María Teresa Pinto Ocampo
Profesora del IEPRI, Universidad Nacional de Colombia

RESUMEN
El presente texto muestra una reflexión en torno a las movilizaciones cocaleras que se han desarrollado en el trópico de Cochabamba entre 1987 y 2001, analizando las "estructuras de movilización" con las que contaban los campesinos cocaleros en el momento de la movilización contra la política antidrogas. Asimismo, el articulo organiza las luchas cocaleras en diferentes etapas, caracterizando cada una de ellas de acuerdo a los elementos del discurso político confrontacional de cada uno de los actores, los repertorios y grados de la confrontación, las respuestas del Estado, entre otros.
Palabras claves: Bolivia, movimientos sociales, campesinos productores de coca, cocaleros.

SUMMARY
The present text displays a reflection around the coca growers mobilizations that have taken place in Cochabamba's tropic between 1987 and 2001 analyzing the "structures of mobilization" that develops thanks to the processes of colonization carried out in the zone and to the formation of the pasents' unions. Also, The article organizes the coca growers fights in different stages, characterizing each according to the elements of the confrontacional political speech (for the case, of the coca growers and of the government), the repertoires of the confrontation, the answers of the State, the confrontation degrees, among others.
Palabras claves: Bolivia, social movements, coca growers.

En las elecciones generales de 2005 celebradas en Bolivia, por primera vez un indígena logra alcanzar el cargo político más importante de elección popular. Como se ha argumentado en otros artículos(2), Evo Morales Aima concreta todo un proceso organizativo de largo aliento que le permite en diciembre de 2005 alcanzar la presidencia con la votación más alta en Bolivia desde 1985. En este sentido, este texto realiza el análisis a uno los capítulos más importantes dentro de este proceso político actual: las movilizaciones de los campesinos productores de hoja de coca, donde Evo Morales era el líder sindical más representativo.

El proceso organizativo al que hacemos referencia tuvo lugar en el trópico de Cochabamba, zona que constituye el área de Bolivia donde tradicionalmente se ha cultivado la mayor cantidad de hoja de coca y se ha producido el mayor volumen de pasta básica de cocaína(3). Asimismo, esta región ha sido el foco de las mayores movilizaciones llevadas a cabo en Bolivia en las últimas dos décadas. Por ello será ésta región, y las movilizaciones que allí se producen, el eje de reflexión del presente artículo. De acuerdo con las estimaciones del gobierno boliviano, alrededor de 61 mil familias o 300 mil personas dependían directamente de la producción de coca a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa(4). Estos datos son compartidos por Cortez(5) para quien cerca de 50.000 familias se dedican, como actividad principal, a cultivar coca en el Chapare. En el informe de 1995 de Human Rights Watch(6) se estimó que alrededor de unas 40.000 familias campesinas del trópico de Cochabamba cultivan la hoja, en la mayoría de los casos junto con otros productos, en parcelas pequeñas de menos de dos hectáreas. Ya para 1997 esta cifra había descendido a 30.000 o 35.000 familias en el trópico de Cochabamba que vivían del cultivo de la coca(7).
Es así como el presente texto busca una reflexión en torno a las movilizaciones cocaleras que se han desarrollado en el trópico de Cochabamba entre 1987 y 2001. Organizativamente el artículo presentará la siguiente estructura: primero, se realizará una reflexión en torno a las "estructuras de movilización" con las que contaban los campesinos cocaleros en el momento de la movilización contra la política antidrogas gracias a los procesos de colonización llevados a cabo en la zona y a la formación de los sindicatos campesinos en la región; segundo, se presentará una reflexión en torno a las diferentes etapas de la lucha cocalera, caracterizando cada una de ellas de acuerdo a los elementos del discurso político confrontacional de cada uno de los actores (para el caso, de los campesinos productores de hoja de coca y del gobierno), los repertorios y grados de la confrontación, las respuestas del Estado, entre otros; finalmente, se presenta una reflexión sobre los aportes del artículo en el nivel teórico-metodológico y en el nivel analítico- descriptivo.

LAS ESTRUCTURAS DE MOVILIZACIÓN
En la década de los setenta los teóricos de los movimientos sociales dejaron de preguntarse por qué las personas se sientes suficientemente frustradas para optar por protestas colectivas en vez de organizarse por los canales políticos convencionales, y empezaron a preguntarse cuándo y cómo logran obtener los recursos para combatir su exclusión de esos canales(8). Este nuevo cuestionamiento dio origen a la teoría de la movilización de recursos. Para esta teoría siempre existía suficiente descontento en cualquier sociedad para dar el apoyo un movimiento social, y apuntaba que, para que la movilización social fuese efectiva, se requería de éste descontento pero, a su vez, que el movimiento que se estaba organizando tuviese efectivamente a su disposición los poderes y los recursos necesarios para movilizarse(9). Estos recursos eran variados (marcos culturales, marcos ideológicos, marcos organizativos) y permitían activar el consenso a través de organizaciones políticas y sociales preexistentes llamadas "estructuras de movilización"(10). Para Tarrow: "La movilización de redes sociales preexistentes reduce los costos sociales transaccionales de la convocatoria de manifestaciones, y mantiene unidos a los participantes incluso una vez el entusiasmo inicial de la confrontación se ha desvanecido. En términos humanos, esto es lo que hace posible la transformación de la acción colectiva episódica en movimientos sociales"(11). Para McAdam(12), "Al hablar de estructuras de movilización nos estamos refiriendo a los canales colectivos tanto formales como informales; a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva"(13).

Para esta aproximación, la creación de los movimientos sociales se da cuando es posible reunir los recursos necesarios para transformar la acción colectiva en una movilización social(14). En este sentido la pregunta ¿Cómo se difunde coordina y mantiene la acción colectiva una vez que aparecen las oportunidades? Se responde a través de la presencia de grupos sociales ya que "[...] aunque quienes deciden participar o no en la acción colectiva son los individuos, está casi siempre es activada y mantenida por sus grupos de contacto directo, sus redes sociales y sus instituciones"(15). Para la aproximación de la movilización de recursos "[...] el problema de la acción colectiva es social no individual"(16).

Dentro de este contexto, esta primera parte del artículo busca presentar una reflexión de las estructuras de movilización con las que contaban los campesinos cocaleros de Bolivia. Estas "estructuras" surgieron de los procesos de colonización que permitieron la generación de redes sociales en torno a los sindicatos campesinos y la posterior articulación de la demanda por el respeto de la hoja de coca dentro de estas instancias sindicales rurales.

LOS PROCESOS DE COLONIZACIÓN DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA
Los antecedentes organizativos de los sindicatos del trópico de Cochabamba se remontan a los procesos de colonización que vivió esta región. Por ello, para entender la ‘infraestructura de la movilización' con la que cuentan los sindicatos cocaleros es necesario presentar un recuento de los procesos de migración hacia ésta región pues allí esta una de las claves de la institucionalización de espacios de lucha y demanda campesina.

La colonización del trópico de Cochabamba presenta tres momentos esenciales. El primero, durante la década de 1930, fue conducido de manera espontánea por los colonizadores tras el fracaso de la Guerra del Chaco cuando algunos grupos de personas se asentaron en lo que hoy conocemos como Villa Tunari, y posteriormente en Chimoré(17).

El segundo momento de la colonización se despliega entre la década de los sesenta y mediados de la década de los setenta y se divide en colonización dirigida por el Estado y colonización espontánea de los campesinos (Delaine, cita en Rivera 1991: 16 y entrevista a Edmundo Novillo Aguilar). Para Edmundo Novillo Aguilar (entrevista): "Después en la década de los setenta hay una política de colonizar el trópico de Cochabamba, hay una política de colonización. Y muchos quechuas, fundamentalmente quechuas, ingresan en ese proceso de colonización que ha sido, por una parte, espontáneo y, por otra parte, el Estado mismo que se ha visto obligado a organizarse en la colonización".

En cuanto a la colonización dirigida, es de anotar que durante esta época el Estado desplegó varios esfuerzos para colonizar el trópico cochabambino en un plan denominado ‘marcha hacia el oriente' a partir del cual se impulsó contingentes de familias campesinas de distintos distritos del país hacia las zonas tropicales(18). Patzo Paco (1999), muestra cómo el Estado impulsó políticas de colonización o asentamiento dirigidas hacia las zonas incentivando la producción de cacao y algodón. En este período los campesinos de la colonización dirigida no cultivaban la hoja de coca ya que ellos se encontraban controlados por el Estado, quién proveía de herramientas, alimentos y otros insumos necesarios para la subsistencia.

