Argumento central y revisión de literatura

Los partidos políticos cumplen una función principal dentro de las democracias, nominar candidaturas para competir en elecciones (^{Sartori, 2005}, p. 56). Esta tarea se denomina selección de candidaturas (^{Shomer, 2014}, p. 533); dada la importancia que tiene, son una ventana a la complejidad interna de las organizaciones políticas, de allí que Shattesneider haya afirmado que “(...) es uno de los mejores puntos para observar el poder dentro de los partidos” (^{Schattschneider, 1942}, p. 64). Esta sección presenta la definición y tipos de primarias internas y la discusión en la literatura sobre las causas y consecuencias de la incorporación del mecanismo con el objetivo de enmarcar la discusión sobre el caso particular de interés: las consultas internas y consultas interpartidarias de selección de candidaturas presidenciales en Colombia.

Los procesos de selección de candidaturas varían según los requisitos para la nominación, el número de personas responsables de la toma de decisiones y la ubicación espacial o funcional interna del área responsable de la nominación. Esta investigación se centra en el estudio de un tipo de procedimiento particular, las elecciones primarias, las cuales son “aquellos métodos de selección de candidaturas en los que el peso acumulativo de la influencia de los miembros del partido, los simpatizantes y la militancia es igual o superior que el de los selectores más exclusivos combinados” (^{Kenig et al., 2015}, p. 152).

Aunque en la práctica puede haber distintos tipos de primarias, tanto por los cambios en el grado de apertura a la participación de la ciudadanía o la militancia como en el número de etapas involucradas en la decisión (^{Kenig et al., 2015}, p. 153; ^{Kenig & Pruysers, 2018}, pp. 28-29), la forma estándar de clasificación es la variación en el selectorado autorizado para la toma de decisiones, lo cual arroja dos tipos de primarias: internas abiertas e internas cerradas.

Las primarias internas abiertas son procedimientos electorales con apertura a la participación del total de la ciudadanía habilitada para votar; las primarias internas cerradas son elecciones habilitadas solo a los militantes registrados por la organización partidaria (^{Taylor, 2000}, pp. 3-5; ^{Rahat & Hazan, 2001}, p. 304; ^{Freidenberg, 2003}, pp. 23-30; ^{Freidenberg & Došek, 2016}, p. 364; ^{Sandri & Seddonne, 2015}, p. 11). Los procesos de selección por primarias pueden ser realizados tanto por partidos políticos como por coaliciones políticas, procedimientos que pueden denominarse primarias en coalición o primarias interpartidarias.

Resulta complejo comprender por qué los liderazgos partidistas están dispuestos a ceder la toma de una decisión fundamental como la elección de las candidaturas; para la literatura existen múltiples causas que explican la expansión en el uso de las primarias, especialmente relacionadas o con cambios en la competitividad de los partidos o como alternativa para la solución de disputas internas.

Las primarias pueden ser la expresión de un reajuste ante la derrota electoral (^{Bernea & Rahat, 2007}, p. 378; ^{Sandri, Seddonne & Venturino, 2015}, pp. 187-188) o la imitación de estrategias de competencia percibidas como efectivas (^{Sandri, Seddonne & Venturino, 2015}, p. 186; ^{Giddens, 1977}; ^{De Luca, Jones & Tula, 2009}), como mecanismo para contrarrestar la pérdida de militancia (^{Katz & Mair, 2007}, p. 118; ^{Scarrow, 2000}, p. 100; ^{Ignazi, 2014}, p. 160; ^{Ignazi, 2018}, p. 4) y, en general, la pérdida de legitimidad de los partidos (Sedonne & Rombi, 2018, p. 232).

También pueden expresar la externalización de las decisiones internas como vía de solución a las luchas internas por el poder. Así, pueden ser usadas para dar solución a disputas internas (^{Langston, 2008}, p. 159; ^{Freidenberg & Sánchez-López, 2002}, p. 173; ^{Strøm, 1990}, p. 577; ^{Katz, 2013}, p. 49; ^{Sandri, Seddonne & Venturino, 2015}, p. 188) o expresar un intento de centralización de las autoridades nacionales sobre los liderazgos intermedios o de base que puedan disputarles el poder interno (^{Katz, 2001}, p. 292; ^{Katz & Mair, 2002}, pp. 118-119).

