo social que nos permite, sin temor alguno, retar a la guerrilla para que sea el pueblo quien determine públicamente si la prefiere a ella o a nosotros " (2).

La Segunda Conferencia Nacional de las AUC, convocada durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 1998 al establecer su Estatuto De Constitucion Y Regimen Disciplinario, dedica un capitulo destinado lacónicamente a señalar los aspectos que tienen que ver con los presupuestos, patrimonios y sistemas de financiación de las mismas:

"La financiación y patrimonio de las estructuras políticas- militares de la Organización de Autodefensas Campesinas De Córdoba Y Urabá, proviene de las contribuciones de la sociedad que representa y de los activos confiscados al enemigo. Están constituidos por:

1- Aportes económicos voluntarios de las personas.

2- Aportes económicos voluntarios de las organizaciones civiles.

3- Aportes económicos voluntarios de los miembros de la Organización.

4- Fondo de recaudo, confiscación y recuperación de activos del enemigo.

Resulta interesante la designación la sociedad que representa (ganaderos, finqueros, agricultores, rancheros y pequeños empresarios) en la medida que como el documento lo señala es la que hace las contribuciones que constituyen su fuente de financiación permanente.

Desde luego existe una preocupación en el reglamento por resaltar el carácter voluntario de las contribuciones y el patrimonio adquirido como "Botín de Guerra", en el desarrollo de sus confrontaciones con la guerrilla "concreta" y "extensa", esta última constituida por simpatizantes y colaboradores.

Parágrafo único: Queda proscrito y prohibido cualquier mecanismo de financiación proveniente de actividades ilícitas que entrañen intereses ajenos a la naturaleza política-militar de la Organización.

A partir de comienzos de la década del 80 en la medida que el fenómeno paramilitar comienza crecer haciendo presencia en gran parte de la geografía nacional, las necesidades de recursos para financiarlo se hace más grande y lo que en un comienzo fueron ayudas "voluntarias" se fueron convirtiendo en contribuciones forzadas que se extendían cada vez a sectores más amplios de la población.

Desde los inicios de la actividad paramilitar en el país las asociaciones de agricultores y ganaderos, en particular Fedegan y la SAC, estuvieron unidas a través de sus afiliados a la financiación del paramilitarismo, su abierta actitud anticomunista y antisubversiva se ha expresado permanentemente como parte esencial de su postura ideológica frente al conflicto colombiano convocando salidas de fuerza para el mismo. A ellos se han unido organizaciones regionales de productores, gremios económicos, comerciantes, pequeños y medianos propietarios, empresarios y entidades financieras, que se han vistos forzadas a pagar un "impuesto de seguridad y protección" para sus propiedades y actividades económicas.

La situación de estos sectores no resultó nada fácil, su seguridad les genero una nueva inseguridad, las demandas de recursos económicos por parte de los grupos paramilitares fue desbordando sus posibilidades reales, llevando incluso a algunos contribuyentes a renunciar a sus empresas y proyectos económicos, vender sus negocios e irse a otras regiones del país con mayores garantías institucionales de seguridad. Esta situación de contribución por miedo, fue generando una inconformidad represada en muchos ganaderos, agricultores, comerciantes y empresarios que se sintieron "incómodos e inseguros" frente a los procedimientos de "extorsión diplomática y violenta" que se utilizaron para cobrarles y para hacer la vigilancia, comprometiendo su integridad y su seguridad públicamente.

El tejido extorsivo del paramilitarismo se extendió cada vez más sobre la población comprometiendo el presupuesto de sectores relativamente pobres adscritos a economías de subsistencia básica, bajo la consigna hecha principio de que "todos pueden aportar algo" . Así, se fue comprometiendo las economías de pequeños y medianos comerciantes, tenderos, droguerías, bombas y estaciones de gasolina, ferreterías y almacenes de repuestos, transportadores, comerciantes de víveres, empresas de transporte fluvial de carga y de pasajeros, y en fin todo tipo de actividad que el paramilitarismo local vio que tiene alguna posibilidad de "ayudar" a sostener el proyecto en la región. Por este medio se fue generando una dinámica económica de enriquecimiento de elementos paramilitares a base de expropiar y extorsionar a la población y de generar mediante la amenaza y el terror el desplazamiento lo que obligó al desprendimiento patrimonial a costos irrisorios. Situación que no solo tuvieron que soportar los sectores mas desprotegidos económicamente, sino, aquellos que se creyeron menos vulnerables, por el volumen y la naturaleza de sus aportes.

