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INTRODUCCIÓN
La firma de acuerdos de paz con organizaciones armadas no es equivalente al fin de la violencia (Nilsson & González-Marín, 2020). Por el contrario, casos como los de Guatemala, El Salvador y Liberia, por solo citar algunos, muestran que las trayectorias de violencia pueden ser muy dispares. La violencia puede incrementarse (Nussio & Howe, 2014), sostenerse en niveles similares a los vistos durante el conflicto (Berg, 2020) o reducirse de forma considerable (Smidt, 2020).
Las razones que se han considerado para explicar estos resultados son varias: fallas en los procesos individuales de reintegración (González & Dorussen, 2020; Prada-Dussán & Valbuena-Latorre, 2020), luchas por preservar los recursos ilegales (Bhatia, 2020) o condiciones endógenas del territorio (debilidad estatal o desconfianza institucional, por ejemplo) (González, 2003). No obstante, estas explicaciones usualmente buscan entender los cambios de las dinámicas violentas en escenarios de posconflicto (aumentos o reducciones), pero no necesariamente los procesos que no implicaron transformaciones importantes.
Por otro lado, varios de los escenarios de posconflicto envolvieron procesos de urbanización de la violencia, dado que las manifestaciones previamente rurales se trasladaron hacia los principales centros poblados (Apraxine et al., 2012; Jansen, 2017). Sin embargo, en Colombia, por la persistencia de la violencia en zonas rurales, los estudios sobre trayectorias de violencia en el posacuerdo se han concentrado mayoritariamente en entender zonas periféricas (Daly, 2016; Ríos, 2016), por lo cual las trayectorias de violencia urbana han sido menos analizadas.
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son tres ciudades del Caribe colombiano que durante el primer lustro del milenio presenciaron la incursión y consolidación hegemónica de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc). Esto implicó un aumento escarpado de los homicidios y su posterior descenso hacia el 2004. La desmovilización de este grupo paramilitar finalizó en el 2006, y, para este momento, varios grupos armados empezaron a competir por los mercados ilegales dejados por el grupo paramilitar. Sin embargo, los niveles de violencia no aumentaron, sino que se mantuvieron estables durante varios años (en dos de esas ciudades permanecen en niveles muy similares a los del 2006). En consecuencia, nos preguntamos: ¿qué explica que los niveles de violencia homicida permanezcan estables después de la desmovilización de un grupo armado que se había establecido como hegemónico en un territorio, a pesar de que con su salida se genera una competencia armada?
Argumentamos que el sostenimiento de los índices de violencia homicida está relacionado con la transformación del perfil de victimización. Es decir, los nuevos grupos del crimen organizado se vuelven más selectivos frente a sus víctimas y, así, logran competir sin necesidad de alterar radicalmente los índices de violencia. De esta manera, no solo derrotan a sus competidores, sino que evitan atraer atención mediática e institucional, al generar una sensación de normalidad y continuidad. A este escenario lo hemos denominado competencia armada selectiva, en cuanto los actores compiten sin incrementar los niveles de violencia, sino seleccionando más detalladamente a sus víctimas. Así, hay una mayor cantidad de víctimas asociadas con las disputas entre grupos del crimen organizado, pero una reducción de las muertes de civiles que no hacen parte de estas disputas. En el balance, los homicidios se mantienen en niveles similares, pero están muriendo más personas producto de las disputas.
Este artículo busca aproximarse a dos vacíos encontrados en la literatura. Por un lado, la falta de una explicación precisa a escenarios de competencia armada en los cuales no hay incremento de los niveles de violencia. Es decir, se busca entender por qué la ruptura de un monopolio de protección ilegal no genera mayores índices de violencia homicida. Por otro lado, se seleccionaron tres casos que en Colombia han sido relativamente poco estudiados por ser ciudades (dado que hay un énfasis en las zonas rurales) y porque la violencia derivada del conflicto no se ha considerado de particular relevancia ante la existencia de otros casos con mayor actividad de grupos del crimen organizado. Así, se realizan aportes a la literatura sobre violencia del crimen organizado, a la literatura sobre violencia en escenarios de posconflicto y a la literatura sobre conflicto armado en Colombia.
ARGUMENTO TEÓRICO
Como ya fue mencionado, las explicaciones sobre la violencia en escenarios de posacuerdo han tendido a analizar, principalmente, momentos en los cuales se presentan cambios (incremento o disminución de la violencia). Para ello, se ha planteado que existen condiciones endógenas del territorio que hacen que no sea posible erradicar la violencia a través de acuerdos sin transformaciones estructurales del territorio (González, 2003; Massé & Le Billon, 2018). Así mismo, Bhatia (2020) y Salas et al. (2019) plantean que la existencia de recursos ilegales hace que la salida de un grupo armado implique la llegada de otros actores que, ante el vacío de poder, aprovechan para cooptarlos. Empero, estas aproximaciones realizan observaciones de largo plazo que no necesariamente son útiles para entender una coyuntura particular y, mucho menos, si no se trata de una alteración del escenario de violencia, sino del sostenimiento de las condiciones previas a la desmovilización.
Por su parte, Nussio y Howe (2014) plantearon una explicación más precisa. Para estos autores, si hay desmovilización de una organización hegemónica, pero en el territorio permanece un grupo armado capaz de sostener el monopolio de la protección ilegal, entonces los homicidios van a permanecer estables en el tiempo. Sin embargo, aunque esta propuesta aplica bastante bien al Urabá (donde hubo una desmovilización incompleta de las auc, que llevó a la existencia de un actor armado que reemplazó rápidamente su rol en la arquitectura de protección ilegal), no funciona en los tres casos estudiados: allí, las auc no fueron reemplazadas por una única estructura ilegal, sino por una multiplicidad de nuevos actores no hegemónicos que, según la teoría de los espacios de protección ilegal, debían competir hasta alcanzar la estabilidad, aumentando temporalmente los niveles de violencia (Snyder & Durán-Martínez, 2009).