De otra parte, no existe un consenso sobre los efectos del uso de estas. Una parte de la literatura considera que el uso de las primarias genera efectos positivos. Para algunos autores es posible identificar la presencia de un “bono electoral”, una ventaja competitiva de las candidaturas nominadas por medio de primarias frente a sus rivales (^{Carey, 2008}, pp. 434-435; Carey & Polga-Hecimovich, 2008).

Otra perspectiva expone que la competencia interna promovida por la primaria genera incentivos negativos para la unidad partidaria y la competitividad electoral al estimular los liderazgos de facciones e incluso ser usadas como estrategia para la obtención de poder interno, sin interés en el resultado final (^{Mény, 2017}, p. 267), incentivar la fragmentación partidaria (^{Freidenberg, 2007}, p. 660; ^{Gallo, 2005a}, p. 37; ^{Gallo, 2005b}, p. 279), afectar la competitividad al revelar la división interna (^{Osornio, 2016}, p. 11) o generar problemas de disciplina entre los elegidos (^{Mainwaring & Shugart, 1998}, p. 164; ^{Siavelis & Morgenstern, 2009}, p. 88).

Las primarias pueden agregar incertidumbre a los partidos sobre la competitividad de las figuras elegidas por este medio (^{Gallo, 2005a}, p. 37; ^{Gallo, 2005b}, p. 279), especialmente al favorecer nuevas figuras sin experiencia política (^{Rahat & Hazan, 2001}; ^{Ware, 2004}, p. 414; ^{Serra, 2011}, p. 40; Acuña, 2015, p. 47); sin embargo, estas también pueden generar efectos negativos para la democracia al limitar el acceso al poder de grupos poblacionales subrepresentados (^{Hazan & Rahat, 2002}, p. 376).

Con esta discusión como marco, surge el interés por describir e interpretar el uso del mecanismo de las primarias como mecanismo de selección de candidaturas a la presidencia, más aún, como se verá adelante, en un sistema electoral y de partidos como el de Colombia, que podría pensarse que desincentiva el uso de las primarias. Esto porque la literatura ha identificado como factor contrario a las primarias la existencia de balotaje y los bajos requisitos para inscribir candidaturas (^{Mény, 2017}, p. 271). Así, en entornos en los que el sistema de reglas no obliga a los partidos a optar por un tipo de mecanismo de selección, debe entenderse como una decisión estratégica tomada por cada partido (^{Sandri et al., 2015}, p. 4; ^{Cruz, 2022}, p. 12).

La regulación de las primarias populares, internas e interpartidarias en Colombia

En Colombia, las primarias tienen un rango constitucional que permite a los movimientos y partidos políticos tomar decisiones o escoger candidaturas propias o de coalición a través de tres mecanismos de participación democrática: 1) Las consultas populares o abiertas, en las que pueden participar todas las personas que conforman el censo electoral; 2) Las consultas internas o cerradas, que están restringidas únicamente a los militantes registrados; y 3) Las consultas interpartidistas, que pueden ser abiertas o cerradas y sirven para seleccionar candidaturas en una coalición (^{Ley 1475 de 2011}, art. 5.°).

En las últimas tres décadas, estos procedimientos han atravesado una serie de cambios orientados a democratizar las estructuras internas de los partidos políticos colombianos, abriendo espacios para que la militancia y el electorado participen en el proceso de toma de decisiones, que antes eran controladas por las élites partidistas, tales como la selección de candidaturas, la elección de las dirigencias de los partidos y las definiciones programáticas (^{Acuña, 2011}, p. 196).

Esta sección hace un breve repaso de la evolución que han tenido las primarias como mecanismo de selección de candidaturas en el país. La primera parte presenta el contexto en el que las primarias internas e interpartidistas fueron introducidas dentro del sistema electoral colombiano y, posteriormente, la segunda parte describe el marco legal que regula el uso de este mecanismo por parte de los actores políticos.

