INTRODUCCIÓN

Entre los años de 1975 y 2015 ocurrieron en Colombia 22.988 protestas, “casi una y media por día- o dos si se excluyen dominicales y festivos (^{Archila, 2019}a, p. 64). Como derecho consagrado constitucionalmente, la protesta no ha sido fácil de ejercer en Colombia, ni ahora, ni en el pasado. Este derecho ha sido luchado de manera “permanente, valiente y costosa” por muchos sectores sociales (^{Archila, 2019a}). Una de estas formas de protesta social que reúne estas condiciones límite de lucha, son los paros cívicos.

Aunque junto con las huelgas y las invasiones de tierras rurales y suelos urbanos¹, los paros han disminuido y cedido espacio y protagonismo a las movilizaciones en el período 1975-2015 (^{Archila, 2019}a, p. 81) siguen siendo acciones con importante notoriedad mediática, social y política. Más allá de que su protagonismo analítico no es el mismo que tuvieron en algún momento en las ciencias sociales en el país, como escenarios confrontativos generan discusión o tensión en la agenda política nacional. Quiérase o no, provocan un enorme forcejeo social y cierto impacto memorial más allá de las coyunturas donde ocurren.

El reciente Paro Cívico de Buenaventura (en adelante PCB), ocurrido entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017 es una muestra de lo anterior. Este acontecimiento, sin lugar a duda significativo para la historia reciente de Buenaventura y de la región, es considerado hoy un momento de inflexión para el territorio y las comunidades. Las razones esgrimidas, son diversas, pero pueden sintetizarse en tres: a. generó un modelo de diálogo/negociación con el Estado central y unos efectos políticos/sociales inéditos en la ciudad; b. se apoyó en acciones sociales y culturales desplegadas por diversas organizaciones con legitimidad en el territorio; c. favoreció una transformación del poder político local con la elección a la alcaldía municipal de uno de sus principales promotores: Víctor Hugo Vidal Piedrahita.

Este artículo reflexiona sobre el sentido de esa “inflexión” planteando algunos análisis a partir de varias preguntas: a. ¿en dónde radica la novedad, el impacto o la ruptura del PCB? b. ¿cuáles fueron los escenarios de diálogo y negociación que propició el PCB? c. ¿en qué tipo de acciones colectivas se apoyó y cuáles potenció o detonó? d. ¿cuáles fueron las transformaciones sociales y de poder político que provocó? e. ¿qué puntos de inflexión y lecciones políticas derivan del PCB para el Pacífico y el país--?

Dos precauciones analíticas. La primera es que no pretendemos ni buscamos lo que otros autores previamente se han propuesto, dentro de un campo amplio e interdisciplinar como es el de la teoría de la acción colectiva y, más específicamente, el ámbito de la protesta social o el terreno de los movimientos sociales. Por ejemplo, lo que hizo Archila al reconstruir la trayectoria gruesa de las protestas en Colombia a partir de sus principales variables: actores, motivos, adversarios, modalidades (Archila, 2018; ^{Archila, 2019a}); o lo realizado por Edwin Cruz al identificar las macrovariables de la acción colectiva de diferentes paros nacionales y regionales (Cruz, 2013; 2015b, ^2017a, 2017b), o los diversos repertorios de las grandes movilizaciones sociales acontecidas a partir de la segunda década del siglo XX (Cruz, 2017c).

La segunda es que categorías como protesta social, paro, contienda política, acción social colectiva, repertorio modular, campo de protesta que en ocasiones utilizamos son recortadas analíticamente² en función de las preguntas anteriores, precisamente para ayudar a una reflexión que es preliminar y modesta sobre la singularidad y alcances de esta modalidad de protesta en un contexto específico, como es el de Buenaventura. Dos proyectos de investigación, uno en ejecución (2019-2021) sobre Diálogos Sociales y Reconciliación y otro finalizado (2016-2019) sobre Experiencias de Memoria, sirven de pretexto para ello, donde el tema del Paro, aunque no fue el asunto de pesquisa, si cobró importancia y significado como cuestión analítica emergente.

El artículo se basa en la revisión, sistematización y análisis de diversas fuentes documentales y de campo. Entre ellas, un corpus amplio de textos académicos sobre protesta social, luchas sociales, paros, conflicto social y gestión de conflictividad en Colombia; informes oficiales sobre la situación de Buenaventura durante las dos primeras décadas del siglo XX y comunicados organizativos sobre distintas movilizaciones en el territorio, y específicamente sobre el PCB de 2017; un conjunto de entrevistas facilitadas con varios actores claves que participaron directa o indirectamente del PCB; diversas noticias sobre esta modalidad de protesta en Buenaventura entre 1990 y 2017, así como noticias de los 22 días de duración del PCB, referenciadas en periódicos como El Colombiano, El Espectador, El Nuevo Siglo, El Heraldo, El País, La República y Voz. El artículo se estructura de la siguiente manera: a) resonancia histórica de los paros cívicos en Colombia y configuración de un campo de preguntas; b) El “Paro” como categoría de análisis; c) los antecedentes remotos del PCB de 2017; d) la preparación de un paro durante cuatro años e) las particularidades del PCB, su impacto y novedad; f) los escenarios de negociación y transformación provocados; g) las lecciones aprendidas para la región y el país.

RESONANCIA HISTÓRICA DE LOS PAROS Y CONFIGURACIÓN DE UN CAMPO DE PREGUNTAS

En la historia del país varios paros cívicos resuenan en la memoria colectiva, especialmente por la forma como fueron interpretados e imaginados, incluso “emblematizados” por sus logros, alcances o tensiones. Dos de ellos, no muy reconocidos hoy, pero significativos en su momento, fueron el Paro cívico del 15 de marzo de 1944 y el Paro Cívico Nacional de mayo de 1957. El primero fue motivado para presionar al Congreso de no aceptar la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo, “ante lo cual El Congreso se negó siquiera a considerar la renuncia del mandatario” (^{Giraldo y Camargo, 1985}). El segundo fue en realidad una jornada nacional de protesta política, “revestida de paro cívico nacional y organizada por los jefes de los partidos tradicionales y sectores industriales para precipitar la crisis del régimen militar de Rojas Pinilla” (Giraldo y Camargo, 1985).

Uno de los más recordados y analizados fue el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. En su momento, fue considerado el más importante movimiento urbano y popular desarrollado en Colombia (^{Alape, 1977}; ^{Delgado, 1977}; ^{García, 2017}) y uno de los mayores síntomas de la rebelión trabajadora del país de entonces (^{Carrillo, 1981}). Bajo la lupa de una memoria histórica adobada con los años, ha sido considerado un “hito de la protesta popular de la segunda mitad del siglo XX en el país, cuyo objetivo no fue ...ni derrocar el régimen ni ser una simple escaramuza como se dijo por entonces” (^{Archila, 2016}, p. 313)³.

El peso de dichos paros salta a la vista, dado que entre 1958 y 1990 esta modalidad de protesta representó el 49% del total de las modalidades de lucha en el país (^{Archila, 2018}). Este fenómeno se atribuye, entre otras razones, a la visibilidad otorgada a estos eventos en la gran prensa, al temor que generaba un evento de tal magnitud en el país por las consecuencias económicas y políticas que podría generar, y a que el sector que se movilizaba era fundamentalmente el laboral (Archila, 2018, p. 161). No obstante, entre los años setenta y la primera década del 2000 los paros, aunque no pierden su carácter disruptivo como forma de lucha, ceden en importancia analítica y protagonismo, frente a las movilizaciones que tienen más protagonismo entre 2000 y 2015 (^{Archila, 2019}a, p. 81). La razón de esto se encuentra en el debilitamiento de las identidades clásicas, el repliegue de las formas organizativas reivindicativas como sindicatos y asociaciones campesinas y la aparición de nuevos actores en la escena pública.

