El abordaje del homicidio sexual en contexto de conflicto armado. El caso de la masacre de el Salado.(1)

The forensic approach to sexual homicide in the context of armed conflict. The case of "El Salado" massacre.

Viviana Quintero Márquez¹
Silvia Otero Bahamón²
Ingrid Bolívar Ramírez³

¹Politóloga y filósofa de la Universidad de los Andes. Asistente de investigación del Grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Rehabilitación y Reconciliación (CNRR). Correo electrónico: vivi.quinterom@gmail.com

²Politóloga de la Universidad de los Andes e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Miembro de ODECOFI (Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado). Estudiantes de doctorado en Ciencia Política en Nortwestern, University Evanston, EEUU. Correo electrónico: silviaoterobahamon@gmail.com

³Profesora Asistente Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Miembro de ODECOFI (Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado). Estudiante de doctorado en Historia de University of Wisconsin at Madison, EEUU Correo electrónico: ibolivar14@gmail.com

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RESUMEN

Durante la última década el tema de la violencia sexual en el conflicto colombiano ha llamado la atención de académicos y activistas. Una de las preocupaciones más relevantes al respecto ha tenido que ver con la atención estatal que se presta en estos casos, pero son pocos los análisis sobre el trabajo forense, e inexistentes los estudios sobre el tipo de abordaje médico legal que se da a las mujeres que tras ser violadas son asesinadas por los actores armados. Este artículo se propone abrir la caja negra de la atención médico legal en la masacre de El Salado a través de la comprensión de los factores que posibilitaron u obstaculizaron la búsqueda de evidencias útiles para la investigación de posibles delitos sexuales cometidos contra las mujeres allí asesinadas.

Palabras clave: violencia sexual, evidencia de delitos sexuales conflicto armado, abordaje médico legal, masacres, cadáveres femeninos.

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SUMMARY

During the last decade, the discussion of sexual violence in the Colombian conflict has called the attention of scholars and activists. One of the most relevant concerns about this matter has dealt with the official attention that is given to these cases; but there is not much analysis on the forensic work. Studies on the type of medical legal approach devoted to women who, after being raped, are assassinated by the armed actors, practically do not exist. This article intends to open the black box of medical legal approach in the massacre of "El Salado", through the understanding of the factors that facilitated or obstructed the search of useful evidences for the investigation of possible sex crimes committed against women murdered there.

Key words: Sexual violence, evidence of sex crimes, armed conflict, medical legal approach, massacre, female corpses.

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INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo en este artículo es alimentar la discusión sobre la ocurrencia y las formas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, a partir del estudio de los "modos de operación" y de algunas de las "condiciones" que distintos agentes del estado enfrentaron para documentar eventos de violencia sexual en el caso específico de la Masacre del Salado (corregimiento del Carmen de Bolívar en febrero de 2000), (Noche y Niebla, 2000, GMH, 2009).

Partimos de reconocer que la violencia sexual ha emergido como tema de discusión en el contexto del conflicto y la violencia política colombianos, gracias al trabajo continuado de un conjunto de personas(2). , organizaciones sociales(3). , y también, al esfuerzo de algunas agencias estatales y a la implementación de mecanismos internacionales de defensa. De hecho, varias organizaciones sociales y de mujeres, apoyadas en instrumentos internacionales de protección e investigación(4). y en el interés de los organismos judiciales por mejorar la administración de justicia en estos casos (ley 938 de diciembre de 2004), solicitaron a los entes encargados de las diligencias forenses: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF), técnicas y de investigación: (Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Policía Judicial), revelar si, de acuerdo a lo dicho por los testigos, hubo violencia sexual contra las mujeres víctimas de la Masacre del Salado. Estas organizaciones también cuestionaron por qué, a pesar de las denuncias, no se produjeron diagnósticos, pronunciamientos, investigaciones, ni sentencias al respecto (Revista Semana, 2004). De alguna manera, con su trabajo las organizaciones dirigieron la atención hacia los organismos estatales encargados del abordaje médico-legal, sus "fallas" y la sensibilidad o no de los funcionarios frente a los temas de género y violencia sexual.

El esfuerzo de las organizaciones sociales y de las autoridades por convertir el tema de la violencia sexual en uno de los temas a discutir en el análisis del tipo de conflicto armado o de violencia política que se vive en Colombia queda más claro si se recuerda que los delitos sexuales no suelen asociarse con lo "político", sino con otro tipo de espacios sociales (la familia, los amigos) y que el propio fenómeno de la violencia política tiende a pensarse más como una lucha militar, ideológica y política desprovista de dimensiones sexuales(5).

Ahora bien, que el conocimiento sobre las formas de violencia sexual en el conflicto armado tienda a provenir de las organizaciones sociales implica que se trata de un conocimiento que realza los aspectos jurídicos de las violaciones a los derechos. Es un conocimiento que enfatiza -con razón- el sufrimiento de las víctimas y el rompimiento de normas legales, pero que tiende a subestimar o a simplificar las condiciones socio-históricas y técnicas bajo las que operan los agentes del estado. Por supuesto aquí no estamos lidiando con problemas particulares de las organizaciones, sino con tensiones entre formas de conocimiento centradas en la ley y formas de conocimiento más sociológicas e históricas a propósito del mismo tipo de procesos de violencia(6). Y por supuesto, la prevalencia de un tipo u otro de conocimiento no es sólo una decisión intelectual sino también un juego con efectos políticos específicos.

Nosotras inscribimos nuestro trabajo en este contexto. Compartimos la preocupación de las organizaciones sociales a propósito de la violencia política y la violencia sexual como fenómenos ampliamente diferenciados en términos de género. Al mismo tiempo, consideramos que para avanzar en la comprensión de lo que está en juego con esos fenómenos, necesitamos desarrollar aproximaciones más sociológicas e históricas sobre cómo actúan las agencias estatales. Queremos mostrar que más allá de la existencia o no de "sensibilidad de género" entre los funcionarios estatales, y su conocimiento o no de los instrumentos legales nacionales e internacionales existen una serie de condiciones institucionales y otras físico-biológicas que afectan la realización del trabajo y los productos que de él resultan. De ahí nuestro interés por entender los factores que posibilitaron u obstaculizaron la búsqueda de evidencias útiles para la investigación de posibles delitos sexuales cometidos contra las mujeres asesinadas en la masacre del Salado.

Organizamos el documento en cuatro secciones. En la primera, describimos los hechos ocurridos en la masacre de El Salado, con énfasis en la violencia sexual. Luego, exploramos algunos elementos analíticos que amplían la comprensión sobre estos delitos en contextos bélicos. En el tercer apartado esbozamos una serie de factores que inciden en la atención y documentación de los casos de violencia sexual, tanto en el área de clínica -víctimas sobrevivientes-, como en la de patología - víctimas mortales-. Finalmente, exponemos los procedimientos y diligencias técnicas, investigativas y forenses implementadas en la masacre de El Salado. Buscamos mostrar qué factores intervinieron en la documentación de los crímenes contra las mujeres allí asesinadas.

En términos de fuentes utilizamos, además de la literatura secundaria, los protocolos de necropsia realizados por el INMLyCF y los patólogos de la Fiscalía, así como los informes y actas de inspección de cadáver realizadas por el CTI de la Fiscalía que se encuentran en el expediente judicial de esta masacre. Se realizaron entrevistas a pobladores, testigos y funcionarios de las instituciones involucradas, y se recogió material fotográfico durante el trabajo de campo con el grupo de Memoria Histórica de la CNRR. En términos de métodos sometimos nuestras distintas fuentes a los básicos ejercicios de contrastación y complementación. Indagamos por las explicaciones y por las comprensiones que los médicos y auxiliares forenses tienen de su trabajo partiendo de la propia responsabilidad que como científicas sociales tenemos de entender mejor qué lógicas guían estas formas de intervención, cómo inciden las condiciones de trabajo sobre los resultados que las agencias estatales producen y sobre las demandas de "verdad científica" que las organizaciones les exigen.

1. LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA MASACRE DE EL SALADO, BOLÍVAR

La masacre ocurrida en el corregimiento El Salado del Carmen de Bolívar, abrió dos discusiones en torno a la violencia sexual en contexto de masacre en Colombia. Primera, el número de crímenes, incluidos la desnudez forzada, la violación sexual, la tortura sexual así como el homicidio de nueve mujeres puso el foco de atención de funcionarios, medios de comunicación, organizaciones, académicos, entre otros, en las dimensiones de la ocurrencia de violencia sexual en la confrontación armada. En segundo lugar se empezaron a discutir las prácticas forenses, técnicas e investigativas así como de fiscales y jueces en torno a los delitos sexuales en contexto de conflicto armado, pues al parecer, varios testigos de la masacre denunciaron la ocurrencia de graves delitos sexuales contra las mujeres frente a los funcionarios que llegaron a realizar las diligencias de inspección de cadáver y necropsias, sin que éstos hicieran caso de estas denuncias concretas. Es decir, sin que tomaran posibles evidencias de violación sexual y/o ataques sexuales a los cadáveres, sin que documentaran la información proporcionada por los testigos en sus actas de trabajo, y en general, sin que dieran cuenta de la posible ocurrencia de este tipo de violencia.

Teniendo presente tales discusiones, nuestra exposición del caso del Salado sitúa primero la masacre en su contexto bélico y, en segundo lugar, da cuenta de los hechos ocurridos allí, haciendo énfasis en el delito sexual.

1.1 El contexto bélico de la masacre(7).

Entre el 18 y 19 de febrero del año 2000, un número aproximado de 600 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), guiados por Emmanuel Ortiz, un exguerrillero de las Farc, ingresaron al corregimiento del Salado en los Montes de María donde ejecutaron extrajudicialmente a 46 campesinos dentro de los que se encontraban nueve mujeres, una de ellas menor de edad (Noche y Niebla, 2000, GMH, 2009). La masacre fue cometida por tres frentes del bloque Héroes de Montes de María de las ACCU (cada uno con aproximadamente 200 hombres). Un frente avanzó copando el corregimiento en sus distintas vías de acceso, otro se constituyó como retaguardia, y un último grupo ejecutó la masacre permaneciendo allí hasta el día siguiente. Según testigos los paramilitares llegaron gritando "muerte a los guerrilleros" y acusando a los pobladores de ser auxiliadores y cómplices de la guerrilla.

Durante ese día y el siguiente, fuerzas armadas del Estado, así como varios medios de comunicación (GMH, 2009: 79-81, y 170), aseveraron que los hechos del Salado eran resultado de un combate entre las Farc y los paramilitares, pero una vez ingresó la comisión de la Fiscalía junto con otras instituciones y organizaciones, se observaron las dimensiones de las infracciones a los derechos humanos cometidos contra civiles.

Aunque los medios de comunicación presentaron los hechos descritos como "la masacre del Salado", lo que se concluye de la información aportada por el expediente judicial es que el conjunto de casos de atendidos en esa fecha es más amplio que el de los hechos ocurridos específicamente en El Salado. En efecto, y como lo confirma el Grupo de Memoria Histórica en su informe sobre esta masacre (GMH, 2009), entre el 16 y 19 de febrero de 2000 el mismo grupo de autodefensas asesinaron a habitantes del Salado, pero también dejaron varias víctimas mortales en Ovejas, Sucre, en la vía que conduce de este municipio al Salado, y en distintas fincas que hacen parte de este recorrido.

Teniendo en cuenta la definición de masacre de la Defensoría del Pueblo, según la cual una masacre se comprende no sólo por el número víctimas mortales en un mismo lugar, "sino que también puede darse en varios municipios o localidades de una misma vereda, corregimiento, jurisdicción, y hasta departamento (Defensoría del Pueblo, 2000: 13), puede aseverarse que la masacre del Salado comprende un recorrido paramilitar que se sirve de la carretera que sale de Ovejas y que conduce a los municipios del Salado, Guaimaral y San Pedro.

Comprender la masacre del Salado como un recorrido de los paramilitares y no únicamente como una incursión localizada en un corregimiento (aunque la mayoría de las víctimas hayan sido las del Salado), permite mostrar dos puntos importantes: primero, que aunque las autodefensas argüían que la masacre tenía como móvil castigar la supuesta simpatía de los habitantes con la guerrilla, posiblemente otras razones, más de orden territorial y de despojo de tierras y bienes, intervinieron de forma decisiva en el hecho; y segundo, que cualesquiera que fuera el conjunto de los motivos, la masacre fue de mayores dimensiones de las que hasta ahora se conocen, y esto puede incluir otros eventos de abuso sexual(8) .

1.2 Los hechos de la masacre del Salado con énfasis en el delito sexual

Los crímenes que se cometieron en la masacre del Salado son principalmente: ejecución extrajudicial de civiles, tortura, lesiones personales, desplazamiento forzado, amenazas individuales y colectivas, ataque a la población, pillaje y daño de bienes civiles, así como el evento mismo de la masacre que los enmarca y que se constituye como una de las más atroces de toda la década (GMH, 2009). Varios testigos denunciaron la ocurrencia de violencia y tortura sexual en la masacre. Estos ataques habrían tenido como resultado mujeres sobrevivientes así como víctimas mortales, y abarcaría en menor medida las fincas y poblados ubicados en la ruta que siguieron los paramilitares desde Ovejas hasta el Salado.

Las referencias más enérgicas en torno a los delitos sexuales ocurridos fueron publicadas en el mismo año por el boletín Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP, así como el artículo "Cuerpo femenino, botín de guerra" publicado por la Revista Semana en su edición 1173 de 2004. Estas fuentes afirmaron que las mujeres fueron víctimas de violación, torturas sexuales, desnudez forzada, entre otros. Anota Semana: "Durante la masacre, las mujeres fueron sexualmente humilladas, obligadas a desnudarse y a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas y sometidas a diversas torturas". Basado en un informe de Amnistía Internacional continúa el artículo: "La mutilación de órganos sexuales y el empalamiento de una mujer embarazada, previamente sometida a violación en grupo, también fueron denunciados. Aunque estaban advertidos de que se habían cometido abusos sexuales, los fiscales que exhumaron los cuerpos de 28 de las 49 víctimas no recogieron evidencias de las violaciones" (Semana, 2004).

Estas denuncias invitan a explorar el caso que, en efecto, ha cobrado el mayor número de víctimas femeninas en la reciente historia del conflicto colombiano(9). , así como a dar cuenta del tipo de abordaje técnico, investigativo y forense que realizaron los funcionarios y el contexto en que tuvieron lugar estas pesquisas.

2. LOS DELITOS SEXUALES EN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO

Los hechos ocurridos en la masacre del Salado no son aislados en el conflicto armado colombiano. La Corte Constitucional en el auto 092, anota como presupuesto fáctico de su decisión el que haya un "impacto desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas" (Corte Constitucional de Colombia, 2008: 2). Varias agencias del Estado y principalmente organizaciones no gubernamentales se han propuesto dar cuenta de esta "desproporción" y construir marcos comprensivos sobre lo que ocurre a las mujeres en el conflicto colombiano, mientras que científicos sociales también han conceptualizado la ocurrencia de este fenómeno principalmente a través de la investigación de otros conflictos y la comparación entre casos.