Contexto de aprobación de los mecanismos

Hasta finales del siglo XX no existían mecanismos claros ni sólidos para regular la actividad interna de los partidos políticos. Los partidos colombianos eran organizaciones oligárquicas en las que un pequeño círculo tomaba las decisiones de manera excluyente, sin tener en cuenta la opinión de las bases, que solo eran consultadas para legitimar políticas y resoluciones elaboradas previamente (^{Trujillo, 2016}, p. 145). Los partidos tradicionales como el Partido Conservador Colombiano (PCC) y el Partido Liberal Colombiano (PLC) se caracterizaban por tener una baja institucionalización organizativa, lo que se reflejaba —entre otras cosas— en la ausencia de patrones estándar para seleccionar candidaturas presidenciales; en su lugar, imperaban la contingencia, el cambio de reglas, el desacato, el transfuguismo y las candidaturas disidentes (^{Duque, 2007}, p. 4).

La falta de democracia interna, aunada a la corrupción y la influencia del narcotráfico, desprestigió a los partidos tradicionales que eran percibidos por la ciudadanía como organizaciones autistas, incapaces de representar los intereses del electorado o de su militancia de base. El descrédito de estas colectividades hizo que las élites políticas promovieran “una agenda de ampliación de los espacios de participación de sus afiliados al interior de los partidos, democratizando decisiones que antes eran exclusivas de los cuerpos directivos, con la intención de mejorar la deteriorada imagen” (^{Acuña, 2009}, p. 147).

Fue así como las primarias internas, denominadas en el entorno local como consultas, surgieron en el marco de un proceso de democratización de los partidos políticos colombianos. Uno de los principales antecedentes fue la primaria interna abierta realizada por el PLC para las elecciones presidenciales de 1990. En la década de los años ochenta, el político de origen liberal Luis Carlos Galán Sarmiento creó una facción dentro de ese partido, llamada Nuevo Liberalismo, movimiento con el cual intentó competir por la presidencia de la república en 1982; sin embargo, tras una serie de fracasos electorales, Galán decidió reintegrarse al PLC bajo la condición de que la candidatura presidencial fuera elegida a través de una consulta popular y no de una convención, como se hacía tradicionalmente, mecanismo que era visto por el líder del Nuevo Liberalismo como una expresión de las “maquinarias regionales” (^{Acuña, 2011}, p. 201).

De esta manera, Galán volvió a las toldas del PLC con altas probabilidades de ser elegido candidato presidencial, en parte porque para su aspiración sentía mayor apoyo en el electorado que dentro de su partido (^{Acuña, 2011}, p. 210), pero fue asesinado por orden del Cartel de Medellín en agosto de 1989. Un mes antes, en la convención liberal en la que se aprobó la realización de la primaria interna abierta, el líder del Nuevo Liberalismo afirmó: “Llegó el momento en el cual a través de diversos mecanismos complementarios, uno de los cuales es la consulta popular, la democracia colombiana debe dar un paso adelante cualitativo en su posibilidad de expresión y realización del destino nacional” (^{Observatorio de la Democracia, 2017}).

Tras el magnicidio de Galán, el liberalismo mantuvo la idea de realizar la consulta interna, en la que César Gaviria, que asumió las banderas políticas de Galán, consiguió la nominación como candidato oficial para las presidenciales celebradas el 27 de mayo de 1990. Las primarias se convirtieron así en una de las innovaciones institucionales más importantes para la democratización de las estructuras internas de los partidos políticos (^{Acuña, 2011}, p. 202).

Incentivos en las reglas formales

En los albores del siglo XXI se llevaron a cabo una serie de reformas político-electorales encaminadas a lograr mayores niveles de participación en la toma de decisiones dentro de los partidos políticos. La tabla 1 resume la evolución en el sistema electoral colombiano de la reglamentación de las primarias como mecanismo de selección de candidaturas presidenciales.

La ^{Ley 130 de 1994} sentó las bases para la formalización de las primarias como mecanismo de selección de candidaturas (^{Barrero, 2014}, p. 129). Esta ley establece el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos. Allí se disponen normas para la realización de consultas internas. Específicamente, el artículo 10 señala que “la organización electoral colaborará con la realización de consultas internas de los partidos y movimientos con personería jurídica que lo soliciten a través de sus respectivas autoridades estatutarias”.