Para la segunda década del 2000, “las grandes protestas” y lo paros por extensión, vuelven a resultar significativos⁴. Los analistas, consideran que entre 2011 y 2016, el país vivió un “ciclo ascendente de protestas de grandes magnitudes” (^{Cruz, 2017}c, p. 12). En particular, cuatro paros lo fueron por las temáticas álgidas que tocaron: educación, tierra, café y cambio democrático. El Paro Nacional Estudiantil ocurrido entre marzo y noviembre de 2011 fue una protesta que “aglutinó estrategias discursivas amplias y novedosas [con repercusión posterior], basadas en la reivindicación de la educación como derecho…y la articulación de diversos actores” (Cruz, 2015b, p. 190). El Paro Nacional Agrario o la “protesta de las ruanas” acontecido entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013, fue un “gran capítulo de un viejo debate vigente en Colombia: el debate por la tierra” (^{Salcedo, Pinzón y Duarte, 2013}; ^{Cruz, 2017b}). El Paro Nacional Cafetero, acontecido entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013, ha sido catalogado como un hito para el gremio cafetero, “antecedido de una fuerte organización, en el marco del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera” (Cruz, 2013, p. 139). Y el más reciente, El Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 y con elongaciones hasta el 10 de diciembre de ese mismo año, imaginado por algunos medios “como la primavera nacional convertida en un tsunami incontenible por el cambio” (Revista Semana, 21 de diciembre de 2019).

Otros paros tuvieron notoriedad y trascendencia, aunque hayan acontecido regional, local o distritalmente y sus resultados fueran relativamente exitosos, tanto por lo que buscaron y no lograron, como por lo que canalizaron parcialmente para las comunidades. Tres pocos recordados fueron, el Paro Cívico del 24 de marzo de 1945, ocurrido en Cali, el Paro Cívico de Funza (Cundinamarca) del 14 de marzo de 1984 y el Paro cívico de Ciudad Bolívar (Bogotá) del 11 de octubre de 1993. El primero fue una protesta masiva en torno “al encarecimiento de las tarifas de energía eléctrica, servicio que prestaba una compañía estadounidense”, logrando que el Concejo municipal “acordara expropiar la Compañía Colombiana de Electricidad y la sustituyera por una nueva compañía, propiedad del municipio” (^{Giraldo y Camargo, 1985}). El segundo “puso en tensión al Gobernador de entonces y logró un conjunto de concesiones para el municipio” (Giraldo y Camargo, 1985). El tercero devino en una enorme protesta urbana en esa localidad “que logró concluir con una negociación exitosa con el gobierno distrital” (^{Forero y Molano, 2015}, p. 116).

Recientemente, tres paros revistieron gran importancia por ser espejo de las promesas estatales incumplidas por décadas, en territorios al margen de un proyecto nacional: el Paro Cívico del Chocó del 10 de mayo de 2017, El Paro del Catatumbo que inició el 11 de junio de 2013 y El Paro Cívico de Buenaventura, que tuvo lugar entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017. El primero fue convocado por diversos sectores “para reclamar por el abandono estatal y el atraso sistemático al cual era sometido el departamento”, siendo fiel espejo del que había sucedido 30 años antes, el 26 de mayo de 1987 “casi con las mismas peticiones: vías de acceso, salud, educación, autonomía y saneamiento básico” (Colombia Plural, 2017). El segundo, ha sido uno de los más largos de la historia del país (53 días) siendo “el escenario para que la organización campesina exhibiera su fortaleza y poder de convocatoria, aunque tuvo poca capacidad para conseguir persuadir al gobierno sobre la necesidad de implementar y reconocer una Zona de Reserva Campesina” (^{Cruz, 2017}a). El tercero, al que dedicaremos atención en este artículo, duró 22 días y ha sido representado como “un hito que marcaría la emergencia de nuevos escenarios de convocatoria y negociación” (^{Moreno y Arboleda, 2020}).

Muchas preguntas rondan a los investigadores interesados sobre esta modalidad de lucha, en un campo como el de la protesta social, cada vez más interdisciplinario en Colombia y América Latina (^{Auyero, 2002}; ^{Forero y Molano, 2015}). A riesgo de resultar demasiado esquemáticos, algunos de los interrogantes que acompañan la reflexión sobre los paros pueden sintetizarse en dos grandes grupos: tradicionales y contemporáneas.

El acento de los primeros es básicamente “estructural” y sus preguntas son del tipo: ¿cuáles son las trayectorias cuantitativas de los paros, así como las respuestas oficiales a ellos? (^{Carrillo, 1981}; ^{Fonseca, 1982}; ^{Medina, 1977}; ^{Giraldo y Camargo, 1985}) ¿cuál es el lugar de los paros en relación con las problemáticas cívicas y urbanas de su momento? (^{Santana, 1989}); y ¿qué factores históricos, sociales, políticos, culturales, económicos los hicieron posibles? (Carrillo, 1981; ^{Medina, 1984}; ^{Archila, 1994}). El énfasis de los segundos se ha deslizado hacia “perspectivas relacionales” y las preguntas que los acompañan tiene relación con: ¿qué condiciones sociohistóricas confluyen, habilitan o bloquean el éxito de un paro? (^{Forero y Camargo, 2015}), ¿en qué contextos se producen y qué aprendizajes derivan de un Paro para las organizaciones o comunidades? (Archila, 2016; ^{García, 2017}), ¿qué lugar ocupan “macrovariables” como la estructura de oportunidades políticas, las estructuras de movilización o los marcos de acción colectiva en este tipo de acción colectiva?, (^{Cruz, 2013}; 2015b, 2017a, 2017b), ¿cómo entender la especificidad de estas luchas, en relación con la “trayectoria gruesa” de la protesta en Colombia en un período dado? (Archila, 2018; Archila, 2019a), ¿cómo se configura la relación consenso/represión entre Estado y movimientos sociales? (^{Archila, 2019b}) ¿cuáles son los actores, motivos, adversarios, modalidades y distribución espacial de ellos? (Archila, 2018; Archila et al, 2019).

Estas preguntas están enmarcadas en diversos esquemas o matrices teóricas (^{Archila, 1994}) que pueden agruparse en clásicas o emergentes. Las primeras son rastreables a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, buscando responder al potencial revolucionario del accionar cívico y al carácter “policlasista de los paros dentro de la lucha de masas”. A mediados de los ochenta y comienzos de los noventa, tienen lugar unas relecturas marxistas de lo político y la política en el país y un auge de la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, lo que impacta la interpretación de los paros, así como las tensiones inevitables entre el carácter pragmático reivindicativo y el carácter utópico-político de la lucha social.

Las matrices emergentes, por su parte, son más evidentes a mediados de los noventa, con una preocupación por comprender los distintos niveles de significación de las prácticas sociales de los movimientos sociales. Estas matrices están menos concentradas en los paros cívicos y más en la diversidad y especificidad de las modalidades de acción colectiva (^{Archila, 1994}), con sus rupturas y continuidades (^{Múnera, 1998}). Se caracterizarán por entender la “lucha social y el comportamiento democrático… así como el proceso político” de los movimientos sociales. La influencia de Tilly y Tarrow será determinante, por ser los que logren un “enfoque sintético” de tres variables, en la comprensión de la acción colectiva: estructuras de oportunidad política, estructura de movilización social y marcos de acción colectiva (^{Archila, 2019}a; ^{Cruz, 2013}).