En consecuencia, planteamos una explicación distinta. En efecto, la desmovilización de las auc produjo una ruptura del monopolio de la protección ilegal y una atomización violenta1, lo que dio lugar a una competencia armada. No obstante, estos grupos armados posdesmovilización no incrementaron los niveles de violencia homicida (a pesar de que efectivamente competían por el dominio de algunos mercados ilegales), porque lo que se transformó fue el perfil de victimización.
El Bloque Norte de las auc, según explica el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (2018), tenía tres patrones de macrocriminalidad: 1)discurso contrainsurgente, que implicaba el asesinato, desplazamiento o desaparición de personas que fueran asociadas por la organización con la insurgencia armada; 2)limpieza social, entendida como el exterminio sistemático de individuos que pertenecen a sectores sociales marginados o que asumen comportamientos rechazados por un orden social particular, y 3) homicidios retributivos, consistentes en asesinatos selectivos contra miembros de la organización que incumplieran órdenes de sus superiores, civiles que desafiaran su control o no pagaran extorsiones, o miembros de otros grupos armados que no se sometieran a la organización (sobre todo al principio de su llegada a la región Caribe).
Los grupos armados que emergieron como producto de la atomización violenta de las auc renunciaron a dos de esos tres patrones de criminalidad: el discurso contrainsurgente y la limpieza social. En ese sentido, es entendible que delitos como la desaparición forzada y el desplazamiento forzado disminuyeran luego de la salida de las auc. No obstante, estos actores armados no solo mantuvieron, sino que profundizaron los homicidios retributivos en contra de, por un lado, sus competidores armados (con el objetivo de ganar control territorial y hacerse con el dominio de los mercados del crimen organizado) y, por otro lado, civiles que incumplieran sus órdenes (principalmente, que se negaran a pagar extorsiones o que amenazaran su presencia en el territorio), con el objetivo de también ejercer control sobre la ciudadanía.
Así, el sostenimiento de los niveles de violencia homicida se explica por el aumento de violencia entre organizaciones del crimen organizado. A diferencia del momento de hegemonía de las auc, ahora los homicidios retributivos no estaban centralizados en una estrategia de macrocriminalidad derivada de una única organización armada, sino que se desprendían de múltiples polos de criminalidad, de acuerdo con los actores presentes en cada momento histórico. Así, lo que se observa es una competencia armada selectiva, que no incrementa todos los niveles de violencia, sino que profundiza la selectividad de las víctimas (con una mayor cantidad de víctimas asociadas con las disputas entre grupos del crimen organizado).
Esta aproximación refuerza los hallazgos de Friman (2009) y Cockayne (2016), para quienes el crimen organizado, cuando no está mediado por objetivos abiertamente políticos, tiende a tener una naturaleza selectiva. En ese sentido, existirían unas líneas vagamente demarcadas de “orden social” que el crimen organizado no cruza para no atraer atención mediática ni aumentar la vigilancia del Estado. Eso explica por qué a escala urbana no hubo aumentos considerables de la violencia (a pesar de que existía competencia): al volverse más selectivos, logran también evitar la respuesta estatal. Esto implicaría que existen lógicas estratégicas detrás de las decisiones de los grupos criminales, dado que actúan esperando respuestas tanto por parte del Estado (en este caso, esperan su inacción), como por parte de la población civil (en este caso, esperan que sigan pagando las extorsiones y respondiendo al orden social que establecen).
METODOLOGÍA
Dado que el objetivo de este artículo es demostrar que el sostenimiento de los niveles de violencia homicida en algunas ciudades después de la desmovilización de las auc se debe a una competencia armada selectiva de las organizaciones remanentes del crimen organizado, entonces se hará un estudio de múltiples casos, con el objetivo de demostrar nuestro argumento en distintos escenarios. Los estudios de caso pueden ser útiles para testear y desarrollar teorías (Pinfield, 1986; Eisenhardt & Graebner, 2007); además, como señala Gustafsson (2017), al añadir más de un caso es posible blindar la teoría (aunque no generalizarla necesariamente) y extender los argumentos a más de un escenario peculiar.
Por tanto, seleccionamos tres ciudades del Caribe colombiano en las cuales los niveles de violencia homicida se sostuvieron aun después de la desmovilización de las auc: Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Todas ellas tienen puertos comerciales que las hacen atractivas para la exportación de drogas ilícitas y la importación de insumos químicos, armas y divisas en efectivo. Tal como lo propone Duncan (2013), hay una división del trabajo en el narcotráfico; allí las ciudades se ubican en las fases medias y avanzadas del negocio, ya que desde ellas se exporta el clorhidrato de cocaína hasta el mercado final o cerca de él, y también se realizan las transacciones de capital con el dinero obtenido.
Por otra parte, en Santa Marta y Barranquilla se sintieron los efectos de la bonanza marimbera, y, al final de este ciclo histórico, permaneció una sólida red de actores legales e ilegales (sicarios, testaferros, lavadores de activos, políticos, jueces, policías y militares) que sirvieron como pilares sobre los cuales se desarrolló el narcotráfico a gran escala en la región y que rápidamente se adaptaron al nuevo contexto de criminalidad (Trejos et al., 2020; Zúñiga, 2007). En ese sentido, aunque las ciudades elegidas cumplen funciones similares en el escenario de criminalidad, tienen también trayectorias históricas distintas, lo que permitirá testear nuestro argumento teórico en diversos escenarios.