Una primera lectura de este artículo da a entender que si bien los partidos y movimientos políticos tienen la posibilidad de emplear las primarias para tomar decisiones respecto a sus candidaturas o su organización interna, estos no están obligados a utilizar este mecanismo. Se trata de una opción a la que las colectividades pueden recurrir si desean elegir democráticamente sus candidaturas para cargos uninominales a ejecutivo nacional o subnacional. De igual modo, las colectividades pueden solicitar que en la consulta solo participen sus afiliados siempre y cuando el partido cuente con una lista de carnetización mayor al 50 % de la última votación obtenida en la respectiva circunscripción.

Esta disposición normativa incluye otras características. Una de ellas tiene que ver con el carácter vinculante y eliminatorio de esta etapa. Todas las candidaturas deben ser escogidas el mismo día y a través del mismo mecanismo. Además, los resultados de la primaria interna son de obligatorio cumplimiento tanto para el partido como para las precandidaturas que se sometieron al proceso. Por lo tanto, la ley prohíbe que las precandidaturas que participaron en estas se presenten al mismo proceso electoral con otra etiqueta partidista.

Dicho artículo fue modificado por la ^{Ley 616 de 2000}, estipula que las primarias pueden concurrir —o no— con la elección inmediatamente anterior. Las elecciones que son concurrentes tienden a aumentar la participación electoral y crean incentivos para que la ciudadanía vote por el mismo partido tanto en las consultas como en el proceso electoral correspondiente. En caso de que un partido o movimiento político pretenda celebrar las primarias en una fecha distinta a la de las elecciones ordinarias, el Consejo Nacional Electoral será la autoridad encargada de definir por la mayoría de sus miembros la fecha de la consulta. Finalmente, el Estado y los organismos electorales tienen la responsabilidad de financiar y organizar todo el proceso.

Posteriormente, el Congreso de la República aprobó, mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, una reforma constitucional que pretendía corregir los efectos no deseados de las normas electorales establecidas en la Constitución de 1991, tales como la alta fragmentación del sistema de partidos, el debilitamiento de los partidos tradicionales, los excesivos personalismos y la desconfianza ciudadana frente a las instituciones políticas (^{Vélez, Ossa & Montes, 2006}). Así, la reforma política de 2003 buscó reestructurar el sistema partidista y fortalecer a los partidos políticos por medio de cambios como “la inclusión de la consulta popular, como complemento al de la consulta interna; la prohibición de la doble militancia y la limitación del número de cargos (por) proveer (candidato único por partido)” (^{Barrero, 2014}, p. 129).

Esta reforma modificó —entre otros— el artículo 107 de la Constitución Política, estableciendo que “Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas”. El mismo artículo introdujo la prohibición constitucional de la doble militancia. Sin embargo, algunos análisis apuntan que “esta norma no reguló una consecuencia jurídica expresa para aquellos ciudadanos que infringen la prohibición” (^{Illera & Buchely, 2015}, p. 25). Si bien los partidos políticos tradicionales para ese entonces ya contemplaban el uso de las consultas internas y los congresos periódicos, la reforma política de 2003 tuvo una fuerte influencia en las colectividades existentes, que reformaron sus estatutos para incluirlas en sus normas internas.

En 2009 se aprobó una nueva reforma electoral que buscaba consolidar el proceso de democratización interna de los partidos y el régimen de bancadas que había incorporado previamente la reforma del 2003. El Acto Legislativo 01 de 2009 incluyó la posibilidad de realizar consultas interpartidistas y extendió la prohibición de que las personas que participen en estas consultas se inscriban al mismo proceso electoral por otra agrupación política. Las primarias interpartidistas están sujetas a las mismas normas de financiación y publicidad de las elecciones ordinarias, pueden ser concurrentes o no con las elecciones a corporaciones públicas y el resultado es de obligatorio cumplimiento tanto para los partidos como para los precandidatos de la coalición.

Las primarias interpartidistas fueron reglamentadas por la Ley 1475 de 2011. Entre los cambios introducidos por esta reforma cabe destacar la exigencia de incorporar mecanismos de democracia interna en los estatutos de los partidos, la prohibición de la doble militancia, el fortalecimiento del carácter vinculante de las consultas y la introducción de reglas para la selección de candidaturas en una coalición. En este sentido, el artículo 5.º señala:

Las consultas convocadas por una coalición de partidos (…) o movimientos políticos con personería jurídica pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales según sea el caso (Ley 1475 de 2011, art. 5.°).