En general, lo que hemos denominado fuentes tradicionales de financiación son aquellas que tienen que ver con las contribuciones voluntarias y forzadas de la población así como de sectores sociales y económicos articulados al desarrollo de las regiones donde hacen presencia las estructuras paramilitares. Estas fuentes comprometen a propietarios, agricultores, ganaderos, empresarios, comerciantes, transportadores y a la más amplia gama de actividades económicas susceptibles de ser articuladas al régimen de contribuciones forzadas para la seguridad de la zona.

Fuentes "institucionales" de financiación

A partir de 1985, consolidado el proceso interno de la experiencia piloto de Puerto Boyacá el fenómeno paramilitar comienza a extenderse por todo el país y no lo hace únicamente desde su estructura militar, sino, que define una estrategia de empoderamiento regional y nacional y estructura una política de alianzas que está dirigida a extender el fenómeno con la ayuda de los recursos locales y el apoyo político existente en lo que han de ser sus áreas de influencia.

En la medida que el proyecto paramilitar empieza a crecer como estrategia antisubversiva, se van legitimando las acciones, haciéndose más abiertas y de mayor proyección política; la publicidad dada al proceso paramilitar por los medios de comunicación, los debates políticos en torno al mismo desarrollados en el parlamento colombiano, la toma de partido por el fenómeno paramilitar de importantes dirigentes políticos y militares, van configurando este actor en una perspectiva cada vez de mayor protagonismo nacional.

La rápida creación de un Frente Antisubversivo orientado desde Puerto Boyacá hacia el Magdalena Medio y luego hacia todo el país, genero una dinámica de inserción en la institucionalidad regional que fue comprometiendo en la misma municipios de los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, inicialmente y, luego, los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar, Casanare, Meta, Putumayo, Cauca, Valle de Cauca, entre otras regiones que fueron configurando la Red Paramilitar.

La elección popular de alcaldes, que se institucionaliza en el país a mediados de la década del 80, se convirtió en un factor de fortalecimiento de las estructuras paramilitares y de sus redes asociativas regionales de municipios que ayudaron a la expansión y consolidación del fenómeno al colocar en los concejos y alcaldías municipales personajes afines al proyecto paramilitar.

Para las elecciones de 1988, el Frente Antisubversivo, centra toda su atención en la elección popular de alcaldes buscando colocar en las respectivas alcaldías la mayor cantidad de funcionarios afines en el espacio de sus áreas de influencia; ello en consideración a lo que estas instancias de administración del Estado local significan para el ejercicio del poder, la gestión regional y la utilización en contexto de los presupuestos municipales y departamentales para su propio fortalecimiento y legitimación social.

Así, Alcaldías como Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrio en Antioquia, Puerto Salgar, Yacopì, y la Región de Rió Negro, en Cundinamarca, Cimitarra, Landazuri y Puerto Parra en Santander, Puerto Boyacá, Otanche, Borbur y Muzo en Boyacá, van convirtiéndose en forma directa e indirecta en espacios de poder paramilitar.

Los foros regionales de alcaldes fueron definiendo su política frente a la subversión y su compromiso cada vez mayor de confrontarla desde las acciones y planes de gobierno. En este sentido, establecieron las estrategias de impulso del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), en consonancia con las estrategias de lucha paramilitar y antisubversiva, al igual que definieron las políticas administrativas locales así como las características y compromisos de los funcionarios públicos de las administraciones con los proyectos regionales de carácter paramilitar.

Por esta vía, concejales y alcaldes y, posteriormente gobernadores y diputados, fueron dirigiendo su gestión administrativa y la ejecución de los presupuestos en consonancia con el fortalecimiento del proyecto paramilitar en sus regiones y sacando de allí los recursos demandados por los grupos para su funcionamiento a través del testaferrato de los contratistas o de los aportes directos encubiertos.

Parte importante de los recursos de las regalías petroleras encontraron un nuevo actor demandante de estos presupuestos, que se sumaba a las contribuciones que las empresas transnacionales petroleras y de contratistas de esta industria asumían para el sostenimiento de fenómeno y de su propia seguridad.