Sin embargo, a la par de ésta colonización dirigida, algunos campesinos migraron de manera espontánea a estas regiones y empezaron a cultivar hoja de coca en la región, producción que se articula al circuito de la cocaína en tanto este producto se destina en gran medida a la producción de pasta base(19). Durante esta época se funda el primer sindicato campesino denominado Central Especial Campesina del Trópico afiliada a la Central Provincial de Morro de Sacaba(20).

Varios elementos han sido analizados como causantes o potencializadores de la articulación de los colonos a la producción de hoja de coca. Illanes(21) considera que esta articulación se dio como resultado del incremento de demanda de cocaína durante la década de los setenta en Estados Unidos que produjo una expansión de la producción de la hoja de coca en países como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Por su parte, Gamarra (1994) y Arrueta (1997) consideran que el tercer período de colonización vinculado al desarrollo de la economía cocalera se desplegó a principios de la década de 1980 como consecuencia de la sequía que se presentó entre 1982 y 1983 en Bolivia, de la explosión de la demanda de la hoja de coca (entre 1980 a 1983), del desmantelamiento de la empresa minera nacional boliviana (la COMIBOL) y el despido de mineros en 1985(22). Ya para 1989 el 90% de los habitantes del Chapare cultivaba, procesaba o vendía sulfato de coca(23). Estos factores son compartidos por Patzo Paco (1999).

Para Illanes y Rivera el ingreso del campesinado al circuito del narcotráfico durante esta tercera etapa de migración se debe al empobrecimiento del sector campesino resultado del fracaso de la reforma agraria. Rivera muestra como el 72% de la colonización hacia el Chapare se realizó de forma espontánea como válvula de escape a la presión sobre la tierra existente que resultó del proceso de reforma agraria(24).

Por su parte, Gironda(25) considera que "El crecimiento del narcotráfico se ha visto impulsado por las políticas neoliberales, que con sus acciones expulsó hacia las zonas cocaleras a miles de trabajadores, sin otra alternativa para la situación de marginalidad económica y social". Esta idea es compartida por Ledebur (2002) y Illanes (2003 y 2002). Roberto Laserna (1997) analiza cómo los principales factores del ingreso del campesino a cultivar hoja de coca con destino al narcotráfico fueron la escasez de la tierra cultivable en sus lugares de origen, la ausencia de oportunidades de ingreso monetario en las zonas de origen y, finalmente, las características propias del cultivo de la hoja de coca, de su transporte y del ingreso que se obtiene de su cultivo: "El problema central de los campesinos es de carácter económico. El cultivo de la hoja de coca representa para los campesinos una fuerte de ingresos monetarios que es relativamente segura, por la existencia de un mercado que absorbe sin dificultad el producto, y por las facilidades de cultivo, almacenamiento y transporte del mismo, y absolutamente necesaria, por las dificultades que tienen para vincularse a la economía monetaria con sus otros productos"(26).

Silvia Rivera Cusicanqui(27)  muestra cómo de éstos procesos de colonización, "surge un nuevo tipo de organización campesina, desvinculada desde sus orígenes a los aparatos sindicalistas oficialistas. Su mejor disponibilidad a la movilización y su mayor autonomía ideológica se explica también porque frecuentemente son estas zonas de colonización las que sirven de refugio a los trabajadores despedidos en las minas en las masacres blancas de las fases dictatoriales. La organización campesina de este estrato campesino en un sin número de sindicatos y federaciones especiales de colonizadores que se organizan en la década del sesenta: proceso que culmina en febrero de 1971 con la creación de la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB), afiliada a la COB".

Analicemos, entonces, a los sindicatos campesinos de la región del trópico de Cochabamba.

LOS SINDICATOS CAMPESINOS EN LA REGIÓN DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA
Estos procesos de colonización del trópico de Cochabamba están acompañados de la organización de los campesinos en sindicatos: "Según el testimonio de colonos antiguos su conformación [del sindicato] obedeció a una suerte de práctica y conocimiento organizativo, que ellos heredaron de sus lugares de origen. En sus primeros momentos, este sindicalismo tenía básicamente el papel de representación frente al gobierno central y frente a la sociedad en general y sus tareas eran sobre todo de carácter cívico corporativo"(28).

Frente a la naturalidad de la organización sindical para los campesinos bolivianos debemos resaltar como, en Bolivia, el campesinado se encuentra organizado bajo la forma sindical a partir de los años treinta(29) pero es fundamentalmente con la Revolución Nacional del 1952 que esta forma de organización se reconoce como válida por el Estado. Como lo explica Novillo Aguilar (entrevista): "Los quechuas y los aymaras luego del 52 rompen el latifundio y se organizan los sindicatos campesinos que era una forma de organización natural que tenían después del 52, por que los sindicatos aparecen antesitos del año 52, pero con más fuerza y reconocido por el Estado después del 52 que fue la revolución. Entonces, cuando entran al trópico de Cochabamba, entran con esa forma natural de organización, de organizarse en sindicatos, en subcentrales, en centrales y en federaciones, que son estructuras organizativas propias que los campesinos aprenden y desarrollan después del 52".

En cuanto a la estructura de los sindicatos campesinos es de anotar que esta tiene una referencia geográfica, un área en la cual la organización sindical tiene el derecho de gestión territorial(30). Para Thoumi: "El lugar de asentamiento determina la pertenencia al sindicato. Cada gremio cubre un área y todas las familias que se asientan en parcelas de su legislación se convierten en miembros, y su presencia se requiere en reuniones periódicas en las cuales se ventilan muchos problemas de la comunidad. Han desarrollado sistemas de resolución de conflictos, y la propia comunidad obliga el cumplimiento de sus decisiones"(31).

La organización sindical de los campesinos de la región cocalera se estructura como tradicionalmente se han constituido estas instancias. Primero, los sindicatos (localmente son las comunidades) que tienen presencia territorial ya que los afiliados a ellos tienen su parcela y reúnen entre 10 y 300 personas. Los afiliados deben contribuir con un aporte mensual de 1.50 bolivianos (unos 20 centavos de dólar), que se reparten por igual entre las instancias sindicales. Segundo, las centrales que agrupan entre 5 y 18 sindicatos(32). Tercero, las Federaciones las cuales están afiliadas a la Federación Nacional de Colonizadores a la CSUTCB(33) y/o a la COB. Cuarto, la Coordinadora de las Federaciones que fue creada en 1990 debido a la necesidad de unificar las demandas(34).

Cada instancia organizativa está constituida por la siguiente estructura interna: el Secretario General, el Secretario de Relaciones, el Secretario de Actas, el Secretario del Tesoro, el Secretario de Conflictos, el Secretario de Deportes, el Secretario de Justicia, el Secretario de Prensa y Propaganda, el Secretario de Educación, entre otros(35) y la policía sindical (este último solo para el caso de los sindicatos de base). En cuanto a la policía sindical ha tenido como objetivo histórico el vigilar el adecuado comportamiento en las reuniones(36).

En cuanto a la financiación de los sindicatos Arrueta y Rivera señalan que el financiamiento de la organización sindical campesina proviene fundamentalmente del aporte económico de sus miembros y de otras fuentes de ingresos como el cobro de multas por la inasistencia a asambleas por parte de los afiliados o por el incumplimiento de tareas u obligaciones. Por su parte, la organización interna de los sindicatos se caracteriza por su funcionamiento democrático ya que para la elección de sus dirigentes y la toma de decisiones dentro de las asambleas generales de los sindicatos, centrales o federaciones se realiza la democracia participativa con base en el voto directo(37).

Las tareas de la organización sindical han sido variadas. Para Arrueta y Healy(38) las principales tareas fueron la apertura de caminos y sendas de penetración al monte, distribución de parcelas entre sus afiliados, manejo de las disensiones entre los miembros, admisión de nuevos afiliados, reglamentación de la convivencia en la región, explotación de fuetes de agua y ríos, madera y otros recursos naturales; establecimiento y captura de algunos gravámenes que puedan imponer en tramos de caminos por cobro de peaje, entre otros.