Asimismo, fueron precisadas algunas normas aplicables a las primarias interpartidistas en términos de financiación, publicidad, organización electoral, carácter vinculante del resultado y sanciones jurídicas por su incumplimiento.

De esta manera, se puede afirmar que el ordenamiento jurídico colombiano ha hecho importantes avances para fortalecer la democracia interna de los partidos mediante la formalización de las consultas internas e interpartidistas; sin embargo, todavía existen muchos vacíos. Actualmente, estos mecanismos de selección de candidaturas están regulados por dos normas: la ^{Ley 130 de 1994} y la Ley 1475 de 2011. La coexistencia de estas normas ha generado problemas técnicos y dificultades en cuanto a su interpretación e implementación, por lo que han surgido varias iniciativas orientadas a unificar esta reglamentación y precisar algunas reglas de juego para los partidos y candidaturas que participan en estos procesos¹.

Las primarias interpartidistas constituyen una innovación institucional reciente cuyo uso es aún incipiente en el país y en la región; por lo tanto, resulta difícil prever sus consecuencias políticas. Esta figura se distancia teóricamente de las primarias tradicionales, pues en el caso de las interpartidistas, varios partidos y movimientos políticos pueden agruparse y convocar a una consulta para elegir la candidatura de toda la coalición.

De acuerdo con ^{Bertel y Mejía (2020, p. 49)}, este proceso conlleva dos instancias de elección: en un primer momento, cada organización política elige a través de algún mecanismo de democracia interna la precandidatura que participará en la consulta; en un segundo momento, los afiliados y simpatizantes de las organizaciones coaligadas deberán elegir la candidatura de la coalición. Este proceso puede conllevar varios problemas en relación con las disparidades en el tamaño relativo de las organizaciones coaligadas, la presencia de líderes personalistas, la afinidad ideológica de las precandidaturas y la fidelidad partidaria, ya que los electores eventualmente tendrán que apoyar una candidatura que no forma parte del partido de su preferencia.

Uso efectivo de las primarias internas e interpartidarias 1990-2022

En Colombia, desde 1990 hasta 2022 se han llevado a cabo nueve elecciones presidenciales cada cuatro años, este es nuestro período de estudio. La reforma constitucional se dio en 1991, en ella se introdujo la doble vuelta para la elección presidencial. Desde ese momento solo Álvaro Uribe ha conquistado la primera magistratura en primera vuelta (50 % + 1 de los votos válidos); los demás gobernantes han tenido que competir en segunda vuelta a la presidencia.

En este período, quienes llegaron al Gobierno lo hicieron a través candidaturas de partido (1990-1994), siendo este el PLC; en el caso de la elección de Juan Manuel Santos, también se trató de una candidatura de partido (Partido de la U), pero contaba con el apoyo de la coalición que venía consolidada por su antecesor. El resto de los Gobiernos llegaron al poder acompañados de una coalición de fuerzas políticas más amplia; la única excepción también fue el expresidente Álvaro Uribe, que en su primera elección (2002) se había apartado del PLC, que había proclamado como su candidato oficial al exministro Horacio Serpa, cerrando las puertas a cualquier otra candidatura del liberalismo, razón por la cual Uribe debió acudir a presentar su nombre a través de la figura de Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC), mecanismo que se estableció en la Constitución de 1991 para permitir la competencia política a liderazgos sin adscripción partidista, o —como se entiende en diferentes contextos— independiente, como se indica en la tabla 2.

De estos siete gobernantes, en el período 1990-2022 cuatro obtuvieron su candidatura a través de primarias: César Gaviria (1990), elegido por el liberalismo en la primera consulta popular partidista para selección de candidatura —primaria— que se llevó a cabo en Colombia (^{Acuña, 2011}, 2009), y Ernesto Samper (1994) a comienzo del período de estudio; y al final del período están las presidencias de Iván Duque (2018) y recientemente Gustavo Petro (2022), quienes llegaron a la elección general luego de haber conquistado la candidatura compitiendo en consultas interpartidistas.