En la medida que el fenómeno avanza las necesidades se hacen mayores y el modelo de economía paramilitar se hace más complejo y urgente; pelearse y defender una extensa región como la del Magdalena Medio, Córdoba, el Uraba Antioqueño, Casanare, Meta, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, amplias regiones de Santander en las áreas de frontera, zonas del centro de país y regiones estratégicas para del desarrollo económico de la nación, requiere de un presupuesto económico de proporciones imponderables, el que no se puede lograr con los simples aportes de ganaderos locales, industria privada y presupuestos municipales, que permiten la realización de actividades de vigilancia y control local, pero que no garantizan el desarrollo de una guerra como la planteada por el paramilitarismo dirigida a derrotar y hacer desaparecer la subversión en el país.

Fuentes "gremiales y empresariales" de financiación.

Desde luego, la extorsión paramilitar se extendió a todas las formas de organización gremial y empresarial a través de los más complejos y encubiertos sistemas de aporte.

Los gremios económicos como la SAC, Fedegan, ANDI, el sector financiero, y los productores asociados como los cafeteros, arroceros, bananeros, palmeros, flor y fruti-cultores, entre otros, han sido sometidos a la extorsión paramilitar, aun cuando muchos de ellos estuvieron convencidos de las bondades del fenómeno paramilitar e hicieron sus aportes como inversión en seguridad.

El hecho de que las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes arrojen como resultado extensos listados de comerciantes, industrias prestigiosas, empresas transportadoras, entidades bancarias, empresas cooperativas de productores, indican la diversidad de las fuentes de financiación y la complejidad de la economía de tributación de la guerra paramilitar.

En los allanamientos a base paramilitares en el Valle del Cauca se encontró información que permite corroborar lo expuesto anteriormente en la medida en que los documentos incautados comprometen nombres, direcciones y teléfonos de empresas reconocidas de ese departamento. Aparecen firmas de finca raíz, de seguros, de químicos, de sistemas, de comunicaciones, hospitales, hoteles, restaurantes, estaderos, estaciones de gasolina, ferreterías, entre otra serie de empresas y negocios que han estado articulados a las lógicas de financiación y capitalización de los paramilitares a nivel regional (3)

No es fácil estimar la suma total de los "aportes" recibidos por el paramilitarismo de las fuentes gremiales y empresariales sometidas a sus sistemas de tributación porque, en gran medida, los mismos aportantes están interesados que no se sepa de sus contribuciones y menos aún del monto de las mismas. Total todo lo que se puede hacer al respecto son simples aproximaciones que pueden ir de los 1500 millones mensuales a los 3000 mil para un aporte global de 36000 millones al año, en un calculo promedio, lo que representaría el equivalente a 20 por ciento del total del costo de mantenimiento anual de su economía de guerra estimada en 170 mil millones de pesos.

Fuentes de financiación "proscritas".

Los recursos provenientes de la actividad ilegal y la delincuencia común constituyen la base esencial de las fuentes de financiación del paramilitarismo en un orden que va desde la actividad del narcotráfico , su principal fuente de financiación, el secuestro extorsivo, la intimidación y la expropiación violenta , la piratería terrestre , el robo de gasolina, combustible y vehículos, entre otras particulares formas de financiación.

El narcotráfico ha sido sin la menor duda la principal fuente de financiación del paramilitarismo desde las épocas de los carteles de Medellín, del Valle, de la Costa y del centro del país.

Los aportes hechos a este fenómeno en particular por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha fortalecieron la actividad paramilitar en el Magdalena Medio cuando esta estaba pasando su más aguda crisis financiera a mediados de la década del ochenta.

La posibilidad del traslado del fenómeno paramilitar a Córdoba y Uraba, en la cabeza primero de Fidel y luego de Carlos Castaño Gil y después, de allí a todo el país, contó con los recursos del narcotráfico de Antioquia, norte del Valle y la costa, pero también de pequeños carteles que unieron en el occidente de Boyacá la explosiva alianza de narcotraficantes y esmeralderos de los cuales sus representantes más conocidos han sido Víctor Carranza y Pablo Elías Delgadillo.

La alianza entre paramilitares y narcotraficantes dio origen a las prácticas narcoparamilitares que dividen su actividad entre combatir la subversión y controlar, cuidar y proteger el desarrollo de la industria del narcotráfico de la que provienen sus principales recursos financieros.

En las regiones de Córdoba, Cesar, Magdalena y Sucre, las autodefensas mantienen el control y los desarrollos no solo de las economías convencionales de la región, sino, además, de los cultivos proscritos. La guerra en el sur de Bolívar y el valle del Catatumbo puso en disputa el usufructo de los recursos de los impuestos a los productores de coca y a los narcotraficantes que compran la base.