2.1 El caso de Colombia: un conocimiento construido desde las organizaciones sociales

Las organizaciones han insistido en que los delitos sexuales en el conflicto colombiano no son "efectos colaterales" de la guerra, casos aislados, esporádicos, marginados o no planeados, sino por el contrario, su ocurrencia es alta y ocurre en distintas zonas donde hay o ha habido presencia de actores armados. Para ello han documentado casos y también se han apoyado en una dinámica relación con marcos jurídicos como el DIH, el Derecho Internacional, entre otros, que se han convertido en herramienta de trabajo de importantes cortes como la Interamericana de Derechos Humanos, la Penal Internacional, etc. (Corporación Humanas, 2009, Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, Sisma Mujer, etc.).

Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que durante 2003 más de una mujer murió cada día en Colombia a causa de la violencia socio-política, 313 fueron víctimas de homicidios políticos o ejecuciones extrajudiciales, 40 fueron desaparecidas y 87 murieron a causa de la violencia contra personas socialmente marginadas. En ese mismo año, 49 mujeres perdieron la vida en medio de combates. El informe concluye registrando algunas de las prácticas más comunes contra las mujeres en el contexto de la confrontación armada: la retención, violación, prostitución y explotación sexual de niños y niñas, enmarcados todos en formas de controlar simbólicamente un territorio y su población (Defensoría del Pueblo, 2008: 35-37).

Dentro de las diversas formas de violencia sexual que emplean los actores armados del conflicto colombiano se encuentran la violación, el abuso y el acoso sexual, la prostitución forzada, las amenazas con contenido sexual, la desnudez forzada, el secuestro y la esclavitud sexual, las mutilaciones sexuales, el control de la reproducción contra niñas y mujeres combatientes (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2006: 14-15).Todas estas formas de violencia sexual no surgen a propósito del conflicto armado; sino que son un "elemento fijo en la vida de las mujeres durante tiempos de paz que empeora y degenera durante el enfrentamiento interno" (CIDH, 2006).

Según la Corporación Humanas, la violencia sexual es un componente estratégico del conflicto colombiano en varios escenarios: el primero tiene que ver con los objetivos bélicos y territoriales de las estructuras armadas; el segundo con las estrategias de control sobre las comunidades; y, el tercero con la composición de los ejércitos. Estas tres dimensiones de la ocurrencia de la violencia sexual en el conflicto implican momentos, lugares y perpetradores diferenciados.

Ocurre violencia sexual cuando los esquemas de seguridad se basan en la militarización y el involucramiento de la población civil en el conflicto, cuando los armados desarrollan tácticas de "ataque" o de "ocupación" de territorios específicos, cuando las tropas avanzan sobre un corredor desplazando comunidades, perpetrando amenazas, ejecuciones extrajudiciales y masacres y cuando en contexto de disputa se da lugar a la estigmatización de la población civil como "colaboradora" de alguno de los bandos (Corporación Humanas, 2009b: 9-11).

También acontece la violencia sexual cuando los actores armados logran establecer control territorial y/o social siendo capaces de intervenir en el comportamiento de los habitantes de una comunidad a través de la imposición de prácticas y normas específicas de conducta, cuando organizaciones sociales hacen contrapeso a los proyectos de los armados, cuando hay presencia de poblaciones específicas como los indígenas y afro colombianos y cuando sectores marginales coexisten con el orden social "deseado" por los armados. En este escenario la violencia sexual tiene lugar en contextos de privación de la libertad, detención, retén, secuestro, entre otros (Corporación Humanas, 2009b).

Finalmente, la violencia sexual también tiene lugar cuando se presentan tropas ajenas a la región, propias de la región y externas pero con informantes de las localidades atacadas. También bajo el conocimiento de los jefes, como ritual de guerra y por "oportunidad" (Corporación Humanas, 2009). Las finalidades estratégicas y sociopolíticas han sido organizadas así: a) dominar, b) regular, c) callar, d) obtener información, e) castigar, f) expropiar g) exterminar, h) recompensar a los miembros de las filas, i) cohesionar (Corporación Humanas:2009,15-18).

2.1.1 Las demandas de las organizaciones

Datos contenidos en el portal Verdad Abierta indican que hasta ahora se han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación 100 hechos de violencia sexual cometidos por grupos paramilitares acogidos a la ley de Justicia y Paz. Por otra parte, de las 188 mil víctimas que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) ha registrado oficialmente, sólo 96 han sido reconocidas como víctimas de delitos sexuales (Verdad Abierta a).

El Anexo Reservado del Auto 092 de la Corte Constitucional remitió a la Fiscalía 183 hechos de violencia sexual, de los que sólo 22 se encuentran en procesos en la Fiscalía, 4 en juzgados, 1 precluído y 1 absuelto y sin respuesta institucional. En 152 casos no se ha instaurado ningún procedimiento legal. (Verdad Abierta b).

Frente a esta situación las organizaciones sociales han anotado que existe un enorme subregistro de casos que obedece tanto "a las carencias y debilidades de los sistemas de registro [como] al temor de las mujeres a denunciar por las represalias que puedan tomar los actores armados contra ellas, o incluso al rechazo de la propia comunidad". (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2006:16). Adicionalmente, a la baja cantidad de denuncias se suma la ausencia de confesiones de los desmovilizados que han presentado versiones libres como postulados a la Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) (Grupo de Trabajo Mujer y Género por la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Reconciliación, 2008).

En medio de este escenario no son muchas las investigaciones científicas que analizan la relación concreta entre eventos específicos del conflicto armado, como masacres, ejecuciones, desapariciones, etc., y la violencia sexual. Si el desconocimiento del fenómeno de la violencia sexual en mujeres que sobrevivieron es extendido, el desconocimiento sobre casos de mujeres que fueron asesinadas tras la violación es prácticamente total.

2.2 Violencia sexual de más de dos: la perspectiva de los académicos

En el año 2003, la investigadora argentina Rita Laura Segato realizó un análisis de la violación a partir de entrevistas a violadores presos en las cárceles de Brasil. La autora exploró lo que ella definió como las dimensiones instrumentales y expresivas de los crímenes contra la mujer. En los años siguientes puso a prueba sus hallazgos en los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez, México. Si bien estos aportes hablan de todo tipo de violación sexual, ayudan especialmente a comprender el entramado de estos crímenes en contextos políticos, ya sean guerras, o luchas por control territorial (Segato, 2003).

Según Segato, en los actos de la violación y homicidio sexual existen otros destinatarios tanto o más importantes que la víctima. Esto la lleva a concluir que dichos crímenes son, además de actos instrumentales, actos expresivos que transmiten y envían mensajes a varios interlocutores. Las recurrentes menciones de los presos brasileños a "otros hombres imaginarios" durante la violación, hace que la autora sugiera que la violencia sexual deba analizarse en dos ejes: uno vertical y otro horizontal (Segato, 2003). En el eje vertical, comúnmente explorado en los análisis sociológicos y médico-legales, se ubican el agresor y la víctima en una relación de subordinación y jerarquía. La violación impone la reducción de la mujer y la superioridad del hombre. Pero el otro, el eje horizontal, es aquel donde se ubican el agresor y sus pares: otros hombres hacia quienes también está dirigida la violación y los otros crímenes. Como relata Segato, el agresor se dirige a sus pares para ingresar a hermandades masculinas, para demostrar su virilidad, "para competir con ellos y mostrar que merece por su agresividad y poder de muerte, ocupar un lugar en la hermandad viril y hasta adquirir una posición destacada en una fratría que sólo reconoce un lenguaje jerárquico y una organización piramidal" (Segato, 2004: 8).