La reconstrucción de cada caso se hizo a partir de la recolección de todas las alertas tempranas publicadas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo desde el 2006 (año de la desmovilización de las auc) hasta el 2020. Luego, esta información se trianguló con informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh) y revisión de fuentes secundarias (medios de comunicación y artículos científicos). Así, se buscaba dar cuenta, por un lado, de los actores presentes en cada ciudad entre 2006 y 2018, y, por otro, de las interacciones existentes entre estos actores. Luego, a partir de información recolectada por medio de solicitudes de información a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se buscó mostrar cómo, pese a la permanencia de varios actores criminales que competían por el control del territorio, las cifras sobre violencia homicida y extorsiones se mantuvieron en niveles similares a los observados previamente con la presencia hegemónica de las auc.
VIOLENCIA POS-AUC EN COLOMBIA: CONTINUIDADES Y RUPTURAS CON EL PARAMILITARISMO
Como lo muestra Krakowski (2015), varios mandos medios de las estructuras de las auc crearon nuevas organizaciones armadas que buscaron mantener el control de algunas rentas ilegales. En ese sentido, antes de la reconstrucción de los tres casos de estudio, es necesario clarificar algunas nociones sobre la naturaleza y trayectorias de estas organizaciones, con el fin de contextualizar los escenarios de violencia urbana después del 2006.
Por un lado, se observan algunas continuidades. En primer lugar, estos grupos heredaron varias estructuras logísticas de las auc y, entonces, operan en muchos territorios en los que esta organización hacía presencia. Así, dichas organizaciones pos-auc lograron controlar y beneficiarse de las rentas ilícitas que ese grupo había cooptado. En segundo lugar, varios exmiembros de las auc (principalmente mandos medios) terminaron siendo líderes en estas organizaciones (al menos durante sus primeros años de existencia). Por tanto, algunos arraigos territoriales e ideas propias de las auc pudieron sostenerse en estos grupos temporalmente. Por ello, no debe sorprender que los repertorios de violencia e intimidación prevalezcan en algunos territorios.
Sin embargo, también se evidencian varias rupturas. En primer lugar, la vocación contrainsurgente de las auc no se trasladó completamente a estos grupos. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (agc), por ejemplo, establecieron pactos con el Bloque José María Córdoba de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (farc-ep) en el Urabá y el Bajo Cauca, y con el Ejército de Liberación Nacional (eln) en el sur de Bolívar. Los Rastrojos también hicieron acuerdos con el Ejército Popular de Liberación (epl) en el Catatumbo, lo que deja ver que no hay necesariamente una persecución a la guerrilla, como sí la hubo sistemáticamente con las auc. En segundo lugar, las auc lograron construir unas relaciones orgánicas con las instituciones estatales que estos grupos no han podido sostener en el tiempo. Como lo pone de manifiesto Massé (2015), estas nuevas organizaciones “sostienen vínculos o relaciones menos estratégicas, y más comerciales y mercantiles, con individuos de la fuerza pública” (Massé, 2015, p. 23). Así, aunque sigue habiendo cooperación a escala local, estas alianzas suelen ser más instrumentales y específicas (a escala individual) que orgánicas (Trejos & Badillo, 2020). En tercer lugar, estos grupos, a diferencia de las auc, tampoco parecen tener un proyecto político nacional, dado que no proponen un modelo de sociedad o la transformación del país a partir de una idea particular de nación2. Finalmente, estos grupos armados han adoptado muchos más principios empresariales a su práctica criminal y, por tanto, realizan subcontratación de bandas locales para la protección de sus mercados. Así, no solo disminuyen los costos políticos y económicos de su actuación, sino que evitan una estructura vertical que haga posible su rápida desarticulación.
Estos grupos no tuvieron tampoco un desarrollo homogéneo ni pueden considerarse todos como una unidad. Al momento de la desmovilización, se produjo una atomización violenta que implicó la fragmentación en múltiples grupos armados (33, según datos de la Policía Nacional). La mayoría de estos grupos estaba compitiendo por el dominio territorial, pero no necesariamente tenían carácter nacional (de hecho, gran parte de ellos luchaban para preservar su existencia en territorios específicos). Hacia el 2009 se observó un periodo de agrupamiento, dado que desaparecieron más de la mitad de estos grupos, y en el país permanecen 15, pero solo 6 controlan el 90 % de las actividades criminales (cnmh, 2015).
En este momento, en el Caribe colombiano, la violencia estaba mediada principalmente por el rol de las agc, Los Rastrojos, Los Paisas y las Águilas Negras, que para este momento ya estaban siendo subsumidas por las agc. La principal disputa la libraban las agc y Los Rastrojos. Estos últimos terminarían muy debilitados hacia el 2014 y, entonces, las agc expandieron sus tentáculos por la región, ahora obligados a negociar con pequeñas bandas locales que se sostuvieron en cada subregión (cnmh, 2016). Estas dinámicas de fragmentación, agrupamiento y disputas hegemónicas a escala nacional tendrían eco en cada una de las ciudades analizadas, como se verá enseguida.
Caso 1: Santa Marta
Santa Marta, como ciudad portuaria y capital del departamento de Magdalena, representa para los grupos ilegales un lugar propicio para llevar a cabo operaciones delictivas. Esto, debido a su ubicación estratégica sobre el mar Caribe, su salida directa al océano Atlántico, las conexiones que propicia por medio de la Troncal del Caribe y las diversas industrias turísticas y agroindustriales que alberga, lo que explica una tendencia sostenida en el tiempo de pugnas entre grupos ilegales para obtener el control y dominio de la zona (figura 1).