Trabajo similar desarrollan en los departamentos de Guaviare, Meta, Casanare, Caquetá y Putumayo en donde conjuntamente con lo que producen en el Magdalena Medio y Santander alcanza la suma de un cuarenta por ciento de la producción de su presupuesto anual de funcionamiento. Desde luego, las investigaciones adelantadas por los organismos del Estado lo que están mostrando no es que se dediquen a cuidar e impuestar, sino que hacen parte de todo el circuito económico de la industria del narcotráfico como empresarios de la misma.

Importantes aportes hacen al sostenimiento de los paramilitares los narcotraficantes de Antioquia, y Norte del Valle y los productores y empresarios de la coca del Tolima y Huila.

Las investigaciones adelantas a partir de las matanzas paramilitares en el Norte de Valle puso en evidencia el apoyo económico internacional de los circuitos comerciales del narcotráfico a este fenómeno (4).

Según el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Francisco René Pedraza, quien dirigió el operativo, el hallazgo de estos documentos es la prueba de los grandes capitales que manejan los paramilitares y que movilizan estratégicamente en el exterior (5).

Para el general Pedraza, todas estas pruebas pueden confirmar que la mayoría de los dineros que ingresan a las arcas de las autodefensas en el sur del país, provienen de los narcotraficantes, especialmente los de norte del Valle que los "utilizan como mecanismo para defender sus zonas de cultivos ilícitos y sus laboratorios, proteger sus capitales y camuflar sus bienes".

Según los organismos de seguridad del Estado, los 12 mil paramilitares que se calcula hay en todo el país, distribuidos en doce frentes, requieren de por lo menos 7 mil millones de pesos mensuales para su mantenimiento y operación. Los investigadores creen que buena parte de esos dineros -que al año representan cerca de 100 mil millones de pesos- se recauda en el Valle del Cauca ².

En síntesis, el paramilitarismo se sostiene predominantemente de los recursos provenientes de la industria del narcotráfico lo que hace que sus fuentes de financiación se extiendan fuera del territorio nacional a los lugares de circulación, comercialización y consumo en Estados Unidos y Europa, especialmente, desde donde la industria les envía recursos y les hace los aportes pertinentes para que el negocio cuente con la seguridad y protección que requiere.

En otras regiones del país, el paramilitarismo cuenta además con las ayudas del sector minero, articulado a la producción de oro, esmeraldas y petróleo, regiones importantes del Magdalena Medio en el sur de Bolívar y Antioquia, en el Occidente de Boyacá y en las regiones de Casanare y Meta en donde la presencia paramilitar es evidente en la protección de esta actividades industriales y mineras la tributación es apenas natural.

Uno de los fenómenos contra los cuales surgió el paramilitarismo fue el del secuestro , no obstante con el tiempo, lo que llevo a los Castaño a asumir la guerra contra la subversión ha ido perneando la lógica financiera de la propia estructura paramilitar hasta convertirse en una de sus fuentes de financiación. Se considera que entre el 18% y el 22% de los secuestros que ocurren en el país lo cometen los distintos frentes paramilitares y están dirigidos contra la población que se considera son su base de apoyo social y económico, empresarios, ganaderos, agricultores y comerciante y en algunos casos contra extranjeros que se desempeñan como funcionarios de empresas transnacionales.

El robo de combustible en la costa y las zonas de frontera en la Región de Catatumbo, el contrabando , el tráfico de armas y la piratería terrestre hace parte esencial de las dinámicas económicas regionales y locales de los paramilitares en el país. Muchos de estos delitos se cometen bajo coberturas de delincuencia común, pero en contextos regionales en que no son posibles por grupos distintos a los del Paramilitarismo.

El robo de ganado y la expropiación directa de tierras por criminalización de los propietarisos es otra de las formas utilizadas para incrementar la capacidad económica de la actividad paramilitar que se desarrollar como fuente de financiación proscrita. Esto ha generado no solo el fenómeno del desplazamiento forzado que se ha convertido en uno de los más álgidos problemas del país, sino, además una relatifundización y un nuevo ordenamiento de la propiedad de la tierra.

Fuentes de financiación "productivas".