En el caso de Ciudad Juárez, el eje horizontal resulta necesario para entender cómo, en la frontera más patrullada del mundo (Estados Unidos con México), y en un periodo de 15 años, han sido asesinadas y torturadas sexualmente más de 3000 mujeres sin que las autoridades hayan encontrado responsables. Según la interpretación de Segato, en estos asesinatos el sometimiento de la mujer no es lo predominante. Lo es, en cambio, el control territorial de las hermandades mafiosas sobre la frontera, por donde se trafican todo tipo de ilícitos.

En Ciudad Juárez, una corporación mafiosa conformada por miembros de la elite económica y el estado local involucrada en los negocios ilícitos de la región (tráfico de personas, armas, drogas, etc.), refuerza su lealtad de grupo y demuestra su capacidad de hacer daño a través del secuestro, tortura colectiva, violación en grupo y asesinato de mujeres. Como enfatiza Segato, "en estos cuerpos torturados la corporación mafiosa comunica y refuerza su potencia y cohesión de grupo, la fidelidad de la red de personas que controla, así como los cuantiosos recursos de que esa red dispone para garantizar a discrecionalidad e impunidad absoluta de los participantes. Al mismo tiempo exhibe así su dominio irrestricto y totalitario sobre la localidad, la región y la nación, pues está visto que ésta no consigue intervenir con eficacia. En las marcas inscritas en estos cuerpos, los perpetradores hacen pública su capacidad de dominio irrestricto y totalitario sobre la localidad ante sus pares, ante la población local y ante los agentes del estado, que son inermes o cómplices" (Segato, 2007: 43).

El eje horizontal, -de pares y hermandades masculinas-, es igualmente central en el análisis de Kimberly Theidon sobre el caso peruano. La autora se pregunta por qué, en el conflicto armado peruano, sucedieron tan recurrentemente las violaciones grupales. Theidon explora el aspecto ritualístico de la violación grupal donde los "lazos de sangre unían a los soldados, y los cuerpos de las mujeres violadas servían como medio para forjar aquellos lazos" (Theidon, 2007: 21). Así, "cometer actos moralmente aberrantes frente de otros no solo instituye lazos entre los perpetradores, sino también foja sinvergüenzas capaces de una brutalidad tremenda. El perder el sentido de vergüenza (una "emoción regulatoria" ya que la vergüenza implica un otro en frente del cual uno se siente avergonzado) crea hombres con una capacidad recalibrada para la atrocidad" (Theidon, 2007: 22).

Las investigaciones de Segato en Ciudad Juárez y de Theidon en Perú muestran los significados de la violación y el homicidio sexual en contextos políticos, que no remiten a la privacidad del hogar ni al anonimato del asalto callejero. En estos casos, el eje horizontal entre el agresor y sus pares es fundamental para entender cómo los crímenes en el cuerpo de la mujer sirven para afianzar el dominio político y territorial, fortalecer hermandades, y habilitar para el ejercicio de la crueldad.

Varios autores(10). han encontrado que la violación constituye para los agresores el comienzo de cierta solidaridad y protección de grupo basada en la culpa, el robo de algo, una conquista simbólica, un triunfo e incluso un "botín de guerra". En estos contextos gran parte de los bandos cometen abusos sexuales fuera y/o al margen de las organizaciones a las que pertenecen.

Wood (Wood, 2004: 3-10) y (Nader, 2003) ha documentado que la violencia sexual se ha presentado en la mayoría de guerras -ya sean de carácter internacional o interno-, y se exacerba en un clima de diferencias nacionales o de nacionalismos, o en conflictos donde están involucradas diferentes razas y etnias. La reciente historia del siglo XX tiene varios ejemplos que mostrar. En unos las violaciones y torturas precedieron el homicidio de mujeres(11). , en otros, a pesar de las violaciones, embarazos y esclavitud sexual, estos delitos no precedieron los homicidios de las mujeres(12). .

Para varios autores, quienes cometen violaciones en contextos de confrontación armada no son "enfermos mentales", sino actores que llevan a cabo la violación dentro de un repertorio de prácticas aceptadas entre los ejércitos (Wood, 2004; Theidon, 2007). Con la violación sexual, los actores reciben incentivos para sentirse más valientes y guerreros (OIM, 2002: 1), se llevan su "botín de guerra", afianzan sus camaraderías, y refuerzan patrones de masculinidad militar, generalmente promovidas por sus líderes (Wood, 2004: 9). Mediante estos actos se llevan a cabo tareas propias de la organización armada: representación de la dominación del enemigo, afectación del honor, humillación y desmoralización del bando contrario, exacerbación de los odios, "contaminación" de la raza opuesta, y castigo a las mujeres que tienen algún tipo de relación con sujetos del bando contrario.

3. FACTORES QUE INCIDEN EN LA DOCUMENTACIÓN DE POSIBLES DELITOS SEXUALES PREVIOS AL HOMICIDIO DE MUJERES

Como ya se ha mencionado, la difusión de crímenes contra mujeres que fueron posteriormente asesinadas no sólo en la masacre del Salado, sino en otros eventos(13). prendieron las alarmas: muchos casos de este tipo podrían estar pasando desapercibidos pues la evidencia probatoria se encuentra principalmente en los cadáveres.

La investigación 719, realizada por el INMLyCF, Cinep y la Universidad de los Andes, comenzó indagando si las autoridades cumplían o no con los procedimientos consagrados en los protocolos para documentar o detectar indicios de violencia sexual en cadáveres de mujeres, pero después de un proceso que en su conjunto duró cuatro años, en el que conocimos de cerca las condiciones en que trabajan los técnicos, investigadores y médicos forenses, la pregunta se terminó orientando por la forma como estos profesionales se relacionan con dichos procedimientos. Un largo trabajo de lectura de manuales internacionales y nacionales de formación forense, de entrevistas y de trabajo de campo nos permitió ir organizando las razones por las que se dificulta la toma de estas posibles evidencias en lo que hoy llamamos factores(14) .

Entendemos estos factores como circunstancias, entornos, y/o marcos interpretativos que inciden en la toma de muestras útiles para determinar si hubo violencia sexual en cadáveres femeninos. Estos se hacen presentes de manera diferenciada en el abordaje médico legal de cada caso.

Algunos ejemplos de factores que pudieron incidir en el abordaje forense de la masacre del Salado son las condiciones de inseguridad posterior a la masacre; las difíciles condiciones de acceso del equipo forense a la zona donde ésta ocurrió; las condiciones atmosféricas que aceleraron la descomposición de los cuerpos y dificultaron la preservación de evidencias, el traslado e inhumación de los cadáveres previa a las diligencias forenses. De otro lado, ejemplos de "marcos interpretativos" pueden ser la falta de información que se dio a los médicos sobre los hechos sucedidos; el desconocimiento de estas problemáticas asociadas al género de parte de los profesionales que atendieron el caso; la presencia limitada del INMLyCF en los Montes de María, y su ausencia en localidades donde suceden con más frecuencia este tipo de hechos violentos.

A la fecha, hemos identificado diez factores específicos que se trabajarán en la sección del abordaje médico legal de la masacre del Salado, estos son: a) el entorno que pregunta y presiona por seguimiento de la violencia sexual, b) las formas de ejercer la medicina forense, c) la conexión que hay entre la escena del crimen y la sala de necropsias, d) el nivel de capacitación del médico al que le corresponde hacer la necropsia, e) la vigilancia del personal: capacitaciones y monitoreo, f) los formatos de necropsia, g) los signos de violencia sexual, h) las condiciones para la toma de evidencias, i) la capacidad instalada en Unidades Básicas. En este artículo también se evidenciarán otros factores que no tienen que ver sólo con el abordaje forense sino también con el abordaje técnico e investigativo.