En estas últimas derivas ubicamos nuestro análisis, con las precauciones de método que señalamos en la introducción. En estas lecturas “emergentes” o “sintéticas” interesa la comprensión del marco de la acción colectiva como dimensión generadora de la realidad social. Especialmente, cómo este marco se convierte en un espacio o un campo relacionalmente estructurado (^{Forero y Molano, 2015}; ^{Archila, 2018}; Auyero, 2003). Bajo esta perspectiva, la cultura [aunque no de manera unívoca y única], “confiere a los actores sociales identidad y diferencia” (Forero y Molano, 2015, p. 120). Además, otras dimensiones como lo emocional, juegan un papel central (^{Cruz, 2015}a). En esa dirección, es posible apalancar la hipótesis de que un paro es un catalizador de agendas políticas y culturales, que, bajo ciertas estructuras de oportunidad política, pueden habilitar, provocar o bloquear diálogos sociales territoriales.

EL “PARO” COMO CATEGORÍA ANALÍTICA

Uno de los primeros autores en conceptualizar en el país la categoría Paro, fue Medófilo ^{Medina (1977)}; 1984, 1997. Su perspectiva es considerada “pionera” en términos analíticos⁵, en tanto sitúa el análisis de la cuestión, dentro de las luchas cívicas populares, lo que luego será replicado y reevaluado analíticamente por otros investigadores (^{Archila, 1994}; Archila, 2018). Medina, concibe el paro como una “forma de protesta policlasista”, asociada a problemáticas locales, nacionales e internacionales, y a objetivos de lucha como la consolidación del poder popular en aras de la transformación social.

^{Giraldo y Camargo (1985)} la conciben como una “forma de protesta cívica que se origina en reivindicaciones comunes a diversos sectores sociales, ordinariamente relacionadas con el consumo masivo o con el desarrollo regional, y que implica la paralización total o parcial de las actividades económicas y sociales de una localidad o región, como olla de presión sobre las autoridades que pueden dar satisfacción a las demandas”. A diferencia de la propuesta de Medina, evidencian los tránsitos operados a nivel empírico en los años ochenta, entre los paros como acciones espontáneas, locales y coyunturales, y los movimientos sociales como formas más organizadas, más estables y de cobertura regional (Giraldo y Camargo, 1985).

^{Forero y Molano (2015)} han definido el paro como “una práctica colectiva urbana sistemática y no esporádica de movilización social, callejera e inconforme, que rompe la dinámica de lo cotidiano” (Forero y Molano, 2015, p.p. 118-21). Esta definición se nutre de las categorías “campo de protesta” (Auyero, 2003), “derecho a la ciudad” (^{Lefebvre, 1969}), “fuentes ideológicas de la protesta” (^{Rude, 1981}) y “modalidades y marcos de acción colectiva” (^{Archila, 1998}; 2018).

Pese a la diferencia temporal de las definiciones y a las particularidades del trazo analítico o empírico de los autores, es preciso señalar que son más los rasgos comunes existentes en esta categoría. Uno de los investigadores que logra condensar estos “comunes analíticos” es Mauricio ^{Archila (Archila, 2018}, p. 482; Archila, 2019a, p. 118). A partir de su interpretación, este tipo de modalidad o de ejercicio de acción social colectiva se puede caracterizar por: a. implicar demandas diversas, contienda política y/o cívica, confrontación e indignación justa; b. paralizar parcial o totalmente la dinámica cotidiana de una ciudad o un territorio; c. desatar respuestas militares o policivas de control y de choque por parte del Estado y, -en ocasiones- consecuencias para los participantes que pueden ir desde lesiones, detenciones abundantes, hasta muertos; d. tener unidad de propósito, mando y simultaneidad; e. combinarse con otras modalidades confrontacionales o cívicas como tomas, bloqueos o marchas.

A tenor de lo mencionado, interpretaremos el PCB de 2017 como un tipo de contienda política⁶, caracterizada por:

ANTECEDENTES REMOTOS DEL PCB DE 2017: LOS PAROS DEL 64 Y DEL 98

El PCB de 2017 recogió y movilizó acumulados y aprendizajes de un movimiento social histórico en el territorio, así como promesas incumplidas de otros paros anteriores y otras expresiones de inconformismo social. El final de los años cincuenta y el comienzo de los sesenta fueron de agitación para Colombia. En 1958, en pleno albor del Frente Nacional “se presentaron diez paros cívicos y algunas protestas estudiantiles contra autoridades herederas de la dictadura... y en 1959 las movilizaciones se harían sentir contra el alza de tarifas del transporte (...). Estos serán años “de invasiones de predios urbanos y rurales y de movilizaciones de diversos trabajadores, por ejemplo, las de los trabajadores azucareros“ (^{Archila, 2018}, p. 135).

Buenaventura no será la excepción a esta turbulencia nacional y regional. De hecho, entre el 9 y el 12 de noviembre de 1964, ocurre el primer paro en su historia. Este tiene lugar, en una ciudad de menos de 100.000 habitantes, considerada por entonces como el municipio más pobre del departamento del Valle del Cauca y con la experiencia traumática de un maremoto (1957), un incendio (1955), un puerto que aumentaba en carga y una población aislada, sin servicios públicos, ni instituciones educativas estatales (Corporación Manos Visibles, 2017).

Este Paro inició con el bloqueo del tránsito de carga hacia el puerto, mediante protestas que movilizaron agendas políticas asociadas directamente a sus impactos económicos. Las acciones tomadas por parte de la Infantería de Marina, para conjurar la crisis, incluyeron la toma de control de la ciudad y las amenazas de disparo a los manifestantes. El gobierno conservador de entonces⁷, hizo lo propio con la promesa política de “implementar el Plan Buenaventura”, el cual comprendía la ejecución de obras importantes para la ciudad como los núcleos escolares, la autopista Simón Bolívar, la Plaza de mercado de Bellavista y Pueblo Nuevo, proyectos de vivienda, inversiones para la transformación del muelle maderero, la terminal de transportes, la primera ampliación del puente de El Piñal, la central hidroeléctrica Alto Anchicayá, el muelle de cabotaje, el complejo pesquero y el acueducto (Periódico El Puerto; ^{Bonet, Reina y Ricciulli, 2018}; Corporación Manos Visibles, 2017).

Once años después de acontecido el Paro, y de manera muy parcial comenzarán a ejecutarse algunas de esas obras; y otras, como el acueducto, que había sido diseñado en 1930 en una ciudad para 18.000 habitantes, no lograrán concretarse totalmente⁸ (^{Bonet, Reina y Ricciulli, 2018}, p. 16; Alternativa, 1978). Dos evidencias contundentes revelan las promesas incumplidas por parte del Estado frente a ese primer Plan Buenaventura. La primera se hizo sentir con las denuncias permanentes realizadas por el sacerdote católico Gerardo Valencia Cano hacia 1966, en programas radiales como “Buenos días, Buenaventura” sobre la situación de miseria y abandono de los denominados barrios de la marea -Venecia, Santa Mónica, La Playita y el Lleras- (^{Echeverry y Bernal, 2017}). La segunda, tuvo relación con los análisis de la Revista ^{Alternativa en 1978}, mostrando a una ciudad con un importante terminal marítimo y el mayor volumen de carga para el país de ese momento, pero con suministro de agua precario para sus comunidades, entre 10 y 15 minutos al día.