A través del "testaferrato calificado" los paramilitares han desarrollado unas estrategias para consolidar su economía de guerra como parte del empoderamiento regional que requiere del asentamiento en los territorios que le son útiles a sus practicas militares y de economía formal y proscrita.

La compra de almacenes, bombas de gasolina, cantinas, droguerías, centros comerciales y negocios de todo tipo, les sirve no solo a las tareas propias de la guerra, sino, además a las particulares formas de desarrollar una actividad productiva que encubre sus actividades militares y les genera recursos, apoyo y legitimidad social.

A este tipo de actividad económica se ha ido sumando el nuevo ordenamiento de la propiedad territorial en las zonas de influencia paramilitar que puede darse a través de fenómenos de relatifundización y entrega de tierra a la población campesina sometida por el proceso a una dinámica de homogenización política antisubversiva.

En algunas regiones donde la presencia paramilitar se ha consolidado, la inversión en empresas productivas de carácter agrícola y pecuario e incluso de agroindustria se hace como mecanismo de saneamiento de los recursos y de lavado de activos. Estas empresas se encuentran encubiertas por testaferratos de confianza y reconocimiento local de honorabilidad que dejaría fuera duda toda sospecha.

A través de este tipo de actividad productiva acercan mediante la ocupación a una parte importante de la población que pagan con los recursos resultantes del mismo proceso, legitimándose y ganándose el reconocimiento de la población.

Cosas similares hacen en relación con la construcción de escuelas y centros de salud, carreteras y obras de infraestructura que contratan con las administraciones que les son afines. Para ello cuentan con contratistas y profesionales de confianza que se benefician de estos proyectos económicamente.

Fuentes de financiación de las "Empresas Transnacionales".

Las multinacionales existentes en el país son otra de las fuentes de financiación del paramilitarismo muchas de estas empresas localizadas en el sector energético, la producción minera, y agropecuaria, se ubican en regiones en que la actividad militar de los grupos insurgentes y la presencia paramilitar constituyen el escenario en el que ellas realizan sus trabajos de producción.

Presionadas de uno y otro bando y con la responsabilidad de hacer producir las inversiones de su empresas, se ven obligadas a crear mecanismos de apoyo financiero que distribuyen a "uno y otro lado" para poder comprar su propia tregua y desarrollar la actividad que les es propia. No obstante, no resulta facil comprarse un territorio de paz productiva en un escenario de guerra tan complejo como el colombiano.

El pago de "impuestos" directo a las transnacionales se establece según distintos mecanismos que van desde un porcentaje por lo producido hasta una cuota fija mensual. Ninguna de estas instituciones va a aceptar ser tributarias de los actores paramilitar y guerrillero y seguramente tienen establecidos con mucha claridad los sistemas de seguridad de la tributación.

"En la región Bananera de Uraba, se dice que los paramilitares cobran un impuesto de cincuenta centavos de dólar por cada caja valorada en 18 dólares, si se calcula que la zona exporta 21 millones de cajas al año, y aunque no se sabe cuantas de ellas pagan impuesto, su aporte puede estar cerca de los 14.400 millones al año"³.

Las empresas transnacionales del petrolero, la minería y energéticas son parte este sistema de financiación paramilitar, como lo han sido en distintas ocasiones de los grupos insurgentes.

Algunos aportes hechos a los paramilitares están dirigidos a que estos creen las condiciones de "saneamiento" de zonas de inversión en macroproyectos de interés de las transnacionales como la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, canales, centros de producción agroforestal, grandes obras de infraestructura vial, entre otras que convocan la licitación internacional y donde extrañamente lo primero que aparecen son los paramilitares generando fenómenos de desplazamiento.

En particular es interesante mirar como el mapa de los desplazamientos coincide con el mapa de la presencia paramilitar y las zonas de ejecución de los grandes macroproyectos en las zonas del Antioquia, Magdalena medio, nororiente y sur occidente colombiano, choco, Darien, y los departamentos de Boyacá, Casanare, Arauca, Meta, Norte de Santander, Antioquia, y los territorios del magdalena medio y sur de Bolívar donde se localizan los principales yacimiento y recursos petroleros.

La económica de la guerra paramilitar una cuadro sobre sus principales fuentes

Una síntesis general de las fuentes de financiación haciendo uso de los estudios e informes que se han presentado últimamente a partir de las investigaciones realizadas por los organismos estatales que han sido publicadas por la prensa nacional, podría tomar las siguientes referentes en orden de aparición histórica.