4. EL ABORDAJE TÉCNICO, INVESTIGATIVO Y FORENSE DE LA MASACRE DEL SALADO CON ÉNFASIS EN LOS CADÁVERES DE SEXO FEMENINO

La primera particularidad de esta masacre en términos del abordaje médico-legal tiene que ver con que fue atendida por un equipo interinstitucional comprendido por miembros del CTI y el INMLyCF. Teniendo en cuenta las dimensiones de los hechos y el tiempo transcurrido entre los homicidios y la inspección, se planteó atender la masacre en presencia de médicos forenses, para que realizaran sus dictámenes mientras el equipo técnico trabajaba en las inspecciones de otros cuerpos y en la investigación criminal. Esto no es usual, normalmente en Colombia el personal técnico e investigativo de la Fiscalía realiza las inspecciones de cadáver y posteriormente remite los cuerpos y demás elementos probatorios a las unidades cercanas del INMLyCF.

El 17 de febrero ingresó a la Unidad Básica del INMLyCF del Carmen de Bolívar el primer cadáver femenino de la masacre del Salado. Este corresponde a una mujer adulta asesinada el 16 de febrero en la vía que conduce a dicho corregimiento junto con otros tres acompañantes de sexo masculino. La necropsia se realizó de forma inmediata concluyéndose que "la mujer fallece a causa de una anemia aguda, secundaria a las lesiones en pulmones e hígado ocasionadas por arma corto punzante". El cadáver se encuentra con la blusa subida hasta arriba del brasiere y una de las heridas que le ocasionó la muerte se ubica justo debajo de su seno derecho.

El 21 de febrero de 2000 funcionarios de la Unidad Seccional de Fiscalías del Carmen de Bolívar, de la Fiscalía General de la Nación, se desplazaron al corregimiento del Salado para realizar las inspecciones de cadáver de las víctimas de la masacre. Según se había informado al grupo de esta institución, los cadáveres a los cuales realizarían las inspecciones estarían en la cancha del pueblo pues allí ocurrieron la mayoría de los homicidios. Sin embargo, cuando los investigadores llegaron al Salado, fueron informados por los sobrevivientes que aún permanecían en el lugar que "ante el avanzado estado de descomposición de los cadáveres (más de tres días de estar a la intemperie), se optó por inhumarlos". Esta situación exigió a los funcionarios solicitar una nueva -y distinta- diligencia (de exhumación) en la que se debía contar con el apoyo de personal especializado del CTI Cartagena, por cuanto debían ubicarse con exactitud las fosas comunes en las que fueron dispuestas las 28 víctimas que se atendieron en estas fechas.

El 22 de febrero, la misma Unidad Seccional de la Fiscalía solicitó al hospital del Carmen de Bolívar que designara dos médicos adscritos a ese hospital para que acompañaran a los investigadores hasta el corregimiento del Salado "con el fin que funjan como médicos legistas, en la exhumación de 28 cadáveres que se tienen determinados hasta la fecha, para practicarles las correspondientes diligencias de necropsia y determinar la causa de su muerte" (Informe judicial).

El 22 de febrero hacia las 9:00am se traslada al Salado, por vía terrestre, un equipo de siete hombres pertenecientes a las diferentes instancias del sistema judicial encargadas de las actuaciones médico-legales: el médico forense de INMLyCF junto con su auxiliar o disector, un médico del CTI, un odontólogo del CTI, el jefe de la unidad del CTI y dos técnicos de investigación criminal del CTI. Comenta en entrevista un miembro de este equipo: "ingresamos al Salado cuatro días después de la masacre, todos sentíamos temor, no sólo por lo que se comentaba y por el ambiente sino porque era posible que la carretera estuviera minada"(15).

En la vía se encontraron señales de hechos delictivos, prendas de vestir de hombres y mujeres con manchas de sangre, y elementos personales y de la vida cotidiana dispersos en algunos puntos. También se efectuaron tres inspecciones a cadáveres no identificados de sexo masculino hallados en avanzado estado de descomposición, y que, por efecto de la exposición directa al ambiente, ya manifestaban osamentas.

Una vez en El Salado, el equipo realizó la exhumación de varias fosas comunes ubicadas frente y cerca de la iglesia. En la primera fosa se encontraron los restos de cuatro personas: tres hombres y una mujer. La diligencia de inspección de los cuatro cadáveres observa que los tres hombres son heridos y en consecuencia mueren por impactos de arma de fuego. Las heridas de los proyectiles producen en su mayoría la destrucción total o parcial de la bóveda craneana. La necropsia realizada a la mujer anota que se observan cuatro heridas con arma corto punzante: una en la barbilla y tres en el tórax. Una de éstas últimas ubicada en su seno derecho. Comenta otro miembro de este equipo: "(...) a pesar que los cuerpos ya estaban muy deteriorados, se podían ver con claridad las heridas de arma blanca, la tortura debió ser atroz"(16).

En la segunda fosa común, se exhumaron cuatro cadáveres. Tres de sexo femenino y uno masculino. Una de las víctimas de sexo femenino presentaba heridas en la región pectoral derecha e izquierda además de fractura facial. Otra, presentaba heridas producidas por elemento corto punzante, y la tercera, presentaba heridas en las regiones frontal y occipital de la cabeza. No obstante, el expediente consultado no cuenta con necropsias realizadas por el INMLyCF, por lo que no podemos explorar otras características de las heridas.

Al día siguiente fueron exhumados de bóvedas del cementerio 10 cadáveres en avanzado estado de descomposición, de los cuales 7 eran de sexo masculino, dos femeninos y uno sin sexo identificado. Las dos mujeres eran hermanas entre sí, una de ellas tenía seis años, mientras que la otra es una joven quien, según los pobladores, "fue empalada". La hermana menor no presentaba heridas externas, mientras que la mayor presentaba "varias fracturas a la altura premaxilar, maxilar, del mentón y las líneas de fractura se extendían al hueso frontal y parietal izquierdo"; lo que adujeron los técnicos fue que la causa de muerte tuvo que ser violenta con objeto contundente. De estos cuerpos hallados tampoco se tienen necropsias realizadas por el INMLyCF, pues estos cuerpos fueron examinados por el CTI y explorados por el médico legista de la misma institución, quien no presentó información distinta a la ya mencionada. Es de resaltar que ningún otro cadáver de sexo femenino presenta heridas similares a las encontradas en el cadáver de la joven, es decir, tantas heridas y fracturas en el área maxilar.

Los cadáveres sin identificar (todos de sexo masculino) y los hombres identificados presentaron en general numerosas heridas con arma corto punzante, sobre todo a nivel del cuello, en las áreas pectoral y abdominal. Algunos de ellos sufrieron amputaciones de manos, o algunos dedos y en un caso de la oreja. Presentaron heridas en la cara, en las bóvedas oculares, en la región bucal y varias fracturas con elementos contundentes a nivel facial. Uno de ellos aparece con los pantalones abajo a la altura de las rodillas, y la mayoría de ellos fueron ultimados por proyectiles de arma de fuego.

Una vez terminó la inspección de los cadáveres se hizo entrega de éstos al médico legista para que procediera a examinarlos. Los exámenes se realizaron a nivel externo: descripción del cadáver, de los fenómenos cadavéricos, de piel y faneras, de prendas de vestir, etc., pues se argumentó que el avanzado estado de descomposición de los cuerpos impedía hacer un examen interno (i.e., órgano por órgano).