Treintacuatro años después, entre el 23 y el 28 de febrero de 1998 tendría lugar un nuevo paro en la ciudad. El Paro comenzó un lunes, con el cierre del Puente El Piñal, que representaba la única entrada y salida de mercancías hacia el puerto (El Espectador, 1998, 5A) y la protesta de 1200 trabajadores del municipio y 400 educadores que no recibían pago desde hacía más de seis meses. La deuda con ellos en ese momento superaba los siete mil millones de pesos” (El Tiempo, 1998, 7B). A la protesta se sumaron al menos 45 asociaciones sindicales que, junto con educadores, gremios y comerciantes, exigían al gobierno nacional recursos para terminar con la pobreza, y salir de la crisis económica y social que aquejaba a Buenaventura.

Este paro cobijó un pliego de demandas que fue creciendo con el tiempo. Unos comités con representantes del movimiento elaboraron una propuesta inicial de 14 puntos, que luego devino en 40 con la intención de presentarla a los delegados del gobierno (Carlos Rangel y Armando Garrido) enviados por el presidente Ernesto Samper (El Espectador, 1998, 9A). Las propuestas tenían el respaldo de diversos sectores sociales entre ellos “empresarios, académicos, empleados, y hasta el alcalde y gobernador” (El Tiempo, 1998, 6A). Luego, las propuestas subieron a 71 y al parecer terminaron siendo 124, suscritas por “nueve de los diez miembros del comité organizador en un acta de acuerdo con el Gobierno Departamental” (El País, 1998, 3F). Este enorme pliego, cobijaba desde el pago de salarios a empleados del sector público, hasta medidas que fomentaran la política social en la ciudad (Voz, 1998, 10). Recordando este pliego, uno de los líderes del PCB de 2017 entrevistado, afirmaba que fue como estar al frente de una “enorme lista de mercado”.

Al frente de la comisión negociadora del gobierno, estuvo el gobernador Gustavo Álvarez Gardeazabal quien estableció vías de diálogo con la Fundación de la Sociedad Portuaria para solicitarle, atendiera las peticiones de sus trabajadores (El Espectador, 1998, 7A). El proceso de negociación inició un par de días después de comenzado el paro y se extendió por 72 horas en las que “estuvo a punto de intervenir la fuerza pública” (El País, 1998, 3F). Tras una encrucijada en la que estaba de por medio el desembolso de recursos, “ya que los sindicatos pedían la plata de manera inmediata y la parte oficial la ofrecía a corto plazo” (El Espectador, 1998, 7A) se logró anunciar que el paro terminaba en tanto se había logrado concertar un Plan de Desarrollo para Buenaventura, a partir de los puntos del pliego⁹.

Uno de los líderes del PCB de 2017 que participó del Paro del 98, recuerda cómo en ese momento el gobernador firmó compromisos con los organizadores del paro, formulados con expresiones “intentaré”, “procuraré” lo que anunciaba de antemano la “fragilidad” de estos acuerdos para las comunidades. Probablemente, la relevancia en términos de lo que representó para el movimiento social este Paro del 98, radica en que “empujó” procesos organizativos barriales y trayectorias de liderazgo que venían emergiendo.

A un año del paro, la prensa regional registró lo acontecido durante ese febrero diciendo que había “creado conciencia, pero faltaban obras”; enfatizando que una de las movilizaciones vividas durante el paro había sido “la más grande que se recuerde en 30 años, en procura de mejores condiciones de vida” (El País, 1999, D11). En retrospectiva, al Paro del 98 se le pueden reconocer dos avances para la lucha social: el primero asociado a una mayor conciencia de las comunidades con respecto a las dinámicas sociopolíticas locales y el segundo, la exigencia directa al gobierno de cambios frente al modelo de desarrollo. Ambas cuestiones van a volver a resonar durante las dos primeras décadas del 2000 y los sucesos del PCB de 2017.

Sin embargo, el éxito parcial que pudo representar el Paro de 1998 en la generación de unas agendas políticas de transformación para la ciudad se vio opacado porque lo pactado no se cumplió (cuadro 1). Un año después, la ejecución era mínima, especialmente “en la solución de las necesidades fiscales y la reactivación de la economía local”; a esto se sumarán las dificultades en términos de veeduría, por parte de las mesas de trabajo, al igual que las deudas que enfrentaba el municipio. La sensación fue de absoluta ambigüedad: de una parte, las tensiones con el gobierno central eran evidentes en el territorio, tanto por los incumplimientos del Estado, como por su “apatía para con el Pacífico”; de otra parte, algunos líderes del Comité Pro-Paro del 98 albergaban un sentimiento de ilusión de que tras este paro “ya no se podría mirar al puerto con los mismos ojos” (El País, 1999, D11).

PREPARANDO UN PARO DURANTE CUATRO AÑOS: INCONFORMISMOS ACUMULADOS, VIOLENCIAS LATENTES Y DIÁLOGOS POR EL TERRITORIO

Durante la década de los años noventa y las dos primeras del 2000, la protesta social en el territorio no se detuvo. Varias de las acciones emprendidas, aunque tuvieron menor resonancia mediática y eco regional o nacional, fueron constantes dado el incumplimiento de los acuerdos del 98, y la incorporación de nuevas demandas (ver cuadro 2). De hecho, Buenaventura con 253 luchas sociales y Barrancabermeja con 695, serán las ciudades intermedias en Colombia que más luchas sociales presentarán en el período 1975-2015 (^{Archila, 2019}a, pp. 84-85).

Como lo han indicado los miembros del Comité del PCB de 2017, y ha sido consigna de otros procesos de lucha social en Colombia “un paro cívico no se decreta, un paro cívico se prepara” y esto fue lo que se hizo en Buenaventura desde el año 2013, a través de una plataforma de convergencia de procesos organizativos conocida como el Comité Interorganizacional, creada en 2009 en el marco del Foro “Los derechos de los pueblos afrodescendientes frente al desarrollo de megaproyectos”¹⁰. Este espacio se configuró como una estrategia local para abordar el análisis de los macroproyectos que tenían impacto en Buenaventura. En el foro se acordó la generación de estrategias de memoria, la necesidad de documentar procesos, de fortalecer el trabajo de campo, de diseñar una estrategia de trabajo interorganizativa, de realizar acciones de hecho y de denuncia, todas ellas con el fin de articular y mantener la lucha de las comunidades por el territorio (^{Memorias del Foro “los derechos de los pueblos afrodescendientes…” 25 y 26 de junio de 2009}).

Estos espacios de discusión y diálogo dentro del territorio estaban ocurriendo en un contexto de tensiones políticas con el gobierno de Juan Manuel Santos que a través de su Plan Nacional de Desarrollo quería impulsar la construcción de un Puerto de Agua Dulce en Buenaventura y la inversión de recursos para el Pacífico. Dos acciones centrales impulsadas desde el Comité Interorganizacional ayudarían a tensionar el ambiente y posibilitar un nuevo ciclo de protesta social para la ciudad durante esos años: el Encuentro Marcando Territorio de 2013¹¹ que reuniría a representantes de 93 organizaciones populares y cívicas en torno a los reclamos por el agua, la educación, el territorio y la vida; y la Marcha del 19 de febrero de 2014 -impulsada por el obispo Héctor Epalza- cuya consigna fue: “Enterremos la violencia para vivir con dignidad y en paz en el territorio” (Corporación Manos Visibles, 2017). Esta acción implicó la conformación del Comité Marcha para Vivir con Dignidad - o también conocido como el “Comité de Marcha”¹².