*La gráfica está en escala logarítmica con el fin de hacer comparables variables con distintas proporciones. Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas
Figura 1 Principales hechos victimizantes en Santa Marta entre 1999 y 2019*
Como puede observarse en la figura 1, la desmovilización de las auc en el 2006 mantiene la tendencia a la baja del desplazamiento forzado (que se puede notar desde antes), pero la violencia homicida y la extorsión se mantienen prácticamente inalteradas. La tasa de homicidios en Santa Marta alcanzó su pico en el 2003, con 77 por cada 100.000 habitantes, producto de la incursión de las auc y su consolidación, y luego empezó a disminuir. En el 2006, cuando se desmovilizaron las auc, la tasa de homicidios era de 39 por cada 100.000 habitantes, y esta no disminuyó durante los años siguientes. El número de extorsiones, por su parte, empezó a crecer desde el 2003 y tuvo su pico hacia el 2013.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2006a), en cuanto se desmovilizó el Frente Resistencia Tayrona de las auc, un reducto paramilitar, conformado por desmovilizados, apareció en la ciudad. Este se denominó Comando Independiente Águilas Negras o Bloque Arhuaco. Este grupo exigió contribuciones económicas a comerciantes de la zona rural, transportadores y dueños de fincas y de parcelas. Paralelamente, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el fortalecimiento del Frente 19 de las farc-ep y el registro de asesinatos selectivos contra la población local (desmovilizados de las auc, comerciantes, miembros de la cadena del narcotráfico en la subregión y líderes sociales) como parte de la disputa entre estas dos estructuras armadas.
Este fenómeno se acrecentaría durante los dos años siguientes, con la llegada de otros grupos armados pos-auc, como las Águilas Negras, Los Nevados, Los Paisas, el Escuadrón Mano Negra y las agc. Las guerrillas de las farc-ep y el eln, ya debilitadas, lentamente se hicieron marginales en el territorio y la disputa se centró en estos nuevos grupos producto de la atomización violenta de las auc (Defensoría del Pueblo, 2009a). En esta primera etapa (2006-2009), Los Nevados (que habían comprado la “franquicia” de la región al Clan Giraldo) fueron rápidamente debilitados por la captura y asesinato de sus principales impulsores, los mellizos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera. El primero fue abatido por la Fuerza Pública el 29 de abril del 2008. El segundo fue capturado el 2 de mayo del mismo año. El Escuadrón Mano Negra también se vio rápidamente debilitado por la acción de la Fuerza Pública y la fortaleza de los demás grupos opositores. No obstante, este primer periodo se caracterizó por el fortalecimiento de cada uno de estos grupos, con el fin de evitar perder terreno ante sus opositores. Por ello, el reclutamiento de excombatientes de las auc se hizo cada vez más evidente y las represalias contra quienes no acudieran al llamado eran claras: el 7,7 % del total de las personas asesinadas en el 2008 eran excombatientes de las auc (Defensoría del Pueblo, 2009b). Durante este periodo, en la zona rural alta de Santa Marta las organizaciones armadas ilegales se dedicaron a supervisar el cuidado de los cultivos ilícitos, el procesamiento de droga en los laboratorios y el cuidado de caletas de armas. En la parte baja, extorsionaron e impusieron la prestación de servicios de “seguridad” a comerciantes, personas dedicadas a la actividad turística, campesinos y empresarios del agro.
Lentamente, los grupos más débiles empezaron a desaparecer, y para el 2010, gran parte de las dinámicas de la violencia en la ciudad se explicaban a partir de la rivalidad entre las agc y Los Paisas. Aunque la tasa de homicidios no varía significativamente, la Defensoría del Pueblo (2010a) advierte que sí aumentaron aquellos asesinatos perpetrados con armas de fuego. El coronel Jorge Hilario Estupiñán, quien era el comandante (e) de la Policía en el Magdalena para la época, sostuvo:
[…] la mayoría de los homicidios fueron producto del ajuste de cuentas entre las bandas criminales ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’, quienes sostienen una lucha territorial por el control de las zonas de cultivo y los corredores para sacar la droga y por manejar el microtráfico en las ciudades. (Defensoría del Pueblo, 2010a)
Según el cnmh (2015), las agc lograron negociar con las Águilas Negras, Los Nevados y parte del Clan Giraldo su presencia en el Magdalena, con el fin de que estas organizaciones, ya debilitadas por los enfrentamientos, se aliaran para enfrentar a Los Paisas. Esto produjo varios enfrentamientos y asesinatos selectivos que se atribuirían a la disputa por el control territorial (Villarraga, 2013). Producto de esta disputa entre agc y Los Paisas, los primeros coparon el norte del departamento y para el 2010 consolidaron su alianza con el Clan Giraldo, después de haberse enfrentado, con el fin de derrotar ahora a Los Rastrojos, un grupo armado que había llegado recientemente a la región (cnmh, 2014). Entre 2010 y 2012, las agc lograron que la Oficina Caribe (nombre con el que se hacían llamar los miembros del Clan Giraldo) y su brazo armado, Los Pachenca, trabajaran para ellos. No obstante, el líder de las agc en la región, Chucho Mercancía, fue capturado en el 2012, lo que produjo una fuerte disputa entre mandos medios que dejó cerca de 150 muertos. Los Pachenca lograron resistir la fortaleza militar de las agc, y esto permitió que se distribuyeran las actividades ilegales hacia el 2013: los corredores de exportación del narcotráfico permanecerían abiertos para las agc, mientras que la extorsión iba a ser feudo de la Oficina Caribe (Trejos et al., 2021).