Cabe aclarar que no se encontró protocolo de necropsia de los cadáveres examinados por los médicos legistas del CTI, y que probablemente el médico del INMLyCF no asistió a las exhumaciones de este día. Esto indica lo iluminador que hubiera sido, con el fin de comprender mejor los crímenes sexuales ocurridos en el Salado, la presencia de profesionales de Medicina Legal y la realización de una necropsia exhaustiva. Termina la diligencia con la siguiente anotación: "se deja constancia que según los testimonios recaudados en esta misma fecha, existen más cadáveres por exhumar, pero en atención a lo avanzado de la hora en el día de hoy, al sitio donde se cumple esta diligencia que es zona montañosa retirada del casco urbano, sin condiciones de seguridad, salubridad, amén de la difícil situación de orden público a raíz de los hechos de sangre que se investigan, se continuará con las exhumaciones, tan pronto se hagan nuevamente las coordinaciones del caso para asegurar el éxito de la misma".

El 24 de febrero ingresa nuevamente al Salado el equipo de la unidad investigativa del CTI. Esta comisión tampoco incluía médicos del INMLyCF, sino dos médicos judiciales adscritos al CTI de Cartagena. En esta ocasión las nueve inspecciones de cadáver tuvieron lugar en el cementerio del corregimiento en el que se las había sepultado por su estado de descomposición. En una fosa se encontró un cadáver de sexo masculino, y en seis bóvedas más se encontraron los cadáveres de cinco hombres y una mujer. Es de anotarse que las bóvedas no fueron selladas por quienes los depositaron allí, con lo que el proceso de descomposición fue igualmente o quizás más acelerado que para el resto de las víctimas mencionadas. La mujer, de aproximadamente 40 años de edad, es atacada también con arma corto punzante en cuello y tórax. En esta misma fecha se hace entrega de dos cadáveres de sexo masculino, hallados por el equipo del CTI Barranquilla, quienes se habían desplazado como apoyo hasta una finca distante a una hora y media del corregimiento del Salado.

Como complemento de la información, las personas asesinadas en Ovejas, Sucre (sólo hombres) presentaron signos de tortura como numerosas quemaduras de 5cm x 2cm en todo el cuerpo, y principalmente en sus extremidades, orificios de bala con entrada y/o salida por ojos, destrucción de bóveda craneana, tórax, heridas corto punzantes, cortadas en la cara, etc., así como también se observa un cuerpo masculino encontrado sin ropa interior.

4.1. El contexto del acta de inspección de los cadáveres, las necropsias y la violencia sexual.

Como se ha adelantado varias líneas atrás, el contexto en el que se realizó la inspección médico-legal a las víctimas mortales de la masacre del Salado es particular por cuanto integra profesionales de la salud, técnicos e investigadores que, aunque hacen parte y apoyan el sistema judicial, usualmente trabajan separados unos de otros.

Si bien puede verse esta "interdisciplinariedad" como "deseable" o "exitosa", e incluso como uno de los factores que facilitaría el rescate de información sobre violencia sexual (mayor orientación sobre el caso entre la escena del crimen y la sala de necropsias), deben señalarse elementos como la seguridad, la geografía y las condiciones atmosféricas, pues éstos condicionaron en gran medida la recuperación de la información sobre los heridos y asesinados en la masacre. Estos elementos constituyen el factor "condiciones para la toma de evidencia" pues paralizaron en gran medida a los profesionales: permanecieron poco tiempo en la localidad, y limitaron las labores del médico del INMLyCF y su asistente a un solo día; una vez regresaron a su lugar de origen no volvieron a ser solicitados para la comisión de los días 23 y 24 de febrero de 2000. Subraya un miembro del equipo: "existía el temor de que la carretera se encontrara minada, aparecían víctimas mortales a la altura de esta vía y se tenía la sensación de que nos estaban observando los paramilitares"(17).

Así las cosas, el personal forense especializado de Medicina Legal tuvo poco tiempo para analizar cada caso, a la vez que no había luz eléctrica, agua, ni ningún servicio de apoyo básico a las labores de éstos (las tres tiendas del pueblo fueron saqueadas por los paramilitares durante la masacre). Acá intervendría el factor "capacidad instalada de las instituciones que realizan el abordaje médico legal", pues no había instalaciones para hacer el trabajo de manera óptima.

La inseguridad impidió también que se hicieran dictámenes a heridos y sobrevivientes, por ejemplo, a mujeres atacadas sexualmente en la masacre pues no existe ningún informe peri¬cial por presunto delito sexual en sobrevivientes de este hecho. Tres circunstancias específicas pueden explicarlo: primera, muy pocas mujeres se atreven a denunciar los delitos sexuales, y menos aún inmediatamente después de ocurrida la masacre. Señala en entrevista otro miembro del equipo: "cuando entramos al Salado no había casi gente, y los que había estaban completamente aturdidos, no hablaban, nos miraban pero no hacían ni podían decir nada" (18). Una segunda circunstancia es que cuando la comisión de técnicos y profesionales llegó al Salado, la mayoría de la población ya se había desplazado a la cabecera municipal y a diversos lugares; y tercera, la misión médico legal y forense entró y salió del Salado rápidamente y sin detenerse suficientemente ni en los sobrevivientes, ni en las fincas, senderos y caminos que abarcó el recorrido paramilitar.

En la época de la masacre, recorrer el camino que va de El Carmen de Bolívar al Salado, tardaba de dos a tres horas aproximadamente. La vía tiene numerosas ondulaciones y se hace especialmente peligrosa y lenta en épocas de invierno. Si a esto se suman las condiciones atmosféricas de la región de los Montes de María, se tiene que no sólo es difícil llegar al lugar de los hechos, sino que la geografía y el clima se constituyen como el principal reloj contra el que trabajan los técnicos y médicos, pues la descomposición de un cadáver está regida no sólo por factores autogénicos (i.e., producción de olores atractivos, temperatura de la descomposición, etc.), sino también por factores alogénicos entre los que se destacan la temperatura ambiente, humedad, lluvia y abundancia de insectos y animales carroñeros (Galloway, 1989; Mann, 1990; Shean, 1993).

Todos estos elementos aceleran la descomposición de los cuerpos y dificultan el rescate de evidencias macro y microscópicas en los cuerpos; sobre todo en los casos de delito sexual, donde la evidencia traza(19). , se constituye como el elemento probatorio privilegiado por la ciencia, por cuanto permite identificar el tipo específico de delito y realizar cotejos con los posibles agresores. Si además, la inclemencia del clima, el paso del tiempo o las heridas provocadas por los armados son muy extendidos, tenemos que marcas físicas en el cadáver como edemas, hematomas, escoriaciones, mordeduras, arrancamiento de pelo y/o heridas que sugieran traumas ya sea infringidos por el agresor o que se hayan producido durante el forcejeo tienen a diluirse con rapidez (INMLyCF, 2006: 54). Este sería el factor "signos de violencia sexual", que también obró en contra de la diligencia en estudio.

Aunque la intención es ilustrar el escenario en el que se realizaron las investigaciones judiciales, también saltan a la vista la falta de información y el tipo de abordaje que se le realizó a los cuerpos femeninos en este contexto de violación a los derechos humanos. Por un lado sólo existen dos necropsias de las nueve mujeres que fueron asesinadas en el Salado, y en ninguna de ellas se anuncia la toma de muestras como frotis vaginal, bucal, anal, de la región perianal, perineal y extragenital, o se indaga a profundidad en los órganos sexuales de las víctimas. Por otro lado, algunas de las víctimas, incluido un hombre, están desnudos o parcialmente desnudos, lo que debería llamar la atención sobre la ocurrencia de delitos sexuales. Pues bien, en ninguno de los protocolos de necropsia ni actas de inspección se hace ninguna anotación sobre estas características, que fueron observadas en este artículo después de una meticulosa observación de fotografías de las víctimas.