Podemos afirmar, entonces, que el sindicato es el principal organizador y estructurador de la sociedad rural en el trópico de Cochabamba(39). Para Human Rights Watch "[...] en muchas formas los sindicatos funcionan como una especie de gobiernos locales de facto: establecen límites de tierras, influyen sobre los precios del transporte terrestre, generan fondos y asumen programas de trabajo público a pequeña escala"(40).

En cuanto al papel de los sindicatos en la vida política, social y económica de las regiones, ella ha tenido una importante evolución. Inicialmente estas instancias tenían como base de su funcionamiento la organización del proceso de colonización, resolviendo los reclamos de tierras, y atendiendo un amplio espectro de necesidades de desarrollo de la comunidad (Human Rights Watch 1995: 9). Durante esta primera etapa los campesinos vivieron "[...] en continua inestabilidad sindical que determinó la aparición de varias federaciones que reclamaban la representación exclusiva de los cocaleros del Chapare. La disputa interna dificultaba la vinculación con las federaciones campesinas departamentales y con la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos (CSUTCB)"(41).

Más adelante, las organizaciones sindicales fueron las principales mediadoras entre las comunidades y el Estado para la distribución de los recursos provenientes de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y para atacar las diferentes medidas de la política antidrogas que los perjudicaban. Este proceso organizativo condujo a que la primera vez que los cocaleros hicieron una aparición realmente propia en el seno del sindicalismo, en el II Congreso Nacional Campesino de 1983, "pasmaron al resto de los campesinos exhibiendo una presencia compacta y llamativa, desde su discurso, hasta los regalos de galletas, licores y elíxires de coca [...]"(42).

En 1990 las Federaciones sindicales de cocaleros conforman un "Comité Coordinador" de todas las Federaciones "[...] con el objeto de construir la unidad organizativa de los productores de coca. Constituyéndose de esta manera una única instancia de coordinación con los otros actores sociales y, principalmente, con el Estado"(43). Desde 1991 al interior de la CSUTCB el movimiento cocaleros del Chapare adquiere una fuerza determinante(44). Muestra de ésta centralidad es el hecho de que en 1987 las federaciones sindicales del Chapare lograron aumentar sus delegados al congreso nacional de la CSUTCB de 19 a 80(45).

Esta evolución de la presencia de los sindicatos cocaleros en la región la demuestra Rivera (1991) ya que contabiliza, para 1980, 183 sindicaros agrupados en 23 centrales en toda la zona tropical (Rivera 1991: 56). Pero, ocho años después, para 1988, señaló que en el Chapare existían 600 sindicatos cada uno con un promedio de 85 miembros, lo que hacía un total de 51.000 productores de la hoja de coca sindicalizados(46). Por su parte Healy (cita en Carlson 2000: 4) considera que en el Chapare hay por lo menos 160 sindicatos que trabajan bajo la supervisión de 30 centrales, que, a su vez, están organizadas en cinco federaciones las cuales representan alrededor de 40,000 familias campesinas. Asimismo, Rivera contabiliza que de las 91.000 personas residentes en el Chapare hasta marzo de 1990, 39.749 se identificaron como colonos afiliados en las listas sindicales en esta provincia del trópico(47).

Estas instancias sindicales fuertemente organizadas fueron las que adoptaron en su seno las demandas de los colonos cocaleros de las regiones del trópico de Cochabamba. Para Novillo Aguilar (21/07/2003): "Entre los años ochenta la demanda de la hoja de coca trae mucha más colonización, usted sabe que este es un proceso económico, donde hay demanda entonces crece la oferta, entonces hay una migración masiva, casi de todos los puntos del país. Estos migrantes se constituyen en toda una fuerza sindical organizada, muy bien estructurada y además empieza ahí la política norteamericana a exigir al Estado boliviano una lucha frontal contra la hoja de coca. Eso obliga al Estado a enfrentarse contra los sindicatos y las organizaciones y es un enfrentamiento sanguinario: el ejército contra las organizaciones. Las organizaciones en defensa de la hoja de coca porque esta es parte de su economía, parte de su cultura, y no de una cultura superficial sino de una cultura profunda, muy profunda. Y ese enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones campesinas ha llevado a una madurez de la conciencia".

Para finalizar, analicemos el papel de los mineros despedidos de la empresa estatal de minería (COMIBOL) en el proceso organizativo de los campesinos cocaleros en el trópico de Cochabamba. Varios autores han anotado el papel protagónico de este sector que, al migrar hacia el trópico de Cochabamba a finales de la década de los ochenta, aporto todo su ‘repertorio de la confrontación' a los campesinos cocaleros. Esta idea es compartida por Patzo Paco (1999: 49) para quien "[...] los ex mineros ahora convertidos en colonizadores, llevan toda una experiencia de lucha acumulada que notoriamente incidirá en el proceso de organización sindical"(48).

Para, Zavaleta Mercado(49), los mineros también jugaron un papel central en el proceso de colonización y organización del Chapare: "Los mineros desocupados participaron en un número elevado en la colonización de Caravi, Alto Beni y Chapare, zonas de nueva frontera agrícola". Esta idea es compartida por el líder cocalero Edmundo Novillo Aguilar (21/07/2003): "La organización sindical es ideológicamente fortalecida por los mineros relocalizados. Los mineros eran un sector políticamente muy bien organizado y además muy avanzado en Bolivia. Entonces cuando se da la relocalización muchos mineros también vienen hacia el trópico y son los que en parte también promueven un discurso político. Y son los que también plantean los métodos de lucha para la defensa de la hoja de coca, como el tema de bloqueo de caminos, el tema de huelgas de hambre, el tema de movilización, las marchas, etcétera, etcétera, todo eso"(50). llega a afirmar que de los 150.000 mineros bolivianos (incluyendo a sus familias) afectados por la crisis de la minería más o menos 30.000 se instalaron en el área de Cochabamba, la puerta de entrada a la región cocalera del Chapare.

Frente al papel otorgado a los mineros dentro del proceso organizativo por estos autores (Zavaleta Mercado 1983, Patzo Paco 1999, Illanes 2002 y Novillo Aguilar 2003) Cortez (1992: 195) muestra como los mineros despedidos (o ‘relocalizados' de acuerdo a la terminología utilizada por el gobierno de Paz Estenssoro) amenazaron con internarse en las zonas cocaleras a cultivar coca, y para 1988 un grupo de mineros llego a desplazarse a los Yungas pero el acto tuvo más un carácter simbólico que efectivo.

Del mismo modo, Rivera observa, tras realizar una encuesta a 10.000 colonos del trópico, como sólo el 4.0% de la población no provenía del departamento de Cochabamba(51). Estos datos contradicen la idea de una migración masiva de mineros hacia la región tropical del Cochabamba antes de 1990. Lo que significaría repensar el papel jugado por la migración de este sector dentro los procesos organizativos de los cocaleros ya que el presente texto mostró como, para 1990, las organizaciones sindicales ya estaban fuertemente organizadas mientras que los dos momentos de despido masivo de los mineros de la empresa estatal minera (la COMIBOL) fueron entre 1995 y 1996. Primero, el 29 de agosto de 1985 cuando el gobierno de Paz Estenssoro dictó el Decreto Supremo 21060 con el cual se buscó introducir una terapia de ‘shock' que enfrentara la hiperinflación. Y, segundo, en 1986, cuanto la brutal caída de los precios del estaño ‘forzó' al gobierno al despido masivo de los mineros de la empresa minera estatal (COMIBOL) (casi 23.000). Cinco años después de estos despidos aún no había una presencia masiva ni significativa de mineros en el trópico de Cochabamba. Estos datos implican desmitificar el papel jugado por los mineros en el proceso organizativo de los cocaleros y, sobre todo, mostrar la necesidad de establecer como agenda de investigación el papel jugado por este sector dentro del proceso organizativo de los cocaleros bolivianos.

LAS ETAPAS DE LUCHA COCALERA (1987 Y 2001)
El elemento que consideramos esencial para entender el surgimiento y avance de las movilizaciones de los campesinos cocaleros es el desarrollo y la trasformación de las política antidrogas llevadas a cabo por el gobierno boliviano bajo fuerte y continua presión del gobierno de Estados Unidos para que el primero mantuviese sus lineamientos en cuanto a la política antidrogas(52). Esta presión es posible debido a que Bolivia tiene una fuerte dependencia en los programas de asistencia económica exterior de Estados Unidos(53). Esto implica que el gobierno boliviano(54) "[...] cada año va renovando acuerdos y condiciones con el gobierno norteamericano para erradicar un determinado número de hectáreas por año, a cambio de fondos de Washington para facilitar la Balanza de Pagos"(55).