Tipos de partidos u organizaciones que usan primarias

De los nueve procesos de elección presidencial, en siete elecciones (como se muestra en la tabla 2) distintas organizaciones políticas decidieron elegir la persona que las representaría en la elección presidencial a través de consultas-primarias². Durante el período de estudio se llevan a cabo quince consultas-primarias, siendo el liberalismo (PLC) la fuerza política que más la ha utilizado (cinco ocasiones: 1990, 1994, 2006, 2010, 2018) debido a que este mecanismo se constituyó en una tradición liberal (^{Acuña, 2011}, 2009; ^{Gallo, 2007}).

Todas las primarias para la selección de candidaturas a la elección presidencial han sido del tipo abiertas. Primarias internas cerradas solo han tenido lugar en la elección de autoridades subnacionales de 2015, por iniciativa del Centro Democrático³ para seleccionar algunas listas de candidaturas a corporaciones públicas en la elección de ese año (^{Acuña, 2016}, p. 33; ^{Acuña & Barrero, 2015}).

Algunas organizaciones políticas progresistas, de izquierda o alternativos también han hecho uso de este mecanismo, como el partido Polo Democrático Alternativo (PDA) —centro-izquierda (CI)—, Partido Verde (PV) —centro— y coaliciones de centro-izquierda en las elecciones 2018 y 2022. Pero también fuerzas de derecha han acudido a primarias para seleccionar su candidatura, como el caso del PCC en las elecciones de 2010, y coaliciones de derecha en 2018 y 2022. De esta forma, este mecanismo ha sido utilizado por partidos tradicionales y nuevos, y de distintas orientaciones ideológicas.

En Colombia, como se mencionó, las primarias no son obligatorias y aunque las autoridades por logística deben convocarlas en unas fechas concomitantes, es decisión discrecional del partido convocar o no a este tipo de procesos y elegir si las realiza en concurrencia con las elecciones legislativas o en una fecha previa. Por ejemplo, para la elección presidencial de 2018 el PLC realizó una consulta en noviembre de 2017, mientras que las dos consultas interpartidistas (derecha y CI) se llevaron a cabo en simultánea con la elección legislativa del mes de marzo (2018).

Respecto al uso de primarias, se pueden identificar dos etapas, como se indicó en la sección normativa, primero se dio una etapa que no contaba con ninguna regulación, pues se trataba de un mecanismo de origen partidario en el PLC (^{Acuña, 2011}, 2009; ^{Gallo, 2007}); posteriormente se incluyó en la normatividad (^{Barrero, 2014}) teniendo en cuenta que sería un mecanismo por el que podían optar las organizaciones políticas. Sin embargo, en esta segunda etapa, la regulación era laxa y permitía la discrecionalidad a cada organización para el desarrollo de cada proceso.

Esto derivó en que en algunos casos en que fue utilizada para elecciones subnacionales no se respetaran los resultados o fueran evadidos cuando no estuvieran de acuerdo con los intereses de las directivas regionales (^{Acuña, 2009}, p. 157), por lo cual la reforma política de 2009, y su posterior reglamentación en la Ley 1475 de 2011, obligó a la aceptación y el respeto a los resultados, así como a la inclusión reglamentada de la figura de las primarias en coalición o primarias interpartidarias.

Tipos de candidaturas

Las primarias en Colombia tradicionalmente han sido instrumentos de las organizaciones políticas —primarias partidistas—, pero otra innovación que se puede encontrar en esta etapa de primarias reguladas se dio en la reforma política de 2009 que abrió la posibilidad de seleccionar candidaturas a través de consultas-primarias interpartidistas. A pesar de esta habilitación, solo en 2018 se hicieron por primera vez las consultas que congregaban distintas organizaciones y su uso se consolidó en las recientes elecciones presidenciales de 2022 (tabla 3).

En las primarias partidistas, los liderazgos políticos que han participado, en su mayoría se ha tratado de personas que han tenido origen o han permanecido largo tiempo en la organización política en la cual se postulan, destacan pocas personalidades que en diferentes aspiraciones se han presentado por distintas organizaciones, a lo que ^{Gutiérrez Sanín denomina políticos transicionales (2001}, p. 10), entendido como aquellos que transitan de partidos tradicionales a tercerías o que tienen origen en la política tradicional y se reinventan al electorado como independientes, como es el caso de Marta Lucía Ramírez, que en 2010 se postula a la consulta del PCC y en 2018 se presenta como independiente⁴ a la consulta de fuerzas de derecha; o Enrique Peñalosa, que tuvo origen en el PLC en los años noventa, pero posteriormente, en su aspiración a la candidatura presidencial transitó por las consultas del PV (2010 y 2014) y terminó en la consulta interpartidista Equipo por Colombia —de agrupaciones de derecha— compitiendo a nombre del Partido de la U.