A partir de este momento, la criminalidad en Santa Marta estuvo mayoritariamente determinada por las relaciones entre estos dos actores armados, que se mantendrían relativamente pacíficas hasta el 2018, cuando la Defensoría del Pueblo (2018a) alertó nuevamente de una pugna por el control del territorio. Ante el aumento de los homicidios (que habían empezado a disminuir desde el 2014 como producto de la pax mafiosa entre agcy Los Pachenca) (Defensoría del Pueblo, 2019), el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, aceptó que existía una guerra entre organizaciones criminales que era la causante de la violencia reciente en la ciudad (Caracol Radio, 2019). Botero mencionó en ese momento que no se “combaten los homicidios con medidas, se combaten desarticulando las organizaciones delincuenciales” (Caracol Radio, 2019), lo que confirma que el incremento se debía a disputas armadas (figura 2).
Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por la Policía Nacional
Figura 2 Homicidios en Santa Marta de acuerdo con su atribución
En la figura 2 se muestran los homicidios en Santa Marta a partir de si fueron atribuidos a grupos del crimen organizado u otros grupos delincuenciales, o si fueron atribuidos a otras razones que no involucraran a estos. Allí se puede observar que entre el 2006 y el 2012 hubo un incremento considerable del porcentaje de homicidios provenientes de estos grupos armados, lo que coincide con nuestra hipótesis: si bien no hubo aumento escarpado de homicidios, sí aumentó la proporción de estos provenientes de las disputas entre actores armados. Hacia el 2016, cuando había una pax mafiosa entre las dos organizaciones armadas remanentes en la ciudad, no solo disminuyeron los homicidios en general (que llegaron a un mínimo histórico de 84 en el 2015, lo que implicaba una tasa de 17 por cada 100.000 habitantes), sino que también disminuyó el porcentaje de asesinatos perpetrados por estas organizaciones.
Caso 2: Cartagena
Las auc estuvieron presentes en Cartagena desde 1997 hasta el 2006, año en que se desmovilizaron. En la ciudad actuó el frente Canal del Dique, que pertenecía al bloque Héroes de los Montes de María, ambos adscritos al Bloque Norte. Como se menciona en la introducción, en Cartagena la desmovilización de las auc, aunque redujo algunos indicadores de violencia, mantuvo estables otros. La figura 3 permite ver que los homicidios -que aumentaron hacia el 2003 como producto de la consolidación del Bloque Norte en la ciudad- entre el 2006-2018 se mantuvieron en niveles muy similares a los observados hacia el 2004-2006, cuando las auc eran el actor hegemónico. Es decir, la desmovilización de las auc no produjo reducción ni aumento de homicidios, a pesar de que en la ciudad subsistieron múltiples subestructuras ligadas con el crimen organizado que se disputaron el dominio del territorio y las redes de narcotráfico previamente controladas por las auc. Por su parte, el desplazamiento forzado sí continuó su tendencia a la reducción, y las extorsiones se incrementaron.
*La gráfica está en escala logarítmica con el fin de hacer comparables variables con distintas proporciones. Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas
Figura 3 Principales hechos victimizantes en Cartagena entre 1999 y 2019*
Según la Defensoría del Pueblo (2006b), grupos disidentes de las autodefensas, integrados por miembros no desmovilizados y desmovilizados del bloque Héroes de los Montes de María y otros bloques, buscaron implantarse como hegemones en sectores estratégicos de Cartagena. Para lograr esto, utilizaron la violencia selectiva (amenazas, desplazamientos interurbanos, asesinatos selectivos y robos de bienes). Con esto, también buscaron reducir la cohesión de la comunidad y debilitar la acción de las organizaciones sociales, al mandar el mensaje de que cualquier acción que impida sus actividades será castigada selectiva, pero violentamente. El objetivo de estas organizaciones pasa a ser personas con vínculos con negocios ilegales, población en barrios marginales, personas estigmatizadas y defensores de derechos humanos.
Más tarde, la Defensoría del Pueblo (2007a) dio a conocer que algunos de los grupos disidentes que actuaban en Cartagena, ahora conformados como organizaciones armadas, se denominaban como “Águilas Negras”, “Los 40” y “Los Paisas”. En el 2009, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la continua presencia de las Águilas Negras y Los Paisas, que buscaban expandir sus rutas urbanas para proteger el tráfico de estupefacientes, mantener el sistema de “pagadiarios” (que actuaba como forma de dominio económico) y ejercer control político. Las Águilas Negras amenazaban a líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como a representantes estudiantiles y sindicatos. Por otro lado, Los Paisas realizaban extorsiones principalmente a comerciantes en el mercado de Bazurto y en el barrio Nelson Mandela para solidificar su presencia en la región. Ambos grupos realizaban constantes amenazas a la población por medio de panfletos.
Hacia el 2010, según la Defensoría del Pueblo (2010b), en Cartagena actuaban las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Paisas, las Águilas Negras y Los Rastrojos. Se reporta que en 2009 se dieron 242 asesinatos, de los cuales 149 tuvieron la modalidad de sicariato, mientras que en 2008 el total de asesinatos fue de 171, lo que representó un incremento del 29,3 %, según la Policía por un despliegue de bandas criminales, que aumentaron en un 30 %. La llegada de nuevos actores ilegales en disputa por la cooptación y el dominio del mercado ilícito de la ciudad provocó que la violencia antes registrada por el paso militar de las auc se transformara en dinámicas violentas más selectivas, debido a que desisten de su componente de lucha contrainsurgente y se focalizan en las periferias, mutan en dinámicas más territoriales, por lo que adoptan acciones más criminales, de bajo perfil y no militar; de esta forma, llaman menos la atención, pueden desarrollar una avanzada más profunda en las zonas vulnerables de la ciudad y logran el control las actividades ilícitas (Defensoría del Pueblo, 2015a).