Las grandes sumas de dinero que ingresan a la economía de guerra del paramilitarismo de destina no solo al mantenimiento de la guerra con sus correspondientes gastos de funcionamiento en una lógica que funciona sobre el sostenimiento de soldados mercenarios, sino que además, se dirige al fortalecimiento del proyecto, como un proyecto político y al enriquecimiento personal de algunos de sus principales jefes. Los que aumentan con los sistemas de tributación paramilitar sus no tan despreciables economías.

Sistemas de legalización y legitimación de la dinámica económica de la guerra paramilitar

El modelo de confrontación paramilitar no solamente esta inscrito en el enfrentamiento militar, sino, que se articula al modelo de desarrollo económico en el impulsó de sus propias dinámicas de legalización y legitimación: cuadros

1. La construcción de una propuesta de confrontación integral en lo económico, social, político y militar, con perspectivas de empoderamiento regional y construcción de procesos de legitimidad local.

2. Participación activa en las dinámicas de desarrollo económico en las actividades empresariales de carácter agropecuario y comercial.

3. La construcción de unidades de gestión social y empresarial a la manera de organizaciones de campesinos, agricultores y ganaderos (Acdegam – Fundepazcor) o de comunidades de resistencia asociadas ( Asocipaz)

4.Impulso a proyectos políticos regionales y nacionales afines a la propuesta paramilitar.

5.Consolidación del apoyo gremial y empresarial y sostenimiento del mismo.

6.Manejo distanciado de apoyo y poca confrontación con las fuerzas militares.

7.Protagonismo creciente frente al manejo político de país y sus relaciones internacionales

8. Acercamiento y utilización política de los medios de comunicación, como medios de difusión de sus propuestas e imaginarios. ( Pagina Web )

En el desarrollo de estos procesos las economías del narcotráfico juegan un papel determinante y es a través de ellos que estas se legalizan.

Preocupaciones de un proceso gris

Descritas las características generales del actor que se esta desmovilizando, la magnitud del fenómeno que representa y la complejidad alcanzada por el mismo, no es extraño que surjan una serie de inquietudes e incertidumbres sobre el proceso que se viene adelantando y las implicaciones sociales, económicas, militares y jurídicas del mismo. En su conjunto estas preocupaciones podrían sintetizarse en los siguientes aspectos

• Para algunos no existe un auténtico liderazgo político y militar y éste está más unido a pequeños feudos paramilitares que funcionan como estructuras empresariales de la guerra terrorista y el narcotráfico. Las fracturas y contradicciones internas, los intereses particulares y las diferencias en los desarrollos económicos, sociales y políticos de las distintas estructuras, que se han puesto en evidencia, imposibilitan un proceso en bloque y la garantía de su desmovilización total.
• La desmovilización de los paras desajusta el sistema de seguridad construido por empresarios y ganaderos que usufructúan económicamente las lógicas del terror y se sienten inseguros con la desaparición del fenómeno. Se considera que el Estado no tiene la capacidad de garantizar la seguridad y dar cobertura a la totalidad del territorio nacional donde opera el narcotráfico y la guerrilla y que la ampliación del pie de fuerza para hacerlo tendría un elevadísimo costo económico para el país y el sacrificio de recursos de inversión social que serian destinados a la guerra
• Las Fuerzas Militares pierden su más importante aliado, el actor más exitoso -incluso que ellas mismas- en la recuperación del territorio nacional si llega a darse su auténtica desmovilización. En algunas regiones en las que la experiencia paramilitar se gesto al interior de la institucionalidad el proceso terminaría siendo una reinserción institucional a la manera de soldados y lanceros campesinos.
• La guerra paramilitar se ha hecho una empresa rentable de seguridad parainstitucional que ha ido creando un oficio y una forma de vida de la que a muchos les resultaría difícil desprenderse, pues equivaldría a renunciar a un tipo de economía y recursos que legalmente no serian de tan fácil adquisición.
• Mientras los actores insurgentes del conflicto colombiano permanezcan activos, los paramilitares van a ser considerados como una opción para enfrentarlos. Pueden cambiar líderes, siglas y discursos, y continuar operando después de un proceso en el que se hace inventario de acumulados, se lavan economías, se indultan y legalizan jefes y dirigentes y se oxigena un gobierno cuyo origen está estrechamente ligado a este fenómeno.