La puesta en marcha de las políticas antidrogas generó cambios importantes en los lineamientos gubernamentales, estos cambios se dieron esencialmente con respecto al marco político y jurídico sobre la hoja de coca, e implicaron, a su vez, trasformaciones en cuanto a la noción de nacionalidad, a la intervención norteamericana en las políticas nacionales, al respeto a los derechos humanos, entre otros. Igualmente, estas políticas antidrogas forjaron cambios en la disponibilidad de aliados influyentes para los sectores cocaleros y la apertura del acceso al poder político debido a las alteraciones en la distribución de los grupos en el poder que estas políticas introdujeron(56).

Tras realizada una exhaustiva revisión de prensa(57), en este aparte presentamos las diferentes etapas de la lucha cocalera a partir de las contrastes y cambios en las demandas, en las formas de lucha, en las relaciones con el Estado, en la disponibilidad de aliados influyentes, entre otros.

PRIMERA ETAPA: LAS LUCHAS ENTORNO A LAS FRONTERAS DE LA LEGALIDAD (1987- 1989)
Varios autores han señalado como las movilizaciones de campesinos productores de coca se hacen más intensas a partir del cuarto gobierno de Víctor Paz Estensoro, especialmente con la propuesta del Plan Trienal de Lucha contra el Narcotráfico(58) por ello trabajaremos este gobierno como punto de partida del conflicto cocalero(59). Este plan antidrogas es el primero que establece un procedimiento específico contra la lucha antidrogas.

En este sentido, este gobierno, se alinea a las políticas antidrogas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y permite la participación directa de tropas estadounidenses en acciones antidrogas sin el cumplimiento de las formalidades legales que prevén la autorización expresa del Congreso boliviano para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional, "Cuando Paz Estenssoro dejó el mando en 1989 la misión norteamericana en Bolivia era la segunda más grande en Latinoamérica"(60).

Asimismo, esta primera etapa estará determinada por la discusión en torno de la aprobación de una legislación antidrogas. Desde 1985 el parlamento boliviano discutió la aprobación de una ley contra los delitos relacionados con el narcotráfico. En octubre de 1985 se conoció del Proyecto de Ley No. 260 "Ley Nacional de Control de Sustancias Peligrosas" y en 1987 el Proyecto de Ley 708 que legislaban sobre las sustancias controladas. Pero no fue hasta el 19 de julio de 1988 que se aprobó la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas (o Ley 1008) en medio de fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos(61).

La Ley 1008 penaliza, por primera vez en la historia boliviana, el cultivo de la hoja de coca con excepción de las circunstancias en que está expresamente permitido. De todas maneras, se reconoce, en el artículo segundo, que: "El cultivo de la coca es una actividad agrícola-cultural orientada tradicionalmente en forma lícita hacia el consumo, uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos". Y que existe consumo y el uso ilícito de la hoja de coca "las prácticas sociales y culturales de la población boliviana bajo formas tradicionales, como el "acullicu" y masticación, usos medicinales y usos rituales".

Para diferenciar la producción legal y la ilegal de la hoja de coca, el artículo octavo, define y delimita tres zonas de producción de coca en el país: a) la zona de producción tradicional, b) la zona de producción excedentaria en transición, y c) la zona de producción ilícita. "La zona de producción tradicional de coca es aquella donde histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha servido para los usos tradicionales, definidos en el artículo 4º". Esta zona comprende las áreas de producción minifundiaria de coca del Departamento de La Paz y de los Yungas de Vandiola. Y se reconoce que "Toda sustitución de cultivos de coca será planificada en forma gradual, progresiva y simultáneamente a la ejecución de los programas y planes de desarrollo socio-económico sostenidos a ejecutarse en las zonas de producción" (Artículo 22, Ley 1008). Por su parte, en las zonas de producción ilícita "Las plantaciones existentes de esta zona serán objeto de erradicación obligatoria y sin ningún tipo de compensación" (Artículo 11, Ley 1008). La ley, en su artículo 18, prohíbe el uso de agentes químicos en la lucha contra las drogas.

Esta legislación generó descontento dentro de los sectores cocaleros por la política de erradicación de cultivos que quiso imponer, asimismo, permitió la generación de una alianza entre los campesinos sindicalizados en la CSUTCB y los obreros organizados en la COB en torno de una demanda específica: el respeto al cultivo de la hoja de coca como base de una demanda de no intervención de los Estados Unidos en la política nacional boliviana. De la misma forma, la alineación del gobierno de Paz Estenssoro a las demandas del gobierno de los Estados Unidos en materia antidrogas generó espacios de vulnerabilidad dentro del gobierno boliviano que permitieron que las demandas de los cocaleros generara áreas de diálogo con el gobierno nacional y obligaron que éste cediera algunos puntos.

Durante esta primera etapa de la lucha cocalera las demandas giraran en torno a la elaboración de una legislación respecto al cultivo y comercialización de la hoja de coca, distinta de la orientada a reprimir el tráfico ilícito de drogas (hasta 1987) y la lucha centrada en la participación de los campesinos cocaleros en los programas de desarrollo alternativo adelantados por el gobierno (hasta el primer trimestre de 1990)(62). Igualmente, en este ciclo se impondrá la lógica del incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y el reinicio de los conflictos con base en la demanda del respeto de los convenios firmados. Esta etapa es fundamental en términos del aprendizaje político de los campesinos en cuando a las demandas y las formas de lucha.

En esta fase las principales formas lucha de los campesinos serán el bloqueo de caminos, los estados de emergencia y las huelgas de hambre. Estas movilizaciones conducirán a varios acuerdos entre los cocaleros y el gobierno, multitud de convenios que hacen de este etapa la fase en la cual se firmaron el mayor número de convenios entre el gobierno nacional y los campesinos(63). Estos levantamientos se dan dentro del contexto del Primer Ampliado Nacional de Productores de Coca, de diciembre de 1986 organizado por los sindicatos cocaleros. En este encuentro los cocaleros adoptan varias resoluciones entre las que tenemos la denuncia contra las prácticas represivas y el rechazo de las políticas antidrogas del Estado (Primer Ampliado Nacional de Productores de Coca, cita en Arrueta 1994: 78). En cuanto a los bloqueos de carreteras, entre mayo y junio de 1987 unos 10.000 campesinos cocaleros realizan una serie de cercos en las carreteras de la región para presionar por la toma de una decisión favorable por parte del Estado en cuanto a sus demandas de rechazo al Plan Trienal de Lucha contra el Narcotráfico y al proyecto de Ley de Sustancias Controladas que el gobierno había pasado para discusión en el Congreso. Asimismo las marchas también fueron utilizadas como forma de lucha, por ejemplo, en septiembre de 1988 unos 8.000 campesinos productores de coca del trópico de Cochabamba marcharon por la ciudad de Cochabamba en protesta por el régimen de coca, especialmente contra el artículo que declara la hoja de coca en su estado natural como producto al margen de la ley(64).

Las estrategias del gobierno para controlar las movilizaciones cocoleras serán variadas. Por ejemplo, utilizó la táctica de desacreditar a los campesinos participantes de las manifestaciones al acusarlos de estas financiados e incitados por las mafias del narcotráfico. Citando al prefecto del departamento de Cochabamba, Germán Lema, este consideró que la movilización campesina estaría financiada por el narcotráfico ya que "[...] de otra manera no se explica el origen de los recursos para movilizarlos" (Presencia 29/05/1987: 1 y 9 y ILDIS-CEDIB 1994: 28). El Ministro Secretario de la Presidencia, Walter Zuleta, dijo: "[...] es obvio, [que] si alguien se opone para que se controle la producción de coca, es el narcotráfico, y esa coincidencia nos hace pensar que está de por medio. De otra manera no se justifica". Por su parte el Ministro de Informaciones, Hermann Antelo, en declaraciones a la prensa, dijo: "[...] el gobierno tiene serios indicios que esto es una contraofensiva del narcotráfico que esta instrumentalizando a los campesinos en esta labor. No solo estamos obligados al cumplimiento de la ley sino que un aspecto moral nos obliga a despejar los bloqueos en Cochabamba" (El Diario 28/05/1987: 1).