A su vez, se pueden encontrar candidaturas que no han pertenecido a partidos tradicionales y siempre se han postulado por sectores de centro o independientes, pero han transitado por diferentes organizaciones, como Sergio Fajardo, que procuró su postulación en coalición por el PV (2018) y en 2022 se presentó a la coalición Centro Esperanza en nombre del partido Alianza Social Independiente (ASI).

Competitividad de las candidaturas nominadas por primarias

De las nueve presidencias elegidas en el período 1990-2022, cuatro tuvieron que lograr su candidatura a través de un proceso de primarias partidistas abiertas o interpartidarias abiertas, pero las otras cinco presidencias son candidaturas producto de otro tipo de mecanismos de selección que van desde el bolígrafo-dedazo (designación en nombre de la dirección de la organización política) o por tratarse del máximo liderazgo del partido en su momento, como la candidatura de Germán Vargas Lleras por Cambio Radical en 2010, cubriendo también los dos períodos en que fueron electos el presidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, los únicos que gozaron de la posibilidad de reelección en el período.

Como se muestra en la tabla 3, en las elecciones presidenciales de 2006, 2010 y 2014, las candidaturas surgidas de primarias fueron derrotadas por candidaturas provenientes de otro mecanismo de selección, lo que pareciera mostrar que estas candidaturas no logran ser competitivas frente a candidatos a la reelección. Para evaluar la competitividad es necesario observar la diferencia en porcentaje de votos que obtienen las candidaturas durante las primarias con su comportamiento en la jornada electoral.

Por esta razón, una primera evaluación de la competitividad de la primaria es que la candidatura electa por medio de primaria que será denominada como candidatura 1 (C1) logre superar su propia votación en la elección general (VGC1)⁵. Como se observa en la tabla 4, de los quince procesos de primarias que tuvieron lugar en el período de estudio para la presidencia de Colombia, todas menos dos lograron superar su propia votación de la primaria en la elección general. Sin embargo, acá se resaltan los siete casos que tuvieron un incremento del 40 % de su propia votación:

Primarias partidistas abiertas (1990-2022)

Primarias abiertas de coalición o interpartidarias (2018-2022)

A su vez, también destacan las dos elecciones en que la votación decreció entre la primaria y la elección general; en la elección de 2010 de la candidatura conservadora, Noemí Sanín obtuvo 25 % de votación menos a la que alcanzó en la elección primaria, y la reducción de votación más pronunciada se obtiene en la primaria del PV 2014, en la que Enrique Peñalosa reduce en 89 % su propia votación en las elecciones generales.

La competitividad interna en las primarias también se puede determinar a partir de la comparación de la candidatura que obtuvo la primera votación (C1) con aquella candidatura que obtuvo la segunda votación o Candidatura 2 (C2) en la misma primaria, de allí dividimos en dos grupos extremos, aquellas candidaturas que la distancia de votación entre C1 y C2 es corta (menos de 10 puntos porcentuales) por lo cual se identifica con una primaria relativamente competitiva, al menos entre las primeras dos opciones.

En este grupo se encuentran las primarias del PDA (CI) de 2006 entre el reconocido exmagistrado Carlos Gaviria (52,55 % de los votos) y el exdesmovilizado del M-19, exconstituyente y congresista Antonio Navarro (45,72 % de los votos); la consulta de 2010, entre el también exdesmovilizado del M-19, exconstituyente y congresista, Gustavo Petro —presidente electo 2022— (52 % de los votos), y Carlos Gaviria (46,7 % de los votos), y la cuestionada consulta del tradicional PLC de 2017-2018 por el alto costo y su escasa votación (^{Acuña, 2018}), entre el excomisionado de paz Humberto de la Calle (49,11 % de los votos) y el exministro y congresista Juan Fernando Cristo (43,62 % de los votos), como se muestra en la tabla 5.