Durante estos años (2006-2010), Cartagena presenció la llegada y desaparición de varios grupos armados (Águilas Negras3, Los 40 y Los Paisas, debilitados por los enfrentamientos con la Fuerza Pública y cooptados por organizaciones criminales más fuertes, como las agc). Este periodo (coincidente con el de atomización violenta mencionado previamente) implicó disputas entre todos los grupos presentes en la ciudad. Los Paisas y Los 40 entraron en una fuerte pugna que obligó a los segundos a restringir su actuación esencialmente a Barranquilla y los convirtió en actores marginales en Cartagena hacia el 2010. No obstante, Los Paisas también tuvieron que enfrentarse con las agc, quienes lograron expulsarlos de la ciudad y cooptar a pequeños remanentes que luego los ayudaban a combatir a Los Rastrojos. Hacia el suroccidente, las Águilas Negras (débiles y ya prácticamente subsumidas en la estructura de las agc) se enfrentaron con Los Rastrojos (cnmh, 2015; 2016). Estos últimos, hacia el 2012-2013 solo tenían como adversario en Cartagena a las agc. Esto hizo que se enfrentaran por el dominio del narcotráfico, la extorsión, los préstamos a usura y el establecimiento de normas en las tres localidades de la ciudad consideradas de alto riesgo por la Defensoría del Pueblo (2016). No obstante, luego de múltiples ataques de las agc en otros territorios y de la captura o neutralización de varios de sus cabecillas, Los Rastrojos accedieron a una negociación con las agc para repartirse territorio en otras zonas del país, y terminaron prácticamente excluidos de Cartagena (McDermott, 2017).
Hacia el 2015, la Defensoría del Pueblo (2015a) siguió reportando la presencia de Los Rastrojos, como un intento de retomar el poder que habían perdido previamente. No obstante, desde este momento el actor hegemónico en la ciudad es el Clan del Golfo. Esta hegemonía permaneció hasta finales del 2019, cuando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (acsn), nombre con el que se harían conocer desde el 2019 Los Pachenca, disputaron el dominio territorial en Cartagena a las agc. Además, la Defensoría del Pueblo (2020) alertó del resurgimiento de un nuevo grupo armado llamado Nuevo Bloque Costeño o Bloque Central Renacer.
A partir de lo anterior, puede observarse que, en Cartagena de Indias, la desmovilización de las auc produjo dinámicas de competencia armada entre grupos armados posdesmovilización. A pesar de eso, no hubo un aumento en el número de muertes violentas, debido a la selectividad de las organizaciones criminales, las cuales dirigieron su accionar hacia miembros de organizaciones rivales o población civil estigmatizada. La salida del hegemon, paradójicamente, produjo tanto una competencia entre organizaciones criminales, como un sostenimiento de la violencia homicida. Es esto lo que denominamos competencia armada selectiva del crimen organizado, dado que el número de homicidios anuales no se incrementa, sino que se mantiene igual, pero aumenta la selectividad del perfil de victimización.
Caso 3: Barranquilla
Aunque Barranquilla no ha sido el epicentro del narcotráfico colombiano ni el domicilio de un poderoso cartel u organización criminal, sí ha sido (y es) un espacio utilizado desde hace décadas por mafias de todo el país, por su estratégica condición de puerto marítimo, aéreo y terrestre, y de desembocadura del río Magdalena. Su ubicación geográfica ha convertido a Barranquilla en un punto neurálgico para la exportación de clorhidrato de cocaína, y el ingreso de insumos químicos, armas y municiones. En tal sentido, la presencia de diferentes organizaciones criminales en la ciudad se debe enmarcar dentro de sus objetivos de gestionar el monopolio de la coerción y la oferta de seguridad a un grupo de actividades económicas legales e ilegales susceptibles al control del crimen organizado (Trejos & Posada, 2014) (figura 4).
*La gráfica está en escala logarítmica con el fin de hacer comparables variables con distintas proporciones. Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas
Figura 4 Principales hechos victimizantes en Barranquilla entre 1999 y 2019*
Entre el 2000 y el 2006, el actor hegemónico del crimen organizado en Barranquilla fue el Frente José Pablo Díaz (fjpd) de las auc. Esta subestructura logró construir y administrar una gran empresa criminal que controló la exportación de clorhidrato de cocaína por el puerto de la ciudad y las costas del departamento del Atlántico, extorsionó a un porcentaje importante del comercio formal e informal y accedió a rentas públicas por vía de concesiones4. Como puede observarse en la figura 4, la desmovilización de las auc, así como en las demás ciudades comparadas, produjo una disminución del desplazamiento forzado, pero los homicidios se mantuvieron prácticamente inalterados, mientras las extorsiones se incrementaron luego de algunos años5.
Luego de la desmovilización del fjpd, hubo un sector de las auc, conocido como Los 40, que se mantuvo en armas con el fin de no perder el control de la ciudad. Sin embargo, esta organización tuvo que enfrentarse a Los Nevados (que habían comprado la “franquicia” de Barranquilla a Jorge 40 y de la Sierra Nevada de Santa Marta al Clan Giraldo) y las Águilas Negras. Hacia el 2008, también Los Paisas ingresaron a Barranquilla con el objetivo de luchar por el control de estos mercados ilegales (Defensoría del Pueblo, 2006c; 2007b).