El Comité de Marcha fue conformado por líderes sociales del Comité del Agua, de la Asociación Colombiana de Industriales y Armadores Pesqueros (Acodiarpe), del Polo Democrático Alternativo, de la Pastoral Social y de la Diócesis de Buenaventura¹³ y durante y después de la Marcha del 19 de febrero, estuvo reunido en mesas de trabajo en torno a unos ejes estratégicos (ver cuadro 3) que resultaron en unos compromisos locales, pero también en incumplimientos por parte del gobierno nacional (Comité de la Marcha para Vivir con Dignidad, 2016; Corporación Manos Visibles, 2017). Tanto el Comité Interorganizacional como el Comité de Marcha fueron claves para potenciar dichas mesas de trabajo, no solo como espacios de reunión sino como momentos para el diálogo social con la intencionalidad de construir acciones por el territorio. Estas mesas funcionaron con la intencionalidad de “transformar las conflictividades de forma conjunta e inclusiva”, como es lo propio de los diálogos democráticos (^{Pruitt y Thomas, 2008}).

El contexto que antecedió estas acciones fue muy complejo para la ciudad. Entre 1991 y 2013 Buenaventura experimentó una de las tasas promedio más elevadas de homicidios en el país (69,58% por cada 100 mil habitantes), registro que estuvo por encima del promedio nacional, que fue del 50%. Además, un año antes que sucedieran el Encuentro Marcando Territorio y la Marcha de febrero, se había presentado un desplazamiento intra y extraurbano, de por lo menos 13 mil habitantes, resultando los afros e indígenas, las mujeres y los jóvenes los más afectados (^{Parrado y Jaramillo, 2020}; ^{McGee y Flórez, 2017}; ^{Jaramillo, Parrado y Louidor, 2019}).

En la medida que “la política de las calles no se puede separar de la política de las élites y las instituciones” como lo ha indicado Sidney ^{Tarrow (2012}, p 442), una de las claves de lectura para lo acontecido en Buenaventura en este período, es la forma como se conjugaron los eventos de protesta y el manejo estatal. Para algunos de los entrevistados, el gobierno de Santos fue hábil para “capitalizar los descontentos callejeros en pleno proceso de paz con la Farc-EP y hacerlo, además, en una coyuntura crítica para el territorio, mediante promesas como las de seguridad e inversión “fácilmente acogidas por los funcionarios y la comunidad” (Entrevista a profesor, participante de una de las mesas del CPB, mayo de 2019). El gobierno de Santos estableció un plan de emergencia, siguiendo las recomendaciones de varios empresarios de Buenaventura, denominado “Plan de Choque” cuyo foco principal era la militarización de la ciudad y la inversión social de 188 mil millones de pesos¹⁴ (La República, 7 de marzo de 2014; Diario Occidente, 4 de abril de 2014). Asimismo, anunció el 25 de octubre de 2014, la creación del programa “Todos somos Pacífico” -durante el Foro “Buenaventura Próspera”- en el que prometía ejecutar recursos por más de 400 millones de dólares para inversión social en Buenaventura y la región¹⁵.

Según uno de los entrevistados, “la ciudad estuvo pendiente del cumplimiento de las promesas del presidente y su gabinete, pero de nuevo vio como el dinero y los proyectos se desvanecieron rápidamente” (Entrevista a líder del CPC, agosto de 2019). Tras su reelección, Santos ordenó a la Gerencia para el Pacífico atender los problemas de Buenaventura contenidos en el documento “Apuntando a soluciones estructurales”- sin embargo, el gobierno no asumió los compromisos “a pesar de los esfuerzos de la Gerencia para el Pacífico, ante los diferentes ministros” (Comité de la Marcha para Vivir con Dignidad, 2016). Ante esto, el camino que tomó el grupo de líderes que hacían parte tanto del Comité de Marcha como del Comité Interorganizacional fue continuar con un proceso organizativo de largo aliento con miras a un Paro Cívico, que, aunque no tenía fecha pactada, si tenía horizonte claro. Este horizonte giraría en torno a “un tema que uniera a los ciudadanos, un problema que lograra movilizarlos a todos: el agua” (Entrevista líder Fundación, febrero de 2020).

Examinando de manera retrospectiva el asunto de los incumplimientos estatales y de las formas de movilización ciudadanas, tanto el Comité Interorganizacional como el Comité de Marcha, asumieron cada uno de los aprendizajes propios de un forcejeo con el gobierno central y comprendieron “que tan importante como tener un amplio pliego de necesidades era tener uno de soluciones estructurales y prioritarias”. (Entrevista líder del Paro Cívico, agosto de 2019; Corporación Manos Visibles, 2017). Entre 2013 y 2017, durante cuatro años continuos, estos comités discutirán, planearán, convocarán, documentarán y dialogarán internamente con muchos sectores¹⁶, en torno lo que estaba ocurriendo con el acceso a la justicia, el territorio, la educación, la salud, la productividad, el empleo, el saneamiento básico, el ambiente y la cultura con la intención “de enfrentar siempre con los argumentos más sólidos a un gobierno como el de Santos” (Entrevista miembro organización eclesial, julio de 2019). A pesar de las diferencias de interpretación que podían tener los que asistían a estos espacios, un horizonte político de “conjunto”, con un principio compartido de acción, fue lo que los mantuvo a flote: “Buenaventura es de todos y por eso, en todas las mesas se discute lo de todos” (Entrevista líder del Paro Cívico, agosto de 2019).

Ambos comités habían decidido utilizar durante esos años, la estrategia discursiva de “presionar y desgastar a las instituciones del gobierno” con la advertencia de un Paro Cívico indefinido (Corporación Manos Visibles, 2017, p 35). De hecho, el 19 de febrero de 2017, en la antesala del PCB y cuando los bonaverenses salieron a las calles para conmemorar la marcha multitudinaria de 2014, se hizo público el anuncio: “El Paro Cívico se viene” (Entrevista Comunicador y miembro del CPC, agosto de 2019). Este anuncio coincidía con la visita a la ciudad de Simón Gaviria, Director Nacional de Planeación del Gobierno de Santos, para exponer lo que sería el programa “Nuevas Ciudades” que posicionaría a Buenaventura como “la puerta de entrada de Colombia hacia el Pacífico Global” (DNP, 9 de febrero de 2017).

Uno de los líderes del paro de 2017 que estuvo presenciando el discurso y la presentación del funcionario, señaló como éste “proyectaba la vocación futura del territorio bonaverense, visionando la isla como un enclave de hoteles y edificios, como Singapur o Shanghái, una ciudad para el puerto” (Entrevista a comunicador y miembro del Comité del Paro Cívico, agosto de 2019). Esta visión corporativizada del territorio, así como las cifras y el análisis presentados por el gobierno, además de la negativa del gobierno a declarar la emergencia humanitaria y ambiental en la ciudad, solicitada por diversas organizaciones mediante derecho de petición, aceleraron aún más las condiciones para el PCB de mayo de 2017 (Entrevista líder fundación, febrero 2020).

LAS PARTICULARIDADES DEL PCB, SU IMPACTO Y NOVEDAD

Sidney ^{Tarrow (2012)} considera que los ciudadanos deciden ser parte de acciones colectivas cuando “1) su lucha gira en torno a divisiones profundas en la sociedad 2) cuando se unen alrededor de símbolos y sentimientos profundos de identidad 3) cuando son capaces de levantar o construir redes sociales y estructuras de conexión compactas que logran producir una interacción con los oponentes” (2012, p.68). Lo dicho por Tarrow, aunque puede funcionar para comprender lo que impulsó a la gente en Buenaventura para realizar el PCB de 2017, la motivación principal vino, sin lugar a duda, de una expresión coloquial utilizada por uno de nuestros entrevistados: “la paciencia de la gente se colmó, la copa se rebosó” (Entrevista miembro del CPCB, julio de 2019).