A estas preocupaciones se suman otras que tienen que ver con los riesgos de unir a los procesos de desmovilización los delitos del narcotráfico como conexos incluyendo a empresarios de la droga en eventuales acuerdos en los que desprendiéndose de parte de los capitales para contribuir a la reparación del daño causado, legalizarían de paso sus fortunas y se reinsertarían a la vida legal.

Los paramilitares han venido trabajando desde sus propios intereses la desmovilización: Han hecho las consultas necesarias y han contratado, según se sabe, los estudios correspondientes de las opciones que les ofrece la ley para determinar las características de las demandas en el campo jurídico en la negociación política del proceso. Las recomendaciones giran en torno a lograr una negociación que evita la extradición por delitos conexos con el narcotráfico, señalan que no se les puede juzgar por el delito de "concierto para delinquir", aconsejan modificar el Código Penal para aplicar adecuadamente la sedición y el terrorismo.

Demandan del gobierno nacional y de la sociedad un tratamiento político para sus delitos argumentando, que sí es político levantarse en armas contra el Estado igual lo es levantarse en armas para defenderlo.

El creciente rechazo nacional e internacional a los términos de la ley de alternatividad penal propuesta por el Gobierno, en la aplicación de una novedosa interpretación del llamado Derecho Transacional, escuetamente simplificado por la vicepresidencia en la trilogía verdad, justicia y reparación de daños, que en la practica tienen que ver fundamentalmente con el grado de impunidad "jurídicamente tolerable", en un proceso de esta naturaleza, corre el riesgo de terminar de hecho convertida en una ley de perdón y olvido, al buscar que el victimario acepte su responsabilidad, repare a las víctimas o a sus familiares y tenga algún tipo de pena alternativa distinta a la prisión lo que resulta un tratamiento judicial benévolo, para la naturaleza de sus crímenes.

El compromiso adquirido por el gobierno en buscar mecanismos judiciales para facilitar la reinserción de las agrupaciones al margen de la ley, y en este caso los paramilitares lo obliga a tratar de armonizar la legislación con los tratados internacionales.

La situación no es fácil, el gobierno, ha iniciado un proceso en el que sin anclajes jurídicos claros, coloca en riesgo no solo su propia legitimidad, construida sobre la fuerza y con mucha precariedad, sino, los fundamentos mismos del Estado Social de Derecho.

COMENTARIOS

1. Ver a este Respecto los documentos de la AUC, en relación con sus orígenes y desarrollo, publicados en su pagina Internet.

2. Ver a este Respecto los documentos de la AUC, en relación con sus orígenes y desarrollo, publicados en su pagina Internet. La cursiva es nuestra.

3. Ver a este respecto las publicaciones hechas por el periódico El Tiempo en sus ediciones de los días 20, 21 y 22 de octubre del 2001.

4. En los registros hechos a las viviendas allanadas se encontraron 37 cheques del Barnett Bank de su sede principal en 13780 SW 88 TH Street en Miami, Florida (E.U.). Todos los cheques pertenecen a la cuenta número 01061197230118 cuyo propietario es un hombre identificado con un alias cuya actividad corresponde a alguien que se mueve con mucha facilidad en medios empresariales y financieros del Valle, Cauca y Nariño.

5. En los cheques figuran como beneficiarios empresas de Colombia y Estados Unidos. Nombres como American Savings, US Water Polo Inc. , Park Place, Sears, Southern Bell, Adelphia Cable, hacen parte de la lista de receptores de los giros. La Fiscalía inició contactos con cada una de esas empresas, casi todas con sede en Miami(E.U.), para determinar la razón de esas transacciones. Los cheques, que también figuran a nombre de personas naturales, tienen valores entre los 600 y los 5 mil dólares. Inclusive algunos están girados a nombre del mismo 'Machete', titular de la cuenta. Las autoridades encontraron comprobantes de operaciones desde y hacia Colombia con entidades financieras, empresas y personas naturales residentes en Estados Unidos. Se trata de 71 recibos de consignaciones hechas también en el Barnett Bank de Miami.

REFERENCIAS

1. Carlos Medina Gallego, Autodefensas, Paramilitares y narcotráfico en Colombia, El caso de Puerto Boyacá , Rodríguez Quito Editores.        [ Links ]

2.El Tiempo , el 20 de octubre del 2000.         [ Links ]

3. Revista Cambio No. 360 Las Finanzas de los Paras. Mayo 15 de 2000.         [ Links ]