La Defensoría del Pueblo (2008a) muestra que hacia el 2008, Los 40 estaban prácticamente desarticulados, debido a la captura de varios de sus integrantes y a la presión que ejercían Los Paisas, que los enfrentaban tanto en Barranquilla, como en Cartagena. Sin embargo, las Águilas Negras y Los Paisas mantuvieron su accionar en la ciudad, por medio de amenazas, extorsiones y asesinatos selectivos contra miembros de la organización armada rival o poblaciones que indirectamente consideraban que apoyaban a sus contradictores (esencialmente, expendedores y consumidores de drogas que no hacían parte de su estructura y otras poblaciones estigmatizadas) (Defensoría del Pueblo, 2008b).
Hacia el 2010, Los Rastrojos llegaron a la ciudad y se enfrentaron con Los Paisas. En ese contexto, entre el 2011 y el 2012, más de 530 homicidios fueron atribuidos a la disputa entre estos grupos armados (cnmh, 2014; Defensoría del Pueblo, 2010b). Los Paisas, que también estaban en medio de otras batallas con Los Rastrojos y las agc en Córdoba, Bolívar y Magdalena (por solo mencionar algunos casos del Caribe), terminaron debilitados y se convirtieron en un actor marginal del escenario de criminalidad. Sin embargo, la rápida hegemonía de Los Rastrojos se vio retada rápidamente, ante la incursión de las agc entre el 2011 y el 2012. Las agc no lograron vencer a Los Rastrojos, pero ante la debilidad en la que se encontraban por los golpes que estaban recibiendo de la Fuerza Pública, generaron una división que dio lugar a Los Rastrojos Costeños (cnmh, 2015). A partir del 2013, con Los Rastrojos Costeños debilitados y las agc fuera de la ciudad, un nuevo grupo llamado Los Costeños inició un proceso de subcontratación criminal y, de esta manera, redujeron costos económicos, mediáticos y de seguridad. La subcontratación:
era más rentable en términos logísticos y de seguridad, ya que la implantación de una estructura criminal en un nuevo territorio implica la movilización de recursos humanos y materiales, tiempo para conocer el terreno y constituir la red de aliados, además del desgaste y riesgo que produce la disputa armada con los competidores locales. (Trejos, 2018, p. 178)
Pese a todas estas disputas ilegales, la Defensoría del Pueblo (2010c) hace evidente la selectividad de la violencia del crimen organizado en la ciudad, cuando menciona que:
existe un interés por el control social y poblacional que está produciendo otros tipos de violencias más sutiles como las amenazas de muerte y la regulación de la vida cotidiana de las comunidades en algunos sectores del Área Metropolitana de Barranquilla, siendo más explícitas las intimidaciones y constreñimientos ilegales contra las organizaciones sociales y las poblaciones que trabajan y residen en los barrios, corregimientos y veredas en las que el actor armado ilegal busca su posicionamiento. (p. 5)
Más adelante, esta misma entidad dejaría ver que las organizaciones criminales empezaban a utilizar el asesinato como última instancia, dado que a partir de amenazas y violencias menos generalizadas alcanzaban los mismos objetivos de control territorial (Defensoría del Pueblo, 2013). A partir del 2011, las disputas entre grupos armados por el control de la ciudad permitieron observar técnicas de violencia mucho más vistosas, pero que afectaban en menor medida las cifras de victimización. Uno de los nuevos repertorios de violencia fue el desmembramiento. No es casual que, entre los años señalados, en la ciudad se presentaran 23 casos. Con esto, por un lado, se podía evidenciar que los grupos armados pos-auc habían “transferido conocimientos criminales a los grupos locales, con el fin de cualificar su accionar delictivo” (Trejos, 2018, p. 179). Por otro lado, el desmembramiento debe entenderse como una forma de violencia selectiva con un alto contenido simbólico:
[…] ya que a través de la barbarie y sevicia aplicada al cuerpo en cuestión se envía un mensaje a la contraparte, quien ya estaría advertida de lo que les sucede a aquellos que no se someten o pretenden disputar el control del territorio. En otras palabras, una decapitación puede ser igual o más efectiva que varios homicidios, y al ser selectiva, no impacta sustancialmente los índices de homicidios, por lo cual no genera mayores reacciones por parte de la autoridad policial. (Trejos, 2018, p. 179)
Con esto, en Barranquilla se profundizó un escenario de criminalidad organizada por subcontratación, que implicaba que los grupos más grandes (Los Costeños) usaban la subcontratación para cumplir sus objetivos en la ciudad. Así, no solo se diluye la responsabilidad legal ante actos de criminalidad, sino que se genera la apariencia de debilidad del crimen organizado, en cuanto se observa como un conjunto de organizaciones atomizadas sin capacidad operativa real, aunque en realidad sí estén produciendo violencia selectiva y, con esto, estableciendo órdenes armados. Esta es la razón por la cual la Defensoría del Pueblo (2015b) dice que las autoridades locales desconocen las dinámicas y escenarios urbanos del conflicto armado, puesto que “no reconocen a Los Rastrojos ‘Costeños’ como grupo armado al margen de la ley, sino como delincuencia organizada, porque no están encuadrillados, ni portan uniformes, ni armamento de largo alcance” (p. 4).
En tal sentido, con Los Paisas desarticulados hacia el 2013, las agc repelidas por Los Rastrojos y estos últimos fraccionados, en Barranquilla una organización local mantuvo la hegemonía durante algún tiempo (Defensoría del Pueblo, 2015b) y realizó actividades ilícitas “en asocio o mediante la instrumentalización de organizaciones del crimen organizado o redes de sicariato” (Defensoría del Pueblo, 2015b, p. 4).