En uno de los puertos más sofisticados de Latinoamérica, las promesas y compromisos incumplidos históricamente por el Estado más allá de desesperanzadores, se tornaron para la gente en un estado de cosas indefendible. Y no era para menos, la ciudad seguía sin tener una ciudadela hospitalaria, sin servicio de agua constante durante el día para las 12 comunas, no había una disminución de la enorme brecha de pobreza, ni tampoco se veían claros signos de una lucha frontal del gobierno central contra las violencias armadas, la extorsión de las bandas en los barrios y la corrupción ejercida por alcaldes y funcionarios públicos. Lo sucedido en Buenaventura estaba en consonancia con lo señalado por ^{Archila en su estudio del 2019}: el 16,4% de las 22.988 protestas acontecidas entre 1975 y 2015, fueron activadas o motivadas por los “incumplimientos” estatales (2019b, p. 105).

Una semana antes del 16 de mayo, los medios de comunicación locales informaban a la población local sobre movilizaciones convocadas por más de 61 organizaciones sociales para “exigir al gobierno nacional [que] respondiera por el estado de abandono en el que se encuentran las comunidades” (Buenaventura en línea, mayo de 2017). El gobierno nacional enterado de que “un paro se venía” decidió enviar “una comitiva de más de seis ministros, a tratar de disuadir su realización. Ese hecho, en lugar de disuadir, aceleró y preparó el terreno” (Entrevista Comunicador y miembro del CPC, agosto de 2019).

Durante esa semana previa, las calles y las redes sociales se llenaron de imágenes y vídeos que convocaban a las movilizaciones con mensajes de hermandad, solidaridad y protección del territorio (Asociación Nomadesc, 2017; 2020). A las 5:00 de la mañana del 16 de mayo de 2017, un grupo que no superaba las 300 personas iniciaría por fin el PCB (Corporación Manos Visibles, 2017) con un cronograma de acciones preparado de antemano por los del Comité de Marcha. El apoyo al Paro no fue un hecho desde el inicio, más bien fue ocurriendo paulatina y sistemáticamente debido a la indignación creciente. Por ejemplo, el que un alcalde de turno haya dicho que el Paro no duraba más de tres días porque la gente es rebuscadora, “indignó a la gente, la motivó a salir a las calles y apoyar el Comité” (Corporación Manos Visibles, 2017).

El Comité de Marcha impulsor de gran parte del proceso se convirtió pronto en el Comité del Paro Cívico CPCB, -compuesto por líderes sociales, sindicales, indígenas y afrodescendientes, así como comunicadores, académicos y comerciantes¹⁷. Además de “documentar” lo que venía sucediendo en la ciudad desde hacía años, había aprovechado meses antes para “construir una agenda” pensando para cada día, entre el 16 y el 22 de mayo, una actividad, un tema o problemática a abordar y un punto de encuentro en el que serían centrales las actividades culturales. Para llevar a cabo cada agenda se instauraron diversas comisiones “protectoras” como la comisión de seguridad y la comisión de salud (Entrevista líder organización, febrero de 2020).

Durante los 22 días del PCB se emplearon diversos repertorios de acción colectiva. Por un lado, se reprodujeron las formas convencionales de protesta como las marchas y bloqueos, y por otra, acciones culturales e interreligiosas. Por ejemplo, el primer día, se llevó a cabo una oración ecuménica que incluyó laicos, sacerdotes, pastores y agnósticos en 12 puntos de encuentro en la ciudad, con la intención de “que todo el mundo se sintiera incluido” (Entrevista líder del Paro Cívico, agosto de 2019). El segundo día se convocó a una marcha a la que asistieron más de treinta mil personas reclamando oportunidades de empleo digno. El tercer día, bajo la arenga “el pueblo no se rinde carajo” salieron más de 50.000 personas a las calles (El país, mayo de 2017). Asimismo, durante todos los días del Paro se “bloquearon culturalmente” distintos puntos viales y comerciales estratégicos como el Puente del Piñal, la Carretera alterna/interna y La Delfina.

Desde el inicio del Paro -siguiendo el ejemplo de la Marcha por la Vida y la Dignidad de febrero de 2014- se optó por incentivar el uso de repertorios de protesta no violentos que generaran una disrupción de lo cotidiano tanto en el orden local como nacional. El uso de repertorios innovadores y no violentos, como ha reconocido Tarrow, tiende a atraer a nuevos seguidores y desconcertar a sus oponentes, mientras que logran alterar el orden simbólica y pacíficamente para evitar la represión (2012, p. 187). Y fue esto precisamente lo que se vivió en las marchas del PCB, un “gran carnaval por la vida y el territorio”, con pintas en diversos sitios de la ciudad, con una marea de camisetas blancas, con arengas diversas como las de “el pueblo no se rinde carajo” y con canciones históricas del repertorio salsero vallecaucano como “Mi Buenaventura” de Petronio Álvarez (Corporación Manos Visibles, 2017; ^{Moreno y Arboleda, 2020}).

Días antes de las acciones de protesta, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)¹⁸ ya estaba ubicado alrededor de Buenaventura. Su presencia se mantendría hasta el fin de Paro. En la lectura del gobierno, y más aún del entorno institucional¹⁹ regional (las fundaciones privadas, las élites vallecaucanas, los medios de comunicación al servicio o propiedad de estas mismas élites) esta fuerza de choque era necesaria porque cada día de Paro, “generaba un costo para el desarrollo”. De hecho, en el periódico El País de manera especial (ver cuadro 4), se reforzó la idea de que el paro traía consigo pérdidas millonarias, traducidas en un “gran detrimento para la actividad industrial que necesita de los suministros que entran por esa ciudad, y para las exportaciones” (El País, 2017, A8).

Un dato adicional a lo anterior. Al realizar el análisis temático de los contenidos que circularon en prensa nacional y regional durante los 22 días del Paro Cívico, es evidente la relevancia dada al paro en las noticias como una acción con efectos nocivos para el desarrollo y la economía local y nacional, en contraste con aquellas noticias que reconocieron las condiciones estructurales que habían desencadenado o posibilitado la movilización, junto con las que valoraban los procesos de diálogo y los puntos abordados entre el comité y el gobierno.

Fuente: Periódicos nacionales y locales (El Espectador, El Tiempo, El País, El Heraldo, El Nuevo Siglo, La República, Voz y El Colombiano en los 22 días del Paro Cívico, mayo -junio de 2017)

Gráfico 1 Noticias registradas en los 22 días del Paro Cívico de Buenaventura 

Uno de los eventos más disruptivos del PCB de 2017 y en el que se pasó de la “sola presencia disuasiva” del Esmad a “la acción de choque directa²⁰, fue la vivida en la tarde del 19 de mayo, a la altura de La Delfina -y luego hacia el Puente de El Piñal y en la carretera Cabal- Pombo-, cuando empezaron a aparecer tanquetas, motos y camionetas antidisturbios que buscaban desbloquear las vías principales. Durante las horas de la tarde se presentaron enfrentamientos entre la antimotines y los manifestantes. Para estos últimos, “el Esmad usó desproporcionadamente la fuerza contra la gente que estaba protestando pacíficamente” (Entrevista a líderes de organización cultural, agosto de 2019). A las seis de la tarde se dijo por los medios locales y nacionales que “la fuerza pública había recuperado la ciudad en sus dos puntos más claves para las comunicaciones y el comercio” (Corporación Manos Visibles, 2017, p.41).