El gobierno también utilizará la intervención policial-militar en los conflictos con los campesinos cocaleros. Esta estrategia de intervención militar convertirá a esta primera etapa en la más sangrienta con un saldo de 19 muertos: 8 muertos y 19 heridos en la masacre de Parotani tras un intento de desbloquear las carreteras y 11 muertos en la masacre de Villa Tunari en 1988. Por supuesto, la tercera estrategia del gobierno frente a las demandas cocaleras será el diálogo y la firma de acuerdos, aunque esta estrategia será utilizada no como una política de concertación establecida sino como un mecanismo de respuesta del fracaso de las políticas represivas frente a los conflictos sociales.

En cuanto a las alianzas entre los cocaleros con otros sectores, el Primer Ampliado Nacional de Productores de Coca anota claramente la necesidad de articulación de las federaciones sindicales de colonizadores con otros sectores de la sociedad, en especial con la COB, "Se solicita a la Central Obrera Boliviana formar un comité nacional de defensa y apoyo a los campesinos productores de hoja de coca; comité que debe estudiar con rigor científico y nacional el problema de la coca y proponer alternativas y soluciones que contemplen el interés nacional y popular" (Primer Ampliado Nacional de Productores de Coca, cita en Arrueta 1994: 80). Durante éste primer período existirá un trabajo conjunto entre los cocaleros de los Yungas, en el departamento de La Paz, y los del trópico de Cochabamba, situación que será cambiada tras la aprobación de la Ley 1008 que determina que la coca producida en la región de los Yungas será considerada legal mientras que la del trópico de Cochabamba será considerada excedentaria y a ser erradicada.

En cuanto a los procesos enmarcadores a los que apelaran los cocaleros, en esta etapa se abordará el cultivo de la hoja de coca como un elemento de la sobrevivencia económica de los campesinos. Por ello se enfatizará en los procesos de sustitución concertada de los cultivos ilícitos. Por ejemplo, en el Primer Ampliado Nacional de Productores de Coca los campesinos productores de coca se negaban a sustituir las plantaciones de la hoja de coca mientras no existiera otra fuente alternativa de ingresos. En la resolución se lee "Los campesinos productores de coca del país, no reduciremos ni un milímetro de los cultivos de la hoja de coca mientras no exista otra fuente real y segura de ingresos económicos y de vida digna para las familias campesinas" (Primer Ampliado Nacional de Productores de Coca, cita en Arrueta 1994: 79), aspecto central pues resalta el carácter económico de la lucha de los campesinos cocaleros.

SEGUNDA ETAPA: LA NO MILITARIZACIÓN DE LA LUCHA ANTIDROGAS (1989- 1993)
El segundo momento de la lucha cocalera se da tras la llegada de Jaime Paz Zamora a la presidencia y, fundamentalmente, tras la cumbre presidencial de Cartagena cuando la pugna entre el gobierno boliviano y los cocaleros se focaliza en torno a la discusión sobre la participación de los militares en la lucha antidrogas. En esta etapa el conflicto se desarrolla en medio de la búsqueda de Paz Zamora por desarrollar una política antidrogas más alejada de las presiones del gobierno de Estados Unidos a través de la tesis: "coca por desarrollo". Este planteamiento implicaba la corresponsabilidad entre los diferentes sectores y naciones inmersos en el tráfico de drogas(65) . Además del interés del gobierno de impulsar la diplomacia de la coca, las políticas del gobierno estuvieron fuertemente marcadas por la presencia de reuniones internacionales (especialmente con los otros países de América) donde el gobierno de los Estados Unidos propendió por que se aprobaran, en los diferentes países latinoamericanos, tratados de extradición con éste gobierno y se ampliara la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas(66). Pero Gamarra (1994) muestra que la promesa de campaña de una mayor independencia frente a las presiones de Washington fue abandonada después de que Paz Zamora asumió el mando: "Al término de su gestión, los bolivianos tenían aún menos participación en la planificación y diseño de la estrategia antinarcóticos y casi cada aspecto de las relaciones bilaterales se habían convertido en un tema dependiente del problema de la droga. En parte éste fue el producto de la incapacidad de Paz Zamora de negociar en términos de igualdad con Washington. Este patrón, sin embargo, fue también el producto de la herencia legada por el Gobierno de Paz Estenssoro, y de la dirección que las políticas antinarcóticos habían tomado desde la Operación Alto Horno"(67).

El gobierno de Paz Zamora elaboró y ejecutó un Plan Maestro para el desarrollo del trópico de Cochabamba que, sin embargo, mostró muchos fracasos puntuales. Este fiasco se debió a que la confianza que los campesinos depositaron en el Plan, que condujo a que la reducción de coca fuese voluntaria y bastante exitosa, fue contrarrestada por la falta de resultados en los procesos de desarrollo alternativo, llevando a mucha resiembra de coca y el efecto neto de la sustitución voluntaria prácticamente se anuló(68).

Las principales demandas de los productores de coca giraron en torno de la no participación de las fuerzas armadas en la lucha antidrogas, es decir, la no militarización de la estrategia antidrogas y la mayor efectividad de los programas de desarrollo alternativo. Las principales formas de acción continuaron siendo los bloqueos de caminos pero, como estrategia alternativa, los campesinos cocaleros buscaron internacionalizar su movimiento a través de la realización del Primer Encuentro Andino de Productores de Coca realizado en la ciudad de La Paz en marzo de 1991. En esta reunión se propone "llevar a cabo una campaña internacional sobre la trascendencia cultural, política, económica y social de la hoja de coca, recurso naturales de los países andinos"(69).

Igualmente, durante este ciclo los cocaleros intentan, por primera vez, realizar una marcha hacia la sede de gobierno en junio de 1991, jornada que será disuelta por el gobierno a través de la violencia (dejando como saldo un campesino muerto, varios heridos y la detención de Evo Morales y otros 20 dirigentes cocaleros) (Presencia 2/07/1991: 1). Para entender el contexto en el que los cocaleros cambian su estrategia de confrontación introduciendo las marchas es de anotar como en septiembre de 1990, se efectuó una exitosa marcha indígena a lo largo de 750 kilómetros desde el oriente del país hasta La Paz, con la consigna de ‘Tierra y Dignidad'. Tras la realización de la marcha el gobierno aprobó un "Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indígena", en cuyo marco, en agosto de 1991, se reconocieron 8.000 hectáreas como propiedad colectiva de la Comunidad Mosetana de Santa Ana de Horachi.

Esta segunda fase marcará el inicio de un discurso con un contenido más étnico con respecto de la defensa de la hoja de coca. Por ejemplo, el 23 de julio de 1989, tras un año de expedición de la Ley 1008, las federaciones sindicales de cocaleros del trópico de Cochabamba organizaron una movilización de carácter étnico-cultural en protesta por la injerencia norteamericana en los asuntos nacionales y, específicamente, en los temas relacionados con la erradicación de cultivos de coca. La protesta fue denominada ‘Jornada de Acullico' y "[...] consistió en la concertación de productores de coca en carreteras y localidades adyacentes al tramo Cochabamba-Santa Cruz, que procedieron a repartir hojas de coca a los asistentes y a cumplir con ellos una jornada de masticación como expresión de la cultura andina y contra la erradicación de los cultivos de coca según la Ley 1008"(70). Esta movilización consistió en la primera protesta de carácter étnico dentro de las formas de lucha de las organizaciones cocaleras e inicia un ‘proceso de interpretación' de la lucha contra la hoja de coca como una lucha contra la cultura andina y el consumo de la hoja de coca como un símbolo de identidad étnica.

Las principales estrategias del gobierno al conflicto cocalero seguirá siendo la intervención militar. Para este período tenemos un saldo de por lo menos un cocalero muerto (frente a los 19 del gobierno de Paz Estenssoro). Adicional a esta estrategias, y siguiendo el mismo patrón del período anterior, luego de los fracasos de la intervención de las fuerzas armadas se recurre al diálogo. Durante este período se hace más evidente la dependencia frente a los Estados Unidos. Por ejemplo, en agosto de 1990, luego del bloqueo de caminos demandando la no intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, se llega a un acuerdo en el cual el gobierno se comprometió a la no militarización de la erradicación de coca. Aunque fue inútil el atraso del envío de fuerzas armadas a las operaciones antinarcóticos pues la presión económica de Estados Unidos lo hizo ceder(71).