Hacia el 2016, la hegemonía de Los Costeños se vio retada por el regreso de las agc (ahora fortalecidas). Ante la imposibilidad de vencer a este grupo armado, se consolidó una alianza entre ambos actores (Defensoría del Pueblo, 2018b). Como resultado, las agc se encargarían de:
las negociaciones con carteles de droga para su comercialización externa, mientras que Los Costeños se encargan del control violento a nivel local a través de “trabajos por encargo”, outsourcing o subcontratación con los grupos de criminalidad organizada de la región (bandas, pandillas, combos, entre otras). (Defensoría del Pueblo, 2018b, p. 5)
Así, la violencia pos-auc en Barranquilla puede organizarse por medio de cinco periodos: un primer periodo de atomización violenta, en el que Los 40 intentaron apropiarse de los mercados ilegales que controlaba el Frente José Pablo Díaz, pero en el que se encontraron con otros grupos armados como Los Nevados y las Águilas Negras, todos con intenciones de dominar las rentas legales e ilegales que podían explotar en la ciudad; el segundo periodo inició en el 2008, cuando Los 40 y Los Nevados fueron prácticamente desarticulados por la presión de las autoridades y otros grupos armados, y Los Paisas y las Águilas Negras permanecieron en el territorio, ahora enfrentados entre ellos; el tercer periodo empezó en el 2010, cuando Los Rastrojos ingresaron a la ciudad y debilitaron a Los Paisas (hubo una disputa hasta el 2011), por lo que se convirtieron en un actor hegemónico, aunque no por mucho tiempo, dado que un año después las agc entrarían a disputarle los mercados ilegales. Aunque las agc no lograron derrotarlos, sí se generó una fragmentación de Los Rastrojos que dio origen a Los Costeños o Nuevos Costeños, el cuarto periodo se mantuvo hasta el 2016, y se caracterizó por la subcontratación que hicieron Los Costeños de organizaciones locales de delincuencia organizada y redes de sicariato para preservar su hegemonía. Finalmente, el quinto periodo inició en el 2016, cuando las agc regresaron a la ciudad y esta vez lograron doblegar a Los Costeños, hasta el punto de conseguir una alianza para dividirse los mercados ilegales en la ciudad.
CONCLUSIONES
En este artículo hemos intentado explicar por qué la desmovilización de un actor armado hegemónico en un territorio no produce aumentos en la violencia homicida, pese a que sí produce la ruptura de un espacio de protección ilegal. Para esto, se han estudiado tres casos en los cuales el actor armado que se había consolidado como hegemónico se desmovilizó y, sin embargo, la violencia homicida permaneció en niveles muy similares a los observados antes de la salida de la organización armada. Pese a que la literatura sí identifica este output como parte de las posibilidades, asume que la violencia permanecerá en niveles similares siempre que un nuevo actor armado reemplace al anterior en su papel en el espacio de protección ilegal. Sin embargo, en estas tres ciudades el actor armado no fue reemplazado por un nuevo actor hegemónico, sino que se generó una competencia armada entre varias organizaciones. En tal sentido, ¿qué explica el sostenimiento de los niveles de violencia homicida en medio de una competencia armada?
Nuestra hipótesis es que la violencia homicida no se incrementa, porque lo que se transforma es el perfil de victimización. Es decir, los nuevos grupos del crimen organizado se vuelven más selectivos frente a sus víctimas y, de esta manera, logran competir sin necesidad de alterar radicalmente los índices de violencia. Así, no solo derrotan a sus competidores, sino que evitan atraer atención mediática e institucional, al generar una sensación de normalidad y de continuidad. A este escenario lo hemos denominado competencia armada selectiva, en cuanto no incrementa los niveles de violencia, sino que selecciona de forma más precisa a las víctimas. Así, hay mayor cantidad de víctimas asociadas con las disputas entre grupos del crimen organizado y una reducción de civiles que no hacen parte de estas disputas. En el balance, los homicidios se mantienen en niveles similares, pero están muriendo más personas producto de las disputas.
Por otro lado, los casos permitieron observar dos fenómenos relacionados con esta nueva conflictividad urbana. En primer lugar, los grupos del crimen organizado se atomizan a través de la subcontratación criminal. Es decir, utilizan grupos más pequeños y de carácter local para sostener sus intereses. Esto genera la falsa sensación de debilidad del crimen organizado por parte del Estado, que, al no observar las dinámicas clásicas de control territorial, asume que no hay presencia sostenida de organizaciones armadas. No obstante, la subcontratación es funcional para establecer y sostener órdenes armados. En segundo lugar, aunque la violencia se vuelve más selectiva, también se barbariza. Esto es, viene con una gran carga simbólica (torturas, desmembramientos) que, si bien no modifica los índices de violencia homicida, es igualmente (o más) efectiva que la comisión de múltiples homicidios, en cuanto envía mensajes claros a sus rivales y a la población civil bajo su control.
Este artículo no solo responde a un enigma de particular importancia para escenarios de posconflicto, sino que aporta a la literatura académica de los estudios sobre conflicto armado en las ciudades en Colombia. Los tres casos de estudio (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta) han sido poco analizados académicamente en lo que concierne al desarrollo de la violencia después de la desmovilización de las auc. Por tanto, además de ofrecer una perspectiva teórica innovadora, este documento reconstruye un periodo histórico poco abordado para las ciudades del Caribe colombiano. En tal sentido, se aboga por pensar que sigue existiendo violencia derivada del conflicto armado en estos territorios y, por tanto, es necesario repensar las estrategias de seguridad en el ámbito local. El reconocimiento de estas nuevas formas de violencia es fundamental para poder determinar las mejores estrategias para enfrentarlas.