En un segundo grupo se encuentran aquellas consultas en que la distancia de votación entre C1 y C2 es muy amplia, superando los 40 puntos porcentuales de diferencia. En este grupo se encuentran cuatro consultas primarias en el período, la del PLC de 1994, en la que Ernesto Samper (56 % de los votos) supera a Humberto de la Calle (15,1 % de los votos) por 40,9 puntos porcentuales.

La consulta interpartidista de sectores de la derecha —Gran consulta por Colombia—, que además habían acompañado en conjunto la opción del No en el plebiscito por la paz de 2016, también presentó una amplia diferencia (41,98 % de distancia) entre la primera y segunda votación, el congresista Iván Duque, en representación del CD, que tenía a su vez representación en el legislativo, obtuvo el 67,76 % de los votos mientras que la exministra Marta Lucía Ramírez, de origen conservador, pero que se presentó a la interpartidista a título personal, obtuvo el 25,78 % de los votos.

Las dos primarias del período que tuvieron mayor diferencia entre las dos primeras candidaturas fueron las interpartidistas en las que compitió Gustavo Petro. En 2018 en la Consulta inclusión social para la paz, en la que Petro fue avalado por los partidos con representación en el legislativo del MAIS y Colombia Humana, obtuvo el 84,7 % de los votos mientras que el exalcalde de Santa Marta concursó avalado por el movimiento Fuerza Ciudadana con el 15,29 % de los votos, con diferencia del 69,41 %. Y en la más reciente elección (2022) el mismo Petro compitió avalado por su partido, Colombia Humana, obtuvo el 80,5 % de los votos, contra la lideresa y defensora ambiental Francia Márquez Mina, avalada por el PDA, que consiguió el 14,05 % de los votos, que dejó una diferencia de 66,45 puntos porcentuales.

Un factor interesante en este punto es la posibilidad de que la segunda votación se articule con el (la) ganador(a) de la consulta-primaria para convertirse en la fórmula vicepresidencial. Esto se dio en los siguientes casos:

En otras ocasiones la tensión y fracturas entre las candidaturas en la primaria fueron tan fuertes que no había posibilidad de acompañamiento de la segunda votación, como la primaria conservadora de 2010 entre Noemí Sanín y el exministro Andrés Felipe Arias, y en la primaria liberal de 2018 por parte del exministro Juan Fernando Cristo con la dirección del PLC en cabeza del expresidente César Gaviria, más que con el ganador de la consulta.

La primaria se trata de una competencia entre copartidarios(as) que necesitan destacar sobre sus oponentes, con la dificultad de que esa competencia puede generar rupturas y tensiones profundas en la organización política, que pueden llegar a persistir más allá de la elección general, por lo que uno de los primeros desafíos de la organización partidista y ganador(a) es tratar de recomponer la unidad de la organización después de la consulta-primaria, para evitar llegar divididos a la elección general.

Un principio que se debería respetar en el ejercicio de las primarias es que quienes están en competencia y no obtuvieron la candidatura oficial de la organización-coalición acompañen a la persona ganadora no solo en la campaña, también en la movilización de su propia votación y quienes votaron por el (ella) en la primaria. Esto no es algo que funciona de manera automática, de una elección a otra; no es fácil que alguien que perdió pueda endosar sus votos al ganador, debido a que el electorado no opera de esa forma. Sin embargo, sí podemos utilizar como un proxy de acompañamiento —o no— de sus competidores la votación total de las candidaturas de la primaria (VCP) en relación con la votación obtenida en la elección general (VGC1) (tabla 6).

De los quince procesos de primarias en el período de estudio, en ocho ocasiones la can­didatura electa en la primaria (C1) logra superar no solo la votación propia, la votación general (VGC1), sino también la votación agregada de todas las candidaturas en competencia en la primaria (VCP), lo que indica que al menos en los votos las candidaturas perdedoras en la primaria acompañaron a la persona que ganó o por lo menos su ausencia no se sintió en la votación general. De estos, cinco casos superaron esta votación (VCP) en más de 30 puntos porcentuales.

Por su parte, en siete procesos de primarias en el período, la votación en la elección general (VGC1) de la persona que ganó la candidatura no logró alcanzar la votación agregada de candidaturas de la primaria (VCP), allí destacan los siguientes casos (tabla 6) :