TERCERA ETAPA: LAS CONFRONTACIONES SE RADICALIZAN (1993- 2001)
La tercera etapa de los enfrentamientos ente el gobierno y los cocaleros comienzan durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y perdurará hasta el gobierno de Hugo Banzer (1997-2001). La política gubernamental durante este período estará caracterizada por un fuerte alineamiento a las directrices del gobierno de los Estados Unidos y por los fuertes atropellos a los campesinos cocaleros fruto de la puesta en marcha de una política antidrogas altamente represiva. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada esta criminalización del movimiento cocalero tendrá como sustento la declaratoria de dos Estados de Sitio(72), declarado el 18 de abril de 1995, inicialmente por tres meses, y prorrogado por otros tres meses. Durante este Estado de Sitio los dirigentes de las federaciones de campesinos cocaleros sufrirán persecuciones, detenciones y restricciones a la libertad de reunión. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en su Informe de Actividades de la Legislatura 1994-1995 señaló que: "[...] la lucha contra el tráfico ilícito de drogas se ha constituido en el escenario nacional más recurrente en la violación de los derechos humanos"(73).

Valga anotar que esta política antidrogas particularmente represiva estará relacionada con la presión generada desde Washington. Entre los acuerdos suscritos con los Estados Unidos que generaron presión al gobierno boliviano estaba la erradicación de 5 mil hectáreas de coca antes de 31 de marzo de 1994 a cambio de 20 millones de dólares destinados a subsanar el déficit en balanza de pagos(74), acuerdo que no se cumpliría y que generaría la primera reacción de los cocaleros contra la erradicación por la fuerza de estas hectáreas de coca y una serie de violaciones a los derechos humanos en estas regiones de Cochabamba(75). Frente a este acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en marzo de 1994 el embajador norteamericano en Bolivia, Richard Bowers dijo: "el pueblo de Bolivia, concretamente los productores de coca, tienen que aceptar la responsabilidad de la muerte de miles de ciudadanos de Estados Unidos, en consecuencia este arbusto [de la hoja de coca] debe desaparecer"(76). En este contexto, en julio de 1994 se inició el Operativo Nuevo Amanecer buscando atacar el narcotráfico en la región tropical del Chapare y expulsar del Chapare a 15 mil personas de los cuales 10 mil eran pisacocas y 5 mil comerciantes intermediarios(77). "Aunque el operativo había sido concebido para luchar estrictamente contra el narcotráfico, los hechos demostraron que algunas acciones de las fuerzas policiales se concentraron en agresiones hacia los productores de coca"(78). Estas incursiones generaron una gran oposición dentro de los cocaleros quienes organizaran una marcha de mujeres a finales de 1994 para demandar el respeto de los Derechos Humanos en la zona.

Por el incumplimiento de los acuerdos con respecto de la erradicación este gobierno recibió una certificación condicionada por parte del gobierno de Estados Unidos en 1994 y 1995 lo que significa que, si bien el gobierno no ha cooperado plenamente con Estados Unidos o tomado por sí mismo las medidas adecuadas para combatir el tráfico de drogas, el país es certificado bajo la idea de los intereses nacionales vitales para Estados Unidos. La certificación de 1995 fue seguida por un ultimátum del gobierno de Estados Unidos a Bolivia a inicios de marzo donde el primero abocada al segundo a llevar a cabo las siguientes medidas antes del 30 de junio de 1995: iniciar el proceso para acordar conjuntamente con los Estados Unidos un tratado de extradición, desarrollar un plan exhaustivo y aceptable para ambas partes para la erradicación de cultivos ilícitos de coca, erradicar 1.750 hectáreas de cultivo de coca en el trópico de Cochabamba. Si estas metas no eran cumplidas el gobierno norteamericano tratarían a Bolivia como si no hubiera sido descertificado (Human Rights Watch 1995: 15-16).

Este ultimátum del gobierno de Estado Unidos colocó al gobierno boliviano entre la "espada y la pared", como un alto funcionario del gobierno boliviano reconoció ante Human Rights Watch (1995: 16): "Si el gobierno boliviano no cumplía las condiciones de los Estados Unidos, perdería acceso a fondos de las instituciones financieras internacionales y correría el riesgo de convertirse en un "paria" en la comunidad internacional. Por otro lado, someterse a esas condiciones costaría al gobierno boliviano ganarse la antipatía política de opositores de considerable influencia". Finalmente, el gobierno boliviano optó por una nueva incursión represiva en el trópico a finales de mayo de 1995 buscando cumplir con los acuerdos suscritos con el gobierno de Estados Unidos (Comisión Andina de Juristas 1996: 162). Bajo esta iniciativa el gobierno erradicó 2.200 hectáreas de hoja de coca y logró cumplir con los requerimientos del gobierno de los Estados Unidos luego de la certificación condicionada (Human Rights Watch 1995).

En este sentido, los gobiernos de Sánchez de Lozada y Banzer debieron soportar permanentes presiones provenientes de dos focos. Por un lado, del gobierno de los Estados Unidos quienes buscaban logros sustanciales en la reducción de los cultivos de coca, la firma de un tratado de extradición (que finalmente es firmado a mediados de 1997) y en la solución de los problemas del envolvimiento de algunos funcionarios del gobierno con el narcotráfico (Comisión Andina de Juristas 1996: 159). Por otro lado, presiones por parte de los cocaleros quienes se movilizaron continuamente demandando la no erradicación forzada de los cultivos de coca y el respeto a los derechos humanos.

En esta etapa, las principales peticiones de los cocaleros serán la lucha por el respeto de los derechos humanos en las regiones cocaleras y la no militarización de los procesos de erradicación. Es durante este período que la lucha cocalera adquiere un importante carácter nacionalista y transversal de la lucha cocalera. En el acto realizado en La Paz, tras la llegada de la primera marcha exitosa a dicha ciudad, Alejo Véliz, dirigente de la FSUTCC, afirmó: "Esta marcha no ha sido solamente por la hoja de coca, esta marcha ha sido también por el problema de tierra y territorio, por eso los centenares de compañeros nos plegamos por este problema que históricamente ningún gobierno ha sido capaz de solucionar. La historia nos muestra claramente que nuestro territorio está cautivo, 333 años en manos españolas, 127 años en manos de sus críos en el período feudal y 47 años en manos del criollaje que hoy está encaramado en el poder y ninguno de ellos ha sido capaz de dar solución. [...]. Por lo tanto, hemos venido en esta marcha casi 20 días sacrificadamente, para solicitar simplemente a los inquilinos de este país que nos devuelvan nuestros derechos, porque en definitiva compañeros marchistas y pueblo de La Paz, los verdaderos dueños de este país son los originarios, es el pueblo y no los inquilinos que están encaramados en el parlamento y todo el gobierno"(79).

Con respecto de las formas de lucha, durante esta etapa tenemos la primera marcha que logra llegar a La Paz (en septiembre de 1994). En esta fase, y tras los intentos de erradicación en los Yungas, los cocaleros de esta región nuevamente participaran en las movilizaciones cocaleras. Asimismo, se decide iniciar la acción directa de los comités de autodefensa campesina para evitar la erradicación forzosa. El líder cocalero Evo Morales nos dice: "[...] los trabajadores campesinos del sector asumirán medidas radicales, de enfrentamiento directo contra las fuerzas represoras del gobierno, para defender sus plantaciones y derechos" (Presencia 17//02/1994: 7; 20/02/1994: sección 2, pp. 1 y 3/03/1994: 7). El dirigente también afirmó que: "Ante la provocación del gobierno hemos instruido reactivar los Comités de Autodefensa y las rondas campesinas para velar por nuestros cultivos de coca y nuestro territorio. [...] Si acaso el gobierno no levanta la erradicación forzosa, los 60 mil productores de coca vamos a pasar a la clandestinidad para enfrentar desde la misma zona a esta política, y esta es una decisión oficial de los compañeros campesinos decidida en una asamblea reciente. Los compañeros productores de coca hemos decidido, definitivamente, si el gobierno no cambia de política respecto a la forma de erradicación de los cultivos de coca, pasar de la resistencia a la ofensiva, decir que vamos a enfrentar, hacer cualquier cosa para defender la coca, ya que defender este producto es hacerlo con la vida, defender a la familia, por tanto, no podemos permitir que el gobierno quiera someternos a la erradicación forzosa de nuestros cultivos"(80).