Cuando empezó a anochecer se registraron algunos disturbios en distintos puntos de la ciudad y algunas personas saquearon supermercados, robaron cajeros, tumbaron postes y “lo que no pudieron robarse, lo dañaron” (Entrevista líderes organización cultural, agosto de 2019). Curiosamente, aunque la Antimotines había “tomado el control de la ciudad unas horas antes”, durante las horas de los desmanes no hubo presencia de ella para controlar lo que estaba sucediendo. La lectura de algunos líderes del Paro sobre esto fue que obedecía a una “estrategia para distraer a la resistencia bonaverense que apretaba a los uniformados en El Piñal” (Corporación Manos Visibles, 2017. p. 42); para otros, todo ello se hizo “para hacerle creer al mundo que nosotros somos unos ladrones, unos vándalos y buscar mecanismos para que la gente renunciara al Paro” (Entrevista a líderes organización cultural, agosto de 2019).

La noche del 19 de mayo estuvo marcada por la rabia, la tristeza y la incertidumbre. El gobierno departamental había anunciado la llegada de 500 militares y 200 uniformados del Esmad (El país, 31 de mayo de 2017). Paradójicamente la represión estatal ocurría en un marco de oportunidad política para el país ofrecido por los Acuerdos de la Habana y en un gobierno “aparentemente más negociador que su antecesor” (^{Archila, 2019}b, p. 114; ^{Cruz, 2017}c, p. 238-243). En lugar de replegarse, el Paro se mantuvo y se fortaleció y esto fue posible gracias a la institucionalidad comunitaria, tanto rural como urbana que lo apalancó. El 20 de mayo la gente salió masivamente a las calles para protestar contra la represión violenta y la estigmatización del pueblo de Buenaventura. Esta movilización multitudinaria, con más de 50.000 personas en las calles (El País, 21 de mayo de 2017), aunque no fue planeada por el Comité Organizativo, sí operó de forma orgánico-comunitaria, recogiendo a su paso distintos grupos de personas y muestras culturales. Si los eventos del día anterior, “habían devastado la moral” de los líderes del CPCB, la marcha los hizo sentir “asombrados, abismados … porque la manifestación había salido sola” (Líder del PCB, julio de 2019).

Si bien las marchas fueron un repertorio constante de manifestación ciudadana durante el PCB y fue lo que, según nuestra interpretación, permitió ganar en visibilidad nacional a este proceso, no fue lo único que aceleró e incrementó el protagonismo de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. A este repertorio que ^{Tarrow (2012)} ha llamado “el repertorio heredado de acción colectiva”, se fueron agregando bajo la tutela de jóvenes y mujeres, el cacerolazo del segundo día de paro, las mingas por la paz y diversas acciones artísticas de colectivos durante los 22 días.

El uso de las redes sociales fue otro aspecto decisivo en el PCB de 2017. Como sugieren ^{Castells (2012)}, ^{Massal (2014)} y ^{Archila (2019)}a diversas redes virtuales de “indignación y esperanza” amplifican los canales de convocatoria en la lucha por la democracia. En el caso de lo acontecido en Buenaventura estas favorecieron las convocatorias a distintos espacios y generaron redes de apoyo con familiares y amigos en el exterior (por ejemplo, en Estados Unidos, España, Inglaterra y Alemania). Al decir de los entrevistados: “sin las redes sociales esta historia [la del PCB] no hubiera sido posible” (Entrevista a líder PCB, agosto de 2019);²¹ “Como sabíamos que había gente viéndonos, eso impulsaba a seguir…ese poder fortaleció el movimiento” (Entrevista a funcionaria organización social, agosto de 2019). La transmisión en directo de las negociaciones entre el gobierno nacional y el CPCB contribuyó, además, a una apropiación histórica de lo que se discutía, como nunca había acontecido en la ciudad. Según uno de los entrevistados “Lo que ocurrió fue histórico, los medios de Buenaventura se encadenaron y Telemar [medio de comunicación local], y Voces del Pacífico [medio de comunicación local radial] transmitieron en directo y sin ediciones, los diálogos. Se conocieron en tiempo real las discusiones, por eso el pueblo se abalanzó a favor de las y los negociadores del PCB” (Entrevista líder PCB, agosto de 2019).

LOS ESCENARIOS DE NEGOCIACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PROVOCADOS POR EL PCB

Las negociaciones entre el gobierno nacional y el CPB tuvieron una duración de 20 días, de manera interrumpida, con varias tensiones²² y ocurrieron paralelas a las acciones de calle. La “oportunidad política”²³ generada por el momento histórico del Acuerdo de Paz y un gobierno más proclive a la negociación (sin que haya desaparecido la represión, como se evidenció arriba) influyeron en ello. Como sugieren ^{Tilly (2006)} y ^{Tarrow (2012)} un cambio de régimen introduce nuevas relaciones, actores o impone nuevas estrategias entre ellos para facilitar o bloquear la acción colectiva. Esto pudo ser lo que sucedió con el gobierno de Santos en sus dos períodos, (2010-2014; 2014-2018) mostrando un rostro más moderado para decisiones políticas de alto costo -en comparación con el gobierno antecesor- (^{Cruz, 2017}c), abierto parcialmente a “diálogos” con diversos sectores y más simpatizante de una política de cabildeo internacional.

En la mesa negociadora, una de las 10 mesas con las que se articuló la estructura de movilización de PCB, confluyó un equipo de trabajo policlasista, intercultural e interreligioso que buscó plantear un conjunto de exigencias comunes y que además provenían de procesos de lucha como los antes mencionados. Allí estuvieron representados Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios, gremios de comerciantes, trabajadores e iglesias, que exigían al gobierno nacional, como ya lo habían exigido en 2014 y 2017 la declaratoria de emergencia social, ecológica y ambiental (Defensoría del Pueblo, 2017, p.7)²⁴.

El proceso de negociación tuvo varios momentos. Desde el 18 de mayo, el CPCB inició las conversaciones con el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. En su intervención, el ministro descartó la idea de que el gobierno declarara una emergencia económica y social para la ciudad (El País, 31 de mayo de 2017). El 19 de mayo en medio de los enfrentamientos con el ESMAD, acusaciones y estigmatización de los líderes, y los desmanes ocurridos en la ciudad, el CPCB se levantó de la mesa exigiendo la presencia del presidente Santos o del ministro del Interior, Guillermo Rivera. Después de cuatro días se volvió a activar el diálogo ante la llegada del ministro, buena parte del Ejecutivo y una comisión del gobierno departamental (Ver cuadro 5). Antes de este momento, no hubo ningún acercamiento con las instituciones de carácter municipal o departamental, dado que los miembros del CPCB “eran conscientes de la corrupción y la falta de compromiso en la administración distrital y de que las instituciones locales o departamentales solo son administradoras, ellas no deciden nada y se buscaban cambios normativos” (Entrevista a líder indígena y miembro del CPB, julio de 2019).

Durante la negociación, participaron diversos facilitadores como la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal y la Iglesia Católica (Defensoría del Pueblo, 2017, p.10). Esta última jugó un papel fundamental en el impulso del Paro y sus negociaciones. El obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza Quintero -promotor de las Marchas de 2014- (El país, 23 de mayo de 2017) “fue invitado como garante del proceso de negociación porque transmitía confianza para todos los sectores” (Entrevista miembro organización eclesial, agosto de 2019).