Cabe además preguntarse por las prendas de vestir de las víctimas. Si los cadáveres se encontraban en un estado en el que es imposible rescatar evidencia de origen biológico y/o físico, ¿por qué no se rescataron prendas de vestir? En las prendas, y no sólo en el cuerpo se puede recuperar semen, saliva, pelos, sangre, etc., así como son también indicios rasgaduras de la tela, botones arrancados, etc. Las prendas de vestir se comportan como elementos materiales probatorios de especial relevancia para el abordaje de delitos sexuales, y en casos como este, habrían facilitado el hallazgo, recuperación, recolección, preservación y evaluación de evidencia de posibles ataques sexuales (INMLyCF, 2006: 95).

Adicionalmente, si por algo es ampliamente divulgada esta masacre, es por las denuncias reiteradas que han hecho los pobladores sobre la crueldad de los crímenes sexuales que allí ocurrieron. Entonces ¿por qué no hay ninguna anotación al respecto? Si los cuerpos de las mujeres presentaban varias herida corto punzantes en los senos, ¿por qué las necropsias e inspecciones de cadáver sólo dicen "torax" y no puntualizan sobre esta parte del cuerpo, como un área erógena, de interés en delitos sexuales?, ¿por qué no se mencionó que había hombres y mujeres con prendas interiores desajustadas e incluso subidas? Qué tienen que decir los miembros de este equipo sobre las posturas de los cadáveres, ¿se encontró alguna mujer u hombre en una posición sexualizada o indicativa de actividad sexual?, ¿Por qué no hubo investigaciones judiciales subsiguientes a los hechos?

Las imágenes de la tortura sexual, las violaciones y el empalamiento están presentes en la memoria de los habitantes del Salado, tal y como lo demuestran las siguientes fotografías tomadas en 2008 en una casa abandonada a la salida del corregimiento.

Fotografía 1 representación de soldado con los pantalones abiertos. El Salado. Mayo de 2009. Grupo de Memoria Histórica, CNRR. Línea de Memoria y Género

Fotografía 2, representación de la mujer empalada, El Salado. Mayo de 2009. Grupo de Memoria Histórica, CNRR. Línea de Memoria y Género.

Las necropsias y las actas de inspección anotan en muchas ocasiones que no se pudo realizar el examen de órganos internos por cuanto el cadáver se encontraba en fase final de putrefacción. Sin embargo, así como la pregunta por las prendas de vestir, son muchas preguntas las que quedan por formular:

¿A pesar de no haber examen interno, no se podía hacer examen externo de genitales?, si los pobladores informaron de los ataques sexuales, ¿por qué no se tomaron muestras de posibles ataques sexuales?, ¿por qué no se solicitaron exámenes más exhaustivos, o por qué no se pidió el apoyo de expertos en el tema?(20). , ¿Por qué sólo dos cuerpos femeninos fueron enviados a la Unidad Seccional del INMLyCF para la realización de necropsia completa? ¿Por qué la Fiscalía no solicita a los médicos del INMLyCF su presencia en las exhumaciones de los días 23 y 24 de febrero?

En este sentido se imponen también varias preguntas por la naturaleza de estas omisiones: ¿se encuentran asociadas a la trayectoria profesional en la que este tipo de resultados suelen salir negativos?, o ¿se hayan relacionadas al desconocimiento de la relación entre violencia sexual y guerra en Colombia?, o ¿se conectan con la pérdida de la prueba biológica dado el estado de los cadáveres?, ¿tiene que ver con el mandato fundamental de dictaminar la causa eficiente la muerte?, ¿intervienen los armados en que no se adelanten estas indagaciones y pruebas?

CONCLUSIONES

En este artículo hemos insistido en la importancia del eje horizontal, de la existencia de otros destinatarios de los crímenes sexuales, -además de la víctima y en el contexto de guerra- con el ánimo de comprender mejor qué está en juego en esos episodios. Trajimos los pocos datos con los que se cuenta en esta materia y mencionamos algunas de las razones por las cuáles las instituciones del estado desconocen la magnitud de la problemática. Mostramos que las razones para tal desconocimiento son distintas según si se trata de mujeres sobrevivientes o de mujeres asesinadas tras la violación. Mientras que en las primeras, ronda el temor, dificultad y revictimización derivados de la denuncia, en las segundas son factores geográficos, ambientales, institucionales y organizativos los que afectan el ejercicio del médico y el investigador con funciones judiciales.

Nos concentramos en el caso de la masacre de El Salado, en dónde, a pesar de que, según las numerosas denuncias, varias mujeres fueron violadas y otras violadas y asesinadas, no se recogieron evidencias ni se tienen pruebas forenses que lo demuestren. Las razones más contundentes que aportaron los médicos y técnicos fueron el avanzado estado de descomposición de los cadáveres, las condiciones geográficas, de infraestructura y la seguridad de la zona. Podemos sumar a esto la no realización de las necropsias por parte de profesionales del INMLyCF a varias de las mujeres víctimas. Entre ellas, a la joven que sufrió el "empalamiento" según las denuncias.

Los sistemas judiciales han privilegiado los resultados de los análisis científico, biológico y técnico como elementos que les permiten determinar la ocurrencia y culpabilidad de un delito. Al margen de los elementos a favor y en contra que esto tiene, la falta de un examen científico de las muertes y de un tratamiento adecuado de la evidencia tampoco nos permite saber si esta mujer fue torturada sexualmente y luego asesinada, o si las heridas que le infringieron, concretamente la introducción de un palo en su vagina son post mortem o no. Tal diferencia implicaría una transformación central en el análisis del caso, pues es distinto que haya heridas previas al homicidio (que suelen asociarse a la ocurrencia de delitos sexuales) a que haya manipulación de órganos sexuales en el cadáver. No obstante, a pesar de que no contamos con una necropsia para este caso en concreto, el análisis aquí expuesto demuestra que esa víctima tiene heridas distintas al resto de mujeres asesinadas en la masacre. Su cráneo presenta fisuras que podrían corresponderse con algunos testimonios según los cuales un paramilitar la tomo de la cabeza, la arrojó al suelo, la puso boca abajo, y tomándola del cabello le ocasionó profundas heridas en su cara hasta causarle la muerte.

El análisis de este caso deja varias enseñanzas a los miembros de la comunidad académica de las ciencias sociales, a los miembros de la comunidad científica del INMLyCF, a los técnicos e investigadores de la rama judicial y a las organizaciones sociales de mujeres que han abanderado la discusión sobre los temas aquí mencionados.

Por un lado ha quedado en evidencia la relevancia de las fuentes médico-legales en el estudio de la violencia socio-política en Colombia. Los médicos rurales, legistas y forenses así como los técnicos e investigadores criminales adscritos a la Fiscalía, son autoridades que han vivido y conocido de primera mano los efectos de la guerra sobre los cuerpos femeninos y masculinos. Es clave que las ciencias sociales colombianas y la medicina forense en Colombia realicen más continuamente acercamientos para discutir su "objeto" de estudio por excelencia: la violencia en Colombia.

Segundo, este estudio ha demostrado que las demandas que desde la sociedad civil y las organizaciones de mujeres se imponen a la gestión de estos funcionarios no reconocen las dificultades con que los profesionales realizan su trabajo. Como un resultado de los efectos ideológicos de la investigación y el activismo social, a veces creemos que las instituciones y agentes del estado operan en un campo yermo, sin limitaciones logísticas, adversidades climáticas, cadáveres descompuestos, caminos minados, fosas nauseabundas y actores armados intimidando funcionarios. Es urgente reconocer estas condiciones, para ahí sí tener mayor claridad sobre los aspectos a mejorar. Por esto es imprescindible tender puentes entre organizaciones sociales y funcionarios de la rama judicial para hacer visible la realidad de la práctica forense en Colombia.

Por último, este estudio ha demostrado que las circunstancias que rodean los crímenes contra la mujer en el conflicto armado colombiano dificultan e incluso han llegado a imposibilitar el registro de violencia y homicidio sexual. Pero si bien los factores que mencionamos en este artículo pueden repetirse en todos los eventos violentos en Colombia, no por esto debe pensarse que no hay forma de avanzar en su documentación. Los científicos sociales y activistas necesitamos aprender más de los médicos y de las lógicas de producción de información por parte del estado. Los médicos y funcionarios públicos necesitan comprender más que está en juego en sus decisiones sobre procedimientos y formatos.

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COMENTARIOS

1. En este artículo recogemos y articulamos algunos resultados de dos investigaciones en las que hemos participado y que han tenido el apoyo financiero e institucional de Colciencias, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Comisión de Memoria Histórica, el Cinep y la Universidad de Los Andes. Las dos investigaciones a las que hacemos referencia son el proyecto "Violencia sexual contra mujeres asesinadas en masacres perpetradas por grupos de autodefensa durante el periodo 1997 - 2003, y factores que determinan el registro de este tipo de violencia por parte del INMLyCF" y "Memorias de Guerra y Género en la Costa Caribe". En el primer caso, además de las autoreas el equipo de investigación incluyó algunos miembros de la División de Referencia de Información Pericial DRIP, del Instituto Nacional de Medicina Legal (Luz Janeth Forero, Raúl Insuasty y Germán de la Hoz). La segunda investigación se desarrolla dentro del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta investigación es coordinada por Maria Emma Wills. Agradecemos a esos equipos y a esas instituciones su enorme apoyo para realizar este trabajo.

2. Como Relatores especiales internacionales sobre el tema para el caso colombiano (Por ejemplo, el Informe presentado por la Sra. Radica Coomaraswamy, relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias: Misión a Colombia, E/CN.4/202/83/Add.3, 2002), informes internacionales (por ejemplo, Amnistía Internacional. Colombia. Cuerpos Marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. AMR 23/040/2004/s.), académicos colombianos (por ejemplo, Gutiérrez de Pineda, Virginia: Estructura, Función y Cambio de la familia en Colombia; Jimeno, Miriam y Roldan, Ismael: Las sombras arbitrarias; Uribe, María Victoria: Matar, rematar y re contramatar, Antropología de la inhumanidad; y, Enterrar y Callar, con la participación de Teófilo Vásquez; Meertens, Donny. Ensayos sobre Tierra, Violencia y Género; Blair, Elsa y Londoño, Luz Marina: Experiencias de guerra desde la voz de las mujeres, entre otros) así como autores de otras nacionalidades (Wood, Elisabeth; Theidon, Kimberly; Segato, Rita Laura, entre otros.)

3. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2000-2010; Corporación Sisma Mujer (2005-2010); Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (2006 - 2010), entre muchas otras a nivel nacional, regional y local.

4. Véase Protocolos de Estambul y Minnesota.

5.Dos datos nos ayudan a ilustrar esto. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) durante el 2009 se realizaron 21.288 informes peri¬ciales por presunto delito sexual. El presunto agresor en el 50.06% de los casos proviene de la familia, la pareja y los amigos cercanos. El 23,86% de los casos registran como pre¬sunto agresor algún conocido, y el 20,20% de los casos tienen como presunto agresor a un extraño (INMLyCF, 2009: 161). El segundo dato. En muchas de nuestras entrevistas con los médicos y el personal forense del INMLyCF ellos expresaron su sorpresa al constatar o al saber de la existencia de delitos sexuales en el marco de la guerra. Por supuesto esta sorpresa o desconocimiento varían según el lugar de prestación del servicio, el tipo prevaleciente de servicio a prestar en la unidad de medicina legal determinada, el tiempo de servicio, entre otras cosas. Lo indicativo para nosotras fue la sorpresa con el tema como tal. La idea de que ha violencia sexual en un conflicto armado que se imagina más como empresa político, militar e incluso como actividad económica.

6.En el libro Defender La Sociedad, Foucault hace una genealogía de los discursos jurídicos de la soberanía y de los discursos históricos sobre la guerra. Muestra como ambos construyen sentidos muy diferentes para fenómenos que tienen lugar en la sociedad francesa y cómo finalmente la comprensión jurídica se hizo prevaleciente. En el caso de la violencia sexual prevalece el discurso jurídico no de la soberanía pero si de los derechos humanos, en detrimento de otras compresiones sobre esos eventos.

7.La reconstrucción de este contexto bélico recoge varios de los argumentos ampliamente desarrollados en el Informe del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR "La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra", así como también en la revista trimestral Noche y Niebla, del Banco de Datos del Cinep, entre otros.

8. Cabe aquí recordar el pronunciamiento de Carlos Castaño a propósito de la masacre de Mapiripán publicado en entrevista periodística en la Revista Semana el 22 de diciembre de 1997, en la que indica que el propósito de la acción fue "controlar el río Caguán, estar en Curillo y El Doncello, para bajar hacia Cartagena del Chaira. La idea es entrar en Arauca y Casanare". En la misma entrevista posteriormente anota: "va a haber muchos mapiripanes (...), eso es fiel a nuestros principios, donde haya guerrilla habrá autodefensas". (Semana, 1997).

9.Basadas en el informe del Banco de Datos de Violencia Política, Cinep (2004), "Deuda con la Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia: 1988 - 2003", hemos documentado que entre 1996 y 2003 en Colombia ocurrieron por lo menos 68 masacres cometidas por grupos paramilitares en las que hubo al menos 2 mujeres víctimas de homicidio. Dentro de ese universo de casos la masacre de El Salado es la que mayor número de mujeres víctimas presenta. (Las 68 masacres corresponden a un 12.59% del 100% de los eventos de masacre con una sola mujer o sin mujeres que perpetró el mismo actor armado en este mismo periodo de tiempo).

10.Ver: Theidon, Kimberly; 2004, 2007 y 2009 y Wood, Elisabeth 2007 y 2009.

11.Por ejemplo la invasión de tropas japonesa Naijing en 1937 así como los conflictos en Sierra Leone, y Sri Lanka.

12.Por ejemplo el avance de los soviéticos en Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Bosnia-Herzegovina en 1990, entre otras.

13.Por ejemplo, el Naya en el Cauca, varios eventos en Medellín, Antioquia, El Aro, Antioquia, entre otras.

14.Estos factores se desarrollan con mayor profundidad en: Otero, Quintero y Bolívar (2009). "Las barreras invisibles del registro de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano". En: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis. Datos para la Vida. Pp. 334-354. Como anota el mismo artículo "el trabajo de la delimitación de estos factores aún no está terminado".

15.Entrevista, Carmen de Bolívar, 2009.

16. Entrevista funcionario: 2009.

17. Entrevista funcionario: 2009.

18. Entrevista funcionario: 2009.

19. Evidencia traza es un término genérico para "material pequeño", usualmente microscópico. Tal evidencia puede dejarse de lado en la investigación de la escena del crimen, a menos que se tenga el cuidado adecuado en la búsqueda. La variedad de evidencia traza es casi infinita. Los elementos traza más usuales son: fibras, cabellos y desechos microscópicos biológicos como semen, saliva, sangre, piel, etc. En: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. División de Tanatología Forense. Dra. Mary Luz Morales. Manual para la Práctica de Autopsia. Bogotá, 2000.

20. Hace muchos años existe una figura en Medicina Legal llamada la "interconsulta". Esto significa que en el caso que un médico no sepa que procedimiento seguir en un caso puede llamar o solicitar a un experto en el tema.

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