A MODO DE CONCLUSIÓN
Las luchas y los conflictos que se han generado en torno a las políticas antidrogas entre los campesinos cultivadores de coca y los diferentes gobiernos de Bolivia, constituyen una importante expresión de las movilizaciones campesinas en la región andina. Estas luchas han sido estudiadas de manera parcial, es por ello que a través de esta reflexión expositiva, hemos pretendido llenar el vacío que existe en cuanto a la comprensión global del fenómeno, intento que se sustenta en la búsqueda por presentar una visión integral de las luchas cocaleras desarrolladas desde mediados de la década de los ochenta y principios del dos mil.
En este sentido, esta presentación ha tenido como sustento, por un lado, buscar presentar las luchas campesinas del trópico de Cochabamba en una visión de largo alcance que las relacione con los procesos de colonización y con los procesos de constitución de instancias organizativas de la trascendencia política de los sindicatos campesinos en Bolivia. Por otro lado, este artículo buscó presentar, de manera ordenada, las caracterizar principales las diferentes etapas de las luchas cocaleras para contribuir a la comprensión general y no fraccionada de las luchas en el contexto de los últimos catorce años. En este sentido, el articulo ha aportado tanto un nivel teórico-metodológico, como en un nivel analítico- descriptivo.
En cuanto al nivel teórico-metodológico, el articulo puso a prueba las explicaciones sobre la acción colectiva mostrando como los contextos políticos externos a las mismas (para el caso las políticas antidrogas tanto nacionales como internacionales) son un importante factor estructurador de los procesos de movilización social como han demostrado autores como Tilly, Tilly y Tilly (1997), Tarrow (1997 y 1999) y McAdam (1999)(81). Asimismo, en cuanto a los aportes teóricos y metodológicos, también trabajamos con la aproximación de las "estructuras de movilización"(82), mostrando como procesos organizativos previos llevados a cabo por los sectores subalternos sirven de "base" organizativa en momentos críticos de confrontación como ha sido la gestión por las formas que ha de asumir la lucha antidrogas. En este sentido, el texto se concentro en analizar los procesos de colonización del trópico de Cochabamba y los sindicatos campesinos en la región del trópico de Cochabamba.

En cuanto al nivel analítico-descriptivo, el articulo se concentro en presentar una reflexión sobre las etapas de lucha cocalera (1987 y 2001), buscando organizar estos procesos de movilización en etapas caracterizadas por diferentes elementos, siendo la primera etapa (1987- 1989) una centrada en las luchas entorno a la elaboración de una legislación respecto al cultivo y comercialización de la hoja de coca, distinta de la orientada a reprimir el tráfico ilícito de drogas (lucha que se pierde con la aprobación de la legislación antidrogras en Bolivia o Ley 1008), y donde los repertorios de la confrontación estuvieron caracterizados por el bloqueo de caminos, los estados de emergencia y las huelgas de hambre mientras que la respuesta del Estado fue altamente represiva. En la segunda etapa (1989- 2001), los cocaleros se concentran en la no militarización de la lucha antidrogas, es decir, la no participación de las fuerzas armadas en la lucha antidroga y la inclusión de los contenidos étnicos de esta confrontación por la defensa de la hoja de coca, en esta etapa se organiza el primer intento de realizar una marcha a la sede de gobierno (intento fracasado por la intervención militar). La tercera etapa (1993- 2001) se caracteriza por un nuevo ciclo de confrontación y radicalización producto de una política antidrogas cada vez más represiva y una movilización cada vez más organizada y estructurada.

COMENTARIOS

1. Este artículo hace parte de la investigación sobre movilizaciones cocaleras en Colombia y en Bolivia, financiada por la beca de CLACSO-ASDI de promoción de la investigación social 2002 para investigadores jóvenes de América Latina y el Caribe "Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe". El artículo fue actualizado gracias a la investigación "Política contenciosa y dinámicas del conflicto en el área andina", financiada por la beca andina de apoyo a la investigación del Instituto Francés de Estudios Andinos (2006).

2. PINTO María Teresa. "Bolivia: Un viaje por el proceso político que eligió a Evo Morales presidente de Bolivia", en Revista Desafíos, No 14, primer semestre 2006, Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), Universidad del Rosario. ISSN: 0124-4035. 2006, pp. 10-39.

3. RIVERA Alberto. ¿Qué sabemos del Chapare?. CERES. Cochabamba-Bolivia, 1991. CORTEZ Roger, La guerra de la coca. Una sombra sobre los andes. CID-FLACSO, 1992. La Paz. HUMAN RIGHTS WATCH. "Violaciones a los Derechos Humanos y la Guerra Anti-Drogas", en Human Rights Watch, Vol. 7, No. 8 (B), www.hrw.org/spanish/informes/1995/bolivia5.html#conclusion

4. GAMARRA Eduardo. Entre la droga y la democracia. La cooperación entre Estados Unidos- Bolivia y la lucha contra el narcotráfico. ILDIS, La Paz, 1994.

5. CORTEZ Roger, La guerra de la coca. Una sombra sobre los andes. CID-FLACSO, 1992. La Paz., p. 192.

6. Human Rights Watch, 1995, Ob. Cit., p. 7.

7. RONCKEN Theo. "La estrategia boliviana contra el narcotráfico: el éxito de un fracaso", en Acción Andina Bolivia- Centro de Documentación e Información Bolivia, 2000. www.cedib.org/accionandina/analisis/analisis-dignidad.php. FARTHINGLinda y George Ann Potter. "In Focus: Bolivia: Eradicating Democracy", enForeign Policy In Focus, Volume 5, No 38. Tom Barry and Martha Honey (Editores), 2000.

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9. MCCARTHY John y Mayer Zald. "Resources Mobilization and Social Movements: A Partial Theory", en The American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 6, 1977, pp. 1212-1241.

10. TARROW Sydney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales la acción colectiva y la política, Alianza Editorial, Madrid, 1997.

11. TARROW, 1997, Ob. Cit., p. 56.

12. MCADAM Doug, John McCarthy y Mayer Zald (editores).Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales. Editorial Istmo, España, 1999, pp. 71-99.

13. Asimismo, para MCCARTHY, 1999, Ob. Cit., p. 206: "Cuando hablo de estructuras de movilización me estoy refiriendo a las formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas, a los repertorios tácticos, a formas organizativas de movimientos sociales concretos y a repertorios modulares de los movimientos sociales. Quisiera hacer también referencia a los núcleos socioestructurales cotidianos de movilización".

14. TARROW, 1997, Ob. Cit.

15. TARROW, 1997, Ob. Cit., p.54.

16. TARROW, 1997, Ob. Cit., p. 58.

17. ARRUETA José Antonio. Productores de coca y gobierno. Jaque a la concertación. 1990-1995, CERES- PIEB, Cochabamba, mimeo, 1997. PATZO Paco Feliz. Insurgencia y sumisión. Movimientos indígenas campesinos (1983-1998), Editorial Muela del Diablo, La Paz- Bolivia, 1999. CANAVIRI Miguel. La vida en el trópico cochabambino. Los productores de coca más allá de la noticia, Trabajo dirigido para optar el título de comunicador social UMSA, La Paz, 2000.

18. ARRUETA José Antonio. Campesinado, coca y Estado. Sindicalismo y movilización de productores de coca en torno al Plan Trienal de Lucha contra el Narcotráfico, Cochabamba 1987-1989, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, Cusco, 1994.

19. ARRUETA, 1997, Ob. Cit., p. 12.

20. PATZO Paco, 1999, Ob. Cit., p. 48.

21. ILLANES Cecilia. El dilema de la coca - cocaína. Área Coca, Drogas y Desarrollo. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Cochabamba - Bolivia, 2003. ILLANES Cecilia. Marchar por la vida y toda la una vida. Área Coca, Drogas y Desarrollo. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Cochabamba- Bolivia, 2002.

22. Recordemos que la economía del estaño era la fuente de supervivencia de cerca de 400.000 bolivianos. GAMARRA, 1994, Ob. Cit., p. 40.

23. Brackelaire, cita en RIVERA, 1991, Ob. Cit., p. 18. "El Chapare actual", en TORANZO Carlos. Debate regional. El Chapare actual; sindicatos y ONG's en la región. ILDIS-CERES, Cochabamba, pp. 9-22.

24. RIVERA Alberto. "Diagnóstico socio-económico de la población del Chapare". CERES, Cochabamba. mimeo, 1990a. RIVERA Cusicanqui Silva. Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechua de Bolivia 1900- 1980, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Ginebra, 1986.

25. GIRONDA Eusebio. Coca inmortal, Editorial Plural, La Paz- Bolivia, 2001.

26. LASERNA Roberto. De la negociación forzada a la concertación cooperativa. Pautas de concentración sobre el problema de la coca, CERES-PIEB, Cochabamba, Mimeo, 1997.

27. RIVERA, 1986, Ob. Cit., pp. 117-118.

28. ARRUETA, 1994, Ob. Cit., p. 33.

29. ARRUETA, 1994, Ob. Cit., p. 32.

30. Ídem, pp. 49-50.

31. THOUMI Francisco. El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes, IEPRI-Editorial Planeta, Bogotá, 2002.

32. Entre las que tenemos: Chimoré, Primero de Agosto, Catorce de Enero, Santa Rosa, Cinco de Febrero, Puerto Alegre, Seis de Agosto, San Andrés, Puerto Aurora, Nueva Esperanza, Estaño.

33. En la actualidad son seis: Federación del Trópico, Federación de Carrasco, Federación de Chimoré, Federación de Mamoré, Federación de Centrales Unidas y Federación de los Yungas-Chapare.

34. Entrevista a Juana Quispe (21/07/2003), José Chile (21/07/2003) y Rene Santander (21/07/2003).

35. RIVERA, 1990ª, Ob. Cit., p. 55 y entrevista a José Chile (21/07/2003) y Rene Santander (21/07/2003).

36. Entrevista a José Chile (21/07/2003) y Rene Santander (21/07/2003).

37. RIVERA, 1990ª, Ob. Cit., p. 55.

38. ARRUETA, 1994, Ob. Cit., pp. 33 y 50; HEALY, 1999, cita en THOUMI, 2002, Ob. Cit., p. 141.

39. ARRUETA, Ídem; Human Rights Watch, 1995, Ob. Cit.

40. Ídem, p. 9.

41. Cortez, 1992, Ob. Cit., p. 194.

42. Ídem.

43. PATZO Paco, 1999, Ob. Cit., p. 49.

44. Ídem, p. 89.

45. CARLSON, 2000, Ob. Cit., p. 8.

46. Morató, cita en RIVERA, 1991, Ob. Cit., p. 57.

47. RIVERA, 1990b, Ob. Cit., p. 10.

48. PATZO Paco, 1999, Ob. Cit., p. 85.

49. ZAVALETA Mercado René. "Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia", en ZAVALETA Mercado René, Bolivia Hoy, Siglo XXI Editores, México, 1983, pp. 219-240. 227.

50. DEBUSMANN Bernd. "Bolivia's Economic Woes. U.S. Inspired War On Cocaine Spurs Fear Of Rebellion", en Seattle Times, Seattle, Washington, 1988, pp. A3.

51. RIVERA, 1990b y 1991, Ob. Cit., p.19.

52. ALBÓ Xavier y Raúl Barrios (coordinadores). Violencias encubiertas en Bolivia #2. Coca, vida cotidiana y comunicación, CIPCA- ARUWIYIRI, La Paz- Bolivia, 1993; Gamarra 1994, Human Rights Watch 1995 y 1996, Zambrana 1996, Laserna 1997 y 1999, Aguiló 1998, Carlson 2000, Thoumi 2002, Illanes 2003, CEDIB 2003, Ob. Cit.

53. GAMARRA, 1994, Ob. Cit., p. 3; ILLANES, 2003, Ob. Cit., p. 23.

54. Ídem, p. 23.

55. Por ejemplo, en 1990 el embajador estadounidense en Bolivia, notificó que el gobierno boliviano recibiría 33.2 millones de dólares que comprometió Estados Unidos en equipos bélicos, solo si el presidente Jaime Paz Zamora ordenaba el ingreso de los militares bolivianos a la lucha directa contra el narcotráfico (Presencia 10/08/1990: 1 y 7).

56. TARROW, 1997 y 1999, Ob. Cit; MCADAM, et. al., 1999, Ob. Cit., p. 32; Estos autores consideran acertados para estudiar la estructura de oportunidades políticas dentro de la cual se desenvuelven los movimientos sociales elementos como la apertura del acceso al poder; los cambios en los lineamientos gubernamentales; los cambios en la disponibilidad de aliados influyentes; y los cambio de las divisiones entre las élites.

57. Los diarios revisados en Bolivia fueron: El Diario (1987 y 1994), La Razón (1998 y 2000) y Presencia (1987, 1988, 1990, 1991, 1994, 1995 y 1996).

58. ARRUETA, 1994, Ob. Cit., p. 76.

59. Previamente al gobierno de Paz Estenssoro los cocaleros habían tenido reacciones contra los diferentes programas de erradicación como en 1983 y 1984 con los bloqueos de caminos de los productores de coca del Chapare (Rivera en Arrueta 1994: 76 y Healy en Pacini y Franquemont cita en Carlson 2000: 3). Del mismo modo, en junio de 1987 una unidad de UMOPAR y agentes de la DEA fueron expulsados del pueblo de Chimoré en Cochabamba. GAMARRA, 1994, Ob. Cit., p. 46.

60. Ídem., p. 52.

61. Léons y Sanabria (1997), cita en THOUMI 2002, Ob. Cit., p. 144 y Human Rights Watch, 1995, Ob. Cit., p. 8.

62. Cortez, 1992, Ob. Cit., pp. 201-202; Arrueta, 1994, Ob. Cit.

63. Durante la primera etapa, que tuvo una duración de tres años, tenemos los siguientes acuerdos: el de junio de 1987, el de febrero de 1988, y el de mayo de 1988. Durante la segunda etapa, que tuvo una duración de cuatro años, tenemos los siguientes acuerdos: el de agosto de 1990, el de junio de 1991 y el de julio de 1991. Durante la tercera etapa, que tuvo una duración de cinco años, tenemos el acuerdo de marzo de 1994, el de febrero de 1996, el de octubre de 1998 y el de octubre de 2000.

64. Los Tiempos, cita en ILDIS-CEDIB. Coca - Cronología Bolivia: 1986 - 1992. Cochabamba-Bolivia.ILDIS-CEDIS 1994, p. 188.

65. GAMARRA, 1994, Ob. Cit., pp. 89-90.

66. Una de las reuniones más importantes de este período fue la Reunión de Cartagena donde se propuso la intervención de las fuerzas armadas en la represión del tráfico ilícito de drogas: "La represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, es su esencia, de carácter policial. Sin embargo, ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta, y de conformidad con el interés soberano de cada Estado y con su propio ordenamiento jurídico, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países, dentro de su propio territorio y jurisdicciones nacionales, también pueden tomar parte". Declaración de Cartagena, ILDIS-CEDIS 1994, Ob. Cit., p. 356.

67. GAMARRA, 1994, Ob. Cit., p. 73.

68. RONCKEN Theo. "La estrategia boliviana contra el narcotráfico: el éxito de un fracaso", en Acción Andina Bolivia- Centro de Documentación e Información Bolivia, 2000, http://www.cedib.org/accionandina/analisis/analisis-dignidad.php.

69. I Encuentro Andino de Productores de Coca, ILDIS-CEDIS, 1994, Ob. Cit., p. 452.

70. ARRUETA, 1994, Ob. Cit., p. 96.

71. GAMARRA, 1994, Ob. Cit., pp. 112-113.

72. RONCKEN, 2000, Ob. Cit., p. 6.

73. Comisión Andina de Juristas. Región Andina 1995. Modernización e inestabilidad, Comisión Andina de Juristas, Lima, 1996, p. 90.

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75. Contreras 1995, Human Rights Watch 1995 y 1996, Comisión Andina de Juristas 1996, Camacho 1999, Roncken 2000 y Ledebur 2002.

76. CONTRERAS, 1995, Ob. Cit., p. 5 y 17.

77. Ídem., p. 36.

78. CAMACHO Natalia. "La marcha como táctica de concertación política (las marchas cocaleras de 1994 y 1995)", en LASERNA Roberto, Natalia Camacho y Eduardo Córdova, Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca, CERES-PIEB, La Paz, 1999, pp. 1-64.

79. CONTRERAS, 1995, Ob. Cit., p.137-138.

80. Los Tiempos, 3 de marzo de 1994; cita CONTRERAS, 1995, Ob. Cit., p. 24.

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