La negociación entre los actores se cocinó de forma lenta y estuvo llena de “tensiones y restricciones”, como es lo normal de un proceso como estos (^{Fisas, 2005}) debido a la diversidad de organizaciones, instituciones, trayectorias, demandas e intereses que confluyeron durante las jornadas. El CPCB le apostó desde el comienzo a que el gobierno “planteara una solución que diera garantías al cumplimiento a la declaración de emergencia: recursos suficientes, ejecución rápida y cambio normativo” (Entrevista miembro organización eclesial, agosto de 2019). Pero la declaración de la emergencia social, económica y ambiental fue negada en primera instancia por el gobierno y luego por el Consejo de Estado (Concepto 2342 de mayo 30 de 2017). La negociación giró entonces hacia los ejes estratégicos y luego de 22 días de forcejeo, el paro se levantó finalmente.

Uno de los miembros del Comité reconoce que en este forcejeo fue central el ejercicio de documentación y preparación de largo aliento que ya tenía el CPCB, a través del Comité de Marcha y el Comité Interorganizacional, “lo que hizo que se ganara en respeto, pues desde el primer día se transmitió la imagen de que los que estaban sentados, conocían sus problemas, sabían las implicaciones jurídicas y, por tanto, no era fácil que se les engañara” (Entrevista a líder de la Iglesia, agosto de 2019). Aunque en el imaginario del gobierno estaba la idea de que por obra suya se había logrado levantar el Paro y poner a circular las actividades económicas del Puerto, un líder del Paro fue enfático al afirmar que: los acuerdos de Buenaventura no fueron firmados con el gobierno, sino con el estado colombiano” (Entrevista líder del CPCB, agosto de 2019).

Comparados el Acuerdo de Paz y el proceso de negociación derivado del PCB 2017, algunos líderes entrevistados afirman que el primero no ha tenido los alcances que lo segundo pudo haber logrado. De hecho, si bien Buenaventura, es uno de los territorios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz en lo relativo al “capítulo étnico”²⁵, tanto lo concerniente al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a la Circunscripción Especial de Paz, no cuentan con grandes avances en materia de implementación. Una de las expresiones que más ha llamado la atención en el proceso investigativo es reconocer en el proceso derivado del Paro Cívico de 2017, “la verdadera mesa de negociación”.

¿Pero dónde radica la justificación de este imaginario? En dos elementos. De una parte, uno de los principales logros de esta mesa fue presionar para que lo acordado entre el gobierno central y la ciudadanía, se volviera Ley de la República, con la creación del “Fondo Autónomo para el Desarrollo del Distrito Especial de Buenaventura” y la adopción de “medidas para promover el desarrollo integral del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (Ley 1872 de 2017). De otra parte, se acordaron inversiones, para nueve áreas prioritarias en los sectores de educación, salud, saneamiento básico, movilidad, medio ambiente, entre otros (ver cuadro N° 6), por 1.5 billones de pesos -800 mil millones del presupuesto general de la nación y 600 mil millones del Fondo de Patrimonio Autónomo Fonbuenaventura²⁶-.

El CPCB, sin embargo, no ha estado libre de tensiones internas. El más reciente ocurrió a raíz de la decisión del Comité de presentar un candidato alternativo para la alcaldía 2020-2023. La justificación radicó en la necesidad de tener una opción política de poder alternativo real para defender la implementación de lo acordado con el PCB, frente a una administración y clase política local que ha desconocido las demandas de la ciudadanía. El Comité reconoció que la decisión de tener un candidato propio fue criticada no sólo por los partidos y actores políticos, sino también por opositores y líderes comunales. Sin embargo, se sostuvo en que ‘sin el apoyo institucional local, lo acordado en el 2017 se quedaba en el papel’ (Entrevista a profesor, participante de una de las mesas del CPB, agosto de 2019).

Más allá de la discusión sobre si el Comité del Paro Cívico debía tener o no un candidato, lo que estuvo en juego en estas primeras elecciones locales luego del Paro del 2017, fue la manera de hacer “otra política”. Puede que, para muchos ciudadanos, el PCB haya sido una manera de reclamar servicios básicos e inversión social. Para el Comité, sin embargo, las masivas movilizaciones del 2017 representaron el inicio de una ruptura con una forma viciada, corrupta y violenta de buscar y mantenerse en el poder. Durante inicios de 2019, se propuso el surgimiento de un movimiento ciudadano compuesto por ciudadanos que optaron por impulsar un candidato a la alcaldía. Este proceso fue apalancado por el CPCB y el Comité Interorganizacional, lo que ha abierto preguntas tales como ¿el Paro Cívico ha devenido realmente en un movimiento cívico? ¿debe el Paro Cívico estar al servicio de fines políticos electorales? Estas preguntas cobran aún más relevancia, cuando algunos habitantes ajenos a los “liderazgos emergentes” del Paro sienten que no se ha socializado lo suficiente a nivel barrial y comunal, lo acordado y lo ganando en junio de 2017.

Finalmente, una Asamblea del Movimiento Cívico -compuesta por el CPCB y el Comité Interorganizacional- promovió la candidatura de Víctor Hugo Vidal Piedrahíta (Pares, 30 de octubre de 2019). Con el fin de reivindicar el carácter democrático del Paro, Vidal decidió renunciar al Comité del Paro, ya que los opositores de su candidatura aseveraban que con eso se demostraba que se había usado el Paro con fines políticos (La Silla Vacía, 12 de diciembre de 2019). Además, decidió, en conjunto con su equipo, que optarían por la recolección de firmas para presentarse como candidato a la Alcaldía de Buenaventura bajo el nombre Coalición Buenaventura Digna. La campaña política no fue fácil ante la maquinaria política tradicional de Buenaventura que apoyó a la exconcejala Ligia del Carmen Córdoba. Durante meses, la Coalición recogió aproximadamente 60.000 firmas, lo que, según Vidal, se tradujo en que “casi 60.000 ciudadanos dijeron “yo quiero que usted sea candidato” (Entrevista líder CPCB 2, agosto de 2019). En julio de 2019, se presentaron las firmas ante la Registraduría. Sin embargo, esta institución no contestó a la inscripción “lo que fue percibido como una intencionalidad de dejar por fuera de la contienda política al único candidato del sector alternativo y cívico de la ciudad” (Pares, 30 de octubre de 2019).

Ante la falta de respuesta de la Registraduría, la Coalición Buenaventura Digna decidió acoger el aval de la Coalición Colombia Humana y la Unión Patriótica con la cual ganó las elecciones con un total de 28.002 votos sobre 125.459 votantes, un 24% de la votación total (^{Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019}). La llegada histórica de un candidato no tradicional a la alcaldía se ha leído como “una amenaza para las maquinarias de la región” (Pacifista, 5 de noviembre de 2019) y una alternativa política de difícil gestión local, ya que el 85% del Concejo de Buenaventura son opositores (Pares, 30 de octubre de 2019). Para Vidal, el gran reto que enfrenta Buenaventura es lograr que los acuerdos del 2017 se cumplan y superar la corrupción que afecta la administración pública. Cerrar las enormes brechas históricas de Buenaventura en relación con el país es uno de los principales retos de Vidal (Entrevista líder CPCB 2, agosto de 2019). Otros desafíos los tienen las organizaciones y ciudadanos que hicieron parte del PCB: mantener la movilización, conectar más las discusiones del Comité y la Asamblea con las realidades de los barrios y comunas, y seguir ejerciendo la veeduría ciudadana más allá del acontecimiento electoral.

EPÍLOGO: PUNTOS DE INFLEXIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS PARA LA REGIÓN Y EL PAÍS.

El PCB de 2017 y los acumulados previos de movilización en el territorio representan puntos de inflexión en la arquitectónica política y las dinámicas sociales del municipio, al menos en tres direcciones:

Algunas de las lecciones derivadas de estos procesos para el país y la región pueden condensarse aún en “caliente”, en lo siguiente: